Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2018/250) publicado el 16 avril de 2018.
La precaria situación de seguridad en las regiones septentrional y central de Malí, donde el personal de mantenimiento de la paz, las fuerzas nacionales de seguridad y los agentes humanitarios siguen siendo objeto de amenazas, obstaculiza los esfuerzos por investigar la violencia sexual relacionada con el conflicto. Muchos supervivientes sufren en silencio, debido a la escasez de servicios y a la falta de confianza en las instituciones nacionales. Los tabúes culturales, agravados por el temor a la estigmatización y las represalias, también perpetúan la escasez de denuncias. Muchas mujeres y niñas siguen traumatizadas por la ocupación islamista de 2012-2013, durante la cual proliferaron las violaciones y los matrimonios forzados.
La impunidad prevalece en las regiones septentrionales, donde no existe un sistema de justicia mínimamente eficaz. Además de sus problemas de seguridad interna, Malí se ha convertido en un punto de tránsito de corrientes migratorias, con numerosas violaciones denunciadas a lo largo de las rutas de migración, así como en zonas mineras, donde los contrabandistas han abusado de las mujeres y las han obligado a ejercer la prostitución.
En 2017, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) documentó 16 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, que en su mayoría afectaban a mujeres y niñas que viajan en transporte público por el eje que conecta las importantes regiones de Gao, Tombuctú, Menaka, Mopti y la frontera con el Níger. De esos casos, en ocho los delitos fueron cometidos por hombres armados no identificados, en uno de ellos por un miembro del Consejo Superior para la Unidad de Azawad (CSUA), en tres por elementos de la Coordinadora de Movimientos y Frentes Patrióticos de Resistencia II, en dos por elementos del Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA) y en otros dos por miembros de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses. Los casos comprendían 11 incidentes de violación y cinco incidentes de violación colectiva en Gao, Tombuctú, Menaka y Mopti. Dos de las víctimas pertenecían al grupo étnico minoritario bella, sumándose así a los 10 casos de violencia sexual denunciados contra mujeres bella en 2016 que siguen sin resolverse. El 7 de julio, en Kidal, la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) emitió un comunicado unilateral para prevenir y responder a la violencia sexual relacionada con el conflicto, que fue respaldado por los movimientos que integran la Coordinadora, como el CSUA, el Movimiento Árabe de Azawad y el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, el último de los cuales figura en el anexo del presente informe. La coalición de grupos armados Plataforma siguió aplicando las disposiciones de su comunicado de 2016 para prevenir y castigar la violencia sexual.
Las Naciones Unidas siguieron prestando apoyo a la elaboración de una estrategia nacional para combatir la violencia por razón de género mediante la prestación de apoyo técnico y financiero al Gobierno. La MINUSMA también ha facilitado la reintegración económica de los supervivientes de la violencia sexual mediante proyectos de efecto rápido para la generación de ingresos. La prevención y la respuesta en relación con la violencia sexual relacionada con los conflictos se reflejaron en el marco de la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel, y se determinaron esferas de cooperación, como la capacitación de los miembros de la Fuerza Conjunta sobre las vías de remisión de los supervivientes, incluidos los liberados de las redes de terroristas y de trata de personas. Como parte de las medidas en curso de fomento de la confianza entre las mujeres y el sector de la justicia, los proyectos financiados por el Fondo para la Consolidación de la Paz en Gao y Tombuctú han contribuido a aumentar la tasa de denuncias de violencia por razón de género a la policía del 1% en 2014 a casi el 14% en 2017. En los últimos años, la MINUSMA ha apoyado a una coalición de organizaciones no gubernamentales para llevar ante los tribunales 120 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto perpetrados durante la ocupación islamista y la rebelión tuareg en el norte.
Recomendación
Insto al Gobierno a que firme el comunicado conjunto con mi Representante Especial, que ha estado pendiente desde abril de 2016, a fin de facilitar una respuesta más estructurada a la violencia sexual relacionada con el conflicto, a que apruebe leyes que prohíban todas las formas de violencia sexual, a que proporcione a los supervivientes acceso a la justicia y los servicios y a que amplíe el apoyo a la reintegración socioeconómica. Exhorto al Gobierno y a la comunidad de donantes a que velen por la disponibilidad de recursos suficientes para dar prioridad a la investigación y el enjuiciamiento de los casos de violencia sexual.