Agenda 21 - Venezuela

Mucho antes de la Conferencia de Río de Janeiro (1992), Venezuela contaba ya con una legislación ambiental en pleno desarrollo. Posteriormente, los relativos al agua a nivel nacional y en los lagos de Valencia y de Maracaibo, así como el correspondiente a la contaminación atmosférica fueron sustituidos por otros que los modifican o los engloban con otras temáticas. Durante los años posteriores a la Cumbre de Río se han añadido otros instrumentos legales de importancia.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

Vale la pena destacar que las últimas modificaciones y adiciones a la legislación ambiental han respondido a un esfuerzo sistemático por actualizarla, a la luz de la experiencia internacional y nacional, tomando en cuenta que esta reglamentación está constituida por instrumentos muy dinámicos, cuya evolución va de la mano con el desarrollo tecnológico, el avance de la ciencia e incluso la disponibilidad de recursos humanos con la formación requerida y de las condiciones y políticas existentes para su implementación come es indicadó por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR). Dentro del MARNR la actividades de vigilancia y control se aplican bajo la Dirección de Coordinación y Supervisión Ambiental, y la Oficina de Desarrollo Professional y Relaciones Internacionales (ODEPRI).

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

El otorgamiento o negación de permisos de ocupación de espacios y afectación de recursos es el instrumento más fuerte con que cuenta la gestión ambiental en Venezuela. La elaboración y presentación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) constituye un elemento imprescindible para que aquellas actividades potencialmente agresivas los obtengan. Desde un principio se exigieron en proyectos particularmente degradadores, pero es en 1992 cuando se decreta el Reglamento Parcial correspondiente de la Ley Orgánica del Ambiente, como norma técnica contemplada por la Ley Penal del Ambiente. Este decreto posteriormente fue rnodificado por el Decreto N 1.257 del 25/4/ 96 mediante el cual se dictaron las Normas sobre Evaluación Ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente. Además de la obligatoriedad de los EIA, estas normas indican taxativamente su contenido y los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para ser acreditadas como Consultores Ambientales y, en particular, para elaborarlos. Las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible están contenidas en dos documentos fundamentales: en el IX Plan de la Nación, que pauta las politicas para el desarrollo durante el 1994-1998 y en el proyecto de Plan Nacional de Ordenación del Territorio, con de más aliento, siendo simultáneamente causa y efecto del primero. En este capítulo se describen ambos y se destacan las vinculaciones entre ellos que aseguran un grado razonable de armonia entre el crecimiento económico, todo lo cual propende al cumplimiento de la Agenda 21. Plan de la Nación icluye lo siguiente: siete grandes proyectos estratégicos que trabajan en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales competitivos y en la urgencia por lograr consensos y compromisos entre las fuerzas sociales; políticas de conservación en el sur y en relativamente marginadas del oriente del pais; estructura del Sistema Urbano para el juego de economías y deseconomías de aglomeración; estrategia de Solidaridad con la cual los diferentes niveles de servicios se agan accesibles a toda la población del tres principios rectores: la participación del sector privado en las inversiones, la participación comunitaria y la acción rectora, promotora y facilitadora del Estado; Agenda Marrón para la transformación competitiva del pais y el fortalecimiento de la base urbana; y acciones complementarias para: el fortalecimiento de los Programas Desarrollo Sustentable del Sur, Orinoco-Apure y Desarrollo Fronterizo; y la atracción y asentamiento de los recursos humanos requerirán los procesos productivos relacionados con los Grupos Líderes de Actividad. El Plan Nacional de Ordenación del Territorio contiene: Planes para espacios sub-nacionales y permisos para la ocupación del territorio; un proyecto de PNOT, que ha sido determinante para los contenidos de los Planes Estadales. La planificación Ambiental es una constante dentro de los procesos de gestión de la conservación del ambiente en Venezuela. Aparte del proyecto de Plan Nacional de Ordenación Territorio y de los Planes Estadales que lo desagregan, descritos anteriormente en el presente documento, la legislación y la praxis requieren planes de ordenacidn y de manejo a diferentes niveles. Así, dependiendo de dichos Planes Estadales, la Ley Orgánica de Desarrollo Urbanístico prevé la elaboración y aplicación de Planes de Ordenamiento Urbanístico para las micro-regiones donde se asientan ciudades de cierta importancia y Planes de Desarrollo Urbano Local. De esta forma, se aseguraría la coherencia entre las políticas de nivel nacional, estadal y local.Por otra parte, está previsto que el PNOT se desagregue también en planes por naturales y que cada Area Bajo Régimen de Administración Especial tenga su propio plan de ordenación y manejo. Y últimamente, se prevé que en las áreas donde se ubiquen actividades mineras o de hidrocarburos de cierta importancia, se elaboren y cumplan planes que aseguren la conservación del ambiente. Extraordinarios ejemplos a este respecto se tienen en el Plan de Ordenamiento de la Faja Petrolífera del Orinoco y el Plan de Ordenamiento de la Mesa de Guanipa y su área de influencia, publicados hace un decenio bajo el marco del Convenio MARNR/PDVSA, y en el recientemente terminado Plan para la gestión ambiental del Flanco Sur Andino, propiciado las empresas petroleras venezolanas que van a liderizar vastos procesos de inversión durante los próximos diez años en el amplio piedemonte oriental de los Andes venezolanos, con el propósito de evitar que las nuevas actividades degraden el ambiente y las actividades agropecuarias y turísticas tradicionales. De manera similar, está iniciándose la elaboración de un Plan para el desarrollo sostenible del oriente venezolano, región donde empiezan a concentrarse gigantescas inversiones petroleras internacionales, que duplicarán la producción de hidrocarburos en el próximo decenio, abriendo importantísimas perspectivas para el crecimiento económico, pero amenazando también 1a calidad ambiental, tanto natural como social.
Cabe adelantar aqui que otro instrumento que complementa los anteriores en materia de política ambiental, y en relación al cual hay un retardo importante, se encuentra en pleno proceso de elaboración y estará vigente hacia finales de 1998: el Plan Nacional de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, previsto en la Ley Orgánica del Ambiente. Igualmente cabe recalcar que este tipo de iniciativas, lejos de constituir desestímulos para los inversionistas, suelen ser bien acogidas por ellos, ya que significan el establecimiento de reglas de juego claras, en cuanto a las localizaciones deseables y posibles, tanto desde el punto de vista empresarial como estatal.

El IX Plan de la Nación comienza por describir las circunstancias económicas y sociales del país, estableciendo las ventajas comparativas que se derivan de su geografía. Reconoce la necesidad de insertarse en los procesos de globalización y de establecer los determinantes de la crisis económico social que empieza a ser superada, para luego describir las oportunidades que existen para lograr el crecimiento económico y la equidad social, como punto de partida para superar la pobreza que aqueja a un extenso sector de la población y que se constituye en el factor crucial avanzar en el marco del desarrollo sostenible. Para ello, pone especial énfasis en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales competitivos y en la urgencia por lograr consensos y compromisos entre las fuerzas sociales. Sobre esa base, se definen siete grandes proyectos estratégicos: la inserción inteligente en la globalización; equilibrios macro-económicos con equidad; competitividad con equidad; transformación de la educación y el conocimiento; reforma del Estado; calidad de vida y social y ; conservación del ambiente y ordenación del territorio. Los dos últimos proyectos y sus vinculaciones con los demás son de particular importancia en el presente contexto, pues dan respuesta a las inquietudes de la Agenda 21 en torno a las vinculaciones que deben existir entre el desarrollo y el ambiente, como se verá a continuación.
En el contexto del IX Plan, el ordenamiento del territorio y la conservación del ambiente son instrumentos de primer orden para lograr el desarrollo sostenible del país, entendido como la satisfacción de las necesidades fundamentales de toda la población, mediante el uso racional y el de los recursos naturales, de forma tal que la generación actual y las futuras puedan disfrutarlos manteniendo su capacidad reproductiva como medio para procurar la calidad de vida la supervivencia de la Humanidad sobre el Planeta. Desde el punto de vista territorial, el apoyo la competitividad que permita insertarse en la sociedad global, tiene significados muy claros: aprovechar las ventajas comparativas que ofrece un conjunto de recursos naturales, mantener la calidad verde de los productos que son o aspiran a ser exportados y optimizar el juego de economias y deseconomias de aglomeración dentro del sistema urbano. En cuanto al aprovechamiento de ventajas comparativas, empieza por reconocer que la mayor parte de los recursos naturales requeridos en la transformación competitiva se encuentran en el y en zonas relativamente marginadas del oriente del pais, lo cual exige implementar allí políticas de conservación, de poblamiento, de infraestructuras y equipamiento y, finalmente, de desarrollo e integración fronteriza y que es necesario expandir la frontera de ocupación agropecuaria, para incorporar importantes sectores no utilizados actualmente.
El IX Plan reconoce que el mantenimiento de la calidad verde en productos exportables es una clara exigencia de los mercados internacionales, dado el creciente nivel de conciencia en torno a relaciones alimentos-salud y tecnología-ambiente. Consecuentemente, es imprescindible una cuidadosa atención a las caracteristicas sanitarias del producto mismo y a los impactos ambientales del proceso de producción. En este mismo contexto, la conservación de la biodiversidad significa no sólo una obligación ecológica, sino también una fuente potencial de exportaciones rentables. El juego de economías y deseconomías de aglomeración significa alcanzar una estructura del Sistema Urbano, en la que las ciudades sean ambientalmente sustentables y donde centro poblado cumpla eficientemente su función en el conjunto, apoyando las Cadenas de Globalización y los Grupos Lideres de Actividad. Este mismo concepto guarda estrecha relación la estrategia de Solidaridad Social, de acuerdo con la cual, los diferentes niveles de servicios estar espacialmente distribuidos de forma tal que: toda la población del pais tenga acceso a a distancias y a costos razonables, en ciudades más eficientes, agradables y seguras y con menos marginalidad. Para el logro de estos propósitos el IX Plan de la Nación establece tres principios rectores: la participación del sector privado en las inversiones, la participación comunitaria y la acción rectora, promotora y facilitadora del Estado, incluyendo la definición y aplicación de reglas de juego en torno a la ocupación del espacio, el uso de los recursos y la relación tecnología productiva-ambiente. La transformación competitiva del pais será apoyada mediante las siguientes acciones: El fortalecimiento de su base urbana, lo que en términos ambientales se concreta en priorizar la Agenda Marrón (Bartone, C.;Bernstein,J.; Leitman,J; Eigen,J. Toward Environmental Strategies for Cities. World Bank. Washington D.C. 1995); el soporte a la estrategia agroalimentaria; el cuidado de la relación del comercio internacional con la calidad del ambiente; consideración de la biodiversidad como factor ecológico y económico de primer orden. El soporte a la estrategía agroalimentaria significa: el rescate de la infraestructura para riego ya construida; el mantenimiento preventivo de la red de vialidad rural; la ampliación de esa misma red acorde con la expansión de la frontera de producción; y la conservación de las cuencas hidrográficas, especialmente en sus partes altas, evitando la degradación de numerosas especies animales y vegetales, la pérdida de suelos, el arrastre de sedimentos que causa inundaciones y colmatación de represas, y la disminución del agua disponible para riego y abastecimiento de poblaciones. Por otra parte, la variable ambiental ha adquirido una enorme importancia para el comercio internacional, como lo demuestra la relevancia dada al tema en los acuerdos internacionales, el rechazo de los consumidores a la producción anti-ecológica, la utilización de pretextos ambientalistas para el bloqueo del libre intercambio y el creciente transporte mundial de tóxicos. Consecuentemente, para aumentar la competitividad de Venezuela se mantendrá lo que se ha dado en llamar la Calidad Verde de la producción. Finalmente, el aumento vertiginoso de la relevancia de la biodiversidad a nivel mundial permite prever que, en será uno de los elementos más importantes del comercio internacional, razón por la cual el Xl Plan demanda a las instituciones pertinentes la instrumentación de las medidas necesarias para su exploración y aprovechamiento sostenible. La inmensa potencialidad de los recursos que dispone el país en su parte sur, el manejo ilegal de mismos, la fragilidad de los ecosistemas alli presentes y las implicaciones internacionales fronterizas, exigen la realización de ingentes esfuerzos por ocupar y desarrollar esos espacios, actualmente semi-vacíos, dentro del marco del desarrollo sostenible. A tales fines, el IX Plan de la Nación establece que se instrumentarán dos grandes tipos de acciones complementarias, a saber: fortalecimiento de los Programas Desarrollo Sustentable del Sur, Orinoco-Apure y Desarrollo Fronterizo; y la atracción y asentamiento confortable permanente a los recursos humanos que requerirán los procesos productivos relacionados con los Grupos Líderes de Actividad. En ese contexto, el Estado venezolano afirma el derecho de los indígenas a continuar sus hábitats ancestrales, manteniendo sus rasgos culturales o transformándolos, en el su propia libertad. En esa dirección se fortalecerá la educación intercultural bilingile. El compromiso del Estado venezolano con la normativa del ambiente y la ordenación del territorio. Durante la vigencia del IX Plan de la Nación, el Estado venezolano se compromete a una revisión exhaustiva de la base institucional y legal para la ordenación del territorio y la conservación del ambiente, en función del desarrollo sostenible, hasta lograr un conjunto coherente en las siguientes materias: Uso e intensidad de uso en los diferentes espacios, estructura del Sistema Urbano, condicionantes al empleo de ciertas tecnologías productivas, pautas el manejo de los recursos naturales y Sistema Nacional de Areas Protegidas. Igualmente, el Estado se compromete a promover por todos los medios posibles, a la educación ambiental formal e informal y una participación más amplia de la población en la toma de decisiones y en la solución de los problemas, considerando que, sin ella, todo lo antes propuesto ninguna probabilidad de éxito. En tal sentido, aprovechará la amplia experiencia participativa de las organizaciones no gubernamentales de corte ambientalista, orientándolas simultáneamente a otras temáticas de interés para el desarrollo económico y social.

Todo estilo de desarrollo en general y cualquier tipo de política económico-social en particular, tiene estrechas vinculaciones con el territorio del país o la región correspondiente. Cuando esta vinculación no es la adecuada, se generan deseconomias de aglomeración, injusticia social y degradación de los recursos naturales, todo lo cual conduce al rápido crecimiento de los costos que debe incurrir el Estado para ofrecer servicios y conservar la capacidad de sustentabilidad del ambiente. Esto es comprensible si se visualiza al territorio desde tres puntos de vista: como de recursos naturales, humanos y de infraestructura que constituyen la base de las actividades productivas; como conjunto de condicionantes a la eficiencia de esas mismas actividades, de forma tal que puedan permanecer en el tiempo; y como distancias a ser vencidas minimizando el costo de transporte. Encima del territorio, interactuando ambos permanentemente, el sistema urbano debe estar de forma tal que se cumplan los requisitos de distribución espacial de la población y producción en un conjunto funcional de centros poblados que tienda a la optimización de las economías de escala y de aglomeración; de una distribución de los tipos y niveles de servicios que asegure su accesibilidad a todos los habitantes del país o de la región; y de densidades intra-urbanas que tiendan a optimizar el costo de prestación de servicios y la calidad de vida. Es estas razones que, desde sus inicios, la ordenación del territorio ha constituido un eje conceptual, metodológico y operativo para vincular permanentemente la planificación y gestión ambiental con la del desarrollo económico social. Los instrumentos básicos de esta actividad son: el Plan Nacional y los Planes Estadales de Ordenación del Territorio que serán objeto del presente capítulo; Planes para otros espacios tales como Areas Bajo Régimen de Administración Especial o áreas cuya importancia y/o vulnerabilidad así lo demanden; y permisos para la ocupación del territorio y la afectación de recursos, a los que deben someterse todas las actividades económicas y sociales del país, tema que será discutido más adelante. El Artículo 9 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio contiene la siguiente definición:"Artículo 9.- El Plan Nacional de Ordenación del Territorio es un instrumento a largo sirve de marco de referencia espacial a los planes de desarrollo de mediano y corto plazo del país y a los planes sectoriales adoptados por el Estado y contiene las grandes directrices en las siguientes materias:

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

Información presentada por el Gobierno de Venezuela ante la Quinta y Sexta Sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ultima revisión: diez de junio de 1998

MAJOR GROUPSGRUPOS PRINCIPALES

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación