Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2018/250) publicado el 16 de avril de 2018.
Los progresos logrados en la República Democrática del Congo para hacer frente a décadas de generalización de la violencia sexual como táctica de guerra se han visto amenazados en los últimos meses por un entorno político inestable, niveles sin precedentes de desplazamiento, constantes enfrentamientos armados y la debilidad de las estructuras del Estado. En la provincia de Tanganica surgieron patrones alarmantes de violencia sexual por motivos étnicos a partir de la supuesta marginación del grupo étnico twa, lo que ha puesto en marcha ciclos de violencia y venganza entre las milicias twa y luba. En 2017, las milicias twa en Tanganica fueron responsables del más alto número de casos documentados de actos de violencia sexual perpetrada por grupos armados no estatales. La violencia sexual relacionada con el conflicto, perpetrada con extrema brutalidad, también se ha extendido a las tres provincias de Kasai. En ese contexto, tanto la milicia antigubernamental Kamuina Nsapu como la milicia progubernamental Bana Mura han atacado a civiles que presuntamente apoyan a sus adversarios. Los ataques deliberados contra comunidades por motivos étnicos han incluido el uso de prácticas tabú, como la violación de las víctimas delante de sus familiares, el caso de una mujer embarazada a la que le arrancaron el feto y al menos una víctima que fue obligada a realizar actos sexuales con un miembro de su familia antes de ser ejecutada. En abril, militantes de Bana Mura violaron a 41 mujeres y dos niñas en una serie de ataques contra aldeas lulua y luba.
Durante el período que se examina, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) verificó 804 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto que afectaron a 507 mujeres, 265 niñas, 30 hombres y dos niños, lo que representa un aumento con respecto al período abarcado por el informe anterior. Durante el mismo período, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) informó de 5.783 casos de violencia sexual en las provincias afectadas por el conflicto, más del doble que en 2016. Aproximadamente el 72% de los casos se atribuyeron a grupos armados no estatales, en particular a la milicia twa en Tanganica y a la Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) que opera en el territorio de Irumu en Ituri. Más de la mitad de las agresiones sexuales del FRPI fueron cometidas por múltiples agresores, y el 40% de los incidentes fueron perpetrados en conjunción con actos de saqueo, pillaje y robo.
En 2017, aumentó el número de incidentes atribuidos tanto a las FARDC (28%) como a la Policía Nacional Congoleña (PNC) (109%). Más de una tercera parte de las personas agredidas sexualmente por miembros de la policía nacional permanecían detenidas por la policía en ese momento. Una proporción significativa de las víctimas eran niños: en el 41% de los delitos cometidos por miembros de las FARDC y en el 42% de los incidentes en los que estuvieron involucrados agentes de la policía nacional. A pesar de los preocupantes acontecimientos recientemente ocurridos, el número total de actos de violencia sexual relacionada con el conflicto cometidos por elementos del aparato de seguridad del Estado ha disminuido desde 2013, gracias a los esfuerzos concertados de las autoridades. La jerarquía de las FARDC ha seguido aplicando su plan de acción, lo que ha dado lugar a la firma de compromisos por parte de 57 comandantes y a la capacitación de 370 oficiales, si bien la aplicación de medidas disciplinarias contra delincuentes de alto rango sigue un ritmo desigual. También avanza lentamente la ejecución del plan de acción de la policía nacional.
Las autoridades militares de Kivu del Sur enjuiciaron con éxito tres casos emblemáticos de violencia sexual relacionada con el conflicto en 2017; a saber, la condena de un coronel de las FARDC en el caso Becker por responsabilidad de mando en la violación como crimen de guerra en Musenyi, de un comandante de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda, acusado de crimen de guerra por violencia sexual en el caso Nzovu, y de un miembro del Parlamento en Kivu del Sur y sus milicias acusado de crimen de lesa humanidad por el secuestro y la violación de 39
niños en el caso Kavumu. Además, el comandante Ntabo Ntaberi Sheka se entregó a las autoridades en julio y se espera que sea juzgado por su participación en la violación en masa de 387 civiles en Walikale, Kivu del Norte, ocurrida en 2010. En total, 42 miembros de las FARDC y 17 miembros de la policía nacional fueron declarados culpables de delitos de violación por tribunales militares, si bien obstáculos burocráticos dificultan que las víctimas obtengan reparaciones.
En 2017, los organismos de las Naciones Unidas prestaron asistencia médica a más de 5.200 supervivientes de la violencia sexual, mientras que otros 2.243 civiles recibieron asesoramiento y fueron remitidos a clínicas jurídicas con el apoyo de la MONUSCO. El Gobierno realizó importantes progresos en su labor de promoción y divulgación para aumentar la conciencia sobre la violencia sexual mediante programas de radio y televisión y del establecimiento de una línea telefónica de asistencia para las víctimas en todo el país. En julio de 2017, la Vicesecretaria General
y Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, mi Representante Especial y la Enviada Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad realizaron una visita conjunta a Goma para destacar la importancia de la participación de la mujer en los procesos de paz, seguridad y desarrollo, así como la necesidad de un regreso seguro y digno de las mujeres desplazadas en condiciones que garanticen su seguridad económica y física.
Recomendación
Insto al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para combatir la violencia sexual y a que amplíe los servicios, incluido el apoyo a la reintegración socioeconómica de las mujeres desplazadas y repatriadas. Exhorto a que se lleve a cabo debidamente tanto la verificación de antecedentes como la capacitación de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, a que se defiendan políticas de tolerancia cero respecto de ese tipo de violencia, llevando a los delincuentes ante la justicia, independientemente de su rango, y a que se garantice la protección de las víctimas y los testigos y se ofrezca una reparación adecuada a las víctimas.