Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2018/250) publicado el 16 de abril de 2018.
A medida que la inseguridad se extendía a regiones anteriormente estables de la región oriental de la República Centroafricana durante 2017, también aumentó la gravedad y la magnitud de la violencia sexual relacionada con el conflicto. Los enfrentamientos armados provocaron movimientos en masa de la población, en particular a través de la frontera con la República Democrática del Congo, y se produjeron numerosos casos de violencia sexual durante la huida. El número de desplazados internos ascienden a más de 688.000 en todo el país, y los elementos armados representan una amenaza para los civiles en los campamentos debido a la falta de personal del Gobierno para gestionar y proteger esos emplazamientos. El empleo de la violencia sexual como instrumento de intimidación, represalia y castigo para aterrorizar a familias y comunidades enteras se ha denunciado con escandalosa frecuencia. Los patrones de violencia sexual de carácter étnico y sectario dificultan la movilidad de las mujeres para llevar a cabo actividades económicas y de subsistencia vitales, como obtener acceso a campos y mercados. La violación de
hombres y niños también ha sido una característica de los ataques perpetrados por grupos armados contra aldeas civiles, como en Nana Gribizi o en Bajo Kotto, donde 13 hombres fueron violados. Los niños concebidos durante una violación rara vez son aceptados por la sociedad, y los abortos en condiciones de inseguridad siguen siendo una de las principales causas de mortalidad materna.
Durante el período que abarca el informe, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) documentó 308 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto que afectaron a 155 mujeres, 138 niñas (entre ellas 48 reclutadas por grupos armados), 13 hombres y dos niños. Esos incidentes comprendieron 253 violaciones, de las cuales 181 violaciones colectivas, cinco intentos de violación, 28 matrimonios forzados, dos casos de esclavitud sexual y 20 casos de agresión sexual. Entre los autores se encontraban elementos ex-Seleka (179 casos), elementos antibalaka (55 casos), el Ejército de Resistencia del Señor (14 casos) y Retorno, Reclamación y Rehabilitación (12 casos). Un miembro de las fuerzas armadas de la República Centroafricana también estuvo involucrado en un incidente. Los 179 casos atribuidos a elementos ex-Seleka incluían 36 delitos perpetrados por la coalición del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana (FPRRC) y el Movimiento Patriótico Centroafricano (MPC); 29 por la coalición del MPC y Revolución y Justicia (RJ); 39 por la Unión por la Paz en la República Centroafricana; 17 por el MPC; 14 por el Frente Democrático del Pueblo Centroafricano; 9 por el FPRRC; 1 por la Agrupación Patriótica para la Renovación de la República Centroafricana; 1 por RJ; y 33 por elementos no especificados.
Los proveedores de servicios humanitarios prestaron asistencia a 272 supervivientes de violaciones cometidas por las partes en conflicto. Ante el virtual colapso del sistema de salud pública, la mayoría de los servicios de apoyo médico y psicosocial son prestados por organizaciones no gubernamentales. La escasez de servicios se ve agravada por la deficiente infraestructura, incluidas las dificultades de transporte, lo que plantea problemas especiales para las mujeres de las zonas rurales remotas. Como consecuencia de ello, sólo el 36% de las víctimas registradas pudieron
acceder a la asistencia de emergencia en las 72 horas posteriores al incidente. De las víctimas de violación que recibían tratamiento, el 98% de los adultos eran mujeres y el 99% de los niños eran niñas. En 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y sus aliados ayudaron a obtener la liberación de 3.419 niños (1.090 niñas y 2.329 niños) de los grupos armados, y la mayoría de las niñas reclutadas por la fuerza denunciaron incidentes de abuso sexual. Las niñas asociadas con grupos armados que regresan a sus hogares embarazadas o con niños suelen ser rechazadas por sus comunidades, lo que obliga a muchas de ellas a recurrir al trabajo sexual como medio de supervivencia. En algunos casos, la estigmatización es en sí misma un factor de desplazamiento: dos niñas de Alto Kotto que quedaron embarazadas como resultado de una violación se vieron obligadas a trasladarse a diferentes distritos para escapar de los abusos por parte de sus familias. La inestabilidad también ha perpetuado el matrimonio infantil como un supuesto medio de proteger a las niñas contra la violencia sexual.
En agosto, las Naciones Unidas registraron el primer caso en que los miembros de una de las partes en conflicto fueron condenados por delitos de violencia sexual; a saber, dos elementos antibalaka, por la violación de una niña de 16 años en Bambari. Si bien con el enjuiciamiento de esos elementos en audiencias públicas se hizo llegar un importante mensaje, estos recibieron condenas indulgentes de dos años de prisión y una multa. La MINUSCA llevó a cabo sesiones de sensibilización con excombatientes, autoridades locales y miembros de la comunidad para crear
conciencia sobre la gravedad de la violencia sexual. El Gobierno ha acelerado los esfuerzos para poner en marcha el tribunal penal especial, establecido por ley en 2015,
mediante el nombramiento de personal nacional e internacional. En junio de 2017, el Presidente de la República Centroafricana Faustin Archange Touadéra inauguró la dependencia conjunta de intervención rápida contra la violencia sexual, que desde entonces ha tramitado 254 denuncias.
Recomendación
Aliento al Gobierno a que vele por la prestación de servicios de apoyo médico, psicosocial y jurídico a los supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto y a que proporcione los medios necesarios, incluido un presupuesto específico, para fortalecer la capacidad de la dependencia conjunta de intervención rápida de investigar casos, en colaboración con el fiscal del tribunal penal especial.
Exhorto al Gobierno a que dé prioridad a la investigación y el enjuiciamiento de los casos de violencia sexual, incluida la protección adecuada de las víctimas y los testigos.