En primer lugar permítame Señor Presidente sumarme a las Delegaciones que me han precedido en el uso de la palabra para expresarle la satisfacción del Gobierno de Chile al verlo a Ud. dirigiendo nuestros trabajos. Estamos seguros de que bajo su Presidencia alcanzaremos el gran objetivo que nos congrega cual es acordar el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
Al mismo tiempo, quisiéramos expresar nuestro reconocimiento al Gobierno de Italia por su ofrecimiento de la ciudad de Roma como sede de esta Conferencia.
Sin lugar a dudas, los trabajos que en estos días comenzamos para establecer una Corte Penal Internacional constituyen uno de los desafíos más importantes que ha enfrentado la Comunidad Internacional en los años recientes. Esta aspiración largamente anhelada, luego de un muy arduo proceso de preparación, espera concretarse. Ello constituirá un paso de gran trascendencia en el proceso de estructuración jurídica de la Comunidad Internacional y refleja una clara actitud ética frente a la impunidad en la que en muchos casos han permanecido los más graves delitos que la preocupan.
Nuestro país asigna una gran importancia al establecimiento de esta Corte Penal Internacional de carácter permanente y está dispuesto a participar activamente en el proceso de negociación que se inicia. Ello, entre otras razones, porque compartimos la percepción de que los mecanismos hasta hoy predominantes en la investigación y sanción de graves delitos, como los que se incluirán dentro de la competencia de la Corte, basados fundamentalmente en la acción de los tribunales nacionales, han demostrado serias limitaciones y deficiencias en perjuicio de una justicia auténtica, generando una negativa percepción en las víctimas que ven como se produce en los hechos una clara impunidad. Nada hay más negativo para cualquier sociedad que el escepticismo y la desconfianza de sus integrantes frente a los mecanismos de solución de conflictos y de sanción de los infractores a sus normas jurídicas.
Estamos convencidos, a su vez, que una Corte Penal realmente eficaz se puede convertir en un factor que disuada a los futuros perpetradores de cometer delitos y permitirá, en consecuencia, que el derecho pueda cumplir su rol como instrumento de la paz y del orden social.
El principio de complementariedad que regulará las relaciones de la Corte con los sistemas judiciales nacionales nos parece un reflejo adecuado de¡ vínculo entre ambos ámbitos jurisdiccionales. Las debilidades mostradas por los sistemas judiciales nacionales no nos deben llevar a excluidos de su función básica ni a sustituirlos sin mas por la Corte Pena¡ Internacional, sino a complementar los esfuerzos de ambas jurisdicciones en pro de la sanción de estos graves crímenes, cuyo castigo interesa a la comunidad internacional de Estados en su conjunto.
La estructura de la Corte que definiremos en los próximos días deberá ser, por una parte, necesariamente independiente de toda injerencia externa, sea ella política o de otra naturaleza, ya provenga de Estados o de Organizaciones internacionales. Consideramos que es una exigencia ineludible tratándose de todo órgano jurisdiccional y más aun de una Corte internacional a la que la opinión pública internacional observará con especial atención por ser el primer intento efectivo de establecer una jurisdicción pena¡ internacional permanente. Sería altamente frustrante y un grave daño a la imagen de los mecanismos e instrumentos internacionales, establecer una gran estructura judicial dotada de personal y recursos, pero en la práctica altamente ineficaz.
Nos parece fundamental que los mecanismos de financiamiento de la Corte, que en definitiva se establezcan, garanticen su más plena independencia.
Asignamos fundamental importancia a que el mayor número posible de Estados se pueda incorporar al Estatuto constitutivo de la Corte. De esta manera se obtendría la universalidad necesaria para que la Corte sea el instrumento que la Comunidad internacional requiere. Esto implica un gran esfuerzo por armonizar posiciones divergentes entre sistemas y concepciones jurídicas muy diversas. La universalidad exige un gran acuerdo general. Dicho acuerdo, sin embargo no debería tener como precio el establecimiento de una Corte que carezca de los medios y de las herramientas para cumplir eficazmente su función.
Desde este punto de vista, son muy importantes los mecanismos relativos a la forma en que la Corte ejercerá su jurisdicción. Estimamos que dichos mecanismos deberían ser lo suficientemente ágiles como para evitar elevados requerimientos de aceptación de competencia como condición previa al inicio de un procedimiento. La experiencia internacional de otros órganos judiciales ha demostrado que esas exigencias los convierten en entes altamente ineficaces.
En consecuencia postulamos que la Corte tenga jurisdicción inherente respecto de todos los delitos reconocidos por normas de derecho internacional general.
Delitos como el genocidio, los crímenes de guerra, sean ellos cometidos en conflictos armados tanto internacionales como de carácter interno, y los crímenes contra la humanidad, deberían estar comprendidos dentro de la competencia de la Corte. Nuestro país, a su vez, asigna importancia a que se incluya en la definición de los delitos de competencia de la Corte aquellas figuras que implican crímenes en contra de la mujer, en especial los que conllevan violencia sexual.
Asimismo, y desde la misma perspectiva de una Corte realmente eficaz en el cumplimiento de su mandato, nos parece que además de los Estados y de¡ Consejo de Seguridad deberá dotarse al Fiscal de la Corte de iniciativa procesal. Esta facultad facilita que la Corte pueda dar cumplimiento de su función. Por ello asignamos muy alta importancia a la figura de¡ Fiscal y a la Fiscalía como órgano.
Las disposiciones sobre cooperación y asistencia judicial revisten en opinión de mi Gobierno gran trascendencia. La Corte dependerá en parte importante de la forma como los Estados le presten su necesaria cooperación tanto frente a requerimientos de investigación, detención de presuntos responsables, el cumplimiento de las penas y otros relacionados con su funcionamiento.
Sr. Presidente: Chile por su historia reciente valora la vital importancia de¡ respeto irrestricto de la dignidad humana y la necesidad por lo tanto de castigar efectivamente los crímenes que la violan gravemente comprometiendo a la comunidad internacional en este esfuerzo.
Muchas gracias Señor Presidente