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Economic Aspects | Natural Resource Aspects | Institutional Aspects | Social Aspects |Mexico

NATURAL RESOURCE ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MEXICO
ASPECTOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE REFERENTES A LOS RECURSOS NATURALES EN MEXICO

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• Agriculture
• Atmosphere
• Biodiversity
• Desertification and Drought
• Energy
• Forests
• Freshwater
• Land Management
• Mountains
• Oceans and Coastal Areas
• Toxic Chemicals
• Waste and Hazardous Materials

AGRICULTURE
AGRICULTURA

En el aspecto de conservación y rehabilitación de tierras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), elaboran conjuntamente una propuesta para incorporar criterios de sustentabilidad en la actividad agrícola y para la conservación de tierras. En el año de 1997, se creó el Consejo Consultivo para el Fomento de las Energías Renovables (COFER), con la misión de abocarse, bajo la óptica de un mercado de libre concurrencia, a la promoción y fortalecimiento de la utilización de las energías renovables en nuestro país, sentando las bases para una adecuada política gubernamental en este sentido. Este Consejo opera bajo la supervisión y coordinación de la CONAE. Las políticas implementadas en la lucha integrada contra las plagas agrícolas han sido diversas. Dentro de ellas destaca la creación de la Comisión Intersecretarial para el Control y Uso de los Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), en la que establecen los registros y procedimientos para el control de plaguicidas de uso agrícola.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

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Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

Las medidas adoptadas por México en lo relativo a políticas de precios y subsidios para productos agrícolas e industriales se rigen por las disciplinas establecidas en la Organización Mundial del Comercio (OMC). México ha expresado su interés de que en el marco de la próxima ronda de negociaciones multilaterales de la OMC, se eliminen los subsidios distorsionantes del comercio, mismos que tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente al promover la sobreexplotación de recursos naturales. En materia de comercio exterior, tanto para productos del sector agropecuario como industrial, México ha progresado en la liberalización de la importación de equipos de tipo ecológico que tengan como objetivo mejorar el medio ambiente. Recientemente, ha tenido lugar una transformación gradual de los subsidios generalizados al consumo alimentario en subsidios orientados a la inversión en capital humano de las familias en pobreza. Esto se lleva a cabo en dos sentidos: por un lado los subsidios generalizados se reorientan hacia acciones definidas y más integrales (a través de Progresa), que generan mayor impacto en la población que los recibe; por otro, la reorientación de los subsidios alimentarios refleja la mayor atención que se otorga a los habitantes de las áreas rurales marginadas, donde se presenta el fenómeno de la pobreza con mayor intensidad y limita su atención a las zonas urbanas, como en el caso de la eliminación del subsidio a la tortilla y productos básicos que se otorgan directamente a través de la operación de todas las tiendas que coordina Diconsa en prácticamente toda la República. En el último trienio se ha registrado un crecimiento real del 79% en los subsidios alimentarios que se canalizan directamente a la población pobre. En esta materia durante 1999 se están destinando más de tres cuartas partes de los recursos dirigidos a los pobres hacia áreas rurales, donde vive el 60% de la población pobre del país. Esta situación contrasta con la que se registraba al inicio de la actual administración, cuando casi 70% de los recursos se dirigía hacia los habitantes de la zonas urbanas. La intervención del Estado ha sido fuerte e influyente, con políticas reguladoras que afectaron los precios y el uso del suelo, e intervenciones directas en la provisión de insumos y en el acceso a los mercados. Los proyectos de riego, la disponibilidad de crédito y el gasto global del Estado para el desarrollo de la agricultura, crecieron de manera importante a mitad de los años setenta, sin embargo, a partir de 1981 se observa una fuerte declinación. La actual política agropecuaria reconoce que la estrategia de promoción del crecimiento del sector basada en la incorporación de tierras al cultivo y de aplicación de las fronteras ganaderas y de riesgo, se agotó prácticamente durante las tres últimas décadas, por lo que el país no puede sustentar el crecimiento de la producción agropecuaria en el uso extensivo de recursos naturales. Por ello, el proceso de planeación de los programas agropecuarios está incorporando la variable ambiental además de considerar medidas y programas que contribuyen a mitigar efectos provocados por el cambio climático. Todas las estrategias instrumentadas como parte del manejo integrado de plagas, ha sido consensadas con base en la consulta de diferentes estudios de investigación y de experiencias en la materia, que de una u otra manera, están relacionadas con el Servicio Mundial de Manejo Integrado de Plagas. El Gobierno ha elaborado una política sobre los recursos hídricos para la alimentación y la agricultura. La Comisión Nacional del Agua (CNA) es la institución encargada de administrar y preservar el agua en el país, que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), coordina diversos programas con la participación directa, en muchos de ellos, de los propios usuarios, y los gobiernos de los estados. Las estrategias para la atención de necesidades en materia de infraestructura hidroagrícola son:

• Impulsar la construcción de la infraestructura de riego y de temporal tecnificado, priorizando la atención y terminación de los proyectos y obras con mayor nivel de avance en su ejecución, de acuerdo con criterios de rentabilidad económica, social y financiera;
• Modernizar y rehabilitar la infraestructura existente en los Distritos y Unidades de Riego, en coparticipación con asociaciones de usuarios y gobiernos estatales y municipales;
• Promover el desarrollo sustentable del riego agrícola, con acciones para evitar la contaminación, reducir la sobreexplotación del agua subterránea y fomentar la cultura para una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura agrícola; y,
• Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios a las que les es transferida la infraestructura hidroagrícola, particularmente en cuanto a su administración y su viabilidad empresarial.

• Construir infraestructura nueva de riego en una superficie del orden de 37 mil hectáreas;
• Rehabilitar y modernizar una superficie de 225 mil hectáreas en los distritos de riego;
• Incorporar al temporal tecnificado una superficie de 80 mil hectáreas, ubicadas en la región sureste del país, dentro de la zona denominada del Trópico Húmedo, caracterizada por tener suelos de buena calidad para la agricultura y condiciones climatológicas favorables;
• Rehabilitar 747 mil hectáreas en los distritos de temporal tecnificado, para entregar la infraestructura a las asociaciones civiles de usuarios en buenas condiciones de operación;
• Rehabilitar 6,700 pozos que riegan una superficie de 211 mil hectáreas de riego;
• Rehabilitar 1,116 unidades de riego que benefician una superficie de 123 mil hectáreas;
• Construir obras para proteger áreas productivas en una superficie de 235 mil hectáreas;
• Rehabilitar 255 presas, con la finalidad de darles seguridad, por encontrarse aguas abajo zonas urbanas o áreas agrícolas;
• Transferir infraestructura, maquinaria, equipo y funciones a los usuarios de los distritos de riego, en una superficie de 774 mil hectáreas;
• Transferir infraestructura, maquinaria, equipo y funciones a los usuarios de los distritos de temporal tecnificado, en una superficie de 1.5 millones de hectáreas; y,
• En 1998 se implementó el programa de riego suplementario que tiene por objeto consolidar e incrementar los rendimientos de los proyectos productivos del sureste del País, habiéndose construido una infraestructura de riego del orden de 3 mil hectáreas.

La participación de las comunidades, productores, mujeres y jóvenes es destacada en la ejecución y desarrollo de los programas de agricultura sustentable y desarrollo rural. Entre otras acciones específicas de participación están: la adopción de tecnología adecuada a las circunstancias de su localidad; la definición de aplicación y desarrollo de la reconversión productiva; financiamiento de una parte importante de la inversión que implica desarrollar acciones de agricultura sustentable; aplicación de los recursos materiales y técnicos que proporcionan las instituciones públicas del país; así como la disponibilidad para capacitarse. Las formas de participación van desde la integración de grupos afines, como mujeres, jóvenes y jornaleros; organizaciones regionales y económicas y productores en lo individual. Dentro del sector ambiental, las actividades desarrolladas en regiones prioritarias han contado con la participación de grupos organizados a nivel comunitario: organizaciones sociales, de mujeres, de ejidatarios, grupos de productores organizados, comisariados ejidales y presidentes municipales. Estos grupos son convocados para su participación en talleres sobre la problemática en sus comunidades, donde se realizan diagnósticos y propuestas; por otra parte, los talleres de divulgación fomentan la participación de los grupos menos organizados y, finalmente, en talleres de capacitación se fomentan y rescatan prácticas agrícolas para el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos. El INI, por su parte, realiza acciones para apoyar proyectos productivos en albergues escolares indígenas, donde los niños aprenden y reproducen los conocimientos adquiridos en sus hogares y transmitidos por sus padres, para el manejo de la milpa, los solares de traspatio y los huertos familiares. Asimismo, a través de los programas Fondos Regionales, FIDA (que dependen del Banco Mundial) y Agroecología Productiva, se han establecido criterios normativos para garantizar la participación de la mujer indígena en el desarrollo de proyectos productivos integrales y de desarrollo sustentable. Para fomentar la participación femenina, la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, organizaron en septiembre de 1998, el encuentro estatal de mujeres líderes agrarias del Estado de Veracruz, con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar el papel que desarrollan las mujeres como representantes de los núcleos agrarios y reconocer cómo se ha transformado su vida familiar y su participación en el ámbito productivo, reproductivo y comunitario. Asociaciones registradas involucradas en la participación de iniciativas locales, presentan la siguiente distribución en porcentajes: agrícolas (34%), avícolas (16%), frutícolas (12%), agroindustriales (10%), hortícolas (9%), forestales (7%), porcícola (6%), ganadera (4%), y el 2% restante pertenece a otros proyectos floriculturales y acuiculturales.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

La Semarnap a través de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders), ha desarrollado estrategias e instrumentos que permiten planificar y ordenar el desarrollo rural y normar el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. A partir de 1995 se ha logrado contribuir a la transformación sustentable de las regiones pobres marginadas del campo, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a través de procesos de gestión del desarrollo y la realización de acciones concretas encaminadas a incrementar su ingreso y productividad, frenar los procesos de deterioro ambiental y mejorar el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Otras instituciones de la Administración Pública Federal han puesto en práctica políticas relativas a la agricultura sostenible, como es el caso del Instituto Nacional Indigenista (INI), que ha gestionado apoyos financieros con la FAO, BID, Banco Mundial, PNUD, para ejecutar acciones dirigidas a promover la agricultura sustentable y el desarrollo rural, cuyos avances se han visto fortalecidos a través del trabajo de extensión, capacitación y validación en campo para incorporar tecnologías apropiadas a las condiciones agroecológicas y sistemas de producción de la población indígena. A finales de 1994 se concluyeron 134 estudios que permitieron estimar los riesgos de erosión en aproximadamente un 70% de la superficie nacional. Adicionalmente, se formuló el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 que define políticas nacionales para promover la participación de los agricultores y campesinos en la toma de decisiones y la instrumentación de prácticas de conservación productiva de tierras agrícolas con el objetivo de conservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población rural. El sistema agrícola roza-tumba y quema se ha practicado durante siglos en México, estimándose que existe una superficie superior a los cinco millones de hectáreas en las que se practica este sistema. Por ello se lleva a cabo el Proyecto de Sedentarización de la Milpa con el objetivo de mejorar el sistema de agricultura de roza-tumba-quema mediante el uso de prácticas sustentables que permitan su intensificación, de acuerdo con las características del entorno natural y en el marco de una diversificación productiva. Sus objetivos particulares son conservar los recursos naturales donde se realiza la agricultura migratoria, intensificar la agricultura bajo roza-tumba-quema mediante prácticas productivas que conserven el suelo y mejoren su fertilidad y eliminar o reducir el uso del fuego mediante la sedentarización de la agricultura. El proyecto se basó en la intensificación de la milpa por medio de cultivos de cobertura en asociación con la producción de maíz, como una forma de incrementar la productividad y conservación de suelos, disminuir el uso del fuego y reducir los requerimientos de terrenos en rotación. De esta manera se tienen áreas que se pueden manejar bajo un esquema de enriquecimiento de acahuales o incrementando las áreas de vegetación natural. Como resultado de estas acciones se produjeron 332 ton. de semillas de abonos verdes durante 1998, para la atención de 22,250 ha. de milpa itinerante en 1999, como se observa en los siguientes dos cuadros:

La Secretaría de Energía del Gobierno de México ha conformado un grupo interdisciplinario, para preparar un proyecto de electrificación rural que permita llevar el servicio de iluminación a zonas marginadas y alejadas de la red de distribución convencional. Dicho proyecto contempla el análisis de la viabilidad para instrumentar diferentes tecnologías de energías renovables, entre las que se encuentran la energía eólica, energía fotovoltaica, minihidráulica, etc. Dentro de las acciones de desarrollo regional sustentable de la Semarnap, se han elaborado propuestas de proyectos ecoproductivos, resultado de los estudios de diagnósticos y ordenamiento ecológico, donde se tienen proyectos agrosilvopastoriles, siembra de leguminosas intercaladas con cultivos de maíz, calabaza, chile y frijol (policultivos) integrados a sistemas de acuacultura en zonas aptas. Actualmente se tienen 107 programas comunitarios y la formulación y ejecución de 557 proyectos ecoproductivos. En el caso de las acciones dirigidas a las poblaciones indígenas, partir de 1996 el INI apoya proyectos productivos sustentables en las siguientes vertientes: agricultura orgánica, conservación de suelos, vermicomposteo, reforestación, rescate, conservación, manejo y aprovechamiento de especies de flora y fauna de importancia, educación ambiental y ecotécnicas para riego. La estrategia nacional sobre agricultura sostenible y desarrollo rural está plasmada en el Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000, que parte de las directrices señaladas para el sector en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, y su ejecución compete a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR). Sus objetivos son: a) incrementar los ingresos netos de los productores y contribuir al combate de la pobreza rural con acciones de fomento productivo; b) Aumentar la producción agropecuaria por encima del crecimiento demográfico, con un uso racional de los recursos naturales; c) Contribuir a la seguridad alimentaria del pueblo mexicano, mediante el abasto de productos básicos agropecuarios; y d) Coadyuvar a superar el déficit estructural de la balanza comercial agropecuaria. Para materializar los cambios de estructura y de funcionamiento del aparato productivo agropecuario se elaboraron y fortalecieron programas específicos, entre los cuales destaca el denominado PROCAMPO. Este funciona desde el ciclo agrícola Otoño-Invierno 1993/94, como apoyo directo al ingreso de los productores agrícolas que, en el periodo 1991-1993, dedicaban sus tierras al cultivo de productos que anteriormente eran apoyados mediante el sistema de «precios de garantía»: maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, cebada, soya, algodón y cártamo. Actualmente el PROCAMPO constituye uno de los instrumentos más importantes del sector, cuyos propósitos se amplian para contribuir a reactivar la producción, a promover la reconversión productiva y la capitalización, y a fomentar el uso racional de recursos naturales. Además, protege las tierras agrícolas frágiles inscritas en el programa.
 

(ASERCA: Of. FOO.3/2233/99).

• El Programa de Capacitación y Extensión tiene como propósito apoyar a los productores para que superen restricciones de carácter tecnológico, de acceso a mercados y de financiamiento, apoyar a la incipiente o nula capacidad de gestión y de organización productiva, así como desplegar acciones que impulsen la conservación de los recursos naturales y la transferencia de tecnologías apropiadas;
• El Programa de Apoyo al Desarrollo Rural contempla dos vertientes: una que apoya en forma individual o de grupo la adquisición de bienes que respondan a la demanda actual de los productores; la otra contempla apoyos para inducir el uso de tecnologías, procesos productivos y actividades económicamente rentables, y que tengan expectativas de ser adoptables y además que sean sustentables y susceptibles de generalizarse en las microregiones. Los apoyos de inducción sólo pueden ejercerse en las microregiones prioritarias, con aquellos productores que cuenten con un asesor técnico y un programa de demostración de tecnología para los productores de las comunidades aledañas;
• El Programa de Empleo Temporal, por su parte, se instrumenta principalmente en los meses con menor ocupación en las parcelas y en las regiones, para realizar actividades de mejora de la infraestructura productiva local o de la propia parcela del productor;
• El Programa Crédito a la Palabra consiste en apoyar a campesinos de escasos recursos que realizan sus labores agrícolas en tierras temporaleras de baja productividad y/o alta siniestralidad y que no tienen crédito bancario; con ello se busca impulsar la producción preferente de alimentos básicos, fortalecer los ingresos de los campesinos que no tienen acceso a financiamiento bancario para el desarrollo de sus actividades productivas, y promover la capitalización campesina, a partir de la constitución de Cajas de Ahorro (Cajas Solidarias) con las recuperaciones.

• Ha facilitado el diálogo entre agricultores y sus organizaciones económicas;
• Entre 1989 y 1993 ha integrado a once organizaciones agrícolas al Congreso Agrario Permanente con el propósito de fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno, los campesinos y sus organizaciones;
• Ha diseñado Acuerdos de Planeación a fin de alentar la participación democrática de los campesinos y sus organizaciones;
• Ha creado zonas agroindustriales para generar la industrialización rural en siete regiones;
• Ha incrementado la producción y la productividad agrícola;
• Ha elevado la calidad de vida de la población rural vía 48 proyectos;
• Ha establecido uniones de crédito y fondos de aseguramiento para ser administradas por organizaciones campesinas;
• Ha integrado la infraestructura agropecuaria y forestal.

Status
Situación General

Desde hace dos décadas la superficie nacional dedicada a la agricultura es de aproximadamente 20 millones de hectáreas. Sólo una cuarta parte son tierras con pendientes que permiten la mecanización y cuentan con sistemas de riego. El resto, se ubica mayoritariamente en pendientes abruptas de gran fragilidad y fácilmente erosionables. El maíz y el frijol representan el 60% de la superficie cultivada, cubriendo alrededor de 10 millones de hectáreas. En 1995 la población rural (residentes en localidades menores a 2500 habitantes) representaba alrededor de 23 millones de personas, equivalente al 30% de la población nacional. De 1970 a 1995 las unidades de producción rural pasaron de 3 a 4.5 millones, mientras que la superficie cosechada creció sólo 18.8% entre 1970 a 1990. Asimismo, la Población Económicamente Activa dedicada a actividades agropecuarias pasó de 24.1% en 1995 a 20.0% en 1998. Mediante una serie de programas específicos, se propone incrementar los ingresos de los productores y apoyar en la realización de inversiones que requieren el cambio tecnológico, y en la capitalización de sus unidades de producción, fortaleciendo así su capacidad productiva y su patrimonio. El último informe de gobierno (1998-1999) señalan que, de 1995 a 1998, la producción de granos básicos y oleaginosas registró una tasa media de crecimiento anual del orden del 2.5%, y entre 1996 y 1998 se lograron las dos cosechas más altas de estos productos. Para el año agrícola de 1999 se espera lograr una producción de 31 millones de toneladas, que representa 0.7% superior a la generada el año pasado. Esta producción se alcanzará pese a la reducción del 1.8% en la superficie cosechada en el ciclo otoño-verano 1998-1999, como resultado de la grave sequía que afectó la región norte del país. El manejo integrado de plagas busca la optimización del control de los problemas fitosanitarios en forma económica y ecológicamente sensata, y consiste en la determinación de muestreo, evaluación económica de las poblaciones de la plaga, capacitación y divulgación de las principales estrategias o métodos preventivos y de control hacia todos los sectores involucrados en determinado sistema producto agrícola. Éste se ha establecido con base en convenios de concertación, que tenían como características la colaboración tripartita en el financiamiento de los programas de sanidad vegetal (gobierno federal, estatal y productores), pero siempre los productores han sido los encargados de operar las estrategias que determina el gobierno federal, con base en estudios de costo-beneficio y, considerando los aspectos económicos, ambientales y sociales.De igual forma, en los métodos de control se promueve el uso de enemigos naturales de la plaga y en caso de no contar con el material biológico necesario para implementarlo en la superficie afectada, se desarrollan proyectos de investigación y reproducción de este tipo de organismos benéficos. La atención integrada de plagas se ha dado desde 1949 en forma concientizada por los productores, mediante la promoción y constitución de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal que contienen injerencia de manera importante en las principales zonas agrícolas de cada entidad federativa. Aproximadamente 19% de los menores de 5 años que viven en las localidades rurales altamente marginadas en las que habitan las familias en condiciones de pobreza extrema padecen desnutrición de tipo moderada o severa. A través de las diferentes estrategias del Progresa se estima que en un periodo de dos años la proporción de niños con desnutrición severa o moderada de estas localidades habrá disminuido más de 15 %. Progresa otorga, a través de los centros de salud, diferentes servicios de atención básica a la salud entre los que se encuentran las acciones destinadas a prevenir los casos de desnutrición infantil, incluyendo vigilancia de la alimentación; control de crecimiento, peso y talla de los menores y educación en materia de salud, higiene y nutrición. La vigilancia mensual del estado nutricional de los menores y las madres permite identificar los casos de desnutrición para ser atendidos oportunamente. Los niños y niñas con algún grado de desnutrición reciben el suplemento alimenticio y deben asistir a consulta para darles seguimiento. Una vez que el niño alcanza su peso normal, debe continuar con la vigilancia nutricional mensual y con la entrega del suplemento durante seis meses continuos. Para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se otorga también un suplemento alimenticio especialmente diseñado para sus requerimientos nutricionales. En la actualidad, se distribuyen cada mes 6.7 millones de sobres de suplemento alimenticio a niños y 3.2 millones a mujeres embarazadas o en lactancia. Cada sobre equivale a cinco dotaciones diarias del suplemento. El apoyo monetario alimentario se otorga a las familias beneficiarias con el fin de mejorar la cantidad y la diversidad del consumo de alimentos. Este apoyo se vincula con la atención a la salud ya que se promueve que todos los miembros de las familias cumplan con el compromiso de asistir periódicamente a las unidades de salud para la revisión y seguimiento de su estado de salud y nutrición. La Semarnap, por su parte, propone restituir los mecanismos comunitarios de control en las prácticas agrícolas, ganaderas y de manejo forestal a partir de la revisión de la práctica de Roza-Tumba y Quema, y su mejoramiento sustentable. De igual manera, promueve la restauración ecológica a través de la instrumentación de acciones necesarias para la recuperación de las condiciones que permitan la continuidad de los procesos naturales, así como la vigilancia para evitar el cambio de uso de suelo en las zonas sujetas a siniestros ambientales como el de los incendios registrados en las últimas temporadas. Respecto a la rehabilitación de tierras, dentro de la política de desarrollo de pueblos indígenas, se apoyan proyectos ecológicos desarrollados por organizaciones indígenas que incluyen la reconversión productiva, conservación de suelos, cuencas, microcuencas, de reforestación, entre otros. Además, se gestionan apoyos más amplios para la conservación y mejoramiento de tierras agrícolas. Con base en los acuerdos de colaboración suscritos por la Sagar y Semarnap se elaboró una propuesta conjunta para incorporar criterios de sustentabilidad en la actividad agrícola y para la conservación de tierras. El actual programa de gobierno del sector agrícola señala, entre sus directrices, la necesidad de favorecer nuevas oportunidades de desarrollo económico a través de la diversificación productiva en la actividades ganaderas y agrícolas en México, con base en la conservación de germoplasma y el aprovechamiento de especies de interés ecozootécnico, cinegético y florístico. De igual manera, con el Programa de Tecnificación de Riego se propone incrementar la eficiencia de la conducción y propiciar un ahorro de agua, lo que se traducirá en un incremento en el índice de utilización de tierras de 30%. Existen otras tareas relevantes, como la de llevar a cabo acciones dirigidas a apoyar y propiciar las acciones de rescate y conservación de material genético de especies de flora y fauna en peligro de extinción y endémicas de interés para las comunidades indígenas y estimular la formación de bancos de germoplasma y fomentar los ya establecidos, así como la conservación y rescate de recursos naturales. Las siguientes son las tendencias de la disponibilidad de energía para uso doméstico en las zonas rurales desde la celebración de la Conferencia:

• Electricidad (redes nacionales);
• Sistemas eólicos.

• Electricidad (redes nacionales);
• Sistemas de biomasa.

De acuerdo a cifras reportadas en el Balance de Energía 1997 (página 58), la biomasa (bagazo de caña) participó con 95.9 PJ en la producción de energía primaria, lo que representó el 1%, del total de 9,354.5 petajoules reportados para este año. Actualmente se está desarrollando un proyecto mediante el cual se analiza la situación energética actual del sector azucarero, para determinar la viabilidad técnico-económica a nivel nacional de implantar sistemas modernos de cogeneración en esta industria, utilizando biomasa cañera y evitando así el consumo actual de combustóleo. También se están planeando acciones en conjunto con GEPLACEA, para determinar la viabilidad de sustituir combustibles fósiles en el transporte y en la industria por etanol. En el país se han aplicado medidas tales como promover proyectos de aprovechamiento de energía minihidráulica y eólica, el Anteproyecto de Normalización de Sistemas Solares de Calentamiento de Agua con lo cual se busca disminuir el consumo de gas LP, en zonas urbanas. En lo que respecta a la biomasa, si bien no se cuenta con un programa que contemple su utilización, existe gestión de los residuos de las cosechas y otros componentes de la biomasa, dentro del proyecto del aprovechamiento de biomasa cañera, y se hacen propuestas para el mejor uso energético de ésta y del suelo empleado para su producción. Asimismo, se pretende cambiar el sistema de corte de caña de azúcar, consistente en la quema de ésta, por la de cosecha en verde, lo que trae consigo el aprovechamiento integral de la biomasa. Debido a las consecuencias catastróficas del sismo de 1985, en México surgieron diversas iniciativas para crear una institución que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres. Por un lado, el Gobierno Federal emprendió la tarea de establecer el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Por otra parte, el Gobierno de Japón ofertó su apoyo para mejorar los conocimientos existentes en relación con la prevención de desastres sísmicos. Finalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió impulsar a su personal académico de alto nivel para que se dedicara a actividades de investigación y desarrollo en prevención de desastres. Las tres iniciativas concurrieron en la creación, el 19 de septiembre de 1988, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), con carácter de órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación. El CENAPRED fue inaugurado el 11 de mayo de 1990, con el objetivo de promover la aplicación de las tecnologías para la prevención y mitigación de desastres; impartir capacitación profesional y técnica sobre la materia, y difundir medidas de preparación y autoprotección entre la sociedad mexicana expuesta a la contingencia de un desastre. Dentro de las acciones para el combate a la pobreza existen apoyos para productores del campo de baja capacidad productiva. Así, por ejemplo, el Programa de Desarrollo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas, representa uno de los programas operativos de la Alianza para el Campo. Su orientación consiste en atender a las regiones de "alta marginación y "muy alta marginación", con fuerte presencia de población indígena, en los aspectos productivo, social y ambiental. En este último año, la atención a grupos marginados se amplió a 29 regiones en 14 estados de la República. En ellas se realizan 825 pequeñas obras de infraestructura agropecuaria, 1,638 proyectos, 153 estudios técnicos y 2,349 cursos de capacitación; asimismo, se atiende la producción de básicos en 19,862 hectáreas y se apoya la adquisición de 6,343 paquetes agropecuarios y de traspatio. Lo anterior en beneficio de 31,900 productores y sus familias. Por otra parte, para la atención en materia de salud, educación y alimentación, la meta establecida por Progresa para diciembre de 1999, es la cobertura de 2.6 millones de hogares que viven en condiciones de pobreza extrema. La infraestructura hidroagrícola constituye un elemento primordial para el logro de los objetivos en materia alimenticia, de incremento del ingreso, de generación de empleo y del mejoramiento del nivel de vida rural. Aproximadamente el 76% del agua que se consume en México es para el riego de cultivos, el 17% para el abastecimiento de agua por medio de redes públicas a las poblaciones, el 5% para industrias que tienen su propio sistema de abastecimiento y el 2% para otros usos. En los últimos setenta y tres años la superficie bajo riego aumentó de 750 mil hectáreas que existían en 1926 a más de 6 millones con que se cuenta en la actualidad. En estas superficies se cosecha anualmente en promedio 5 millones 300 mil hectáreas, con un consumo de agua cercano a los 70 mil millones de metros cúbicos, y una eficiencia global estimada en 40%. En México, el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola ha sido fundamental para mejorar el bienestar de sus habitantes, así como para impulsar el progreso económico y crear fuentes de empleo. Con el agua de riego se genera el 57% de la producción agrícola nacional y el 70% de los productos agrícolas de exportación. Sin embargo, debido a las altas tasas de crecimiento de la población, sobre todo en el periodo 1940-1998, en que se pasó de 19.6 a 95.4 millones de habitantes, se propició por consiguiente, un incremento en la demanda de productos agropecuarios en la misma proporción, que ha generado también una mayor demanda de agua. Cabe mencionar que debido al aumento de la cuota por servicio de riego, el grado de autosuficiencia financiera de los distritos pasó del 43% en 1989, año en que se inició la transferencia, al 76% en 1998. Asimismo, al incrementarse las inversiones de las Asociaciones de Usuarios en la operación y conservación de los Distritos de Riego, los recursos fiscales que el Gobierno Federal, a través de la CNA destinaba a estos conceptos se están aplicando al Programa de Desarrollo Parcelario, así como al de Rehabilitación y Modernización de estos Distritos, beneficiándose 1.3 millones de hectáreas de 1991 a 1998, rescatando con esto importantes volúmenes de agua, gracias al esfuerzo de los productores, que en los periodos de sequía han colaborado usando en forma eficiente el recurso. Para los Distritos de Temporal Tecnificado, al igual que en los Distritos de Riego, se está siguiendo la misma política de transferencia a los usuarios organizados en Asociaciones Civiles para que efectúen la conservación y administración de la infraestructura, éste proceso se inició en el año de 1996 y al 31 de diciembre de 1998 se ha logrado transferir una superficie de 1.3 millones de hectáreas, lo que representa el 60% de la superficie total nacional construida. Para satisfacer la demanda de alimentos, el Gobierno Federal se ha esforzado por incrementar la infraestructura de riego y drenaje en la medida de la disponibilidad de los recursos. A la fecha se cuenta con 6.3 millones de hectáreas, de las cuales el 54% corresponde a 81 Distritos de Riego y el 46% a 39 mil Unidades; asimismo se encuentra bajo condiciones de temporal una superficie de 15.8 millones de hectáreas, de las cuales en el Trópico Húmedo existe un potencial de 7.5 millones de hectáreas que podrían ser aprovechadas bajo condiciones de temporal tecnificado y de éstas 2.2 millones de hectáreas se encuentran en operación en 16 Distritos.

Challenges
Desafíos

Debido al grave problema que el país enfrenta por la escasez de recursos, existen severas limitaciones para la conservación y crecimiento de su infraestructura. Por tal motivo, se buscaron esquemas financieros adicionales para seguir creciendo y construir los grandes proyectos que el país demanda.

Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

El Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) de la Semarnap realiza actividades dirigidas principalmente a organizaciones de productores del sector social (ejidos, comunidades, pequeños propietarios, cooperativas, entre otros), poseedores del 80% de los recursos naturales. El programa está orientado a la reconversión productiva incorporando metodologías de planeación y principios de manejo sustentable de recursos naturales a través del conocimiento y aplicación de los instrumentos de política ambiental y de desarrollo comunitario, así como a la aplicación de técnicas de manejo sustentable y de aprovechamiento integral y diversificado de los recursos. Se desarrolla a nivel nacional en estrecha coordinación con las delegaciones federales de la Secretaría en los estados. Los programas de educación y capacitación ambiental coadyuvan a atacar las causas de la problemática de las zonas rurales de nuestro país. Los temas de mayor importancia son: restauración y conservación ecológica en bosques y selvas; conservación y regeneración de suelos agrícolas; gestión ambiental en los tres niveles de gobierno; planeación en el manejo de recursos para proyectos productivos; tecnologías agrícolas y silvícolas alternativas (orgánicas, agroforestería y reducción en el uso y manejo de agroquímicos); mejoramiento de infraestructura hidráulica; aprovechamiento integral de los recursos naturales; reforestación y conservación de la zona forestal; aprovechamiento pesquero y acuícola, así como el desarrollo de técnicas pesqueras; manejo y conservación de la biodiversidad regional; instalación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales; formación de promotores comunitarios; ecoturismo; diseño e instrumentación de proyectos de conservación y restauración ambiental en los ámbitos regional y comunitario; organización para la producción; talleres sobre desarrollo sustentable y consolidación de las redes de educadores ambientales locales y regionales. Por su parte, INI promueve la realización de foros, talleres, cursos, conferencias, encuentros e intercambios de experiencias entre productores, organizaciones indígenas y no gubernamentales, académicos y funcionarios públicos encargados de la gestión ambiental, así como la participación de organizaciones indígenas en seminarios nacionales e internacionales. Para el manejo integrado de las plagas, se han desarrollado cursos de capacitación dirigidos a productores de los cultivos de café, cítricos, plátano, cebada, trigo, sorgo, maíz, frijol, algodón, entre otros, con un alcance anual en promedio de 80,000 productores. Dentro de los principales logros alcanzados destaca el establecimiento de programas de producción de material propagativo con tolerancia de plagas en café, cítricos, cocotero, cebada y trigo, así como el establecimiento de métodos de trampeo para mosquita blanca, broca del café y picudo del algodonero. Asimismo, cabe señalar, que la superficie atendida anualmente es en promedio de 5,'000,000 de hectáreas cultivadas. Los costos por capacitación en manejo integrado de plagas, son en el ámbito estatal de $300.00 M.N. en promedio, mientras que en los de orden nacional, tienen un costo en promedio de $2,500.00 M.N.

Information
Información

Se publica anualmente un manual en el que se señala la lista de agroquímicos, sus categorías toxicológicas, límites máximos y mínimos de residuos, así como el intervalo de seguridad de acuerdo al tipo de cultivo; adicionalmente se menciona cuales plaguicidas son de uso restringido, las precauciones, el manejo de los mismos y algunas recomendaciones de primeros auxilios. La SAGAR cuenta con un sistema de información agropecuaria operado por cada una de las entidades federativas e integrado por el Centro de Estadística Agropecuaria. La información que se integra a nivel central es la considerada básica para el análisis del mismo sector y elemento de juicio para políticas nacionales. Esta información se encuentra por producto a nivel estatal y las variables principales son la producción, superficie y precios en el caso del sector agrícola y, producción y precios para el sector pecuario. La información a detalle, como son los niveles de fertilización y control de enfermedades, así como del uso del recurso agua, lo manejan internamente los estados, sin que esta información esté sistematizada y de fácil disponibilidad. Con respecto a la de nivel nacional, ésta se encuentra en la página Web www.sagar.gob.mx/. Los Proders de la Semarnap tienen su sitio web en la siguiente dirección: www.semarnap.gob.mx/proders. Se tiene además un foro electrónico de discusión de los Proders: proders@hp.fciencias.unam.mx. El Gobierno de Mexico ha emprendido las actividades siguientes para analizar y recoger información sobre diversos sistemas y tecnologías de producción:

• Formulación de programas dentro y fuera del sector agrícola para recoger y compilar los conocimientos de las poblaciones autóctonas;
• Encuesta periódica de las percepciones de los agricultores con respecto a la eficacia de las tecnologías disponibles y el acceso a esas tecnologías.

• A nivel regional: índice de marginación, valor de la producción regional, autosuficiencia en maíz, índices de deforestación y superficie bajo manejo, entre otros;
• A nivel comunitario: Matriz de Contabilidad Social, índice de marginación, índice de pobreza e índice de erosión, principalmente.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

Para conciliar las controversias entre sustentabilidad y crecimiento de la producción agrícola se están promoviendo tecnologías favorables al medio ambiente dentro del proceso productivo, lo que ha significado una gradual reconversión productiva orientada a reconocer la dimensión ambiental, el valor del conocimiento agrícola local, así como rescatar y mejorar las técnicas tradicionales, maximizando el uso de la biodiversidad. En concordancia con lo anterior, en el diseño de la política de desarrollo rural impulsada por la SAGAR, se están considerando los siguientes aspectos: 1) inducción y demostración local de técnicas de agricultura sustentable acompañada del mejoramiento del capital humano a través de una capacitación a los productores con una orientación empresarial y una visión de aprovechamiento de largo plazo; y 2) incorporación de nuevas tecnologías que corresponden a la heterogeneidad productiva del país, y que apoyan la producción campesina y garantizan un desarrollo sustentable. Con relación a las medidas para aumentar la disponibilidad del agua para la agricultura, así como para mejorar la eficiencia de su utilización en este sector, se aplicó el sistema de cómputo SPLAD-ZR, desarrollado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), lo cual permitió elaborar un estudio de factibilidad considerando diferentes niveles de tecnificación, grados de flexibilidad en el manejo del agua e inversiones; asimismo, se transfirió y validó el sistema de cómputo denominado Sicode en una parcela experimental en el distrito de riego 038, Navojoa, Sonora, obteniéndose un ahorro de agua del 37% aproximadamente, respecto de una parcela testigo; mientras que en el distrito de riego 066, Valle de Santo Domingo, Baja California Sur, se realizaron proyectos ejecutivos de tecnificación de riego por bombeo con el objeto de estabilizar el acuífero mediante la aplicación de políticas de uso eficiente del agua. En los distritos de riego 075, Río Fuerte y 076, Valle del Carrizo, Sinaloa se ha incorporado el pronóstico de riego en tiempo real a nivel parcelario en los programas de entrega de agua semanal a los usuarios, lo que ha permitido un uso más eficiente del agua para el riego. Por su parte, y para apoyar el uso pleno de la infraestructura e inducir la práctica del riego en la región sur-sureste del país, se realizaron proyectos de tecnificación integral en áreas demostrativas de manejo del riego con cultivos de alta productividad. Por otro lado, con la aplicación de técnicas de percepción remota se evaluaron las superficies de cultivos de riego en el valle de México y en las riberas del lago de Chapala; los resultados proporcionaron una base para los planes instrumentados por la Comisión Nacional del Agua con el objeto de mitigar los efectos de la sequía que se presentó en 1998; asimismo, se exploraron posibles asociaciones entre la variabilidad climática relacionada con el fenómeno de "El Niño" y la producción agrícola del distrito de riego 010, Culiacán-Humaya-San Lorenzo, Sin.; los resultados mostraron que "El Niño" tiene una influencia débil en los patrones climáticos y muy débil en la producción agrícola. Con el fin de sistematizar y facilitar la obtención de políticas de operación, individuales y conjuntas, de las presas cuyo uso prioritario es el riego, se desarrolló un sistema para determinar y simular políticas de operación de sistemas de presas funcionando en serie, paralelo o en una combinación serie-paralelo. Se evaluó, asimismo, la posibilidad de emplear instrumentos económicos para reducir el consumo de agua en riego. Se concluyó que es viable utilizar instrumentos económicos para reducir la demanda de agua en riego y se estimó el volumen susceptible de ser rescatado en las nueve zonas de disponibilidad del agua, que contempla la Ley Federal de Derechos. Se continúa trabajando en el desarrollo de propuestas que permitan ajustar sistemáticamente y en forma proporcional y equitativa el sistema de derechos, cuotas y tarifas federales del agua, buscando que en el precio del recurso se refleje su disponibilidad relativa y su costo real. En cuanto a las medidas relacionadas con problemas de la presencia de sales en tierras agrícolas, se elaboraron mapas de salinidad y de rendimientos para el distrito de riego 075, Río Fuerte, Sinaloa; se determinaron relaciones del rendimiento contra la salinidad, con las cuales se estimó la reducción media de la producción. Con la finalidad de mejorar las metodologías de diseño de drenaje y de rehabilitación de suelos afectados por sales, se elaboró un modelo de simulación del flujo de agua y transporte de solutos en sistemas de drenaje parcelario subterráneos. Respecto a las medidas relacionadas con los efectos de la agricultura en la calidad del agua, se evaluó el impacto ambiental causado por agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) aportados a través de los drenes agrícolas del Distrito de Riego 076, Valle del Carrizo, Sinaloa, sobre las lagunas de Bacorehuis y de Agiabampo y la Bahía de Jitzamuri, Sonora-Sinaloa. En cuanto a las acciones para prevenir y combatir la contaminación del agua para la agricultura, se realizó el diagnóstico de malezas acuáticas en 45 cuerpos de agua y seis distritos de riego de Veracruz, Campeche, Tamaulipas y Morelos, mediante la interpretación de imágenes de satélite Landsat TM con apoyo de evaluaciones de campo. Se recomendó intensificar las acciones de control y de mantenimiento a través del control biológico antes de la época de lluvias. Asimismo, con el objeto de contribuir al control de esta maleza, se realizan esfuerzos para desarrollar y adaptar una biotecnología basada en el empleo de hongos patógenos del lirio acuático. Las evaluaciones de laboratorio y campo de esta tecnología de control, se pondrán a consideración de la SAGAR, a fin de obtener su autorización para utilizarse en condiciones naturales. El control biológico ha resultado ser una alternativa rentable para reducir la maleza acuática superficial y sumergida en canales y drenes de distritos de riego, ya que los costos de conservación en áreas infestadas con lirio e hidrila se reducen en un 80% con relación a otros métodos de control. En apoyo a la preservación de la calidad y cantidad del agua del Sistema Cutzamala, se realizó la aplicación de tecnología conservacionista con prácticas de cultivos de cobertera, reforestación y terrazas con frutales, en la subcuenca del río Amanalco y en la de Villa Victoria, ambas en el Estado de México, medidas que se instrumentaron con la participación activa de los productores.

Financing
Financiación

El financiamiento de las acciones de agricultura sustentable y desarrollo rural y regional, parte del presupuesto federal y de los gobiernos estatales, y de la participación importante de los propios productores. Cabe mencionar que en el impulso y ejecución de programas regionales, la participación del Banco Mundial empieza a tener un papel destacado para financiar algunas acciones que se están ejecutando. Entre éstas destacan las siguientes: labranza de conservación; recuperación de sueldos salinos; mejoramiento de la productividad de los suelos y reconversión del sector agropecuario. En esta última se contemplan los programas básicos de cobertura nacional como el Programa de Desarrollo Sustentable de Zonas Marginadas, el Programa Elemental de Asistencia Técnica para apoyar la Producción de Granos Básicos; el Programa de Capacitación y Extensión; el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural y el Programa de Empleo Temporal. En 1999 el presupuesto asignado para estas acciones es 76.3% mayor que el año anterior. Con ello se espera beneficiar a más de 676 mil productores a través de la adquisición de cabezas de ganado, aves, conejos, huertos, herramientas y equipo agropecuario diverso. El Fondo de Desastres Naturales, constituido en 1996, es el mecanismo financiero del Gobierno Federal para la atención de los daños causados por los desastres naturales. Asimismo, con el objeto de fomentar y consolidar una cultura de protección civil, se llevaron a cabo reuniones nacionales y regionales de información y difusión sobre heladas y sequías, prevención de incendios forestales y respecto a tormentas tropicales y huracanes.

Cooperation
Cooperación

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha colaborado con el gobierno mexicano en el proyecto "La Promoción y Aplicación de Sistemas Agrícolas Integrales". El objetivo de este programa es incrementar la producción alimentaria, la capacitación y la transferencia tecnológica entre comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales. La SAGAR ha suscrito un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A.C. (INCA-Rural), con el Colegio de Postgraduados (CP) y con la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) para participar en la capacitación y difusión del Programa Elemental de Asistencia Técnica para apoyar los sistemas de producción en el año agrícola 1999/2000. En materia de cooperación internacional sobre protección civil, en este último año se participó en diversos acuerdos y conferencias, y se fortaleció la coordinación con la Oficina de Atención para Desastres de los Estados Unidos de América, logrando acuerdos de colaboración para realizar cursos sobre la atención de desastres en nuestro país. Asimismo, se cuenta con el Programa de cooperación en materia de protección contra incendios forestales con ese país.

This information is based on Mexico's submission to the 5th and 8th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development. Last update: October 1999.

For national information on the soil, click here:
To access the FAOSTAT Data Base for information by country, item, element and year, click here:
Click here to link to the Biosafety Information Network and Advisory Service (BINAS), a service of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), which monitors global developments in regulatory issues in biotechnology.
Click here to link to Country and Sub-regional Information on Plant Genetic Resources of the Food and Agricultural Organization of the United Nations.
Click here to go to Web Site of the Codex Alimentarius Commission, which includes information on the Codex Alimentarius and the Joint FAO/WHO Food Standards Programme.
Click here to access the Web Site of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR).
Click here to access the sixteen international agricultural research centers that are members of the CGIAR.

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ATMOSPHERE
ATMOSFERA

El Instituto Nacional de Ecología (INE) es responsable de la protección a la atmósfera y es miembro de pleno derecho del Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable. En septiembre de 1989 se creó la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), que tiene como propósito promover las medidas del gobierno para facilitar, apoyar y regular la conservación y el uso eficiente de la energía, así como guiar y apoyar el desarrollo técnico, educativo, financiero y mecanismos institucionales, necesarios para alcanzar e instrumentar adecuadamente las políticas de conservación de la energía.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

Actualmente se han revisado, entre otros, los capítulos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) relativos al tema de la atmósfera. Además, está en elaboración una nueva ley para el control de emisiones. Se publicaron diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM), entre ellas:

• una que establece niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes;
• otra que establece niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores; y,
• otra referente al establecimiento de los niveles máximos permisibles de calidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

El gobierno promueve políticas y programas en las áreas del transporte eficiente y ecológicamente racional, control de la contaminación ambiental y prácticas racionales del uso del suelo así como la eficiencia energética, manejo racional de los recursos marinos y el manejo de sustancias tóxicas y desechos peligrosos. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Laboratorio Nacional de Los Alamos realizaron un "Estudio Global de la Calidad del Aire en la Ciudad de México". Se realizó un estudio sobre las tecnologías de combustión para el control de fuentes puntuales de contaminación en el área metropolitana de la Ciudad de México. Para cuantificar las concentraciones atmosféricas de gases invernadero, el gobierno usa el modelo y metodología del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC). Debido a restricciones financieras, científicas y tecnológicas, México no participa en el Sistema Global de Observación Climática o en el Sistema Global de Observación del Ozono. Para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modera el uso de hidrocarburos y se emplear combustibles industriales y de transporte ambientalmente más limpios, maximizando la utilización de los recursos hidráulicos y geotérmicos para la generación de energía eléctrica. Se promueve el ahorro y uso eficiente de la energía, mediante programas de apoyo para el aislamiento térmico de las viviendas medias y populares, establecimiento de normas de eficiencia energética, ahorro de energía en el sector transporte, establecimiento del horario de verano, así como proyectos de cogeneración.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

En el contexto de las políticas de desarrollo urbano sustentable se formuló el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000, dado a conocer a la opinión pública en marzo de 1996, en donde participan en corresponsabilidad el Departamento del Distrito Federal, el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Salud, además de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). El propósito fundamental es la protección de la salud de la población que habita en la zona metropolitana, y con su instrumentación se pretende abatir en forma gradual y permanente los niveles de contaminación atmosférica. Enfatiza los esfuerzos de la sociedad en un nuevo marco de políticas públicas, con cuatro grandes metas y nueve estrategias: industria limpia; vehículos limpios; nuevo orden urbano y transporte limpio y recuperación ecológica. El Programa Mexicano para la Protección de la Capa de Ozono cumple con los acuerdos asumidos en la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal. Se han suscrito 22 convenios con empresas que trabajan en la sustitución de tecnologías. Se realizó la tercera fase de control sobre las sustancias que deterioran la capa de ozono, que corresponde a una reducción del consumo de clorofluorocarbonos y halones del 40 por ciento del total, en relación al año base (1989/1993). Este dato equivale a la eliminación de cerca de 4,520 toneladas de sustancias agotadoras de la capa de ozono. En 1996 se eliminará el 60.0 por ciento del consumo de aquellas sustancias y para el año 2000 se prevé la eliminación total. Las actividades de control se realizan en estrecha colaboración con los productores y principales importadores de clorofluorocarbonos y halones en el país. Respecto a los compromisos asumidos en el Protocolo de Montreal, a diciembre de 1995, se redujo 40% el consumo nacional de sustancias agotadoras de la capa de ozono (conforme al año base 1989), dato que equivale a una eliminación de 4,520 toneladas ponderadas del consumo nacional. En 1996, se realizará una reducción adicional de 20%, elevando la eliminación a 7,055 toneladas. Además, se encuentran en desarrollo 24 proyectos con el sector industrial, para la sustitución de tecnologías en los rubros de refrigeración, aire acondicionado, solventes, espumas de poliuretano, hasta por un monto de más de 14 millones de dólares. En 1990 se creó el Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. Como parte de las acciones de ahorro de energía eléctrica, se ha desarrollado el proyecto ILUMEX, que consiste en el cambio de lámpara fluorescentes compactas a nivel residencial en varias localidades del país. Las expectativas del cambio de 1.5 millones de lámparas son la reducción de 78MW en la demanda y 135 Gwh/año, que implica un ahorro de combustibles de 265 mil barriles de petróleo equivalente por año y una reducción en la emisión de CO₂ de poco más de 100 mil toneladas al año. El Programa Obligatorio de Verificación de los Vehículos Automotores de Pasaje y Carga que transiten en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, se fundamenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como en sus respectivos Reglamentos; además del Acuerdo Intersecretarial por el que se establece la Verificación Semestral de Emisiones Contaminantes de los Vehículos de Transporte de Pasaje y Carga que circulan por Caminos de Jurisdicción Federal, expedido por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la entonces de Desarrollo Urbano y Ecología (extinta SEDUE hoy SEMARNAP) en mayo de 1990. Este programa se estructuró con los mismos principios, reglas y políticas que estableció el Gobierno de la República para la Zona Metropolitana del Valle de México. La SCT establece disposiciones normativas al respecto, que son congruentes con las normas ecológicas que elabora el Instituto Nacional de Ecología (INE) y los Programas de Contingencia Ambiental que coordina la Comisión Ambiental Metropolitana del Valle de México. En enero de 1996 se expidió la Norma Oficial Mexicana (NOM), que establece los niveles máximos de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación en el Valle de México.

Status
Situación General

Durante 1995 se verificó un incremento en el consumo de gasolinas sin plomo de 54.0%, que en la zona fronteriza con Estados Unidos llegó a 97.0%, y en Guadalajara y Monterrey alcanzó 60.0%. También se dejaron de emitir a la atmósfera alrededor de 59 mil toneladas de bióxido de azufre por la comercialización de Diesel Sin y, aproximadamente, 2.04 mil toneladas de plomo por la venta de gasolina Magna Sin. Las emisiones totales de compuestos de azufre al ambiente han pasado de 4 mil toneladas/mes, en 1988, a mil toneladas/mes, en 1995. Con ello se atienden las especificaciones que en el corto plazo plantea la PIC. En 1995 se incrementó el consumo de gas natural con respecto a 1994 (7%), mientras que el incremento registrado en el consumo de combustóleo en el mismo período disminuyó en 13.7%, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la PIC. El consumo de combustibles fósiles se redujo y se evitó durante el periodo 1990 - 1995, la emisión a la atmósfera de aproximadamente 17 millones de toneladas de CO₂. La política de gasificación del país (sustitución de combustóleo por gas natural) ayudará notablemente a evitar la emisión de una importante cantidad de CO₂.

Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
Información

En relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y considerando que México no toma parte del Anexo I, se ha desarrollado y difundido el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El Instituto Nacional de Ecología (INE) está realizando la segunda etapa del estudio de país (que contempla estrategias de mitigación de emisiones y estudios de vulnerabilidad). Como parte del programa de control de la contaminación atmosférica transfronteriza, en cooperación con los EUA, el gobierno está instrumentando un sistema de alerta temprana, incluyendo manuales de información, actividades de educación ambiental y un sistema de información. El gobierno promueve el intercambio de datos e información a nivel nacional e internacional sobre este tópico. A partir del sistema nacional de alerta temprana es posible predecir cambios y fluctuaciones ambientales. El gobierno proporciona oportunidades de capacitación en el área de control de la contaminación atmosférica transfronteriza. Se alienta a la industria para desarrollar tecnologías limpias, p. ej., para el control del uso de los CFC's.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

Con el propósito de desarrollar sistemas de transporte más seguros y menos contaminantes, se han abordado los temas de tecnologías para el transporte, establecimiento de sistemas masivos de transporte, impactos ambientales y seguridad. La modernización de tecnologías ha tenido lugar principalmente en áreas urbanas y no en las rurales. Las observaciones respecto a las emisiones del transporte son sistemáticas. Existe una red de monitoreo de la calidad del aire en áreas metropolitanas y otras regiones.

Financing
Financiación

De 1991 a 1994, México recibió $12.5 millones de dólares a través de canales multilaterales y, de 1992 a 1994, $2.4 millones de los EUA para la instrumentación de diversas acciones relacionadas con el tema. Con financiamiento por más de un millón de dólares, por parte del gobierno de México y el de Estados Unidos (participan once instituciones gubernamentales norteamericanas), se continuó el estudio de cambio climático en México, constituído por la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y la investigación sobre escenarios de emisiones y estudios de vulnerabilidad al cambio climático.

Cooperation
Cooperación

El Protocolo de Montreal (1987) fue firmado en 1987, la Enmienda de Londres (1990) firmada en 1991, y la Enmienda de Copenhague (1992) firmada en 1994. El último informe a la Secretaría del Protocolo de Montreal fue preparado en 1996. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmada en 1992 y ratificada en 1993. El Sector Energético ratifica su compromiso en materia ambiental en el Programa de Desarrollo y Reestructuración de la Energía 1995 - 2000. Para ello, la Secretaría de Energía coordina desde 1993 los trabajos del Grupo de Política de Combustibles (grupo intergubernamental de alto nivel), cuyo objetivo es abordar los temas para delinear una Política Integral de Combustibles (PIC) de largo plazo para México, considerando la evolución probable de las normas ambientales. En 1983, México y los EUA firmaron un Acuerdo sobre Cooperación para la Protección Ambiental y el Mejoramiento de la Zona Fronteriza (Convenio de La Paz). La ONU y otros organismos intergubernamentales han contribuido en los temas "bases científicas para la toma de decisiones", "promoción del desarrollo sustentable" y "prevención del agotamiento estratosférico del ozono". Organizaciones intergubernamentales también han contribuido en actividades bajo los temas "contaminación atmosférica transfronteriza". México ha participado en dos reuniones de trabajo sobre transporte y medio ambiente en América Latina y el Caribe.

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

For national information on air quality, click here:
Click here for national information from the Web site of the United Nations Framework Convention on Climate Change.
For the access to the Web Site of the Ozone Secretariat, click here:

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BIODIVERSITY
BIODIVERSIDAD

El 16 de marzo de 1992, por Acuerdo Presidencial, se creó la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Su objeto es coordinar acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científica para la explotación, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos, tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable bajo tres líneas principales:

• bases de datos e inventarios biológicos;
• uso sustentable de los recursos bióticos; y,
• difusión de la información sobre la biodiversidad.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

Entre los instrumentos para la atención de las contingencias ambientales de la vida silvestre, se creó el Sistema Nacional para la Atención a Emergencias en los Recursos Naturales, concebido como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades de la administración pública federal, organismos estatales y municipales entre sí, y con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, con el objeto de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la protección de los recursos naturales y su entorno, contra las situaciones de alto riesgo, siniestro o desastre. Durante 1996 se ha participado en la atención de 12 contingencias, entre las que destacan la mortandad de pelícanos en Baja California sur y la de peces en la Bahía de Chetumal y la Península de Atasta en los estados de Quintana Roo y Campeche, respectivamente. Adicionalmente, se han monitoreado los cuerpos de agua comprendidos en la Ruta Migratoria de aves acuáticas del Centro, en seguimiento a la contingencia de aves acuáticas residentes y migratorias presentada en 1994 y de las recomendaciones de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte. Se han publicado siete normas que establecen procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de: hongos; de resinas de pino; de tierra de monte; de raíces y rizomas de vegetación forestal; de cogollos; de látex y otros exudados de vegetación forestal; de musgo, heno y doradillas; y una Norma Oficial Mexicana (NOM), que establece el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas en las redes de arrastre durante expediciones de pesca de camarón. En 1994 se emitió la Norma Oficial Mexicana (NOM) que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas, raras, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial, estableciendo medidas específicas para su protección y aprovechamiento. En el marco de la CITES se expidieron 945 certificados: 383 para la importación y 562 para la exportación y reexportación de ejemplares, productos y subproductos de flora y fauna silvestres. Se inició la elaboración de las Guías de identificación de especies de aves y mamíferos incluídos en los apéndices de la CITES, en colaboración entre Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) e Instituto Nacional de Ecología (INE). En la temporada 1994-1995 se otorgaron 78,614 registros, permisos y autorizaciones de flora y fauna silvestres, con ingresos de 9 millones 530 mil pesos; se expidieron 48,190 permisos de caza; 24,525 registros de identificación cinegética; 617 permisos para organizadores cinegéticos, clubes de caza y criaderos exclusivos; y se otorgaron 3,140 permisos sobre aves canoras y de ornato. Para el aprovechamiento no cinegético se otorgaron 376 autorizaciones; así como 1 689 autorizaciones de fauna silvestre y 77 de flora silvestre para la importación y exportación de ejemplares, productos y subproductos.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

México es un país de megadiversidad biológica; ocupa uno de los primeros cuatro lugares a nivel mundial. Sin embargo, una buena parte de su biodiversidad se ha perdido por la desaparición de especies y por la reducción de su habitat. Las medidas para corregir y tratar de revertir esta situación han sido: la expedición de leyes, la creación de áreas naturales protegidas y el entrenamiento de personal capacitado en la materia. El Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SINAP) ordena y clasifica las áreas naturales del país, conservando la biodiversidad con la protección de ecosistemas representativos. Se busca establecer programas de manejo y nuevos esquemas de financiamiento con flexibilidad presupuestal e instalación de consejos técnicos asesores bajo un esquema de amplia participación social. Dentro del SINAP, México tiene 11,170,558 de hectáreas en: Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Reservas Especiales de la Biosfera, Parques Marinos Nacionales, Monumentos Naturales y Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestres. En 1996 se realizó un taller para la identificación de Regiones Prioritarias para la Conservación en México. El evento fue organizado por la CONABIO en coordinación con PRONATURA. Se identificaron 155 regiones. La superficie total estimada es de 407,151.83 Km ² (40,715,183 ha), lo que representa aproximadamente el 20.69% de la superficie del territorio nacional. De estas regiones, 41 corresponden o incluyeron áreas naturales protegidas decretadas bajo alguna categoría del SINAP. También en 1996, dentro del marco de la CCA, se realizó el taller de identificación de áreas de importancia para la conservación de las aves en México, donde se detectaron más de 100 regiones con miras a establecer un sistema trinacional con una estrategia de conservación norteamericana de conservación a las aves.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

Con la participación de grupos multidisciplinarios e interinstitucionales interesados en la protección y conservación se elaboraron los programas de manejo de las reservas de biosfera Sierra de la Laguna en Baja California Sur y Archipiélago de Revillagigedo; de los Parques Nacionales Cabo Pulmo y Arrecife Alacranes. Están en consulta los programas de las áreas de protección de flora y fauna en Laguna de Términos en Campeche y el de la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca. El gobierno federal y los habitantes de la región de los Chimalapas acordaron la protección de 600 mil hectáreas de selvas tropicales permitiendo el uso sustentable de los recursos locales. Este acuerdo se concluyó con la participación de artistas, ecologistas, académicos y campesinos, entre otros. El Gobierno de Tlaxcala y las comunidades que habitan dentro del Parque Nacional La Malinche han acordado mecanismos de monitoreo del uso que éstas hacen de los recursos naturales e incorporándolas a coadyuvar en la vigilancia de los mismos. En 1996, se promueve la desconcentración de las UEMBI de Babícora, Acapetahua, Balancán, El Mante y Hampolol; para que participen los gobiernos estatales y municipales, la iniciativa privada, grupos académicos, sociales y productores. Continúan en operación las UEMBI de San Cayetano y San Felipe Bacalán y las unidades de desarrollo y rescate de especies en riesgo (UDERER) de San Blas, Chacahua y El Fénix (Nayarit, Oaxaca y Campeche), con la promoción y apoyo a estudios e investigaciones a nivel regional. Se encuentran registrados 26 viveros particulares de flora silvestre nacional y exótica, con una base reproductiva de 918 especies, entre otras: cactáceas, orquídeas y palmas, principalmente. Están registrados 41 jardines botánicos y de exhibición en donde se realizan actividades de investigación, difusión, conservación y educación ambiental. Destaca el de Zapotitlán de las Salinas, Puebla, en donde se conserva y mantiene una colección de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción representativas de zonas áridas. Se creó el Jardín de Exhibición de Cuemanco, en Xochimilco, con 56 especies de cactáceas protegidas, amenazadas o en peligro de extinción.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

En 1994, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (extinta: SARH) creó el Consejo Consultivo Estatal de Fauna Silvestre de Interés Cinegético para analizar las condiciones ecológicas y promover la planeación para la flora y la fauna locales. En agosto de 1995 se habían instalado 25 Consejos. Hasta marzo de 1995 estaban registrados 38 jardines botánicos (con 3337 especies), 22 viveros (con 918 especies) y 5 herbarios para la protección de flora silvestre. Para la fauna silvestre, el INE tiene tres áreas para el Desarrollo y Recuperación de Especies en Riesgo (UDERER) y 7 para la Evaluación y Monitoreo de Biodiversidad (UEMBI). En 1995 se establecieron 5 centros para la recuperación y rehabilitación de fauna silvestre (CITES). Se han creado más de 17 refugios y 12 zonas de monitoreo y protección permanente para tortugas marinas, financiados con crédito externo. En el Programa Nacional de Protección y Conservación de Tortuga Marina, con recursos del Banco Mundial, en la temporada 1995-1996 se protegieron 10,920 nidadas; sembrando 938,862 huevos y liberando al mar 434,823 crías de siete especies de tortuga marina (lora, golfina, laúd, prieta, caguama, blanca y carey), que desovan en los litorales del Golfo y Pacífico del país. Entre 1993 y 1996, se han apoyado 356 proyectos de conocimiento, conservación, uso sustentable y difusión de la biodiversidad llevados a cabo, principalmente, por especialistas de centros académicos y organizaciones no gubernamentales. En la Reserva Especial de la Biosfera de la Mariposa Monarca se reforestaron 650 hectáreas y se ejecutan 257 proyectos que generarán empleos en 41 comunidades. El Programa Piloto del Inventario Biótico en Áreas Naturales Protegidas fue creado para analizar y clasificar taxones en Reservas de la Biosfera y áreas selectas del país. Los Gobiernos de los Estados de Jalisco y Tlaxcala, elaboraron los Programas de Manejo de la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre La Primavera y del Parque Nacional La Malinche, respectivamente. Con recursos del donativo del Fondo Global Ambiental (GEF), se realizaron acciones en 10 áreas naturales protegidas dentro del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad, promoviendo el autofinanciamiento para la protección, conservación y el desarrollo sustentable, mediante la diversificación de fuentes y mecanismos de financiamiento, la incorporación de servicios de turismo ecológico, el desarrollo de nuevos mercados de bienes naturales con certificación ecológica y el manejo de especies de flora y fauna con fines de reproducción. En 1995 se instrumentaron 6 programas de manejo y cuatro programas emergentes.

Status
Situación General

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Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

En 1994, la CONABIO y la UNAM crearon el diplomado de Actualización en Biología Comparada Contemporánea. Asimismo, ha diseñado programas de grado en taxonomía y biogeografía con áreas de concentración en inventarios bióticos. CONABIO también participa como asesor para el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), implementando un sistema experto para promover la utilización de las especies más apropiadas para la reforestación, considerando la eliminación de especies exóticas y promoviendo la utilización y desarrollo de paquetes tecnológicos de especies endémicas. Algunas de las acciones relacionadas con el manejo de las áreas naturales protegidas y la conservación de muestras representativas de la biodiversidad son apoyadas por la Red de Formación Ambiental de América Latina y El Caribe de la FAO, la cual capacita personal y promueve la cooperación técnica derivada del intercambio de experiencias entre los miembros nacionales y el resto de los países de América Latina y El Caribe. Dentro del Programa de Cooperación para la Conservación de la Biodiversidad, se han promovido y comprometido acciones de educación ambiental y de formación de recursos humanos a través de 23 proyectos que fortalecerán la política de desarrollo sustentable.

Information
Información

En noviembre de 1993 la CONABIO organizó en Oaxaca la Primera Reunión de Directivos de Instituciones relacionadas con el Estudio de la Biodiversidad Biológica del País, en ella se acordó la creación de la Red Mexicana de Información sobre la Biodiversidad (REMIB). Se realizó un censo en las instituciones nacionales dedicadas al tema de la biodiversidad para computarizar la información y hacer compatibles las redes con el propósito de facilitar el intercambio de información, y para proveer a las instituciones con los recursos económicos y tecnológicos para hacerlo. La CONABIO en diciembre de 1993 convoca al comité organizador y se integra el Consejo Directivo, en 1995 se realiza el primer taller para usuarios de la REMIB, en 1996 se firman convenios con los 4 primeros nodos e inicia operaciones el nodo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), durante 1997 se incorporarán los demás. Concurrentemente, durante 1993 se creó el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), inició operaciones a partir de la información que se tiene en bases de datos, cartografía digital y bibliografía, con el propósito de hacer accesible la información sobre la diversidad biológica nacional y ofrecer servicios de información a los sectores gubernamental, académico y público en general, apoyándose además, con una Página en Internet con información sobre la diversidad biológica del país, actividades de CONABIO e información generada a partir del Estudio de País, entre otros. Hasta julio de 1996, se tenían 57 bases de datos concluidas con la información de 2,119,750 ejemplares de colecciones. Este número se incrementó en noviembre a 89 y 3,419,017 respectivamente. Otros productos obtenidos son CD-ROM's, videos, mapas digitalizados y 70 publicaciones impresas.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

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Financing
Financiación

El 18 de mayo de 1993, se constituyó en Nacional Financiera, SNC, el Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad" para promover, financiar y apoyar las actividades de la CONABIO. De julio a diciembre de 1993, se aportaron al Fondo para la Biodiversidad de esta Comisión, recursos por la cantidad de N$9'441,395 y se firmaron 75 convenios para formalizar el apoyo económico a proyectos externos. En 1994 y 1995 se recibieron en el fideicomiso recursos por las cantidades de N$19'700,000 y N$17'556,001, respectivamente, y se firmaron 94 y 2 convenios. De enero a octubre de 1996, el fondo a recibido recursos por N$15'829,167 y se han firmado 115 convenios. Alrededor del 20% del presupuesto se utiliza para gastos operativos de la Comisión.

Cooperation
Cooperación

La Convención sobre la Diversidad Biológica fue firmada en 1992 y ratificada en 1993. La Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) fue firmada en 30 de septiembre de 1991 y el último informe presentado en 1996. El Programa de Conservación de Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1996-2000, fomenta la cooperación internacional para la instrumentación de nuevos acuerdos enfocados a los aspectos socioeconómicos y ambientales, caracterización de indicadores económicos vs. conservación/aprovechamiento, intercambio de experiencias vinculadas a estadísticas internacionales y efectos del desarrollo sobre el valor del recurso flora y fauna silvestres. En 1988 se suscribió el Memorándum de Entendimiento con el National Parks Service del Departamento del Interior de los Estados Unidos de América (EUA), donde se crearon las bases de coordinación para la conservación, administración, capacitación, desarrollo e investigación sobre recursos naturales y culturales en las Áreas Naturales Protegidas de interés mutuo. El Departamento de Agricultura de los EUA, a través del Servicio Forestal firmó con México el Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación técnica y científica creándose los programas de Bosques Hermanos y el Grupo de Trabajo de Áreas Naturales Protegidas.Se ha recibido apoyo técnico y financiero de la contraparte de los EUA, para los proyectos de Sonora y Chiapas. En el marco de la Reunión Tuxtla II, efectuada en febrero de 1996, México se comprometió ante la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) a incorporarse en el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano, para proteger y conservar la biodiversidad de la región del sureste de México y Centroamérica. Se contará con financiamiento del GEF durante tres años a partir de su aprobación. Dentro del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), CONABIO ha registrado su página en Internet como parte del Clearing House Mechamism. Se llevó a cabo la ejecución de 13 programas de cooperación en el marco del Comité Conjunto México-Estados Unidos de América para la Conservación de la Vida Silvestre; se realizaron 21 acciones dentro del Programa de Cooperación para la Conservación de la Biodiversidad México-Estados Unidos de América, derivado del Tratado de Libre Comercio; y ocho acciones con el Comité Tripartita México-Canadá-Estados Unidos de América para el desarrollo de estrategias de conservación de las aves acuáticas y sus hábitat. El monto del apoyo proporcionado por distintas dependencias de los comites arriba mencionados asciende a 1.4 millones de dólares.

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

For national information on biodiversity and protected areas, click here:
For access to the Web Site of the Convention on Biological Diversity, click here:
For access to the Web Site of the CITES Convention, click here:
For the Web Site of the CMS Convention, click here:
For the Web Site of the Convention on the Protection of the World's Cultural and Natural Heritage, click here:
For the country-by-country, Man in the Biosphere On-Line Query System, click here:
Click here to link to the Biosafety Information Network and Advisory Service (BINAS), a service of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), which monitors global developments in regulatory issues in biotechnology.
Click here to go to the Web Site of UNEP's International Register on Biosafety.
Click here for the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Biosafety WebPages

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DESERTIFICATION AND DROUGHT
DESERTIFICACION Y SEQUIA

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Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

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Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

El Plan de Acción para el Combate a la Desertificación en México (PACD-México) tiene como objetivo prevenir y detener el avance de la desertificación y, en la medida de lo posible, recuperar terrenos degradados para su uso productivo. Otro objetivo es mantener y promover, dentro de los límites ecológicos, la productividad de áreas áridas, semiáridas, subhúmedas y otras que sean vulnerables a la desertificación. Para el gobierno mexicano, las metas ambientales y de desarrollo incluyen los siguientes objetivos: incorporar las metas de desarrollo estatales y municipales en los programas nacionales para el combate de la desertificación y la sequía, movilizar recursos técnicos y financieros regionales, nacionales e internacionales para la instrumentación del Plan, reforzar la capacidad institucional para aplicarlo a escalas nacional, regional y local y para proteger aquellos terrenos que no hayan sido afectados por la desertificación. La selección y aplicación de tecnologías para el combate a la desertificación se basan en las particularidades de cada localidad. El gobierno mexicano ha determinado que la regulación y la tecnología deben ser congruentes con la realidad y las condiciones económicas del país. El gobierno federal continúa revisando las políticas actuales, ofrece asesoría técnica y emite criterios ecológicos con parámetros más estrictos tanto a nivel local como estatal. Con referencia a aspectos jurídicos y reglamentarios de la regulación ambiental, se favorece la descentralización a los niveles regional, estatal y municipal, proceso que actualmente se encuentra en la firma de convenios marco con los estados para la descentralización de diversas funciones, así como del financiamiento. Con el propósito de detener el proceso de desertificación en México, en los últimos 40 años se han adoptado acciones de conservación y restauración de suelos en poco más de 3.5 millones de hectáreas. Tales acciones incluyen:

• cultivos de cosechas de invierno;
• rotación de cultivos;
• relleno de carcavas desazolves de áreas de drenaje;
• pequeños reservorios para control de azolves;
• rehabilitación de pastizales;
• construcción de estanques para peces y para el ganado;
• arado en contorno;
• terraseos; y,
• el uso de fertilizantes químicos y orgánicos.

El Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos acordó inducir la participación y asociación de todos los agentes sociales en diálogos sobre la desertificación a través de la instalación de un subcomité específico para el tema, donde participan representantes de las organizaciones sociales, dependencias gubernamentales, cuerpos legislativos y sector académico.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Con el propósito de contar con programas de carácter operativo que concreten los objetivos planteados en el PACD-México, se efectuaron tres talleres para la elaboración de programas estatales de lucha contra la desertificación que permitirán una mayor participación de los gobiernos estatales y municipales en la planeación, gestión, ejecución y evaluación de acciones de lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía. Esta acción se realizó de manera conjunta entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) y Gobiernos Estatales en 18 entidades federativas, encontrándose en proceso de formulación los programas estatales. Para atenuar los efectos provocados por la escasez de lluvias durante 1993-1995 en el norte del país, se estableció un programa emergente en los distritos de riego de la zona, consistente en revestir canales, conservar infraestructura y perforar pozos propiciando la generación de 837,435 jornales, que representó la creación de 3,522 empleos temporales directos. En el ámbito de suministro de agua potable, en mayo de 1995 el gobierno federal creó un programa en respuesta a los graves problemas de sequía del norte del país para evitar problemas de salud pública entre la población. En 1995 se realizaron 685 acciones de agua potable consistentes principalmente en la sustitución de fuentes, en beneficio de 1,021,052 habitantes. Durante 1996 se continúa atendiendo el problema en un total de 182 localidades de 76 municipios para beneficiar a 679,303 habitantes. Derivado de este programa se realizaron para la cuenca baja del Río Bravo proyectos ejecutivos para optimizar el abastecimiento de agua potable a las poblaciones que se ubican dentro del Distrito de Riego 026 Bajo Río Bravo, municipios de Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, Tamaulipas. Para mitigar los efectos de la sequía se ejecuta el Programa de Emergencia para Contrarrestar la Sequía, con objeto de incrementar la eficiencia del recurso agua a través de la rehabilitación de pozos y paralelamente, con mano de obra campesina, mejorar la infraestructura creando empleos a los agricultores afectados. Para ello, en 1996 el gobierno federal firmó acuerdos de cooperación con los productores y gobiernos de los 9 estados más afectados por la sequía, para financiar apoyos principalmente a la ganadería, aunque también se incluyeron acciones de infraestructura productiva, apoyo a cultivos agrícolas y semilleros de forrajes, así como prácticas de mejoramiento territorial. La suma de las aportaciones para este programa fue del orden de 273 millones de pesos. Las obras se iniciaron en marzo y consisten en la rehabilitación de canales y regaderas interparcelarias, conformación y rastreo de caminos, así como rehabilitación de pozos y cinco presas derivadoras. El tiempo estimado de ejecución es de siete meses, con lo que se generarán aproximadamente 1,000,000 de jornales de mano de obra campesina. Con una inversión de 153.5 millones de pesos a agosto de 1996, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), ha emprendido acciones en aproximadamente 2,500 comunidades con problemas de desertificación y sequía. Hasta agosto de 1996 ha ejecutado 1,381 proyectos (67% de apoyo a la producción, 23% de apoyo social, destacando los relacionados con agua para consumo humano y 10% de restauración ecológica), así como 957 cursos de capacitación sobre temas diversos dirigidos a productores y mujeres campesinas. Con la finalidad de mitigar efectos directos de la sequía en las comunidades afectadas, su programa de dotación de agua potable ha proporcionado 753 mil m3 del líquido a 1,200 comunidades. Esta Comisión ha iniciado la promoción y formación de comités comunitarios de desarrollo sustentable en las entidades federativas en que opera. En 1996 se firmó un Acuerdo de Colaboración para establecer las bases de coordinación de acciones entre los tres niveles de gobierno para impulsar un Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODER) en cuatro comunidades del norte de Zacatecas. En él se involucra a Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) (a través del INCA-Rural), CONAZA y autoridades estatales y municipales correspondientes. Para ello, se constituyó un fondo económico por $13.5 millones en total, del cual la SEMARNAP aportó el 24.07 %. De esta manera, los recursos fiscales canalizados ascienden a $1,039 millones. En la Región Semidesierto, en el estado de Coahuila se destinaron $ 245 mil para Conservación de Suelos y Establecimiento de Viveros Comunitarios en tres comunidades, así como $ 225 mil para Rehabilitación de Viveros en una comunidad zacatecana. En el Valle del Mezquital, en 1996 se canalizaron recursos para iniciar la instrumentación del PRODERS y se realizaron inversiones en apoyo a la recolonización de agostaderos con especies forrajeras y al manejo y conservación de suelos en dos comunidades de la región.

Status
Situación General

Los 198.8 millones de hectáreas de México, aunque ecológica y geográficamente diversas, son similares en un aspecto - la extensiva degradación. Se estima que el 97% del territorio nacional sufre de diferentes niveles de deterioro y el 60% está severamente impactado. El 85% del país está afectado por erosión eólica, 80% está impactado por la disminución de materia orgánica, 60% de los suelos sufre de erosión hídrica y el 20% del territorio presenta amenaza de salinización. Como resultado de estos procesos, se estima que México pierde 460 millones de toneladas de suelo anualmente.

Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
Información

Se desarrolló el diseño de la Red de Información de Suelos y Lucha Contra la Desertificación (RISDE), con el objetivo de contar con un instrumento de enlace e incremento de las capacidades de los sectores involucrados en la problemática de conservación y restauración de suelos y la lucha contra la desertificación.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

El gobierno de México reconoce que es necesario utilizar los avances científicos y tecnológicos para mejorar el ambiente a través de la educación y la capacitación. El gobierno valora la transferencia exterior de tecnología e información como un complemento a los recursos internos del país.  Se efectuaron tres talleres para la sistematización de tecnologías para el combate a la desertificación en áreas de agricultura de riego, agricultura de secano y terrenos con uso silvopastoril en zonas áridas y semiáridas, cuyo propósito es recopilar y sistematizar en la RISDE las alternativas tecnológicas y ponerlas a disposición de un amplio número de usuarios.

Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África fue firmada em 1994 y ratificada em 1995. La Convención entró en vigor el 26 de diciembre de 1996.
México ha mantenido su participación activa en los foros regionales e internacionales sobre la lucha contra la desertificación. En 1996 participó en el 9 período de sesiones de la CIND y en el mes de junio organizó la 2 Conferencia Regional de Lucha contra la Desertificación para América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de México, en la que participaron 22 países de la región.

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

For access to the Web Site of the Convention to Combat Desertification and Drought, click here:

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ENERGY
ENERGIA

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Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

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Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

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Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

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Situación General

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
Información

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Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

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Financiación

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Cooperation
Cooperación

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FORESTS
BOSQUES

A nivel federal, el área responsable de disminuir la desforestación es la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). En las 32 Delegaciones Federales de la SEMARNAP se tienen Subdelegaciones de Recursos Naturales que atienden los aspectos relacionados con los recursos forestales. Se cuenta con 32 Comités Estatales de Reforestación, quienes son los responsables de la planeación, distribución y plantación de los árboles necesarios en las campañas de reforestación promovidas. El 28 diciembre de 1994, con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, los aspectos relativos al medio ambiente, utilización de la tierra (ordenamiento territorial), calidad del aire, agua, pesca y forestal se fusionaron en una sola Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), con la intención de abordarlos de manera integral. Respecto a otros sectores, el 5 de mayo de 1999, en el marco del Programa de Atención Integral a Regiones Prioritarias, 8 Secretarías suscribieron las bases de colaboración para fomentar el desarrollo sustentable mediante la articulación de programas de trabajo que permitan hacer más eficiente el uso de los recursos. Dichas Secretarías son: Semarnap, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). Con esto se facilita el aprovechamiento de los recursos sobre bases que aseguren el tránsito gradual hacia la sustentabilidad, uno de los principales objetivos del Programa Forestal y de Suelo 1995-2000.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

México cuenta con una legislación forestal desde fin del siglo pasado que ha evolucionado. De ser un instrumento con regulación rígida y con una amplia regulación del Estado en todo el proceso productivo, se desreguló para promover mayor participación de los sectores social y privado con el propósito de incoporar el uso de los recursos forestales a un desarrollo sustentable. Las instancias gubernamentales mantienen una función normativa y de supervisión. La primera Ley Forestal se promulgó en 1884 y ha sido modificada en diversas ocasiones. En 1997 se reformó después de un amplio proceso de consulta y consenso y en 1998 se publicó su Reglamento. Se incorporaron nuevos elementos de sustentabilidad para el aprovechamiento de recursos forestales y se fortaleció la participación social. Se establecieron nuevos mecanismos para el control y seguimiento de la cadena productiva forestal y para acreditar la procedencia legal de las materias primas. Asimismo, los servicios técnicos forestales se regulan y organizan por niveles y unidades de manejo; las plantaciones forestales comerciales se regulan para evitar impactos negativos a los ecosistemas y dar seguridad en la cosecha. También se incluyen incentivos para producción y conservación en bosques nativos y plantaciones. En el caso del aprovechamiento de recursos forestales no maderables, los requerimientos administrativos se han agilizado debido a que quienes realizan la recolección son en su mayoría grupos de escasos ingresos, o en su caso varios de dichos recursos son estacionales en su producción o en su comercialización. Se establecieron Normas Oficiales Mexicanas que indican los criterios técnicos para su aprovechamiento. Recientemente el Forest Stewardship Council acreditó al consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible como organismo certificador del manejo forestal sustentable en México. Se encuentra en proceso de establecer la oficina mexicana y el desarrollo de los estándares nacionales. Si bien desde hace más de ocho años otorgó en nuestro país el primer "certificado verde" este mecanismo se empezó a promover de manera intensa en los últimos dos años. Durante la primera mitad de 1992, se reformó el Artículo 27 constitucional y se emitió una Ley Agraria para reconocer la propiedad de los bosques, facilitar el desarrollo del sector forestal y promover la libre asociación entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, y de ellos con terceros para aprovechar, mantener y renovar los recursos forestales. En el transcurso del presente año, se emitió una Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Adicionalmente, el PROCYMAF actúa sobre demanda, es decir, que los instrumentos que ofrece a comunidades y ejidos, además de estar basados en el "Estudio de revisión del sector forestal y conservación de recursos" elaborado por el Banco Mundial, que analiza de manera profunda la situación de ejidos y comunidades forestales, ofrece cursos de capacitación a éstos fortaleciendo sus conocimientos y organización para la toma de decisiones. De esta manera, los poseedores de recursos forestales solicitarán apoyo al PROCYMAF con base en sus necesidades de desarrollo y de asistencia técnica identificada a lo interno de sus asambleas. La SEMARNAP, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), tiene la atribución de aplicar la ley en materia ecológica y forestal y aplicar sanciones procedentes. La inspección sanitaria de productos forestales que se importan es realizada en puertos, aeropuertos y fronteras por personal técnico de ésta Procuraduría. Adicionalmente, se llevan a cabo acciones para reducir la presión hacia los bosques, por la obtención de biomasa combustible, llevando a cabo plantaciones para la obtención de leña combustible. Se está elaborando una NOM que establecerá los criterios, especificaciones y procedimientos que deberán observarse para el uso, conservación y rehabilitación de los agostaderos del país. Además, con objeto de reforzar la regulación en el manejo, restauración y conservación de los recursos, para proteger el suelo contra la desforestación, se está trabajando en la generación de la NOM de ecosistemas lagunares y estuarinos, tierras frágiles, caminos y minas, así como la NOM de agostaderos mencionados anteriormente.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

El PROCYMAF apoya a comunidades y ejidos forestales de seis estados prioritarios que podrían adoptar políticas de aprovechamiento y conservación de recursos forestales en el marco del Desarrollo Sustentable.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

Dependencias del Gobierno Federal en concertación con Gobiernos Estatales y Municipales han conjuntado esfuerzos para la aplicación de acciones de fomento que involucran la participación directa de todos los sectores de la sociedad. Intervienen también grupos ejidales, comunidades y pequeños propietarios a través de sus organizaciones, que poseen el 85% de los recursos forestales del país. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha involucrado a grupos étnicos en campañas de reforestación. Durante 1994 fueron plantados 165 millones de árboles con la colaboración de grupos indígenas. Existen en apoyo 21 Consejos Técnicos Estatales en operación. Se estableció un Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (CONAF), como órgano de consulta de la Secretaría, integrado por representantes de la Semarnap y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por representantes de instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores y empresarios, y organizaciones no gubernamentales de carácter social y privado relacionadas con el sector forestal. Para proporcionar apoyo técnico especializado, dicho consejo cuenta con 11 Comités Técnicos, 29 Consejos Regionales, en los que participan además, representantes de los Gobiernos de los Estados y Municipios, ejidos, comunidades y pequeños propietarios. Actualmente en este Consejo se revisan adecuaciones a la Ley Forestal y a los Sistemas de Administración de los recursos forestales del país, a efecto de promover el manejo sustentable de los bosques y para el desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Se establecieron dos esquemas de subsidios al sector: el Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR) y el Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN). El PRODEFOR otorga subsidios orientados a mejorar el manejo técnico y la conservación de los recursos naturales e impulsar la modernización tecnológica de los procesos de extracción y transformación de los productos, así como al aumento de la productividad y competitividad. Se circunscribe a las superficies provistas por vegetación forestal nativa, otorgando recursos para que los dueños y poseedores de dichas superficies se provean de asistencia técnica necesaria para incorporarse al aprovechamiento sustentable de los recursos. Por su parte, el PRODEPLAN apoya el establecimiento y mantenimiento de 875 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales por un periodo de 25 años. Tiene por objeto aumentar la producción forestal para abastecer de materias primas a la industria, disminuir la presión sobre el bosque nativo, reducir el déficit de la balanza comercial y generar empleos en el medio rural. En 1997 se firmó un contrato con el Banco Mundial para iniciar las actividades del Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (Procymaf), obedeciendo a la nueva estrategia gubernamental de desarrollo sustentable en el país, concebida a raíz de las propuestas del Grupo Intergubernamental de Bosques. Este proyecto se basa en la situación actual del sector forestal en el país analizada desde la óptica del Programa Forestal y de Suelos 1995-2000, y revisada a fondo con un documento elaborado por el Banco Mundial Denominado "México, Revisión de la Situación del Sector Forestal y Conservación de Recursos", que hace un análisis profundo de las condiciones de ecosistemas boscosos, sus tendencias, fenómenos asociados a su degradación y mantenimiento, posibilidades de desarrollo, y una descripción amplia de la situación social del país. Con base en estos documentos se analizó la viabilidad del Proyecto, con miras hacia la creación de estrategias tendientes a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de ejidos y comunidades de los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, poseedoras de terrenos forestal o con aptitud preferentemente forestal al mismo tiempo que se restauran y conservan los ecosistemas forestales. El objetivo general del proyecto arriba señalado es apoyar la instrumentación de la nueva estrategia gubernamental de manejo sustentable y conservación de los recursos naturales y contribuir a: mejorar las actividades para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales, promover el bienestar de ejidos y comunidades forestales, e incrementar la participación del sector en la economía local y nacional. Los objetivos específicos son: incrementar la capacidad de ejidos y comunidades para lograr un aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales; fortalecer la capacidad de servidores técnicos a fin de ofrecer mejores servicios a propietarios para llevar a cabo las labores de aprovechamiento; propiciar la diversificación del aprovechamiento de recursos naturales a través del diseño de estrategias que permitan promover productos forestales maderables y no maderables; y fortalecer a las instituciones públicas federales y estatales en sus funciones de regulación y fomento para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales. Actualmente no se cuenta con un programa nacional de ordenación forestal. Con el apoyo del Gobierno de la República de Finlandia, se han iniciado las actividades para la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Forestal Sostenible 2000-2020, el cual se tendrá a principios del año 2002. En él se incluirán los aspectos de ordenación forestal para todo el país y será parte de la estrategia nacional de desarrollo sostenible plasmada en el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000. El programa a elaborarse tendrá vinculación con la estrategia nacional de ordenación integrada de la tierra. La SEMARNAP destaca en el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 las acciones para la prevención y combate de incendios forestales. En los resultados de la campaña 1996, se refleja el abatimiento del 19% de superficie forestal afectada con respecto a 1995, al reducirse de 303 mil hectáreas a 246 mil hectáreas afectadas. Esto, no obstante que el número de incendios se incrementó en un 18%, de 7,800 en 1995 a 9,200 en 1996. Los indicadores de eficiencia en la atención a incendios también se redujeron, el tiempo de detección de cada incendio 30%, el de llegada 8% y el de duración 1%, con respecto a la temporada anterior. De esta superficie, el 77% afectó a pastizales y vegetación herbácea, que tiene una inmediata recuperación, y el 23% restante afectó zonas arboladas. Los resultados favorables se debieron en gran parte a las siguientes acciones: coordinación con dependencias Federales y Gubernamentales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, así como la participación del sector social y privado; fortalecimiento de las acciones preventivas a través de los medios de difusión masiva y en campo, con la formación de 1,400 grupos voluntarios y construcción de 9,100 km. de brechas corta fuego y quemas controladas en 53,600 hectáreas; incorporación de equipo aéreo; durante 1996 se celebraron 625 cursos de capacitación de protección de incendios forestales a elementos del Ejército Nacional y del sector social; así como un curso a nivel internacional de alto nivel en materia de incendios forestales. En materia de Sanidad Forestal, se impulsaron proyectos de control de plagas y enfermedades, a través de la inspección aérea y terrestre de 5.65 millones de hectáreas de superficie arbolada, lo cual permitió conocer la condición sanitaria de los bosques y detectar oportunamente las principales áreas afectadas. La superficie diagnosticada durante 1996 corresponde a un incremento del 196% con respecto a 1995. Se realizaron campañas de combate y control de insectos descortezadores de coníferas en los estados de Querétaro, Hidalgo, Guerrero y Michoacán; y contra insectos defoliadores del pino en el estado de Veracruz, protegiéndose una superficie aproximada de 600 mil hectáreas. Asimismo, para evitar la introducción de plagas y enfermedades exóticas en el país, se emitieron 4,264 autorizaciones sanitarias para productos forestales de importación. Está en proceso de negociación un instrumento de estímulos a través de PROCAMPO para apoyar el cambio del uso del suelo, de agrícola a forestal, bajo un Programa Único de Manejo de Tierras.

Status
Situación General

México tiene la 12^a superficie forestal más grande a nivel mundial y ocupa el 30 lugar en términos de producción forestal. De las 56.8 millones de hectáreas forestales arboladas, 21 millones tienen la capacidad de ser usadas con propósitos comerciales, aunque actualmente solo se aprovechan 7 millones. La producción forestal está basada en el aprovechamiento de bosques localizados principalmente en los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, México y Oaxaca, los cuales aportan en promedio el 82% de la producción forestal del país, que en 1998 fue de 8.3 millones de metros cúbicos. A partir de 1995, el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 busca asegurar la conservación de los recursos silvícolas, como parte fundamental del equilibrio entre los ecosistemas, contrarrestando los efectos del cambio de uso del suelo, con el fin de recuperar la frontera silvícola, preservar el recurso actualmente disponible y garantizar que todo aprovechamiento se realice con un sólido sustento técnico. Este programa se inscribe en una política ambiental y de aprovechamiento de los recursos que trasciende el ámbito estrictamente regulatorio para constituirse en un proceso de transformación de las prácticas culturales silvícolas, de promoción e inducción de inversiones en infraestructura ambiental, de creación de mercados y de financiamiento para el desarrollo sustentable. Asimismo, en el marco del esfuerzo nacional para superar la pobreza, se promueve el desarrollo de las comunidades campesinas poseedoras del recurso forestal mediante un aprovechamiento sustentable de los recursos silvícolas, con base en un adecuado ordenamiento territorial y la participación activa de las comunidades en los procesos productivos generadores ed inversión, empleo e ingreso. En la actualidad los propietarios de bosques que los explotan en forma sostenible y de ese modo proporcionan a la sociedad beneficios ambientales no comerciales no reciben compensación alguna por parte del Gobierno. Como se mencionó en la introducción general, solo se han establecido el PRODEFOR y el PRODEPLAN para fomentar la actividad forestal. México ostenta la 12a superficie forestal más grande a nivel mundial y el 30 lugar en términos de producción forestal. De las 56.8 millones de hectáreas forestales arboladas, 21 millones tienen la capacidad de ser usadas con propósitos comerciales. La producción forestal está basada en el aprovechamiento de bosques localizados principalmente en los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Varias dependencias del Gobierno Federal en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales, en el marco del Programa Nacional de Reforestación entre 1995 y 1996, y con la participación de instituciones privadas y del sector social, plantaron 221.7 millones de árboles en áreas urbanas y zonas rurales, con tasas de sobrevivencia variables. Estas actividades de reforestación con el propósito de lograr un equilibrio entre las tasas anuales de desforestación y reforestación, han tenido lugar principalmente en los estados de Michoacán, México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Yucatán, Morelos, Campeche y Tamaulipas. La forestación ha incluido el establecimiento de plantaciones de restauración, agroforestales y diversos proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales en los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas.

Challenges
Desafíos

No hay información disponible.
 

Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

Se han realizado diversos eventos de formación y capacitación que inciden directamente en el combate a la desforestación. Entre éstos se incluyen los relativos a técnicas de reforestación, viveros, manejo de cuencas, prevención y combate de incendios, prevención y combate de enfermedades, técnicas de manejo silvícola y el uso de leña combustible. El INIFAP en el período 1995-1996, ha integrado para su publicación 35 paquetes tecnológicos de diversas especies para su desarrollo en Plantaciones Forestales, así como manuales sobre prácticas de manejo y evaluación de impactos del uso de los recursos naturales.

Information
Información

Para hacer llegar la información sobre la ordenación forestal sostenible a los posibles usuarios se inició el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), el cual podrá localizarse por Internet en la dirección http://www.semarnap.gob.mx. Desde 1992, se inició el Inventario Periódico Nacional Forestal a fin de determinar la cantidad de recursos naturales en México, así como su distribución y fluctuaciones. Este inventario incluyó la información de zonificación de los terrenos forestales, considerando sus aptitudes y funciones ambientales. La actualización de este inventario tendrá lugar cada década en coordinación con el Censo Nacional de Población y Vivienda.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

No hay información disponible.
 

Financing
Financiación

El presupuesto que se tuvo asignado en 1996 para la operación y control en esta materia, fue de 57.4 millones de pesos, corresponden al nivel central 40.1 millones de pesos y a nivel Delegacional 17.3 millones de pesos, esto independientemente de sueldos y salarios del personal. Adicionalmente se negocia un crédito externo por 20 millones de dólares para asistir a las comunidades en el manejo sustentable de sus recursos y disminuir la desforestación. Para 1997, se han asignado para impulsar la actividad forestal 285.5 millones de pesos.

Cooperation
Cooperación

México ha participado en las reuniones del Grupo Intergubernamental de Bosques. México es signatario de la Declaración de Santiago, que compromete a 12 países en lo que se conoce como Proceso de Montreal, para la aplicación a nivel nacional de siete criterios y 67 indicadores de manejo sustentable para bosques templados y boreales. México participa en diversos esquemas y acuerdos de cooperación internacional en materia forestal, entre los que destacan los siguientes:

• Cooperación bilateral con: Finlandia, Alemania, Canadá, EUA, Japón y Reino Unido;
• Foros Multilaterales y Regionales como: FAO, PNUMA, PNUD, Comisión Forestal para América Latina y el Caribe, Comisión para América del Norte y Comisión Norteamericana de Cooperación Ambiental.

This information is based on Mexico's submission to the 5^th and 8^th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development. Last update: October 1999.

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FRESHWATER
RECURSOS DE AGUA DULCE

La Comisión Nacional del Agua (CNA) se consolida como autoridad única en materia de agua y fortaalece sus funciones normativas a nivel federal y regional. La CNA es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y la única responsable del agua en coordinación con los organismos operadores. Esta Comisión, a su vez, coordina sus actividades con las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y la de Desarrollo Social (SEDESOL). Otras agencias u organismos gubernamentales para la coordinación del manejo y desarrollo de Agua Dulce y políticas en los niveles sub-nacionales son:

• a nivel regional: Las Gerencias Regionales administrativas de la CNA y la Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana;
• a nivel estatal o de distrito: Gerencias estatales de la CNA y organismos operadores intermunicipales, Comisiones Estatales de Agua y Drenaje;
• a nivel local: CNA, gobiernos estatales, municipios y usuarios.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) regula la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y su control, así como la preservación de su cantidad y calidad. Existe también un sistema obligatorio de permisos de descargas para aquellos que las canalizan hacia los cuerpos de aguas nacionales. Los derechos y obligaciones adquiridos por los concesionarios, asignatarios y permisionarios de aguas nacionales y bienes asociados se establecen en títulos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CNA). Estos títulos se inscriben en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) y otorgan el derecho a explotar, usar o aprovechar un determinado volumen de agua a personas físicas o morales. En los permisos de descarga de aguas residuales se establecen las condiciones bajo las cuales el permisionario puede disponer de las aguas residuales resultantes. El número de títulos inscritos en el REPDA al 31 de diciembre de 1995 ascendió a 29,567, de los cuales el 64.5 % son para uso agrícola, pecuario y acuacultura; 5.0 % para sistemas de agua potable y alcantarillado; 17.5 % para uso industrial, comercial y de servicios; y el 13.0 % para otros usos. El marco legal y regulatorio para el manejo y desarrollo del recurso agua es el siguiente:
Legislación general y marco de regulación para el manejo del agua (Títulos y años de las últimas actualizaciones):

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art.. 27 párrafo V. Define los cuerpos de agua que son propiedad de la Nación y aquellos que tienen un propietario distinto;
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): Publicada en 1988; con fecha 13 de diciembre de 1996 se publicó el Decreto por el que se reforma la LGEEPA;
• Ley de Aguas Nacionales: Aprobada en 1992, con el fin de estructurar la administración del recurso y responder a las políticas y redefiniciones del papel del Estado en torno al aprovechamiento y administración del agua. Asimismo, se elaboró un anteproyecto de reformas al Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (1994), para incorporar la figura de Consejos de Cuenca, señalar la caducidad del derecho de aprovechamiento de aguas nacionales y la transmisión de los derechos para su uso y aprovechamiento;
• Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 1997: Para la instrumentación de criterios económicos en la administración de los usos del agua. En ella se establece el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. Incluye dos principios: el agua tiene un valor económico en función de su disponibilidad; la sociedad adopta como principio fundamental : "el que contamina debe pagar los costos de la descontaminación";
• Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, vigente a partir de 1991;
• Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1982;
• Leyes estatales en materia de agua potable y alcantarillado promulgadas de 1969 a 1994 en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal;
• Ley Federal de Metrología y Normalización;
• Tratado sobre la Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica, celebrado el 3 de febrero de 1944 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1946;
• Convención de 1906 y el Tratado Internacional del Limites y Aguas de 1994, firmado entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.;
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
• Ley de Ingresos de la Federación;
• Decreto Presidencial de Creación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, (IMTA) del 17 de agosto de 1986.

• NOM-002-CNA-1995. Establece as especificaciones y métodos de prueba de tomas domiciliarias para abastecimiento de agua potable- (Diario Oficial de la Federación, D.O.F., del 14 de octubre de 1996;
• NOM-003-CNA-1996. Señala los requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos (D.O.F. 3 de febrero de 1997);
• NOM-005-CNA-1996. Establece las especificaciones y métodos de prueba de los fluxómetros (D.O.F. 25 de junio de 1997);
• NOM-001-ECOL-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales (D.O.F. 6 de enero de 1997), la cual sustituye el énfasis de la mejor tecnología de control, por el de los límites de descarga y normas de calidad ambiental.

• La Ley de Aguas Nacionales, y su Reglamento en su Título sexto. Usos del Agua. Capítulo segundo. Uso agrícola, publicado el 1 de diciembre de 1992 y enero respectivamente;
• Decreto del Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) del 11 de octubre de 1996: otorga facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios nacionales y sus bienes públicos inherentes, que realicen actividades de carácter agrícola, silvicola, pecuario y acuícola.

• Decreto del Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) del 11 de octubre de 1996. Se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece en el Artículo 115o. fracción III inciso a), que los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo el servicio público de "agua potable y alcantarillado". (modificado en 1987);
• Título de Concesión al Departamento del Distrito Federal, del 4 de Marzo de 1996.

• NOM-012-SSA1-1993 (D.O.F. del 12 de agosto de 1994). "Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y privados";
• NOM-013-SSA1-1993, (D.O.F. del 12 de agosto de 1994). "Requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un vehículo para el transporte y distribución de agua para uso y consumo humano";
• NOM-014-SSA1-1993, (D.O.F. del 12 de agosto de 1994). "Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua, públicos y privados".

• NOM-127-SSA1-1994, (D.O.F. del 18 de enero de 1996)."Salud ambiental - agua para uso y consumo humano - límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización";

• NOM- -SSA1-1996, Vigilancia y evaluación de la calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento públicos;
• NOM- -SSA1-1996, Salud ambiental, agua para uso y consumo humano - Método de prueba para evaluar la eficiencia en reducción bacteriana de equipos de tratamiento de agua, de tipo doméstico;
• NOM- -SSA1-1996, Salud ambiental, agua para uso y consumo humano - Método de prueba a que deben someter los fabricantes y/o distribuidores a las sustancias germicidas de tipo doméstico;

• NOM- -SSA1-1997, Requisitos sanitarios que deben cumplir los tinacos y cisternas destinados al almacenamiento de agua para uso y consumo humano;
• NOM- -SSA1-1997, Requisitos sanitarios para el inicio de operaciones de establecimientos que se dedicarán al proceso de equipos y sustancias para la potabilización o tratamiento del agua, así como para la importación de los mismos.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

Política de precios para recuperar costos o distribuir equitativamente el agua: En general: Existe la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. Existen políticas tarifarias para uso vigente de acuerdo a una zonificación especial de abundancia y escases.Además, está en proceso la aplicación de una política de regularización del universo de usuarios y de descargas de aguas residuales de origen urbano e industrial, con respaldo en un sistema adecuado de sanciones, precios y estímulos, bajo un esquema de distribución equitativa. Como parte de las estrategias de apoyo al desarrollo y consolidación institucional, se ha desarrollado la propuesta "Evolución Hacia un Mercado de Títulos de Agua", en donde se definen los cambios requeridos en el sector hidráulico para asignar el recurso a través de instrumentos de mercado. Para uso agrícola:
Existe un sistema tarifario por disponibilidad de agua y por uso. La Ley de Aguas Nacionales establece las pautas para cobrar cuotas por el agua suministrada a los sistemas de riego. Además, se ha desarrollado un Sistema de Información Socioeconómica y Financiera del Agua (SISEFA), una metodología para el análisis de la situación social en microcuencas y un instrumento para estimación del gasto ecológico; a estas acciones se agrega el desarrollo de un Sistema de Cómputo para la Planeación de Zonas de Riego (SPLAD-ZR). Asimismo, está en elaboración una evaluación de los efectos económicos en el sector hidroagrícola ante la instrumentación del cobro por derechos de uso de agua. Para uso industrial: El derecho por uso y aprovechamiento de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales constituye uno de los instrumentos económicos que se incorporó a la legislación ambiental mexicana a partir de octubre de 1991. Su finalidad es inducir a los responsables de las descargas, que no cumplen con las normas vigentes aplicables o que se encuentren por encima de los estándares mínimos de calidad, a construir sistemas de tratamiento de aguas o modificar sus procesos de producción para mejorar la calidad de sus aguas residuales. En 1996, se decidió replantear el instrumento económico a partir de un nuevo esquema regulatorio con nuevas reformas a la Ley Federal de Derechos de 1996 y la publicación de tres Normas Oficiales Mexicanas. El costo del agua depende de si se usa o se descarga. Para uso, la cuota está en función de la zona de disponibilidad (en México existen 9 zonas), y para descarga, la cuota depende del tipo de cuerpo receptor al cual se vierten las aguas. Actualmente, se evalúa la aplicación de instrumentos de mercado como mecanismo para regular la demanda de agua para uso industrial, como una metodología de apoyo al proceso de planeación, evaluación social, económica y ambiental en el desarrollo de los recursos hidráulicos. Para uso en los asentamientos humanos y vivienda: En la Ley Federal de Derechos y en la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas de Infraestructura Hidráulica se encuentra fundamentada la política de pago justo y cultura del agua (uso eficiente). La cuota no es suficiente para recuperar los costos. Para el Distrito Federal, la política de precios se define en el Programa para el Desarrollo del Distrito Federal 1995-2000 y por la Comisión de Aguas del Distrito Federal. Se trabaja en las siguientes líneas de acción con respecto a otras políticas para la distribución eficiente del agua que promuevan el desarrollo económico:

• Sustituir el agua potable por agua tratada de zonas urbanas en los sectores comercial, industrial y agrícola;
• Incorporar el manejo de aguas residuales dentro de las plantas industriales;
• Reducir el desperdicio;
• Reciclar el agua;
• Establecer campañas para eficientar el uso del recurso;
• Promover la participación del sector privado y fondos como el FINFRA para lograr un mayor desarrollo económico.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

Los Consejos de Cuenca son instancias de coordinación y concertación, contempladas en la Legislación Hidráulica con el fin de que las entidades de gobierno interactúen con la sociedad en la planeación y aprovechamiento de los recursos hídricos. Y así mismo son una forma de organización que permite alentar y compartir responsabilidades entre los sectores público y privado. También son órganos de concertación con los diversos usuarios del agua y de coordinación entre los organismos del gobierno federal, estatal y municipal en espacios territoriales definidos por las cuencas hidrológicas. En este sentido, se tiene contemplada la participación amplia y plural de los diversos sectores de la sociedad, entre otros a todos aquellos grupos organizados de científicos, profesionales y ONGs que tengan que ver con el recurso agua. Adicionalmente, la Comisión Nacional del Agua considera la participación de expertos por medio de:

• Intercambios internacionales de conocimientos con otros países a través de la contratación de asistencia técnica extranjera;
• La participación en ponencias y talleres de actualización y perfeccionamiento tecnológico, donde se expone la problemática hidráulica de otros países y sus posibles soluciones; y,
• La capacitación internacional.

• promover un marco jurídico a fin de atraer la inversión privada;
• incentivos económicos y fiscales a los estados y municipios que adopten esquemas de participación privada.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

El Gobierno Federal estableció desde 1989 el Programa de Transferencia de Distritos de Riego, con objeto de transferir la operación, conservación y administración de los distritos de riego del país a los usuarios debidamente organizados en asociaciones civiles y sociedades, siendo un requisito que se tenga la autosuficiencia de los distritos de riego previamente a la transferencia. Existen alrededor de 154 mil localidades con población menor de 2,500 personas, 108 mil de estas localidades tienen menos de 1,000 habitantes y en ellas más 5 millones de mexicanos que viven en condiciones de marginación alta y muy alta. Aunque la dispersión de comunidades hace necesario efectuar inversiones cuantiosas, solo justificables en términos de beneficio social, es menester dotar de agua potable a la población rural. El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, contribuye al cuidado de la salud, al mejoramiento de calidad de vida de la población y al control del deterioro en los cuerpos de agua. Dentro de este Programa se cubre al medio rural, en comunidades de menos de 2500 habitantes, en donde se concentra el 75% de la población nacional que vive en pobreza extrema. Sus prioridades son: a) atender el rezago de servicios en las zonas rurales y en poblaciones urbanas marginadas, con apoyo gubernamental federal, estatal y municipal, así como con la participación de los sectores de la población; b) apoyar a elevar el servicio de agua potable en las zonas rurales, de 13.8 millones de habitantes en 1995 a 18.8 millones de habitantes al año 2000, y el saneamiento para beneficio de 5.5 millones de habitantes en 1995 a 15.1 millones al año 2000. A fin de subsanar las carencias identificadas también se desarrolló el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, cuyos objetivos son:

• evitar que se profundice el deterioro social de la población que vive en pobreza y pobreza extrema;
• contribuir a contrarrestar los problemas de salud, derivados de la insalubridad o la insuficiencia de infraestructura básica;
• facilitar a los grupos sociales y desprotejidos su incorporación al mercado de trabajo y aprovechar otros elementos inherentes al bienestar; y,
• las comunidades antes mencionadas no pagan el derecho de uso del agua.

El Gobierno esta tomando las siguientes medidas para efectuar lo siguiente:
Prevenir la contaminación de los acuíferos:

• Saneamiento y reglamentación de acuíferos;
• Establecimiento de normas que regulan y controlan el vertimiento de aguas residuales a los diferentes cuerpos receptores de la Nación;
• Programas de saneamiento de cuencas, entre los que sobresale el Programa de Agua Limpia y el Programa de Saneamiento de la Frontera Norte;
• Establecimiento de normas para la clasificación (NOM 006) de la vulnerabilidad de los acuíferos y restricciones o vedas en el uso y aprovechamiento de los acuíferos;
• Está en proyecto la NOM-008-CNA-1997 para disposición de aguas residuales a suelos y subsuelos;
• La CNA estudia y prioriza las cuencas hidrológicas por el grado de contaminación en sus cuerpos de agua, para instrumentar las estrategias del sector hidráulico;
• Se construyen colectores marginales para el saneamiento de cauces y barrancas.

• Se aplica una política tarifaria y la reglamentación de pozos y aprovechamientos;
• Se aplican la NOM-001-ECOL-1996 y la NOM-127-SSA1-1994 para la protección del abastecimiento público;
• Se ha reducido la extracción de agua del acuífero a través de la cancelación de la operación de pozos profundos, Programa de Uso Eficiente del Agua;
• Se han instrumentado los siguientes programas: Programa de Certificación de Calidad del Agua en sistemas de abastecimiento públicos y privados; Programa Agua Limpia en Casa; y, Programa de Monitoreo de Cloro Residual (a nivel nacional);
• Se aplican políticas basadas en el desarrollo integral sustentable del recurso, lo que significa un uso eficiente del agua, con un incremento de la productividad económica, social y ambiental del agua, para lograr que las generaciones futuras aseguren el uso de la misma.;
• La CNA, realizó trabajos de conservación diferida en la infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Temporal Tecnificado, consistentes en el desazolve de drenes y reforzamiento de bordos, limpia de cunetas, rastreo, bacheo, así como, reposición y conformación de material en caminos;
• Se conservaron 43.68 km. de drenes y 92.97 km. de caminos, beneficiando a 13,185 familias en 132,720 Ha;
• Se ejecutaron acciones de conservación de suelo y agua para beneficio de 2,270 familias en 14,100 ha;
• En los Distritos de Temporal Tecnificado, cuya infraestructura y maquinaria ha sido transferida a las asociaciones civiles de usuarios, se efectuaron trabajos de conservación de la infraestructura en 12.7 km. de drenes y 1,218 km. de caminos, beneficiando a 5,881 familias en 32,875 Ha;
• Con el apoyo de asociaciones civiles, se editaron manuales sobre agricultura sustentable y conservación de suelos y agua.

• En la atención de rezagos en el suministro se aplica una estrategia que privilegia el mantenimiento, la complementación y la construcción de infraestructura de alta calidad para servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, control de avenidas y producción agrícola;
• En el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales y Urbanas se plantea el incremento del 66% en agua potable para el año 2000, en las zonas rurales a través de tres políticas: instalar hidrantes públicos con agua desinfectada y dotación entre 50 y 80 l/h/d, en localidades de 10 a 499 habitantes; en poblaciones de 500 a 2500 habitantes el servicio será proporcionado a través de tomas domiciliarias; y, rehabilitar sistemas de agua potable ociosos y en servicio; En las áreas urbanas se pretende continuar con el servicio para el año 2000 de la siguiente manera: reforzar el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, (APAZU) y aplicarlo de manera condicional a mejorar la eficiencia de los organismos operadores; realizar funciones extraordinarias de la federación en forma directa a través de la CNA, o mediante recursos aportados a los municipios y estados por el gobierno federal; saneamiento de cuencas; y, uso eficiente del agua;
• Entre 1996 y 1997 se incrementó la población con servicios de agua potable en 5.7 millones de habitantes, tomando como referencia la información del Conteo de Población y Vivienda 1995. Esto significa que la cobertura de servicios ha aumentado a 86.9% en 1997 más rápido que el crecimiento de la población, es decir 2.7 % mayor que la cobertura de 1995. En alcantarillado, se benefició a 4.9 millones de habitantes y de esa manera se logró incrementar la cobertura a 74.6%, es decir 2.5% mayor a la de 1995;
• Para el área del Distrito Federal se elaboró el Plan Maestro de Agua Potable y el Programa para el Desarrollo del Distrito Federal 1995-2000.

• En lo que respecta al Programa de Control de Inundaciones, se han identificado 800 sitios sujetos a inundaciones, correspondientes a 3 grupos de proyectos: grandes proyectos prioritarios en ríos principales; proyectos medianos que consisten principalmente en rectificaciones y protección marginal de zonas urbanas y rurales en 85 sitios; proyectos menores en 490 sitios que requieren protecciones marginales, rehabilitación y formación de bordos, drenajes y otros;

• estructurar una metodología que facilite el seguimiento de estos fenómenos;
• llevar un estrecho seguimiento de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan al país;
• poner en marcha los planes de contingencias y de ayuda a las zonas más criticas en aquellas que por seguridad de ellas mismas, así lo requieran;
• definir índices de severidad de sequías;
• determinar la norma climatológica de precipitación en cada cuenca;
• elaborar mapas con datos de disponibilidad y usos de agua;
• caracterizar las tendencias regionales de disponibilidad de agua y elaborar planos de riesgo de sequías;
• adecuar los métodos de pronostico de sequías;
• desarrollar métodos para racionar el agua en las cuencas en periodos de sequía.

• proteger vidas humanas y bienes patrimoniales que pueden ser afectados por la falla o la operación inadecuada de las presas;
• proteger la infraestructura hidráulica y los bienes económicos de beneficio público asociados, como generación de energía eléctrica, abastecimiento de agua potable y riego entre otras.

• Atender el rezago de servicios en las zonas rurales y poblaciones marginadas, con apoyo gubernamental, federal, estatal y municipal, así como la participación de los sectores de la población;
• Apoyar a elevar el servicio de agua potable en las zonas rurales de 13.8 millones de habitantes en 1995, a 18.8 millones de habitantes para el año 2000, y el saneamiento de 5.5 millones de habitantes en 1995 a 15.1 millones de habitantes para el año 2000;
• Promover que se incremente el servicio de agua potable, en las zonas urbanas de 62.8 millones de habitantes en 1995 a 68.1 millones de habitantes al año 2000;
• Incrementar el servicio de alcantarillado de 56.0 millones en 1995 a 60.6 millones de habitantes en el año 2000;
• Incrementar el abasto de agua del sistema Cutzamala para el Valle de México de 0.6 km³/año a 0.76 km³/año y dar tratamiento a 1.3 km³/año de aguas residuales;
• Mantener los niveles de desinfección, que cubran cuando menos el 95% de agua que se suministra a la población, incrementar de 2.2 a 2.4 km³/año la capacidad instalada de potabilización;
• Incrementar el tratamiento de aguas residuales de origen urbano de 0.54 a 2.6 km³/año, incluyendo los costos de rehabilitación de infraestructura existente y por la construcción de nuevos sistemas;
• Apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que traten las aguas residuales, domesticas e industriales en las 22 ciudades de la frontera norte;
• Satisfacer en el año 2000 la demanda de agua de 142 km³/año para las centrales hidroeléctricas y 2.89 km³/año para las termoeléctricas; y,
• Iniciar estudios que permitan determinar las capacidades de los ecosistemas para proporcionar agua a los diferentes usos de manera sustentable;
• Abastecimiento de agua (en porcentaje) 84.0 %, para el Distrito Federal la meta es atender al 100% de la población, cobertura del saneamiento (en porcentaje) 24.5 %.

• Incrementar el tratamiento de aguas residuales de origen urbano de 0.54 a 2.6 km³/año (17 a 82 m3/s), incluyendo los logros en la rehabilitación de infraestructura existente y por la construcción de nuevos sistemas;
• Dar prioridad a la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en localidades ubicadas en las 15 cuencas prioritarias. Para el Distrito Federal la meta es atender al 100% de la población.

• Eficientar los tratamientos para cumplir con la calidad requerida;
• Adecuar tecnología económica de acuerdo a las necesidades;
• Rehabilitar sistemas de tratamiento;

Status
Situación General

México tiene problemas tanto de escasez como de exceso de agua. El 82.0% del volumen de almacenamiento está bajo la cota de 500 msnm, y el 76.0% de la población vive arriba de la misma, por lo que la población y la actividad económica se distribuyen en relación inversa con la disponibilidad del agua. Menos de una tercera parte del escurrimiento superficial ocurre en el 75.0% del territorio, donde se concentran los mayores núcleos de población, las industrias y las tierras de riego. Esto provoca insuficiencia en las aguas superficiales y subterráneas para el abastecimiento y la sobreexplotación de acuíferos, ocasionando salinización gradual y obligando a la transferencia entre cuencas. En el 25.0% restante del territorio existe abundancia de agua. México está expuesto a ciclones tropicales que traen consigo precipitaciones intensas que originan severos problemas de inundaciones, sobre todo en el sureste del país, por lo que se ha establecido una política que cubre los aspectos de: saneamiento de las principales cuencas hidrológicas; promoción de uso eficiente del agua con una política de precios justa; y el establecimiento de consejos de cuencas hidrológicas. La dotación de agua potable y alcantarillado aumentó su cobertura en 1.5 y 0.5 millones de habitantes respectivamente, en las zonas urbanas y rurales del país con relación a 1994 y se concluyeron plantas de tratamiento de aguas residuales en Monterrey, Michoacán y algunas ciudades de la frontera norte, entre otras. En 1995, el 83.5% de la población contaba con el servicio de agua potable y el 67.0% tuvo acceso a las redes de drenaje. Actualmente, existen 818 plantas de tratamiento de aguas residuales de origen municipal con una capacidad instalada total de 43 m3/s, que representa el 24.7% del total de aguas residuales de este origen. En 1994 se regaban 41 mil ha de cultivos restringidos con aguas residuales. A nivel nacional, los recursos hídricos disponibles representan un volumen anual per capita de aproximadamente 5,100 m3/habitante/año, pero existe un déficit de agua en casi la mitad del país, principalmente en los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí (1,100 m3/habitante/año), y en algunas zonas del área metropolitana de la Ciudad de México y de la Cuenca Lerma -Chapala. La sobreexplotación de acuíferos ha contribuido a la contaminación salina de acuíferos costeros, principalmente en la Península de Baja California, la costa de Sonora y la Península de Yucatán. Tratamiento y/o reciclaje del agua residual.

• Tratamiento de aguas residuales: A principios de 1989, el tratamiento de aguas residuales presentaba un gran rezago ya que tan sólo se contaba con 256 plantas de tratamiento con una capacidad conjunta de 14.3 m³/s, el 12 por ciento del total de aguas residuales. Mientras que, para 1994, había más de 666 plantas construidas con una capacidad instalada de tratamiento de 42.8 m³/s, de las cuales 461 se encontraban operando para un gasto de 32.1 m³/s, y las 205 restantes se encontraban sin operar por un gasto de 10.7m3/s. Actualmente, se tiene una capacidad instalada para tratar descargas de 48.2 m³/s, de los 170 m³/s que se producen. Se tienen 680 plantas de las cuales 211 están fuera de operación quedando la capacidad reducida a 41.7 m³/s a nivel nacional. Existen 818 plantas de tratamiento de aguas residuales de origen municipal que cuentan con una capacidad instalada total de 43 m³/s, misma que representa el 24.7% del total de aguas residuales de este origen. En el Distrito Federal se tratan 6.25 m³/s;
• Reciclaje de aguas residuales: Se reciclan 16 mil millones de m³/año. En el Distrito Federal se reciclan 3.0 m³/s

Challenges
Desafíos

Los principales obstáculos que enfrenta el Gobierno para alcanzar sus objetivos en estas áreas son:

• Rezagos en la cobertura de servicios;
• Incremento en la demanda;
• Desigual distribución temporal y geográfica del agua en el territorio nacional;
• Ineficiente operación de varios sistemas de agua potable;
• Política tarifaria que no permite cubrir los costos;
• Problemas de contaminación;
• Necesidad de una mejor coordinación entre instituciones;
• Mayor seguimiento de las políticas; y,
• Falta de una cultura de pago, por parte de los usuarios.

Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

Los programas o campañas para la educación al público sobre temas de conservación y manejo del agua para alcanzar patrones de consumo más sustentables son los siguientes: El Programa Agua Limpia, que coordina la CNA y en el que participa la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales contiene, entre otras acciones, la de formular y ejecutar el programa de capacitación, comunicación y divulgación de la cultura del agua. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección de Educación para el Consumo, en materia de conservación y manejo del agua, elaboró y difundió un folleto titulado "Ahorre en su Hogar Energía Eléctrica, Agua, Teléfono y Gas".

Information
Información

El Servicio Meteorológico Nacional vigila en forma permanente las condiciones atmosféricas que prevalecen en el país y áreas vecinas, con el fin de alertar con oportunidad al Sistema Nacional de Protección Civil, a la misma CNA y al público en general sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos que puedan afectar a la población. Para atenuar los impactos ocasionados por eventos hidroclimatológicos como ciclones, inundaciones, sequías y otras condiciones adversas, se mantienen y modernizan los sistemas de obtención y manejo de la información meteorológica y climatológica. Con los pronósticos de ingresos diarios de las presas, se estiman los almacenamientos probables al final de cada mes y en aquellos casos en los cuales existe probabilidad de llenado y desfogue, se realizan extracciones de control. Se emiten instrucciones de operación de aquellas presas que pudieran presentar algún riesgo en su infraestructura, fijándose metas de almacenamiento por alcanzar y sostener; con lo que se logra el máximo aprovechamiento de los embalses y el mínimo de daños por derrames. Como parte del Ordenamiento Ecológico, se cuenta en escala 1: 1'000,000 con una carta de Riesgos que identifica las zonas que en el territorio nacional, son susceptibles de deslaves, inundaciones, sismos, etc. Esta información será un insumo más para la planeación regional integral. Información recopilado regularmente sobre el manejo y desarrollo del agua: Se registran datos hidrométricos, inventarios de usos de agua, y aquellos que permiten determinar los volúmenes de extracción y de los distintos consumos. Se han usado también modelos de simulación para el comportamiento del ciclo hidrológico, para tránsito de avenidas en vasos de almacenamiento y los que simulan el flujo en los acuíferos. Para climatología se han desarrollado sistemas específicos, como es el caso del Sistema de Información Geográfica del Agua (SIGA). Existe una Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua cuyas redes de medición de niveles y calidad del agua subterránea, se están reactivando y ampliando mediante la revisión y reactivación de las redes existentes para seleccionar las estaciones adecuadas, desechar las no representativas y con la construcción de pozos complementarios para el monitoreo de los niveles y la calidad del agua. Se cuenta también con los siguientes sistemas:

• Sistemas de Información Climatológica;
• Sistema de Información de Agua Superficial;
• Sistema de Información de Aguas Subterráneas;
• Sistema de Información de Calidad de Agua;
• Sistema de Información del Registro Público de los Derechos del Agua.

• Sistema de Información de Gestión del Agua;
• Sistema de Información Geográfica para Distritos de Riego;
• Sistema de Actualización y Georeferenciación de la Información Hidrométrica;
• Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

Por lo que concierne al desarrollo científico y tecnológico, también han habido avances importantes gracias a la consolidación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). El IMTA, tiene como misión el realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país. Desde sus orígenes, el IMTA se ha caracterizado por ser una institución firmemente comprometida con la solución de los problemas más apremiantes del Sector Hidráulico Nacional y por lo mismo, a través de los años ha colaborado intensamente con la CNA y otras instancias de dicho sector en la solución de dichos problemas. El IMTA fortalece sus acciones en materia de normalización y de certificación de equipos y materiales del sector agua. Los siguientes parametros son utilizados para medir la calidad del agua, incluyendo la contaminación del agua por Contaminantes Orgánicos Persistentes: Se aplica lo establecido en las siguientes normas:

• NOM-012-SSA1-1993, "Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y privados";
• NOM-013-SSA1-1993, "Requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un vehículo para el transporte y distribución de agua para uso y consumo humano";
• NOM-014-SSA1-1993, "Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua, públicos y privados";
• NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental - agua para uso y consumo humano - límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización".

• El número de organismos coliformes totales, debe ser como máximo, de dos organismos en 100 ml., según las técnicas del número más probable (NMP) o de la de filtro de membrana; y,
• No deben ser detectables los organismos fecales.

• Sabor y olor: Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la mayoría de los consumidores, siempre que no sean resultados de condiciones objetables desde el punto de vista biológico o químico);
• Color: hasta 20 unidades de color verdadero en la escala de platino cobalto, o su equivalente en otro método; y,
• Turbiedad: 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN), o su equivalente en otro método.

Con estos parámetros se determina el índice de calidad del agua, el cual tiene una escala de 0 a 100 que va de peor a mejor calidad. Los constituyentes radiactivos deben ajustarse a lo establecido en la siguiente tabla:
 

CARACTERÍSTICAS	LÍMITES PERMISIBLES
Radiactividad alfa global	0.1
Radiactividad beta global	1.0

La CNA no exige que se mida de manera rutinaria a los contaminantes orgánicos persistentes. En México se han emprendido diversas investigaciones relacionadas con el manejo del agua y sus correspondientes tecnologías en virtud de las desigualdades hidrológicas que existen entre las diferentes regiones, por la sobreexplotación superficial y subterránea, as' como por la contaminación del vital líquido. La principal institución que lleva a cabo proyectos en este ámbito es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el cual realiza estudios sobre sistemas de agua potable, obras de captación, potabilización y saneamiento, así como dotación de agua a zonas agrícolas y urbanas. En materia de agua potable, las líneas de investigación del IMTA son las siguientes: adaptación, mejora y validación de técnicas de captación de aguas de niebla en comunidades pequeas dispersas en zonas montaóosas; desarrollo de un sistema de normalización y certificación de productos y fabricantes de agua potable; identificación de fuentes de contaminación de agua potable; diseo de técnicas para determinar la saxitoxina en agua; desarrollo de un manual de evaluación de plantas potabilizadoras; simulación de la calidad de agua en redes de distribucin y, desarrollo de un sistema de información para la rehabilitación de tuberas. Además, el IMTA trabaja en la instalación de un laboratorio de certificación y uso eficiente del agua. En materia de hidráulica rural, este Instituto apoya la transferencia de la administración, operación y mantenimiento de los distritos de riego a los usuarios. Asimismo, para crear y reforzar actitudes, valores y prácticas para la protección y uso adecuado del agua, el IMTA desarrolla proyectos en los campos de la comunicación y procesos de información dirigidos al desarrollo de áreas y distritos de riego, la gestión del recurso hidráulico en las ciudades medias y cuencas, as' como la difusión de las normas oficiales mexicanas en la materia. Por otra parte, los Sistemas de Investigación Regionales del CONACYT han desarrollado proyectos en el área de recursos naturales y medio ambiente que están vinculados al ordenamiento ecológico territorial; sistemas de información e inventarios de los recursos naturales; control y manejo de los contaminantes en los ecosistemas; modelos de desarrollo sustentable; conservación y mejoramiento de suelo, agua y recursos naturales; modelación, protección y manejo de acuíferos, cuencas y otros sistemas hídricos; productividad agrícola, agropecuaria y forestal sustentables actuales y tradicionales, así como biodiversidad (protección, conservación y manejo). Además, las instituciones de investigación y de educación superior del país llevan a cabo investigaciones sobre la degradación de sustancias tóxicas de efluentes industriales y se han estudiado distintas técnicas como la biomasa fija, el carbón activado, los reactores anaeróbios, las membranas, las plantas acuáticas, la desorción, las lagunas de estabilización y la fotocatálisis. También, se han desarrollado diversas investigaciones para la modelación de sistemas de lodos activados, el transporte de contaminantes, los riesgos de intoxicación asociados a cultivos irrigados con aguas residuales, así como el desarrollo de nuevos métodos de separación y análisis de contaminantes y calidad del agua. Asimismo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social (CIESAS), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, han publicado varios libros relativos al uso y manejo del agua. Por su parte, actualmente el CIIEMAD, del Instituto Politécnico Nacional, realiza un proyecto de investigación interdisciplinaria relativo al manejo del agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estas investigaciones son financiados por los gobiernos estatales, organizaciones sociales, y organizaciones intersectoriales. En 1997, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación el Conacyt otorgó 1,046 miles de pesos al IMTA para la realización de dos proyectos de investigación científica. Uno relacionado con la simulación del transporte de agua y solutos bajo condiciones agrícolas y, el otro, con la remoción de material orgánico disuelto, desinfección no convencional del agua y su impacto en la salud humana. Por otra parte, el financiamiento de los proyectos que llevan a cabo los Sistemas de Investigación Regionales proviene de las aportaciones directas a los fideicomisos por parte de los gobiernos estatales y el Conacyt, así como de las aportaciones complementarias de instituciones de investigación y de educación superior y el sector privado. Así, durante el periodo 1994-1997 a través de los Sistemas de Investigación Regionales se han apoyado 150 proyectos en el área de recursos naturales y medio ambiente, los cuales contaron con recursos del Conacyt por 43,349 miles de pesos. En 1997 el Conacyt canalizó 1,517 miles de pesos a las instituciones de investigación y de educación superior para la realización de 4 proyectos de investigación relacionados con el manejo del agua. Las instituciones que desarrollan estos trabajos son el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Yucatán. Cabe hacer notar que para inducir la utilización de los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en el país, las instituciones realizan eventos de difusión, elaboran publicaciones y desarrollan sistemas de información, dirigidos particularmente a los usuarios potenciales. Como ejemplo, el IMTA llevó a cabo la Primera Convención Anual de Empresas de Agua y Saneamiento, en la cual se entrevistó a más de cien usuarios y se les ofreció los distintos servicios de la Institución. Asimismo, el Conacyt apoyó la organización del Taller OCDE/México en Biotecnología para el Uso y Conservación del Agua, realizado en Cocoyoc, Morelos. Este taller unió a instituciones de la academia, gobierno e industria para ofrecer soluciones biotecnológicas prácticas e innovadoras a los problemas más críticos del agua en el país. En este evento participaron 61 conferencistas representantes de los países miembros de la OCDE. De igual forma, el IMTA, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), la UNAM y las entidades del Sistema SEP-Conacyt participaron en los últimos dos aos en el Primer y Tercer Foro Tecnológicos, los cuales ofrecieron a los pequeos y medianos empresarios información sobre los programas y servicios de los distintos centros e institutos de investigación del país. En el Programa Hidráulico 1995-2000 se establece: "A partir de 1986 el apoyo tecnológico se amplió para soportar nuevos programas de racionalización de la demanda, con líneas de investigación y desarrollo tecnológico para el uso eficiente del agua y de la infraestructura hidráulica y para el control de la contaminación del recurso. En la actualidad, sin dejar de avanzar en el conocimiento y soportar esos campos, se deberá evolucionar para brindar el soporte tecnológico a las nuevas orientaciones de política, estrategias y acciones de un sector público más normativo y promotor del desarrollo sustentable. Se deberá propiciar una mayor participación de la iniciativa privada y de las organizaciones sociales en tareas del manejo del agua, que antes eran casi de exclusiva competencia del sector público". Las políticas de promoción de tecnologías ambientales las llevan a cabo diversos sectores de la Administración Pública Federal. A través de la SEMARNAP, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) se apoya el desarrollo de proyectos tecnológicos para el manejo de recursos del agua. Algunas de las acciones desarrolladas se indican a continuación:

• Eficiencia de aplicación del agua de riego por gravedad a nivel parcelario. Esta tecnología se ha empezado a utilizar en zonas semiáridas de baja disponibilidad de agua, como Zacatecas y Guanajuato;
• Operación de un laboratorio de hidrodinámica de suelos y una mesa experimental de drenaje. Se cuenta con un sistema de cálculo del flujo de agua en suelos con el que se revisan criterios de diseño de separación de drenes, además de un método para determinar la conductividad hidráulica en función de las características del suelo;
• Certificación de productos y materiales mediante el Laboratorio de Certificación del IMTA. Este laboratorio está acreditado ante el Sistema Nacional de Laboratorios de Pruebas de la SECOFI y realiza pruebas de sanitarios de bajo consumo, micromedidores para agua potable y regaderas de bajo consumo, entre otras;
• Desarrollo y calibración de un procedimiento de cálculo del transporte de contaminantes en ríos. Lo anterior da la pauta para atender posibles derrames tóxicos accidentales en el Río Lerma y permite predecir el transporte de contaminantes en el cauce del río.

A través de la política para la Superación de la Pobreza, el gobierno federal destina una inversión al Fondo de Desarrollo Social Municipal, cuyos fondos se descentralizan primero a los estados y posteriormente a los municipios. Este Fondo tiene como objetivo atender a la población con mayores rezagos en servicios básicos, por lo que más del 60% de este presupuesto se destina al mejoramiento y ampliación de la infraestructura básica. En este sentido, con la participación social de las comunidades representadas en el Consejo Social Municipal, se han obtenido avances significativos en la red de abastecimiento del agua, ejemplo de ello es que para 1996, el 16.6% del presupuesto se invirtió al rubro de agua potable. Así, de las 32 mil obras que se han realizado con recursos del Fondo durante 1995-96, 12 mil corresponden a proyectos de agua potable en sus modalidades de construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas. El costo estimado para alcanzar la cobertura universal de agua y saneamiento en el país es de aproximadamente 6,000 millones de dólares. Las aportaciones externas para el manejo y desarrollo de los recursos agua son: Cooperación técnica: En enero de 1997 se dieron los primeros apoyos de la FAO para el diseño de políticas y estrategias para la planificación del desarrollo sustentable en las zonas de montaña, territorios con ecosistemas frágiles y poblaciones de alta marginalidad, en las que se ubican importantes reservas de agua, energía y biodiversidad. Con España, se encuentran en revisión 30 proyectos, de los cuales 21 corresponden al sector agua. En la misma situación se encuentran 27 proyectos presentados al Gobierno de Francia, entre los que destacan la creación del Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento junto con otras 18 acciones en materia de agua, cinco en recursos pesqueros y tres relacionados con aspectos de gestión ambiental. Con Alemania está en negociación un proyecto de apoyo a la descentralización en materia de gestión ambiental, y la realización de 16 seminarios en el tema de agua. Con la cooperación del Gobierno Alemán se llevaron al cabo dos seminarios técnicos sobre tópicos de saneamiento y dos asesorías técnicas sobre sistemas de programación. Además, funcionarios de CNA realizaron una visita técnica a Alemania para realimentar la temática de dichos seminarios. Dentro de su programa de técnicos integrados, ese país aprobó la colaboración de cuatro especialistas alemanes en diversos programas de la CNA. Entre septiembre de 1996 y agosto de 1997, la SEMARNAP realizó 58 acciones de cooperación con Alemania, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japón, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y Vietnam; de éstas, 22 se desarrollaron en materia de agua. Con los países centroamericanos, se desarrollaron 27 acciones, de las cuales 2 fueron en materia de agua. Se definió un esquema de cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para ser financiado con recursos del GEF, con el cual se realizarán proyectos para ser ejecutados durante 1998 sobre biodiversidad, cambio climático y aguas internacionales. En el III Curso Internacional sobre Control de la Contaminación del Agua en Brasil y el Curso Internacional sobre Administración de Humedales en Holanda, participaron dos técnicos de la CNA. Concesiones: Prestamos: En el presente año se inició la instrumentación del Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA), para el cual se negoció y aprobó en junio de 1996 un crédito por 186.5 millones de dólares con el Banco Mundial. El Programa, busca mejorar el aprovechamiento del agua, a nivel nacional dentro de un esquema de distribución equitativa entre todos los sectores usuarios, promover condiciones para el uso sustentable del recurso y la realización de acciones para modernizar, organizar, tecnificar y mejorar el manejo del agua en forma integral. En 1996, el presupuesto autorizado para los proyectos del sector hidráulico, financiados con crédito externo, se estimó en 46 millones de dólares; de éstos, 45 millones corresponden al Subsector Hidroagrícola y un millón al Subsector Agua Potable. El avance del ejercicio de desembolsos en el año, fue de 54 millones de dólares: 74% para el Subsector Hidroagrícola y 26% para el Subsector de Agua Potable. Se gestionaron y obtuvieron prórrogas por un año más a los préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que financian parcialmente el Programa Sectorial de Riego y Drenaje. El Banco Mundial dio su anuencia para financiar el Programa Emergente de Sequías con un monto aproximado a los 5 millones de dólares. Con el Banco Interamericano de Desarrollo se logró el crédito, por 364 millones de dólares, para el Programa de Saneamiento del Valle de México y se puso en marcha el Programa de Abastecimiento y Manejo del Agua en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el cual se encuentra en preparación para un posible financiamiento parcial con el mismo banco. Se avanzó en las negociaciones con el Fondo de Cooperación Económica de Ultramar de Japón (OECF), de tal forma que el 12 de marzo de 1997, se suscribió otro crédito por 45,112 millones de yenes, como cofinanciamiento al préstamo del BID para la construcción de cuatro plantas de tratamiento. Durante el periodo 1996-1997, se han realizaron actividades para la promoción, gestión y contratación de créditos provenientes de organismos financieros internacionales para los Programas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales y de Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara. A fin de dar cumplimiento a los compromisos en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento se diseñó una estrategia de atención por segmento de población, cuyo primer eslabón lo constituyen las comunidades rurales y se elaboró un programa específico que contribuirá a elevar la cobertura de servicios. Para ello se solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, el cual se encuentra en la etapa de recepción e identificación. En 1995, el presupuesto global originalmente asignado a los proyectos que cuentan con financiamiento externo, ascendió a 814.0 millones de pesos, correspondiendo 805.5 millones al subsector hidroagrícola y 8.5 millones al subsector agua potable, de los cuales 414.0 y 7.5 millones de pesos respectivamente, correspondieron a crédito externo. Los créditos provienen del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cooperation
Cooperación

El país participa en los siguientes acuerdos relacionados con el uso de aguas:

• Tratado sobre la Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica, celebrado el 3 de febrero de 1944 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1946; y,
• Convención de 1906 y el Tratado Internacional del Limites y Aguas de 1994, firmado entre México y los Estados Unidos de Norteamérica;
• Ver Financiación.

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LAND MANAGEMENT
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), a través del Instituto Nacional de Ecología (INE), es la instancia responsable de la planeación integral y la administración del uso del suelo en el país. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), creada el 29 de diciembre de 1994, es la instancia fundamentalmente responsable de la planeación integral y la administración del uso del suelo en el país. La institución se formó a partir de tres áreas gubernamentales con el propósito de dar una mayor coherencia a las políticas para el desarrollo sustentable. Conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), se instrumentan los mecanismos anunciados en la alianza para el campo, relacionados con la restauración y preservación de la frontera silvícola del país, mediante la reconversión productiva y la preservación de recursos naturales. Las Secretarías que se coordinan para realizar actividades para regular el uso de la tierra son, además de la Semarnap:

• Reforma Agraria: regularización y certificación prioritaria de derechos en ANP;
• Secretaría de Desarrollo Social: abatimiento de la pobreza y dotación de servicios para aliviar presiones sobre los ecosistemas naturales y, a través del Instituto Nacional Indigenista: preservación del conocimiento tradicional y articulación de las formas culturales con la conservación;
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: promoción de subsidios verdes y agricultura sustentable.
• Secretaría de Turismo: impulso al ecoturismo y concientización del turista convencional sobre su papel en la conservación;
• Secretaría de la Defensa Nacional: vigilancia, presencia institucional en ANP y control de actividades ilícitas;
• Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia: conservación y manejo de zonas arqueológicas y sitios históricos ubicados dentro de ANP’s; y,
• Secretaría de Gobernación, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Población: promoción y educación para conductas reproductivas sustentables.

En los artículos 19 BIS y 20 BIS 4 de la LGEEPA, se define la modalidad de ordenamiento territorial local. Esta consiste en la determinación de usos del suelo atendiendo a su vocación o características a nivel municipal o comunitario. En este caso el ordenamiento debe tener un carácter obligatorio, en forma similar a las disposiciones contenidas en los planes de desarrollo urbano de los centros de población, previstos en la legislación en materia de asentamientos humanos. Es por ello que se establece la competencia de los municipios, conforme a las disposiciones de la legislación local, para expedir los programas de Ordenamiento Ecológico Local. En México existe una enorme variedad de órganos del Estado que participan en el aprovechamiento y regulación del territorio. Este alto grado de "sectorización" se ha desarrollado en la legislación administrativa, a través de una serie de lineamentos que se refieren al uso de los recursos naturales promovidos por distintos sectores económicos. En un esfuerzo para coordinar la participación sectorial en el desarrollo nacional, se promulgó la Ley de Planeación, que establece los principios básicos para encauzar las actividades de la Administración Pública Federal y precisa las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades con las entidades federativas dentro de un proceso participativo. Al considerar esta capacidad jurídica del Estado para reglamentar el aprovechamiento del territorio, enmarcada en artículos constitucionales, leyes sectoriales, reglamentos y normas oficiales mexicanas, la sobreposición normativa que ha resultado de la sectorización institucional, no ha facilitado la definición y traducción normativa del concepto de intereses públicos en materia de aprovechamiento del territorio de una manera coordinada. No obstante lo anterior, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define (artículo 27): "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación,........ (que) tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación … En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques…". La LGEEPA, en sus artículos 5, 7, 8, 17, 19 y 20, establece: i) las facultades de la federación, estados y municipios en lo referente a la formulación, aplicación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico; ii) la orientación de la planeación del desarrollo sobre la base de la política ambiental y el ordenamiento ecológico; iii) las modalidades de los ordenamientos; iv) las bases metodológicas para la formulación de los programas de ordenamiento ecológico y, v) la definición del modelo y criterios de ordenamiento ecológico, así como la estrategia que contenga las líneas de ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas ambientales y su vinculación con otros sectores productivos de la Administración Pública. Para modernizar el marco jurídico y normativo del recurso suelo se encuentra en elaboración un proyecto de iniciativa de la Ley para la Restauración y Conservación de Suelos. Se cuenta con normas oficiales mexicanas relativas a la protección y conservación de suelos, con características de agostadero en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, la conservación y restauración de suelos en áreas lagunares-estuarinas, así como la protección y, en su caso, restauración de suelos en actividades mineras y de infraestructura de comunicación. Asimismo, se elaboraron dos anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas sobre análisis de suelos y certificación de laboratorios, y sobre cartografía y clasificación de suelos. En el caso del Ordenamiento Ecológico del Territorio, y en un marco de colaboración con instituciones públicas y privadas, se busca el diseño de instrumentos económicos que permitan apoyar y complementar la regulación ambiental, a saber: impuestos y derechos ambientales, fianzas y seguros, derechos de uso de recursos e infraestructura, concesiones, entre otros. Por otra parte, la aplicación de subsidios para mejorar las prácticas agrícolas, está a cargo de la SAGAR que, a través del Programa Alianza para el Campo, cubre el 60% del costo, los preveedores proporcionan precio especial y los agricultores costean el otro 40% de los paquetes, consistentes en un tractor de 60 ó 70 HP, arado de cinceles, sembradora y aspersora. La legislación relevante nacional en la materia incluye la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) - un instrumento que regula la planeación el uso del suelo y determina los componentes que participan en la administración de los recursos naturales del país. El objetivo de este instrumento jurídico es promover modelos alternativos del uso del suelo y la planeación de tal forma que las actividades productivas sean flexibles y congruentes con la capacidad de carga de cada ecosistema local. La SEMARNAP, a través del Instituto Nacional de Ecología (INE), elabora actualmente el Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional. El Ordenamiento Ecológico del Territorio constituye una herramienta fundamental para planear el desarrollo regional de manera compatible con las aptitudes y capacidades ambientales. Los objetivos de este ordenamiento incluyen:

• Promover el desarrollo integral y sustentable de las actividades productivas;
• Minimizar los efectos de la degradación ambiental causada por los asentamientos humanos y la infraestructura; y,
• La generación de criterios ecológicos para la planeación y la administración del territorio nacional.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

La formulación de la estrategia del ordenamiento ecológico del territorio se fundamenta en el artículo 27 constitucional y en las disposiciones jurídicas que regulan el sistema nacional de planeación del desarrollo nacional y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuyo objetivo es promover modelos alternativos del uso del suelo y la planeación de tal forma que las actividades productivas sean flexibles y congruentes con la capacidad de carga de cada ecosistema local. Asimismo, se basa en las directrices del Plan Nacional del Desarrollo 1995-2000, que define los lineamientos para inducir un ordenamiento del territorio nacional y para que el desarrollo sea compatible con las aptitudes y capacidades ambientales de cada región, y del Programa de Medio Ambiente 1995-2000. La coordinación de las acciones con los estados se establece dentro del marco regulatorio de la Ley de Planeación. En México no existe una política nacional sobre ordenación integrada de la tierra. Sin embargo, existen avances importantes en este sentido. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 y la LGEEPA, mencionan la necesidad de conjuntar instrumentos de política ambiental que permitan la atención a los problemas ambientales, y la inducción de nuevos procesos de desarrollo con una dimensión de sustentabilidad. Uno de esos instrumentos es el Ordenamiento Ecológico del Territorio. Para ello se ha avanzado en la elaboración sistemática de la caracterización y diagnóstico del territorio nacional a partir de las tendencias económicas, sociales, ambientales y territoriales existentes en cada región. Esta labor se fundamenta en la gran diversidad y enormes desigualdades que conforman el territorio nacional, a fin de identificar las prioridades territoriales y prospectar escenarios alternativos y futuros de desarrollo sustentable. La posibilidad de establecer las pautas para alcanzar en nuestro país una seguridad alimentaria y de energía, la equidad de género tanto en el sector rural como en el urbano, crear oportunidades para el crecimiento con orientaciones de desarrollo o de restauración, son algunas de las bondades que este instrumento proporciona en beneficio de la vida humana presente y futura. Parte fundamental de la estrategia de ordenamiento es el diagnóstico de los marcos jurídicos, administrativo e instrumental, que incluye la revisión de todas las leyes aplicables al propio ordenamiento ecológico, además del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, así como de los mecanismos de financiamiento de la Banca de Desarrollo en México y su posible articulación para la expedición y ejecución de los Programas de Ordenamiento del Territorio. Bajo este esquema es que se han desarrollado las diferentes modalidades del ordenamiento territorial, a distintas escalas: nacional, regional, local y marino. Otra estrategia nacional para la ordenación integrada de la tierra, es la regularización de los asentamientos humanos irregulares en tierras de origen ejidal y comunal como parte del ordenamiento integral de la tierra, lo que ha mostrado avances considerables en los últimos años. El gobierno federal ha considerado que el ordenamiento territorial de los asentamientos y el desarrollo urbano de los centros de población se sustenta, fundamentalmente, en la promoción de la política de suelo urbano y reservas territoriales, la cual tiene como soporte primario el aprovechamiento de terrenos ejidales y comunales y de propiedad federal, conforme a planes y programas de desarrollo urbano, para atender preferentemente las necesidades de suelo urbano de los grupos sociales de bajos ingresos. De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, en ese mismo periodo, el crecimiento urbano demandará aproximadamente 150 mil hectáreas de terrenos rústicos, de las que 105 mil serán ejidales y comunales. Bajo este contexto, el 26 de febrero de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial mediante el cual se redefinen los objetivos y se amplían las atribuciones de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a efecto de contar con un organismo público que además de promover la vinculación del aprovechamiento de terrenos de origen federal, ejidal y comunal, con la política nacional de asentamientos humanos y de desarrollo urbano en los centros de población, haga posible la coordinación en estos procesos con los gobiernos de los estados y la participación de sus municipios y del Distrito Federal, así como en concertación con los sectores social y privado, particularmente de los ejidatarios y comuneros.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

Para impulsar la corresponsabilidad y la participación organizada de todos los sectores sociales en la formulación, aplicación, vigilancia y evaluación de la política ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, se formaron, en marzo de 1995, el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable y cuatro Consejos Consultivos Regionales para asesorar a la Semarnap en el diseño, aplicación y evaluación de las estrategias y políticas nacionales de medio ambiente y aprovechamiento de recursos naturales. En estos consejos están representados todos los sectores de la sociedad (privado, social, académico, gubernamental y no gubernamental). Adicionalmente, existen Consejos Consultivos Técnicos para asuntos como las Áreas Naturales Protegidas, Forestal, entre otros. En todos los Consejos Regionales existen, además de las comisiones permanentes con temas recurrentes como legislación y ordenamiento ecológico, otras comisiones sobre temas de interés prioritario para cada región. Así, en el Consejo Consultivo de la Región I, conformado por estados en torno a la frontera norte del país, se creó la Comisión sobre el Tratado de Libre Comercio; en la Región IV, que concentra estados del sureste del país y cercanos al Golfo de México, se han creado comisiones de Cambio Climático, Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas; en la Región II, que agrupa al centro-occidente del país se constituyeron las comisiones de Política Económica y Desarrollo Sustentable y la de Gestión Ambiental; y en el Consejo de la Región III, que aglutina a las seis entidades del centro del país y representa la mayor densidad de población a nivel nacional, se instalaron entre otras, las comisiones de Recursos Naturales y de Residuos Industriales y Desechos Sólidos. En el caso específico del ordenamiento ecológico del territorio, a través del proceso de gestión, se han desarrollado mecanismos de difusión, participación y concertación que permiten incorporar la perspectiva de la sociedad en la planeación del desarrollo regional. La gestión es un proceso paralelo a todas las demás fases del ordenamiento e incluye, además del acopio de la información, la concertación con la población y autoridades locales, que permita el conocimiento de los recursos, la identificación de la problemática ambiental y de las políticas ambientales, de los criterios ecológicos y del uso del suelo. De esta manera, se definen los mecanismos para vincular los instrumentos de planeación y política regional, con los instrumentos de política ecológica, en un marco de coordinación interinstitucional y una efectiva corresponsabilidad de los procesos de gestión pública, de acuerdo a los siguientes objetivos:

• Fortalecer los instrumentos normativos de planeación y uso del suelo, mediante el Ordenamiento Ecológico del Territorio y la Evaluación de Impacto Ambiental, para facilitar el tránsito hacia el desarrollo sustentable;
• Incorporar a los actores locales en la elaboración y aplicación del Ordenamiento Ecológico del Territorio, vinculado a las acciones y programas necesarios para la planificación regional;
• Sistematizar e institucionalizar el proceso de evaluación, seguimiento y control de los instrumentos de planeación, mediante sistemas de información geográfica y de apoyo de decisiones;
• Informar, promover y capacitar a estados, municipios, delegaciones y público en general, sobre objetivos, beneficios y procesos del uso de instrumentos normativos de planeación.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

En los programas de ordenamiento ecológico se establecen las vocaciones de uso de suelo, las políticas de protección, conservación, restauración y aprovechamiento, y los criterios de ordenamiento ecológico aplicables. También se inician las acciones de verificación y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto por este instrumento de planeación ambiental. El INE coordina y promueve la investigación y el apoyo técnico a los gobiernos estatales para facilitar la elaboración de sus respectivos planes maestros de ordenamiento y lineamientos de gestión. Los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders) de Semarnap promueven un modelo normativo para una política integral de desarrollo regional sustentable, en donde el ordenamiento ecológico regional y comunitario constituyen los principales ejes para la planificación de los recursos de tierras. Desde esta perspectiva, la importancia estratégica del ordenamiento regional y comunitario varía según sea la configuración de la coordinación interinstitucional y de la participación de los actores sociales en la ordenación integrada de los programas institucionales en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. No obstante, los principales problemas para la instrumentación de los Proders han sido: la insuficiente y tardía aplicación de recursos; la insuficiente coordinación interinstitucional; la normatividades que no favorecen la complementariedad de acciones, e intereses políticos, económicos y sociales difíciles de conciliar. En los programas de ordenamiento ecológico se establecen las vocaciones de uso de suelo, las políticas de protección, conservación, restauración y aprovechamiento, y los criterios de ordenamiento ecológico aplicables. También, se inician las acciones de verificación y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto por este instrumento de planeación ambiental. En este sentido, se desarrolló un programa para verificar y vigilar el cumplimiento de las políticas y criterios de ordenamiento ecológico en las zonas de competencia federal, tales como: zonas conurbadas, franjas fronterizas, franjas costeras, cuencas hidrológicas, áreas críticas para la protección de la biodiversidad y regiones prioritarias para el desarrollo social. El INE coordina y promueve la investigación y el apoyo técnico a los gobiernos estatales para facilitar la elaboración de sus respectivos planes maestros de ordenamiento y lineamientos de gestión. Los estudios instrumentados a la fecha por este tipo de colaboración corresponden al estado de Colima; el corredor Cancún-Tulum y el Sistema Lagunar Nichupté, en Quintana Roo; estado de Baja California, Municipio de Los Cabos y el Corredor Los Cabos en Baja California Sur; Bahía Banderas, Nayarit. En la actualidad se cuenta con 40 estudios de Ordenamiento Ecológico terminados técnicamente, de los cuales 7 han sido instrumentados jurídicamente: 2 estatales, 3 municipales y 2 regionales. El Programa de Control de Desmontes tiene el propósito de inducir a los promoventes para que utilicen la vía legal en los cambios de uso del suelo, por lo que se ha puesto especial atención para orientar a los productores y al personal de las propias dependencias encargadas de fomentar y regular el desarrollo de la ganadería y el establecimiento de granjas camaronícolas, entre otras actividades. En los últimos años se ha venido desarrollando el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, el cual representa un instrumento de la política ambiental para la planeación territorial, cuya función es normar y programar los usos del suelo con el fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. Los objetivos de este ordenamiento son: a) promover el desarrollo integral y sustentable de las actividades productivas, b) minimizar los efectos de la degradación ambiental causada por los asentamientos humanos y la infraestructura, y c) generar criterios ecológicos para la planeación y administración del territorio nacional. Los Proders de Semarnap han llevado a cabo acciones que refuerzan las instituciones y los mecanismos de coordinación para la ordenación de la tierra y sus recursos que se sustentan en propuestas de ordenamiento regional y comunitario. El diseño de 24 programas regionales y de 107 programas comunitarios, así como la formulación y ejecución de 557 proyectos ecoproductivos, están relacionados con las propuestas de aprovechamiento de los recursos naturales de los ordenamientos ecológicos correspondientes. Existen varios acuerdos, como el convenio de colaboración entre la Semarnap y la Universidad Autónoma de Chapingo y con el Colegio de Postgraduados, con el objeto de establecer las bases para desarrollar programas de conservación de suelos, forestación, repoblación vegetal y de cartografía de suelos; otro con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Agropecuarias, A.C., para desarrollar programas de colaboración especial en materia de restauración y conservación de suelos. Igualmente, se expidió el Acuerdo Secretarial por el que se crea el Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos. Además, se formuló el programa de Conservación de Suelos y Cuencas, que identifica las diversas condiciones nacionales de superficie de riego, temporal, agostadero y de uso forestal. El Programa de Control de Desmontes tiene el propósito de inducir a los promoventes para que utilicen la vía legal en los cambios de uso del suelo, por lo que se ha puesto especial atención para orientar a los productores y al personal de las propias dependencias encargadas de fomentar y regular el desarrollo de la ganadería y el establecimiento de granjas camaronícolas, entre otras actividades. Por otra parte, para restaurar las áreas degradadas, se celebran con los promoventes convenios de concertación para la restauración y conservación de suelos, a través de medidas que permiten compensar, con la forestación o revegetación de áreas equivalentes, a aquellas que serían las desmontadas en cada proyecto de cambio de uso de suelo. Los Proders se han apoyado en la Dirección General de Restauración y Conservación de Suelos dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Semarnap, particularmente en el Programa de Agricultura Sustentable y Reconversión Productiva que promueven desde 1999 tres dependencias del gobierno federal: SAGAR, Semarnap y SEDESOL, con el objetivo de impulsar la reconversión productiva hacia una agricultura sustentable como alternativa para prevenir los incendios que se presentan en las regiones selváticas y bosques de México, relacionados con las actividades agropecuarias y silvícolas, y en las de pastizales del centro y norte del país. El programa es un compuesto de estrategias: sedentarización de la agricultura itinerante; prevención y combate de incendios forestales; diversificación productiva; obtención de forrajes para zonas templadas; promoción de mejores prácticas agrícolas; e integración de cadenas productivas, y las principales actividades emprendidas son: concurrencia intersecretarial y mezcla de recursos; concertación del programa con los gobernadores de los estados involucrados; coordinación en cada entidad federativa por el Ejecutivo Estatal; amplia promoción y difusión; participación de la Semarnap en la Comisión de Desarrollo Rural. Se ha instrumentado el Programa de Incorporación de Suelo Social (PISO), para incorporar por la vía legal la tierra de propiedad social al desarrollo urbano municipal que se utilice para vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional. Este programa fue creado para inducir, de manera planificada y preventiva, la incorporación ágil y concertada de suelo ejidal y comunal, para ser considerado en la oferta legal al servicio de las instituciones públicas, sociales y privadas de vivienda y desarrollo inmobiliario, para dar acceso a costos accesibles, de tierra apta para la promoción, construcción y venta de vivienda de interés social, equipamiento urbano y desarrollo regional. Con ello se busca garantizar un desarrollo urbano ordenado y sustentable, conforme a los planes y programas autorizados por los municipios, fundamentalmente para dar acceso a la población a una vivienda digna. Este programa representa una acción fundamental para la correcta regulación del uso de suelo y al mismo tiempo, permitirá prever la orientación en el crecimiento de las ciudades hacia zonas aptas para el desarrollo urbano, tomando en cuenta las actividades productivas de la región, la dotación de servicios públicos y la posibilidad de integrar estas áreas de crecimiento a las estructuras de la mancha urbana. Asimismo, representa una alternativa viable para prevenir la irregularidad en la tenencia de la tierra. El programa contará con la participación de las siguientes dependencias: con carácter normativo participan las Secretarías de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria; como coordinador nacional, la CORETT; como rectores del programa, estarán los gobiernos de los estados, así como consejeros representantes municipales, estatales y federales relacionados con el suelo, la vivienda, el desarrollo urbano y el medio ambiente. Por otra parte, los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) definen una serie de decisiones y estrategias planificadas para regular las diversas actividades que se desarrollan en ellas, como son la investigación, conservación, recreación y desarrollo económico, incluyendo las relacionadas al uso de la tierra. Los programas de manejo incluyen un capítulo sobre la zonificación que debe aplicarse en el área, tomando en cuenta las características específicas y la problemática ambiental y social del ANP; además se incluye un capítulo de reglas administrativas que describen claramente las actividades permitidas y las prohibidas. De las 116 Áreas Naturales Protegidas (ANP), se han seleccionado 36 para su administración, con los siguientes alcances:

• Conservar la superficie total de 9'924,513 ha protegidas en 36 ANP (piloto);
• Informar a los visitantes sobre las actividades que pueden desarrollarse dentro de las ANP, dando como resultado la disminución en la afectación de los recursos naturales de las áreas por desconocimiento;
• Ejecutar los Programas de Manejo, que incluyen: administrar y operar las ANP, realizar recorridos de supervisión y vigilancia, coordinar campañas de limpieza en las áreas de relevancia ecológica, mantenimiento de senderos interpretativos y señalización, talleres sobre prevención de incendios dirigidos a los pobladores locales en las ANP's que presentan ecosistemas boscosos, elaborar programas de contingencia ambiental, desarrollar una cartera de proyectos productivos para las comunidades locales, contribuir en la disminución de los procesos de erosión por medio de la reforestación y restauración de hábitats, evitar el tráfico de especies de flora y fauna silvestres, dar seguimiento a las zonas siniestradas;
• Ejecutar 26 programas emergentes en 26 ANP que no cuentan con Programa de Manejo, realizando actividades de limpieza, talleres sobre prevención de incendios dirigidos a los pobladores locales, elaboración de programas de contingencia ambiental, evitar tráfico de especies de flora y fauna silvestres y monitoreo de zonas de relevancia ecológica.

• Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (1995);
• Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar (1995);
• Reserva de la Biosfera Sian Ka’an (1996);
• Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (1997);
• Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena (1997);
• Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen (1997);
• Parque Nacional Isla Contoy (1997);
• Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel (1998);
• Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc (1998);
• Reserva de la Biosfera El Triunfo (1999).

Status
Situación General

En la actualidad se cuenta con la caracterización y diagnóstico del territorio nacional en materia de recursos naturales, actividades productivas y aspectos sociales y se planea concluir el modelo de ordenamiento a fines de 1999. Dicho diagnóstico se encuentra en proceso de difusión a distintos sectores del gobierno federal, así como a los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, con el propósito de contar con un instrumento de planeación consensuado y avalado de manera interinstitucional en el país. Se ha hecho un planteamiento conjunto entre instituciones gubernamentales y sectores de la sociedad para establecer un programa de ordenamiento que considere las diversas características naturales y culturales de las regiones indígenas. Los resultados todavía son incipientes debido principalmente a que la población indígena se encuentra establecida en territorios donde el régimen de propiedad de la tierra es irregular y donde no existen programas gubernamentales específicos para la planeación y zonificación del uso del territorio y, en particular en las Áreas Naturales Protegidas, no se ha incluido totalmente la participación de la población local en los planes de manejo y control de las mismas, lo que ha traído como consecuencia el desplazamiento y la pérdida de territorio necesario para su reproducción, así como para la producción de bienes o servicios necesarios para elevar su calidad de vida y la mitigación de la pobreza en la que viven. La metodología para la realización del Ordenamiento Ecológico Territorial parte del reconocimiento del territorio como un sistema complejo, en donde se presentan procesos generados por una multiplicidad de factores que involucran el medio físico y biológico, la producción, la tecnología, la población, etc. Estas situaciones se caracterizan por la confluencia de una variedad de procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un "sistema complejo", con un funcionamiento específico. El enfoque de sistemas complejos es un instrumento de análisis que permite abordar la problemática de una región, de manera integral, y definir claramente los límites o los campos de estudio, para señalar y establecer criterios que normen a los propios instrumentos de planeación y acoten el alcance, tanto geográfico como conceptual, de los trabajos encaminados hacia la formulación de modelos de ordenamiento y el diseño de los programas de desarrollo regional. Así, para la elaboración de los Ordenamientos Ecológicos Territoriales, se consideran variables relacionadas con biodiversidad, fragilidad, asentamientos humanos, zonas costeras, que permiten definir las políticas más adecuadas para el uso del territorio. Dentro de las modalidades de Ordenamiento Ecológico territorial regional y local, se elaboran estudios vinculados a: ANP (Selva Lacandona, Mariposa Monarca, Los Tuxtlas, entre otros), Áreas de atención prioritarias (Mar de Cortés, Costa de Jalisco, Corredor Cancún-Tulúm, etc.), Zonas Costeras del país y Zonas Urbanas. A través de la zonificación de cada ANP se ha logrado establecer un ordenamiento de las actividades productivas, lo que ha permitido visualizar la intensidad de los impactos proponiendo cambios en las técnicas utilizadas para el uso de los recursos naturales y promover su aprovechamiento y producción sustentables. El estudio denominado Manifiesto de Impacto Ambiental es el instrumento mediante el cual se analizan todos los posibles impactos positivos o negativos que afectan la economía regional y las modificaciones al ambiente. Este es un análisis costo-beneficio. Las tierras forestales durante años fueron utilizadas con fines silvopastoriles, además de abrirse al cultivo, sobre todo en pequeñas parcelas, lo que causó la fragmentación de los bosques, más que la sustitución de grandes masas forestales. Con el paso del tiempo, esta apertura de tierras ha derivado en su utilización con fines ganaderos, lo que no ha permitido la regeneración natural, y si en cambio, su consolidación en zonas no forestales. Con la Ley Forestal de 1997 sólo se autoriza "el cambio de utilización de los terrenos forestales, por excepción, previa opinión del Consejo Regional de que se trate y con base en los estudios técnicos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación. Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, disponga el ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables." Tomando en cuenta lo anterior, las autorizaciones de cambio de utilización de uso de suelos forestales serán para la agricultura, ganadería, infraestructura básica, carreteras, líneas de transmisión eléctrica, infraestructura hidráulica, asentamientos humanos, desarrollos turísticos y minería, principalmente. Además de esta Ley, se cuenta con los siguientes instrumentos regulatorios: LGEEPA, Reglamento de la Ley Forestal y las Normas Oficiales Mexicanas específicas. Superficie autorizada por la Semarnap para cambio de utilización de terrenos forestales (Ha):

1990 — 48,000 (*)     1991 — 11,300 (*)     1992 — 5,462 (*)

1993 — 3,298 (*)          1994 — 3,795 (*)     1995 — 2,495

1996 — 3,185                  1997 — 3,200     1998 — 3,453

Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
Información

Con el fin de establecer programas de ordenamiento ecológico a diferentes escalas en el país, se han actualizado y desarrollado los marcos metodológicos que permiten elaborar diagnósticos sistémicos que sirven de base para establecer la disponibilidad y deterioro de los recursos naturales, así como la presión que ejerce la población y las diferentes actividades productivas sobre el territorio. A partir de este diagnóstico es posible establecer políticas y criterios para el aprovechamiento y/o conservación de los recursos naturales. En 1995, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, integró una metodología para el monitoreo y seguimiento de los programas de ordenamiento decretados, y elaboró el Manual de Procedimientos para la Vigilancia del Ordenamiento Ecológico, que ha sido la base para la realización de los operativos de vigilancia en la materia en todo el país. El Inventario de Recursos y Fenómenos Naturales se lleva a cabo por diferentes instituciones en el país y con diferentes periodos de actualización. En el caso de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, a diferentes escalas, ha estado a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y solamente se ha realizado una actualización desde las primeras versiones en los años 70. En 1996 se actualizó la carta escala 1:1,000,000 y en 1999 se tendrá terminada la carta escala 1:250,000. Basada en la información a escala 1:1 millón, la Semarnap, junto con la Universidad de Chapingo, se encuentra elaborando un proyecto para determinar los cambios de uso del suelo durante los años 1980-1996 a nivel nacional.
El INE ha elaborado también cartas de peligros naturales con el fin de integrarlos al Ordenamiento General del Territorio y apoyar a los estados para la realización de Ordenamientos a nivel estatal. Entre estas se encuentran los peligros geológicos, geomorfológicos y climáticos a escala 1:1 millón. Los programas de manejo de las ANP utilizan como parte de su metodología la elaboración de cartografía temática basada en fotografías aéreas, imágenes de satélite y cartografía oficial. En lo que respecta al suelo, en 1999 se terminó el inventario de la degradación de la tierra causada por el hombre, con base en la metodología GLASOD, la cual además de mapear la magnitud y distribución del deterioro de la tierra, permite identificar sus causas. Este inventario de cobertura nacional y escala 1:1 millón, se realizó a partir de información obtenida por sensores remotos, integración de información y datos preexistentes y verificación de campo. La base de información utilizada es en gran medida escala 1:250,000. Además, está en desarrollo un sistema integrado para la observación continua de la tierra y sus recursos denominado Sistema de Monitoreo del Estado de la Tierra (SIMET), el cual se apoyará en una red de sitios de información y medición de parámetros físicos, biológicos y socioeconómicos a partir de los cuales se integrarán indicadores de las condiciones que presentan los recursos naturales, agua, suelo, vegetación y fauna; de las variaciones de las actividades productivas que dependen directamente de estos recursos y de las modificaciones en las condiciones de vida de la población, asociando los datos e información a las unidades básicas del marco geoestadístico nacional. En un principio el SIMET se orientará al monitoreo de zonas prioritarias del país afectadas por procesos de desertificación y a la evaluación regional de impactos físicos, biológicos y socioeconómicos del programa de agricultura sustentable y reconversión productiva en la zona cálido húmeda del país. Para el desarrollo del sistema, se ha gestionado apoyo técnico ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. También se instaló el Laboratorio de Cómputo del Inventario Nacional de Recursos Naturales, el cual contiene información digital cartográfica con mapas forestales y de zonificación de terrenos silvícolas e información complementaria de los ecosistemas forestales a escala 1:250,000. Con objeto de obtener el máximo beneficio de la información de los recursos, se estableció un convenio de colaboración en materia de recursos naturales para la unificación de bases de datos respecto de la información generada por el Inventario Forestal (Semarnap) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP-SAGAR), para realizar la unificación de bases de datos del Inventario de Recursos Naturales. El INIFAP aporta la información referente a clima, suelos y topografía; el inventario aporta las de vegetación, zonificación, áreas forestales perturbadas, datos del muestreo de campo, erodabilidad y cobertura satelital del país. Los productos principales son:

• Localización detallada de terrenos con vocación para el establecimiento de plantaciones comerciales y de superficies aptas para el desarrollo de especies de interés y paquetes tecnológicos recomendables;
• Determinación del potencial productivo de bosques naturales;
• Determinación de áreas homogéneas para extrapolar tecnología y resultados de investigación;
• Localización de áreas prioritarias que deben conservarse y restaurarse;
• Apoyo al estudio de cambio climático global;
• Identificación de áreas con diferentes tipos de problemas de suelos, que permitirán tomar medidas correctivas oportunas;
• Determinación de sitios adecuados para establecer sistemas de monitoreo que permita conocer el grado de conservación o degradación de los recursos naturales;
• Simulación de procesos tales como: reforestación, restauración, construcción de vías de comunicación, presión demográfica y erosión, entre otros.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

El Laboratorio de Cómputo del Inventario Nacional de Recursos Naturales, contiene información digital cartográfica con 122 mapas forestales y 122 de zonificación de terrenos silvícolas, en escala 1: 250 000. La información estadística consta de 2.4 millones de datos del medio físico de las 32 entidades federativas, ordenados para su consulta por parte de dependencias y organismos, así como del público en general. En este laboratorio se incorporó información diversa sobre los ecosistemas forestales, del suelo y de las costas, así como investigación especializada sobre plantaciones forestales y los terrenos con mayor potencial para el establecimiento de este tipo de proyectos.

Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

La celebración del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) fue el inicio de una asociación para el desarrollo sustentable a lo largo de la frontera México-EUA. Se tiene un programa de cooperación técnica con Honduras, El Salvador y Nicaragua a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Se ha participado en el grupo de mapeo de regiones ecológicas de Norteamérica apoyado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA). México está suscrito a diversos instrumentos jurídicos internacionales, además de la Agenda 21, como son la Declaración sobre Bosques, Convenios sobre Diversidad Biológica y Convenio Marco sobre Cambio Climático.

This information is based on Mexico's submission to the 5^th and 8^th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development. Last update: October 1999.

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MOUNTAINS
MONTAÑAS

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Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

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Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

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Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Los ecosistemas de montaña son susceptibles a la erosión y al empobrecimiento del suelo debido al intenso uso agrícola. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (extinta: SARH) realizó estudios sobre la erosión potencial, actual y permisible a nivel de los Distritos de Desarrollo Rural. El gobierno apoya la construcción y rehabilitación de la infraestructura básica en proporción a la población que habita las zonas montañosas, a través del Programa Nacional de Solidaridad (programa de lucha contra la pobreza). El gobierno aporta incentivos económicos a los campesinos de comunidades serranas y montañosas que aplican medidas de conservación o regeneración a través del programa PROCAMPO. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), a través del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, ha promovido e integrado un Programa para el Manejo Integral de la Cuenca, que en principio contempla cinco proyectos piloto que se desarrollarán en microcuencas y subcuencas de los estados que se encuentran dentro de la Cuenca Lerma-Chapala. Esto, con objeto de iniciar un proceso tendiente al manejo sustentable de la cuenca. También se están operando otros cuatro proyectos piloto para promover el desarrollo sustentable en partes altas de las cuencas en los estados de Michoacán (Zona de la Mariposa Monarca ), Guerrero (Atoyac y Chilapa) y Veracruz (Los Tuxtlas). Se tiene contemplada la instrumentación de PRODERS (Programas de Desarrollo Regional Sustentable) en regiones como Costa Grande y Montaña, ambas en Guerrero; Manantlán, en Jalisco y Colima, y Los Tuxtlas, en Veracruz. En estas regiones se han canalizado significativos recursos que se desagregan de la siguiente forma:

• Bajo el marco de un Acuerdo de Colaboración, que tiene como objeto establecer las bases de coordinación y canalizar recursos de los tres niveles de gobierno para diseñar, elaborar y ejecutar conjuntamente un Programa de Desarrollo Regional Sustentable en la Montaña, signado por Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), Procuraduría Agraria, INI y autoridades estatales y municipales de Guerrero. La SEMARNAP aportó recursos para efectuar los estudios técnicos correspondientes a las dos regiones citadas en la entidad, así como para el establecimiento y operación de viveros comunitarios, manejo agroforestal de parcelas y conservación de suelos; y,
• En la Región de Manantlán se destinaron recursos fiscales para efectuar el estudio técnico para la instrumentación del PRODER respectivo; se canalizaron recursos también en apoyo a proyectos de Conservación de Suelos y Establecimiento y Operación de Viveros en dos comunidades de Colima, y para dos comunidades de Jalisco;

En Los Tuxtlas, Veracruz, se canalizaron recursos fiscales para el estudio técnico respectivo y para impulsar diversos proyectos, como cultivos de palma camedor, ixtle, vainilla, macadamia, bejuco y epifitas; criaderos de venado, jabalí y tepezcuintle, y estímulos diversos a la ganadería intensiva.

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Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
Información

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Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

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Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

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This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

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OCEANS AND COASTAL AREAS
OCEANOS Y ZONAS COSTERAS

• Instituto Nacional de Ecología (INE)
• Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas
• Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental
• Dirección General de Vida Silvestre
• Subsecretaría de Pesca
• Dirección General de Administración de Pesquerías
• Dirección General de Infraestructura Pesquera
• Dirección General de Acuacultura
• Subsecretaría de Recursos Naturales
• Dirección General de Restauración y Conservación de Suelos
• Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre
• Instituto Nacional de Pesca (INP)
• Dirección General de Desarrollo Sustentable
• Comisión Nacional del Agua (CNA)
• Gerencia de Servicio a Usuarios
• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
• Subprocuraduría de Recursos Naturales

• Secretaría de Marina (Semar);
• Oficialía Mayor;
• Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena);
• Estado Mayor;
• Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol);
• Dirección General de Desarrollo Urbano;
• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI);
• Dirección General de Geografía;
• Registro Agrario Nacional (RAN);
• Dirección General de Catastro;
• Secretaría de la Reforma Agraria (SRA);
• Dirección General de Ordenamiento y Regularización;
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
• Instituto de Geografía;
• Instituto de Ciencias del Mar y Limnología;
• Instituto de Geofísica;
• Secretaría de Educación Pública (SEP);
• Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica;
• Secretaría de Turismo (Sectur);
• Coordinación General de Servicios a Usuarios;
• Coordinación General de Centros de Playa;
• Dirección General de Política Turística;
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT);
• Dirección General de Puertos;
• Dirección General de Capitanías de Puerto;
• Dirección General de Marina Mercante;
• Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam);
• Dirección General de Patrimonio Inmobiliario;
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);
• Dirección de Política de Ingresos;
• Dirección General de Coordinación Fiscal con Entidades Federativas;
• Tesorería de la Federación;
• Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores;
• Servicio de Administración Tributaria;
• Administración General Jurídica;
• Comisión Federal de Electricidad (CFE);
• Petróleos Mexicanos (Pemex);
• Comisión Nacional del Deporte (Conade);
• Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

• Semar. Participa en acciones de limpieza y en casos de contingencia, accidentes y derrames;
• SCT. Participa en acciones de señalización y establece la normatividad relacionada con la navegación;
• SECRETARÍA DE SALUD (SS);
• Pemex;
• INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO (IMP);
• CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES (Cenapred).

• Consejo para la Planificación del Desarrollo (COPLADES);
• Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable; integra a cuatro Consejos Regionales;
• Consejos de cuenca;
• Comisiones de cuenca.

Se han elaborado varios ordenamientos costeros regionales en el país, mismos que incluyen la aplicación de políticas de protección y conservación de ecosistemas frágiles como manglares, fundamentalmente, y arrecifes coralinos en pocos casos.
 

Actualmente se elabora el primer ordenamiento marino en el Golfo de California (Mar de Cortés).

• Ley de Aguas Nacionales (1992) y su Reglamento (1994);
• Ley Federal del Mar (1986) y el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar (1991);
• Ley de Puertos (1993) y su Reglamento (1994);
• Ley de Pesca (1992) y su Reglamento (1992).

• Ley Forestal y su Reglamento;
• Decretos para constituir áreas naturales protegidas;
• Programas de Manejo de cada área natural protegida;
• Código de Conducta para la Pesca Responsable;
• Reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias;;
• NOM-001-CNA-95 Sistema de alcantarillado sanitario. Especificaciones de hermeticidad
• NOM-002-CNA-95 Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable. Especificaciones y métodos de prueba;
• NOM-003-CNA-96 Construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos;
• NOM-004-CNA-96 Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos;
• NOM-005-CNA-96 Fluxómetros. Especificaciones y métodos de prueba. Límites permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales;
• NOM-031-ECOL-93. Límites permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal.

• LGEEPA y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental (1987);
• Ley Forestal y su Reglamento;
• Ley Federal de Aguas;
• Ley Federal del Mar y su Reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias;
• Ley General de Bienes Nacionales;
• Ley de Pesca;
• NOM-001-CNA-95 Sistema de alcantarillado sanitario. Especificaciones de hermeticidad;
• NOM-002-CNA-95 Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable. Especificaciones y métodos de prueba;
• NOM-003-CNA-96 Construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos;
• NOM-004-CNA-96 Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos;
• NOM-005-CNA-96 Fluxómetros. Especificaciones y métodos de prueba. Límites permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; y,
• NOM-031-ECOL-93 Límites permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal.

• ANEXO I - Hidrocarburos;
• ANEXO II - Sustancias líquidas nocivas transportadas a granel;
• ANEXO III - Sustancias nocivas transportadas en paquetes;
• ANEXO IV - Aguas sucias;
• ANEXO V - Basuras.

• Ley de Pesca de 1992. Actualmente se encuentra en revisión su reglamento que pretende incorporar las estrategias del Código de Conducta para la Pesca Responsable y armonizarla con el Programa de Pesca y Acuacultura 1995 – 2000;
• NOM-001-PESC-93 Pesca de túnidos en el Océano Pacífico;
• NOM-001-PESC-94 Recursos pesqueros en el embalse de la presa El Cuchillo-Solidaridad, ubicada en el Municipio de China, N. L.;
• NOM-002-PESC-93 Camarón en los Estados Unidos Mexicanos;
• NOM-003-PESC-93 Sardina Monterrey, piña, crinuda, bocona, japonesa y especies anchoveta y macarela, en el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California;
• NOM-004-PESC-93 Almeja catarina en Baja California y Baja California Sur;
• NOM-005-PESC-93 Abulón en la Península de Baja California;
• NOM-006-PESC-93 Langosta en el Golfo de México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California;
• NOM-007-PESC-93 Erizo rojo en la costa oeste de Baja California;
• NOM-008-PESC-93 Pulpo en Golfo de México y Mar Caribe;
• NOM-013-PESC-94 Caracol en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán;
• NOM-015-PESC-94 Ostión en sistemas lagunarios estuarinos en Tabasco;
• NOM-016-PESC-94 Lisa y liseta o lebrancha en el Golfo de México y Mar Caribe, así como del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California;
• NOM-023-PESC-96 Túnidos con embarcaciones palangreras en el Golfo de México y el Mar Caribe Túnidos en el Océano Pacífico;
• Procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas;
• NOM-012-PESC-93 Medidas para la protección de las especies de totoaba y vaquita en aguas de jurisdicción federal del Golfo de California;
• NOM-010-PESC-93 Requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional;
• NOM-011-PESC-93 Aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de enfermedades certificables y notificables, en la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los Estados Unidos Mexicanos; y,
• NOM-017-PESC-94 Actividades de pesca deportivo - recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

Administración de zonas costeras integradas y desarrollo sustentable, incluyendo impactos ambientales de actividades que afectan las áreas costeras y marinas: En México, el aprovechamiento de los recursos costeros se había realizado de manera sectorial y sin una clara definición de la importancia ambiental que tienen, dado que existen numerosas agencias gubernamentales con injerencia parcial en las zonas costeras. A partir de 1994, y como parte de la política ambiental de la Semarnap, se contempla la elaboración de ordenamientos ecológicos del territorio de zonas costeras y marinos para planificar las actividades productivas, tanto las efectuadas en el medio terrestre que afectan al medio marino, como aquellas diversas actividades efectuadas directamente en el medio marino. La instrumentación de ordenamientos ecológicos es la base para la formulación y ejecución de programas de desarrollo sustentable que contribuyan al manejo integral de zonas costeras y que permitan orientar el gasto público y facilitar los mecanismos de descentralización. Ello permite fomentar la diversificación productiva con la articulación de los procesos económicos y sociales.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales
 

Compromiso de los Grupos Principales en el proceso de toma de decisiones:

• Difunden la información, consensan intereses, y las autoridades orientan sobre los diversos acuerdos nacionales e internacionales vinculados a la conservación;
• Actúan como consultores y asesores a través de las siguientes figuras: Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable; Integra a cuatro Consejos Regionales; Consejos de cuenca; Comisiones de cuenca; Reuniones para la definición de vedas;
• Participan los sectores productivos, el Instituto Nacional de Pesca, quién aporta los elementos científicos para la toma de decisiones y la Subsecretaría de Pesca que dictamina lo acordado.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Los temas sobre administración de zonas costeras integradas y desarrollo sustentable, incluyendo impactos ambientales de actividades que afectan las áreas costeras y marinas; protección ambiental marina, tanto de las actividades realizadas en tierra como las realizadas en el mar; y uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos tanto de alta mar como bajo jurisdicción nacional) están considerados en los siguientes programas y subprogramas específicos:

• Programa de Modernización de la Flota Pesquera;
• Programa de Acuacultura Comercial;
• Programa de Acuacultura Rural;
• Subprograma de Investigación en Procesos para el Desarrollo Sustentable;
• Subprograma de Protección, Conservación y Rehabilitación de Hábitat y Especies;
• Proyecto Diagnóstico de Ecosistemas Lagunares Costeros y Marinos;
• Subprograma de Ordenamiento Pesquero; y,
• Subprograma de Rehabilitación de Sistemas Lagunarios Costeros.

• Ambiental, por la relevancia de los ecosistemas costeros, y su importancia para el desarrollo regional, nacional e internacional;
• Económica, por que el desarrollo de las principales actividades económicas que se desarrollan en las costas mexicanas, requiere el usar o aprovechar estos bienes nacionales de manera estratégica;
• Social, por la importancia de estos bienes nacionales en la generación de empleos y de recursos fiscales destinados al mejoramiento de los servicios urbanos, elementos que propician el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de las zonas costeras;
• Política, ya que la situación administrativa que prevalece en el uso y aprovechamiento de estos bienes nacionales genera conflictos sociales e impactos negativos en la imagen del gobierno y de la sociedad mexicana ante la comunidad internacional;
• Jurídica, por la necesidad de actualizar las normas que conducen y regulan las relaciones humanas vinculadas a estos bienes nacionales.

• Programa de Medio Ambiente 1995 - 2000;
• Programa de Pesca y Acuacultura 1995 -2000;
• Programa de Marina;
• Programa Nacional de Tortugas Marinas;
• Programa Nacional de Mamíferos Marinos;
• Subprograma de Investigación en Evaluación, optimización y manejo de las pesquerías;
• Proyecto: Sustentabilidad de las pesquerías (Determinación del esfuerzo pesquero);
• Subprograma de Investigación en Procesos para el Desarrollo Sustentable.

• Humedales Costeros. A través de la aplicación de instrumentos como los ordenamientos ecológicos territoriales y de la evaluación de impacto ambiental asociado a la tenencia de la tierra federal en la zona costera, se están regulando de manera coordinada con otras agencias gubernamentales, las actividades productivas, con la finalidad inmediata en disminuir los índices de conversión y pérdida de estas ambientes y establecer el aprovechamiento sustentable de humedales costeros como manglares y marismas;
• Áreas Naturales Protegidas. La Subsecretaría de Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre en coordinación con el INE, está regularizando la situación ambiental y de tenencia de la tierra de las ocupaciones que se encuentran dentro de las 34 Áreas Naturales Protegidas que cuentan con ecosistemas costeros;
• Tortugas Marinas. La indefinición en la posesión y uso de suelo de las zonas de anidación de tortugas marinas ha facilitado su modificación para diferentes actividades productivas, principalmente turísticas. Actualmente se está instrumentando un programa a nivel nacional en coordinación con gobiernos estatales y municipales y con los diferentes sectores sociales involucrados, para regularizar y concesionar áreas de playa para la investigación y conservación de tortugas marinas.

• Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000;
• Programa de Medio Ambiente 1995 - 2000;
• Programa de Áreas Naturales Protegidas de México 1995-2000;
• Programa de Pesca y Acuacultura 1995 -2000;
• Subprograma de Investigación en Procesos para el Desarrollo Sustentable;
• Subprograma de Protección, Conservación y Rehabilitación de Hábitat y Especies;
• Proyecto Diagnóstico de Ecosistemas Lagunares Costeros y Marinos;
• Subprograma de Investigación en Evaluación, Optimización y Manejo de las Pesquerías;
• Proyecto: Sustentabilidad de las Pesquerías (Determinación del esfuerzo pesquero).

Las áreas costeras tienen una diversidad de usos en nuestro país. Los principales son centros de población, pesca, acuacultura, turismo y recreación, explotación petrolera y puertos mercantes. El porcentaje de la contribución de la pesca a la economía es aproximadamente el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Para estimular el uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos, se impulsa el ordenamiento pesquero, cuya estrategia general contempla la actuación en tres dimensiones: a) modificación del medio biofísico, b) modernización de la infraestructura de producción y, c) promoción y control de las actividades de cultivo. Su objetivo específico es establecer mecanismos que concilien la práctica pesquera con la normatividad vigente y con criterios precautorios orientados hacia el desarrollo de una pesca responsable, mediante la participación activa de los agentes productivos, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales (ONG’s). Para ello se analiza la sustentabilidad de las pesquerías, se identifica a los agentes productivos, el acceso jurídico al recurso y las técnicas de producción. De esta manera se posibilita la regulación mediante diversos mecanismos como son: las vedas, limitación del esfuerzo, reglamentación de las técnicas, métodos y equipos de captura y se realizan actividades de inspección y vigilancia. La participación de la sociedad se impulsa a través del Comité Nacional de Pesca y Recursos Marinos y la conformación de comités a escala estatal. A la fecha se han formado seis comités estatales ribereños. Destaca en este esfuerzo la publicación y actualización anual del libro "Sustentabilidad y Pesca Responsable en México. Evaluación y Manejo 1997-1998", el cual contiene la definición de la situación actual de las 18 principales pesquerías nacionales y se recomiendan estrategias de manejo. Para desarrollar los trabajos de protección y conservación se ha establecido el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas que tiene como estrategia fundamental el incrementarlas. Actualmente, el Sistema integra un total de 26 áreas protegidas en las regiones marinas o costeras. Algunas de estas ANP´s cuentan con planes de manejo y el resto están en proceso. Para la toma de decisiones en dichas áreas se han constituido consejos consultivos con una amplia participación social. Los trabajos del Subprograma de Protección, Conservación y Rehabilitación de Hábitat y Especies, proyecto Diagnóstico de Ecosistemas Lagunares Costeros y Marinos, contemplan la elaboración de los programas de Manejo Integral para 15 Ecosistemas Lagunares Costeros durante el período 1998 – 2000. En 1998 los ecosistemas lagunares costeros que se trabajan son: Huizache - Caimanero en el Estado de Sinaloa, Teacapán-Agua Brava en Nayarit, Cuyutlán en Colima, Chacahua en Oaxaca, y Nichupté en Quintana Roo. En este esfuerzo participan reconocidos académicos, representantes de los tres niveles de gobierno y productores. El impacto de la pesca en la administración sustentable de las zonas costeras:

• Presencia constante de pescadores furtivos. En virtud de la situación de crisis en los sectores agrícola e industrial, importantes contingentes de población que buscan trabajo se ocupan en la pesca, por lo que se ha incrementado el esfuerzo en la pesca ribereña;
• Uso de artes de pesca prohibidos por la ley debido a su incompatibilidad ambiental;
• Violación de tallas mínimas de captura;
• Violación de vedas;
• Sobrepesca;
• Introducción de especies exóticas;
• Captura incidental de fauna de acompañamiento.

• Por extracción de petróleo y gas, así como por transportación de sustancias químicas, petróleo y turismo;
• Limpieza de barcos pesqueros (fauna de acompañamiento), sentinas y cascos de barcos cisterna y turísticos;
• Vertimientos provenientes de granjas camaroneras;
• Derrames de petróleo.

• Está en elaboración la NOM sobre manglares y corales;
• En el Centro Regional de Investigación Pesquera en Colima, el Instituto Nacional de la Pesca realiza el Proyecto Arrecifes artificiales;
• Se desarrollan estrategias regionales en el Gran Arrecife Mesoamericano, con la participación de Guatemala, Honduras, Belice y México. El Ordenamiento Ecológico Marino del Mar de Cortés. Se elabora entre Estados Unidos de América y México;
• Se cuenta actualmente con un anteproyecto de NOM que establece las especificaciones de manejo para la conservación de los humedales costeros.

Challenges
Desafíos

Para cumplir de manera efectiva los programas dirigidos a los asuntos relevantes en las áreas de atención referidas (administración de zonas costeras integradas y desarrollo sustentable; protección ambiental marina, tanto para las actividades realizadas en tierra como para las realizadas en el mar; y el uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos):
Se requiere determinar los usos actuales y proyectados de las zonas costeras y sus interacciones, a través de:

• estudios de zonificación ecológica coordinados con las acciones de ordenamiento ecológico territorial que lleva a cabo el INE, en donde se establezcan los criterios ecológicos de uso de suelo en una escala adecuada a la superficie que tienen dichos bienes públicos;
• estudios de zonificación urbana coordinados con la Sedesol y los gobiernos municipales, que establezcan una secuencia lógica de las ocupaciones urbanas en las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, con las condiciones locales, considerando aspectos básicos de uso de suelo, infraestructura y equipamiento urbano, vialidad e imagen.

• Reformas a la Ley Federal de Derechos para establecer la posibilidad de que un porcentaje de los ingresos económicos que se obtienen del pago de los derechos por uso y aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas se destine a los trabajos de ordenamiento, administración y vigilancia de estos bienes nacionales;
• Con base a esta reforma legal, un nuevo diseño de los anexos no. 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales costeros, contemplando que el 100% de los ingresos económicos que se obtienen del pago de los derechos por uso y aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas que realizan los usuarios públicos y privados, se queden en las haciendas municipales, con la obligación de que un 30% se destine a los trabajos y estudios de ordenamiento, administración y vigilancia de dichos bienes nacionales. Los convenios fiscales suscritos garantizan una permanencia a largo plazo del mecanismo de financiamiento para el ordenamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, en virtud de que su fundamento está autorizado en la ley y su observancia es obligatoria, so pena de que las autoridades municipales pierdan los beneficios económicos que obtienen con este instrumento fiscal;
• Acuerdos de coordinación que suscriben el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales costeros, establecen la obligación de canalizar recursos económicos al financiamiento de las acciones operativas del programa de aprovechamiento sustentable de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas.

• La LGEEPA vigente establece que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Semarnap establece las condiciones a que se debe sujetar la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Por ello, quienes pretenden llevar a cabo desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; obras en áreas naturales protegidas de competencia de la federación o actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental;
• La Ley General de Bienes Nacionales señala que las concesiones podrán ser revocadas, entre otras causales, por dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar.

• Los acuerdos de coordinación que suscriben el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales costeros, contemplan la constitución de comités y subcomités como instancias de coordinación de las acciones del Programa Especial de Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar;
• El programa contempla la constitución del Comité Nacional de Manejo Integral Costero como mecanismo intersectorial de vinculación.

• La constitución del Comité Nacional de Manejo Integral Costero como mecanismo multisectorial de vinculación entre las diferentes unidades administrativas del Gobierno Federal, contemplando fundamentalmente a la Semarnap, la SCT, la Sectur, la SRA, la SHCP, la Semar, la Sedesol, Pemex; la CFE, la UNAM, el INP y la Conabio;
• Las bases de colaboración y coordinación interinstitucionales para la actualización jurídica de las ocupaciones gubernamentales;
• Los acuerdos de coordinación suscritos entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales costeros, que contemplan, como uno de sus objetivos fundamentales, el de establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno para planificar el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, con base en estudios de ordenamiento ecológico y urbano que permitan definir normativamente los criterios de uso de suelo adecuados, en donde se garantice un crecimiento armónico de las actividades productivas y sociales costeras.

• Para llevar a cabo esta estrategia, los acuerdos de coordinación que el Gobierno Federal ha ido suscribiendo con los gobiernos estatales y municipales costeros, establecen el objetivo de fortalecer los mecanismos de participación de las autoridades y los ocupantes de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas en la administración inmobiliaria y contemplan la creación de subcomités municipales de concertación como espacios de participación social, en donde los diferentes agentes que interactúan en la zona federal marítimo terrestre, ya sea a nivel individual o colectivo, como asociaciones de hoteles o de acuacultores, participan en la definición de la planeación de las diferentes acciones operativas, fundamentalmente en las de regularización de ocupaciones o en los foros de análisis legislativo.

• En los acuerdos de coordinación que celebra el Gobierno Federal con los gobiernos estatales y municipales costeros, se señala que para el buen cumplimiento de los objetivos de dichos acuerdos, corresponderá a los municipios costeros el definir y establecer los programas de conservación, restauración y saneamiento de las zonas costeras, así como de los programas de dotación de servicios urbanos en las playas, tomando en consideración las peticiones y sugerencias que presenten los usuarios y contribuyentes directos de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar;
• En los anexos no. 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, se crean fondos de recursos económicos destinados, entre otras cosas, al mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre, así como a los estudios de zonificación urbana.

• en la posibilidad de financiar a través del fondo que se constituye en los anexos no. 1, los trabajos de zonificación y preservación de la zona federal marítimo terrestre;
• el compromiso asumido a través de los acuerdos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, de llevar a cabo los trabajos de zonificación y protección de los ecosistemas costeros;
• la aplicación de la legislación ecológica, al solicitar como requisito indispensable el dictamen de impacto ambiental que determinará el estatus de hábitat críticos alterados y su posibilidad o no, de ser susceptibles para ser aprovechados mediante las concesiones para uso y aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas;
• la preparación de descripciones sinópticas de las costas en las que indiquen las cuestiones críticas, ente ellas las zonas erosionadas, los procesos físicos, los patrones de desarrollo, los conflictos entre usuarios y las prioridades específicas para el ordenamiento;
• será necesario preparar descripciones sinópticas de las costas de México, a partir del avance en: la delimitación, que comprende estudios de mareografía y aerofotogrametría, así como trabajos topográficos de control terrestre, deslinde y amojonamiento; las líneas de acción de catastro, que comprenden trabajos de identificación ocupacional y catalogación catastral; los estudios de zonificación ecológica y urbana; los trabajos de regularización de ocupaciones, que incluirán necesariamente la actualización administrativa y fiscal de quienes usan y aprovechan estos tres bienes nacionales.;
• Planes para situaciones de emergencia a fin de atender a los desastres provocados por el hombre y a los desastres naturales, así como a los efectos probables de un posible cambio climático y de la posible elevación del nivel del mar, y para hacer frente a la degradación y la contaminación de origen antropogénico, incluidos los derrames de petróleo y de otras sustancias;
• Programas de educación pública, de sensibilización y de información para el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos costeros;
• Promover y facilitar la capacitación y educación en materia de ordenamiento integral y desarrollo sostenible de las zonas costeras, dirigidas principalmente a científicos, técnicos, administradores, políticos y usuarios, buscando aumentar la capacidad institucional de las instancias gubernamentales nacionales, subregionales y regionales.

• Los acuerdos de coordinación que ha suscrito el Gobierno Federal con los gobiernos estatales y municipales establecen como uno de sus objetivos el fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades locales en materia de administración de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, señalando la obligación de los tres ordenes de gobierno de otorgar las facilidades administrativas para los talleres de capacitación;
• La realización de talleres de capacitación con la participación del Cecadesu, del INAP y del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, con el objeto de brindar capacitación topohidrográfica, ambiental, administrativa, jurídica y fiscal a servidores públicos estatales y municipales, así como a organizaciones sociales y privadas, fundamentalmente en tres temas: bases jurídicas y conceptos generales de la administración de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas; marco tributario de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas; y, lineamientos básicos del manejo integral de zonas costeras.

• El ambiental, en relación a la LGEEPA y a las NOM’s relativas a humedales costeros;
• el inmobiliario, en relación a la Ley General de Bienes Nacionales y el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar; y,
• el fiscal, en relación a la Ley Federal de Derechos.

Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

Para educar a los políticos en el diseño de políticas y conceptos de la administración costera sustentable y los aspectos relacionados con ella se diseñaron talleres de capacitación dirigidos a servidores públicos de los tres ordenes de gobierno y a organizaciones del sector privado y del sector social. Los avances son los siguientes:

• En coordinación con la SHCP, la Semarnap ha promovido la realización de diez talleres sobre el nuevo marco tributario de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, con la presencia de funcionarios municipales y estatales en materia de recaudación fiscal y operación de fondos de zona federal marítimo terrestre, en los estados de Colima, Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, y en Jalisco;
• La Semarnap ha impartido tres cursos de Introducción a la Administración de las Playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, con la participación de autoridades municipales y estatales de los estados de Tamaulipas, Yucatán y Campeche;
• El Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) de la Semarnap llevó a cabo un curso sobre Manejo Integral de Zonas Costeras, impartido a personal de sus propias unidades administrativas (INE, PROFEPA, IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), CNA, INP, Dirección General de Restauración y Conservación de Suelos, Dirección General de Administración de Pesquerías, Dirección General de Acuacultura, Dirección General de Inraestructura Pesquera y Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre);
• Se han realizado tres talleres de introducción al marco normativo y administrativo de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, con el personal de las jefaturas de administración de zona federal marítimo terrestre de las 17 delegaciones federales de la Semarnap;
• El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) diseño e impartió dos diplomados profesionales intitulados "La Administración del Patrimonio Nacional", que incluyeron el módulo de "Las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, como bienes nacionales", impartidos fundamentalmente a servidores públicos federales y profesionales en las ramas de derecho, administración, contaduría y economía;
• Se asistió al Primer Diplomado Internacional en Manejo Integral de Zonas Costeras organizado por la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Dalhousie y el Instituto de Oceanología de Canadá;
• Se prepararon los trabajos de diagnóstico y herramientas de planeación para Acapulco, Estado de Guerrero, después del huracán "Pauline" para el Comité de Desarrollo Urbano del Puerto de Acapulco y el Comité de Cauces y Arroyos de la CNA.

Information
Información

El tipo de información nacional disponible para asistir tanto en los tomadores de decisiones y planeadores que trabajan en áreas costeras relacionadas con los siguientes aspectos:
Administración sustentable de los recursos de la pesca:

• Anuario Estadístico de Pesca. Publicación Anual de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap);
• Ciencia Pesquera. Publicación del Instituto Nacional de la Pesca. Semarnap;
• Sustentabilidad y Pesca Responsable en México. Evaluación y Manejo 1997-1998. INP;
• Estadísticas del Medio Ambiente. Publicación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap);
• Página Internet de la Semarnap;
• Página Internet del Instituto Nacional de la Pesca. Semarnap.

• Página Internet de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;
• Página Internet del Instituto Nacional de la Pesca;
• Página Internet del Instituto Nacional de Ecología;
• Página Internet de la Comisión Nacional del Agua;
• Página Internet del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;
• Página Internet del Instituto Mexicano del Petróleo;
• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;
• Resultados de estudios, investigaciones, monitoreo de la Secretaría de Marina.

• Estadísticas del Medio Ambiente. Publicación del INEGI y la Semarnap;
• Página Internet de la Semarnap.;
• Secretaría de Marina;
• Secretaría de Energía.

• Página Internet de la Semarnap;
• Página Internet de la Comisión Nacional de Biodiversidad;
• Página Internet de la Secretaría de Energía;
• Estudios, censos, monitoreo de poblaciones (mamíferos marinos, aves, corales), de las siguientes áreas de la Semarnap: Instituto Nacional de la Pesca, Subsecretaría de Pesca, Instituto Nacional de Ecología a través de la Dirección General de Vida Silvestre y la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas;
• Diversas Universidades de México.

• Página Internet de la Semarnap;
• Página Internet del Instituto Nacional de la Pesca;
• Página Internent de la Servicio Metereólogico Nacional;
• Sustentabilidad y Pesca Responsable en México. Evaluación y Manejo 1997-1998. INP;
• Servicio Metereólogico Nacional;
• Semarnap: Subsecretaría de Pesca, Instituto Nacional de la Pesca, Instituto Nacional de Ecología;
• Secretaría de Marina;
• Diversas Universidades de México.

• Estadísticas Ambientales del INEGI.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

En el manejo de recursos pesqueros, se puede destacar el desarrollo del uso obligatorio de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) en las redes camaroneras de arrastre con una disminución del 95% de tortugas capturadas incidentalmente y una sensible disminución de fauna de acompañamiento. Actualmente se encuentra en proceso de experimentación, la introducción de Dispositivos Excluidores de Peces (DEP), así como la modificación de redes de arrastre camaroneras con el propósito de disminuir la captura de fauna de acompañamiento en aproximadamente 50%. Asimismo, se desarrollan investigaciones científico - tecnológicas para evaluar la eficiencia y selectividad de los sistemas de captura para camarón de rivera en el Océano Pacífico mexicano y la aplicación de un sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca. Por otra parte, PEMEX desarrolla y aplica las tecnologías pertinentes para efectuar sus trabajos de exploración, explotación y transporte en las áreas marinas. Adicionalmente, existen elementos tecnológicos como el uso de plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar verterlas directamente a las zonas de descarga que frecuentemente están representadas por sistemas costeros. En las áreas naturales protegidas costeras y marinas se promueve el uso de motores fuera de borda de 4 tiempos que no producen derrames de combustible y aceites al agua y son más silenciosos. La instrumentación de tecnologías pesqueras de menor impacto como las maniobras en la pesca de cerco de atún. En áreas naturales protegidas donde existen instalaciones y construcciones, pero se carece de electricidad, se busca substituir la generación de electricidad a base de plantas con uso de gasolina por generadores de energía solar o eólica. Respecto a los factores que se consideran para la toma de decisiones se encuentran desde luego elementos ambientales para evaluar qué recursos marinos se ven afectados en cada uno de los sistemas, elementos económicos a fin de considerar las posibilidades de inversión existentes para la investigación y aplicación de opciones tecnológicas como las mencionadas. En la elaboración de los ordenamientos ecológicos de zonas costeras, se ha procurado incorporar a los grupos académicos regionales en los procesos de planeación y considerar técnicas tradicionales para el aprovechamiento de los recursos naturales, que se ven reflejados al nivel de los criterios ecológicos aplicables en cada región. La energía solar y eólica por ser más económica, no contaminante y no consume recursos no renovables, la limitante es su costo.

Financing
Financiación

La Semarnap promovió ante la SHCP dos reformas a la Ley Federal de Derechos que ya están operando y por medio de las cuales se constituye un fondo mixto que conjunta recursos municipales, estatales y federales destinados a los programas de ordenamiento de la zona federal marítimo terrestre, mismos que se establecieron en los acuerdos de coordinación firmados por la Semarnap y los gobiernos estatales. Con el 30% de los ingresos recaudados se desarrollan trabajos de delimitación, inventario y catálogo, zonificación ecológica y urbana, regularización de ocupaciones e inspección y vigilancia, para asegurar una administración integral que coadyuve al desarrollo sustentable de nuestras costas. La operación de los fondos referidos se instrumenta a través del Comité Técnico, integrado por el Presidente Municipal, el Tesorero General del Estado, el Administrador Local Jurídico de Ingresos de la SHCP y el Delegado Federal de la Semarnap, bajo un esquema de colaboración y coadyuvancia entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. La realización técnica de varios ordenamientos ecológicos costeros ha sido financiada por créditos externos provenientes de organismos como Banco Mundial y OEA. También con presupuesto nacional, aunque en menor proporción. Las áreas naturales protegidas son financiadas de diferente manera: recursos fiscales y de crédito externo; donativos Internacionales (GEF) y nacionales; y aportaciones de ONG’s.

Cooperation
Cooperación

Convenciones internacionales, incluyendo regional y subregional, relacionada con estos asuntos en la que el país es una parte contratante:

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
• Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte;
• Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte;
• Apoya la Instrumentación del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Ambiente Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra en la Cuenca Marina de las Californias;
• Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Se trabaja en el Comité de Pesca, en el apartado de Sustentabilidad de los Océanos y de Evaluación Económica;
• Convenio para Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe. Se trabaja en la creación de una área natural protegida regional con los gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras y México denominado "Gran arrecife Mesoamericano";
• Comisión Internacional para el Tráfico y Comercialización de Especies en Peligro de Extinción (CITES). Se participa en la regulación de dichas especias y en la expedición de la normatividad vigente;
• Acuerdo de pesca entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba. Se realizan estudios de evaluación de la pesquería del mero en el Golfo de México;
• Acuerdo de entendimiento en materia pesquera México – Estados Unidos de Norteamérica (MEX-US Pacífico, Golfo);
• Código de conducta para la pesca responsable;
• Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra (PAM);
• Convención internacional para la reglamentación de la caza de ballena;
• Comisión Ballenera Internacional;
• Organización Marítima Internacional (OMI);
• Convenio sobre la diversidad biológica. Se participa en biodiversidad biológica marina y hábitats críticos;
• Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y otras Materias;
• Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques y otros Acuerdos Internacionales sobre la Contaminación del Medio Marino (MARPOL 73/78);
• Convención sobre la Plataforma Continental;
• Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua;
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR);
• Acuerdo sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar;
• Convenio sobre la Alta Mar;
• Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero;
• Se ha firmado un convenio internacional con países centroamericanos con el objeto de preservar el sistema arrecifal de la región, segundo en el mundo por su extensión;
• Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas;
• Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. UNESCO;
• Otros acuerdos relacionados, particularmente acuerdos específicos de mares y regionales. La elaboración, promoción, gestión e instrumentación de los ordenamientos ecológicos regionales se inscribe en un marco de concurrencia, corresponsabilidad y coordinación de actividades entre la federación, los estados y los municipios. Se encuentran suscritos acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales, locales y/o sectores de la administración pública. Entre ellos se cuentan, el Corredor Costa Maya, Quintana Roo; Costa de Nayarit, Costa de Campeche; Corredor Cancún-Tulum, Quintana Roo; Costa de Jalisco, Isla de Cozumel y su área marina, Quintana Roo.; Laguna de Nichupté, Quintana Roo, aprovechamiento sustentable de los arrecifes, Quintana Roo y Lázaro Cárdenas, Michoacán; y,
• Otra cooperación bilateral, multilateral e internacional en la que el país participe en actividades relacionadas con el desarrollo sustentable y el uso de océanos y áreas costeras: Corredor Biológico Mesoamericano.

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TOXIC CHEMICALS
QUIMICOS TOXICOS

La Comisión Intersecretaríal para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST) está constituida por las secretarías de Salud; de Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Comercio y Fomento Industrial, representando las instancias responsables del establecimiento de políticas comerciales, sanitarias, de sanidad animal y vegetal, normatividad y autorizaciones en materia de productos químicos. Estas Secretarias establecen conjuntamente el marco legal para la eliminación y manejo seguros de productos químicos tóxicos (corrosivos, reactivos, explosivos, inflamables). El Sistema Nacional de Protección Civil es responsable de la prevención y respuesta a desastres relacionados con sustancias químicas, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y una red de universidades que ofrecen apoyo en la materia. Con el propósito de atender las emergencias y contingencias ambientales, se inició un estudio para implementar el Centro Nacional de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales, que funcionará las 24 horas del día durante todo el año y operará con Lada 800. Este servicio permitirá orientar a autoridades, responsables y público en general, sobre de las actividades para controlar emergencias y evitar daños a la población y al ambiente en caso de contingencias. Se estima iniciar sus operaciones durante 1996. Con el propósito de implementación del Centro Nacional de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales, se efectuaron adquisiciones de equipo computarizado, sistemas de información sobre manejo de sustancias peligrosas y equipo de protección y medición para atención de emergencias ambientales.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

La reducción en la concentración de tetraetilo de plomo en la gasolina NOVA y la introducción de gasolina sin plomo (MAGNA/SIN), ejemplifica dos de las medidas más efectivas para reducir o eliminar el uso de plomo en los productos consumidos. Subsecuentemente, el decremento de la concentración de plomo en sangre de madres y niños se redujo aproximadamente de 15 g/dl en enero de 1992 a 8 g/dl en diciembre de 1993 en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Esto indica una disminución del 47% y se considera como un nivel aceptable por la Organización Mundial de la Salud. Para contribuir con la disminución de riesgos en el transporte de materiales peligrosos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha elaborado 20 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, que incluyen el etiquetado, envasado, estibaje, planeación de emergencias, etc. Los siguientes proyectos de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) fueron creadas con la participación de los sectores público y privado: medidas sanitarias para el uso y procesamiento de metanol, métodos estandarizados para la evaluación de riesgos de salud pública como consecuencia de agentes ambientales, requerimientos sanitarios para la importación y exportación de sustancias tóxicas, y el uso de asbestos.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

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Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

La participación de diversos sectores de la sociedad en las discusiones sobre la normativa para sustancias químicas tóxicas ha sido incorporada en la Ley Federal de Metrología y Normalización, expedida en 1992, a través de los comités consultivos de normalización.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Entre 1993 y 1994, la CICOPLAFEST y las industrias de plaguicidas conjuntamente han participado en la reducción de los riesgos por estos productos a través de las siguientes actividades: el combate integral de plagas, la capacitación a agricultores y quienes se dedican a la aplicación de plaguicidas, programas para vigilar plagas de alimentos y fortalecimiento de programas para, la actualización del Registro de Plaguicidas. Para el seguimiento de los movimientos transfronterizos de sustancias tóxicas, se creó un programa denominado Haztracks, con el cual se dotó a las delegaciones estatales del ramo localizadas en la frontera norte, del equipo necesario para controlar el ingreso o retorno de residuos peligrosos generados por la industria maquiladora. A este sistema quedará incorporado el seguimiento de movimientos transfronterizos de las sustancias controladas por la CICOPLAFEST. En 1994 el INE realizó estudios de riesgo de salud pública derivados de problemas ambientales relacionados con el aire y la alimentación. Se creó una jerarquía de áreas con base a los riesgos, indicando los contaminantes de mayor riesgo. La Asociación Nacional de la Industria Química de México estableció elPrograma de Responsabilidad Integral para el Manejo y Eliminación Segura de Productos Tóxicos, combinando este programa con un Sistema de Emergencia de Transporte de la Industria Química.

Status
Situación General

La industria química de México es uno de los componentes más dinámicos de la industria manufacturera nacional, lo cual se refleja en la tasa de crecimiento promedio de 4.4% entre 1985 y 1991. Aproximadamente 340 empresas y 465 plantas, localizadas principalmente en los estados de México, Veracruz y el Distrito Federal constituyen el 60% de la industria. No más del 10% de las empresas químicas ostentan tecnologías avanzadas, contabilizando el 70% de la producción total del sector, mientras que las industrias restantes pueden caracterizarse como empresas pequeñas y medianas, muchas de las cuales utilizan procesos obsoletos de producción. La industria química experimentó un incremento del 145% en sus exportaciones en 1991, al ser comparadas las cifras con las de 1985. México está colocado entre los 10 exportadores más importantes del mundo en petroquímicos. Sin embargo, es conveniente hacer notar que prácticamente ningún ingrediente activo o molécula nuevos se producen en el país, sino que son importados. Las importaciones de sustancias químicas se han incrementado en un 78% desde 1985, las de mayor toxicidad provienen de Estados Unidos (72.6%), Alemania (9.8%) y Canadá (9.8%).

Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

El INE promovió los trabajos del subcomité de capacitación y divulgación de la CICOPLAFEST mediante un programa de sesiones quincenales sobre aspectos ambientales, sanitarios, comerciales, etc., de la gestión de materiales peligrosos. La capacitación para el manejo de sustancias químicas tóxicas se ha reforzado mediante cursos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el Gobierno Canadiense y la Comunidad Económica Europea.

Information
Información

El Instituto Nacional de Ecología (INE) publicó una monografía que describe los marcos legal e institucional para el manejo de sustancias químicas.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

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Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

Con el apoyo de la FAO, se desarrolló un seminario para fortalecer el sistema de registro de plaguicidas en México. Actualmente, México elabora el perfil nacional sobre uso y manejo de sustancias químicas y ocupa la vicepresidencia del foro Intergubernamental de Seguridad Química.

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

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WASTE AND HAZARDOUS MATERIALS
DESECHOS Y MATERIALES PELIGROSOS

Decision-making: Coordinating Bodies

Decision-making: Legislation and Regulations

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

El Comité Consultivo Nacional de Normalización y Protección Ambiental publicó el Programa Nacional de Normalización en donde se establecieron cinco Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas con el manejo municipal de desechos sólidos. El Programa de las 100 Ciudades ha promovido actividades para:

• mejorar los niveles de almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos en ciudades medias;
• promueve el financiamiento local de los servicios para desechos sólidos a través de tarifas y el reciclaje; y,
• incrementando la participación de la industria privada mediante la extensión de servicios.

Status
Situación

Se estima que los municipios generan anualmente 29'472,000 toneladas de desechos sólidos. De este total, 70% es colectado, el 17.2% se dirige a rellenos sanitarios y el 82.84% se deposita en basureros abiertos. (Este último porcentaje se debe al hecho de que una gran proporción de la basura colectada se dispone subsecuentemente en basureros abiertos). Un estudio de 1995 desarrollado en 14 municipios urbanos representativos permitió estimar una producción de hasta 1,175 toneladas diarias de basura con un promedio de 731 gr. por día por persona y un rango de 252 gr. a 1,714 gr. por día por persona. En promedio, la cobertura de la recolección fue en 80.2% y 38% de los desechos se disponena cielo abierto. El agua residual se empieza a considerar como un recurso valioso y se utiliza para actividades agrícolas en más de 300,000 hectáreas, aunque es necesario aclarar que de 24,163 de estas hectáreas originalmente sembradas con cultivos restringidos en 1991, actualmente se detectaron solo 16.1. La zona metropolitana de la Cd. de México, con una población aproximada de 18 millones de habitantes genera 1,660 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año equivalentes a 53 m/seg. El Valle del Mezquital recibe aproximadamente 1,350 millones de metros cúbicos (43 m3/seg.).

Challenges
Dificultades

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising

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Cooperation
Cooperación

Se creó una Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos (REMEXMAR), vinculada a la Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos (REPAMAR), apoyada por la Organización Panamericana de Salud, uno de cuyos objetivos es promover el intercambio de información y la transferencia de tecnologías para minimizar la generación de residuos..

This information is based on Mexico's submission to the 5th and 6th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997 and 1998. Last update: 15 January 1998.

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HAZARDOUS WASTES
DESECHOS PELIGROSOS

Decision-making: Coordinating Bodies

Decision-making: Legislation and Regulations

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), emitida el 28 de enero de 1988 y modificada en 1996, establece regulaciones para la instalación y operación de sistemas de manejo de residuos peligrosos, incluyendo su importación y exportación. El siguiente instrumento jurídico en jerarquía es el Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos de la citada ley, el cual provee los métodos para informar y registrar todas las actividades relacionadas con la generación manejo, importación, exportación y disposición final de materiales residuales. Esta regulación es observada a nivel nacional a través de la SEMARNAP. El Congreso aprobó modificaciones a los artículos 147 y 153 de la LGEEPA concernientes al manejo, importación y exportación de desechos peligrosos. Estos cambios aun requieren ratificación por parte del senado, y una vez aprobados se crearán Normas Oficiales Mexicanas que definirán los mecanismos precisos para la regulación e importación de sustancias tóxicas. Las Normas Técnicas Ecológicas se publicaron en 1988 para: clasificar y enlistar residuos peligrosos, determinar toxicidad, verificar la compatibilidad de residuos peligrosos y el establecimiento de normas para el diseño, construcción y operación de espacios para almacenamiento. Estos requerimientos fueron incorporados como NOM en 1993; actualmente está en revisión la NOM 052, sobre la caracterización y listado de residuos peligrosos, y la NOM 056 que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos pelirosos. Se publicó también la NOM 087 para residuos biológicoinfecciosos; para su aplicación actualmente se encuentran instaladas 16 empresas localizadas en los estados de Chihuahua, México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Distrito Federal, que en conjunto tienen una capacidad de procesamiento mayor a 100 toneladas/día; de estas, dos empresas cuentan con autorización en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Culiacán, Sinaloa; siete se encuentran en protocolo de pruebas y el resto está sujeta a dictamen de impacto ambiental para su autorización definitiva. La inversión de la iniciativa privada en este rubro asciende a más de 100 millones de pesos y genera 200 empleos. Desde 1988 las industrias productoras de desechos deben darse de alta como generadores de residuos peligrosos en el INE. El INE expide además, Guías Ecológicas (autorizaciones) para la importación y exportación de desechos peligrosos y apoya las regulaciones establecidas por las diversas instancias federales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es la encargada de asegurar que las industrias que usan sustancias tóxicas cumplan con los ordenamientos legales. Actualmente, se encuentran autorizadas 140 empresas para el manejo de residuos peligrosos en las modalidades de almacenamiento, recolección y transporte (88); reciclaje de solventes sucios (12), de lubricantes usados (10), y de metales (5); manejo integral para la preparación de combustible alterno (3); incineración de combustibles alternos (3) y de residuos (4); tratamiento de aceites contaminados con bifenilos policlorados (2), in situ (22); confinamientos controlados (4) y exportación de materiales y residuos (7). Esta cifra se incrementó en 46% con respecto al periodo 1988-1995. La inversión actual para el manejo de residuos peligrosos asciende a cerca de 1,105,000.00 pesos; generando 3,005 empleos directos y 6,359 empleos indirectos.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans

Las políticas de México con relación a los residuos, se describen en el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 y en el Programa para la Minimización y el Manejo Integral de los Residuos Industriales Peligrosos en México 1995-2000, publicados en 1996 por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Respecto a la reducción y manejo seguro de desechos peligrosos, las prioridades del gobierno Mexicano son: inventarios industriales y regionales, modernización de sistemas de regulación directa y promoción de infraestructura y servicios integrales. Esta última es parte de una política para incrementar la promoción de productos y servicios ambientales que tengan un alto potencial para la generación de empleo e ingresos. El Instituto Nacional de Ecología (INE) es el responsable de la instrumentación de los Planes de Acción Regionales para reducir los riesgos de bifenilos policlorados, DDT, clordano y mercurio. En 1996 se continuó promoviendo el desarrollo de infraestructura y servicios para el control de residuos peligrosos, permitiéndose la operación en este rubro a 48 empresas más, con lo que ascendió a 156 el total de las que están autorizadas para dichos fines. Las siguientes actividades se están realizando actualmente por el gobierno mexicano: clasificación, separación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados por hospitales y establecimientos médicos; requerimientos para el diseño, construcción y operación de presas de jales, y lineamientos para establecer la impermeabilidad de receptáculos de almacenamiento.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

En materia de tecnología, el Programa Sectorial de Mediano Plazo de Medio Ambiente 1995-2000, tiene una sección especial que habla sobre materiales y residuos peligrosos y riesgo, así como estrategias, proyectos y acciones prioritarias orientadas a la reducción y al manejo seguro de residuos peligrosos. Asimismo, inserta un apartado sobre seguimiento tecnológico para el manejo de lo residuos peligrosos, que entre otras cosas se va a referir al marco de los mecanismos de regulación directa que requieren la evaluación de estudios, proyectos y tecnologías, se considera fundamental, la realización de un procedimiento de certificación tecnológica basado en: la creación del Sistema Nacional de acreditación de Laboratorios de Prueba (SINALP), perteneciendo a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); establecer una metodología para la evaluación tecnológica y en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas que se refieren a procedimientos analíticos de muestro en el SINALP. Por lo tanto, se asumen ciertos principios en materia de normatividad, para una nueva política de gestión de residuos peligrosos. Sobre este tema, el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 señala que se promoverá la minimización de la cantidad de residuos peligrosos y los riesgos inherentes a su manejo, incentivando cambios hacia procesos y tecnologías cada vez más limpios. Igualmente, este programa establece que el Centro Mexicano para la Producción más Limpia promoverá la innovación, transferencia, adopción y difusión de tecnolog'as especializadas para el manejo de desechos. Lo anterior permitirá la eliminación, reciclaje, tratamiento o confinamiento de los mismos. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social contribuye en estas tareas a través del Programa Nacional de Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales. Este programa está enfocado a las fases de recolección, transporte, transferencia y disposición final de desechos sólidos. Además, este programa se complementa con el Programa Crediticio de Residuos Slidos, el cual tiene como finalidad otorgar asistencia técnica y capacitación al personal de los estados y municipios para promover técnicas y evaluar proyectos en la materia. Las políticas y acciones programáticas en la materia, aparecen descritos en elPrograma sobre Gestión Ambiental de Sustancias Tóxicas de Atención Prioritaria, publicado por el INE en 1997. En el Programa Nacional de Prevención de Accidentes de Alto Riesgo Ambiental, se cuenta a nivel nacional con un padrón de 763 empresas de alto riesgo; se evaluaron 628 estudios de análisis de riesgo.

Status
Situación

Los residuos peligrosos generados por las maquiladoras (fábricas generalmente de propiedad norteamericana en las que los productos finales son exportados a los Estados Unidos) son regresados a los Estados Unidos. Sin embargo diversas empresas mexicanas están dedicadas al reciclaje de materiales secundarios y a la importación de residuos peligrosos para este propósito.

Challenges
Dificultades

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising

El Convenio de Basilea Sobre El Control De Los Movimientos Transfronterizos De Los Desechos Peligrosos Y Su Eliminación fue firmado en 1989 y ratificado en 1991. Con base en los acuerdos asumidos en el Convenio de Basilea y en los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1995 se autorizaron para su exportación para incineración 2,031 toneladas de bifenilos policlorados a la planta Ekokem de Finlandia y Rechem de Inglaterra, y en 1996, hasta el 30 de septiembre se han autorizado 253 toneladas. México ratificó la Convención de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación en 1991, participando en algunos de los grupos de trabajo. Asimismo, y en el marco del Acuerdo de la Paz suscrito en 1983, México y Estados Unidos acordaron el mecanismo bilateral de notificación sobre los movimientos de sustancias tóxicas entre ambos países. Con el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1994, nuestro país ha observado las decisiones y recomendaciones del Consejo de la OCDE referentes al transporte transfronterizo de residuos peligrosos. En coordinación con la OCDE se organizó un taller de minimización de residuos en Washington (México, Canadá, Estados Unidos), y en México se realizó un taller sobre minimización de residuos y producción más limpia en América Latina y el Caribe; además se continuó participando en las reuniones del Grupo de Políticas para el Manejo de Desechos, y se participó en el Taller Internacional de Minimización, realizado en Berlín, Alemania, del 16 al 18 de octubre de 1996. Se cumplen las decisiones/recomendaciones del Consejo de la OCDE y los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 21 sobre el manejo sustentable de sustancias químicas y la cooperación regional para el manejo racional de cuatro sustancias químicas tóxicas, persistentes y bioacumulables.

This information is based on Mexico's submission to the 5th and 6th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997 and 1998. Last update: 15 January 1998.

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RADIOACTIVE WASTES
DESECHOS RADIOACTIVOS

Decision-making: Coordinating Bodies

Decision-making: Legislation and Regulations

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Se ha establecido un programa para evaluar los efectos de la radiación con el propósito de crear una clasificación concisa de los diversos niveles de concentraciones de radionucleótidos.

Status
Situación

Los desechos radiactivos de bajo nivel generados por la operación de la Central de Laguna Verde, Veracruz, son almacenados de manera temporal en almacenes exprofeso para ello, dentro de las instalaciones de la central. En tanto que el combustible irradiado es almacenado de manera temporal en las albercas de combustible gastado de los reactores. Los desechos procedentes la industria, la medicina y la investigación son almacenados de manera temporal en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Challenges
Dificultades

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising

La base técnica de la Regulación y Normatividad para el Transporte de Materiales Peligrosos son las Recomendaciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, editado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documento base que también considerarán los Estados Unidos y Canadá en sus respectivas generadas por el Comité de Expertos de Materiales Peligrosos de la ONU, con sede en Ginebra Suiza, del cual la SCT tiene representación oficial a partir de 1994. Así también y con el objeto de prever los requerimientos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), se participa activamente en el grupo de 4 Normas de Materiales Peligrosos con Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo se trabaja armónicamente con Subcomités de las dependencias del Ejecutivo Federal que tienen injerencia en los materiales y residuos peligrosos. El proceso de retorno de residuos radioactivos a su país de origen, se lleva a cabo respetando el Código de Práctica sobre Movimientos Internacionales Transfronterizos de Desechos Radioactivos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

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