República Democrática del Congo

Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2014/181) publicado el de 13 marzo de 2014.

 

En 2013, el Gobierno de la República Democrática del Congo registró 15.352
incidentes de violencia sexual y por motivos de género en la parte oriental del país
(Kivu del Norte, Kivu del Sur, Katanga y distrito de Ituri). También en relación con
2013, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República
Democrática del Congo (MONUSCO) investigó y verificó 860 casos de violencia
sexual cometidos por las partes en el conflicto, lo que representa un aumento del
13% desde mi anterior informe sobre la violencia sexual en los conflictos. En el
71% de los casos verificados por la MONUSCO participaron grupos armados no
estatales, mientras que las fuerzas nacionales de seguridad (principalmente las
fuerzas armadas nacionales (Fuerzas Armadas de la República Democrática del
Congo – FARDC) y la policía nacional) fueron responsables del 29% de los casos.
Esto supone un cambio desde mi informe anterior, en el que más del 50% de los
casos se atribuyó a agentes estatales. Debido al deterioro de la situación de la
seguridad y las actividades del Movimiento 23 de Marzo (M23), la Provincia de
Kivu del Norte fue la más afectada por la violencia sexual relacionada con los
conflictos durante el período de que se informa.

 

Los grupos armados que operan en las zonas de conflicto toleran
efectivamente la violencia sexual fomentando comportamientos depredadores.
Además, la mayoría de los grupos armados de la parte oriental de la República
Democrática del Congo, como los Mai-Mai Cheka, los Raia Mutomboki, las Fuerzas
Democráticas de Liberación de Rwanda y la Alianza de Patriotas por un Congo
Libre y Soberano, al igual que algunos elementos de las FARDC, están implicados
en cierta medida en actividades ilícitas, como el tráfico de minerales procedentes de
zonas de conflicto y la caza furtiva, durante las cuales los opositores y los civiles
son blanco de ataques, incluso mediante el uso de la violencia sexual. Las Naciones
Unidas también han documentado ataques perpetrados por motivos étnicos,
incluidos actos de violencia sexual cometidos por los Mai-Mai Cheka en la zona de
Pinga, principalmente contra grupos nande y hutu. Combatientes de los Mai-Mai
Simba/Lumumba fueron responsables de gran número de incidentes de violencia
sexual, en su mayoría relacionados con el secuestro de mujeres y niñas, saqueos y
trabajos forzosos. Se ha denunciado que 46 niñas reclutadas y utilizadas por grupos
armados como los Mai-Mai Simba fueron empleadas como esclavas sexuales.
Especialmente preocupante es la detención de antiguas esclavas sexuales por fuerzas
gubernamentales bajo la sospecha de haber colaborado con los grupos armados que
las mantuvieron en cautiverio. Por ejemplo, en el distrito de Ituri 27 mujeres puestas
en libertad fueron detenidas por las FARDC como sospechosas de haber apoyado a
los Mai-Mai Morgan. Los problemas de inseguridad y acceso han obstaculizado los
esfuerzos para documentar y determinar la magnitud de este fenómeno.

 

Casi la mitad de los casos documentados de violencia sexual durante 2013
fueron violaciones de niñas. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) registró 525 casos de matrimonio
forzado en las zonas afectadas por los conflictos armados. La mayoría de los casos
de violencia sexual contra hombres y niños se denunció en el territorio de Rutshuru
(Kivu del Norte), que estuvo bajo control del M23 gran parte de 2013. También en
Kivu del Norte, se documentaron casos de violencia sexual especialmente durante
los desplazamientos y en los alrededores de los campamentos de desplazados
internos. Con el apoyo de las Naciones Unidas, el Gobierno ha capacitado a los
agentes de policía que operan en las zonas donde hay desplazados internos para que
acompañen a las mujeres y ha creado un grupo de trabajo sobre energías alternativas
en Kivu del Norte. En lo que respecta a la prestación de servicios, la cobertura
geográfica es desigual y existen dificultades considerables para dotar de equipo a los
servicios de salud en lugares remotos, asegurar una asistencia de calidad adecuada y
evitar el ataque de instalaciones por las partes en el conflicto. En este contexto, se
prestó asistencia multisectorial a los 12.247 supervivientes identificados por las
Naciones Unidas y sus asociados. Se prestó asistencia psicosocial al 78% de ellos
(9.533 supervivientes, incluidos 3.205 menores) en el marco de un programa de
asistencia a los supervivientes de actos de violencia sexual. Las actividades de
fomento de la capacidad han contribuido a lograr mejoras en la atención durante
2013, en particular en lo que respecta al VIH/SIDA.

 

En relación con el acceso a la justicia para las víctimas, existen importantes
lagunas en la aplicación del marco jurídico, debido en parte a la falta de presencia
estatal en las zonas afectadas por los conflictos armados. En los casos en que se
hace justicia y los responsables deben pagar daños y perjuicios a los supervivientes,
la insolvencia y la falta de financiación para la asistencia jurídica y las reparaciones
son a menudo un problema. No obstante, durante 2013, 61 miembros de las fuerzas
nacionales de defensa y seguridad fueron condenados por delitos de violencia
sexual, a saber, 4 miembros de la fuerza nacional de policía, 33 miembros de las
FARDC y otros 24 agentes estatales. El 16 de mayo, el Fiscal General de las fuerzas
armadas dictó órdenes internacionales de detención y cursó solicitudes de
extradición por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos actos de
violencia sexual, contra el expresidente del M23, Jean-Marie Runinga, y los
coroneles del M23 Eric Badege, Innocent Zimurinda y Baudouin Ngaruye, todos los
cuales se entregaron a las autoridades de Rwanda en 2013. En relación con el caso
Minova, el tribunal militar operacional de la Provincia de Kivu del Norte celebró la
primera audiencia en Goma el 20 de noviembre de 2013. En total, 40 miembros de
las FARDC, incluidos cinco oficiales de alto rango, fueron acusados de crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra, en particular violaciones, asesinatos y
saqueos, cometidos en Minova y sus alrededores entre el 20 de noviembre y 4 de
diciembre de 2012 (véase también el párr. 89 sobre el apoyo prestado por el Equipo
de Expertos).

 

Mi Representante Especial y el Grupo de Expertos visitaron la República
Democrática del Congo en marzo de 2013. Durante su estancia se reunieron con el
Presidente, el Primer Ministro y otros funcionarios. La visita culminó en la
adopción, el 30 de marzo de 2013, de un comunicado conjunto del Gobierno y las
Naciones Unidas sobre la lucha contra la violencia sexual relacionada con los
conflictos. El Equipo de Expertos ha venido prestando asistencia al Gobierno para
elaborar un plan de ejecución de conformidad con el comunicado (véase el párr. 89).
En octubre de 2013, mi Representante Especial y el Director Ejecutivo del UNFPA
realizaron una visita de seguimiento a la República Democrática del Congo y se
reunieron con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el Primer Ministro. Mi
Representante Especial mantuvo conversaciones con el Ministro de Defensa y dio
un discurso en una sesión especial del Senado sobre la violencia sexual. El 23 de
octubre, el Presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila,
anunció su intención de nombrar a un representante presidencial sobre la violencia
sexual y el reclutamiento de niños para que dirigiera la respuesta del Gobierno y
sirviera de enlace con la comunidad internacional. El Presidente también hizo
hincapié en la política de tolerancia cero con respecto a la violencia sexual, reiteró
su constante compromiso con la lucha contra la impunidad en los casos de violencia
sexual y anunció la intención del Gobierno de crear salas especiales para juzgar a
los presuntos autores de delitos internacionales graves, incluidos los actos de
violencia sexual. El 28 de noviembre, el Senado votó a favor de crear una comisión
especial sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos.
Recomendación
Felicito al Gobierno por los recientes compromisos contraídos e insto a las
autoridades nacionales a que apliquen con carácter prioritario las medidas indicadas
en el comunicado conjunto de 30 de marzo de 2013 y el posterior plan de ejecución,
y aliento a los donantes a que apoyen al Gobierno de la República Democrática del
Congo a este respecto. También aliento al Presidente a que, tal como anunció,
nombre a un representante presidencial para que dirija la respuesta del Gobierno en
esta materia.