Objetivos/enfoque de la política nacional: En 1994 se inició una campaña permanente denominada "Educación para el Consumo". Esta campaña la lleva a cabo la PROFECO. Los temas que comprende son: Consumo: factores determinantes; Nutrición; Seguridad; Consumo y Ambiente; Consumo y Publicidad .

Cada año se programan varios cursos, dirigidos a las poblaciones infantiles y adultas.

En cuanto a campañas permanentes, se tienen como ejemplo:

La Comisión de Electricidad tiene un programa permanente de ahorro de energía con las empresas, que incluye el financiamiento para mantener o adquirir equipo eléctrico.

Profeco transmite regularmente a través de spots de radio y televisión, información sobre disposición y separación de basura.

El Gobierno de la Ciudad de México tiene una campaña permanente para el ahorro de combustible y el uso de vehículos automotores.

En 1995, se inició un debate sobre los patrones de producción y consumo, involucrando instituciones Gubernamentales, academia, industrias, grupos de consumidores, ONG's, medios de comunicación y autoridades locales. Las políticas sobre eficiencia material, eficiencia energética y reuso de desechos, son significativas en su influencia en los hogares y en la sociedad civil. El gobierno federal es el principal responsable de todas las políticas y programas que tratan de los patrones de consumo de los hogares y de la sociedad civil. La sociedad civil es responsable de aportar información sobre cómo pueden contribuir las estrategias basadas en la comunidad a la modificación del comportamiento.

Existen algunos productos que ostentan etiquetas con información ambiental como, por ejemplo: los aerosolos que no contienen fluorocarbonos o los productos elaborados con materiales reciclados.

Desde 1980 PROFECO introdujo un programa de pruebas de calidad de los productos, que involucra pruebas periodicas de laboratorio sobre resistencia y durabilidad sobre cierta línea de productos, especialmente de uso doméstico diario. Los objetivos del programa son: verificar el cumplimiento de las NOM's e informar a los consumidores sobre las mejores opciones de compra, guiándolos hacia patrones de consumo que den prioridad a productos con un ciclo de vida largo.

Objetivos nacionales:

Con base en el Programa Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica 1995-2000 de la Comisión Nacional de Electricidad, para el año 2000 se ha fijado una meta nacional de ahorro de energía de 8,051 Gigawatts-hora anuales (Gwh/año) en el consumo, que representa el 7.3% del consumo nacional de 1994 y de 1,436 MW en la demanda, que es un 4.5% de la capacidad instalada en 1994. Debido a esta reducción en el consumo se tendría una disminución en la emisión de CO2 de poco más de cinco millones de toneladas en ese año.

El gobierno considera que el crecimiento poblacional y el nivel de fecundidad son demasiado altos.

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) promueve un estudio para identificar los vínculos existentes entre población, medio ambiente y desarrollo, para formular y orientar políticas y estrategias en la materia, con el fin de priorizar y focalizar acciones.

Los temas de educación y comunicación sobre población son las principales funciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el cual prepara y distribuye información a través de emisiones de radio y televisión. CONAPO está trabajando sobre tópicos que están estrechamente relacionados con dinámica demográfica y desarrollo regional. En el Programa Nacional de Población 1995-2000 (establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000) se incluye el "Subprograma de Población, Ambiente y Desarrollo Sustentable".

La población de México está ampliamente dispersa en el país - más de 100,000 asentamientos están habitados por menos de 500 personas-. Por ello, resulta difícil el acceso a la atención médica en áreas rurales. Existen en promedio 944.8 habitantes por médico, 6,278 habitantes por enfermera y 1,302 habitantes por cama hospitalaria. La mayoría de las muertes infantiles están relacionadas al cuidado posnatal, lo cual sugiere que sería posible reducir este número dando una mayor atención primaria médica.

La cobertura de agua potable es un problema importante que afecta a la salud pública, particularmente en zonas rurales dispersas en 1995, 15.1 millones de personas aún no tienen acceso al vital líquido. De acuerdo con los últimos reportes de la CNA, la cobertura de abastecimientos a crecido 17.4% en un período de cinco años, desde el inicio del Programa Agua Limpia de 1991 a marzo de 1996, incorporando 11.4 millones de habitantes al servicio de agua entubada, mientras los habitantes beneficiados con agua clorada "desinfectada" aumentaron en 104.9%, pasando de 35 millones (250 localidades), a 70.7 millones (15,317 localidades) en el mismo periodo con una razón de crecimiento anual de 2.5% para habitantes con agua entubada y 15.0% para habitantes con agua desinfectada: Para octubre de 1996, 87.3% de las muestras de agua tomadas en sistemas de distribución, mostraron presencia de cloro y 75.8% se encontraron dentro del rango 0.2-1.5 ppm establecidos por la normatividad vigente. El número de determinaciones realizadas se incrementó 4.7% en el transcurso de 1996.

En cuanto al servicio de eliminación sanitaria de excretas las últimas estimaciones de la CNA señalan que el 21 por ciento de la población rural carece de un sistema adecuado de eliminación y para satisfacer la demanda es necesario construir 3,997,640 letrinas con una inversión superior a los 2 y medio billones de pesos para ejercer en los próximos cuatro años.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es la encargada de ejecutar las políticas nacionales de vivienda y coordina a nivel federal los programas de los diferentes organismos públicos de vivienda. Operan los programas estratégicos: 100 Ciudades, Consolidación de Zonas Metropolitanas, Ordenamiento Territorial y Promoción de Desarrollo Urbano, e Impulso a la Participación Social en el Desarrollo Urbano, con apego a la soberanía estatal y la autonomía municipal. En tal sentido, se han reforzado los mecanismos de coordinación, concertación y promoción entre las distintas instancias públicas y privadas que participan en el proceso de desarrollo urbano del país.

El Programa de las 100 Ciudades fue establecido por el gobierno con la participación de los gobiernos estatales y locales y el sector privado para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, e integrar los temas de desarrollo social y urbano. El Programa integra 116 ciudades estratégicas de todo el país, articula la planeación del desarrollo urbano y la inversión a través de cinco líneas de acción: regulación del uso del suelo y administración urbana, incorporación del suelo al desarrollo urbano, vialidad y transporte, aspectos ambientales y reactivación económica y social de los centros de las ciudades.

Existen 19.4 millones de viviendas para 91.1 millones de personas, indicando que, a nivel nacional, casi cinco personas (4.7) ocupan cada vivienda. El crecimiento demográfico es del orden del 2.1% anual, por lo que se requiere incrementar la atención a la construcción; 4.6 millones de viviendas se consideran insatisfactorias, de las que 3.5 millones requieren mejoramiento y 1.1 millones de viviendas no satisfacen los mínimos de habitabilidad debido a la precariedad de los materiales de construcción y requieren sustituirse totalmente. Actualmente, existen programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural con crédito a la palabra.

Las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) consideran la inclusión del apartado: "Instrumentos de Política Ambiental", en donde se contempla el tema de la Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos.

El Programa de Medio Ambiente 1995-2000, considera dentro de sus estrategias la promoción del desarrollo urbano sustentable. Destaca la búsqueda de la integración del ordenamiento ecológico territorial y los planes de desarrollo urbano, la formulación de programas de gestión de la calidad del aire en zonas metropolitanas críticas, con la integración de políticas urbanas, ambientales y de transporte, y la publicación y promoción de criterios de desarrollo urbano sustentable, entre otros. Para ello, la SEMARNAP realiza múltiples acciones en la región Sur de la Ciudad de México, concentrando su atención en una parte del área rural de la metrópoli, actuando en municipios, colonias y pueblos con alta conurbación. Durante 1996 se canalizaron recursos a dicha región con el propósito de efectuar estudios técnicos para la instrumentación de los PRODERS y se realizó una erogación para tres Proyectos de Aprovechamiento y Conservación de Fauna y Flora Silvestres, en dos comunidades: Santo Tomás Ajusco y San Pablo Oztotepec. Asmimismo, se está diseñando un Sistema de Información Regional para el Desarrollo Sustentable, con base en la identificación de las necesidades de información explícitamente demandada por los destinatarios de este proyecto, que involucra a cinco comunidades del área: San Mateo, Milpa Alta, San Nicolás Totolapa, Santo tomás Ajusco y Tulyehualco, para poner en marcha una red de información en apoyo a proyectos específicos. Esta acción implicó la inversión de recursos para cinco talleres de capacitación así como los recursos humanos, materiales y técnicos que requiere su instrumentación.

Durante 1996 la SEMARNAP también invirtió recursos en la adquisición e instalación de letrinas secas en nueve comunidades de la región de Los Tuxtlas, en Veracruz, en apoyo a un programa conjunto con autoridades sanitarias estatales.

El Instituto Nacional de Ecología (INE) elabora el Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional, cuyos objetivos incluyen: promover el desarrollo integrado y sustentable de las actividades productivas, minimizando los efectos de degradación ambiental causados por los asentamientos humanos y la infraestructura y generando criterios ecológicos para la planeación y gestión del territorio nacional. En el "Manual de Ordenamiento Ecológico", publicado por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y actualmente en revisión, se definen las políticas en la materia, bajo cuatro categorías: aprovechamiento, restauración, conservación y protección. El INE también coordina y promueve la investigación y el apoyo técnico a los gobiernos estatales para la elaboración de sus respectivos planes de ordenamiento y esquemas de gestión. Los estudios más importantes generados a la fecha tuvieron lugar en el estado de Colima, la Región de Cuatro Ciénegas, Coah. y en el Corredor Cancún-Tulúm, Q.Roo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como órgano desconcentrado de la SEMARNAP, vigila el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el ordenamiento ecológico, el impacto ambiental y la ocupación de la zona federal marítimo terrestre, así como la atención a contingencias ambientales de los recursos naturales. En materia de ordenamiento ecológico, en 1996, llevó a cabo la verificación a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Colima y del Corredor Cancún-Tulum, Quintana Roo, en coordinación con los gobiernos locales. En impacto ambiental, la inspección y verificación se ha enfocado a proyectos de los sectores que afectan de manera directa los recursos naturales y ponen en riesgo el equilibrio ecológico, entre los que se encuentran: turísticos (Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo); eléctricos (Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz); acuícolas (Baja California, Colima, Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas); comunicaciones (Aguascalientes, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala); y mineros (Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas). Como parte de las sanciones a los proyectos que incumplen con la normatividad ambiental, se procura su regularización mediante la instrumentación de medidas correctivas y de compensación en los escenarios naturales afectados. Al respecto, la PROFEPA ha establecido una serie de medidas correctivas de urgente aplicación que tendrá que realizar Petróleos Mexicanos (PEMEX) en los estados de Campeche y Tabasco. Las acciones de restauración ambiental van desde la recolección de residuos líquidos y sólidos, hasta la limpieza de suelos así como las relativas a las indemnizaciones procedentes.

A través del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental en el que participan la academia, el sector gubernamental y los sectores productivos, han entrado en vigor las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), correspondiendo 44 al control de la contaminación del agua; 19 a la contaminación atmosférica; 5 al monitoreo atmosférico; uno para la calidad de combustibles; 8 para residuos peligrosos; 4 en contaminación por ruido y 4 para la conservación de los recursos naturales. Durante 1996 se han elaborado 5 Anteproyectos de NOM: 2 relativos a las condiciones, requisitos, especificaciones y procedimientos de protección ambiental para la planeación, diseño, construcción y operación de subestaciones eléctricas y de líneas de transmisión y substransmisión eléctrica; y 3 sobre especificaciones de protección ambiental para la perforación de pozos petroleros, de prospecciones sismológicas, y para la instalación y mantenimiento mayor de tuberías de transporte de hidrocarburos y petróleo que realice Petróleos Mexicanos (PEMEX) en zonas agrícolas, ganaderas, eriales y en derechos de vía existentes.

Con las delegaciones estatales de la SEMARNAP se estableció el Programa de Fomento del Conocimiento y Observancia de la Normatividad Ambiental, dirigido a los sectores industrial, forestal, pesquero, social y a las comunidades indígenas. En coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se fortalecieron las acciones de atención a la denuncia popular y de vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Protocolo de Montreal y sus enmiendas

Protocolo de Montreal (1987) firmado en 1987

Enmienda de Londres (1990) firmada en 1991

Enmienda de Copenhague (1992) firmada en 1994

El último informe a la Secretaría del Protocolo de Montreal fue preparado en 1996

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

La Convención fue firmada en 1992 y ratificada en 1993

Otras observaciones pertinentes a este capítulo.

El gobierno promueve políticas y programas en las áreas del transporte eficiente y ecológicamente racional, control de la contaminación ambiental y prácticas racionales del uso del suelo así como la eficiencia energética, manejo racional de los recursos marinos y el manejo de sustancias tóxicas y desechos peligrosos. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Laboratorio Nacional de Los Alamos realizaron un "Estudio Global de la Calidad del Aire en la Ciudad de México". Se realizó un estudio sobre las tecnologías de combustión para el control de fuentes puntuales de contaminación en el área metropolitana de la Ciudad de México. Para cuantificar las concentraciones atmosféricas de gases invernadero, el gobierno usa el modelo y metodología del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC).

El Programa Mexicano para la Protección de la Capa de Ozono cumple con los acuerdos asumidos en la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal. Se han suscrito 22 convenios con empresas que trabajan en la sustitución de tecnologías.Se realizó la tercera fase de control sobre las sustancias que deterioran la capa de ozono, que corresponde a una reducción del consumo de clorofluorocarbonos y halones del 40 por ciento del total, en relación al año base (1989/1993). Este dato equivale a la eliminación de cerca de 4,520 toneladas de sustancias agotadoras de la capa de ozono. En 1996 se eliminará el 60.0 por ciento del consumo de aquellas sustancias y para el año 2000 se prevé la eliminación total. Las actividades de control se realizan en estrecha colaboración con los productores y principales importadores de clorofluorocarbonos y halones en el país.

En relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y considerando que México no toma parte del Anexo I, se ha desarrollado y difundido el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El Instituto Nacional de Ecología (INE) está realizando la segunda etapa del estudio de país (que contempla estrategias de mitigación de emisiones y estudios de vulnerabilidad).

El Sector Energético ratifica su compromiso en materia ambiental en el Programa de Desarrollo y Reestructuración de la Energía 1995 - 2000. Para ello, la Secretaría de Energía coordina desde 1993 los trabajos del Grupo de Política de Combustibles (grupo intergubernamental de alto nivel), cuyo objetivo es abordar los temas para delinear una Política Integral de Combustibles (PIC) de largo plazo para México, considerando la evolución probable de las normas ambientales. La preservación y mejoramiento del ambiente tienen un alto significado dentro de la política energética nacional, lo que se expresa en las NOM que establecen los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles hasta 1997 y a partir de 1998 si se logran los esquemas de inversión asociados a las modificaciones de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad y la que establece las especificaciones de combustibles fósiles, líquidos y gaseosos (gas natural, gas LP, gasolinas, turbosina, diesel, gasóleo y combustóleo) hasta 1997 y las características de los mismos con mejor calidad y mayor eficiencia energética, que entrarán en vigor a partir del 10 de enero de 1998. En el sector industrial se ha incrementado el consumo de gas natural, y la reducción del combustóleo, en una proporción de 1 de combustóleo por 1.5 de gas natural. Se han iniciado las acciones y estudios tendientes a la conversión de gas en más del 70% de las plantas termoeléctricas ubicadas en Zonas Críticas y se ha incentivado la participación de este combustible en la industria en general.

Durante 1995 se verificó un incremento en el consumo de gasolinas sin plomo de 54.0%, que en la zona fronteriza con Estados Unidos llegó a 97.0%, y en Guadalajara y Monterrey alcanzó 60.0%. También se dejaron de emitir a la atmósfera alrededor de 59 mil toneladas de bióxido de azufre por la comercialización de Diesel Sin y, aproximadamente, 2.04 mil toneladas de plomo por la venta de gasolina Magna Sin. Las emisiones totales de compuestos de azufre al ambiente han pasado de 4 mil toneladas/mes, en 1988, a mil toneladas/mes, en 1995. Con ello se atienden las especificaciones que en el corto plazo plantea la PIC. En 1995 se incrementó el consumo de gas natural con respecto a 1994 (7%), mientras que el incremento registrado en el consumo de combustóleo en el mismo período disminuyó en 13.7%, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la PIC.

Para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modera el uso de hidrocarburos y se emplear combustibles industriales y de transporte ambientalmente más limpios, maximizando la utilización de los recursos hidráulicos y geotérmicos para la generación de energía eléctrica. Se promueve el ahorro y uso eficiente de la energía, mediante programas de apoyo para el aislamiento térmico de las viviendas medias y populares, establecimiento de normas de eficiencia energética, ahorro de energía en el sector transporte, establecimiento del horario de verano, así como proyectos de cogeneración. El consumo de combustibles fósiles se redujo y se evitó durante el periodo 1990 - 1995, la emisión a la atmósfera de aproximadamente 17 millones de toneladas de CO2. La política de gasificación del país (sustitución de combustóleo por gas natural) ayudará notablemente a evitar la emisión de una importante cantidad de CO2.

En septiembre de 1989 se creó la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), que tiene como propósito promover las medidas del gobierno para facilitar, apoyar y regular la conservación y el uso eficiente de la energía, así como guiar y apoyar el desarrollo técnico, educativo, financiero y mecanismos institucionales, necesarios para alcanzar e instrumentar adecuadamente las políticas de conservación de la energía. En 1990 se creó el Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. Se ha elaborado el proyecto de iniciativa de la Ley de Eficiencia Energética. Con el propósito de desarrollar sistemas de transporte más seguros y menos contaminantes, se han abordado los temas de tecnologías para el transporte, establecimiento de sistemas masivos de transporte, impactos ambientales y seguridad. La modernización de tecnologías ha tenido lugar principalmente en áreas urbanas y no en las rurales. Las observaciones respecto a las emisiones del transporte son sistemáticas. Existe una red de monitoreo de la calidad del aire en áreas metropolitanas y otras regiones.

Bajo el tema de explotación de recursos marinos y terrestres y el uso del suelo, el gobierno ha iniciado una revisión del Sistema de Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional para identificar áreas que son sensibles al cambio climático, así como al Inventario Nacional Forestal para calcular la captura de CO2. Se prevé un retiro total de los CFC para el año 2000.

Como parte del programa de control de la contaminación atmosférica transfronteriza, en cooperación con los EUA, el gobierno está instrumentando un sistema de alerta temprana, incluyendo manuales de información, actividades de educación ambiental y un sistema de información. El gobierno promueve el intercambio de datos e información a nivel nacional e internacional sobre este tópico.

Como parte de las acciones de ahorro de energía eléctrica, se ha desarrollado el proyecto ILUMEX, que consiste en el cambio de lámpara fluorescentes compactas a nivel residencial en varias localidades del país. Las expectativas del cambio de 1.5 millones de lámparas son la reducción de 78MW en la demanda y 135 Gwh/año, que implica un ahorro de combustibles de 265 mil barriles de petróleo equivalente por año y una reducción en la emisión de CO2 de poco más de 100 mil toneladas al año.

El Programa Obligatorio de Verificación de los Vehículos Automotores de Pasaje y Carga que transiten en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, se fundamenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como en sus respectivos Reglamentos; además del Acuerdo Intersecretarial por el que se establece la Verificación Semestral de Emisiones Contaminantes de los Vehículos de Transporte de Pasaje y Carga que circulan por Caminos de Jurisdicción Federal, expedido por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la entonces de Desarrollo Urbanoy Ecología (extinta SEDUE hoy SEMARNAP) en mayo de 1990. Este programa se estructuró con los mismos principios, reglas y políticas que estableció el Gobierno de la República para la Zona Metropolitana del Valle de México. La SCT establece disposiciones normativas al respecto, que son congruentes con las normas ecológicas que elabora el Instituto Naciona de Ecología (INE) y los Programas de Contingencia Ambiental que coordina la Comisión Ambiental Metropolitana del Valle de México.En enero de 1996 se expidió la NOM que establece los niveles máximos de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación en el Valle de México.

Con fundamento en el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, la SCT establece los Períodos de Verificación Semestral Obligatoria de Emisiones Contaminantes. Entre 1990 y 1993 se autorizaron 435 centros de verificación a nivel nacional, operados por la iniciativa privada, con un promedio de 260,000 verificaciones por período, incluyendo vehículos del Servicio Público Federal, transporte privado, vehículos propiedad de los gobiernos federal, estatal y municipal. En 1994 se inició un proceso de sustitución de las máquinas manuales por equipos computarizados llamados "BAR-90", lo que implicó un reducción de centros a un total de 260. Las verificaciones con el equipo BAR-90 se han incrementado sensiblemente. En 1995, se registró un promedio de 280,000 verificaciones por período, y en lo que va de 1996 se tiene un resultado preliminar de 420,000 verificaciones.

De acuerdo con los vehículos motrices registrados del Servicio Público Federal, que ascienden a 254,955 y los del transporte privado que representan unas 50,000 unidades, sin incluir las Unidades Voluntarias y los vehículos transfronterizos; se estima efectuar más de 300,00 verificaciones por período.

1. Estructura de adopción de decisiones: El Instituto Nacional de Ecología (INE) es responsable de la protección a la atmósfera y es miembro de pleno derecho del Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable. Actualmente se han revisado, entre otros, los capítulos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) relativos al tema de la atmósfera. Además, está en elaboración una nueva ley para el control de emisiones.

Se ha generado una NOM referente al establecimiento de los niveles máximos permisibles de calidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.

Se publicaron diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM), entre ellas: una que establece niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes y otra que establece niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores;

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: Se cuenta con un sistema nacional de alerta temprana y es posible, a partir de él, predecir cambios y fluctuaciones ambientales. El gobierno proporciona oportunidades de capacitación en el área de control de la contaminación atmosférica transfronteriza. Se alienta a la industria para desarrollar tecnologías limpias, p. ej., para el control del uso de los CFC's.

3. Grupos principales: Sin información

4. Finanzas: De 1991 a 1994, México recibió $12.5 millones de dólares a través de canales multilaterales y, de 1992 a 1994, $2.4 millones de los EUA para la instrumentación de diversas acciones relacionadas con el tema.

Con financiamiento por más de un millón de dólares, por parte del gobierno de México y el de Estados Unidos (participan once instituciones gubernamentales norteamericanas), se continuó el estudio de cambio climático en México, constituído por la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y la investigación sobre escenarios de emisiones y estudios de vulnerabilidad al cambio climático.

5. Cooperación regional/internacional: En 1983, México y los EUA firmaron un Acuerdo sobre Cooperación para la Protección Ambiental y el Mejoramiento de la Zona Fronteriza (Convenio de La Paz). La Onu y otros organismos intergubernamentales han contribuido en los temas "bases científicas para la toma de decisiones", "promoción del desarrollo sustentable" y "prevención del agotamiento estratosférico del ozono". Organizaciones intergubernamentales también han contribuido en actividades bajo los temas "contaminación atmosférica transfronteriza". México ha participado en dos reuniones de trabajo sobre transporte y medio ambiente en América Latina y el Caribe.

En los últimos dos años se han llevado a cabo diversas actividades encaminadas a dar a conocer, analizar y discutir con los sectores involucrados (social, gubernamental, académico, ONG's y político), las acciones inherentes a la aplicación del ordenamiento ecológico, con el fin de lograr su instrumentación y dentro del marco del proceso de gestión. Al respecto se ha trabajado en los estados de Baja California (Región Fronteriza Norte, Loreto-Nopolo-Puerto Escondido), Chiapas (Costa de Chiapas), Chihuahua (Hidalgo del Parral y Región Fronteriza Norte), Coahuila (Cuatro Ciénegas y Región Fronteriza Norte), Jalisco (Costa Alegre), Michoacán (Mariposa Monarca, Lázaro Cárdenas y Costa de Michoacán), Oaxaca (Bahías Huatulco y Costa de Oaxaca), Puebla (Región Centro Poniente de Puebla), Veracruz (Región de Los Tuxtlas) y Sonora (Región Fronteriza Norte).

Para modernizar el marco jurídico y normativo del recurso suelo se encuentra en elaboración un proyecto de iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de Suelos. Se elaboran normas oficiales mexicanas relativas a la protección y conservación de suelos, con características de agostadero en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, la conservación y restauración de suelos en áreas lagunares-estuarinas, así como la protección y, en su caso, restauración de suelos en actividades mineras y de infraestructura de comunicación. Se elabora la norma para el Levantamiento del Inventario del Estado del Suelo, que busca la integración del sistema cartográfico del país. Con respecto al mismo tema, se celebraron varios acuerdos, como el convenio de colaboración entre la SEMARNAP y la Universidad Autónoma de Chapingo, con el objeto de establecer las bases para desarrollar programas de conservación de suelos, forestación y repoblación vegetal; otro con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Agropecuarias, A.C., para desarrollar programas de colaboración especial en materia de restauración y conservación de suelos. Igualmente, se expidió el Acuerdo Secretarial por el que se crea el Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos. Además, se formuló el Programa de Conservación de Suelos y Cuencas, que identifica las diversas condiciones nacionales de superficie de riego, temporal, agostaderos y de uso forestal.

El Programa de Control de Desmontes tiene el propósito de inducir a los promoventes para que utilicen la vía legal en los cambios de uso del suelo, por lo que se ha puesto especial atención para orientar a los productores y al personal de las propias dependencias encargadas de fomentar y regular el desarrollo de la ganadería y el establecimiento de granjas camaronícolas, entre otras actividades.

Por otra parte, para restaurar las áreas degradadas, se celebran con los promoventes convenios de concertación para la restauración y conservación de suelos, a través de medidas que permiten compensar, con la forestación o revegetación de áreas equivalentes, a aquellas que serían las desmontadas en cada proyecto de cambio de uso de suelo. En el ejercicio 1995-1996 se ha logrado convenir la restauración de 0.6 hectáreas por cada una autorizada para cambio de uso. Conjuntamente con la SAGAR, se instrumentan los mecanismos anunciados en la alianza para el campo, relacionados con la restauración y preservación de la frontera silvícola del país, mediante la reconversión productiva y la preservación de recursos naturales.

1. Estructura de adopción de decisiones: La SEMARNAP, creada el 29 de diciembre de 1994, es la instancia fundamentalmente responsable de la planeación integral y la administración del uso del suelo en el país. La institución se formó a partir de tres áreas gubernamentales con el propósito de dar una mayor coherencia a las políticas para el desarrollo sustentable. La legislación relevante nacional en la materia incluye la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) - un instrumento que regula la planeación el uso del suelo y determina los componentes que participan en la administración de los recursos naturales del país. El objetivo de este instrumento jurídico es promover modelos alternativos del uso del suelo y la planeación de tal forma que las actividades productivas sean flexibles y congruentes con la capacidad de carga de cada ecosistema local.

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: México ha realizado investigaciones sobre la administración y la planificación del uso del suelo por zona ecológica, división administrativa y sistema ecogeográfico en 43 regiones prioritarias del país. Este estudio ha sido realizado con el propósito de promover un enfoque integral en la gestión del uso del suelo eliminando divisiones tradicionales entre los gobiernos federal y locales y los productores y residentes locales. Se espera que las comunidades locales se apropien de estos estudios y los revisen, lo cual ayudará a forjar un espacio público para la participación social y la expresión de la ciudadanía.

En 1995 y 1996 se realizó la primera fase de la actualización del Ordenamiento Ecológico General del Territorio, la cual incluyó la construcción de un Sistema de Información para el Ordenamiento Ecológico (SIORE); el cual es una herramienta básica de almacenamiento, análisis y consulta, que facilitará la toma de decisiones y permitirá difundir el conocimiento de los procesos ambientales a la sociedad en su conjunto; incorporando, además, parámetros de monitoreo aplicables a distintas escalas del ordenamiento ecológico.

Se instaló el Laboratorio de Cómputo del Inventario Nacional de Recursos Naturales, el cual contiene información digital cartográfica con 122 mapas forestales y 122 de zonificación de terrenos silvícolas, en escala 1: 250 000. La información estadística consta de 2.4 millones de datos del medio físico de las 32 entidades federativas, ordenados para su consulta por parte de dependencias y organismos, así como del público en general. En este laboratorio se incorporó información diversa sobre los ecosistemas forestales, del suelo y de las costas, así como investigación especializada sobre plantaciones forestales y los terrenos con mayor potencial para el establecimiento de este tipo de proyectos.

Con objeto de obtener el máximo beneficio de la información de nuestros recursos, se estableció un convenio de colaboración en materia de recursos naturales para la unificación de bases de datos respecto de la información generada por el Inventario Forestal (SEMARNAP) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP-SAGAR), para realizar la unificación de bases de datos del Inventario de Recursos Naturales. El INIFAP aporta la información referente a: clima, suelos y topografía; el inventario aporta las de: vegetación, zonificación, áreas forestales perturbadas, datos del muestreo de campo, erodabilidad y cobertura satelital del país. Los productos principales son:

Localización detallada de terrenos con vocación para el establecimiento de plantaciones comerciales y de superficies aptas para el desarrollo de especies de interés y paquetes tecnológicos recomendables.

Determinación del potencial productivo de bosques naturales.

Determinación de áreas homogéneas para extrapolar tecnología y resultados de investigación.

Localización de áreas prioritarias que deben conservarse y restaurarse.

Apoyos al estudio de cambio climático global.

Identificación de áreas con diferentes tipos de problemas de suelos, que permitirán tomar medidas correctivas oportunas.

Determinación de sitios adecuados para establecer sistemas de monitoreo que permita conocer el grado de conservación o degradación de los recursos naturales.

Simulaciones de procesos tales como: reforestación, restauración, construcción de vías de comunicación, presión demográfica y erosión, entre otros.

3. Grupos Principales: La participación e intervención local en la planeación y la gestión del uso del suelo se ha facilitado por el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, con el propósito de una incorporación y participación más efectiva en los debates ecológicos nacionales. El objetivo primordial es facilitar la discusión pública para la obtención de un consenso social y la generación de una estrategia que guíe las actividades de la SEMARNAP. La planeación y la administración local del uso del suelo se genera con la participación de los gobiernos federal y estatales. Para lograr estos fines, en el ámbito normativo, se cuenta con el Reglamento Interior de los Consejos Consultivos Nacionales.

4. Finanzas: Sin información

5. Cooperatión Regional/Internacional: La celebración del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) fue el inicio de una asociación para el desarrollo sustentable a lo largo de la frontera México-EUA. Se tiene un programa de cooperación técnica con Honduras, El Salvador y Nicaragua a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Se ha participado en el grupo de mapeo de regiones ecológicas de Norteamérica apoyado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA).

La SEMARNAP destaca en el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 las acciones para la prevención y combate de incendios forestales. En los resultados de la campaña 1996, se refleja el abatimiento del 19% de superficie forestal afectada con respecto a 1995, al reducirse de 303 mil hectáreas a 246 mil hectáreas afectadas. Esto, no obstante que el número de incendios se incrementó en un 18%, de 7,800 en 1995 a 9,200 en 1996. Los indicadores de eficiencia en la atención a incendios también se redujeron, el tiempo de detección de cada incendio 30%, el de llegada 8% y el de duración 1%, con respecto a la temporada anterior. De esta superficie, el 77% afectó a pastizales y vegetación herbácea, que tiene una inmediata recuperación, y el 23% restante afectó zonas arboladas.

Los resultados favorables se debieron en gran parte a las siguientes acciones: coordinación con dependencias Federales y Gubernamentales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, así como la participación del sector social y privado; fortalecimiento de las acciones preventivas a través de los medios de difusión masiva y en campo, con la formación de 1,400 grupos voluntarios y construcción de 9,100 km. de brechas corta fuego y quemas controladas en 53,600 hectáreas; incorporación de equipo aéreo; durante 1996 se celebraron 625 cursos de capacitación de protección de incendios forestales a elementos del Ejército Nacional y del sector social; así como un curso a nivel internacional de alto nivel en materia de incendios forestales.

En materia de Sanidad Forestal, se impulsaron proyectos de control de plagas y enfermedades, a través de la inspección aérea y terrestre de 5.65 millones de hectáreas de superficie arbolada, lo cual permitió conocer la condición sanitaria de los bosques y detectar oportunamente las principales áreas afectadas. La superficie diagnosticada durante 1996 corresponde a un incremento del 196% con respecto a 1995. Se realizaron campañas de combate y control de insectos descortezadores de coníferas en los estados de Querétaro, Hidalgo, Guerrero y Michoacán; y contra insectos defoliadores del pino en el estado de Veracruz, protegiéndose una superficie aproximada de 600 mil hectáreas. Asimismo, para evitar la introducción de plagas y enfermedades exóticas en el país, se emitieron 4,264 autorizaciones sanitarias para productos forestales de importación.

La SEMARNAP, a través de la PROFEPA, tiene la atribución de aplicar la ley en materia ecológica y forestal y aplicar sanciones procedentes. La inspección sanitaria de productos forestales que se importan es realizada en puertos, aeropuertos y fronteras por personal técnico de ésta Procuraduría. Adicionalmente, se llevan a cabo acciones para reducir la presión hacia los bosques, por la obtención de biomasa combustible, llevando a cabo plantaciones para la obtención de leña combustible.

Desde 1992, se inició el Inventario Periódico Nacional Forestal a fin de determinar la cantidad de recursos naturales en México, así como su distribución y fluctuaciones. Este inventario incluyó la información de zonificación de los terrenos forestales, considerando sus aptitudes y funciones ambientales. La actualización de este inventario tendrá lugar cada década en coordinación con el Censo Nacional de Población y Vivienda.

Varias dependencias del Gobierno Federal en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales, en el marco del Programa Nacional de Reforestación entre 1995 y 1996, y con la participación de instituciones privadas y del sector social, plantaron 221.7 millones de árboles en áreas urbanas y zonas rurales, con tasas de sobrevivencia variables. Estas actividades de reforestación con el propósito de lograr un equilibrio entre las tasas anuales de desforestación y reforestación, han tenido lugar principalmente en los estados de Michoacán, México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Yucatán, Morelos, Campeche y Tamaulipas. La forestación ha incluido el establecimiento de plantaciones de restauración, agroforestales y diversos proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales en los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas. Está en proceso de negociación un instrumento de estímulos a través de PROCAMPO para apoyar el cambio del uso del suelo, de agrícola a forestal, bajo un Programa Único de Manejo de Tierras. También con éste fin, se está elaborando una NOM que establecerá los criterios, especificaciones y procedimientos que deberán observarse para el uso, conservación y rehabilitación de los agostaderos del país. Además, con objeto de reforzar la regulación en el manejo, restauración y conservación de los recursos, para proteger el suelo contra la desforestación, se está trabajando en la generación de la NOM de ecosistemas lagunares y estuarinos, tierras frágiles, caminos y minas, así como la NOM de agostaderos mencionados anteriormente.

1. Estructura de adopción de decisiones: A nivel federal, el área responsable de disminuir la desforestación es la Subsecretaría de Recursos Naturales de la SEMARNAP. En las 32 Delegaciones Federales de la SEMARNAP se tienen Subdelegaciones de Recursos Naturales que atienden los aspectos relacionados con los recursos forestales.

Se cuenta con 32 Comités Estatales de Reforestación, quienes son los responsables de la planeación, distribución y plantación de los árboles necesarios en las campañas de reforestación promovidas.

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: Se han realizado diversos eventos de formación y capacitación que inciden directamente en el combate a la desforestación. Entre éstos se incluyen los relativos a técnicas de reforestación, viveros, manejo de cuencas, prevención y combate de incendios, prevención y combate de enfermedades, técnicas de manejo silvícola y el uso de leña combustible.

El INIFAP en el período 1995-1996, ha integrado para su publicación 35 paquetes tecnológicos de diversas especies para su desarrollo en Plantaciones Forestales, así como manuales sobre prácticas de manejo y evaluación de impactos del uso de los recursos naturales.

3. Grupos principales: El Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (CONAF) es una entidad donde participan los representantes de productores, empresarios y organizaciones no gubernamentales, interesados en la protección, fomento y producción forestal. Durante 1995 y 1996, el CONAF ha celebrado 10 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. Existen en apoyo 21 Consejos Técnicos Estatales en operación. Actualmente en este Consejo se revisan adecuaciones a la Ley Forestal y a los Sistemas de Administración de los recursos forestales del país, a efecto de promover el manejo sustentable de los bosques y para el desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales.

Dependencias del Gobierno Federal en concertación con Gobiernos Estatales y Municipales han conjuntado esfuerzos para la aplicación de acciones de fomento que involucran la participación directa de todos los sectores de la sociedad. Intervienen también grupos ejidales, comunidades y pequeños propietarios a través de sus organizaciones, que poseen el 85% de los recursos forestales del país.

La SEDESOL ha involucrado a grupos étnicos en campañas de reforestación. Durante 1994 fueron plantados 165 millones de árboles con la colaboración de grupos indígenas.

4. Finanzas: El presupuesto que se tuvo asignado en 1996 para la operación y control en esta materia, fue de 57.4 millones de pesos, corresponden al nivel central 40.1 millones de pesos y a nivel Delegacional 17.3 millones de pesos, esto independientemente de sueldos y salarios del personal. Adicionalmente se negocia un crédito externo por 20 millones de dólares para asistir a las comunidades en el manejo sustentable de sus recursos y disminuir la desforestación. Para 1997, se han asignado para impulsar la actividad forestal 285.5 millones de pesos.

5. Cooperación regional/internacional: México participa en diversos esquemas y acuerdos de cooperación internacional en materia forestal, entre los que destacan los siguientes:

Cooperación bilateral con: Finlandia, Alemania, Canadá, EUA, Japón y Reino Unido.

En Foros Multilaterales y Regionales como: FAO, PNUMA, PNUD, Comisión Forestal para América Latina y el Caribe, Comisión para América del Norte y Comisión Norteamericana de Cooperación Ambiental

México está suscrito a diversos instrumentos jurídicos internacionales, además de la Agenda 21, como son la Declaración sobre Bosques, Convenios sobre Diversidad Biológica y Convenio Marco sobre Cambio Climático.