Seminar: Protection of Women's Human Rights

En primer lugar quiero dar la bienvenida a todas las personas participantes a este Seminario que ha sido organizado de manera conjunta entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comisión Andina de Juristas.

La amplia concurrencia y el número de solicitudes recibidas son una muestra de la relevancia del tema, tanto entre los organismos del estado, como entre las organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas comprometidas con la defensa de los derechos de la mujer.

Pero no es solo la acogida otorgada el tema del seminario la que muestra su importancia. Se trata, sin duda, de una tema de importancia singular. Son cada vez mas los casos en que las justicia internacional adquiere relevancia a través de los instrumentos internacionales para la protección, defensa y ejercicio de los derechos humanos. Uno de los casos significativos tiene que ver con la afirmación de los derechos humanos y la igualdad de las mujeres.

En los últimos años ha habido avances significativos en el largo camino hacia la consolidación de la justicia de género. Los cambios más importantes se encuentran en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Las modificaciones en el marco jurídico, como consecuencia de iniciativas legislativas y de una amplia movilización social han abarcado diversos ámbitos: reformas constitucionales, reformas a los códigos penales, propiedad de la tierra, códigos civiles y familiares y muchos otros.

En los últimos cinco años se ha seguido avanzando en un proceso iniciado a fines de los años ochenta, en favor de la universalización y multiplicación de los derechos humanos, en el que las mujeres de distintas condiciones han desempeñado un papel muy importante. Los principales rasgos de este proceso han sido la primordial importancia otorgada a la integralidad, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. En este período se ha reiterado que los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas son un componente integral de los derechos humanos universales, independientemente de la tradición histórica o cultural. Los países han completado el proceso iniciado con la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Al hacerlo la región asume que es discriminación es "cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la diferencia sexual que tenga como efecto u objetivo anular el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres". Las reformas constitucionales y legales referidas a la igualdad de género se han servido del marco que ofrece la Convención, adoptando una noción de igualdad que trascienda la noción de igualdad formal.

La adopción del protocolo facultativo como mecanismo para garantizar el cumplimiento de la Convención es, sin lugar a dudas, un logro digno de destacarse. El protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue adoptado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 43º período de sesiones (marzo de 1999), adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo cuarto período de sesiones y entrará en vigencia el 22 de diciembre del presente año. El Protocolo de la Convención permitirá a las mujeres de todo el mundo, individual y colectivamente, presentar recursos ante la Convención por el incumplimiento de la norma, y autoriza al Comité llevar a cabo investigaciones sobre abusos graves y sistemáticos a los derechos humanos de las mujeres en los países que lo adopten.

Hasta el 24 de noviembre 24 países lo habían suscrito, de los cuales estos catorce paises son de la región. Este proceso, que forma parte de la evolución positiva en el campo de los derechos humanos al término del milenio, abre la posibilidad en el futuro de sancionar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, limitando la cantidad de casos que quedan en la impunidad debido a la falta de recursos legales y mecanismos al alcance de las mujeres.

Aunque la adopción del Protocolo es sin lugar a dudas el logro mas importante en materia de derechos humanos, la región a ha asumido otros principios que se encuentran expresados en diversos ambitos temáticos. Así, reafirmando lo expresado en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, aprobado en El Cairo en 1994, en la Plataforma de Acción de Beijing se estipula que 'los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia'. Asimismo, se reitera que 'las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción (?) exigen la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual'.

Estos avances se suman a la decisión de la Comisión de los Derechos Humanos tomada en su 50º período de sesiones, de designar un relator especial sobre la violencia contra las mujeres, a la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que actualmente trabaja en coordinación con el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la propuesta de creación de una Corte Penal Internacional.

El cambio que mas se ha generalizado y ha seguido patrones comunes en casi todos los países ha sido el relativo al reconocimiento de la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico. El logro más importante en tal sentido ha sido, sin lugar a dudas, la aprobación de leyes que condenan la violencia contra la mujer. De hecho, en todos los países de América Latina y en la mayoría de los del Caribe se han adoptado leyes de este tipo. Además de esto, en gran parte de los países ha aumentado el número de instituciones destinadas a prevenir y sancionar la violencia, a capacitar a funcionarios públicos y a sensibilizar a la opinión pública, aunque a la vez se reconoce la necesidad de ampliar el ámbito de acción para incluir las causas de la violencia, para lo cual habría que formular políticas educativas, familiares, de seguridad ciudadana y de reforma judicial que complementen los avances logrados.

Hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos

Un análisis de la legislación vigente muestra que muchas leyes con contenido abiertamente discriminatorio han sido enmendadas, pero también se observa que en la mayoría de los casos no se ha modificado el marco conceptual de leyes que tienen su origen en filosofías discriminatorias de las mujeres, se dificulta su aplicación y cumplimiento. Aún hay temas cuyas implicancias para las mujeres y la igualdad de género no han sido abordadas en profundidad, tanto en el campo de la teoría como en el de la práctica, entre otros el concepto de igualdad, el conflicto que se plantea entre universalidad y relativismo cultural, y la exigibilidad y justicialidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Ahora es necesario trabajar para una adecuada instrumentación de la norma, lo que exige acciones en dos ambitos: el de las reformas judiciales y el de la política económica

Las reformas judiciales y legislativas realizadas en los países han abierto nuevas posibilidades de modificar esta situación. Concretamente, nos referimos a la enmienda de los códigos penales, las leyes laborales y los derechos indígenas, la reforma de los servicios de salud, seguridad social y otros procesos de reforma institucional en curso. Es importante desarrollar estrategias para armonizar el marco de derechos humanos que se ha desarrollado ampliamente en la última década con las reformas institucionales La reforma judicial en curso en muchos países abre la posibilidad de enfrentar estructuralmente algunos de los problemas que surgen de la aplicación de la Convención, tales como la falta de conocimiento por parte de abogados y jueces, la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía, falta de registros de casos emblemáticos en que la Convención ha servido para lograr justicia, etc.

Sin embargo, el desafío mas importante radica en conjugar el marco de derechos humanos con la orientación de las políticas económicas La CEPAL ofrece un marco conceptual para la incorporación de una perspectiva de género en las políticas públicas. En primer lugar promueve la articulación de tres dimensiones: equidad, desarrollo y ciudadanía, en un solo enfoque, superando el economicismo inspirado en la lógica del mercado. En segundo lugar recupera la dimensión de los derechos sociales e individuales y su materialización de políticas sociales universales, solidarias y eficientes.

Respeto de la diversidad cultural

El principio de universalidad no debería contradecir el principio de respeto de la diversidad cultural, aunque las diferencias culturales no deben ser utilizadas para legitimar la discriminación de las mujeres. Convendría reexaminar la vigencia de usos y costumbres legitimados por la tradición, para así garantizar efectivamente el respeto a los derechos humanos de todas las mujeres.

A la vez, habría que desplegar especiales esfuerzos para lograr que se reconozcan los derechos de mujeres indígenas, víctimas de una exclusión que refleja diversas formas de discriminación política, social, económica y cultural.

Eficiencia y eficacia

La lucha por los derechos de las mujeres se debe enfrentar con eficacia. Para que los principios de universalidad y respeto de la diversidad sean una realidad habría que potenciar las entidades encargadas de formular políticas de género, mientras en las reformas que se lleven a cabo convendría tomar seriamente en consideración el aporte de las organizaciones de la sociedad civil. Por consiguiente, los Estados deberían jerarquizar y fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Los gobiernos de la región deben profundizar sus compromisos, mediante el aumento de los recursos técnicos y financieros que se asignen para velar por el ejercicio de los derechos de las mujeres, sobre todo a las fuerzas policiales y los órganos de administración de justicia.

Armonizar la legislación de las reformas con los derechos humanos de las mujeres

Como parte de las reformas sectoriales ?sobre todo las que se realicen en los sectores de la salud, el trabajo, la educación y la seguridad social?,habría que adoptar disposiciones legislativas y administrativas expresas con el fin de eliminar las brechas de género en los ámbitos pertinentes. Las reformas orientadas a la descentralización del Estado y el establecimiento de nuevas formas de ordenamiento territorial deberían armonizarse con una estructura institucional que facilite la formulación de políticas de género.

En el marco legal que se adopte como consecuencia de las reformas deberían incluirse disposiciones que garanticen el acceso, control y goce equitativo de los beneficios y servicios pertinentes por parte de las mujeres.

Fortalecer las instituciones encargadas de aplicar y hacer cumplir la ley

En el ámbito de la lucha contra la violencia es necesario fortalecer las estrategias intersectoriales, a fin de articular medidas de prevención, atención y erradicación tanto en la esfera privada como en la pública.

Por otra parte, habría que eliminar todos los obstáculos que impiden las imposiciones de sanciones acordes con los derechos humanos de los delitos sexuales y las distintas formas de violencia en el ámbito público. Asimismo, en los planes nacionales de seguridad ciudadana deberían incluirse medidas para erradicar la violencia contra la mujer en todas sus expresiones.

Equidad en la representación

La consolidación de una gobernabilidad democrática hace imprescindible la adopción de medidas estructurales en el ámbito de la legislación electoral, y las leyes sobre partidos políticos y participación ciudadana, para lograr una representación igualitaria de mujeres y hombres en todas las áreas de la institucionalidad pública. No cabe duda que el principal obstáculo que se plantea en este plano sigue siendo la inaceptable condición de minoría que caracteriza a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, situación que debe corregirse para dar cumplimiento a las disposiciones internacionales.