Sudán del Sur

Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2014/181) publicado el de 13 marzo de 2014.

 

Desde el 15 de diciembre de 2013, la población civil de Sudán del Sur se ha
visto afectada por intensos combates, especialmente en los estados de Ecuatoria
Central, Jonglei, Unity y Alto Nilo. En su informe provisional sobre la crisis de los
derechos humanos en Sudán del Sur, de 21 de febrero de 2014, la Misión de las
Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) indicó que la información disponible
en el momento de redactar el informe sugería que la violencia sexual era una
característica constante de la crisis en todos los estados afectados y que existían
dimensiones sectarias en el conflicto, en particular los ataques y represalias de
carácter deliberado y por motivos étnicos contra las poblaciones nuer y dinka.
Además de agredir a mujeres extranjeras, los autores de actos oportunistas de
violencia sexual podrían haberse dirigido también contra otros grupos étnicos. En el
informe, la UNMISS señaló que entre los presuntos autores de actos de violencia
sexual tales como la violación, la violación en grupo, el aborto forzado y el acoso
sexual destacan miembros del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA), el
servicio nacional de policía de Sudán del Sur y las fuerzas de la oposición. Aunque
los incidentes denunciados aún se están investigando, me preocupa el hecho de que
la información disponible hasta la fecha parece indicar que las infracciones las están
cometiendo todas las partes en el conflicto.

 

Antes del 15 de diciembre, la UNMISS había registrado 73 denuncias
verosímiles de violencia sexual relacionada con los conflictos. De los 73 casos, 42
fueron secuestros, de los cuales al menos 3 dieron lugar a matrimonios forzados. En
22 ocasiones los incidentes denunciados fueron violaciones y entre las demás
infracciones denunciadas cabe señalar 3 violaciones en grupo, abortos forzados y
humillaciones sexuales. Los agentes de protección de la infancia denunciaron cinco
incidentes verificados de violación de menores por miembros del SPLA. Integrantes
del SPLA fueron presuntamente responsables de 21 de los 73 incidentes; 1 incidente
fue presuntamente cometido por un funcionario del Estado, junto con agentes de
policía y oficiales de la policía militar. Un total de 47 incidentes fueron
presuntamente perpetrados por personas o grupos armados no identificados. El
Ejército de Resistencia del Señor fue responsable presunto de 4 de los incidentes
registrados.

 

La mayoría de los incidentes denunciados antes del 15 de diciembre se produjo
en el contexto de incursiones transfronterizas y operaciones militares en el estado de
Jonglei entre el SPLA y el grupo armado dirigido por David Yau Yau. Se
denunciaron varios incidentes de violaciones cometidas por miembros del SPLA en
Jonglei, incluida la presunta violación de un menor murle por un oficial del SPLA
durante las tareas de distribución de alimentos. En un incidente preocupante, 32
mujeres fueron secuestradas y presuntamente obligadas a caminar desnudas desde su
aldea hasta un cuartel militar, donde fueron “asignadas” a soldados y miembros de
las milicias. Su regreso fue facilitado por agentes del Gobierno, la sociedad civil y
las Naciones Unidas, pero hasta la fecha no se ha proporcionado a las víctimas
ningún servicio médico, jurídico o psicosocial. De los limitados servicios de que
pueden disponer los supervivientes de la violencia sexual, la mayoría se concentra
en Juba. Hay en marcha iniciativas para establecer unidades especiales de policía,
espacios seguros y servicios médicos para las víctimas en capitales de estados como
Bor (estado de Jonglei), y los agentes humanitarios han prestado servicios a los
supervivientes en algunas zonas de Jonglei afectadas por conflictos. Sin embargo,
conflicto que estalló el 15 de diciembre ha obstaculizado gravemente el acceso ya
de por sí limitado a la atención médica.

 

Existen importantes obstáculos a la justicia y la reparación que disuaden a los
supervivientes de la violencia sexual de buscar asistencia, al tiempo que las lagunas
en la legislación dificultan la capacidad general de respuesta. Los supervivientes se
exponen a ser arrestados y detenidos si denuncian delitos de violencia sexual,
debido en parte a la existencia de leyes que tipifican como delito el adulterio. En
2013, se promulgó legislación para ratificar la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, en la que se reafirmaban las obligaciones del Estado de proteger los
derechos humanos, incluida la prevención de la violencia sexual relacionada con los
conflictos. Antes de la crisis de diciembre de 2013, el SPLA también había adoptado
medidas en materia de rendición de cuentas, como pone de relieve la emisión de
ocho sentencias por violación contra soldados y oficiales del SPLA. También antes
del 15 de diciembre, la UNMISS llevó a cabo 42 actividades de capacitación para
crear conciencia sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, destinadas
entre otros al SPLA y la policía nacional. Los asesores para la protección de la
mujer de la UNMISS dirigieron un equipo de tareas de revisión legislativa que
recomendó medidas como la revisión de la definición de violación del Código Penal
(2008) y la introducción de modificaciones en la Ley de Gobierno Local para
eliminar las disposiciones que otorgan al sistema de justicia consuetudinaria
competencia sobre los derechos de las mujeres y los niños.

 

Recomendación
En relación con el conflicto que estalló después del 15 de diciembre, insto a
las partes a que cumplan los compromisos que contrajeron en el acuerdo de cesación
de hostilidades de 23 de enero y se abstengan de realizar ataques a los civiles,
incluida la comisión de actos de violación y abuso sexual, y garanticen la rendición
de cuentas por los delitos de violencia sexual. Acojo con beneplácito las medidas
adoptadas para establecer la comisión de investigación conforme al mandato de la
Unión Africana y subrayo el importante papel de esa comisión en la investigación de
las violaciones y otros abusos de los derechos humanos, incluida la violencia sexual
relacionada con los conflictos, durante el reciente conflicto. También insto al
Gobierno, con el apoyo de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, a que
introduzca las reformas legislativas y las medidas de fomento de la capacidad de los
sectores de la seguridad y la justicia necesarias para hacer frente de manera integral
a la violencia sexual.