ESPAÑA

 

INTERVENCIÓN DEL

 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA

 

EXCMO.DON JOSEP PIQUÉ

 

ANTE EL QUINCUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO DE

 

SESIONES

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

 

Nueva York, 14 de septiembre de 2000

 



Señor Presidente:

 

Deseo felicitarle sinceramente por su elección como Presidente de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea del Milenio. Quiero agradecer también la labor realizada por su predecesor, el Ministro Ben Gurirab, que culminó en la reciente Cumbre del Milenio.

 

Doy la bienvenida a Tuvalu como nuevo Estado miembro de las Naciones Unidas. Estoy seguro de que hará una aportación útil y enriquecedora a los trabajos de la Organización .

 

Señor Presidente:

 

¿Qué Naciones Unidas queremos? ¿Por qué y para qué necesitamos a las Naciones Unidas en este nuevo milenio? La Cumbre del Milenio se ha convocado para contestar a estas preguntas. La tarea de esta Asamblea General es concretar y poner en marcha las respuestas que la Cumbre ha propuesto. España quiere sugerir algunas ideas para avanzar en tres ámbitos fundamentales de acción de la Organización: la gestión de la globalización, la lucha contra la pobreza, y el fomento de la paz.

 

Las Naciones Unidas que queremos deben ser nuestro principal instrumento para hacer frente a los múltiples retos de la globalización. Su carácter universal coloca a nuestra Organización en posición ideal para ello. Sería imperdonable que no estuvieran a la altura de esta tarea, que se va a librar en terrenos muy diversos.

 

Por ejemplo, el de los derechos humanos. El proceso de universalización de los derechos humanos constituye una de las aportaciones más valiosas de las Naciones Unidas a las relaciones internacionales desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Si el siglo XX ha sido el de la formulación y articulación internacional de los derechos humanos, el próximo siglo debe ser el de la universalización de su disfrute efectivo.

 

Entre las prácticas que es más urgente eliminar está el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. La Conferencia Mundial contra el Racismo del 2001 debe ser un instrumento eficaz para ello. También debemos seguir trabajando por la abolición de la pena de muerte, que consideramos como un castigo contrario a la dignidad de la persona. La adopción de moratorias sobre su aplicación puede constituir un primer paso para su abolición total.

 

Nuestra Organización debe permitirnos también dar soluciones solidarias a problemas humanitarios que hasta hace poco sencillamente no eran atendidos, recayendo sus consecuencias sobre poblaciones civiles indefensas. Me refiero a la situación de los refugiados, desplazados internos, víctimas civiles de conflictos armados o personal de asistencia internacional que sufre amenazas o coacciones. Es esencial ampliar nuestra actuación en este ámbito y prestar una atención especial a los sectores más vulnerables de la población.

 

El Presidente del Gobierno español firmó la semana pasada en esta misma ciudad los dos protocolos facultativos de la Convención sobre Derechos del Niño, relativos a niños en conflictos armados y a venta de niños, prostitución y pornografia infantil. En este mismo sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este año una Resolución acordando la celebración en España en el 2002 de la II Asamblea Mundial de Envejecimiento. Por nuestra parte, haremos todo to posible por asegurar el éxito de tan importante acontecimiento.



            En este contexto general ¿cómo no referirse a la cuestión de la llamada intervención humanitaria, planteada en sus justos términos en más de una ocasión por el Secretario General? Las Naciones Unidas que queremos no son una Organización que se quede paralizada ante violaciones masivas de los derechos humanos, allá donde se produzcan. Cuando así to ha hecho, su prestigio ha sufrido seriamente, y ha quedado marginada en la toma de decisiones fundamentales en momentos de crisis. La repugnancia que provoca una actitud pasiva ante este tipo de atrocidades y la necesidad de reforzar el papel de la Organización en situaciones de crisis no son sino las dos caras de una misma moneda. Es fundamental que seamos capaces de crear puntos de consenso entre todos nosotros sobre al menos dos cuestiones fundamentales:

 

- Consenso sobre las acciones ante las que la comunidad internacional no puede permanecer cruzada de brazos. Por ejemplo los crímenes de guerra, los críménes contra la Humanidad y el genocidio, que son los delitos a los que se refiere el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

 

- Consenso entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad sobre los casos en los que no utilizarían el veto para bloquear una Resolución del Consejo destinada a detener violaciones masivas de los derechos humanos.

 

El principio de la soberanía del Estado sigue siendo esencial en la sociedad internacional contemporánea. Pero no puede utilizarse como escudo protector para poder violar impunemente los derechos humanos.

 

El establecimiento de la Corte Penal Internacional muestra el sentido hacia el que evoluciona la comunidad internacional en este terreno. La creación de una justicia penal internacional constituye el cambio más importante en el Derecho Internacional desde la aprobación de la Carta de San Francisco. Me satisface informar a esta Asamblea que ayer en mi país concluyo la tramitación parlamentaria de la ratificación del Estatuto de Roma. Espero que la Corte Penal Internacional pueda convertirse en realidad en un futuro no demasiado lejano y, por ello, confio en que el mayor número de países firme y ratifique el Estatuto de Roma, sin modificar directa o indirectamente su integridad y su eficacia.

 

Señor Presidente:

 

Si hay una cuestión que nos hace entender enseguida que existen intereses globales que necesitamos gestionar entre todos es la conservación del medio ambiente. Es imperativo que el Protocolo de Kyoto para combatir el efecto invernadero entre en vigor en 2002, como muy tarde. España es firmante del mismo, to mismo que de los acuerdos sobre la capa de ozono, sobre Biodiversidad, Bioseguridad y Desertificación, un problema este último que afecta de manera especial a mi país.

 

Por desgracia, la globalización ha generado tambien nuevas oportunidades para que se desarrollen plagas universales como el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada. Pero también nos brinda nuevos instrumentos para luchar contra ellas, si nos ponemos de acuerdo sobre cómo utilizarlas. España apoya la elaboración de una Convención General contra el terrorismo internacional, y agradece a la India su iniciativa en este sentido. Deben concluir también los trabajos para la adopción de una Convención contra la delincuencia transnacional organizada.



            Señor Presidente:

 

Una prioridad absoluta de las Naciones Unidas es la lucha contra la pobreza. La Cumbre del Milenio ha prestado una atención especial a las medidas dirigidas a erradicar la pobreza. La aplicación concreta de estas medidas debe ser un aspecto fundamental de los trabajos de esta Asamblea General. Las Naciones Unidas que queremos deben hacer posible que los Estados desarrollados y los que están en vías de desarrollo alcancen acuerdos para cumplir la parte que les corresponde en esta tarea.

 

Las reuniones de alto nivel que tendrán lugar en 2001 sobre Financiación para el Desarrollo y sobre los Países Menos Adelantados no deben ser desaprovechadas. España ciertamente hará todo to que esté en su mano para contribuir a su éxito. Mi país cumple con las directrices emanadas de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social que aconsejan dedicar al menos el 20% de los recursos de cooperación en beneficio de los sectores sociales básicos como salud, educación, vivienda y empleo, que son los que tienen mayor incidencia sobre los estratos más desfavorecidos de la población y, por tanto, sobre la erradicación de la pobreza. España ha elaborado un ambicioso programa de microcréditos orientado a satisfacer las necesidades de los sectores menos favorecidos de la población de los países en desarrollo.

 

España ha puesto en marcha, asimismo, programas de condonación de deuda con vanos países, incluyendo a Mozambique y a los Estados centroamericanos más afectados por el Huracán Mitch. Apoyamos decididamente la iniciativa sobre los países pobres muy endeudados. Los países de ingresos medios con graves problemas de deuda externa no deben tampoco verse excluídos de los planes de condonación de deuda si establecen programas internos significativos para erradicar la pobreza.

 

En el sector sanitario se han producido en los últimos años graves retrocesos en la lucha contra enfermedades infecciosas, especialmente en Africa. España respalda activamente a ONUSIDA y a los esfuerzos que se realizan para facilitar el acceso de los enfennos en países en vías de desarrollo a los medicamentos contra el SIDA, y apoya la celebración de una Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre esta enfermedad. España tiene además un especial interés en examinar posibles acciones contra otras enfermedades infecciosas y parasitarias, especialmente en el ámbito africano.

 

Señor Presidente:

 

La frase primera de la Carta expresa la resolución de las Naciones Unidas de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. No debemos resignarnos a la eternización de algunos conflictos regionales. En Africa no termina de alcanzarse una salida para la situación en el Congo, que asola desde hace años a uno de los países más ricos y con mayor peso del continente. Angola y Sierra Leona continúan siendo escenario de enfrentamientos civiles, financiados muchas veces con la venta ¡legal de diamantes y otros recursos preciosos.

 

España ha hecho del respaldo político y práctico a las Naciones Unidas y a la misión desplegada en el territorio una de sus constantes en el contencioso sobre el Sahara Occidental. Por ello, mi país mantendrá invariable su compromiso por una definitiva resolución del diferendo en el momento decisivo por el que atraviesa y apoyará los esfuerzos que el Secretario General y su Enviado Personal vienen desarrollando en cumplimiento de la Resolución 1309 del Consejo de Seguridad.

 

En Oriente Medio se han abierto nuevas perspectivas de paz tras la cumbre de Camp David. Es necesario consolidar los importantes avances allí realizados y aprovechar esta oportunidad histórica para alcanzar un acuerdo sobre todos los temas pendientes. En línea con la Declaración de Berlín, España considera que el pueblo palestino tiene derecho a establecer un Estado propio. La evolución del proceso de paz debe tener su reflejo en las Resoluciones que apruebe este año la Asamblea General, que no deberían constituir una reiteración mecánica de los textos de años anteriores.

           

La situación en Iraq resulta, sin embargo, frustrante. La interrupción de las inspecciones de armamentos, la ausencia de un horizonte para levantar las sanciones, la continuación de las acciones armadas y la dificil situación humanitaria en el país constituyen en su conjunto una situación poco alentadora. Es imperativo que se refuerce el consenso sobre esta cuestión en el seno del Consejo de Seguridad y que Iraq colabore con las Naciones Unidas para la plena aplicación de la Resolución 1284 y otras Resoluciones pertinentes.

 

En Iberoamérica, es fundamental enviar un claro mensaje de apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz en Colombia. Los esfuerzos del Presidente Pastrana por alcanzar un acuerdo que ponga fin a décadas marcadas por la inseguridad y la violencia merecen recibir el respaldo de todos.

 

Las dificultades a las que hace frente la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) para cumplir su tarea no deben ocultar los logros que ya ha alcanzado en to que es probablemente la Operación de Mantenimiento de la Paz con objetivos de mayor alcance que nunca hayan emprendido las Naciones Unidas: pacificar el territorio, reconciliar a su población, reconstruir su economía y permitir que Kosovo -como señala la Resolución 1244- pueda gozar de una autonomía sustancial y una verdadera administración propia, respetando el principio de soberanía a integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia.

 

Muchos de estos conflictos tal vez podrían haberse evitado. España apoya sin reservas los esfuerzos del Secretario General por orientar la estrategia de la Organización hacia la prevención de conflictos. Su informe sobre Africa proporciona un enfoque innovador, al proponer un amplio paquete de medidas para hacer frente a los conflictos en el continente africano.

 

Un importante elemento de ese arsenal diplomático preventivo to constituye una política de sanciones bien fundamentada. Ahora bien, los regímenes de sanciones deben graduarse de forma muy cuidadosa, a fin de que alcancen su objetivo: castigar la política de un determinado gobierno que constituya una amenaza para la paz, sin por ello perjudicar a la población civil de ese mismo país -que en muchos casos no tiene ninguna capacidad de influir sobre las decisiones de su gobierno- ni tampoco a terceras partes. Las sanciones deben aplicarse de manera flexible y contener mecanismos de revisión periódica que les permitan adaptarse a la evolución de las circunstancias.

 

El desarme y la no proliferación constituyen otros dos elementos esenciales en la prevención de conflictos. Es necesario superar los reveses sufridos en los últimos meses por el proceso de no proliferación nuclear, a impulsar la firma y ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares con el fin de conseguir su rápida entrada en vigor. Resulta también preocupante que no se haya podido aún iniciar la negociación de un Protocolo sobre material fisible: es urgente lograr el consenso necesario para ello.

 

La conclusión de las negociaciones sobre el Protocolo de Verificación de la Convención de Armas Biológicas debe suponer un paso en este terreno tan importante como el que supuso la entrada en vigor de la Convención de Armas Químicas. De la misma manera, la conferencia del 2001 sobre Annas Pequeñas y Ligeras debe constituir un hito similar al que supuso la Convención de Ottawa sobre Minas Antipersonales.

 

Señor Presidente:

 

Otro objetivo de las Naciones Unidas debe ser terminar a escala global con el proceso de descolonización, acabando con los últimos vestigios de colonialismo. Uno de ellos persiste, como doloroso anacronismo, en territorio español. Me refiero, por supuesto a Gibraltar, donde casi tres siglos después de que su población fuera expulsada y de que el Peñón fuera ocupado por soldados británicos, se perpetúa una situación colonial que atenta contra la integridad territorial de mi país y va en contra de to establecido por la Resolución 2353 de la Asamblea General. La recuperación de la soberanía sobre esta parte de nuestro territorio es un objetivo irrenunciable para España, que apuesta decididamente por el diálogo. Es de lamentar que el Reino Unido no haya mostrado una genuina voluntad política de resolver este problema. Por esta razón, 15 años después de iniciado el diálogo bilateral, en el marco del Proceso de Bruselas y de conformidad con las decisiones de esta Asamblea General, seguimos sin registrar el más mmimo progreso sobre esta cuestión, a pesar de las varias propuestas concretas que hemos presentado.

 

Señor Presidente:

 

Queremos unas Naciones Unidas que sean capaces de llevar a cabo estas tareas que tiene encomendadas. Para ello, deben eulminar su proceso de reformas. Hay que reforzar por ejemplo el papel de la Asamblea General -el único órgano en el que estamos representados todos los Estados miembros- como centro motor de debate y de impulso político de las Naciones Unidas. Incorporar en mayor medida a la sociedad civil a las tareas de la Organización, to cual contribuirá a acercarla más a los ciudadanos y a obtener un mayor compromiso con su labor por parte de éstos.

 

Es necesario también reformar el Consejo de Seguridad para que pueda desempeñar plenamente sus funciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El gobierno español considera que esta reforma debe estar inspirada en los siguientes principios:

 

- Consenso: debe hacerse sobre la base de un consenso amplio y sólido, a fin de evitar escisiones peligrosas entre los Estados miembros y proporcionar al Consejo ampliado una mayor legitimidad necesaria para desarrollar eficazmente su labor.

 

- Democratización: debe permitir ampliar el número de miembros no permanentes procedentes de todos los grupos regionales, y especialmente del mundo en desarrollo. España considera que la ampliación de la categoría de miembros no pennanentes refleja de manera más adecuada las tendencias hacia la democratización de la sociedad internacional en el umbral del tercer milenio.

 

           -     Eficacia: debe evitar que el ejercicio del derecho de veto deje bloqueado al Consejo en determinadas crisis.

 

- Transparencia: deben mejorarse los métodos de trabajo del Consejo, ampliando la cantidad y la calidad de las consultas entre sus integrantes y con el resto de los Estados miembros, para que éstos no queden marginados del proceso de toma de decisiones.

 

También sobre el terreno la Organización que necesitamos debe poder actuar con firmeza y eficacia para mantener la paz. El primer paso para ello es reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado. De ahí la importancia del informe Brahimi sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que -to mismo que informes precedentes sobre Ruanda y Srebrenica- pone el dedo en la Raga al reconocer nuestros fallos y proponer soluciones para superarlos.

 

Los errores de la Organización en este ámbito han sido a veces muy graves, han costado vidas humanas y graves sufrimientos a las poblaciones directamente afectadas. Han costado también un grave descrédito de las Naciones Unidas ante los ojos de nuestras opiniones públicas. España tiene un interés directo en que las operaciones de paz se organicen sobre una base sólida, porque en este momento cientos de españoles participan en ellas en lugares tan distantes como Timor Oriental, Kosovo, Etiopía o Guatemala. España firmó además el año pasado un acuerdo con la Secretaría sobre las Fuerzas en Espera, acuerdo en el que se prefiguran ya algunas de las recomendaciones del informe Brahimi.

 

España apoya decididamente estas recomendaciones y conña en que se apliquen rápidamente. Al mismo tiempo, es necesario ser consciente de que todo ello va a exigir un compromiso político y económico mucho mayor por parte de todos en la ejecución de Operaciones de Paz. Mayor rapidez en el despliegue de las unidades militares y civiles necesarias, y mayores medios para consolidar la paz una vez detenidos los enfrentamientos. Sobre todo, si las tropas de Naciones Unidas tienen que arriesgar más para garantizar la ejecución de los mandatos que les ha asignado el Consejo de Seguridad, esos mandatos tienen que ser claros, realistas y gozar del respaldo inequívoco del Consejo. Eso significa un esfuerzo serio de acercamiento de posiciones y de creación de consensos en el seno del Consejo de Seguridad a la hora de elaborar las Resoluciones que contengan esos mandatos, eliminando ambigüedades que impidan luego su aplicación efectiva. Significa una acción más decidida y sin fisuras contra aquellos Estados o grupos concretos que intenten obstaculizar su acción, incluída la posible aplicación de sanciones. Sólo así podremos enviar a nuestros soldados a situaciones en que tengan que arriesgar su vida para que esos mandatos sean respetados.

 

Mejorar las Operaciones de Mantenimiento de la Paz costará sin duda dinero. Ni esta ni ninguna otra de las tareas que tiene ante sí la Organización será posible si ésta no resuelve su crisis financiera. España es el octavo contribuyente a su presupuesto ordinario y paga sus contribuciones de manera completa, puntual e incondicional. Tenemos por tanto un interés directo en que la crisis fmanciera de la Organización se resuelva to antes posible. El principio de capacidad de pago debe seguir siendo el criterio fundamental para decidir la escala de cuotas. Los países de la Unión Europea ya están aportando al presupuesto de las Naciones Unidas por encima de to que les correspondería con arreglo a ese principio. España mantendrá una actitud constructiva en las negociacionés para revisar las escalas de cuotas.

 

Señor Presidente:

 

En un mundo cada vez mas interdependiente, no hay alternativa a la cooperación multilateral. Las Naciones Unidas deben estar a la altura de to que los pueblos que las fundaron esperaban de ellas. Los Estados aquí representados debemos afrontar esta responsabilidad, construyendo una Organización capaz de aportar soluciones a los retos que la globalización plantea a la humanidad en el nuevo milenio. La Naciones Unidas que queremos son posibles. En nuestra mano está lograrlo...

 

Muchas gracias, Señor Presidente.