PARAGUAY
 

 Intervención
del

Aurelio Varela Amarilla

Secretario de Acción Social y Jefe de Delegación del Paraguay

27º período extraordinario de Sesiones de la Asamblea General
sobre la Infancia
 

 9 de mayo 2002


 











Señor Secretario General:

La Delegación del Paraguay, que me honro en presidir en esta Sesión Especial, reafirma su compromiso con la niñez y la adolescencia, compromiso que se testimonia con los importantes avances experimentados en nuestro país a lo largo de la pasada década. Aunque incluso hemos avanzado en nuevas áreas de intervención, debemos señalar que con relación a las metas de la Cumbre de 1990 aún persisten insuficiencias en los sectores de salud y educación.

No obstante el aumento significativo de los recursos disponibles y del mejoramiento en el diseño de programas sociales, los mismos aún resultan insuficientes para lograr una cobertura total y adecuada de las necesidades más urgentes de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos en situación de pobreza y alto riesgo. Por esta razón consideramos que nuestra Estrategia Nacional de Reducción de Pobreza constituirá un instrumento central en la atención a esta población meta, considerada en la Estrategia como uno de los grupos vulnerables que requiere de mayor y especial atención.

La pobreza global se proyecta y expande en forma perversa en la  niñez y la adolescencia. El Paraguay es un país de una estructura poblacional joven. El 41 % de su población total es menor de 15 años, y el 32% es pobre. Sin embargo, la  población menor de 15 años en situación de pobreza llega al 42%. Esto es, 10 puntos porcentuales más que el promedio general; dándose así el fenómeno de la infantilización de la  pobreza.

Nuestro país ha experimentado sustantivos cambios en este pasado decenio, pero aunque el largo período de autoritarismo finalizó en 1989, todavía estamos aprendiendo a vivir en democracia. En este mismo periodo se ha soportado una seria retracción de la economía. En el ámbito de la integración regional, el Paraguay es país miembro fundador del Mercado Común del Sur  (MERCOSUR), juntamente con Argentina, Brasil y Uruguay, y hoy con países adherentes como Chile y Bolivia. Esto ha significado un mayor intercambio y problemas de ajuste entre las distintas economías que componen el bloque, en el que nuestro país es particularmente vulnerable por su condición de país menos desarrollado.

En este contexto de limitaciones queremos destacar acciones de política global que han favorecido la atención a la infancia, partiendo del ejemplo del sustantivo incremento del gasto social en general. En 1990 el gasto social representó el 3% del PIB, mientras que en 1998 llegó al 8.2%, fundamentalmente en educación. Los gastos de la Administración Central en la educación básica y media y en la salud materno-infantil y de menores de 19 años, como porcentaje del PIB, se expandió de 2.5% en 1991 al 4.3 % en 1998, un aumento del 72% en nueve años. La educación constituyó uno de los sectores más favorecidos con el incremento del gasto social, absorbió el 1.4% del PIB en 1991 y el 3.2% en 1998. En el mismo periodo los gastos para la salud y salud materno-infantil permanecieron estables en 1.1% del PIB. La educación se encuentra en pleno proceso de transformación mediante la Reforma Educativa iniciada en el aula en el año 1994. La Reforma ha significado cambios significativos en la cobertura de la Educación Preescolar. En los ciclos primero y segundo de la Educación Escolar Básica se ha llegado a una matrícula neta del 90%.

Otros substantivos avances se han dado en los ámbitos jurídico e institucional. En 1990 se ha promulgado como Ley de la Nación a la Convención por los Derechos del Niño. También como Ley de la Nación en el año 2001 ha entrado en vigencia el Código del Niño, Niña y Adolescente, y se ha creado la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Recién con el citado Código se consolida el reemplazo de la doctrina de la situación irregular por la de protección integral, porque en la aplicación cotidiana de la ley seguía vigente parcialmente el antiguo Código del  menor  de 1981. El nuevo Código contempla un Sistema Nacional de Niñez y Adolescencia y el órgano ejecutivo del gobierno, la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, que  permitirán establecer y ejecutar políticas de Estado a favor del sector. Asimismo, implica cambios en la participación de niños, niñas y adolescentes, transformaciones en el sistema  penal para los adolescentes, en el papel de las instituciones comunitarias a favor del sector, y en las  regulaciones sobre el trabajo de adolescentes. Todo ello conforma un panorama de desafíos que exige acciones inmediatas.

El Código igualmente consagra nuevos enfoques sobre la niñez que ya han venido desarrollándose desde las instituciones del Estado, especialmente mediante la cooperación internacional y con la sociedad civil. Entre ellos se destacan las intervenciones sobre la explotación sexual o el trabajo de niños, niñas y adolescentes en los  espacios públicos, o de apoyo contra el maltrato infantil. La Secretaría de Acción Social, con la cooperación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y UNICEF, ha llevado a cabo intervenciones focalizadas en dichas áreas. Para la Secretaría de Acción Social constituye una alta prioridad la formulación de una política social diferenciada aplicable a las condiciones de vulnerabilidad social en que viven niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo, a fin de que reciban los  beneficios del Estado y de la sociedad civil, conforme a sus condiciones específicas y necesidades de atención, protección y desarrollo.

Esta pasada década ha sido muy rica y fructífera en aunar esfuerzos, a pesar de problemas de coordinación entre instituciones y de dificultades en orientaciones estratégicas comunes. Nuestro mayor logro ha sido la experiencia del trabajo conjunto entre el sector público y la sociedad civil, en la promoción y defensa de los derechos de la niñez. Para dicho logro confluyeron la visibilización y creciente importancia de la niñez, el cambio político democrático, y la urgencia y necesidad del trabajo conjunto entre Gobierno y sociedad civil, y los aportes del sector privado. El trayecto por avanzar es extenso, pero se ha dado el imprescindible paso de aprender a trabajar de forma conjunta y coordinada.

Los desafíos son muchos. El punto de partida ineludible es, recogiendo las ideas de esta Sesión Especial, poner en la agenda la importancia de la niñez y adolescencia, tarea que hasta hoy no ha sido suficientemente consistente en términos de orientaciones centrales y  asignación de recursos apropiados en cantidad y tiempo. El primero es la lucha contra la  pobreza. El Paraguay, ante la necesidad de afrontar las deficiencias y carencias en lo social y cumplir con los compromisos asumidos en la Cumbre Social celebrada en Copenhague en 1995, dio los primeros pasos para la  consolidación de una autoridad social que se concretó en la creación de la Secretaría de  Acción Social. Esta Secretaría cuenta con dos ejes principales de gestión social. El primero consiste en la  formulación de políticas sociales y el segundo la reducción de la pobreza y la atención a grupos vulnerables mediante la aplicación de fondos de inversión social. Actualmente se encuentra en el Congreso proyectos de Ley referentes a la Reorganización de la Administración Central del Estado y la creación del Ministerio de Desarrollo Social, lo que permitirá la consolidación institucional del área social y una mayor eficiencia en la inversión social.

El segundo desafío consiste en el consenso de políticas de Estado para la niñez y la adolescencia, y la afirmación de la calidad de éstos como sujetos del desarrollo con derecho a la participación. En este aspecto se ha avanzado, pero en forma sectorial, sin una visión integral del problema y del desarrollo. Ahora cabe establecer acuerdos de mediano y largo plazo, sostenibles aun en entornos políticos inestables. La experiencia del Plan Nacional de Acción por la Infancia puede servir de referencia. Asimismo, la participación de niños, niñas y adolescentes, según su nivel de madurez, es un nuevo tema que debe ganar mayor consenso y, además, se deben establecer normativas que precautelen derechos y garantías. Con la  Reforma Educativa en curso y la Ley de Adopciones, aspectos globales y específicos, respectivamente, se ha avanzado en este sentido, pero queda mucho por recorrer y aprender.

El fortalecimiento de la institucionalidad y el establecimiento de políticas de Estado en el sector social, constituyen el tercer desafío. El fortalecimiento de la institucionalidad del sector social se visualiza promisorio con la propuesta de reforma del Estado presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, en la que se prevé la creación del Ministerio de Desarrollo Social. El proceso de reforma eleva el status institucional del área social al más alto nivel de política de Estado, situándolo en una posición visible y de alta prioridad en las políticas públicas La propuesta de creación del Ministerio de Desarrollo Social plantea que el bienestar y la protección social deben constituirse en el centro de la política económica del Estado, y que los beneficios de un crecimiento económico inclusivo sean alcanzados con políticas sociales que prioricen la atención a los grupos más vulnerables de la sociedad.

La continuidad de la cooperación internacional, y entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado, constituye una cuarta línea a desarrollar. Las políticas mundiales y nacionales favorables a la niñez y la adolescencia son imprescindibles. Por un lado, se debe asimilar la rica experiencia internacional y revertirla en fructíferas líneas de acción en el ámbito nacional, como las que obtendremos de esta Sesión Especial. Por el otro, se debe potenciar la cooperación técnica y financiera a nivel nacional y local, entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Nuestra experiencia de las Consejerías por los Derechos de la Niñez evidencian que la cooperación es posible y provechosa.

Por último debemos señalar que los lineamientos y las metas a  establecerse en esta Sesión Especial no deben hacernos olvidar de aquellas metas mínimas, acordes a la realidad de los países de menor desarrollo, que constituyen el punto de partida para tareas más ambiciosas, complejas y necesarias. El derecho a la supervivencia, al  crecimiento y al desarrollo sigue vigente para países como el Paraguay. Finalmente, nuestro país reitera su compromiso con la infancia y la adolescencia, como el mejor legado y la mejor inversión para el futuro de nuestras naciones.