Objetivos/enfoque de la política nacional: En 1994 se inició una campaña permanente denominada "Educación para el Consumo". Esta campaña la lleva a cabo la PROFECO. Los temas que comprende son: Consumo: factores determinantes; Nutrición; Seguridad; Consumo y Ambiente; Consumo y Publicidad .

Cada año se programan varios cursos, dirigidos a las poblaciones infantiles y adultas.

En cuanto a campañas permanentes, se tienen como ejemplo:

La Comisión de Electricidad tiene un programa permanente de ahorro de energía con las empresas, que incluye el financiamiento para mantener o adquirir equipo eléctrico.

Profeco transmite regularmente a través de spots de radio y televisión, información sobre disposición y separación de basura.

El Gobierno de la Ciudad de México tiene una campaña permanente para el ahorro de combustible y el uso de vehículos automotores.

En 1995, se inició un debate sobre los patrones de producción y consumo, involucrando instituciones Gubernamentales, academia, industrias, grupos de consumidores, ONG's, medios de comunicación y autoridades locales. Las políticas sobre eficiencia material, eficiencia energética y reuso de desechos, son significativas en su influencia en los hogares y en la sociedad civil. El gobierno federal es el principal responsable de todas las políticas y programas que tratan de los patrones de consumo de los hogares y de la sociedad civil. La sociedad civil es responsable de aportar información sobre cómo pueden contribuir las estrategias basadas en la comunidad a la modificación del comportamiento.

Existen algunos productos que ostentan etiquetas con información ambiental como, por ejemplo: los aerosolos que no contienen fluorocarbonos o los productos elaborados con materiales reciclados.

Desde 1980 PROFECO introdujo un programa de pruebas de calidad de los productos, que involucra pruebas periodicas de laboratorio sobre resistencia y durabilidad sobre cierta línea de productos, especialmente de uso doméstico diario. Los objetivos del programa son: verificar el cumplimiento de las NOM's e informar a los consumidores sobre las mejores opciones de compra, guiándolos hacia patrones de consumo que den prioridad a productos con un ciclo de vida largo.

Objetivos nacionales:

Con base en el Programa Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica 1995-2000 de la Comisión Nacional de Electricidad, para el año 2000 se ha fijado una meta nacional de ahorro de energía de 8,051 Gigawatts-hora anuales (Gwh/año) en el consumo, que representa el 7.3% del consumo nacional de 1994 y de 1,436 MW en la demanda, que es un 4.5% de la capacidad instalada en 1994. Debido a esta reducción en el consumo se tendría una disminución en la emisión de CO2 de poco más de cinco millones de toneladas en ese año.

El gobierno considera que el crecimiento poblacional y el nivel de fecundidad son demasiado altos.

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) promueve un estudio para identificar los vínculos existentes entre población, medio ambiente y desarrollo, para formular y orientar políticas y estrategias en la materia, con el fin de priorizar y focalizar acciones.

Los temas de educación y comunicación sobre población son las principales funciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el cual prepara y distribuye información a través de emisiones de radio y televisión. CONAPO está trabajando sobre tópicos que están estrechamente relacionados con dinámica demográfica y desarrollo regional. En el Programa Nacional de Población 1995-2000 (establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000) se incluye el "Subprograma de Población, Ambiente y Desarrollo Sustentable".

La población de México está ampliamente dispersa en el país - más de 100,000 asentamientos están habitados por menos de 500 personas-. Por ello, resulta difícil el acceso a la atención médica en áreas rurales. Existen en promedio 944.8 habitantes por médico, 6,278 habitantes por enfermera y 1,302 habitantes por cama hospitalaria. La mayoría de las muertes infantiles están relacionadas al cuidado posnatal, lo cual sugiere que sería posible reducir este número dando una mayor atención primaria médica.

La cobertura de agua potable es un problema importante que afecta a la salud pública, particularmente en zonas rurales dispersas en 1995, 15.1 millones de personas aún no tienen acceso al vital líquido. De acuerdo con los últimos reportes de la CNA, la cobertura de abastecimientos a crecido 17.4% en un período de cinco años, desde el inicio del Programa Agua Limpia de 1991 a marzo de 1996, incorporando 11.4 millones de habitantes al servicio de agua entubada, mientras los habitantes beneficiados con agua clorada "desinfectada" aumentaron en 104.9%, pasando de 35 millones (250 localidades), a 70.7 millones (15,317 localidades) en el mismo periodo con una razón de crecimiento anual de 2.5% para habitantes con agua entubada y 15.0% para habitantes con agua desinfectada: Para octubre de 1996, 87.3% de las muestras de agua tomadas en sistemas de distribución, mostraron presencia de cloro y 75.8% se encontraron dentro del rango 0.2-1.5 ppm establecidos por la normatividad vigente. El número de determinaciones realizadas se incrementó 4.7% en el transcurso de 1996.

En cuanto al servicio de eliminación sanitaria de excretas las últimas estimaciones de la CNA señalan que el 21 por ciento de la población rural carece de un sistema adecuado de eliminación y para satisfacer la demanda es necesario construir 3,997,640 letrinas con una inversión superior a los 2 y medio billones de pesos para ejercer en los próximos cuatro años.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es la encargada de ejecutar las políticas nacionales de vivienda y coordina a nivel federal los programas de los diferentes organismos públicos de vivienda. Operan los programas estratégicos: 100 Ciudades, Consolidación de Zonas Metropolitanas, Ordenamiento Territorial y Promoción de Desarrollo Urbano, e Impulso a la Participación Social en el Desarrollo Urbano, con apego a la soberanía estatal y la autonomía municipal. En tal sentido, se han reforzado los mecanismos de coordinación, concertación y promoción entre las distintas instancias públicas y privadas que participan en el proceso de desarrollo urbano del país.

El Programa de las 100 Ciudades fue establecido por el gobierno con la participación de los gobiernos estatales y locales y el sector privado para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, e integrar los temas de desarrollo social y urbano. El Programa integra 116 ciudades estratégicas de todo el país, articula la planeación del desarrollo urbano y la inversión a través de cinco líneas de acción: regulación del uso del suelo y administración urbana, incorporación del suelo al desarrollo urbano, vialidad y transporte, aspectos ambientales y reactivación económica y social de los centros de las ciudades.

Existen 19.4 millones de viviendas para 91.1 millones de personas, indicando que, a nivel nacional, casi cinco personas (4.7) ocupan cada vivienda. El crecimiento demográfico es del orden del 2.1% anual, por lo que se requiere incrementar la atención a la construcción; 4.6 millones de viviendas se consideran insatisfactorias, de las que 3.5 millones requieren mejoramiento y 1.1 millones de viviendas no satisfacen los mínimos de habitabilidad debido a la precariedad de los materiales de construcción y requieren sustituirse totalmente. Actualmente, existen programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural con crédito a la palabra.

Las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) consideran la inclusión del apartado: "Instrumentos de Política Ambiental", en donde se contempla el tema de la Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos.

El Programa de Medio Ambiente 1995-2000, considera dentro de sus estrategias la promoción del desarrollo urbano sustentable. Destaca la búsqueda de la integración del ordenamiento ecológico territorial y los planes de desarrollo urbano, la formulación de programas de gestión de la calidad del aire en zonas metropolitanas críticas, con la integración de políticas urbanas, ambientales y de transporte, y la publicación y promoción de criterios de desarrollo urbano sustentable, entre otros. Para ello, la SEMARNAP realiza múltiples acciones en la región Sur de la Ciudad de México, concentrando su atención en una parte del área rural de la metrópoli, actuando en municipios, colonias y pueblos con alta conurbación. Durante 1996 se canalizaron recursos a dicha región con el propósito de efectuar estudios técnicos para la instrumentación de los PRODERS y se realizó una erogación para tres Proyectos de Aprovechamiento y Conservación de Fauna y Flora Silvestres, en dos comunidades: Santo Tomás Ajusco y San Pablo Oztotepec. Asmimismo, se está diseñando un Sistema de Información Regional para el Desarrollo Sustentable, con base en la identificación de las necesidades de información explícitamente demandada por los destinatarios de este proyecto, que involucra a cinco comunidades del área: San Mateo, Milpa Alta, San Nicolás Totolapa, Santo tomás Ajusco y Tulyehualco, para poner en marcha una red de información en apoyo a proyectos específicos. Esta acción implicó la inversión de recursos para cinco talleres de capacitación así como los recursos humanos, materiales y técnicos que requiere su instrumentación.

Durante 1996 la SEMARNAP también invirtió recursos en la adquisición e instalación de letrinas secas en nueve comunidades de la región de Los Tuxtlas, en Veracruz, en apoyo a un programa conjunto con autoridades sanitarias estatales.

El Instituto Nacional de Ecología (INE) elabora el Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional, cuyos objetivos incluyen: promover el desarrollo integrado y sustentable de las actividades productivas, minimizando los efectos de degradación ambiental causados por los asentamientos humanos y la infraestructura y generando criterios ecológicos para la planeación y gestión del territorio nacional. En el "Manual de Ordenamiento Ecológico", publicado por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y actualmente en revisión, se definen las políticas en la materia, bajo cuatro categorías: aprovechamiento, restauración, conservación y protección. El INE también coordina y promueve la investigación y el apoyo técnico a los gobiernos estatales para la elaboración de sus respectivos planes de ordenamiento y esquemas de gestión. Los estudios más importantes generados a la fecha tuvieron lugar en el estado de Colima, la Región de Cuatro Ciénegas, Coah. y en el Corredor Cancún-Tulúm, Q.Roo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como órgano desconcentrado de la SEMARNAP, vigila el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el ordenamiento ecológico, el impacto ambiental y la ocupación de la zona federal marítimo terrestre, así como la atención a contingencias ambientales de los recursos naturales. En materia de ordenamiento ecológico, en 1996, llevó a cabo la verificación a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Colima y del Corredor Cancún-Tulum, Quintana Roo, en coordinación con los gobiernos locales. En impacto ambiental, la inspección y verificación se ha enfocado a proyectos de los sectores que afectan de manera directa los recursos naturales y ponen en riesgo el equilibrio ecológico, entre los que se encuentran: turísticos (Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo); eléctricos (Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz); acuícolas (Baja California, Colima, Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas); comunicaciones (Aguascalientes, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala); y mineros (Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas). Como parte de las sanciones a los proyectos que incumplen con la normatividad ambiental, se procura su regularización mediante la instrumentación de medidas correctivas y de compensación en los escenarios naturales afectados. Al respecto, la PROFEPA ha establecido una serie de medidas correctivas de urgente aplicación que tendrá que realizar Petróleos Mexicanos (PEMEX) en los estados de Campeche y Tabasco. Las acciones de restauración ambiental van desde la recolección de residuos líquidos y sólidos, hasta la limpieza de suelos así como las relativas a las indemnizaciones procedentes.

A través del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental en el que participan la academia, el sector gubernamental y los sectores productivos, han entrado en vigor las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), correspondiendo 44 al control de la contaminación del agua; 19 a la contaminación atmosférica; 5 al monitoreo atmosférico; uno para la calidad de combustibles; 8 para residuos peligrosos; 4 en contaminación por ruido y 4 para la conservación de los recursos naturales. Durante 1996 se han elaborado 5 Anteproyectos de NOM: 2 relativos a las condiciones, requisitos, especificaciones y procedimientos de protección ambiental para la planeación, diseño, construcción y operación de subestaciones eléctricas y de líneas de transmisión y substransmisión eléctrica; y 3 sobre especificaciones de protección ambiental para la perforación de pozos petroleros, de prospecciones sismológicas, y para la instalación y mantenimiento mayor de tuberías de transporte de hidrocarburos y petróleo que realice Petróleos Mexicanos (PEMEX) en zonas agrícolas, ganaderas, eriales y en derechos de vía existentes.

Con las delegaciones estatales de la SEMARNAP se estableció el Programa de Fomento del Conocimiento y Observancia de la Normatividad Ambiental, dirigido a los sectores industrial, forestal, pesquero, social y a las comunidades indígenas. En coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se fortalecieron las acciones de atención a la denuncia popular y de vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Protocolo de Montreal y sus enmiendas

Protocolo de Montreal (1987) firmado en 1987

Enmienda de Londres (1990) firmada en 1991

Enmienda de Copenhague (1992) firmada en 1994

El último informe a la Secretaría del Protocolo de Montreal fue preparado en 1996

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

La Convención fue firmada en 1992 y ratificada en 1993

Otras observaciones pertinentes a este capítulo.

El gobierno promueve políticas y programas en las áreas del transporte eficiente y ecológicamente racional, control de la contaminación ambiental y prácticas racionales del uso del suelo así como la eficiencia energética, manejo racional de los recursos marinos y el manejo de sustancias tóxicas y desechos peligrosos. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Laboratorio Nacional de Los Alamos realizaron un "Estudio Global de la Calidad del Aire en la Ciudad de México". Se realizó un estudio sobre las tecnologías de combustión para el control de fuentes puntuales de contaminación en el área metropolitana de la Ciudad de México. Para cuantificar las concentraciones atmosféricas de gases invernadero, el gobierno usa el modelo y metodología del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC).

El Programa Mexicano para la Protección de la Capa de Ozono cumple con los acuerdos asumidos en la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal. Se han suscrito 22 convenios con empresas que trabajan en la sustitución de tecnologías.Se realizó la tercera fase de control sobre las sustancias que deterioran la capa de ozono, que corresponde a una reducción del consumo de clorofluorocarbonos y halones del 40 por ciento del total, en relación al año base (1989/1993). Este dato equivale a la eliminación de cerca de 4,520 toneladas de sustancias agotadoras de la capa de ozono. En 1996 se eliminará el 60.0 por ciento del consumo de aquellas sustancias y para el año 2000 se prevé la eliminación total. Las actividades de control se realizan en estrecha colaboración con los productores y principales importadores de clorofluorocarbonos y halones en el país.

En relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y considerando que México no toma parte del Anexo I, se ha desarrollado y difundido el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El Instituto Nacional de Ecología (INE) está realizando la segunda etapa del estudio de país (que contempla estrategias de mitigación de emisiones y estudios de vulnerabilidad).

El Sector Energético ratifica su compromiso en materia ambiental en el Programa de Desarrollo y Reestructuración de la Energía 1995 - 2000. Para ello, la Secretaría de Energía coordina desde 1993 los trabajos del Grupo de Política de Combustibles (grupo intergubernamental de alto nivel), cuyo objetivo es abordar los temas para delinear una Política Integral de Combustibles (PIC) de largo plazo para México, considerando la evolución probable de las normas ambientales. La preservación y mejoramiento del ambiente tienen un alto significado dentro de la política energética nacional, lo que se expresa en las NOM que establecen los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles hasta 1997 y a partir de 1998 si se logran los esquemas de inversión asociados a las modificaciones de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad y la que establece las especificaciones de combustibles fósiles, líquidos y gaseosos (gas natural, gas LP, gasolinas, turbosina, diesel, gasóleo y combustóleo) hasta 1997 y las características de los mismos con mejor calidad y mayor eficiencia energética, que entrarán en vigor a partir del 10 de enero de 1998. En el sector industrial se ha incrementado el consumo de gas natural, y la reducción del combustóleo, en una proporción de 1 de combustóleo por 1.5 de gas natural. Se han iniciado las acciones y estudios tendientes a la conversión de gas en más del 70% de las plantas termoeléctricas ubicadas en Zonas Críticas y se ha incentivado la participación de este combustible en la industria en general.

Durante 1995 se verificó un incremento en el consumo de gasolinas sin plomo de 54.0%, que en la zona fronteriza con Estados Unidos llegó a 97.0%, y en Guadalajara y Monterrey alcanzó 60.0%. También se dejaron de emitir a la atmósfera alrededor de 59 mil toneladas de bióxido de azufre por la comercialización de Diesel Sin y, aproximadamente, 2.04 mil toneladas de plomo por la venta de gasolina Magna Sin. Las emisiones totales de compuestos de azufre al ambiente han pasado de 4 mil toneladas/mes, en 1988, a mil toneladas/mes, en 1995. Con ello se atienden las especificaciones que en el corto plazo plantea la PIC. En 1995 se incrementó el consumo de gas natural con respecto a 1994 (7%), mientras que el incremento registrado en el consumo de combustóleo en el mismo período disminuyó en 13.7%, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la PIC.

Para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modera el uso de hidrocarburos y se emplear combustibles industriales y de transporte ambientalmente más limpios, maximizando la utilización de los recursos hidráulicos y geotérmicos para la generación de energía eléctrica. Se promueve el ahorro y uso eficiente de la energía, mediante programas de apoyo para el aislamiento térmico de las viviendas medias y populares, establecimiento de normas de eficiencia energética, ahorro de energía en el sector transporte, establecimiento del horario de verano, así como proyectos de cogeneración. El consumo de combustibles fósiles se redujo y se evitó durante el periodo 1990 - 1995, la emisión a la atmósfera de aproximadamente 17 millones de toneladas de CO2. La política de gasificación del país (sustitución de combustóleo por gas natural) ayudará notablemente a evitar la emisión de una importante cantidad de CO2.

En septiembre de 1989 se creó la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), que tiene como propósito promover las medidas del gobierno para facilitar, apoyar y regular la conservación y el uso eficiente de la energía, así como guiar y apoyar el desarrollo técnico, educativo, financiero y mecanismos institucionales, necesarios para alcanzar e instrumentar adecuadamente las políticas de conservación de la energía. En 1990 se creó el Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. Se ha elaborado el proyecto de iniciativa de la Ley de Eficiencia Energética. Con el propósito de desarrollar sistemas de transporte más seguros y menos contaminantes, se han abordado los temas de tecnologías para el transporte, establecimiento de sistemas masivos de transporte, impactos ambientales y seguridad. La modernización de tecnologías ha tenido lugar principalmente en áreas urbanas y no en las rurales. Las observaciones respecto a las emisiones del transporte son sistemáticas. Existe una red de monitoreo de la calidad del aire en áreas metropolitanas y otras regiones.

Bajo el tema de explotación de recursos marinos y terrestres y el uso del suelo, el gobierno ha iniciado una revisión del Sistema de Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional para identificar áreas que son sensibles al cambio climático, así como al Inventario Nacional Forestal para calcular la captura de CO2. Se prevé un retiro total de los CFC para el año 2000.

Como parte del programa de control de la contaminación atmosférica transfronteriza, en cooperación con los EUA, el gobierno está instrumentando un sistema de alerta temprana, incluyendo manuales de información, actividades de educación ambiental y un sistema de información. El gobierno promueve el intercambio de datos e información a nivel nacional e internacional sobre este tópico.

Como parte de las acciones de ahorro de energía eléctrica, se ha desarrollado el proyecto ILUMEX, que consiste en el cambio de lámpara fluorescentes compactas a nivel residencial en varias localidades del país. Las expectativas del cambio de 1.5 millones de lámparas son la reducción de 78MW en la demanda y 135 Gwh/año, que implica un ahorro de combustibles de 265 mil barriles de petróleo equivalente por año y una reducción en la emisión de CO2 de poco más de 100 mil toneladas al año.

El Programa Obligatorio de Verificación de los Vehículos Automotores de Pasaje y Carga que transiten en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, se fundamenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como en sus respectivos Reglamentos; además del Acuerdo Intersecretarial por el que se establece la Verificación Semestral de Emisiones Contaminantes de los Vehículos de Transporte de Pasaje y Carga que circulan por Caminos de Jurisdicción Federal, expedido por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la entonces de Desarrollo Urbanoy Ecología (extinta SEDUE hoy SEMARNAP) en mayo de 1990. Este programa se estructuró con los mismos principios, reglas y políticas que estableció el Gobierno de la República para la Zona Metropolitana del Valle de México. La SCT establece disposiciones normativas al respecto, que son congruentes con las normas ecológicas que elabora el Instituto Naciona de Ecología (INE) y los Programas de Contingencia Ambiental que coordina la Comisión Ambiental Metropolitana del Valle de México.En enero de 1996 se expidió la NOM que establece los niveles máximos de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación en el Valle de México.

Con fundamento en el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, la SCT establece los Períodos de Verificación Semestral Obligatoria de Emisiones Contaminantes. Entre 1990 y 1993 se autorizaron 435 centros de verificación a nivel nacional, operados por la iniciativa privada, con un promedio de 260,000 verificaciones por período, incluyendo vehículos del Servicio Público Federal, transporte privado, vehículos propiedad de los gobiernos federal, estatal y municipal. En 1994 se inició un proceso de sustitución de las máquinas manuales por equipos computarizados llamados "BAR-90", lo que implicó un reducción de centros a un total de 260. Las verificaciones con el equipo BAR-90 se han incrementado sensiblemente. En 1995, se registró un promedio de 280,000 verificaciones por período, y en lo que va de 1996 se tiene un resultado preliminar de 420,000 verificaciones.

De acuerdo con los vehículos motrices registrados del Servicio Público Federal, que ascienden a 254,955 y los del transporte privado que representan unas 50,000 unidades, sin incluir las Unidades Voluntarias y los vehículos transfronterizos; se estima efectuar más de 300,00 verificaciones por período.

1. Estructura de adopción de decisiones: El Instituto Nacional de Ecología (INE) es responsable de la protección a la atmósfera y es miembro de pleno derecho del Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable. Actualmente se han revisado, entre otros, los capítulos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) relativos al tema de la atmósfera. Además, está en elaboración una nueva ley para el control de emisiones.

Se ha generado una NOM referente al establecimiento de los niveles máximos permisibles de calidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.

Se publicaron diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM), entre ellas: una que establece niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes y otra que establece niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores;

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: Se cuenta con un sistema nacional de alerta temprana y es posible, a partir de él, predecir cambios y fluctuaciones ambientales. El gobierno proporciona oportunidades de capacitación en el área de control de la contaminación atmosférica transfronteriza. Se alienta a la industria para desarrollar tecnologías limpias, p. ej., para el control del uso de los CFC's.

3. Grupos principales: Sin información

4. Finanzas: De 1991 a 1994, México recibió $12.5 millones de dólares a través de canales multilaterales y, de 1992 a 1994, $2.4 millones de los EUA para la instrumentación de diversas acciones relacionadas con el tema.

Con financiamiento por más de un millón de dólares, por parte del gobierno de México y el de Estados Unidos (participan once instituciones gubernamentales norteamericanas), se continuó el estudio de cambio climático en México, constituído por la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y la investigación sobre escenarios de emisiones y estudios de vulnerabilidad al cambio climático.

5. Cooperación regional/internacional: En 1983, México y los EUA firmaron un Acuerdo sobre Cooperación para la Protección Ambiental y el Mejoramiento de la Zona Fronteriza (Convenio de La Paz). La Onu y otros organismos intergubernamentales han contribuido en los temas "bases científicas para la toma de decisiones", "promoción del desarrollo sustentable" y "prevención del agotamiento estratosférico del ozono". Organizaciones intergubernamentales también han contribuido en actividades bajo los temas "contaminación atmosférica transfronteriza". México ha participado en dos reuniones de trabajo sobre transporte y medio ambiente en América Latina y el Caribe.

En los últimos dos años se han llevado a cabo diversas actividades encaminadas a dar a conocer, analizar y discutir con los sectores involucrados (social, gubernamental, académico, ONG's y político), las acciones inherentes a la aplicación del ordenamiento ecológico, con el fin de lograr su instrumentación y dentro del marco del proceso de gestión. Al respecto se ha trabajado en los estados de Baja California (Región Fronteriza Norte, Loreto-Nopolo-Puerto Escondido), Chiapas (Costa de Chiapas), Chihuahua (Hidalgo del Parral y Región Fronteriza Norte), Coahuila (Cuatro Ciénegas y Región Fronteriza Norte), Jalisco (Costa Alegre), Michoacán (Mariposa Monarca, Lázaro Cárdenas y Costa de Michoacán), Oaxaca (Bahías Huatulco y Costa de Oaxaca), Puebla (Región Centro Poniente de Puebla), Veracruz (Región de Los Tuxtlas) y Sonora (Región Fronteriza Norte).

Para modernizar el marco jurídico y normativo del recurso suelo se encuentra en elaboración un proyecto de iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de Suelos. Se elaboran normas oficiales mexicanas relativas a la protección y conservación de suelos, con características de agostadero en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, la conservación y restauración de suelos en áreas lagunares-estuarinas, así como la protección y, en su caso, restauración de suelos en actividades mineras y de infraestructura de comunicación. Se elabora la norma para el Levantamiento del Inventario del Estado del Suelo, que busca la integración del sistema cartográfico del país. Con respecto al mismo tema, se celebraron varios acuerdos, como el convenio de colaboración entre la SEMARNAP y la Universidad Autónoma de Chapingo, con el objeto de establecer las bases para desarrollar programas de conservación de suelos, forestación y repoblación vegetal; otro con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Agropecuarias, A.C., para desarrollar programas de colaboración especial en materia de restauración y conservación de suelos. Igualmente, se expidió el Acuerdo Secretarial por el que se crea el Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos. Además, se formuló el Programa de Conservación de Suelos y Cuencas, que identifica las diversas condiciones nacionales de superficie de riego, temporal, agostaderos y de uso forestal.

El Programa de Control de Desmontes tiene el propósito de inducir a los promoventes para que utilicen la vía legal en los cambios de uso del suelo, por lo que se ha puesto especial atención para orientar a los productores y al personal de las propias dependencias encargadas de fomentar y regular el desarrollo de la ganadería y el establecimiento de granjas camaronícolas, entre otras actividades.

Por otra parte, para restaurar las áreas degradadas, se celebran con los promoventes convenios de concertación para la restauración y conservación de suelos, a través de medidas que permiten compensar, con la forestación o revegetación de áreas equivalentes, a aquellas que serían las desmontadas en cada proyecto de cambio de uso de suelo. En el ejercicio 1995-1996 se ha logrado convenir la restauración de 0.6 hectáreas por cada una autorizada para cambio de uso. Conjuntamente con la SAGAR, se instrumentan los mecanismos anunciados en la alianza para el campo, relacionados con la restauración y preservación de la frontera silvícola del país, mediante la reconversión productiva y la preservación de recursos naturales.

1. Estructura de adopción de decisiones: La SEMARNAP, creada el 29 de diciembre de 1994, es la instancia fundamentalmente responsable de la planeación integral y la administración del uso del suelo en el país. La institución se formó a partir de tres áreas gubernamentales con el propósito de dar una mayor coherencia a las políticas para el desarrollo sustentable. La legislación relevante nacional en la materia incluye la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) - un instrumento que regula la planeación el uso del suelo y determina los componentes que participan en la administración de los recursos naturales del país. El objetivo de este instrumento jurídico es promover modelos alternativos del uso del suelo y la planeación de tal forma que las actividades productivas sean flexibles y congruentes con la capacidad de carga de cada ecosistema local.

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: México ha realizado investigaciones sobre la administración y la planificación del uso del suelo por zona ecológica, división administrativa y sistema ecogeográfico en 43 regiones prioritarias del país. Este estudio ha sido realizado con el propósito de promover un enfoque integral en la gestión del uso del suelo eliminando divisiones tradicionales entre los gobiernos federal y locales y los productores y residentes locales. Se espera que las comunidades locales se apropien de estos estudios y los revisen, lo cual ayudará a forjar un espacio público para la participación social y la expresión de la ciudadanía.

En 1995 y 1996 se realizó la primera fase de la actualización del Ordenamiento Ecológico General del Territorio, la cual incluyó la construcción de un Sistema de Información para el Ordenamiento Ecológico (SIORE); el cual es una herramienta básica de almacenamiento, análisis y consulta, que facilitará la toma de decisiones y permitirá difundir el conocimiento de los procesos ambientales a la sociedad en su conjunto; incorporando, además, parámetros de monitoreo aplicables a distintas escalas del ordenamiento ecológico.

Se instaló el Laboratorio de Cómputo del Inventario Nacional de Recursos Naturales, el cual contiene información digital cartográfica con 122 mapas forestales y 122 de zonificación de terrenos silvícolas, en escala 1: 250 000. La información estadística consta de 2.4 millones de datos del medio físico de las 32 entidades federativas, ordenados para su consulta por parte de dependencias y organismos, así como del público en general. En este laboratorio se incorporó información diversa sobre los ecosistemas forestales, del suelo y de las costas, así como investigación especializada sobre plantaciones forestales y los terrenos con mayor potencial para el establecimiento de este tipo de proyectos.

Con objeto de obtener el máximo beneficio de la información de nuestros recursos, se estableció un convenio de colaboración en materia de recursos naturales para la unificación de bases de datos respecto de la información generada por el Inventario Forestal (SEMARNAP) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP-SAGAR), para realizar la unificación de bases de datos del Inventario de Recursos Naturales. El INIFAP aporta la información referente a: clima, suelos y topografía; el inventario aporta las de: vegetación, zonificación, áreas forestales perturbadas, datos del muestreo de campo, erodabilidad y cobertura satelital del país. Los productos principales son:

Localización detallada de terrenos con vocación para el establecimiento de plantaciones comerciales y de superficies aptas para el desarrollo de especies de interés y paquetes tecnológicos recomendables.

Determinación del potencial productivo de bosques naturales.

Determinación de áreas homogéneas para extrapolar tecnología y resultados de investigación.

Localización de áreas prioritarias que deben conservarse y restaurarse.

Apoyos al estudio de cambio climático global.

Identificación de áreas con diferentes tipos de problemas de suelos, que permitirán tomar medidas correctivas oportunas.

Determinación de sitios adecuados para establecer sistemas de monitoreo que permita conocer el grado de conservación o degradación de los recursos naturales.

Simulaciones de procesos tales como: reforestación, restauración, construcción de vías de comunicación, presión demográfica y erosión, entre otros.

3. Grupos Principales: La participación e intervención local en la planeación y la gestión del uso del suelo se ha facilitado por el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, con el propósito de una incorporación y participación más efectiva en los debates ecológicos nacionales. El objetivo primordial es facilitar la discusión pública para la obtención de un consenso social y la generación de una estrategia que guíe las actividades de la SEMARNAP. La planeación y la administración local del uso del suelo se genera con la participación de los gobiernos federal y estatales. Para lograr estos fines, en el ámbito normativo, se cuenta con el Reglamento Interior de los Consejos Consultivos Nacionales.

4. Finanzas: Sin información

5. Cooperatión Regional/Internacional: La celebración del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) fue el inicio de una asociación para el desarrollo sustentable a lo largo de la frontera México-EUA. Se tiene un programa de cooperación técnica con Honduras, El Salvador y Nicaragua a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Se ha participado en el grupo de mapeo de regiones ecológicas de Norteamérica apoyado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA).

La SEMARNAP destaca en el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 las acciones para la prevención y combate de incendios forestales. En los resultados de la campaña 1996, se refleja el abatimiento del 19% de superficie forestal afectada con respecto a 1995, al reducirse de 303 mil hectáreas a 246 mil hectáreas afectadas. Esto, no obstante que el número de incendios se incrementó en un 18%, de 7,800 en 1995 a 9,200 en 1996. Los indicadores de eficiencia en la atención a incendios también se redujeron, el tiempo de detección de cada incendio 30%, el de llegada 8% y el de duración 1%, con respecto a la temporada anterior. De esta superficie, el 77% afectó a pastizales y vegetación herbácea, que tiene una inmediata recuperación, y el 23% restante afectó zonas arboladas.

Los resultados favorables se debieron en gran parte a las siguientes acciones: coordinación con dependencias Federales y Gubernamentales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, así como la participación del sector social y privado; fortalecimiento de las acciones preventivas a través de los medios de difusión masiva y en campo, con la formación de 1,400 grupos voluntarios y construcción de 9,100 km. de brechas corta fuego y quemas controladas en 53,600 hectáreas; incorporación de equipo aéreo; durante 1996 se celebraron 625 cursos de capacitación de protección de incendios forestales a elementos del Ejército Nacional y del sector social; así como un curso a nivel internacional de alto nivel en materia de incendios forestales.

En materia de Sanidad Forestal, se impulsaron proyectos de control de plagas y enfermedades, a través de la inspección aérea y terrestre de 5.65 millones de hectáreas de superficie arbolada, lo cual permitió conocer la condición sanitaria de los bosques y detectar oportunamente las principales áreas afectadas. La superficie diagnosticada durante 1996 corresponde a un incremento del 196% con respecto a 1995. Se realizaron campañas de combate y control de insectos descortezadores de coníferas en los estados de Querétaro, Hidalgo, Guerrero y Michoacán; y contra insectos defoliadores del pino en el estado de Veracruz, protegiéndose una superficie aproximada de 600 mil hectáreas. Asimismo, para evitar la introducción de plagas y enfermedades exóticas en el país, se emitieron 4,264 autorizaciones sanitarias para productos forestales de importación.

La SEMARNAP, a través de la PROFEPA, tiene la atribución de aplicar la ley en materia ecológica y forestal y aplicar sanciones procedentes. La inspección sanitaria de productos forestales que se importan es realizada en puertos, aeropuertos y fronteras por personal técnico de ésta Procuraduría. Adicionalmente, se llevan a cabo acciones para reducir la presión hacia los bosques, por la obtención de biomasa combustible, llevando a cabo plantaciones para la obtención de leña combustible.

Desde 1992, se inició el Inventario Periódico Nacional Forestal a fin de determinar la cantidad de recursos naturales en México, así como su distribución y fluctuaciones. Este inventario incluyó la información de zonificación de los terrenos forestales, considerando sus aptitudes y funciones ambientales. La actualización de este inventario tendrá lugar cada década en coordinación con el Censo Nacional de Población y Vivienda.

Varias dependencias del Gobierno Federal en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales, en el marco del Programa Nacional de Reforestación entre 1995 y 1996, y con la participación de instituciones privadas y del sector social, plantaron 221.7 millones de árboles en áreas urbanas y zonas rurales, con tasas de sobrevivencia variables. Estas actividades de reforestación con el propósito de lograr un equilibrio entre las tasas anuales de desforestación y reforestación, han tenido lugar principalmente en los estados de Michoacán, México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Yucatán, Morelos, Campeche y Tamaulipas. La forestación ha incluido el establecimiento de plantaciones de restauración, agroforestales y diversos proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales en los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas. Está en proceso de negociación un instrumento de estímulos a través de PROCAMPO para apoyar el cambio del uso del suelo, de agrícola a forestal, bajo un Programa Único de Manejo de Tierras. También con éste fin, se está elaborando una NOM que establecerá los criterios, especificaciones y procedimientos que deberán observarse para el uso, conservación y rehabilitación de los agostaderos del país. Además, con objeto de reforzar la regulación en el manejo, restauración y conservación de los recursos, para proteger el suelo contra la desforestación, se está trabajando en la generación de la NOM de ecosistemas lagunares y estuarinos, tierras frágiles, caminos y minas, así como la NOM de agostaderos mencionados anteriormente.

1. Estructura de adopción de decisiones: A nivel federal, el área responsable de disminuir la desforestación es la Subsecretaría de Recursos Naturales de la SEMARNAP. En las 32 Delegaciones Federales de la SEMARNAP se tienen Subdelegaciones de Recursos Naturales que atienden los aspectos relacionados con los recursos forestales.

Se cuenta con 32 Comités Estatales de Reforestación, quienes son los responsables de la planeación, distribución y plantación de los árboles necesarios en las campañas de reforestación promovidas.

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: Se han realizado diversos eventos de formación y capacitación que inciden directamente en el combate a la desforestación. Entre éstos se incluyen los relativos a técnicas de reforestación, viveros, manejo de cuencas, prevención y combate de incendios, prevención y combate de enfermedades, técnicas de manejo silvícola y el uso de leña combustible.

El INIFAP en el período 1995-1996, ha integrado para su publicación 35 paquetes tecnológicos de diversas especies para su desarrollo en Plantaciones Forestales, así como manuales sobre prácticas de manejo y evaluación de impactos del uso de los recursos naturales.

3. Grupos principales: El Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (CONAF) es una entidad donde participan los representantes de productores, empresarios y organizaciones no gubernamentales, interesados en la protección, fomento y producción forestal. Durante 1995 y 1996, el CONAF ha celebrado 10 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. Existen en apoyo 21 Consejos Técnicos Estatales en operación. Actualmente en este Consejo se revisan adecuaciones a la Ley Forestal y a los Sistemas de Administración de los recursos forestales del país, a efecto de promover el manejo sustentable de los bosques y para el desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales.

Dependencias del Gobierno Federal en concertación con Gobiernos Estatales y Municipales han conjuntado esfuerzos para la aplicación de acciones de fomento que involucran la participación directa de todos los sectores de la sociedad. Intervienen también grupos ejidales, comunidades y pequeños propietarios a través de sus organizaciones, que poseen el 85% de los recursos forestales del país.

La SEDESOL ha involucrado a grupos étnicos en campañas de reforestación. Durante 1994 fueron plantados 165 millones de árboles con la colaboración de grupos indígenas.

4. Finanzas: El presupuesto que se tuvo asignado en 1996 para la operación y control en esta materia, fue de 57.4 millones de pesos, corresponden al nivel central 40.1 millones de pesos y a nivel Delegacional 17.3 millones de pesos, esto independientemente de sueldos y salarios del personal. Adicionalmente se negocia un crédito externo por 20 millones de dólares para asistir a las comunidades en el manejo sustentable de sus recursos y disminuir la desforestación. Para 1997, se han asignado para impulsar la actividad forestal 285.5 millones de pesos.

5. Cooperación regional/internacional: México participa en diversos esquemas y acuerdos de cooperación internacional en materia forestal, entre los que destacan los siguientes:

Cooperación bilateral con: Finlandia, Alemania, Canadá, EUA, Japón y Reino Unido.

En Foros Multilaterales y Regionales como: FAO, PNUMA, PNUD, Comisión Forestal para América Latina y el Caribe, Comisión para América del Norte y Comisión Norteamericana de Cooperación Ambiental

México está suscrito a diversos instrumentos jurídicos internacionales, además de la Agenda 21, como son la Declaración sobre Bosques, Convenios sobre Diversidad Biológica y Convenio Marco sobre Cambio Climático.

Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África.

La Convención fue firmada em 1994 y ratificada em 1995

La Convención entró en vigor el 26 de diciembre de 1996

Observaciones adicionales pertinentes a este capítulo: Con el propósito de detener el proceso de desertificación en México, en los últimos 40 años se han adoptado acciones de conservación y restauración de suelos en poco más de 3.5 millones de hectáreas. Tales acciones incluyen: cultivos de cosechas de invierno, rotación de cultivos, relleno de carcavas desazolves de áreas de drenaje, pequeños reservorios para control de azolves, rehabilitación de pastizales, construcción de estanques para peces y para el ganado, arado en contorno, terraseos y el uso de fertilizantes químicos y orgánicos.

El Plan de Acción para el Combate a la Desertificación en México (PACD-México) tiene como objetivo prevenir y detener el avance de la desertificación y, en la medida de lo posible, recuperar terrenos degradados para su uso productivo. Otro objetivo es mantener y promover, dentro de los límites ecológicos, la productividad de áreas áridas, semiáridas, subhúmedas y otras que sean vulnerables a la desertificación. Para el gobierno mexicano, las metas ambientales y de desarrollo incluyen los siguientes objetivos: incorporar las metas de desarrollo estatales y municipales en los programas nacionales para el combate de la desertificación y la sequía, movilizar recursos técnicos y financieros regionales, nacionales e internacionales para la instrumentación del Plan, reforzar la capacidad institucional para aplicarlo a escalas nacional, regional y local y para proteger aquellos terrenos que no hayan sido afectados por la desertificación. La selección y aplicación de tecnologías para el combate a la desertificación se basan en las particularidades de cada localidad.

Para atenuar los efectos provocados por la escasez de lluvias durante 1993-1995 en el norte del país, se estableció un programa emergente en los distritos de riego de la zona, consistente en revestir canales, conservar infraestructura y perforar pozos propiciando la generación de 837,435 jornales, que representó la creación de 3,522 empleos temporales directos.

En el ámbito de suministro de agua potable, en mayo de 1995 el gobierno federal creó un programa en respuesta a los graves problemas de sequía del norte del país para evitar problemas de salud pública entre la población. En 1995 se realizaron 685 acciones de agua potable consistentes principalmente en la sustitución de fuentes, en beneficio de 1,021,052 habitantes. Durante 1996 se continúa atendiendo el problema en un total de 182 localidades de 76 municipios para beneficiar a 679,303 habitantes. Derivado de este programa se realizaron para la cuenca baja del Río Bravo proyectos ejecutivos para optimizar el abastecimiento de agua potable a las poblaciones que se ubican dentro del Distrito de Riego 026 Bajo Río Bravo, municipios de Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, Tamaulipas.

Para mitigar los efectos de la sequía se ejecuta el Programa de Emergencia para Contrarrestar la Sequía, con objeto de incrementar la eficiencia del recurso agua a través de la rehabilitación de pozos y paralelamente, con mano de obra campesina, mejorar la infraestructura creando empleos a los agricultores afectados. Para ello, en 1996 el gobierno federal firmó acuerdos de cooperación con los productores y gobiernos de los 9 estados más afectados por la sequía, para financiar apoyos principalmente a la ganadería, aunque también se incluyeron acciones de infraestructura productiva, apoyo a cultivos agrícolas y semilleros de forrajes, así como prácticas de mejoramiento territorial. La suma de las aportaciones para este programa fue del orden de 273 millones de pesos. Las obras se iniciaron en marzo y consisten en la rehabilitación de canales y regaderas interparcelarias, conformación y rastreo de caminos, así como rehabilitación de pozos y cinco presas derivadoras. El tiempo estimado de ejecución es de siete meses, con lo que se generarán aproximadamente 1,000,000 de jornales de mano de obra campesina.

Con una inversión de 153.5 millones de pesos a agosto de 1996, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), ha emprendido acciones en aproximadamente 2,500 comunidades con problemas de desertificación y sequía. Hasta agosto de 1996 ha ejecutado 1,381 proyectos (67% de apoyo a la producción, 23% de apoyo social, destacando los relacionados con agua para consumo humano y 10% de restauración ecológica), así como 957 cursos de capacitación sobre temas diversos dirigidos a productores y mujeres campesinas. Con la finalidad de mitigar efectos directos de la sequía en las comunidades afectadas, su programa de dotación de agua potable ha proporcionado 753 mil m3 del líquido a 1,200 comunidades. Esta Comisión ha iniciado la promoción y formación de comités comunitarios de desarrollo sustentable en las entidades federativas en que opera.

En 1996 se firmó un Acuerdo de Colaboración para establecer las bases de coordinación de acciones entre los tres niveles de gobierno para impulsar un Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODER) en cuatro comunidades del norte de Zacatecas. En él se involucra a SEDESOL, SAGAR (a través del INCA-Rural), CONAZA y autoridades estatales y municipales correspondientes. Para ello, se constituyó un fondo económico por $13.5 millones en total, del cual la SEMARNAP aportó el 24.07 %. De esta manera, los recursos fiscales canalizados ascienden a $1,039 millones. En la Región Semidesierto, en el estado de Coahuila se destinaron $ 245 mil para Conservación de Suelos y Establecimiento de Viveros Comunitarios en tres comunidades, así como $ 225 mil para Rehabilitación de Viveros en una comunidad zacatecana. En el Valle del Mezquital, en 1996 se canalizaron recursos para iniciar la instrumentación del PRODERS y se realizaron inversiones en apoyo a la recolonización de agostaderos con especies forrajeras y al manejo y conservación de suelos en dos comunidades de la región.

La SEMARNAP, a través del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, ha promovido e integrado un Programa para el Manejo Integral de la Cuenca, que en principio contempla cinco proyectos piloto que se desarrollarán en microcuencas y subcuencas de los estados que se encuentran dentro de la Cuenca Lerma-Chapala. Esto, con objeto de iniciar un proceso tendiente al manejo sustentable de la cuenca

También se están operando otros cuatro proyectos piloto para promover el desarrollo sustentable en partes altas de las cuencas en los estados de Michoacán (Zona de la Mariposa Monarca ), Guerrero (Atoyac y Chilapa) y Veracruz (Los Tuxtlas)

Se tiene contemplada la instrumentación de PRODERS (Programas de Desarrollo Regional Sustentable) en regiones como Costa Grande y Montaña, ambas en Guerrero; Manantlán, en Jalisco y Colima, y Los Tuxtlas, en Veracruz. En estas regiones se han canalizado significativos recursos que se desagregan de la siguiente forma:

Bajo el marco de un Acuerdo de Colaboración, que tiene como objeto establecer las bases de coordinación y canalizar recursos de los tres niveles de gobierno para diseñar, elaborar y ejecutar conjuntamente un Programa de Desarrollo Regional Sustentable en la Montaña, signado por SEDESOL, SAGAR, Procuraduría Agraria, INI y autoridades estatales y municipales de Guerrero. La SEMARNAP aportó recursos para efectuar los estudios técnicos correspondientes a las dos regiones citadas en la entidad, así como para el establecimiento y operación de viveros comunitarios, manejo agroforestal de parcelas y conservación de suelos.

En la Región de Manantlán se destinaron recursos fiscales para efectuar el estudio técnico para la instrumentación del PRODER respectivo; se canalizaron recursos también en apoyo a proyectos de Conservación de Suelos y Establecimiento y Operación de Viveros en dos comunidades de Colima, y para dos comunidades de Jalisco.

En Los Tuxtlas, Veracruz, se canalizaron recursos fiscales para el estudio técnico respectivo y para impulsar diversos proyectos, como cultivos de palma camedor, ixtle, vainilla, macadamia, bejuco y epifitas; criaderos de venado, jabalí y tepezcuintle, y estímulos diversos a la ganadería intensiva.

En el aspecto de conservación y rehabilitación de tierras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y la SEMARNAP, elaboran conjuntamente una propuesta para incorporar criterios de sustentabilidad en la actividad agrícola y para la conservación de tierras. Entre los resultados que se han logrado, se aprobó que aquellos usuarios de la tierra que decidan optar por proyectos ecológicos, seguirán siendo apoyados por PROCAMPO. Los proyectos ecológicos incluyen reconversión productiva (introducción de prácticas de conservación y cambio de especies anuales a perennes) y la exclusión de la producción de tierras marginales de baja productividad y alto riesgo de degradación. Se están negociando apoyos más amplios para la conservación de tierras agrícolas

La estrategia de desarrollo rural está dirigida a superar, con los productores en transición y para su beneficio, restricciones de carácter tecnológico, de financiamiento,de accesos a apoyos institucionales y a los mercados; asmismo, las de organización productiva y capacidad de gestión empresarial. La estrategia se soporta fundamentalmente en un trabajo de extensión, capacitación y validación en campo, para incorporar tecnologías apropiadas a las condiciones agroecológicas y sistemas de la producción de la población objetivo. Establece reglas claras y de largo plazo. Incluye apoyos fiscales importantes para la incorporación de paquetes tecnológicos que eleven la productividad en los cultivos tradicionales, fomenten la diversificación productiva, aprovechen ventajas comparativas y nichos de mercado y además, propicien una mejor articulación de la producción primaria y mayor congruencia a lo largo de toda la cadena que liga al medio rural con el resto de la economía. Al lado de las acciones pendientes al incremento de la producción, la productividad y la creación de empleos, se incorporarán criterios de desarrollo sustentable para preservar los recursos naturales y el medio ambiente. Algunas de las acciones privilegian el trabajo de la mujer.

1. Estructura de adopción de decisiones: Sin información

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: A finales de 1994 se concluyeron 134 estudios que permitieron estimar los riesgos de erosión en aproximadamente un 70% de la superficie nacional. Adicionalmente, se formuló el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 que define políticas nacionales para promover la participación de los agricultores y campesinos en la toma de decisiones y la instrumentación de prácticas de conservación productiva de tierras agrícolas con el objetivo de conservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población rural.

3. Grupos principales: Asociaciones registradas involucradas en la participación de iniciativas locales, presentan la siguiente distribución en porcentajes: agrícolas (34%), avícolas (16%), frutícolas (12%), agroindustriales (10%), hortícolas (9%), forestales (7%), porcícola (6%), ganadera (4%), y el 2% restante pertenece a otros proyectos floriculturales y acuiculturales.

4. Finanzas: Sin información

5. Cooperación regional/internacional: La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha colaborado con el gobierno mexicano en el proyecto "La Promoción y Aplicación de Sistemas Agrícolas Integrales". El objetivo de este programa es incrementar la producción alimentaria, la capacitación y la transferencia tecnológica entre comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales.

Convención sobre la Diversidad Biológica

La Convención fue firmada en 1992 y ratificada en 1993

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES)

La Convención fue firmada en 30 de septiembre de 1991

Último informe presentado en 1996

Observaciones adicionales pertinentes a este capítulo: La SEMARNAP, a través del INE y de la PROFEPA, es responsable de las operaciones de manejo, protección, supervisión, inspección, monitoreo y planeación racional de la flora y la fauna silvestres. En 1994 se emitió la NOM que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas, raras, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial, estableciendo medidas específicas para su protección y aprovechamiento.

En 1994, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (extinta: SARH) creó el Consejo Consultivo Estatal de Fauna Silvestre de Interés Cinegético para analizar las condiciones ecológicas y promover la planeación para la flora y la fauna locales. En agosto de 1995 se habían instalado 25 Consejos. Hasta marzo de 1995 estaban registrados 38 jardines botánicos (con 3337 especies), 22 viveros (con 918 especies) y 5 herbarios para la protección de flora silvestre. Para la fauna silvestre, el INE tiene tres áreas para el Desarrollo y Recuperación de Especies en Riesgo (UDERER) y 7 para la Evaluación y Monitoreo de Biodiversidad (UEMBI). En 1995 se establecieron 5 centros para la recuperación y rehabilitación de fauna silvestre (CITES). Se han creado más de 17 refugios y 12 zonas de monitoreo y protección permanente para tortugas marinas, financiados con crédito externo. En el Programa Nacional de Protección y Conservación de Tortuga Marina, con recursos del Banco Mundial, en la temporada 1995-1996 se protegieron 10,920 nidadas; sembrando 938,862 huevos y liberando al mar 434,823 crías de siete especies de tortuga marina (lora, golfina, laúd, prieta, caguama, blanca y carey), que desovan en los litorales del Golfo y Pacífico del país. Entre 1993 y 1996, se han apoyado 356 proyectos de conocimiento, conservación, uso sustentable y difusión de la biodiversidad llevados a cabo, principalmente, por especialistas de centros académicos y organizaciones no gubernamentales.

En 1996, se promueve la desconcentración de las UEMBI de Babícora, Acapetahua, Balancán, El Mante y Hampolol; para que participen los gobiernos estatales y municipales, la iniciativa privada, grupos académicos, sociales y productores. Continúan en operación las UEMBI de San Cayetano y San Felipe Bacalán y las unidades de desarrollo y rescate de especies en riesgo (UDERER) de San Blas, Chacahua y El Fénix (Nayarit, Oaxaca y Campeche), con la promoción y apoyo a estudios e investigaciones a nivel regional. Se encuentran registrados 26 viveros particulares de flora silvestre nacional y exótica, con una base reproductiva de 918 especies, entre otras: cactáceas, orquídeas y palmas, principalmente. Están registrados 41 jardines botánicos y de exhibición en donde se realizan actividades de investigación, difusión, conservación y educación ambiental. Destaca el de Zapotitlán de las Salinas, Puebla, en donde se conserva y mantiene una colección de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción representativas de zonas áridas. Se creó el Jardín de Exhibición de Cuemanco, en Xochimilco, con 56 especies de cactáceas protegidas, amenazadas o en peligro de extinción. En la Reserva Especial de la Biosfera de la Mariposa Monarca se reforestaron 650 hectáreas y se ejecutan 257 proyectos que generarán empleos en 41 comunidades. El Programa Piloto del Inventario Biótico en Áreas Naturales Protegidas fue creado para analizar y clasificar taxones en Reservas de la Biosfera y áreas selectas del país.

Los Gobiernos de los Estados de Jalisco y Tlaxcala, elaboraron los Programas de Manejo de la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre La Primavera y del Parque Nacional La Malinche, respectivamente

Con recursos del donativo del Fondo Global Ambiental (GEF), se realizaron acciones en 10 áreas naturales protegidas dentro del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad, promoviendo el autofinanciamiento para la protección, conservación y el desarrollo sustentable, mediante la diversificación de fuentes y mecanismos de financiamiento, la incorporación de servicios de turismo ecológico, el desarrollo de nuevos mercados de bienes naturales con certificación ecológica y el manejo de especies de flora y fauna con fines de reproducción. En 1995 se instrumentaron 6 programas de manejo y cuatro programas emergentes.

Se suscribieron acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales para la administración, conservación, desarrollo y vigilancia de las siguientes áreas naturales protegidas: Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, Cumbres de Majalaca en Chihuahua, El Sabinal en Nuevo León, El Veladero en Guerrero; El Sacromonte, Los Remedios, Desierto del Carmen, Molino de Flores, Nevado de Toluca e Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, en el Estado de México; y la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre La Primavera en Jalisco, La Malinche en Puebla y Tlaxcala.

En el marco de la CITES se expidieron 945 certificados: 383 para la importación y 562 para la exportación y reexportación de ejemplares, productos y subproductos de flora y fauna silvestres. Se inició la elaboración de las Guías de identificación de especies de aves y mamíferos incluídos en los apéndices de la CITES, en colaboración entre CONABIO, PROFEPA e INE:

En la temporada 1994-1995 se otorgaron 78,614 registros, permisos y autorizaciones de flora y fauna silvestres, con ingresos de 9 millones 530 mil pesos; se expidieron 48,190 permisos de caza; 24,525 registros de identificación cinegética; 617 permisos para organizadores cinegéticos, clubes de caza y criaderos exclusivos; y se otorgaron 3,140 permisos sobre aves canoras y de ornato. Para el aprovechamiento no cinegético se otorgaron 376 autorizaciones; así como 1 689 autorizaciones de fauna silvestre y 77 de flora silvestre para la importación y exportación de ejemplares, productos y subproductos.

El Programa de Conservación de Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1996-2000, fomenta la cooperación internacional para la instrumentación de nuevos acuerdos enfocados a los aspectos socioeconómicos y ambientales, caracterización de indicadores económicos VS conservación/aprovechamiento, intercambio de experiencias vinculadas a estadísticas internacionales y efectos del desarrollo sobre el valor del recurso flora y fauna silvestres.

En 1996 se realizó un taller para la identificación de Regiones Prioritarias para la Conservación en México. El evento fue organizado por la CONABIO en coordinación con PRONATURA. Se identificaron 155 regiones. La superficie total estimada es de 407,151.83 Km2 (40,715,183 ha), lo que representa aproximadamente el 20.69% de la superficie del territorio nacional. De estas regiones, 41 corresponden o incluyeron áreas naturales protegidas decretadas bajo alguna categoría del SINAP. También en 1996, dentro del marco de la CCA, se realizó el taller de identificación de áreas de importancia para la conservación de las aves en México, donde se detectaron más de 100 regiones con miras a establecer un sistema trinacional con una estrategia de conservación norteamericana de conservación a las aves.

En el cumplimiento de estos objetivos, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se apoya en programas de maestría, doctorado e investigación en biotecnología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV). El CINVESTAV logró modernizar el proceso de producción de tortilla y solucionar la contaminación de efluentes por desechos de nejayote. Entre los proyectos resalta el de la biodegradación de compuestos tóxicos en aguas residuales de pulpeo. El área de biotecnología ambiental se ha enfocado a proyectos para el control biológico de enfermedades y plagas de importancia agrícola. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN investigó sobre biotécnicas para satisfacer necesidades del sector agrícola; diseño y desarrollo de biosensores, así como alternativas biotecnológicas para el procesamiento y la reutilización de desechos de verduras, frutas y celulósicos de la zona norte del Distrito Federal.

En 1994 la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas realizó el I Congreso Internacional y X Nacional de Ingeniería Bioquímica con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Esta Escuela desarrolla actualmente estudios de biorremediación para llevar a cabo in situ procesos de recuperación de metales de baja ley o la eliminación de contaminantes derivados de petróleo, metales pesados y detergentes.

A su vez, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) organizó en el país, el "Primer Simposium de Biotecnología Cubana", para compartir las experiencias metodológicas y tecnológicas en materia de agrobiotecnología y agroquímica. En cuanto a la generación de conocimiento, los investigadores de la UAM lograron desarrollar, con el apoyo financiero del Grupo CYDSA, S.A. de C.V., una novedosa técnica para el tratamiento biológico de aire contaminado por medio de bioreactores. Por la calidad de los resultados, los investigadores responsables del proyecto han recibido reconocimientos como los Premios de Ecología, Serfín, Ciba, y el "Manuel Noriega Cantú", este último es otorgado por la Organización de Estados Americanos.

El CONACYT ha apoyado a la UAM en proyectos sobre la biodegradación de contaminantes y residuos con técnicas como la fermentación sólida, digestión anaerobia, biofiltración, oxidación catalítica y biorremediación enzimática (1996). A través de la digestión anaerobia, por ejemplo, se ha logrado eliminar hasta 80 por ciento de carga contaminante; esta tecnología se ha instalado en una industria lechera del estado de Guanajuato.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas lleva a cabo estudios sobre biotecnología agroindustrial, genética y toxicología ambiental. Destacan los relacionados con el aprovechamiento de los azúcares fermentables desechados durante la comercialización de frutas y hortalizas, así como el de cambios genéticos y bioquímicos asociados con la exposición de algunos metales.

El Instituto de Fisiología Celular de la UNAM realiza investigaciones sobre metabolitos alelopáticos, relacionados con problemas como la interferencia entre distintos cultivos y malezas, la fitotoxicidad de abonos verdes y rastrojos, la inhibición de la productividad de cultivos, los fracasos de reforestación, entre otros. El Instituto de Biotecnología de la UNAM desarrolla tecnología biológica competitiva para el tratamiento de la contaminación ambiental, a través de proyectos de investigación en microbiología industrial como los relacionados con la oxidación catalítica de hidrocarburos, la biodesulfurización del petróleo en medio orgánico, así como el monitoreo de la toxicidad de sitios sometidos a biorremediación. Asimismo, realiza investigaciones en biología molecular y biotecnología de plantas para conocer los mecanismos moleculares que utilizan las plantas para responder al déficit de agua (sequía) y a condiciones de salinidad. Ambos temas son de gran importancia a nivel nacional, debido a las cuantiosas pérdidas económicas producidas por las sequías y a que aproximadamente entre 1.8 y 2.2 millones de hectáreas de tierras de regadío del país tienen problemas de salinización, siendo la mayoría de los cultivos sensibles a la sal.

Las Facultades de Química, Ciencias, Ingeniería, FES-Zaragoza, Institutos de Ingeniería, Geografía y Química de la UNAM; las Universidades Autónoma Metropolitana, Iberoamericana, Veracruzana, Autónoma de Yucatán; los Institutos Tecnológicos de Orizaba, Tapachula, Veracruz y Mérida, así como el CINVESTAV elaboraron un paquete tecnológico para el tratamiento de aguas residuales de los ingenios azucareros, que puede ser utilizado también en diversas industrias agroindustriales.

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) lleva a cabo investigaciones el proceso comercial BiocydR de control de la contaminación ambiental. Asimismo, sobresale el tratamiento integral de residuos para su aprovechamiento como agua para riego, biogás, composta y complemento alimenticio animal.

A su vez, el Colegio de Posgraduados desarrolla investigaciones biotecnológicas y genéticas a través de su nuevo Instituto de Recursos Genéticos y Productividad, integrado por los Centros de Genética, Fruticultura y Ganadería.

El Centro de Investigaciones de Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el apoyo del Conacyt, lleva a cabo diversos estudios sobre la remoción de contaminantes tóxicos del medio ambiente. El Centro de Investigaciones Biológicas de la misma Universidad ha contribuido al estudio de las bases biotecnológicas para el desarrollo rural.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) lleva a cabo investigaciones para determinar técnicas de bajo costo (entre ellas la utilización de la pulga de agua, Daphnia Magna) para la detección y evaluación de toxicidad, tanto de descargas de aguas residuales y municipales, como de compuestos específicos. Este es el caso de los lodos residuales que producen las plantas de tratamiento, que por su alto contenido de microorganismos patógenos, representan un riesco para la salud.

En 1996 el CONACYT y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) organizaron el "Taller Internacional México/OCDEÕ96: Biotecnología para el Uso y Conservación del Agua", en donde se evaluó la aplicación de la biotecnología en los problemas del uso y conservación del agua en México y en el mundo. El objetivo es lograr que la conservación del agua a través de la bioprevención y de la aplicación de técnicas de biología molecular para la detección rápida de patógenos en el agua.

Dentro del Sistema SEP-Conacyt destacan las investigaciones del Instituto de Ecología, A.C. (I.de E.) relacionadas con la tecnología de maderas y la biotecnología ambiental. En particular, se trabaja en un proyecto para la utilización de algas inmovilizadas y plantas acuáticas en el tratamiento de efluentes industriales (1995).

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) lleva a cabo estudios sobre tecnologías fúngicas para el aprovechamiento de desechos agropecuarios, el desarrollo de bioinsecticidas para el control del gusano cogollero (plaga principal del maíz), y la tecnología para la purificación microbiológica de aguas residuales del procesamiento de café.

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), realizó la detección por métodos biotecnológicos de la bacteria Vibrio Cholerae 01 y fungió como certificador de las exportaciones de atún, langosta y calamar a los países asiáticos y europeos.

El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) ofrece servicios de biotecnología como la instalación y puesta en marcha de una planta "llave en mano" y ofrece un posgrado de Procesos Biotecnológicos.

El Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) ofrece paquetes de investigación y desarrollo de cultivos, con base en el escalamiento, simulación de procesos de propagación masiva y de técnicas de detección, así como limpieza fitosanitaria.

Se trabaja actualmente en un Programa de Técnicas y Materiales para la Protección Ambiental entre el CICY, el CINVESTAV, el Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEC), el Centro de Investigaciones en Optica, A.C. (CIO), el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), el Centro de Investigación y Asistencia Técnica de Querétaro, A.C. (CIATEQ), el Instituto de Materiales de la UNAM y la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán.

El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) puso en marcha una planta piloto de tratamiento y reúso de aguas residuales, lo cual permitió el desarrollo de un ecoparque para el mejoramiento de la calidad de vida y ambiente urbano de la ciudad de Tijuana, Baja California.

1. Estructura de adopción de decisiones: En el marco del Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000 y con el fin de asegurar la adecuada coordinación de las acciones públicas y privadas de promoción del desarrollo científico y tecnológico, en 1996 el Gobierno Federal reinstaló la Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico (COPLADETYC). Esta Comisión está integrada por representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; Relaciones Exteriores; Energía; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Salud; Desarrollo Social y, de Educación Pública, así como de la UNAM, el IPN y el Conacyt. Entre otras funciones, la COPLADETYC propone medidas y procedimientos que permiten diseñar, fijar, ejecutar y evaluar la política del desarrollo en materia científica y tecnológica, incluida la biotecnología.

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: Las instituciones que integran el Sistema SEP-Conacyt participan en el incremento de las capacidades científicas y tecnológicas de los estados de la República. En ese sentido, destacan las acciones realizadas por el ECOSUR, el CICY y el I. de E. para reforzar la infraestructura de investigación biotecnológica y de formación de recursos humanos de las distintas regiones del sur del país. El gobierno del estado de Quintana Roo transfirió al ECOSUR los bienes y recursos del Centro de Investigaciones de Quintana Roo. Adicionalmente, con el apoyo del gobierno del estado de Campeche creó una unidad de investigación en la ciudad de Campeche. El ECOSUR llevó a cabo una importante ampliación de la infraestructura y equipamiento de sus unidades ubicadas en San Cristobal y Tapachula, Chiapas. Todo ello fue complementado con la incorporación de nuevos investigadores de alto nivel mediante los programas de repatriación y de cátedras patrimoniales de excelencia apoyadas por el Conacyt.

3. Grupos principales: En México, los grupos de investigación en el campo de la biotecnología moderna y de biología molecular se encuentran ubicados principalmente en universidades y centros de investigación públicos, como son: la Facultad de Química y los Institutos de Biotecnología, Biología, Investigaciones Biomédicas, y Fisiología Celular de la UNAM; el IPN, en el CINVESTAV (plantel D.F., e Irapuato), y la UAM, plantel Iztapalapa. Asimismo, sobresalen el ITESM-Campus Monterrey, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN; la Universidad Autónoma de Chapingo; el CIATEJ, el CICY, las Universidades Autónomas de Nuevo León, Morelos y Yucatán; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), el Colegio de Posgraduados; el CICESE; el I. de E., así como el ECOSUR. Este último, cuenta desde 1993 con un departamento específico de biotecnología ambiental donde se estudia la utilización del metabolismo respiratorio o fermentativo de organismos para la transformación de desechos orgánicos en alimentos, combustibles y abonos.

4. Finanzas: El apoyo a proyectos de infraestructura y de investigación biotecnológica hacia las instituciones de educación superior y de investigación es otorgado en gran parte por el Conacyt, a través del PACIME. Sin embargo, algunas instituciones que realizan investigación biotecnológica también han recibido recursos de fuentes externas. Por ejemplo, el ECOSUR ha recibido recursos del Centro Nacional de Biotecnología de Alemania, de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), del National Institute of Aging-University of California y de la Comisión Europea. Mientras que la UAM ha obtenido financiamiento de la Comunidad Económica Europea, la OEA, el Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Social y el Conacyt para la investigación de biotecnologías del tratamiento de aguas residuales. Asimismo, ha recibido recursos del Grupo CYDSA, S.A. de C.V. para el proyecto de descontaminación de gases de la industria química.

5. Cooperación regional/internacional: El CINVESTAV participa en el Proyecto Multinacional de Biotecnología y Tecnología de Alimentos (PMBTA) que impulsa el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC) de la OEA, para promover la adaptación y desarrollo de técnicas para incrementar la producción agrícola. El Centro participa en la elaboración del Sistema de Información ÒSIMBIOSISÓ, para facilitar la interacción de institutos nacionales de biotecnología y realizar trabajos de información para las empresas.

El Conacyt es miembro del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB), que promueve el uso seguro de la biotecnología, considerando las necesidades de los países en desarrollo, desarrollando investigaciones y formación de recursos humanos de excelencia.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), colabora con el Environment Canada e Hidromantis Canada para desarrollar nuevas técnicas de identificación de compuestos contaminantes, y en la simulación de plantas de tratamiento de aguas residuales. El CINVESTAV y la empresa estadounidense Monsanto colaboran en el área biotecnológica para la producción de variedades de papas resistentes a ciertos virus. Esta empresa comparte su tecnología con países donde la agricultura de subsistencia es común.

Los estudios del CICY sobre el amarillamiento de los cocoteros se llevan a cabo en colaboración internacional con la Universidad de Londres, ORSTOM/CIRAD (Francia), PCA/Albay Research Center (Filipinas), IDEFOR-DPO (Costa de Marfin) y la Universidad de Hanover (Alemania). El CICY, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba, desarrolla un proyecto de producción de semilla sintética de cafeto y otro de propagación de especies amenazadas. Durante 1996, el ECOSUR participa en la Iniciativa para la Prevención del Calentamiento Global que coordina la Agencia de Protección al Medio Ambiente y con la colaboración del Departamento de Agricultura, ambas de los Estados Unidos de América. El I. de E. mantuvo convenios de colaboración y cooperación con la Comunidad Económica Europea, el King's College London, la Universidad del País Vasco para la realización del proyecto de microalgas inmovilizadas en el tratamiento de aguas residuales.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

La Conventión fué firmada el 10 de diciembre de 1982 y ratificada el 18 de mayo de 1983.

Véanse asimismo los cuadros adjuntos en las páginas siguientes.

La política nacional sobre los océanos es parte de la estrategia nacional de desarrollo sustentable. La Secretaría de Marina ha realizado numerosas acciones para proteger y preservar el ecosistema marino, así como prevenir, combatir y controlar su contaminación, destacándose 8,110 operaciones de vigilancia e inspección; 58 de prevención y control por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y 6,402 de control y recolección de desechos sólidos y líquidos de buques en los recintos portuarios. Como resultados de estas operaciones se recolectaron 10,292 toneladas de desechos sólidos y 2,806,888 litros de aguas grises de hidrocarburos mezclados con agua de fuentes contaminantes no identificadas. La Secretaría de Marina está realizando también programas de concientización y educación y posee un Sistema de Información Oceanográfica.

En 1995 se constituyó el Comité Técnico de Zona Federal para establecer las políticas y criterios para la administración de las dos zonas federales bajo la jurisdicción de la SEMARNAP: zona federal marítimo terrestre y zona federal de franja ribereña. Dentro del proceso de administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre se ha incluído la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), integrando las condicionantes de la resolución de la MIA en el otorgamiento de la concesión, esta acción se considera importante pues integra una herramienta que permite establecer criterios de manejo ambiental en la administración de bienes nacionales. Se estima que en la actualidad más de 24 mil personas ocupan terrenos en esta zona, de los que alrededor de tres mil tienen legalizada su ocupación mediante título de concesión vigente. En coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales se están desarrollando programas piloto para regularizar las ocupaciones de la ZFMT en los estados de Sonora, Jalisco, Baja California, Sinaloa y Quintana Roo. Por las razones apuntadas, existe un proyecto de reforma a la Ley General de Bienes Nacionales con el objetivo de incluir nuevos supuestos normativos en el capítulo de sanciones, la recuperación de jurisdicción de los arrecifes como parte integrante de la zona federal marítimo terrestre, así como la regularización de la situación jurídica de los terrenos detentados sin justo título en esta zona.

En 1995, en el país se registraron 4,707 unidades acuícolas dedicadas a la acuacultura rural y comercial, con una superficie de 250,860 hectáreas abiertas al cultivo en las cuales laboran aproximadamente 13,639 personas. De enero a diciembre de 1995, la producción disminuyó en 8 por ciento con respecto a 1994, al obtener 157.8 miles de toneladas.

Dentro de las actividades del Programa de Acuacultura Rural, se promovió el desarrollo de la acuacultura de autoconsumo en zonas marginadas de 194 municipios en 16 estados de la República, para incrementar el consumo de productos con alto contenido protéico, así como diversificar su dieta alimenticia.

Con el fin de iniciar el Programa de Catastro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT), Terrenos Ganados al Mar (TGM) y Playas, se han establecido programas piloto en los estados de Sonora, Jalisco, Baja California, Sinaloa y Quintana Roo, en los cuales se ha definido el marco jurídico, diseño del sistema y estructura de la base de datos e información. Este programa generará la información cartográfica digital a una escala 1:1,000 para las zonas urbanas y escalas 1:10,000 a 1:50,000 para catastrar áreas rurales o naturales. El sistema mantiene una relación de retroalimentación con el ordenamiento ecológico de las costas y otras herramientas ambientales que definen las políticas de uso del suelo para estas áreas, a través del inventario y catálogo de la diversidad de recursos en la Zona Federal Marítimo Terrestre.

La PROFEPA, en materia de inspección y vigilancia de la ocupación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y terrenos ganados al mar, ha instrumentado el programa tendiente a identificar la situación jurídica de los ocupantes y a la capacitación de usuarios y personal técnico de vigilancia de la ZOFEMAT, en los 135 municipios costeros del país de 17 entidades federativas.

Se instrumentan políticas y planes de contingencia y se integran programas sectoriales. Bajo el programa de protección ambiental marina, se realizan auditorias ambientales, se aplican tratamientos de agua de desecho y se ha mejorado la legislación sobre el manejo de sustancias tóxicas. Se trabaja sobre aspectos tecnológicos para identificar fuentes de contaminación ambiental marina (metales pesados, hidrocarburos, pesticidas), su distribución espacial y sus efectos sobre los organismos, incentivos económicos, inspección y vigilancia, aplicación de enfoques precautorios, la integración de la protección ambiental marina en las políticas generales y el mejoramiento de los niveles de vida de la población costera, la localización de los vertidos costeros y problemas con aguas cloacales. Las actividades sobre otras fuentes de contaminación marina y el establecimiento de programas de monitoreo se empiezan a cubrir, al igual que las técnicas de uso racional del suelo, control de fuentes no puntuales de contaminantes y la prevención de la erosión y de la salinización. Se cuenta con un sistema para pronósticar tiempo de las condiciones marinas y se coordinan acciones con programas de observación sistemática y el desarrollo de indicadores ambientales y socioeconómicos. La Comisión Nacional del Agua maneja el Sistema de Información de Calidad del Agua (SICA) y el Sistema de Administración y Control de las Descargas de Aguas Residuales (SACDAR).

1. Estructura de adopción de decisiones: La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) es responsable de la instrumentación de este capítulo. Es miembro de pleno derecho en el Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable.

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: El gobierno participa en programas de entrenamiento e incremento de capacidades. Se expidieron seis Normas Oficiales Mexicanas (NOM), relacionadas con un mejor aprovechamiento de los recursos al regular las especificaciones sanitarias de los productos pesqueros y se tienen dos a nivel de proyecto que establecen las prácaticas de higiene y sanidad en la industria de proceso de alimentos y otra que establece un sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca; éstas últimas bajo la coordinación de la Secretaría de Salud. También se creó el Subcomité para el Mejoramiento de la Calidad Sanitaria de los Productos Pesqueros, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias en toda la cadena comercial de los productos pesqueros.

En el marco del programa de normalización de 1995, se avanzó en el análisis de las pesquerías de escama y tiburón en el Golfo de México y Océano Pacífico, así como de pesca deportiva en los embalses de la Presa Huites, y diques La Primavera y Mariquitas en Sinaloa.

Se publicaron cuatro Normas Oficiales Mexicanas para regular el aprovechamiento de las especies de caracol en Campeche, Quintana Roo y Yucatán; para la extracción de ostión en los sistemas lagunarios estuarinos del estado de Tabasco; para la pesca de lisa y liseta o lebrancha en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, Océano Pacífico y Golfo de California; y para las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal. Adicionalmente, se modificó la norma que regula el aprovechamiento de todas las especies de langosta del Océano Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y Mar Caribe. La SEMARNAP promovió, durante 1996, la expedición de seis NOM con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para regular la operación y prevención de la contaminación de las aguas de jurisdicción nacional por las embarcaciones. Asimismo, se está en proceso de elaboración de una NOM que establezca especificaciones para evitar la degradación de los humedales costeros por el cambio de uso del suelo.

Se han realizado algunas acciones de ordenación de la actividad como la regularización de la pesca ribereña del camarón en la Bahía Magdalena-almejas, en Baja California Sur, en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del río Colorado.

La Secretaría de Salud coordina el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, que ha certificado 4 áreas de cultivo para exportación y 5 más están en proceso. Se evaluaron 8 laboratorios para certificación internacional, 5 laboratorios de apoyo para el programa y se certificaron 3 plantas de empacado. Así se concluyó el "Plan Sanitario para la presencia de Marea Roja y Algas Tóxicas". También se impartieron cursos sobre Depuración de Moluscos Bivalvos. Se han instrumentado planes integrales de saneamiento para las lagunas de Pueblo Viejo Alvarado, ambas en el estado de Veracruz.

Se impartieron 18 cursos regionales de capacitación en inspección y vigilancia de pesca y recursos marinos y sobre Zona Federal Marítimo Terrestre en 13 estados del país.

3. Grupos principales: En el seno del Comité de Administración de Pesquerías se determinaron los períodos de veda para diversas especies pesqueras. Asimismo, se realizaron modificaciones a las características de las artes de pesca autorizadas para la captura de reproductores de camarón; y se estableció la tasa máxima de captura incidental de delfines durante las operaciones de pesca de la flota atunera mexicana que opera en el Océano Pacífico Oriental.

Asimismo, se expidió la norma oficial mexicana que establece el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas marinas en las redes de arrastre durante las operaciones de pesca de camarón en el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como el aviso por el que se establece la tasa máxima de captura incidental de delfines durante las operaciones de pesca de túnidos con redes de cerco en el Océano Pacífico Oriental.

Fueron instalados 16 Comités Mixtos de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales en 16 estados de la República.

En el marco de la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas se apoyó la organización y capacitación de 4,156 pescadores, constituidos en 40 Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera y en asociaciones bajo la figura de "otras formas de organización social". También se impartieron 15 talleres en materia jurídica y administrativa a 263 organizaciones de pescadores, con el fin de transmitirles el contenido de la nueva Ley General de Cooperativas y asesorarles en su organización y administración interna.

4. Finanzas: Sin información

5. Cooperación regional/internacional: Con referencia a las convenciones y acuerdos de Naciones Unidas para la conservación y uso sustentable de los recursos marinos vivos de los océanos, México ha instrumentado programas para la protección de mamíferos marinos: ballena gris, vaquita marina y delfines, así como para tortugas marinas, y otros. Respecto al Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, el gobierno promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, a través del uso integral de la fauna de acompañamiento y el desarrollo de tecnologías selectivas de pesca que reduzcan los descartes y la captura incidental.

México participa en el IOCARIBE, en la CDS, en el Programa de Acción Global para la Protección del Ambiente Marino de las Actividades Realizadas en Tierra y en el Sistema Global de Observación del Océano. También coopera con PNUMA, PNUD, IOC a.o. MARPOL 73/78, Anexos I, II y IV. Durante el mes de junio de 1996, se llevó a cabo una serie de reuniones de trabajo conjuntamente con la Unidad de Coordinación de la Iniciativa del Gran Caribe para los Desechos Generados por los Buques (WCISW), con la finalidad de elaborar el Proyecto de Reglamento para la Implementación del Convenio MARPOL 73/78 y sus anexos I, II y V, en nuestro país.

En el marco del Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), se identificaron las acciones para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción de Osaka surgido de la III Cumbre de Líderes de APEC realizada en Osaka, Japón, en noviembre de 1996. Se asistió a las reuniones de los grupos de trabajo sobre pesca y conservación de los recursos marinos, donde se intercambiaron experiencias en materia de conservación de la fauna marina y se revisaron y acordaron nuevos proyectos. Se asistió a la Primera Reunión Ministerial sobre Desarrollo Sustentable, realizada en Filipinas, en julio de 1996. En 1997, México hospedará la VIII Reunión del Grupo de Trabajo de Pesca de APEC.

En las reuniones de la APEC, nuestro país ha manifestado que la sustentabilidad de los mares no solo está en función del efecto que generan los contaminantes producidos por las actividades basadas en tierra, sino que también en ello están involucradas las estrategias de explotación de los recursos naturales marinos; insistiendo en la importancia de la instrumentación del Código de Conducta para la Pesca Responsable.

En colaboración con la FAO, FONAES y la SEMARNAP se inició el desarrollo del proyecto de cooperación técnica de camaronicultura para el sector social, en Nayarit y Sinaloa, que permitirá aportar recursos financieros humanos y materiales para atender a 36 empresas camaronicolas del sector social financiadas por FONAES.

Durante el 28 Período de Sesiones de la Conferencia General de la FAO, México presidió las consultas para la formulación y aprobación del Código de Conducta para la Pesca Responsable y apoyará iniciativas orientadas a su debida aplicación y observancia por los países y por organismos pesqueros internacionales.

Para reforzar las medidas de conservación y protección de los recursos marinos vivos, México participó en las negociaciones en el marco de la FAO que dieron como resultado la suscripción del Acuerdo que regula la pesca en alta mar (Acuerdo sobre la Aplicación de la CONVEMAR relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios) y el Acuerdo sobre Abanderamiento (Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar).

Con las autoridades comerciales de Estados Unidos de América se realizaron las gestiones para el levantamiento del embargo atunero, basado en los resultados alcanzados por la flota atunera mexicana en la reducción de la mortalidad incidental del delfín que actualmente puede considerarse no significativo desde el punto de vista estadístico.

México organizó una reunión para formular la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de la Tortuga Marina encaminada a acuerdos y compromisos regionales para la protección de las tortugas marinas.

Se participó en la 56 Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) celebrada en Panamá, en la cual se acordó emitir la Declaración de Panamá, mediante la cual los países se comprometieron a hacer vinculante el Acuerdo de la Jolla, y aplicar límites más rigurosos de mortalidad incidental de delfines en las operaciones de las flotas atuneras. Esto sólo si Estados Unidos levantaba el embargo atunero.

Se participó en la Conferencia Internacional de Contribución de la Pesca Sustentable a la Seguridad Alimentaria en Kyoto, Japón cuyo propósito fué formular recomendaciones para aumentar y mejorar la contribución de la pesca y de la acuacultura a los requerimientos y la seguridad alimentaria en el futuro. En México se llevó a cabo la 2 reunión de la Organización Global Ocean Ecosystem Dynamics (GLOBEC) sobre el programa Small Pelagic and Climatic Change (SPACC), dando continuidad a la primera celebrada en Namibia, África, en 1995, para determinar un Plan de Trabajo Internacional de investigación sobre el impacto de la variación climática en la productividad de los ecosistemas marinos y sobre los pelágicos menores.

(ton. metricas)

(ton. metricas)

(ton. metricas)

/p = Cifras preliminares

/pp = Cifras preliminares enero-agosto

* = Producción pesquera total

** = Incluye capturas en aguas continentales

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) regula la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y su control, así como la preservación de su cantidad y calidad. Existe también sistema obligatorio de permisos de descargas para aquellos que las canalizan hacia los cuerpos de aguas nacionales. Los derechos y obligaciones adquiridos por los concesionarios, asignatarios y permisionarios de aguas nacionales y bienes asociados se establecen en títulos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CNA). Estos títulos se inscriben en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) y otorgan el derecho a explotar, usar o aprovechar un determinado volumen de agua a personas físicas o morales. En los permisos de descarga de aguas residuales se establecen las condiciones bajo las cuales el permisionario puede disponer de las aguas residuales resultantes. El número de títulos inscritos en el REPDA al 31 de diciembre de 1995 ascendió a 29,567, de los cuales el 64.5 % son para uso agrícola, pecuario y acuacultura; 5.0 % para sistemas de agua potable y alcantarillado; 17.5 % para uso industrial, comercial y de servicios; y el 13.0 % para otros usos.

Para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos, y la preservación de los recursos de las cuencas hidrológicas, los Consejos de Cuenca actuan como instancias de coordinación y concertación entre la CNA, las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica. A la fecha existen los consejos: Lerma-Chapala y Rio Bravo.

La dotación de agua potable y alcantarillado aumentó su cobertura en 1.5 y 0.5 millones de habitantes respectivamente, en las zonas urbanas y rurales del país con relación a 1994 y se concluyeron plantas de tratamiento de aguas residuales en Monterrey, Michoacán y algunas ciudades de la frontera norte, entre otras. En 1995, el 83.5% de la población contaba con el servicio de agua potable y el 67.0% tuvo acceso a las redes de drenaje. Actualmente, existen 818 plantas de tratamiento de aguas residuales de origen municipal con una capacidad instalada total de 43 m3/s, que representa el 24.7% del total de aguas residuales de este origen. En 1994 se regaban 41 mil ha de cultivos restringidos con aguas residuales.

En 1991, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Agua Limpia, para garantizar que los recursos hídricos cumplan con las normas de calidad establecidas. El 9 de noviembre de 1993 se inició la segunda etapa de este Programa e incluye a los 320 municipios más afectadas por el cólera. El 95.0 % del agua que se suministra a la población está desinfectada.

A nivel nacional, los recursos hídricos disponibles representan un volumen anual per capita de aproximadamente 5,100 m3/habitante/año, pero existe un déficit de agua en casi la mitad del país, principalmente en los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí (1,100 m3/habitante/año), y en algunas zonas del área metropolitana de la Ciudad de México y de la Cuenca Lerma -Chapala. La sobreexplotación de acuíferos ha contribuido a la contaminación salina de acuíferos costeros, principalmente en la Península de Baja California, la costa de Sonora y la Península de Yucatán.

México posee más de 20 millones de ha abiertas al cultivo, de las cuales poco más de 6 millones cuentan con infraestructura de riego, lo que lo coloca en el séptimo lugar a nivel mundial en términos de su infraestructura de riego. En 1995 se ejecutaron 49 obras de irrigación y 14 proyectos de temporal y se logró incorporar, respectivamente, 5,432 y 12,594 ha a la actividad agrícola. Para apoyar la producción de alimentos y la generación de empleos en el medio rural, se construye infraestructura a través del Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego, integrado por 19 proyectos de irrigación mayor y 24 de irrigación menor. Con ello se incorporaron en 1995, 5,432 ha nuevas al riego, y se logró rehabilitar, modernizar y mejorar 64,311 hectáreas más. Asimismo, se incorporaron al temporal tecnificado 12,594 ha, se rehabilitaron 5,227 y se realizaron acciones de complementación en otras 47,800 ha, en beneficio de 13,604 habitantes. En materia de transferencia de distritos de riego, la superficie transferida acumulada desde 1990 hasta agosto de 1996 asciende a 2.8 millones de hectáreas y fue transferida a 400 mil usuarios usuarios, organizados en 372 Asociaciones Civiles y siete Sociedades de Responsabilidad Limitada. Se tienen 56 distritos totalmente transferidos y 10 en forma parcial.. Se crearon 18 organismos estatales para el manejo de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. A través del Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, se rehabilitaron 449 pozos y equipos de bombeo, y se realizaron trabajos de desarrollo parcelario, con lo que se superaron las metas programadas en 49.0 y 24.0 por ciento respectivamente, atendiéndose una superficie total de 35 mil hectáreas de riego.

En materia de medición y control de aguas superficiales, existen 750 estaciones climatológicas en las regiones hidrológicas que permiten estimar la precipitación pluvial en la República Mexicana; también se registran los volúmenes de almacenamiento y extracción de 176 presas de almacenamiento, de las cuales 137 son para riego, 21 para agua potable, y 18 para generación de energía eléctrica.

La reducción en la concentración de tetraetilo de plomo en la gasolina NOVA y la introducción de gasolina sin plomo (MAGNA/SIN), ejemplifica dos de las medidas más efectivas para reducir o eliminar el uso de plomo en los productos consumidos. Subsecuentemente, el decremento de la concentración de plomo en sangre de madres y niños se redujo aproximadamente de 15 g/dl en enero de 1992 a 8 g/dl en diciembre de 1993 en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Esto indica una disminución del 47% y se considera como un nivel aceptable por la Organización Mundial de la Salud.

Entre 1993 y 1994, la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST) y las industrias de plaguicidas conjuntamente han participado en la reducción de los riesgos por estos productos a través de las siguientes actividades: el combate integral de plagas, la capacitación a agricultores y quienes se dedican a la aplicación de plaguicidas, programas para vigilar plagas de alimentos y fortalecimiento de programas para, la actualización del Registro de Plaguicidas.

Para el seguimiento de los movimientos transfronterizos de sustancias tóxicas, se creó un programa denominado Haztracks, con el cual se dotó a las delegaciones estatales del ramo localizadas en la frontera norte, del equipo necesario para controlar el ingreso o retorno de residuos peligrosos generados por la industria maquiladora. A este sistema quedará incorporado el seguimiento de movimientos transfronterizos de las sustancias controladas por la CICOPLAFEST.

Con el propósito de atender las emergencias y contingencias ambientales, se inició un estudio para implementar el Centro Nacional de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales, que funcionará las 24 horas del día durante todo el año y operará con Lada 800. Este servicio permitirá orientar a autoridades, responsables y público en general, sobre de las actividades para controlar emergencias y evitar daños a la población y al ambiente en caso de contingencias. Se estima iniciar sus operaciones durante 1996. Con este propósito, se efectuaron adquisiciones de equipo computarizado, sistemas de información sobre manejo de sustancias peligrosas y equipo de protección y medición para atención de emergencias ambientales.

Para contribuir con la disminución de riesgos en el transporte de materiales peligrosos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha elaborado 20 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, que incluyen el etiquetado, envasado, estibaje, planeación de emergencias, etc.

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación

El Convenio de Basilea fue firmado en 1989 y ratificado en 1992

Observaciones adicionales pertinentes a este capítulo

Las políticas de México con relación a los residuos, se describen en el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 y en el Programa para la Minimización y el Manejo Integral de los Residuos Industriales Peligrosos en México 1995-2000, publicados en 1996 por la SEMARNAP. Respecto a la reducción y manejo seguro de desechos peligrosos, las prioridades del gobierno Mexicano son: inventarios industriales y regionales, modernización de sistemas de regulación directa y promoción de infraestructura y servicios integrales. Esta última es parte de una política para incrementar la promoción de productos y servicios ambientales que tengan un alto potencial para la generación de empleo e ingresos. Las Normas Técnicas Ecológicas se publicaron en 1988 para: clasificar y enlistar residuos peligrosos, determinar toxicidad, verificar la compatibilidad de residuos peligrosos y el establecimiento de normas para el diseño, construcción y operación de espacios para almacenamiento. Estos requerimientos fueron incorporados como NOM en 1993; actualmente está en revisión la NOM 052, sobre la caracterización y listado de residuos peligrosos, y la NOM 056 que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos pelirosos. Se publicó también la NOM 087 para residuos biológicoinfecciosos; para su aplicación actualmente se encuentran instaladas 16 empresas localizadas en los estados de Chihuahua, México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Distrito Federal, que en conjunto tienen una capacidad de procesamiento mayor a 100 toneladas/día; de estas, dos empresas cuentan con autorización en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Culiacán, Sinaloa; siete se encuentran en protocolo de pruebas y el resto está sujeta a dictamen de impacto ambiental para su autorización definitiva. La inversión de la iniciativa privada en este rubro asciende a más de 100 millones de pesos y genera 200 empleos.

Se creó un sistema nacional de monitoreo para el manejo de desechos peligrosos de tal forma que el gobierno central se mantiene informado del volumen y tipo de desechos que son transportados, reciclados, tratados y eliminados anualmente. Asimismo, se creó el Sistema Nacional de Información Ambiental que cuenta con un programa de registro de emisiones y transferencia de contaminantes.

Desde 1988 las industrias productoras de desechos deben darse de alta como generadores de residuos peligrosos en el INE. El INE expide además, Guías Ecológicas (autorizaciones) para la importación y exportación de desechos peligrosos y apoya las regulaciones establecidas por las diversas instancias federales. La PROFEPA es la encargada de asegurar que las industrias que usan sustancias tóxicas cumplan con los ordenamientos legales.

Actualmente, se encuentran autorizadas 140 empresas para el manejo de residuos peligrosos en las modalidades de almacenamiento, recolección y transporte (88); reciclaje de solventes sucios (12), de lubricantes usados (10), y de metales (5); manejo integral para la preparación de combustible alterno (3); incineración de combustibles alternos (3) y de residuos (4); tratamiento de aceites contaminados con bifenilos policlorados (2), in situ (22); confinamientos controlados (4) y exportación de materiales y residuos (7). Esta cifra se incrementó en 46% con respecto al periodo 1988-1995. La inversión actual para el manejo de residuos peligrosos asciende a cerca de 1,105,000.00 pesos; generando 3,005 empleos directos y 6,359 empleos indirectos.

En el Programa Nacional de Prevención de Accidentes de Alto Riesgo Ambiental, se cuenta a nivel nacional con un padrón de 763 empresas de alto riesgo; se evaluaron 628 estudios de análisis de riesgo.

Debido a que existen en el país una gran cantidad de sitios abandonados contaminados por residuos peligrosos, se inició la elaboración de un inventario de los mismos, registrándose de manera preliminar 97 áreas contaminadas en 14 estados y 55 recicladoras en 15 estados, así como dos confinamientos controlados de residuos peligrosos.

En 1996 se continuó promoviendo el desarrollo de infraestructura y servicios para el control de residuos peligrosos, permitiéndose la operación en este rubro a 48 empresas más, con lo que ascendió a 156 el total de las que están autorizadas para dichos fines.

Con base en los acuerdos asumidos en el Convenio de Basilea y en los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1995 se autorizaron para su exportación para incineración 2,031 toneladas de bifenilos policlorados a la planta Ekokem de Finlandia y Rechem de Inglaterra, y en 1996, hasta el 30 de septiembre se han autorizado 253 toneladas.

1. Estructura de adopción de decisiones: La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), emitida el 28 de enero de 1988 y modificada en 1996, establece regulaciones para la instalación y operación de sistemas de manejo de residuos peligrosos, incluyendo su importación y exportación. El siguiente instrumento jurídico en jerarquía es el Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos de la citada ley, el cual provee los métodos para informar y registrar todas las actividades relacionadas con la generación manejo, importación, exportación y disposición final de materiales residuales. Esta regulación es observada a nivel nacional a través de la SEMARNAP.

El Congreso aprobó modificaciones a los artículos 147 y 153 de la LGEEPA concernientes al manejo, importación y exportación de desechos peligrosos. Estos cambios aun requieren ratificación por parte del senado, y una vez aprobados se crearán Normas Oficiales Mexicanas que definirán los mecanismos precisos para la regulación e importación de sustancias tóxicas.

2. Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología: En 1992 el Departamento del Distrito Federal terminó un inventario de generación de residuos tóxicos para la Zona Metropolitana del Valle de México. En 1993 la PROFEPA realizó estudios para identificar residuos tóxicos y peligrosos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Las siguientes actividades se están realizando actualmente por el gobierno mexicano: clasificación, separación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados por hospitales y establecimientos médicos; requerimientos para el diseño, construcción y operación de presas de jales, y lineamientos para establecer la impermeabilidad de receptáculos de almacenamiento.

3. Grupos principales: Sin información

4. Finanzas: Sin información

5. Cooperación regional/internacional: México ratificó la Convención de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación en 1991, participando en algunos de los grupos de trabajo. Asimismo, y en el marco del Acuerdo de la Paz suscrito en 1983, México y Estados Unidos acordaron el mecanismo bilateral de notificación sobre los movimientos de sustancias tóxicas entre ambos países. Con el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1994, nuestro país ha observado las decisiones y recomendaciones del Consejo de la OCDE referentes al transporte transfronterizo de residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos generados por las maquiladoras (fábricas generalmente de propiedad norteamericana en las que los productos finales son exportados a los Estados Unidos) son regresados a los Estados Unidos. Sin embargo diversas empresas mexicanas están dedicadas al reciclaje de materiales secundarios y a la importación de residuos peligrosos para este propósito.

En coordinación con la OCDE se organizó un taller de minimización de residuos en Washington (México, Canadá, Estados Unidos), y en México se realizó un taller sobre minimización de residuos y producción más limpia en América Latina y el Caribe; además se continuó participando en las reuniones del Grupo de Políticas para el Manejo de Desechos, y se participó en el Taller Internacional de Minimización, realizado en Berlín, Alemania, del 16 al 18 de octubre de 1996. Se cumplen las decisiones/recomendaciones del Consejo de la OCDE y los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 21 sobre el manejo sustentable de sustancias químicas y la cooperación regional para el manejo racional de cuatro sustancias químicas tóxicas, persistentes y bioacumulables.