Sudán (Darfur)

Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2014/181) publicado el de 13 marzo de 2014.

 

Durante 2013, en un contexto de inseguridad persistente y generalizada,
aumentaron las denuncias de violencia sexual relacionada con los conflictos en
Darfur. El acceso de la UNAMID a zonas en las que tenían lugar operaciones
militares siguió siendo muy limitado, debido en parte a las exigencias de seguridad
y las restricciones impuestas por los funcionarios del Gobierno. Por lo tanto, se
considera que los 149 casos verificados durante el período de que se informa
representan un número de incidentes de violencia sexual relacionada con los
conflictos muy inferior al real. Las mujeres y niñas desplazadas en el interior del
país fueron especialmente vulnerables, y la mayoría de los supervivientes de cuyos
casos se informó eran residentes de campamentos de desplazados internos que
fueron agredidos, bien fuera del perímetro de los campamentos cuando realizaban
actividades rutinarias de subsistencia, bien en el interior de esos recintos. Factores
agravantes fueron la proliferación de armas pequeñas en esos campamentos y
asentamientos y en ciudades y aldeas, y un aparente aumento del bandidaje. Las
mujeres y las niñas son especialmente vulnerables durante las temporadas de cultivo
y cosecha (entre junio y noviembre) y en el contexto de enfrentamientos por
motivos de tierras entre nómadas y comunidades agrícolas.

 

La violencia sexual también se detectó en el contexto de enfrentamientos
armados, en particular después de operaciones armadas, cuando las víctimas se
encontraban aísladas de sus comunidades y en el proceso de reasentamiento.
Ejemplos de ello son los abusos cometidos en el marco de enfrentamientos tribales
relacionados con la extracción de oro en Jebel Amir, en el norte de Darfur; los
abusos perpetrados por las fuerzas armadas del Sudán y sus milicias aliadas en el sur
y el este de Darfur; y los abusos cometidos a raíz de los enfrentamientos entre las
fuerzas armadas del Sudán y el Ejército de Liberación del Sudán/facción Minni
Minawi en el este de Darfur. El perfil de los presuntos autores de actos de violencia
sexual incluye nómadas árabes armados no identificados, hombres armados que
portaban uniformes militares y miembros del aparato de seguridad del Gobierno, así
como desplazados internos. En el 20% de los casos, las víctimas señalaron a
integrantes de las fuerzas del Gobierno del Sudán como sus agresores; en particular
afirmaron que los atacantes eran miembros de las fuerzas armadas del Sudán, los
Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad, las fuerzas gubernamentales de
policía y sus afiliados (la Policía de Reserva Central, la Guardia Fronteriza de
Inteligencia y la Fuerza Popular de Defensa). Un miembro del Movimiento por la
Liberación y la Justicia fue identificado como agresor. Miembros de las milicias
progubernamentales también fueron denunciados como responsables, aunque cabe
señalar que esas fuerzas con frecuencia operan al margen del control directo del
Gobierno.

 

A los supervivientes les resulta difícil identificar a los autores, dada la gran
variedad de agentes armados y uniformados en Darfur. Cuando la identificación es
posible, los enjuiciamientos mediante el sistema oficial de justicia avanzan
lentamente, aunque el Gobierno ha instado acciones judiciales en relación con
denuncias contra varios miembros de sus fuerzas armadas. Las restricciones de
acceso a que se enfrentan todos los agentes de las Naciones Unidas también han
limitado gravemente la prestación de asistencia a los supervivientes. Debido al
estigma y el miedo a las repercusiones, las víctimas de violación no siempre
informan de la violencia sexual como aspecto del crimen cometido contra ellas al
acceder a tratamiento médico, que es un medio de prueba necesario a efectos de las
actuaciones judiciales. Por lo tanto, existe la preocupación de que los protocolos de
información, en particular el uso de un documento conocido como “formulario 8”,
plantean obstáculos para el tratamiento de los supervivientes de la violencia sexual
en lugar de facilitar las investigaciones. Además, las víctimas de violación a menudo
corren el riesgo de ser acusadas del delito de adulterio (zinna), y en la definición de
violación del artículo 149 de la Ley Penal de 1991 se hace una referencia al
adulterio. La Ley no contiene disposiciones sobre la responsabilidad de mando. En
2013, la UNAMID fue informada de varios casos de embarazo como consecuencia
de violaciones. Los supervivientes informaron de que, mediante acusaciones de
embarazos ilícitos y, en un caso, de la muerte del niño, se les volvió a convertir en
víctimas. La protección de las mujeres con niños nacidos a raíz de una violación, así
como el bienestar de esos niños, es un importante motivo de preocupación.

 

Las Naciones Unidas siguieron participando en actividades de promoción y
formación y medidas de fomento de la capacidad dirigidas a los agentes armados,
funcionarios de las fuerzas del orden, miembros del poder judicial y funcionarios
del Gobierno. Además de los esfuerzos para apoyar medidas formales de protección,
se siguieron aplicando mecanismos de protección de carácter comunitario, como el
desplazamiento de mujeres en grandes grupos para las labores agrícolas o la
recogida de leña, agua o pasto, la organización de patrullas diarias de seguridad y la
celebración de reuniones de seguridad en los campamentos de desplazados internos
con el apoyo de la policía de las Naciones Unidas. En 2013, la fuerza de policía de
la UNAMID también siguió impartiendo capacitación a voluntarios de policía de
proximidad sobre el tratamiento de supervivientes de la violencia sexual, en
particular las víctimas de violación, técnicas de entrevista y cauces de remisión. Las
redes de mujeres policías establecidas por las mujeres del Sudán también siguieron
sirviendo de plataforma para que las mujeres desplazadas en el interior del país
pusieran de relieve sus problemas de seguridad y solicitaran la adopción de medidas
por las autoridades. Del mismo modo, las redes de protección de la mujer
establecidas en los campamentos de desplazados internos del norte de Darfur
siguieron identificando cuestiones de protección propias de las mujeres que
sirvieran de referencia para la formulación de estrategias de prevención y respuesta
por parte de diferentes entidades, entre ellas el Gobierno del estado de Darfur del
Norte, las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan
de cuestiones de protección.

 

Recomendación
Insto al Gobierno del Sudán a que facilite el acceso de las Naciones Unidas y
sus asociados a las zonas de conflicto para que puedan prestar servicios y realizar
tareas de supervisión. También aliento al Gobierno a que reforme la legislación
nacional en relación con los delitos de violencia sexual y revise los protocolos de
información. Aliento al Gobierno a que colabore con mi Representante Especial
sobre la Violencia Sexual en los Conflictos para elaborar un marco de cooperación
que permita abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos.