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Economic Aspects | Natural Resource Aspects | Institutional Aspects | Social Aspects |Mexico

NATURAL RESOURCE ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MEXICO
ASPECTOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE REFERENTES A LOS RECURSOS NATURALES EN MEXICO


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AGRICULTURE
AGRICULTURA

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

En el aspecto de conservación y rehabilitación de tierras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), elaboran conjuntamente una propuesta para incorporar criterios de sustentabilidad en la actividad agrícola y para la conservación de tierras. En el año de 1997, se creó el Consejo Consultivo para el Fomento de las Energías Renovables (COFER), con la misión de abocarse, bajo la óptica de un mercado de libre concurrencia, a la promoción y fortalecimiento de la utilización de las energías renovables en nuestro país, sentando las bases para una adecuada política gubernamental en este sentido. Este Consejo opera bajo la supervisión y coordinación de la CONAE. Las políticas implementadas en la lucha integrada contra las plagas agrícolas han sido diversas. Dentro de ellas destaca la creación de la Comisión Intersecretarial para el Control y Uso de los Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), en la que establecen los registros y procedimientos para el control de plaguicidas de uso agrícola.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

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Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

Las medidas adoptadas por México en lo relativo a políticas de precios y subsidios para productos agrícolas e industriales se rigen por las disciplinas establecidas en la Organización Mundial del Comercio (OMC). México ha expresado su interés de que en el marco de la próxima ronda de negociaciones multilaterales de la OMC, se eliminen los subsidios distorsionantes del comercio, mismos que tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente al promover la sobreexplotación de recursos naturales. En materia de comercio exterior, tanto para productos del sector agropecuario como industrial, México ha progresado en la liberalización de la importación de equipos de tipo ecológico que tengan como objetivo mejorar el medio ambiente. Recientemente, ha tenido lugar una transformación gradual de los subsidios generalizados al consumo alimentario en subsidios orientados a la inversión en capital humano de las familias en pobreza. Esto se lleva a cabo en dos sentidos: por un lado los subsidios generalizados se reorientan hacia acciones definidas y más integrales (a través de Progresa), que generan mayor impacto en la población que los recibe; por otro, la reorientación de los subsidios alimentarios refleja la mayor atención que se otorga a los habitantes de las áreas rurales marginadas, donde se presenta el fenómeno de la pobreza con mayor intensidad y limita su atención a las zonas urbanas, como en el caso de la eliminación del subsidio a la tortilla y productos básicos que se otorgan directamente a través de la operación de todas las tiendas que coordina Diconsa en prácticamente toda la República. En el último trienio se ha registrado un crecimiento real del 79% en los subsidios alimentarios que se canalizan directamente a la población pobre. En esta materia durante 1999 se están destinando más de tres cuartas partes de los recursos dirigidos a los pobres hacia áreas rurales, donde vive el 60% de la población pobre del país. Esta situación contrasta con la que se registraba al inicio de la actual administración, cuando casi 70% de los recursos se dirigía hacia los habitantes de la zonas urbanas. La intervención del Estado ha sido fuerte e influyente, con políticas reguladoras que afectaron los precios y el uso del suelo, e intervenciones directas en la provisión de insumos y en el acceso a los mercados. Los proyectos de riego, la disponibilidad de crédito y el gasto global del Estado para el desarrollo de la agricultura, crecieron de manera importante a mitad de los años setenta, sin embargo, a partir de 1981 se observa una fuerte declinación. La actual política agropecuaria reconoce que la estrategia de promoción del crecimiento del sector basada en la incorporación de tierras al cultivo y de aplicación de las fronteras ganaderas y de riesgo, se agotó prácticamente durante las tres últimas décadas, por lo que el país no puede sustentar el crecimiento de la producción agropecuaria en el uso extensivo de recursos naturales. Por ello, el proceso de planeación de los programas agropecuarios está incorporando la variable ambiental además de considerar medidas y programas que contribuyen a mitigar efectos provocados por el cambio climático. Todas las estrategias instrumentadas como parte del manejo integrado de plagas, ha sido consensadas con base en la consulta de diferentes estudios de investigación y de experiencias en la materia, que de una u otra manera, están relacionadas con el Servicio Mundial de Manejo Integrado de Plagas. El Gobierno ha elaborado una política sobre los recursos hídricos para la alimentación y la agricultura. La Comisión Nacional del Agua (CNA) es la institución encargada de administrar y preservar el agua en el país, que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), coordina diversos programas con la participación directa, en muchos de ellos, de los propios usuarios, y los gobiernos de los estados. Las estrategias para la atención de necesidades en materia de infraestructura hidroagrícola son:

Con objeto de garantizar e inducir el uso sustentable y económicamente eficiente de los Distritos de Riego y de Temporal Tecnificado, el Gobierno Federal tomó la decisión de corresponsabilizar a los usuarios, transfiriéndoles la infraestructura para que mediante cuotas de autosuficiencia, logren cubrir los costos de operación, conservación y administración de la infraestructura transferida, sin incluir las obras de cabeza. A la fecha, se tiene transferida una superficie de 3.2 millones de hectáreas de riego a 461,366 usuarios organizados en 419 Asociaciones Civiles y 10 Sociedades de Responsabilidad Limitada. La superficie representa el 93% del total y se espera culminar este proceso en el año 2000. Dentro de las acciones adicionales más importantes en el ámbito hidroagrícola, de 1995 a la fecha la CNA ha logrado las siguientes metas en materia de infraestructura hidroagrícola: Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

La participación de las comunidades, productores, mujeres y jóvenes es destacada en la ejecución y desarrollo de los programas de agricultura sustentable y desarrollo rural. Entre otras acciones específicas de participación están: la adopción de tecnología adecuada a las circunstancias de su localidad; la definición de aplicación y desarrollo de la reconversión productiva; financiamiento de una parte importante de la inversión que implica desarrollar acciones de agricultura sustentable; aplicación de los recursos materiales y técnicos que proporcionan las instituciones públicas del país; así como la disponibilidad para capacitarse. Las formas de participación van desde la integración de grupos afines, como mujeres, jóvenes y jornaleros; organizaciones regionales y económicas y productores en lo individual. Dentro del sector ambiental, las actividades desarrolladas en regiones prioritarias han contado con la participación de grupos organizados a nivel comunitario: organizaciones sociales, de mujeres, de ejidatarios, grupos de productores organizados, comisariados ejidales y presidentes municipales. Estos grupos son convocados para su participación en talleres sobre la problemática en sus comunidades, donde se realizan diagnósticos y propuestas; por otra parte, los talleres de divulgación fomentan la participación de los grupos menos organizados y, finalmente, en talleres de capacitación se fomentan y rescatan prácticas agrícolas para el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos. El INI, por su parte, realiza acciones para apoyar proyectos productivos en albergues escolares indígenas, donde los niños aprenden y reproducen los conocimientos adquiridos en sus hogares y transmitidos por sus padres, para el manejo de la milpa, los solares de traspatio y los huertos familiares. Asimismo, a través de los programas Fondos Regionales, FIDA (que dependen del Banco Mundial) y Agroecología Productiva, se han establecido criterios normativos para garantizar la participación de la mujer indígena en el desarrollo de proyectos productivos integrales y de desarrollo sustentable. Para fomentar la participación femenina, la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, organizaron en septiembre de 1998, el encuentro estatal de mujeres líderes agrarias del Estado de Veracruz, con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar el papel que desarrollan las mujeres como representantes de los núcleos agrarios y reconocer cómo se ha transformado su vida familiar y su participación en el ámbito productivo, reproductivo y comunitario. Asociaciones registradas involucradas en la participación de iniciativas locales, presentan la siguiente distribución en porcentajes: agrícolas (34%), avícolas (16%), frutícolas (12%), agroindustriales (10%), hortícolas (9%), forestales (7%), porcícola (6%), ganadera (4%), y el 2% restante pertenece a otros proyectos floriculturales y acuiculturales.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

La Semarnap a través de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders), ha desarrollado estrategias e instrumentos que permiten planificar y ordenar el desarrollo rural y normar el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. A partir de 1995 se ha logrado contribuir a la transformación sustentable de las regiones pobres marginadas del campo, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a través de procesos de gestión del desarrollo y la realización de acciones concretas encaminadas a incrementar su ingreso y productividad, frenar los procesos de deterioro ambiental y mejorar el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Otras instituciones de la Administración Pública Federal han puesto en práctica políticas relativas a la agricultura sostenible, como es el caso del Instituto Nacional Indigenista (INI), que ha gestionado apoyos financieros con la FAO, BID, Banco Mundial, PNUD, para ejecutar acciones dirigidas a promover la agricultura sustentable y el desarrollo rural, cuyos avances se han visto fortalecidos a través del trabajo de extensión, capacitación y validación en campo para incorporar tecnologías apropiadas a las condiciones agroecológicas y sistemas de producción de la población indígena. A finales de 1994 se concluyeron 134 estudios que permitieron estimar los riesgos de erosión en aproximadamente un 70% de la superficie nacional. Adicionalmente, se formuló el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 que define políticas nacionales para promover la participación de los agricultores y campesinos en la toma de decisiones y la instrumentación de prácticas de conservación productiva de tierras agrícolas con el objetivo de conservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población rural. El sistema agrícola roza-tumba y quema se ha practicado durante siglos en México, estimándose que existe una superficie superior a los cinco millones de hectáreas en las que se practica este sistema. Por ello se lleva a cabo el Proyecto de Sedentarización de la Milpa con el objetivo de mejorar el sistema de agricultura de roza-tumba-quema mediante el uso de prácticas sustentables que permitan su intensificación, de acuerdo con las características del entorno natural y en el marco de una diversificación productiva. Sus objetivos particulares son conservar los recursos naturales donde se realiza la agricultura migratoria, intensificar la agricultura bajo roza-tumba-quema mediante prácticas productivas que conserven el suelo y mejoren su fertilidad y eliminar o reducir el uso del fuego mediante la sedentarización de la agricultura. El proyecto se basó en la intensificación de la milpa por medio de cultivos de cobertura en asociación con la producción de maíz, como una forma de incrementar la productividad y conservación de suelos, disminuir el uso del fuego y reducir los requerimientos de terrenos en rotación. De esta manera se tienen áreas que se pueden manejar bajo un esquema de enriquecimiento de acahuales o incrementando las áreas de vegetación natural. Como resultado de estas acciones se produjeron 332 ton. de semillas de abonos verdes durante 1998, para la atención de 22,250 ha. de milpa itinerante en 1999, como se observa en los siguientes dos cuadros:

Cuadro 1. Producción de semilla de abonos verdes en 1998

Estado
Región
Superficie (ha)
Semilla producida (Ton)
Campeche Calakmul
126
78.8
Chiapas La Fraylesca
88.5
85.5
Oaxaca La Chinantla

Itsmo-Chimalapas

Costa

41

56

15

20.5

23.5

10.75

Veracruz Sierra Santa Marta

San Andrés Tuxtla

Jamapa

55.5

71

14

39

51

8

Yucatán Oriente
15
15
TOTAL  
482
332.05

Cuadro 2. Superficie estimada para sedentarización de la milpa en 1999

Estado
Superficie (Ha)
Campeche
5,253.33
Colima
180.00
Chiapas
5,666.67
Guerrero
333.33
Hidalgo
133.33
Morelos
66.67
Oaxaca
3,000.00
Quintana Roo
800.00
San Luis Potosí
50.00
Tabasco
2,000.00
Tamaulipas
33.33
Veracruz
4,533.33
Yucatán 
200.00
TOTAL
22,250.00

La Secretaría de Energía del Gobierno de México ha conformado un grupo interdisciplinario, para preparar un proyecto de electrificación rural que permita llevar el servicio de iluminación a zonas marginadas y alejadas de la red de distribución convencional. Dicho proyecto contempla el análisis de la viabilidad para instrumentar diferentes tecnologías de energías renovables, entre las que se encuentran la energía eólica, energía fotovoltaica, minihidráulica, etc. Dentro de las acciones de desarrollo regional sustentable de la Semarnap, se han elaborado propuestas de proyectos ecoproductivos, resultado de los estudios de diagnósticos y ordenamiento ecológico, donde se tienen proyectos agrosilvopastoriles, siembra de leguminosas intercaladas con cultivos de maíz, calabaza, chile y frijol (policultivos) integrados a sistemas de acuacultura en zonas aptas. Actualmente se tienen 107 programas comunitarios y la formulación y ejecución de 557 proyectos ecoproductivos. En el caso de las acciones dirigidas a las poblaciones indígenas, partir de 1996 el INI apoya proyectos productivos sustentables en las siguientes vertientes: agricultura orgánica, conservación de suelos, vermicomposteo, reforestación, rescate, conservación, manejo y aprovechamiento de especies de flora y fauna de importancia, educación ambiental y ecotécnicas para riego. La estrategia nacional sobre agricultura sostenible y desarrollo rural está plasmada en el Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000, que parte de las directrices señaladas para el sector en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, y su ejecución compete a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR). Sus objetivos son: a) incrementar los ingresos netos de los productores y contribuir al combate de la pobreza rural con acciones de fomento productivo; b) Aumentar la producción agropecuaria por encima del crecimiento demográfico, con un uso racional de los recursos naturales; c) Contribuir a la seguridad alimentaria del pueblo mexicano, mediante el abasto de productos básicos agropecuarios; y d) Coadyuvar a superar el déficit estructural de la balanza comercial agropecuaria. Para materializar los cambios de estructura y de funcionamiento del aparato productivo agropecuario se elaboraron y fortalecieron programas específicos, entre los cuales destaca el denominado PROCAMPO. Este funciona desde el ciclo agrícola Otoño-Invierno 1993/94, como apoyo directo al ingreso de los productores agrícolas que, en el periodo 1991-1993, dedicaban sus tierras al cultivo de productos que anteriormente eran apoyados mediante el sistema de «precios de garantía»: maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, cebada, soya, algodón y cártamo. Actualmente el PROCAMPO constituye uno de los instrumentos más importantes del sector, cuyos propósitos se amplian para contribuir a reactivar la producción, a promover la reconversión productiva y la capitalización, y a fomentar el uso racional de recursos naturales. Además, protege las tierras agrícolas frágiles inscritas en el programa.
 

concepto
unidad
PV 1998
OI 1998/99
suma
proyectos ecológicos procampo
Predios Número 592 156  
Superficie Hectáreas 2,551 3,540  
plantaciones forestales y xerófilas
Predios Número 4,620 287  
Superficie Hectáreas 19,601 666  
(ASERCA: Of. FOO.3/2233/99).
A través del Programa denominado PROCAMPO se han generado apoyos para los agricultores, consistentes en una cuota por hectárea cultivada, sin restricción por tipo de cultivo, con la excepción de aquellos prohibidos por la ley (enervantes), lo que ha permitido que los beneficiarios de este Programa dediquen sus tierras al cultivo que mejor les convenga, y en consecuencia, de manera gradual, se ha manifestado una diversificación de la producción en el área apoyada. Asimismo, a partir de 1995 se estableció el Programa de Alianza para el Campo, el cual contempla acciones importantes tales como: establecimiento de praderas, programa lechero, fertilización, salud animal, sanidad vegetal, apoyo al desarrollo rural, capacitación y extensión, empleo temporal, entre otras, las cuales coadyuvan al desarrollo rural sustentable. El trabajo está canalizado a efectuar acciones interinstitucionales para: a) trasformar y revalorizar el medio rural, b) considerar la sustentabilidad ambiental del modo de desarrollo rural, c) lograr mayor equidad en el desarrollo de las diferentes regiones rurales del país y las relaciones entre el campo y las ciudades. Uno de los compromisos establecidos en la Cumbre Mundial de la Alimentación, es hacer posible que los hogares, las familias y las personas expuestas a la inseguridad alimentaria satisfagan sus necesidades alimentarias y nutricionales y tratar de prestar asistencia a quienes no estén en condiciones de hacerlo. Por ello, la actual administración ha instrumentado programas de alimentación y abasto social y, simultáneamente, ha iniciado un proceso de revisión para vincularlos con acciones integrales de educación y salud que permitan romper el círculo de la pobreza extrema. De esta manera, se han puesto en marcha programa sociales que permiten atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Estos programas incluyen desayunos escolares; asistencia social alimentaria a familias; cocinas populares y unidades de servicios integrales; dotación de leche; suministro de tortillas sin costo a familias de escasos recursos; y abasto social del Sistema de Distribución de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Diconsa). Asimismo, se encuentra en operación el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el cual permitirá la integralidad de las acciones de educación, salud y alimentación. Una de las principales acciones para reforzar los sistemas de producción de alimentos se encuentra en la ejecución del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural, a través del cual se promueve la adquisición de equipos versátiles y de bajo costo, la incorporación de procesos de producción sostenibles y la cultura de la producción de traspatio para fortalecer la dieta y la economía familiar. Por otra parte, el Programa de Abasto Rural de la Distribuidora Conasupo está orientado a garantizar el abasto de productos básicos y complementarios no perecederos, con oportunidad, suficiencia y calidad, a precios competitivos para satisfacer la demanda de la población en pobreza extrema ubicada en zonas rurales de difícil acceso y sin fuentes alternativas de abasto, mediante la participación organizada de la comunidad. Como parte de la revisión y adecuación de la política gubernamental en materia de seguridad alimentaria se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 31 de marzo de 1999, las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa y sus filiales. Asimismo, a través de los proyectos de desarrollo regional sustentable de Semarnap se ha logrado fortalecer la capacidad de los sistemas locales de producción y distribución de alimentos, por medio de la capacitación y asistencia técnica para la formulación y ejecución de proyectos productivos comunitarios y proyectos productivos estratégicos. El Instituto Nacional Indigenista lleva a cabo el Programa de Albergues Escolares Indígenas, el Programa de Ayuda Alimentaria a Comunidades Indígenas de Extrema Pobreza, el Programa de Desayunos Escolares y el Programa de Educación Básica, donde se provee a los niños indígenas de despensas conteniendo alimentos de la dieta básica, para poder asistir a la escuela. El Programa de Alimentación y Nutrición Familiar (PANF) está compuesto por dos subprogramas: Raciones Alimenticias y Programa de Asistencia Social Alimentaria. A través de éstos se atiende el estado nutricional de los grupos más vulnerables de la población y orienta sus acciones a la educación, salud y alimentación, particularmente en las comunidades indígenas, zonas rurales y urbanas marginadas, a los menores de 5 años, así como a los niños de preescolar, primaria y a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Tanto en el Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 1995-2000, como en el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 se reconoce que existe un uso inadecuado del recurso tierra y que el deterioro ambiental en el campo es un fenómeno extendido a toda la producción agrícola en general, y no sólo a la que realizan los campesinos pobres; por ello, en adelante, el crecimiento de la producción descansará en un uso más productivo, intenso y sustentable de los limitados recursos disponibles. Dentro de los programas de desarrollo rural de la SAGAR se encuentran aquellos que permiten que la población de bajos recursos acceda a los beneficios de la política agrícola. A continuación se describen algunos de ellos: Para apoyar a la población indígena, desde hace 10 años se ha promovido la formación de empresas sociales a través del programa Fondos Regionales, uniones de crédito, fondos de aseguramiento para ser administrados por las organizaciones indígenas. Actualmente, estos programas se fortalecen con los de Empleo Temporal, Crédito a la Palabra, Fondo Nacional de Empresas Sociales, Banco de México y Nacional Financiera. Además de los sistemas fotovoltáicos instalados por CFE y por otros privados, se han instalado sistemas fotovoltáicos aislados en zonas rurales de la República Mexicana, como los de los programas desarrollados por organismos gubernamentales relacionados con el medio rural, tales como el del FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido), quienes, apoyados en algunas entidades internacionales, han realizado una serie de proyectos en actividades productivas del campo, como el desarrollo de 184 proyectos rurales en los estados de Chihuahua, Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán, con un total de más de 112 kW instalados. En lo que respecta a sistemas híbridos, se cuenta con seis proyectos de este tipo, que tienen como fuentes energéticas paneles fotovoltáicos y generadores eólicos, respaldados por generadores diesel. Estos proyectos localizados en diversas zonas de la República Mexicana suman un total de 211 kW instalados con energías renovables. Los proyectos que México tiene con respecto a la retención del CO2 están a cargo la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Semarnap y se refieren a la retención de CO2 en sumideros y plantaciones forestales únicamente. Asimismo, a través de los Proders, la Semarnap participa de la política gubernamental para la retención de CO2 en los suelos (humus), mediante el mejoramiento de las prácticas de cultivo y ordenación del suelo. Estas prácticas pueden incluir, métodos de cultivo que promueven la conservación del suelo; gestión de los residuos de las cosechas y otros componentes de la biomasa; cultivo de variedades que componen la cubierta vegetal; utilización racional de insumos agrícolas; mejoramiento de los sistemas y variedades de cultivo; conservación y ordenación de los recursos hídricos; mejoramiento de las tierras de pastoreo; y rotación del pastoreo. Estas acciones forman parte de las propuestas técnicas de programas regionales y comunitarios y se ejecutan a través de los proyectos productivos comunitarios y estratégicos. Dentro de las acciones de los Proders de la Semarnap se encuentra el promover la diversificación de cultivos. El cultivo de vainilla y de pita se han constituido en experiencias de tecnologías alternativas exitosas. Los Proders promueven la explotación sostenible de tierras productivas mediante el manejo de los sistemas agrícolas integrados a sus características geográficas, ecológicas y sociales. El manejo de los sistemas productivos se integra a proyectos de prevención de erosión, control de escorrentías, aprovechamiento y reutilización del agua, nutrientes y de la cubierta vegetal. El Programa de Empleo Temporal busca suplir transitoriamente la carencia de fuentes de empleo e ingreso en las zonas rurales marginadas. Se canalizan recursos que favorecen la recreación de los circuitos de actividad económica local cuando la estacionalidad de las actividades agrícolas, la sequía o las temporadas agrícolas generan una reducción en la demanda de trabajadores. Dentro de las acciones que involucra dicho programa están: brechas corta fuego, conservación y vigilancia de flora y fauna silvestre, fomento agrícola y pecuario, conservación del suelo y agua, y mejoramiento de corrales, entre otras. El Programa Nacional de Modernización de Áreas Rurales ha alcanzado los siguientes resultados: Dentro del componente de sanidad vegetal del Programa Alianza para el Campo, se establece como entidad operativa a los productores constituidos en Juntas Locales de Sanidad Vegetal. Asimismo, este documento señala la necesidad del establecimiento de medidas preventivas para evitar la introducción y daño de plagas no presentes en el agro mexicano. Entre las principales medidas preventivas contempladas sobresale el uso de variedades tolerantes o de calidad fitosanitaria para los cultivos de cítricos, cebada, trigo, cocotero y plátano, entre otros más. Se está instrumentando un programa sobre el buen uso y manejo de plaguicidas, y también se está realizando un programa intenso sobre el manejo de embases y embalajes de plaguicidas utilizados para el combate de plagas de importancia económica. La CNA ha establecido, dentro del Programa de Alianza para el Campo, la intervención de los productores y de los Gobiernos de los Estados, participando peso a peso en el costo de las obras, a través de los programas de rehabilitación y modernización de los distritos de riego, de desarrollo parcelario, del uso eficiente del agua y la energía eléctrica y de uso pleno de la infraestructura hidroagrícola, en donde se firman convenios de participación con los Gobiernos de los Estados. Mediante esta fórmula, se logra duplicar la inversión, ya que por cada peso que aporta el Gobierno Federal a través de la CNA, los Gobiernos de los Estados y los usuarios aportan otro peso, en una mezcla de recursos. Entre 1992 y 1994 el Gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la SEDESOL, instrumentó un programa tendiente a abatir el índice de población sin electrificación, generalmente población de escasos recursos y que habita zonas marginadas y de difícil acceso, a los cuales llevarles el servicio es bastante complejo y costoso. Este programa consistió en la instalación de alrededor de 42,000 sistemas fotovoltáicos aislados unifamiliares. Por parte del sector privado se han instalado alrededor de otros 8,000 sistemas. Estos sistemas, básicamente, están compuestos por un módulo solar mono o policristalino de 48 a 75 watts, que proporciona alrededor de 5 horas diarias de iluminación a plena carga. A partir de marzo de 1995, ha correspondido a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) fomentar el uso, aplicación y desarrollo de las energías renovables en México. Dentro de las acciones realizadas por ésta, se ha mantenido una consulta permanente para recoger las experiencias y opiniones de las instituciones y empresas más distinguidas en el área. La Semarnap ha puesto en marcha el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000, que tiene como propósitos generales establecer incentivos para la configuración de intereses privados y públicos a favor de la conservación, y el abrir nuevas oportunidades de generación de ingresos, de empleos y de divisas en las áreas rurales de manera entrelazada con la conservación de grandes extensiones de hábitat para la vida silvestre. De esta manera se pretende contribuir a la disminución de las probabilidades de extinción de especies de alto significado, fomentando su recuperación al propiciar la continuidad de procesos naturales en todos los ecosistemas, con la participación más amplia de la sociedad, con una renovada eficiencia administrativa y con una sólida y cada vez más extensa información económica, técnica y científica. La actual administración tiene como una de sus prioridades la reducción de los procesos de deterioro de los suelos, con el objeto de recuperar y optimizar la capacidad de las tierras y mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas. En el último año, a través del Programa de Manejo de Tierras en la modalidad de Proyectos Ecológicos, se promovió entre los productores de áreas marginadas, la adopción de prácticas productivas sustentables, para lo cual se pusieron en marcha 2,352 programas en 17,594 hectáreas, representando un incremento del 64% con respecto a los correspondientes al periodo anterior. Una de las metas de este Programa es reconvertir 7,200 ha, desde el punto de vista de zonas áridas. Dentro de este objetivo, en 1999 se puso en marcha el Programa Intersecretarial Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva, destinado a promover e impulsar la incorporación de los procesos productivos sustentables y reemplazar las prácticas agropecuarias inadecuadas y riegosas como la roza-tumba-quema por la roza-tumba-pica. La estrategia del Programa contempla: diversificación productiva, obtención de forrajes para zonas templadas, prevención y combate de incendios forestales, sedentarización de la agricultura itinerante, promoción de prácticas agrícolas e integración de cadenas productivas. Se plantea entre 1999 y 2000 atender aproximadamente 2 millones de hectáreas y un presupuesto de poco más de 1900 millones de pesos, que beneficiarían a 493 mil productores.

Status
Situación General

Desde hace dos décadas la superficie nacional dedicada a la agricultura es de aproximadamente 20 millones de hectáreas. Sólo una cuarta parte son tierras con pendientes que permiten la mecanización y cuentan con sistemas de riego. El resto, se ubica mayoritariamente en pendientes abruptas de gran fragilidad y fácilmente erosionables. El maíz y el frijol representan el 60% de la superficie cultivada, cubriendo alrededor de 10 millones de hectáreas. En 1995 la población rural (residentes en localidades menores a 2500 habitantes) representaba alrededor de 23 millones de personas, equivalente al 30% de la población nacional. De 1970 a 1995 las unidades de producción rural pasaron de 3 a 4.5 millones, mientras que la superficie cosechada creció sólo 18.8% entre 1970 a 1990. Asimismo, la Población Económicamente Activa dedicada a actividades agropecuarias pasó de 24.1% en 1995 a 20.0% en 1998. Mediante una serie de programas específicos, se propone incrementar los ingresos de los productores y apoyar en la realización de inversiones que requieren el cambio tecnológico, y en la capitalización de sus unidades de producción, fortaleciendo así su capacidad productiva y su patrimonio. El último informe de gobierno (1998-1999) señalan que, de 1995 a 1998, la producción de granos básicos y oleaginosas registró una tasa media de crecimiento anual del orden del 2.5%, y entre 1996 y 1998 se lograron las dos cosechas más altas de estos productos. Para el año agrícola de 1999 se espera lograr una producción de 31 millones de toneladas, que representa 0.7% superior a la generada el año pasado. Esta producción se alcanzará pese a la reducción del 1.8% en la superficie cosechada en el ciclo otoño-verano 1998-1999, como resultado de la grave sequía que afectó la región norte del país. El manejo integrado de plagas busca la optimización del control de los problemas fitosanitarios en forma económica y ecológicamente sensata, y consiste en la determinación de muestreo, evaluación económica de las poblaciones de la plaga, capacitación y divulgación de las principales estrategias o métodos preventivos y de control hacia todos los sectores involucrados en determinado sistema producto agrícola. Éste se ha establecido con base en convenios de concertación, que tenían como características la colaboración tripartita en el financiamiento de los programas de sanidad vegetal (gobierno federal, estatal y productores), pero siempre los productores han sido los encargados de operar las estrategias que determina el gobierno federal, con base en estudios de costo-beneficio y, considerando los aspectos económicos, ambientales y sociales.De igual forma, en los métodos de control se promueve el uso de enemigos naturales de la plaga y en caso de no contar con el material biológico necesario para implementarlo en la superficie afectada, se desarrollan proyectos de investigación y reproducción de este tipo de organismos benéficos. La atención integrada de plagas se ha dado desde 1949 en forma concientizada por los productores, mediante la promoción y constitución de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal que contienen injerencia de manera importante en las principales zonas agrícolas de cada entidad federativa. Aproximadamente 19% de los menores de 5 años que viven en las localidades rurales altamente marginadas en las que habitan las familias en condiciones de pobreza extrema padecen desnutrición de tipo moderada o severa. A través de las diferentes estrategias del Progresa se estima que en un periodo de dos años la proporción de niños con desnutrición severa o moderada de estas localidades habrá disminuido más de 15 %. Progresa otorga, a través de los centros de salud, diferentes servicios de atención básica a la salud entre los que se encuentran las acciones destinadas a prevenir los casos de desnutrición infantil, incluyendo vigilancia de la alimentación; control de crecimiento, peso y talla de los menores y educación en materia de salud, higiene y nutrición. La vigilancia mensual del estado nutricional de los menores y las madres permite identificar los casos de desnutrición para ser atendidos oportunamente. Los niños y niñas con algún grado de desnutrición reciben el suplemento alimenticio y deben asistir a consulta para darles seguimiento. Una vez que el niño alcanza su peso normal, debe continuar con la vigilancia nutricional mensual y con la entrega del suplemento durante seis meses continuos. Para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se otorga también un suplemento alimenticio especialmente diseñado para sus requerimientos nutricionales. En la actualidad, se distribuyen cada mes 6.7 millones de sobres de suplemento alimenticio a niños y 3.2 millones a mujeres embarazadas o en lactancia. Cada sobre equivale a cinco dotaciones diarias del suplemento. El apoyo monetario alimentario se otorga a las familias beneficiarias con el fin de mejorar la cantidad y la diversidad del consumo de alimentos. Este apoyo se vincula con la atención a la salud ya que se promueve que todos los miembros de las familias cumplan con el compromiso de asistir periódicamente a las unidades de salud para la revisión y seguimiento de su estado de salud y nutrición. La Semarnap, por su parte, propone restituir los mecanismos comunitarios de control en las prácticas agrícolas, ganaderas y de manejo forestal a partir de la revisión de la práctica de Roza-Tumba y Quema, y su mejoramiento sustentable. De igual manera, promueve la restauración ecológica a través de la instrumentación de acciones necesarias para la recuperación de las condiciones que permitan la continuidad de los procesos naturales, así como la vigilancia para evitar el cambio de uso de suelo en las zonas sujetas a siniestros ambientales como el de los incendios registrados en las últimas temporadas. Respecto a la rehabilitación de tierras, dentro de la política de desarrollo de pueblos indígenas, se apoyan proyectos ecológicos desarrollados por organizaciones indígenas que incluyen la reconversión productiva, conservación de suelos, cuencas, microcuencas, de reforestación, entre otros. Además, se gestionan apoyos más amplios para la conservación y mejoramiento de tierras agrícolas. Con base en los acuerdos de colaboración suscritos por la Sagar y Semarnap se elaboró una propuesta conjunta para incorporar criterios de sustentabilidad en la actividad agrícola y para la conservación de tierras. El actual programa de gobierno del sector agrícola señala, entre sus directrices, la necesidad de favorecer nuevas oportunidades de desarrollo económico a través de la diversificación productiva en la actividades ganaderas y agrícolas en México, con base en la conservación de germoplasma y el aprovechamiento de especies de interés ecozootécnico, cinegético y florístico. De igual manera, con el Programa de Tecnificación de Riego se propone incrementar la eficiencia de la conducción y propiciar un ahorro de agua, lo que se traducirá en un incremento en el índice de utilización de tierras de 30%. Existen otras tareas relevantes, como la de llevar a cabo acciones dirigidas a apoyar y propiciar las acciones de rescate y conservación de material genético de especies de flora y fauna en peligro de extinción y endémicas de interés para las comunidades indígenas y estimular la formación de bancos de germoplasma y fomentar los ya establecidos, así como la conservación y rescate de recursos naturales. Las siguientes son las tendencias de la disponibilidad de energía para uso doméstico en las zonas rurales desde la celebración de la Conferencia:

La CFE continúa aplicando las mismas políticas que le dieron origen: promover la electrificación de todo el país. Actualmente el servicio de energía eléctrica llega a 110,426 poblaciones rurales, aunque aún falta electrificar 82,342 comunidades que van desde una hasta 20 viviendas. En lo que respecta a la energía eólica, adicionalmente a la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad, la capacidad de generación mediante aerogeneradores y bombas de agua accionadas por turbinas eólicas se ubicó en 2,400 kW. Se considera que la mayoría de éstos se aplican a zonas rurales pero no se distinguen con precisión las cifras. Con referencia a otras tendencias de la disponibilidad de energía para uso doméstico en las zonas rurales, se contestó con anterioridad lo relativo a sistemas fotovoltáicos. Las siguientes son las tendencias de la disponibilidad de energía para las agroindustrias rurales en los últimos ocho años: De acuerdo a cifras reportadas en el Balance de Energía 1997, editado por la Secretaría de Energía (página 66), el consumo final de energía en el sector agropecuario en los últimos diez años indica claramente la tendencia a la alta en este sector, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde también se puede ver la tendencia en el consumo final del bagazo de caña, principalmente en la industria azucarera, a lo largo de los últimos años.
 
Año
Electricidad*
%
Bagazo de caña (biomasa)

(Consumo final)

(PJ)

Tendencia
1986
19.487
---
78.840
---
1987
21.622
11%
88.848
13%
1988
23.072
6.706%
78.620
-12%
1989
25.978
12.595%
76.354
-3%
1990
24.145
-7.056%
72.867
-5%
1991
23.389
-3.131%
84.192
16%
1992
20.419
-12.698%
77.481
-8%
1993
21.312
4.373%
86.012
11%
1994
23.584
10.661%
72.148
-16%
1995
24.084
2.120%
84.032
16%
1996
27.155
12.7515
83.247
-1%
1997
27.544
1.4335
91.372
10%
% Significa el porcentaje de incremento o decremento de la energía analizada en relación al año anterior correspondiente

* La electricidad es la correspondiente al consumo final de energía en el sector agropecuario sin considerar la autogeneración

De acuerdo a cifras reportadas en el Balance de Energía 1997 (página 58), la biomasa (bagazo de caña) participó con 95.9 PJ en la producción de energía primaria, lo que representó el 1%, del total de 9,354.5 petajoules reportados para este año. Actualmente se está desarrollando un proyecto mediante el cual se analiza la situación energética actual del sector azucarero, para determinar la viabilidad técnico-económica a nivel nacional de implantar sistemas modernos de cogeneración en esta industria, utilizando biomasa cañera y evitando así el consumo actual de combustóleo. También se están planeando acciones en conjunto con GEPLACEA, para determinar la viabilidad de sustituir combustibles fósiles en el transporte y en la industria por etanol. En el país se han aplicado medidas tales como promover proyectos de aprovechamiento de energía minihidráulica y eólica, el Anteproyecto de Normalización de Sistemas Solares de Calentamiento de Agua con lo cual se busca disminuir el consumo de gas LP, en zonas urbanas. En lo que respecta a la biomasa, si bien no se cuenta con un programa que contemple su utilización, existe gestión de los residuos de las cosechas y otros componentes de la biomasa, dentro del proyecto del aprovechamiento de biomasa cañera, y se hacen propuestas para el mejor uso energético de ésta y del suelo empleado para su producción. Asimismo, se pretende cambiar el sistema de corte de caña de azúcar, consistente en la quema de ésta, por la de cosecha en verde, lo que trae consigo el aprovechamiento integral de la biomasa. Debido a las consecuencias catastróficas del sismo de 1985, en México surgieron diversas iniciativas para crear una institución que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres. Por un lado, el Gobierno Federal emprendió la tarea de establecer el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Por otra parte, el Gobierno de Japón ofertó su apoyo para mejorar los conocimientos existentes en relación con la prevención de desastres sísmicos. Finalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió impulsar a su personal académico de alto nivel para que se dedicara a actividades de investigación y desarrollo en prevención de desastres. Las tres iniciativas concurrieron en la creación, el 19 de septiembre de 1988, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), con carácter de órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación. El CENAPRED fue inaugurado el 11 de mayo de 1990, con el objetivo de promover la aplicación de las tecnologías para la prevención y mitigación de desastres; impartir capacitación profesional y técnica sobre la materia, y difundir medidas de preparación y autoprotección entre la sociedad mexicana expuesta a la contingencia de un desastre. Dentro de las acciones para el combate a la pobreza existen apoyos para productores del campo de baja capacidad productiva. Así, por ejemplo, el Programa de Desarrollo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas, representa uno de los programas operativos de la Alianza para el Campo. Su orientación consiste en atender a las regiones de "alta marginación y "muy alta marginación", con fuerte presencia de población indígena, en los aspectos productivo, social y ambiental. En este último año, la atención a grupos marginados se amplió a 29 regiones en 14 estados de la República. En ellas se realizan 825 pequeñas obras de infraestructura agropecuaria, 1,638 proyectos, 153 estudios técnicos y 2,349 cursos de capacitación; asimismo, se atiende la producción de básicos en 19,862 hectáreas y se apoya la adquisición de 6,343 paquetes agropecuarios y de traspatio. Lo anterior en beneficio de 31,900 productores y sus familias. Por otra parte, para la atención en materia de salud, educación y alimentación, la meta establecida por Progresa para diciembre de 1999, es la cobertura de 2.6 millones de hogares que viven en condiciones de pobreza extrema. La infraestructura hidroagrícola constituye un elemento primordial para el logro de los objetivos en materia alimenticia, de incremento del ingreso, de generación de empleo y del mejoramiento del nivel de vida rural. Aproximadamente el 76% del agua que se consume en México es para el riego de cultivos, el 17% para el abastecimiento de agua por medio de redes públicas a las poblaciones, el 5% para industrias que tienen su propio sistema de abastecimiento y el 2% para otros usos. En los últimos setenta y tres años la superficie bajo riego aumentó de 750 mil hectáreas que existían en 1926 a más de 6 millones con que se cuenta en la actualidad. En estas superficies se cosecha anualmente en promedio 5 millones 300 mil hectáreas, con un consumo de agua cercano a los 70 mil millones de metros cúbicos, y una eficiencia global estimada en 40%. En México, el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola ha sido fundamental para mejorar el bienestar de sus habitantes, así como para impulsar el progreso económico y crear fuentes de empleo. Con el agua de riego se genera el 57% de la producción agrícola nacional y el 70% de los productos agrícolas de exportación. Sin embargo, debido a las altas tasas de crecimiento de la población, sobre todo en el periodo 1940-1998, en que se pasó de 19.6 a 95.4 millones de habitantes, se propició por consiguiente, un incremento en la demanda de productos agropecuarios en la misma proporción, que ha generado también una mayor demanda de agua. Cabe mencionar que debido al aumento de la cuota por servicio de riego, el grado de autosuficiencia financiera de los distritos pasó del 43% en 1989, año en que se inició la transferencia, al 76% en 1998. Asimismo, al incrementarse las inversiones de las Asociaciones de Usuarios en la operación y conservación de los Distritos de Riego, los recursos fiscales que el Gobierno Federal, a través de la CNA destinaba a estos conceptos se están aplicando al Programa de Desarrollo Parcelario, así como al de Rehabilitación y Modernización de estos Distritos, beneficiándose 1.3 millones de hectáreas de 1991 a 1998, rescatando con esto importantes volúmenes de agua, gracias al esfuerzo de los productores, que en los periodos de sequía han colaborado usando en forma eficiente el recurso. Para los Distritos de Temporal Tecnificado, al igual que en los Distritos de Riego, se está siguiendo la misma política de transferencia a los usuarios organizados en Asociaciones Civiles para que efectúen la conservación y administración de la infraestructura, éste proceso se inició en el año de 1996 y al 31 de diciembre de 1998 se ha logrado transferir una superficie de 1.3 millones de hectáreas, lo que representa el 60% de la superficie total nacional construida. Para satisfacer la demanda de alimentos, el Gobierno Federal se ha esforzado por incrementar la infraestructura de riego y drenaje en la medida de la disponibilidad de los recursos. A la fecha se cuenta con 6.3 millones de hectáreas, de las cuales el 54% corresponde a 81 Distritos de Riego y el 46% a 39 mil Unidades; asimismo se encuentra bajo condiciones de temporal una superficie de 15.8 millones de hectáreas, de las cuales en el Trópico Húmedo existe un potencial de 7.5 millones de hectáreas que podrían ser aprovechadas bajo condiciones de temporal tecnificado y de éstas 2.2 millones de hectáreas se encuentran en operación en 16 Distritos.

Challenges
Desafíos

Debido al grave problema que el país enfrenta por la escasez de recursos, existen severas limitaciones para la conservación y crecimiento de su infraestructura. Por tal motivo, se buscaron esquemas financieros adicionales para seguir creciendo y construir los grandes proyectos que el país demanda.

Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

El Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) de la Semarnap realiza actividades dirigidas principalmente a organizaciones de productores del sector social (ejidos, comunidades, pequeños propietarios, cooperativas, entre otros), poseedores del 80% de los recursos naturales. El programa está orientado a la reconversión productiva incorporando metodologías de planeación y principios de manejo sustentable de recursos naturales a través del conocimiento y aplicación de los instrumentos de política ambiental y de desarrollo comunitario, así como a la aplicación de técnicas de manejo sustentable y de aprovechamiento integral y diversificado de los recursos. Se desarrolla a nivel nacional en estrecha coordinación con las delegaciones federales de la Secretaría en los estados. Los programas de educación y capacitación ambiental coadyuvan a atacar las causas de la problemática de las zonas rurales de nuestro país. Los temas de mayor importancia son: restauración y conservación ecológica en bosques y selvas; conservación y regeneración de suelos agrícolas; gestión ambiental en los tres niveles de gobierno; planeación en el manejo de recursos para proyectos productivos; tecnologías agrícolas y silvícolas alternativas (orgánicas, agroforestería y reducción en el uso y manejo de agroquímicos); mejoramiento de infraestructura hidráulica; aprovechamiento integral de los recursos naturales; reforestación y conservación de la zona forestal; aprovechamiento pesquero y acuícola, así como el desarrollo de técnicas pesqueras; manejo y conservación de la biodiversidad regional; instalación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales; formación de promotores comunitarios; ecoturismo; diseño e instrumentación de proyectos de conservación y restauración ambiental en los ámbitos regional y comunitario; organización para la producción; talleres sobre desarrollo sustentable y consolidación de las redes de educadores ambientales locales y regionales. Por su parte, INI promueve la realización de foros, talleres, cursos, conferencias, encuentros e intercambios de experiencias entre productores, organizaciones indígenas y no gubernamentales, académicos y funcionarios públicos encargados de la gestión ambiental, así como la participación de organizaciones indígenas en seminarios nacionales e internacionales. Para el manejo integrado de las plagas, se han desarrollado cursos de capacitación dirigidos a productores de los cultivos de café, cítricos, plátano, cebada, trigo, sorgo, maíz, frijol, algodón, entre otros, con un alcance anual en promedio de 80,000 productores. Dentro de los principales logros alcanzados destaca el establecimiento de programas de producción de material propagativo con tolerancia de plagas en café, cítricos, cocotero, cebada y trigo, así como el establecimiento de métodos de trampeo para mosquita blanca, broca del café y picudo del algodonero. Asimismo, cabe señalar, que la superficie atendida anualmente es en promedio de 5,'000,000 de hectáreas cultivadas. Los costos por capacitación en manejo integrado de plagas, son en el ámbito estatal de $300.00 M.N. en promedio, mientras que en los de orden nacional, tienen un costo en promedio de $2,500.00 M.N.

Information
Información

Se publica anualmente un manual en el que se señala la lista de agroquímicos, sus categorías toxicológicas, límites máximos y mínimos de residuos, así como el intervalo de seguridad de acuerdo al tipo de cultivo; adicionalmente se menciona cuales plaguicidas son de uso restringido, las precauciones, el manejo de los mismos y algunas recomendaciones de primeros auxilios. La SAGAR cuenta con un sistema de información agropecuaria operado por cada una de las entidades federativas e integrado por el Centro de Estadística Agropecuaria. La información que se integra a nivel central es la considerada básica para el análisis del mismo sector y elemento de juicio para políticas nacionales. Esta información se encuentra por producto a nivel estatal y las variables principales son la producción, superficie y precios en el caso del sector agrícola y, producción y precios para el sector pecuario. La información a detalle, como son los niveles de fertilización y control de enfermedades, así como del uso del recurso agua, lo manejan internamente los estados, sin que esta información esté sistematizada y de fácil disponibilidad. Con respecto a la de nivel nacional, ésta se encuentra en la página Web www.sagar.gob.mx/. Los Proders de la Semarnap tienen su sitio web en la siguiente dirección: www.semarnap.gob.mx/proders. Se tiene además un foro electrónico de discusión de los Proders: proders@hp.fciencias.unam.mx. El Gobierno de Mexico ha emprendido las actividades siguientes para analizar y recoger información sobre diversos sistemas y tecnologías de producción:

Otras actividades: a) los Proders han contratado estudios con instituciones académicas para la evaluación de los programas. Se tiene por ejemplo un estudio denominado "Informe de Evaluación Económica de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable a nivel Comunitario 1996", elaborado por el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, diciembre 1998); b) la SAGAR cuenta con información sobre los modos de producción de los distintos niveles tecnológicos aplicados en los cultivos básicos y parte de esta información son los tiempos y cantidades utilizadas en insumos y labores. Pero no se tienen series completas, sino datos aislados en el tiempo de pocos productos. Conjuntamente con la Semarnap, dentro del proyecto de Agricultura Sustentable, la SAGAR está construyendo los indicadores de índices de uso de fertilizantes y pesticidas. Sin embargo, se tiene dificultad en la determinación de los volúmenes totales consumidos, ya que no son necesariamente sólo los producidos en el país. En la actualidad se trabaja en el desarrollo de indicadores de sustentabilidad siguiendo el marco metodológico planteado por la Comisión de Desarrollo Sustentable. Al respecto se han identificado los siguientes indicadores: utilización de plaguicidas agrícolas; utilización de fertilizantes; tierras de riego como porcentaje de las tierras cultivables; utilización de la energía en la agricultura; superficie cultivable por habitante; superficie de tierras afectadas por la salinización y anegamiento; y educación agrícola. Los anteriores indicadores forman parte del Reporte de Indicadores de Sustentabilidad en México que se dará a conocer en el primer semestre del año 2000 por medios impresos y electrónicos a través de las páginas Web del Instituto Nacional de Ecología y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Como parte de los indicadores de vigilancia y evaluación de sus operaciones, Progresa cuenta con un sistema de monitoreo semestral que se aplica en un conjunto de localidades seleccionadas, en el cual a través de la Encuesta de Evaluación de los Hogares se captura información sobre indicadores de bienestar y consumo en los hogares beneficiarios y a nivel de las comunidades en donde opera el Progresa, así como también de los hogares que viven en otras comunidades de similares características en donde Progresa no otorga beneficios, con la finalidad de disponer de una base de comparación para la medición de los impactos del Programa. Los Proders de la Semarnap han desarrollado indicadores en las esferas social, productiva y ambiental a través de los estudios de diseño y evaluación: La información anexada se refiere a la producción de fertilizantes, insecticidas y plaguicidas del año de 1992 a 1997. La información es generada por el INEGI a través de su Encuesta Industrial mensual. El país cuenta con sistemas de información climáticos y meteorológicos, los cuales están a disposición de usuarios por diversos medios como son la televisión y radio locales de las distintas regiones. Asimismo, las organizaciones de productores y autoridades regionales tienen acceso a información de este tipo por medio de Internet en la página Web de la SAGAR: www.sagar.gob.mx, de la Semarnap: www.semarnap.gob.mx, y de la Segob: www.gobernación.gob.mx. En el contexto de la Red Global de Información sobre Desastres Naturales, diversas secretarías (Semarnap, SSA, SRE, SCT) trabajan en el Sistema de Información para el Manejo de Desastres.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y PLAGUICIDAS SEGÚN TIPO DE PRODUCTO1992-1997 (Toneladas)

PRODUCTO
1992
1993
1994
1995
1996
1997 P/
Fertilizantes nitrogenados
2,244,884
2,499,952
2,609,659
2,456,553
3,058,742
2,422,326
Sulfato de amonio
586,137
940,332
950,244
863,715
1,069,800
894,817
Nitrato de amonio
127,248
171,397
235,927
227,770
428,965
424,947
Urea
1,531,499
1,388,223
1,423,488
1,365,068
1,559,977
1,102,562
Fertilizantes fosfatados
533,373
517,038
766,475
828,983
959,632
728,314
Superfosfato simple
61,844
-
-
-
-
-
Superfosfato triple
107,273
130,165
201,463
123,171
310,209
287,855
Fórmulas y complejos
364,256
386,873
565,012
705,812
649,423
440,459
Insecticidas
14,471
17,809
19,986
16,378
22,033
18,575
Agrícola líquido
4,856
6,566
7,454
6,578
8,393
8,822
Agrícola en polvo
9,615
11,243
12,532
9,800
13,640
9,753
Herbicidas y defoliantes
10,685
12,676
11,077
10,724
12,508
13,080
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadística. Encuesta Industrial Mensual

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

Para conciliar las controversias entre sustentabilidad y crecimiento de la producción agrícola se están promoviendo tecnologías favorables al medio ambiente dentro del proceso productivo, lo que ha significado una gradual reconversión productiva orientada a reconocer la dimensión ambiental, el valor del conocimiento agrícola local, así como rescatar y mejorar las técnicas tradicionales, maximizando el uso de la biodiversidad. En concordancia con lo anterior, en el diseño de la política de desarrollo rural impulsada por la SAGAR, se están considerando los siguientes aspectos: 1) inducción y demostración local de técnicas de agricultura sustentable acompañada del mejoramiento del capital humano a través de una capacitación a los productores con una orientación empresarial y una visión de aprovechamiento de largo plazo; y 2) incorporación de nuevas tecnologías que corresponden a la heterogeneidad productiva del país, y que apoyan la producción campesina y garantizan un desarrollo sustentable. Con relación a las medidas para aumentar la disponibilidad del agua para la agricultura, así como para mejorar la eficiencia de su utilización en este sector, se aplicó el sistema de cómputo SPLAD-ZR, desarrollado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), lo cual permitió elaborar un estudio de factibilidad considerando diferentes niveles de tecnificación, grados de flexibilidad en el manejo del agua e inversiones; asimismo, se transfirió y validó el sistema de cómputo denominado Sicode en una parcela experimental en el distrito de riego 038, Navojoa, Sonora, obteniéndose un ahorro de agua del 37% aproximadamente, respecto de una parcela testigo; mientras que en el distrito de riego 066, Valle de Santo Domingo, Baja California Sur, se realizaron proyectos ejecutivos de tecnificación de riego por bombeo con el objeto de estabilizar el acuífero mediante la aplicación de políticas de uso eficiente del agua. En los distritos de riego 075, Río Fuerte y 076, Valle del Carrizo, Sinaloa se ha incorporado el pronóstico de riego en tiempo real a nivel parcelario en los programas de entrega de agua semanal a los usuarios, lo que ha permitido un uso más eficiente del agua para el riego. Por su parte, y para apoyar el uso pleno de la infraestructura e inducir la práctica del riego en la región sur-sureste del país, se realizaron proyectos de tecnificación integral en áreas demostrativas de manejo del riego con cultivos de alta productividad. Por otro lado, con la aplicación de técnicas de percepción remota se evaluaron las superficies de cultivos de riego en el valle de México y en las riberas del lago de Chapala; los resultados proporcionaron una base para los planes instrumentados por la Comisión Nacional del Agua con el objeto de mitigar los efectos de la sequía que se presentó en 1998; asimismo, se exploraron posibles asociaciones entre la variabilidad climática relacionada con el fenómeno de "El Niño" y la producción agrícola del distrito de riego 010, Culiacán-Humaya-San Lorenzo, Sin.; los resultados mostraron que "El Niño" tiene una influencia débil en los patrones climáticos y muy débil en la producción agrícola. Con el fin de sistematizar y facilitar la obtención de políticas de operación, individuales y conjuntas, de las presas cuyo uso prioritario es el riego, se desarrolló un sistema para determinar y simular políticas de operación de sistemas de presas funcionando en serie, paralelo o en una combinación serie-paralelo. Se evaluó, asimismo, la posibilidad de emplear instrumentos económicos para reducir el consumo de agua en riego. Se concluyó que es viable utilizar instrumentos económicos para reducir la demanda de agua en riego y se estimó el volumen susceptible de ser rescatado en las nueve zonas de disponibilidad del agua, que contempla la Ley Federal de Derechos. Se continúa trabajando en el desarrollo de propuestas que permitan ajustar sistemáticamente y en forma proporcional y equitativa el sistema de derechos, cuotas y tarifas federales del agua, buscando que en el precio del recurso se refleje su disponibilidad relativa y su costo real. En cuanto a las medidas relacionadas con problemas de la presencia de sales en tierras agrícolas, se elaboraron mapas de salinidad y de rendimientos para el distrito de riego 075, Río Fuerte, Sinaloa; se determinaron relaciones del rendimiento contra la salinidad, con las cuales se estimó la reducción media de la producción. Con la finalidad de mejorar las metodologías de diseño de drenaje y de rehabilitación de suelos afectados por sales, se elaboró un modelo de simulación del flujo de agua y transporte de solutos en sistemas de drenaje parcelario subterráneos. Respecto a las medidas relacionadas con los efectos de la agricultura en la calidad del agua, se evaluó el impacto ambiental causado por agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) aportados a través de los drenes agrícolas del Distrito de Riego 076, Valle del Carrizo, Sinaloa, sobre las lagunas de Bacorehuis y de Agiabampo y la Bahía de Jitzamuri, Sonora-Sinaloa. En cuanto a las acciones para prevenir y combatir la contaminación del agua para la agricultura, se realizó el diagnóstico de malezas acuáticas en 45 cuerpos de agua y seis distritos de riego de Veracruz, Campeche, Tamaulipas y Morelos, mediante la interpretación de imágenes de satélite Landsat TM con apoyo de evaluaciones de campo. Se recomendó intensificar las acciones de control y de mantenimiento a través del control biológico antes de la época de lluvias. Asimismo, con el objeto de contribuir al control de esta maleza, se realizan esfuerzos para desarrollar y adaptar una biotecnología basada en el empleo de hongos patógenos del lirio acuático. Las evaluaciones de laboratorio y campo de esta tecnología de control, se pondrán a consideración de la SAGAR, a fin de obtener su autorización para utilizarse en condiciones naturales. El control biológico ha resultado ser una alternativa rentable para reducir la maleza acuática superficial y sumergida en canales y drenes de distritos de riego, ya que los costos de conservación en áreas infestadas con lirio e hidrila se reducen en un 80% con relación a otros métodos de control. En apoyo a la preservación de la calidad y cantidad del agua del Sistema Cutzamala, se realizó la aplicación de tecnología conservacionista con prácticas de cultivos de cobertera, reforestación y terrazas con frutales, en la subcuenca del río Amanalco y en la de Villa Victoria, ambas en el Estado de México, medidas que se instrumentaron con la participación activa de los productores.

Financing
Financiación

El financiamiento de las acciones de agricultura sustentable y desarrollo rural y regional, parte del presupuesto federal y de los gobiernos estatales, y de la participación importante de los propios productores. Cabe mencionar que en el impulso y ejecución de programas regionales, la participación del Banco Mundial empieza a tener un papel destacado para financiar algunas acciones que se están ejecutando. Entre éstas destacan las siguientes: labranza de conservación; recuperación de sueldos salinos; mejoramiento de la productividad de los suelos y reconversión del sector agropecuario. En esta última se contemplan los programas básicos de cobertura nacional como el Programa de Desarrollo Sustentable de Zonas Marginadas, el Programa Elemental de Asistencia Técnica para apoyar la Producción de Granos Básicos; el Programa de Capacitación y Extensión; el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural y el Programa de Empleo Temporal. En 1999 el presupuesto asignado para estas acciones es 76.3% mayor que el año anterior. Con ello se espera beneficiar a más de 676 mil productores a través de la adquisición de cabezas de ganado, aves, conejos, huertos, herramientas y equipo agropecuario diverso. El Fondo de Desastres Naturales, constituido en 1996, es el mecanismo financiero del Gobierno Federal para la atención de los daños causados por los desastres naturales. Asimismo, con el objeto de fomentar y consolidar una cultura de protección civil, se llevaron a cabo reuniones nacionales y regionales de información y difusión sobre heladas y sequías, prevención de incendios forestales y respecto a tormentas tropicales y huracanes.

Cooperation
Cooperación

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha colaborado con el gobierno mexicano en el proyecto "La Promoción y Aplicación de Sistemas Agrícolas Integrales". El objetivo de este programa es incrementar la producción alimentaria, la capacitación y la transferencia tecnológica entre comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales. La SAGAR ha suscrito un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A.C. (INCA-Rural), con el Colegio de Postgraduados (CP) y con la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) para participar en la capacitación y difusión del Programa Elemental de Asistencia Técnica para apoyar los sistemas de producción en el año agrícola 1999/2000. En materia de cooperación internacional sobre protección civil, en este último año se participó en diversos acuerdos y conferencias, y se fortaleció la coordinación con la Oficina de Atención para Desastres de los Estados Unidos de América, logrando acuerdos de colaboración para realizar cursos sobre la atención de desastres en nuestro país. Asimismo, se cuenta con el Programa de cooperación en materia de protección contra incendios forestales con ese país.

This information is based on Mexico's submission to the 5th and 8th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development. Last update: October 1999.

For national information on the soil, click here:
To access the FAOSTAT Data Base for information by country, item, element and year, click here:
Click here to link to the Biosafety Information Network and Advisory Service (BINAS), a service of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), which monitors global developments in regulatory issues in biotechnology.
Click here to link to Country and Sub-regional Information on Plant Genetic Resources of the Food and Agricultural Organization of the United Nations.
Click here to go to Web Site of the Codex Alimentarius Commission, which includes information on the Codex Alimentarius and the Joint FAO/WHO Food Standards Programme.
Click here to access the Web Site of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR).
Click here to access the sixteen international agricultural research centers that are members of the CGIAR.

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ATMOSFERA

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

El Instituto Nacional de Ecología (INE) es responsable de la protección a la atmósfera y es miembro de pleno derecho del Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable. En septiembre de 1989 se creó la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), que tiene como propósito promover las medidas del gobierno para facilitar, apoyar y regular la conservación y el uso eficiente de la energía, así como guiar y apoyar el desarrollo técnico, educativo, financiero y mecanismos institucionales, necesarios para alcanzar e instrumentar adecuadamente las políticas de conservación de la energía.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

Actualmente se han revisado, entre otros, los capítulos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) relativos al tema de la atmósfera. Además, está en elaboración una nueva ley para el control de emisiones. Se publicaron diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM), entre ellas:

La preservación y mejoramiento del ambiente tienen un alto significado dentro de la política energética nacional, lo que se expresa en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que establecen los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles hasta 1997 y a partir de 1998 si se logran los esquemas de inversión asociados a las modificaciones de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad y la que establece las especificaciones de combustibles fósiles, líquidos y gaseosos (gas natural, gas LP, gasolinas, turbosina, diesel, gasóleo y combustóleo) hasta 1997 y las características de los mismos con mejor calidad y mayor eficiencia energética, que entrarán en vigor a partir del 10 de enero de 1998. En el sector industrial se ha incrementado el consumo de gas natural, y la reducción del combustóleo, en una proporción de 1 de combustóleo por 1.5 de gas natural. Se han iniciado las acciones y estudios tendientes a la conversión de gas en más del 70% de las plantas termoeléctricas ubicadas en Zonas Críticas y se ha incentivado la participación de este combustible en la industria en general. Se ha elaborado el proyecto de iniciativa de la Ley de Eficiencia Energética. Bajo el tema de explotación de recursos marinos y terrestres y el uso del suelo, el gobierno ha iniciado una revisión del Sistema de Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional para identificar áreas que son sensibles al cambio climático, así como al Inventario Nacional Forestal para calcular la captura de CO2. Se prevé un retiro total de los CFC para el año 2000. Con fundamento en el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, la SCT establece los Períodos de Verificación Semestral Obligatoria de Emisiones Contaminantes. Entre 1990 y 1993 se autorizaron 435 centros de verificación a nivel nacional, operados por la iniciativa privada, con un promedio de 260,000 verificaciones por período, incluyendo vehículos del Servicio Público Federal, transporte privado, vehículos propiedad de los gobiernos federal, estatal y municipal. En 1994 se inició un proceso de sustitución de las máquinas manuales por equipos computarizados llamados "BAR-90", lo que implicó un reducción de centros a un total de 260. Las verificaciones con el equipo BAR-90 se han incrementado sensiblemente. En 1995, se registró un promedio de 280,000 verificaciones por período, y en lo que va de 1996 se tiene un resultado preliminar de 420,000 verificaciones. De acuerdo con los vehículos motrices registrados del Servicio Público Federal, que ascienden a 254,955 y los del transporte privado que representan unas 50,000 unidades, sin incluir las Unidades Voluntarias y los vehículos transfronterizos; se estima efectuar más de 300,00 verificaciones por período.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

El gobierno promueve políticas y programas en las áreas del transporte eficiente y ecológicamente racional, control de la contaminación ambiental y prácticas racionales del uso del suelo así como la eficiencia energética, manejo racional de los recursos marinos y el manejo de sustancias tóxicas y desechos peligrosos. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Laboratorio Nacional de Los Alamos realizaron un "Estudio Global de la Calidad del Aire en la Ciudad de México". Se realizó un estudio sobre las tecnologías de combustión para el control de fuentes puntuales de contaminación en el área metropolitana de la Ciudad de México. Para cuantificar las concentraciones atmosféricas de gases invernadero, el gobierno usa el modelo y metodología del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC). Debido a restricciones financieras, científicas y tecnológicas, México no participa en el Sistema Global de Observación Climática o en el Sistema Global de Observación del Ozono. Para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modera el uso de hidrocarburos y se emplear combustibles industriales y de transporte ambientalmente más limpios, maximizando la utilización de los recursos hidráulicos y geotérmicos para la generación de energía eléctrica. Se promueve el ahorro y uso eficiente de la energía, mediante programas de apoyo para el aislamiento térmico de las viviendas medias y populares, establecimiento de normas de eficiencia energética, ahorro de energía en el sector transporte, establecimiento del horario de verano, así como proyectos de cogeneración.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

En el contexto de las políticas de desarrollo urbano sustentable se formuló el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000, dado a conocer a la opinión pública en marzo de 1996, en donde participan en corresponsabilidad el Departamento del Distrito Federal, el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Salud, además de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). El propósito fundamental es la protección de la salud de la población que habita en la zona metropolitana, y con su instrumentación se pretende abatir en forma gradual y permanente los niveles de contaminación atmosférica. Enfatiza los esfuerzos de la sociedad en un nuevo marco de políticas públicas, con cuatro grandes metas y nueve estrategias: industria limpia; vehículos limpios; nuevo orden urbano y transporte limpio y recuperación ecológica. El Programa Mexicano para la Protección de la Capa de Ozono cumple con los acuerdos asumidos en la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal. Se han suscrito 22 convenios con empresas que trabajan en la sustitución de tecnologías. Se realizó la tercera fase de control sobre las sustancias que deterioran la capa de ozono, que corresponde a una reducción del consumo de clorofluorocarbonos y halones del 40 por ciento del total, en relación al año base (1989/1993). Este dato equivale a la eliminación de cerca de 4,520 toneladas de sustancias agotadoras de la capa de ozono. En 1996 se eliminará el 60.0 por ciento del consumo de aquellas sustancias y para el año 2000 se prevé la eliminación total. Las actividades de control se realizan en estrecha colaboración con los productores y principales importadores de clorofluorocarbonos y halones en el país. Respecto a los compromisos asumidos en el Protocolo de Montreal, a diciembre de 1995, se redujo 40% el consumo nacional de sustancias agotadoras de la capa de ozono (conforme al año base 1989), dato que equivale a una eliminación de 4,520 toneladas ponderadas del consumo nacional. En 1996, se realizará una reducción adicional de 20%, elevando la eliminación a 7,055 toneladas. Además, se encuentran en desarrollo 24 proyectos con el sector industrial, para la sustitución de tecnologías en los rubros de refrigeración, aire acondicionado, solventes, espumas de poliuretano, hasta por un monto de más de 14 millones de dólares. En 1990 se creó el Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. Como parte de las acciones de ahorro de energía eléctrica, se ha desarrollado el proyecto ILUMEX, que consiste en el cambio de lámpara fluorescentes compactas a nivel residencial en varias localidades del país. Las expectativas del cambio de 1.5 millones de lámparas son la reducción de 78MW en la demanda y 135 Gwh/año, que implica un ahorro de combustibles de 265 mil barriles de petróleo equivalente por año y una reducción en la emisión de CO2 de poco más de 100 mil toneladas al año. El Programa Obligatorio de Verificación de los Vehículos Automotores de Pasaje y Carga que transiten en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, se fundamenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como en sus respectivos Reglamentos; además del Acuerdo Intersecretarial por el que se establece la Verificación Semestral de Emisiones Contaminantes de los Vehículos de Transporte de Pasaje y Carga que circulan por Caminos de Jurisdicción Federal, expedido por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la entonces de Desarrollo Urbano y Ecología (extinta SEDUE hoy SEMARNAP) en mayo de 1990. Este programa se estructuró con los mismos principios, reglas y políticas que estableció el Gobierno de la República para la Zona Metropolitana del Valle de México. La SCT establece disposiciones normativas al respecto, que son congruentes con las normas ecológicas que elabora el Instituto Nacional de Ecología (INE) y los Programas de Contingencia Ambiental que coordina la Comisión Ambiental Metropolitana del Valle de México. En enero de 1996 se expidió la Norma Oficial Mexicana (NOM), que establece los niveles máximos de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación en el Valle de México.

Status
Situación General

Durante 1995 se verificó un incremento en el consumo de gasolinas sin plomo de 54.0%, que en la zona fronteriza con Estados Unidos llegó a 97.0%, y en Guadalajara y Monterrey alcanzó 60.0%. También se dejaron de emitir a la atmósfera alrededor de 59 mil toneladas de bióxido de azufre por la comercialización de Diesel Sin y, aproximadamente, 2.04 mil toneladas de plomo por la venta de gasolina Magna Sin. Las emisiones totales de compuestos de azufre al ambiente han pasado de 4 mil toneladas/mes, en 1988, a mil toneladas/mes, en 1995. Con ello se atienden las especificaciones que en el corto plazo plantea la PIC. En 1995 se incrementó el consumo de gas natural con respecto a 1994 (7%), mientras que el incremento registrado en el consumo de combustóleo en el mismo período disminuyó en 13.7%, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la PIC. El consumo de combustibles fósiles se redujo y se evitó durante el periodo 1990 - 1995, la emisión a la atmósfera de aproximadamente 17 millones de toneladas de CO2. La política de gasificación del país (sustitución de combustóleo por gas natural) ayudará notablemente a evitar la emisión de una importante cantidad de CO2.

Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
Información

En relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y considerando que México no toma parte del Anexo I, se ha desarrollado y difundido el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El Instituto Nacional de Ecología (INE) está realizando la segunda etapa del estudio de país (que contempla estrategias de mitigación de emisiones y estudios de vulnerabilidad). Como parte del programa de control de la contaminación atmosférica transfronteriza, en cooperación con los EUA, el gobierno está instrumentando un sistema de alerta temprana, incluyendo manuales de información, actividades de educación ambiental y un sistema de información. El gobierno promueve el intercambio de datos e información a nivel nacional e internacional sobre este tópico. A partir del sistema nacional de alerta temprana es posible predecir cambios y fluctuaciones ambientales. El gobierno proporciona oportunidades de capacitación en el área de control de la contaminación atmosférica transfronteriza. Se alienta a la industria para desarrollar tecnologías limpias, p. ej., para el control del uso de los CFC's.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

Con el propósito de desarrollar sistemas de transporte más seguros y menos contaminantes, se han abordado los temas de tecnologías para el transporte, establecimiento de sistemas masivos de transporte, impactos ambientales y seguridad. La modernización de tecnologías ha tenido lugar principalmente en áreas urbanas y no en las rurales. Las observaciones respecto a las emisiones del transporte son sistemáticas. Existe una red de monitoreo de la calidad del aire en áreas metropolitanas y otras regiones.

Financing
Financiación

De 1991 a 1994, México recibió $12.5 millones de dólares a través de canales multilaterales y, de 1992 a 1994, $2.4 millones de los EUA para la instrumentación de diversas acciones relacionadas con el tema. Con financiamiento por más de un millón de dólares, por parte del gobierno de México y el de Estados Unidos (participan once instituciones gubernamentales norteamericanas), se continuó el estudio de cambio climático en México, constituído por la actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y la investigación sobre escenarios de emisiones y estudios de vulnerabilidad al cambio climático.

Cooperation
Cooperación

El Protocolo de Montreal (1987) fue firmado en 1987, la Enmienda de Londres (1990) firmada en 1991, y la Enmienda de Copenhague (1992) firmada en 1994. El último informe a la Secretaría del Protocolo de Montreal fue preparado en 1996. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmada en 1992 y ratificada en 1993. El Sector Energético ratifica su compromiso en materia ambiental en el Programa de Desarrollo y Reestructuración de la Energía 1995 - 2000. Para ello, la Secretaría de Energía coordina desde 1993 los trabajos del Grupo de Política de Combustibles (grupo intergubernamental de alto nivel), cuyo objetivo es abordar los temas para delinear una Política Integral de Combustibles (PIC) de largo plazo para México, considerando la evolución probable de las normas ambientales. En 1983, México y los EUA firmaron un Acuerdo sobre Cooperación para la Protección Ambiental y el Mejoramiento de la Zona Fronteriza (Convenio de La Paz). La ONU y otros organismos intergubernamentales han contribuido en los temas "bases científicas para la toma de decisiones", "promoción del desarrollo sustentable" y "prevención del agotamiento estratosférico del ozono". Organizaciones intergubernamentales también han contribuido en actividades bajo los temas "contaminación atmosférica transfronteriza". México ha participado en dos reuniones de trabajo sobre transporte y medio ambiente en América Latina y el Caribe.

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

For national information on air quality, click here:
Click here for national information from the Web site of the United Nations Framework Convention on Climate Change.
For the access to the Web Site of the Ozone Secretariat, click here:

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BIODIVERSITY
BIODIVERSIDAD

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

El 16 de marzo de 1992, por Acuerdo Presidencial, se creó la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Su objeto es coordinar acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científica para la explotación, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos, tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable bajo tres líneas principales:

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), a través del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es responsable de las operaciones de manejo, protección, supervisión, inspección, monitoreo y planeación racional de la flora y la fauna silvestres. Se suscribieron acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales para la administración, conservación, desarrollo y vigilancia de las siguientes áreas naturales protegidas: Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, Cumbres de Majalaca en Chihuahua, El Sabinal en Nuevo León, El Veladero en Guerrero; El Sacromonte, Los Remedios, Desierto del Carmen, Molino de Flores, Nevado de Toluca e Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, en el Estado de México; y la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre La Primavera en Jalisco, La Malinche en Puebla y Tlaxcala.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

Entre los instrumentos para la atención de las contingencias ambientales de la vida silvestre, se creó el Sistema Nacional para la Atención a Emergencias en los Recursos Naturales, concebido como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades de la administración pública federal, organismos estatales y municipales entre sí, y con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, con el objeto de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la protección de los recursos naturales y su entorno, contra las situaciones de alto riesgo, siniestro o desastre. Durante 1996 se ha participado en la atención de 12 contingencias, entre las que destacan la mortandad de pelícanos en Baja California sur y la de peces en la Bahía de Chetumal y la Península de Atasta en los estados de Quintana Roo y Campeche, respectivamente. Adicionalmente, se han monitoreado los cuerpos de agua comprendidos en la Ruta Migratoria de aves acuáticas del Centro, en seguimiento a la contingencia de aves acuáticas residentes y migratorias presentada en 1994 y de las recomendaciones de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte. Se han publicado siete normas que establecen procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de: hongos; de resinas de pino; de tierra de monte; de raíces y rizomas de vegetación forestal; de cogollos; de látex y otros exudados de vegetación forestal; de musgo, heno y doradillas; y una Norma Oficial Mexicana (NOM), que establece el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas en las redes de arrastre durante expediciones de pesca de camarón. En 1994 se emitió la Norma Oficial Mexicana (NOM) que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas, raras, amenazadas, en peligro de extinción y las sujetas a protección especial, estableciendo medidas específicas para su protección y aprovechamiento. En el marco de la CITES se expidieron 945 certificados: 383 para la importación y 562 para la exportación y reexportación de ejemplares, productos y subproductos de flora y fauna silvestres. Se inició la elaboración de las Guías de identificación de especies de aves y mamíferos incluídos en los apéndices de la CITES, en colaboración entre Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) e Instituto Nacional de Ecología (INE). En la temporada 1994-1995 se otorgaron 78,614 registros, permisos y autorizaciones de flora y fauna silvestres, con ingresos de 9 millones 530 mil pesos; se expidieron 48,190 permisos de caza; 24,525 registros de identificación cinegética; 617 permisos para organizadores cinegéticos, clubes de caza y criaderos exclusivos; y se otorgaron 3,140 permisos sobre aves canoras y de ornato. Para el aprovechamiento no cinegético se otorgaron 376 autorizaciones; así como 1 689 autorizaciones de fauna silvestre y 77 de flora silvestre para la importación y exportación de ejemplares, productos y subproductos.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

México es un país de megadiversidad biológica; ocupa uno de los primeros cuatro lugares a nivel mundial. Sin embargo, una buena parte de su biodiversidad se ha perdido por la desaparición de especies y por la reducción de su habitat. Las medidas para corregir y tratar de revertir esta situación han sido: la expedición de leyes, la creación de áreas naturales protegidas y el entrenamiento de personal capacitado en la materia. El Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SINAP) ordena y clasifica las áreas naturales del país, conservando la biodiversidad con la protección de ecosistemas representativos. Se busca establecer programas de manejo y nuevos esquemas de financiamiento con flexibilidad presupuestal e instalación de consejos técnicos asesores bajo un esquema de amplia participación social. Dentro del SINAP, México tiene 11,170,558 de hectáreas en: Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Reservas Especiales de la Biosfera, Parques Marinos Nacionales, Monumentos Naturales y Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestres. En 1996 se realizó un taller para la identificación de Regiones Prioritarias para la Conservación en México. El evento fue organizado por la CONABIO en coordinación con PRONATURA. Se identificaron 155 regiones. La superficie total estimada es de 407,151.83 Km 2 (40,715,183 ha), lo que representa aproximadamente el 20.69% de la superficie del territorio nacional. De estas regiones, 41 corresponden o incluyeron áreas naturales protegidas decretadas bajo alguna categoría del SINAP. También en 1996, dentro del marco de la CCA, se realizó el taller de identificación de áreas de importancia para la conservación de las aves en México, donde se detectaron más de 100 regiones con miras a establecer un sistema trinacional con una estrategia de conservación norteamericana de conservación a las aves.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

Con la participación de grupos multidisciplinarios e interinstitucionales interesados en la protección y conservación se elaboraron los programas de manejo de las reservas de biosfera Sierra de la Laguna en Baja California Sur y Archipiélago de Revillagigedo; de los Parques Nacionales Cabo Pulmo y Arrecife Alacranes. Están en consulta los programas de las áreas de protección de flora y fauna en Laguna de Términos en Campeche y el de la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca. El gobierno federal y los habitantes de la región de los Chimalapas acordaron la protección de 600 mil hectáreas de selvas tropicales permitiendo el uso sustentable de los recursos locales. Este acuerdo se concluyó con la participación de artistas, ecologistas, académicos y campesinos, entre otros. El Gobierno de Tlaxcala y las comunidades que habitan dentro del Parque Nacional La Malinche han acordado mecanismos de monitoreo del uso que éstas hacen de los recursos naturales e incorporándolas a coadyuvar en la vigilancia de los mismos. En 1996, se promueve la desconcentración de las UEMBI de Babícora, Acapetahua, Balancán, El Mante y Hampolol; para que participen los gobiernos estatales y municipales, la iniciativa privada, grupos académicos, sociales y productores. Continúan en operación las UEMBI de San Cayetano y San Felipe Bacalán y las unidades de desarrollo y rescate de especies en riesgo (UDERER) de San Blas, Chacahua y El Fénix (Nayarit, Oaxaca y Campeche), con la promoción y apoyo a estudios e investigaciones a nivel regional. Se encuentran registrados 26 viveros particulares de flora silvestre nacional y exótica, con una base reproductiva de 918 especies, entre otras: cactáceas, orquídeas y palmas, principalmente. Están registrados 41 jardines botánicos y de exhibición en donde se realizan actividades de investigación, difusión, conservación y educación ambiental. Destaca el de Zapotitlán de las Salinas, Puebla, en donde se conserva y mantiene una colección de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción representativas de zonas áridas. Se creó el Jardín de Exhibición de Cuemanco, en Xochimilco, con 56 especies de cactáceas protegidas, amenazadas o en peligro de extinción.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

En 1994, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (extinta: SARH) creó el Consejo Consultivo Estatal de Fauna Silvestre de Interés Cinegético para analizar las condiciones ecológicas y promover la planeación para la flora y la fauna locales. En agosto de 1995 se habían instalado 25 Consejos. Hasta marzo de 1995 estaban registrados 38 jardines botánicos (con 3337 especies), 22 viveros (con 918 especies) y 5 herbarios para la protección de flora silvestre. Para la fauna silvestre, el INE tiene tres áreas para el Desarrollo y Recuperación de Especies en Riesgo (UDERER) y 7 para la Evaluación y Monitoreo de Biodiversidad (UEMBI). En 1995 se establecieron 5 centros para la recuperación y rehabilitación de fauna silvestre (CITES). Se han creado más de 17 refugios y 12 zonas de monitoreo y protección permanente para tortugas marinas, financiados con crédito externo. En el Programa Nacional de Protección y Conservación de Tortuga Marina, con recursos del Banco Mundial, en la temporada 1995-1996 se protegieron 10,920 nidadas; sembrando 938,862 huevos y liberando al mar 434,823 crías de siete especies de tortuga marina (lora, golfina, laúd, prieta, caguama, blanca y carey), que desovan en los litorales del Golfo y Pacífico del país. Entre 1993 y 1996, se han apoyado 356 proyectos de conocimiento, conservación, uso sustentable y difusión de la biodiversidad llevados a cabo, principalmente, por especialistas de centros académicos y organizaciones no gubernamentales. En la Reserva Especial de la Biosfera de la Mariposa Monarca se reforestaron 650 hectáreas y se ejecutan 257 proyectos que generarán empleos en 41 comunidades. El Programa Piloto del Inventario Biótico en Áreas Naturales Protegidas fue creado para analizar y clasificar taxones en Reservas de la Biosfera y áreas selectas del país. Los Gobiernos de los Estados de Jalisco y Tlaxcala, elaboraron los Programas de Manejo de la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre La Primavera y del Parque Nacional La Malinche, respectivamente. Con recursos del donativo del Fondo Global Ambiental (GEF), se realizaron acciones en 10 áreas naturales protegidas dentro del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad, promoviendo el autofinanciamiento para la protección, conservación y el desarrollo sustentable, mediante la diversificación de fuentes y mecanismos de financiamiento, la incorporación de servicios de turismo ecológico, el desarrollo de nuevos mercados de bienes naturales con certificación ecológica y el manejo de especies de flora y fauna con fines de reproducción. En 1995 se instrumentaron 6 programas de manejo y cuatro programas emergentes.

Status
Situación General

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Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

En 1994, la CONABIO y la UNAM crearon el diplomado de Actualización en Biología Comparada Contemporánea. Asimismo, ha diseñado programas de grado en taxonomía y biogeografía con áreas de concentración en inventarios bióticos. CONABIO también participa como asesor para el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), implementando un sistema experto para promover la utilización de las especies más apropiadas para la reforestación, considerando la eliminación de especies exóticas y promoviendo la utilización y desarrollo de paquetes tecnológicos de especies endémicas. Algunas de las acciones relacionadas con el manejo de las áreas naturales protegidas y la conservación de muestras representativas de la biodiversidad son apoyadas por la Red de Formación Ambiental de América Latina y El Caribe de la FAO, la cual capacita personal y promueve la cooperación técnica derivada del intercambio de experiencias entre los miembros nacionales y el resto de los países de América Latina y El Caribe. Dentro del Programa de Cooperación para la Conservación de la Biodiversidad, se han promovido y comprometido acciones de educación ambiental y de formación de recursos humanos a través de 23 proyectos que fortalecerán la política de desarrollo sustentable.

Information
Información

En noviembre de 1993 la CONABIO organizó en Oaxaca la Primera Reunión de Directivos de Instituciones relacionadas con el Estudio de la Biodiversidad Biológica del País, en ella se acordó la creación de la Red Mexicana de Información sobre la Biodiversidad (REMIB). Se realizó un censo en las instituciones nacionales dedicadas al tema de la biodiversidad para computarizar la información y hacer compatibles las redes con el propósito de facilitar el intercambio de información, y para proveer a las instituciones con los recursos económicos y tecnológicos para hacerlo. La CONABIO en diciembre de 1993 convoca al comité organizador y se integra el Consejo Directivo, en 1995 se realiza el primer taller para usuarios de la REMIB, en 1996 se firman convenios con los 4 primeros nodos e inicia operaciones el nodo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), durante 1997 se incorporarán los demás. Concurrentemente, durante 1993 se creó el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), inició operaciones a partir de la información que se tiene en bases de datos, cartografía digital y bibliografía, con el propósito de hacer accesible la información sobre la diversidad biológica nacional y ofrecer servicios de información a los sectores gubernamental, académico y público en general, apoyándose además, con una Página en Internet con información sobre la diversidad biológica del país, actividades de CONABIO e información generada a partir del Estudio de País, entre otros. Hasta julio de 1996, se tenían 57 bases de datos concluidas con la información de 2,119,750 ejemplares de colecciones. Este número se incrementó en noviembre a 89 y 3,419,017 respectivamente. Otros productos obtenidos son CD-ROM's, videos, mapas digitalizados y 70 publicaciones impresas.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

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Financing
Financiación

El 18 de mayo de 1993, se constituyó en Nacional Financiera, SNC, el Fideicomiso "Fondo para la Biodiversidad" para promover, financiar y apoyar las actividades de la CONABIO. De julio a diciembre de 1993, se aportaron al Fondo para la Biodiversidad de esta Comisión, recursos por la cantidad de N$9'441,395 y se firmaron 75 convenios para formalizar el apoyo económico a proyectos externos. En 1994 y 1995 se recibieron en el fideicomiso recursos por las cantidades de N$19'700,000 y N$17'556,001, respectivamente, y se firmaron 94 y 2 convenios. De enero a octubre de 1996, el fondo a recibido recursos por N$15'829,167 y se han firmado 115 convenios. Alrededor del 20% del presupuesto se utiliza para gastos operativos de la Comisión.

Cooperation
Cooperación

La Convención sobre la Diversidad Biológica fue firmada en 1992 y ratificada en 1993. La Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) fue firmada en 30 de septiembre de 1991 y el último informe presentado en 1996. El Programa de Conservación de Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1996-2000, fomenta la cooperación internacional para la instrumentación de nuevos acuerdos enfocados a los aspectos socioeconómicos y ambientales, caracterización de indicadores económicos vs. conservación/aprovechamiento, intercambio de experiencias vinculadas a estadísticas internacionales y efectos del desarrollo sobre el valor del recurso flora y fauna silvestres. En 1988 se suscribió el Memorándum de Entendimiento con el National Parks Service del Departamento del Interior de los Estados Unidos de América (EUA), donde se crearon las bases de coordinación para la conservación, administración, capacitación, desarrollo e investigación sobre recursos naturales y culturales en las Áreas Naturales Protegidas de interés mutuo. El Departamento de Agricultura de los EUA, a través del Servicio Forestal firmó con México el Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación técnica y científica creándose los programas de Bosques Hermanos y el Grupo de Trabajo de Áreas Naturales Protegidas.Se ha recibido apoyo técnico y financiero de la contraparte de los EUA, para los proyectos de Sonora y Chiapas. En el marco de la Reunión Tuxtla II, efectuada en febrero de 1996, México se comprometió ante la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) a incorporarse en el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano, para proteger y conservar la biodiversidad de la región del sureste de México y Centroamérica. Se contará con financiamiento del GEF durante tres años a partir de su aprobación. Dentro del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), CONABIO ha registrado su página en Internet como parte del Clearing House Mechamism. Se llevó a cabo la ejecución de 13 programas de cooperación en el marco del Comité Conjunto México-Estados Unidos de América para la Conservación de la Vida Silvestre; se realizaron 21 acciones dentro del Programa de Cooperación para la Conservación de la Biodiversidad México-Estados Unidos de América, derivado del Tratado de Libre Comercio; y ocho acciones con el Comité Tripartita México-Canadá-Estados Unidos de América para el desarrollo de estrategias de conservación de las aves acuáticas y sus hábitat. El monto del apoyo proporcionado por distintas dependencias de los comites arriba mencionados asciende a 1.4 millones de dólares.

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

For national information on biodiversity and protected areas, click here:
For access to the Web Site of the Convention on Biological Diversity, click here:
For access to the Web Site of the CITES Convention, click here:
For the Web Site of the CMS Convention, click here:
For the Web Site of the Convention on the Protection of the World's Cultural and Natural Heritage, click here:
For the country-by-country, Man in the Biosphere On-Line Query System, click here:
Click here to link to the Biosafety Information Network and Advisory Service (BINAS), a service of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), which monitors global developments in regulatory issues in biotechnology.
Click here to go to the Web Site of UNEP's International Register on Biosafety.
Click here for the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Biosafety WebPages

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DESERTIFICATION AND DROUGHT
DESERTIFICACION Y SEQUIA

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

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Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

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Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

El Plan de Acción para el Combate a la Desertificación en México (PACD-México) tiene como objetivo prevenir y detener el avance de la desertificación y, en la medida de lo posible, recuperar terrenos degradados para su uso productivo. Otro objetivo es mantener y promover, dentro de los límites ecológicos, la productividad de áreas áridas, semiáridas, subhúmedas y otras que sean vulnerables a la desertificación. Para el gobierno mexicano, las metas ambientales y de desarrollo incluyen los siguientes objetivos: incorporar las metas de desarrollo estatales y municipales en los programas nacionales para el combate de la desertificación y la sequía, movilizar recursos técnicos y financieros regionales, nacionales e internacionales para la instrumentación del Plan, reforzar la capacidad institucional para aplicarlo a escalas nacional, regional y local y para proteger aquellos terrenos que no hayan sido afectados por la desertificación. La selección y aplicación de tecnologías para el combate a la desertificación se basan en las particularidades de cada localidad. El gobierno mexicano ha determinado que la regulación y la tecnología deben ser congruentes con la realidad y las condiciones económicas del país. El gobierno federal continúa revisando las políticas actuales, ofrece asesoría técnica y emite criterios ecológicos con parámetros más estrictos tanto a nivel local como estatal. Con referencia a aspectos jurídicos y reglamentarios de la regulación ambiental, se favorece la descentralización a los niveles regional, estatal y municipal, proceso que actualmente se encuentra en la firma de convenios marco con los estados para la descentralización de diversas funciones, así como del financiamiento. Con el propósito de detener el proceso de desertificación en México, en los últimos 40 años se han adoptado acciones de conservación y restauración de suelos en poco más de 3.5 millones de hectáreas. Tales acciones incluyen:

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

El Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos acordó inducir la participación y asociación de todos los agentes sociales en diálogos sobre la desertificación a través de la instalación de un subcomité específico para el tema, donde participan representantes de las organizaciones sociales, dependencias gubernamentales, cuerpos legislativos y sector académico.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Con el propósito de contar con programas de carácter operativo que concreten los objetivos planteados en el PACD-México, se efectuaron tres talleres para la elaboración de programas estatales de lucha contra la desertificación que permitirán una mayor participación de los gobiernos estatales y municipales en la planeación, gestión, ejecución y evaluación de acciones de lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía. Esta acción se realizó de manera conjunta entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) y Gobiernos Estatales en 18 entidades federativas, encontrándose en proceso de formulación los programas estatales. Para atenuar los efectos provocados por la escasez de lluvias durante 1993-1995 en el norte del país, se estableció un programa emergente en los distritos de riego de la zona, consistente en revestir canales, conservar infraestructura y perforar pozos propiciando la generación de 837,435 jornales, que representó la creación de 3,522 empleos temporales directos. En el ámbito de suministro de agua potable, en mayo de 1995 el gobierno federal creó un programa en respuesta a los graves problemas de sequía del norte del país para evitar problemas de salud pública entre la población. En 1995 se realizaron 685 acciones de agua potable consistentes principalmente en la sustitución de fuentes, en beneficio de 1,021,052 habitantes. Durante 1996 se continúa atendiendo el problema en un total de 182 localidades de 76 municipios para beneficiar a 679,303 habitantes. Derivado de este programa se realizaron para la cuenca baja del Río Bravo proyectos ejecutivos para optimizar el abastecimiento de agua potable a las poblaciones que se ubican dentro del Distrito de Riego 026 Bajo Río Bravo, municipios de Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, Tamaulipas. Para mitigar los efectos de la sequía se ejecuta el Programa de Emergencia para Contrarrestar la Sequía, con objeto de incrementar la eficiencia del recurso agua a través de la rehabilitación de pozos y paralelamente, con mano de obra campesina, mejorar la infraestructura creando empleos a los agricultores afectados. Para ello, en 1996 el gobierno federal firmó acuerdos de cooperación con los productores y gobiernos de los 9 estados más afectados por la sequía, para financiar apoyos principalmente a la ganadería, aunque también se incluyeron acciones de infraestructura productiva, apoyo a cultivos agrícolas y semilleros de forrajes, así como prácticas de mejoramiento territorial. La suma de las aportaciones para este programa fue del orden de 273 millones de pesos. Las obras se iniciaron en marzo y consisten en la rehabilitación de canales y regaderas interparcelarias, conformación y rastreo de caminos, así como rehabilitación de pozos y cinco presas derivadoras. El tiempo estimado de ejecución es de siete meses, con lo que se generarán aproximadamente 1,000,000 de jornales de mano de obra campesina. Con una inversión de 153.5 millones de pesos a agosto de 1996, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), ha emprendido acciones en aproximadamente 2,500 comunidades con problemas de desertificación y sequía. Hasta agosto de 1996 ha ejecutado 1,381 proyectos (67% de apoyo a la producción, 23% de apoyo social, destacando los relacionados con agua para consumo humano y 10% de restauración ecológica), así como 957 cursos de capacitación sobre temas diversos dirigidos a productores y mujeres campesinas. Con la finalidad de mitigar efectos directos de la sequía en las comunidades afectadas, su programa de dotación de agua potable ha proporcionado 753 mil m3 del líquido a 1,200 comunidades. Esta Comisión ha iniciado la promoción y formación de comités comunitarios de desarrollo sustentable en las entidades federativas en que opera. En 1996 se firmó un Acuerdo de Colaboración para establecer las bases de coordinación de acciones entre los tres niveles de gobierno para impulsar un Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODER) en cuatro comunidades del norte de Zacatecas. En él se involucra a Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) (a través del INCA-Rural), CONAZA y autoridades estatales y municipales correspondientes. Para ello, se constituyó un fondo económico por $13.5 millones en total, del cual la SEMARNAP aportó el 24.07 %. De esta manera, los recursos fiscales canalizados ascienden a $1,039 millones. En la Región Semidesierto, en el estado de Coahuila se destinaron $ 245 mil para Conservación de Suelos y Establecimiento de Viveros Comunitarios en tres comunidades, así como $ 225 mil para Rehabilitación de Viveros en una comunidad zacatecana. En el Valle del Mezquital, en 1996 se canalizaron recursos para iniciar la instrumentación del PRODERS y se realizaron inversiones en apoyo a la recolonización de agostaderos con especies forrajeras y al manejo y conservación de suelos en dos comunidades de la región.

Status
Situación General

Los 198.8 millones de hectáreas de México, aunque ecológica y geográficamente diversas, son similares en un aspecto - la extensiva degradación. Se estima que el 97% del territorio nacional sufre de diferentes niveles de deterioro y el 60% está severamente impactado. El 85% del país está afectado por erosión eólica, 80% está impactado por la disminución de materia orgánica, 60% de los suelos sufre de erosión hídrica y el 20% del territorio presenta amenaza de salinización. Como resultado de estos procesos, se estima que México pierde 460 millones de toneladas de suelo anualmente.

Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
Información

Se desarrolló el diseño de la Red de Información de Suelos y Lucha Contra la Desertificación (RISDE), con el objetivo de contar con un instrumento de enlace e incremento de las capacidades de los sectores involucrados en la problemática de conservación y restauración de suelos y la lucha contra la desertificación.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

El gobierno de México reconoce que es necesario utilizar los avances científicos y tecnológicos para mejorar el ambiente a través de la educación y la capacitación. El gobierno valora la transferencia exterior de tecnología e información como un complemento a los recursos internos del país.  Se efectuaron tres talleres para la sistematización de tecnologías para el combate a la desertificación en áreas de agricultura de riego, agricultura de secano y terrenos con uso silvopastoril en zonas áridas y semiáridas, cuyo propósito es recopilar y sistematizar en la RISDE las alternativas tecnológicas y ponerlas a disposición de un amplio número de usuarios.

Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África fue firmada em 1994 y ratificada em 1995. La Convención entró en vigor el 26 de diciembre de 1996.
México ha mantenido su participación activa en los foros regionales e internacionales sobre la lucha contra la desertificación. En 1996 participó en el 9 período de sesiones de la CIND y en el mes de junio organizó la 2 Conferencia Regional de Lucha contra la Desertificación para América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de México, en la que participaron 22 países de la región.

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

For access to the Web Site of the Convention to Combat Desertification and Drought, click here:

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ENERGY
ENERGIA

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

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Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

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Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

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Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

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Status
Situación General

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Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
Información

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Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

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Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

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FORESTS
BOSQUES

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

A nivel federal, el área responsable de disminuir la desforestación es la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). En las 32 Delegaciones Federales de la SEMARNAP se tienen Subdelegaciones de Recursos Naturales que atienden los aspectos relacionados con los recursos forestales. Se cuenta con 32 Comités Estatales de Reforestación, quienes son los responsables de la planeación, distribución y plantación de los árboles necesarios en las campañas de reforestación promovidas. El 28 diciembre de 1994, con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, los aspectos relativos al medio ambiente, utilización de la tierra (ordenamiento territorial), calidad del aire, agua, pesca y forestal se fusionaron en una sola Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), con la intención de abordarlos de manera integral. Respecto a otros sectores, el 5 de mayo de 1999, en el marco del Programa de Atención Integral a Regiones Prioritarias, 8 Secretarías suscribieron las bases de colaboración para fomentar el desarrollo sustentable mediante la articulación de programas de trabajo que permitan hacer más eficiente el uso de los recursos. Dichas Secretarías son: Semarnap, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). Con esto se facilita el aprovechamiento de los recursos sobre bases que aseguren el tránsito gradual hacia la sustentabilidad, uno de los principales objetivos del Programa Forestal y de Suelo 1995-2000.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

México cuenta con una legislación forestal desde fin del siglo pasado que ha evolucionado. De ser un instrumento con regulación rígida y con una amplia regulación del Estado en todo el proceso productivo, se desreguló para promover mayor participación de los sectores social y privado con el propósito de incoporar el uso de los recursos forestales a un desarrollo sustentable. Las instancias gubernamentales mantienen una función normativa y de supervisión. La primera Ley Forestal se promulgó en 1884 y ha sido modificada en diversas ocasiones. En 1997 se reformó después de un amplio proceso de consulta y consenso y en 1998 se publicó su Reglamento. Se incorporaron nuevos elementos de sustentabilidad para el aprovechamiento de recursos forestales y se fortaleció la participación social. Se establecieron nuevos mecanismos para el control y seguimiento de la cadena productiva forestal y para acreditar la procedencia legal de las materias primas. Asimismo, los servicios técnicos forestales se regulan y organizan por niveles y unidades de manejo; las plantaciones forestales comerciales se regulan para evitar impactos negativos a los ecosistemas y dar seguridad en la cosecha. También se incluyen incentivos para producción y conservación en bosques nativos y plantaciones. En el caso del aprovechamiento de recursos forestales no maderables, los requerimientos administrativos se han agilizado debido a que quienes realizan la recolección son en su mayoría grupos de escasos ingresos, o en su caso varios de dichos recursos son estacionales en su producción o en su comercialización. Se establecieron Normas Oficiales Mexicanas que indican los criterios técnicos para su aprovechamiento. Recientemente el Forest Stewardship Council acreditó al consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible como organismo certificador del manejo forestal sustentable en México. Se encuentra en proceso de establecer la oficina mexicana y el desarrollo de los estándares nacionales. Si bien desde hace más de ocho años otorgó en nuestro país el primer "certificado verde" este mecanismo se empezó a promover de manera intensa en los últimos dos años. Durante la primera mitad de 1992, se reformó el Artículo 27 constitucional y se emitió una Ley Agraria para reconocer la propiedad de los bosques, facilitar el desarrollo del sector forestal y promover la libre asociación entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, y de ellos con terceros para aprovechar, mantener y renovar los recursos forestales. En el transcurso del presente año, se emitió una Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Adicionalmente, el PROCYMAF actúa sobre demanda, es decir, que los instrumentos que ofrece a comunidades y ejidos, además de estar basados en el "Estudio de revisión del sector forestal y conservación de recursos" elaborado por el Banco Mundial, que analiza de manera profunda la situación de ejidos y comunidades forestales, ofrece cursos de capacitación a éstos fortaleciendo sus conocimientos y organización para la toma de decisiones. De esta manera, los poseedores de recursos forestales solicitarán apoyo al PROCYMAF con base en sus necesidades de desarrollo y de asistencia técnica identificada a lo interno de sus asambleas. La SEMARNAP, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), tiene la atribución de aplicar la ley en materia ecológica y forestal y aplicar sanciones procedentes. La inspección sanitaria de productos forestales que se importan es realizada en puertos, aeropuertos y fronteras por personal técnico de ésta Procuraduría. Adicionalmente, se llevan a cabo acciones para reducir la presión hacia los bosques, por la obtención de biomasa combustible, llevando a cabo plantaciones para la obtención de leña combustible. Se está elaborando una NOM que establecerá los criterios, especificaciones y procedimientos que deberán observarse para el uso, conservación y rehabilitación de los agostaderos del país. Además, con objeto de reforzar la regulación en el manejo, restauración y conservación de los recursos, para proteger el suelo contra la desforestación, se está trabajando en la generación de la NOM de ecosistemas lagunares y estuarinos, tierras frágiles, caminos y minas, así como la NOM de agostaderos mencionados anteriormente.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

El PROCYMAF apoya a comunidades y ejidos forestales de seis estados prioritarios que podrían adoptar políticas de aprovechamiento y conservación de recursos forestales en el marco del Desarrollo Sustentable.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

Dependencias del Gobierno Federal en concertación con Gobiernos Estatales y Municipales han conjuntado esfuerzos para la aplicación de acciones de fomento que involucran la participación directa de todos los sectores de la sociedad. Intervienen también grupos ejidales, comunidades y pequeños propietarios a través de sus organizaciones, que poseen el 85% de los recursos forestales del país. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha involucrado a grupos étnicos en campañas de reforestación. Durante 1994 fueron plantados 165 millones de árboles con la colaboración de grupos indígenas. Existen en apoyo 21 Consejos Técnicos Estatales en operación. Se estableció un Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (CONAF), como órgano de consulta de la Secretaría, integrado por representantes de la Semarnap y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por representantes de instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores y empresarios, y organizaciones no gubernamentales de carácter social y privado relacionadas con el sector forestal. Para proporcionar apoyo técnico especializado, dicho consejo cuenta con 11 Comités Técnicos, 29 Consejos Regionales, en los que participan además, representantes de los Gobiernos de los Estados y Municipios, ejidos, comunidades y pequeños propietarios. Actualmente en este Consejo se revisan adecuaciones a la Ley Forestal y a los Sistemas de Administración de los recursos forestales del país, a efecto de promover el manejo sustentable de los bosques y para el desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Se establecieron dos esquemas de subsidios al sector: el Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR) y el Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN). El PRODEFOR otorga subsidios orientados a mejorar el manejo técnico y la conservación de los recursos naturales e impulsar la modernización tecnológica de los procesos de extracción y transformación de los productos, así como al aumento de la productividad y competitividad. Se circunscribe a las superficies provistas por vegetación forestal nativa, otorgando recursos para que los dueños y poseedores de dichas superficies se provean de asistencia técnica necesaria para incorporarse al aprovechamiento sustentable de los recursos. Por su parte, el PRODEPLAN apoya el establecimiento y mantenimiento de 875 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales por un periodo de 25 años. Tiene por objeto aumentar la producción forestal para abastecer de materias primas a la industria, disminuir la presión sobre el bosque nativo, reducir el déficit de la balanza comercial y generar empleos en el medio rural. En 1997 se firmó un contrato con el Banco Mundial para iniciar las actividades del Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (Procymaf), obedeciendo a la nueva estrategia gubernamental de desarrollo sustentable en el país, concebida a raíz de las propuestas del Grupo Intergubernamental de Bosques. Este proyecto se basa en la situación actual del sector forestal en el país analizada desde la óptica del Programa Forestal y de Suelos 1995-2000, y revisada a fondo con un documento elaborado por el Banco Mundial Denominado "México, Revisión de la Situación del Sector Forestal y Conservación de Recursos", que hace un análisis profundo de las condiciones de ecosistemas boscosos, sus tendencias, fenómenos asociados a su degradación y mantenimiento, posibilidades de desarrollo, y una descripción amplia de la situación social del país. Con base en estos documentos se analizó la viabilidad del Proyecto, con miras hacia la creación de estrategias tendientes a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de ejidos y comunidades de los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, poseedoras de terrenos forestal o con aptitud preferentemente forestal al mismo tiempo que se restauran y conservan los ecosistemas forestales. El objetivo general del proyecto arriba señalado es apoyar la instrumentación de la nueva estrategia gubernamental de manejo sustentable y conservación de los recursos naturales y contribuir a: mejorar las actividades para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales, promover el bienestar de ejidos y comunidades forestales, e incrementar la participación del sector en la economía local y nacional. Los objetivos específicos son: incrementar la capacidad de ejidos y comunidades para lograr un aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales; fortalecer la capacidad de servidores técnicos a fin de ofrecer mejores servicios a propietarios para llevar a cabo las labores de aprovechamiento; propiciar la diversificación del aprovechamiento de recursos naturales a través del diseño de estrategias que permitan promover productos forestales maderables y no maderables; y fortalecer a las instituciones públicas federales y estatales en sus funciones de regulación y fomento para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales. Actualmente no se cuenta con un programa nacional de ordenación forestal. Con el apoyo del Gobierno de la República de Finlandia, se han iniciado las actividades para la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Forestal Sostenible 2000-2020, el cual se tendrá a principios del año 2002. En él se incluirán los aspectos de ordenación forestal para todo el país y será parte de la estrategia nacional de desarrollo sostenible plasmada en el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000. El programa a elaborarse tendrá vinculación con la estrategia nacional de ordenación integrada de la tierra. La SEMARNAP destaca en el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 las acciones para la prevención y combate de incendios forestales. En los resultados de la campaña 1996, se refleja el abatimiento del 19% de superficie forestal afectada con respecto a 1995, al reducirse de 303 mil hectáreas a 246 mil hectáreas afectadas. Esto, no obstante que el número de incendios se incrementó en un 18%, de 7,800 en 1995 a 9,200 en 1996. Los indicadores de eficiencia en la atención a incendios también se redujeron, el tiempo de detección de cada incendio 30%, el de llegada 8% y el de duración 1%, con respecto a la temporada anterior. De esta superficie, el 77% afectó a pastizales y vegetación herbácea, que tiene una inmediata recuperación, y el 23% restante afectó zonas arboladas. Los resultados favorables se debieron en gran parte a las siguientes acciones: coordinación con dependencias Federales y Gubernamentales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, así como la participación del sector social y privado; fortalecimiento de las acciones preventivas a través de los medios de difusión masiva y en campo, con la formación de 1,400 grupos voluntarios y construcción de 9,100 km. de brechas corta fuego y quemas controladas en 53,600 hectáreas; incorporación de equipo aéreo; durante 1996 se celebraron 625 cursos de capacitación de protección de incendios forestales a elementos del Ejército Nacional y del sector social; así como un curso a nivel internacional de alto nivel en materia de incendios forestales. En materia de Sanidad Forestal, se impulsaron proyectos de control de plagas y enfermedades, a través de la inspección aérea y terrestre de 5.65 millones de hectáreas de superficie arbolada, lo cual permitió conocer la condición sanitaria de los bosques y detectar oportunamente las principales áreas afectadas. La superficie diagnosticada durante 1996 corresponde a un incremento del 196% con respecto a 1995. Se realizaron campañas de combate y control de insectos descortezadores de coníferas en los estados de Querétaro, Hidalgo, Guerrero y Michoacán; y contra insectos defoliadores del pino en el estado de Veracruz, protegiéndose una superficie aproximada de 600 mil hectáreas. Asimismo, para evitar la introducción de plagas y enfermedades exóticas en el país, se emitieron 4,264 autorizaciones sanitarias para productos forestales de importación. Está en proceso de negociación un instrumento de estímulos a través de PROCAMPO para apoyar el cambio del uso del suelo, de agrícola a forestal, bajo un Programa Único de Manejo de Tierras.

Status
Situación General

México tiene la 12a superficie forestal más grande a nivel mundial y ocupa el 30 lugar en términos de producción forestal. De las 56.8 millones de hectáreas forestales arboladas, 21 millones tienen la capacidad de ser usadas con propósitos comerciales, aunque actualmente solo se aprovechan 7 millones. La producción forestal está basada en el aprovechamiento de bosques localizados principalmente en los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, México y Oaxaca, los cuales aportan en promedio el 82% de la producción forestal del país, que en 1998 fue de 8.3 millones de metros cúbicos. A partir de 1995, el Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 busca asegurar la conservación de los recursos silvícolas, como parte fundamental del equilibrio entre los ecosistemas, contrarrestando los efectos del cambio de uso del suelo, con el fin de recuperar la frontera silvícola, preservar el recurso actualmente disponible y garantizar que todo aprovechamiento se realice con un sólido sustento técnico. Este programa se inscribe en una política ambiental y de aprovechamiento de los recursos que trasciende el ámbito estrictamente regulatorio para constituirse en un proceso de transformación de las prácticas culturales silvícolas, de promoción e inducción de inversiones en infraestructura ambiental, de creación de mercados y de financiamiento para el desarrollo sustentable. Asimismo, en el marco del esfuerzo nacional para superar la pobreza, se promueve el desarrollo de las comunidades campesinas poseedoras del recurso forestal mediante un aprovechamiento sustentable de los recursos silvícolas, con base en un adecuado ordenamiento territorial y la participación activa de las comunidades en los procesos productivos generadores ed inversión, empleo e ingreso. En la actualidad los propietarios de bosques que los explotan en forma sostenible y de ese modo proporcionan a la sociedad beneficios ambientales no comerciales no reciben compensación alguna por parte del Gobierno. Como se mencionó en la introducción general, solo se han establecido el PRODEFOR y el PRODEPLAN para fomentar la actividad forestal. México ostenta la 12a superficie forestal más grande a nivel mundial y el 30 lugar en términos de producción forestal. De las 56.8 millones de hectáreas forestales arboladas, 21 millones tienen la capacidad de ser usadas con propósitos comerciales. La producción forestal está basada en el aprovechamiento de bosques localizados principalmente en los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Varias dependencias del Gobierno Federal en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales, en el marco del Programa Nacional de Reforestación entre 1995 y 1996, y con la participación de instituciones privadas y del sector social, plantaron 221.7 millones de árboles en áreas urbanas y zonas rurales, con tasas de sobrevivencia variables. Estas actividades de reforestación con el propósito de lograr un equilibrio entre las tasas anuales de desforestación y reforestación, han tenido lugar principalmente en los estados de Michoacán, México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Yucatán, Morelos, Campeche y Tamaulipas. La forestación ha incluido el establecimiento de plantaciones de restauración, agroforestales y diversos proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales en los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas.

Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

Se han realizado diversos eventos de formación y capacitación que inciden directamente en el combate a la desforestación. Entre éstos se incluyen los relativos a técnicas de reforestación, viveros, manejo de cuencas, prevención y combate de incendios, prevención y combate de enfermedades, técnicas de manejo silvícola y el uso de leña combustible. El INIFAP en el período 1995-1996, ha integrado para su publicación 35 paquetes tecnológicos de diversas especies para su desarrollo en Plantaciones Forestales, así como manuales sobre prácticas de manejo y evaluación de impactos del uso de los recursos naturales.

Information
Información

Para hacer llegar la información sobre la ordenación forestal sostenible a los posibles usuarios se inició el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), el cual podrá localizarse por Internet en la dirección http://www.semarnap.gob.mx. Desde 1992, se inició el Inventario Periódico Nacional Forestal a fin de determinar la cantidad de recursos naturales en México, así como su distribución y fluctuaciones. Este inventario incluyó la información de zonificación de los terrenos forestales, considerando sus aptitudes y funciones ambientales. La actualización de este inventario tendrá lugar cada década en coordinación con el Censo Nacional de Población y Vivienda.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

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Financing
Financiación

El presupuesto que se tuvo asignado en 1996 para la operación y control en esta materia, fue de 57.4 millones de pesos, corresponden al nivel central 40.1 millones de pesos y a nivel Delegacional 17.3 millones de pesos, esto independientemente de sueldos y salarios del personal. Adicionalmente se negocia un crédito externo por 20 millones de dólares para asistir a las comunidades en el manejo sustentable de sus recursos y disminuir la desforestación. Para 1997, se han asignado para impulsar la actividad forestal 285.5 millones de pesos.

Cooperation
Cooperación

México ha participado en las reuniones del Grupo Intergubernamental de Bosques. México es signatario de la Declaración de Santiago, que compromete a 12 países en lo que se conoce como Proceso de Montreal, para la aplicación a nivel nacional de siete criterios y 67 indicadores de manejo sustentable para bosques templados y boreales. México participa en diversos esquemas y acuerdos de cooperación internacional en materia forestal, entre los que destacan los siguientes:

México está suscrito a diversos instrumentos jurídicos internacionales, además de la Agenda 21, como son la Declaración sobre Bosques, Convenios sobre Diversidad Biológica y Convenio Marco sobre Cambio Climático.

This information is based on Mexico's submission to the 5th and 8th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development. Last update: October 1999.

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FRESHWATER
RECURSOS DE AGUA DULCE

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

La Comisión Nacional del Agua (CNA) se consolida como autoridad única en materia de agua y fortaalece sus funciones normativas a nivel federal y regional. La CNA es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y la única responsable del agua en coordinación con los organismos operadores. Esta Comisión, a su vez, coordina sus actividades con las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y la de Desarrollo Social (SEDESOL). Otras agencias u organismos gubernamentales para la coordinación del manejo y desarrollo de Agua Dulce y políticas en los niveles sub-nacionales son:

Si, a nivel de cuenca hidrológica: Consejos de Cuenca del Valle de México, del Río Bravo y del Lerma-Chapala. Las atribuciones de estas agencias son : Los Consejos de Cuenca son instrumentos de coordinación y concertación para dar agilidad y ordenar la atención de la agenda del agua en cada cuenca. Tienen la misión de constituirse en instancias deliberativas con la más amplia participación de los usuarios del agua y de la sociedad, permitiendo la mejor planeación de los recursos hidráulicos y contribuir sólidamente a la sustentabilidad de los recursos naturales del país. Los Consejos, como lo señala el Programa Nacional Hidráulico 1995-2000 y las estrategias del sector hidráulico y el Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA), apoyan la administración del agua, el fomento a su uso eficiente, la programación hidráulica regional, el saneamiento de las aguas superficiales y en su sentido mas amplio la gestión del agua por cuenca hidráulica. En 1996 se realizaron diferentes acciones dirigidas a la creación, instalación, operación y consolidación de otros Consejos de Cuenca en:: Costa de Chiapas; Alto Noroeste; Balsas; Pánuco (San Juan); Bajo Noroeste; Costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; y revitalizar los Consejos ya instalados del Valle de México, Bravo (Ríos Conchos y San Juan), y Lerma Chapala (Lerma Santiago). En 1997 se inició la integración de la Coordinación de Consejos de Cuenca (CCC), para coordinar la promoción, instalación, operación y consolidación de los Consejos de Cuenca a nivel nacional. La Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana tiene por objeto la coordinación en la planeación, construcción, operación, mantenimiento, desarrollo y transferencia de caudales de agua potable, residual, pluvial y tratada de los sistemas hidráulicos en el Área Metropolitana del servicio regional del Distrito Federal y en los municipios conurbados del Estado de México.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) regula la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y su control, así como la preservación de su cantidad y calidad. Existe también un sistema obligatorio de permisos de descargas para aquellos que las canalizan hacia los cuerpos de aguas nacionales. Los derechos y obligaciones adquiridos por los concesionarios, asignatarios y permisionarios de aguas nacionales y bienes asociados se establecen en títulos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CNA). Estos títulos se inscriben en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) y otorgan el derecho a explotar, usar o aprovechar un determinado volumen de agua a personas físicas o morales. En los permisos de descarga de aguas residuales se establecen las condiciones bajo las cuales el permisionario puede disponer de las aguas residuales resultantes. El número de títulos inscritos en el REPDA al 31 de diciembre de 1995 ascendió a 29,567, de los cuales el 64.5 % son para uso agrícola, pecuario y acuacultura; 5.0 % para sistemas de agua potable y alcantarillado; 17.5 % para uso industrial, comercial y de servicios; y el 13.0 % para otros usos. El marco legal y regulatorio para el manejo y desarrollo del recurso agua es el siguiente:
Legislación general y marco de regulación para el manejo del agua (Títulos y años de las últimas actualizaciones):

Normas Oficiales Mexicanas (NOM): Para su uso en la agricultura (Títulos y años de las últimas actualizaciones): Para su uso en la industria (Títulos y años de las últimas actualizaciones): Para su uso en los asentamientos humanos y vivienda (Títulos y años de las últimas actualizaciones): La Secretaría de Salud ha publicado las siguientes normas oficiales mexicanas: Actualmente está en revisión el proyecto para emitir la siguiente norma: Están en espera de su publicación en el D.O.F. como proyectos: Se encuentran en elaboración: Ley General de Salud. En su Artículo 118 señala la responsabilidad de la Secretaría de Salud para emitir las normas a que deberán sujetarse: el tratamiento del agua para uso y consumo humano (Fracción II); la promoción y apoyo al saneamiento básico (Fracción IV); la asesoraría en criterios de ingeniería sanitaria de obras públicas y privadas para cualquier uso (Fracción V). En el Artículo 119 establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, vigilarán y certificarán la calidad del agua para uso y consumo humano. (Fracción II). Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. El Artículo 2 define como materia de regulación, control y fomento sanitario el agua y el hielo para uso y consumo humano, así como los sistemas de abastecimiento de agua y equipos domésticos de purificación de la misma. En el Artículo 101 se responsabiliza al propietario o encargado del sistema de abastecimiento de agua de notificar cualquier incidente o accidente en los componentes del sistema, que dé lugar a modificaciones en la calidad del agua, haciéndola impropia para consumo humano. El Art. 216 de dicho Reglamento establece los requisitos sanitarios que deban cumplir las construcciones, instalaciones y equipos de los sistemas de abastecimiento para proteger la salud de la población. (Se entiende por sistema de abastecimiento, el conjunto intercomunicado o interconectado de fuentes, obras y captación, plantas potabilizadoras, tanques de abastecimiento y regulación, líneas de conducción y distribución, que abastece de agua para consumo humano a una o más localidades o locales, sean de propiedad pública o privada. (Art. 215). La autorización de responsable de control de calidad sanitaria del agua es otorgada por los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad con los requisitos que fija la Secretaría de Salud (Art. 217). Los propietarios u organismos y entidades responsables de sistemas de abastecimiento, deben cumplir con las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre potabilidad, agua y control de la misma y con los requisitos sanitarios de los propios sistemas de abastecimiento (Art. 218). La autoridad sanitaria (el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo al Departamento del Distrito Federal), debe vigilar la potabilidad del agua y otorgará el Certificado de Condición Sanitaria del Agua a los sistemas de abastecimiento en operación, sean públicos o privados, que reúnan los requisitos sanitarios y mantengan la condición del agua abastecida dentro de los límites permisibles (Art. 220). Cuando el agua de un sistema de abastecimiento no reúna las características de potabilidad, la autoridad sanitaria, a fin de proteger la salud de los usuarios, procederá a ordenar que el suministro se suspenda o se condicione, hasta que le dé al agua el tratamiento adecuado o, en su caso, se localice otra fuente apropiada. (Art. 222). El Decreto D.O.F. del 11 de octubre de 1996: reforma el diverso publicado el 11 de octubre de 1995, mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones al Distrito Federal, estados y municipios usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. La Ley Federal de Derechos en Materia de Agua establece que como un recurso propiedad de la nación, existe la obligación de usar y planificar los recursos hídricos. Los derechos se determinan por una relación inversa a la disponibilidad geográfica del recurso, por lo que aquellos que pagan más son quienes viven en regiones de escasez relativa y los que pagan menos, son aquellos que viven en donde el agua es abundante. Asimismo, aquellos que contaminan los recursos hídricos deben pagar los costos de saneamiento. Los mecanismos que existen para la resolución de conflictos relacionados con el manejo y el desarrollo de los recursos del agua son: El único mecanismo que existe para resolver conflictos en todos los ámbitos, es la aplicación de la normatividad y legislación del agua. En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente modificada se fortalecen las bases jurídicas para propiciar que la sociedad ejerza su derecho a la información, para procesar conflictos ambientales y actuar de acuerdo con las prioridades establecidas a través del consenso y del reconocimiento social. Los Consejos y Comisiones de Cuenca se crean como una fórmula para captar las demandas y propuestas de solución a los problemas que se derivan del uso y aprovechamiento de este recurso.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

Política de precios para recuperar costos o distribuir equitativamente el agua: En general: Existe la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. Existen políticas tarifarias para uso vigente de acuerdo a una zonificación especial de abundancia y escases.Además, está en proceso la aplicación de una política de regularización del universo de usuarios y de descargas de aguas residuales de origen urbano e industrial, con respaldo en un sistema adecuado de sanciones, precios y estímulos, bajo un esquema de distribución equitativa. Como parte de las estrategias de apoyo al desarrollo y consolidación institucional, se ha desarrollado la propuesta "Evolución Hacia un Mercado de Títulos de Agua", en donde se definen los cambios requeridos en el sector hidráulico para asignar el recurso a través de instrumentos de mercado. Para uso agrícola:
Existe un sistema tarifario por disponibilidad de agua y por uso. La Ley de Aguas Nacionales establece las pautas para cobrar cuotas por el agua suministrada a los sistemas de riego. Además, se ha desarrollado un Sistema de Información Socioeconómica y Financiera del Agua (SISEFA), una metodología para el análisis de la situación social en microcuencas y un instrumento para estimación del gasto ecológico; a estas acciones se agrega el desarrollo de un Sistema de Cómputo para la Planeación de Zonas de Riego (SPLAD-ZR). Asimismo, está en elaboración una evaluación de los efectos económicos en el sector hidroagrícola ante la instrumentación del cobro por derechos de uso de agua. Para uso industrial: El derecho por uso y aprovechamiento de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales constituye uno de los instrumentos económicos que se incorporó a la legislación ambiental mexicana a partir de octubre de 1991. Su finalidad es inducir a los responsables de las descargas, que no cumplen con las normas vigentes aplicables o que se encuentren por encima de los estándares mínimos de calidad, a construir sistemas de tratamiento de aguas o modificar sus procesos de producción para mejorar la calidad de sus aguas residuales. En 1996, se decidió replantear el instrumento económico a partir de un nuevo esquema regulatorio con nuevas reformas a la Ley Federal de Derechos de 1996 y la publicación de tres Normas Oficiales Mexicanas. El costo del agua depende de si se usa o se descarga. Para uso, la cuota está en función de la zona de disponibilidad (en México existen 9 zonas), y para descarga, la cuota depende del tipo de cuerpo receptor al cual se vierten las aguas. Actualmente, se evalúa la aplicación de instrumentos de mercado como mecanismo para regular la demanda de agua para uso industrial, como una metodología de apoyo al proceso de planeación, evaluación social, económica y ambiental en el desarrollo de los recursos hidráulicos. Para uso en los asentamientos humanos y vivienda: En la Ley Federal de Derechos y en la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas de Infraestructura Hidráulica se encuentra fundamentada la política de pago justo y cultura del agua (uso eficiente). La cuota no es suficiente para recuperar los costos. Para el Distrito Federal, la política de precios se define en el Programa para el Desarrollo del Distrito Federal 1995-2000 y por la Comisión de Aguas del Distrito Federal. Se trabaja en las siguientes líneas de acción con respecto a otras políticas para la distribución eficiente del agua que promuevan el desarrollo económico:

Se promueve la participación privada en servicios de agua potable y saneamiento, rehabilitación y modernización de distritos y unidades de riego, desarrollo parcelario, uso eficiente de agua y energía, uso pleno de la infraestructura, control de descargas y cobro de derechos por uso del agua. Dentro del contexto sectorial de las políticas y acciones en materia del agua, la SEMARNAP ha establecido un marco de referencia donde de incluye la dimensión ambiental, social y económica: En esta última se plantean acciones que contribuyen a la superación de la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de la población. La política para la prevención de desastres, particularmente con respecto a inundaciones y sequías es la siguiente: Se da seguimiento a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extraordinarios como precipitaciones intensas, heladas, granizadas, nevadas, vientos, huracanes, inundaciones y sequías, que afectan al territorio, ocasionando daños a los centros de población y zonas agrícolas, lesiones a las personas y ocasionalmente perdida de vidas humanas,. por lo que la CNA, auxilia a la población y hace cumplir las políticas de operación de las presas para el control de avenidas que se pudieran generar, a través del Sistema Nacional de Protección Civil.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

Los Consejos de Cuenca son instancias de coordinación y concertación, contempladas en la Legislación Hidráulica con el fin de que las entidades de gobierno interactúen con la sociedad en la planeación y aprovechamiento de los recursos hídricos. Y así mismo son una forma de organización que permite alentar y compartir responsabilidades entre los sectores público y privado. También son órganos de concertación con los diversos usuarios del agua y de coordinación entre los organismos del gobierno federal, estatal y municipal en espacios territoriales definidos por las cuencas hidrológicas. En este sentido, se tiene contemplada la participación amplia y plural de los diversos sectores de la sociedad, entre otros a todos aquellos grupos organizados de científicos, profesionales y ONGs que tengan que ver con el recurso agua. Adicionalmente, la Comisión Nacional del Agua considera la participación de expertos por medio de:

En lo que respecta a la participación de las mujeres, hasta ahora no se ha puesto en práctica la consulta hacia organizaciones de mujeres para objetivos generales. Sin embargo, a nivel de proyectos específicos en trabajos comunitarios, la participación de las mujeres es muy importante. Por tal motivo, se aprovechan los conocimientos que la población femenina tienen en el uso y manejo de los recursos naturales. La instrumentación del Ordenamiento Ecológico involucra un proceso de gestión basado en la participación de los actores locales. Se incluye entre ellos a los grupos sociales, autoridades de los tres ordenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales y grupos de académicos con presencia en la región. En materia de Impacto Ambiental, los proyectos más importantes y/o controversias se ponen a disposición del público para consulta y análisis. En caso de ameritarlo, se llevan a cabo reuniones para la negociación entre los actores regionales involucrados. En el caso del Distrito Federal existen sistemas de protección civil en las delegaciones políticas. Papel del sector privado en estos procesos: Debido a la necesidad de ampliar los servicios y a las dificultades que presenta el continuar con el sistema de atención directa de los municipios, se ha modificado el marco legal que los rige para extender la posibilidad de participación del sector privado. Se pretende que este último contribuya con los recursos financieros necesarios a través de la concesión parcial o total de estos servicios. Los resultados de las primeras concesiones al sector privado han permitido identificar aspectos que contribuirán a mejorar la eficacia de futuras concesiones. De esta manera se propicia la participación de la iniciativa privada y de las organizaciones sociales en tareas del manejo del agua, que antes eran casi de exclusiva competencia del sector público. Por otra parte, la atención de los rezagos de servicios en zonas rurales y en poblaciones urbanas marginadas, requieren de grandes inversiones, que demandan la participación conjunta de ambos sectores. Las modalidades de financiamiento se diversifican, desde los créditos al sector público, hasta la concesión de servicios, como ya sucede en el caso de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. De esta forma, se generarán mayores capacidades para atender a los segmentos marginados de la población. El saneamiento de cuencas hidrológicas también se realiza mediante la acción conjunta de los sectores público y privado, con apoyo en estímulos fiscales y a través de tarifas por descarga, que incentiven la reducción de descargas contaminantes, bajo el principio de que el que contamina paga, y quien no cumpla la norma será sancionado. (Programa Hidráulico 1995-2000). Actualmente la CNA trabaja en los diseños de nuevos esquemas y promoción de adecuaciones legales y reglamentarias, con objeto de aprovechar el potencial de la participación privada en este ámbito. con acciones como: El sector privado interviene en el tratamiento de las aguas, residuales mediante concesiones, y en su administración. En el Distrito Federal, el sector privado tiene a su cargo la concesión de la operación y mantenimiento de las redes secundarias de agua y drenaje, con la supervisión de la Comisión de Aguas del Distrito Federal; así como la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y la comercialización del agua que producen.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

El Gobierno Federal estableció desde 1989 el Programa de Transferencia de Distritos de Riego, con objeto de transferir la operación, conservación y administración de los distritos de riego del país a los usuarios debidamente organizados en asociaciones civiles y sociedades, siendo un requisito que se tenga la autosuficiencia de los distritos de riego previamente a la transferencia. Existen alrededor de 154 mil localidades con población menor de 2,500 personas, 108 mil de estas localidades tienen menos de 1,000 habitantes y en ellas más 5 millones de mexicanos que viven en condiciones de marginación alta y muy alta. Aunque la dispersión de comunidades hace necesario efectuar inversiones cuantiosas, solo justificables en términos de beneficio social, es menester dotar de agua potable a la población rural. El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, contribuye al cuidado de la salud, al mejoramiento de calidad de vida de la población y al control del deterioro en los cuerpos de agua. Dentro de este Programa se cubre al medio rural, en comunidades de menos de 2500 habitantes, en donde se concentra el 75% de la población nacional que vive en pobreza extrema. Sus prioridades son: a) atender el rezago de servicios en las zonas rurales y en poblaciones urbanas marginadas, con apoyo gubernamental federal, estatal y municipal, así como con la participación de los sectores de la población; b) apoyar a elevar el servicio de agua potable en las zonas rurales, de 13.8 millones de habitantes en 1995 a 18.8 millones de habitantes al año 2000, y el saneamiento para beneficio de 5.5 millones de habitantes en 1995 a 15.1 millones al año 2000. A fin de subsanar las carencias identificadas también se desarrolló el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, cuyos objetivos son:

El FINFRA le da un especial peso a proyectos que tiendan al bienestar de las personas pobres. En 1997, el gobierno de la República puso en marcha el programa PROGRESA (Programa de Educación, Salud y Alimentación) el cual conjunta los esfuerzos de instituciones federales y estatales coordinando sus acciones a favor de una mejor educación, salud y alimentación para las familias que viven en condiciones de pobreza extrema, y busca complementarse con otros programas sociales, como los mejoramiento de la vivienda, agua potable y capacitación para el trabajo. En 1991, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Agua Limpia, para garantizar que los recursos hídricos cumplan con las normas de calidad establecidas. El 9 de noviembre de 1993 se inició la segunda etapa de este Programa e incluye a los 320 municipios más afectadas por el cólera. El 95.0 % del agua que se suministra a la población está desinfectada.

El Gobierno esta tomando las siguientes medidas para efectuar lo siguiente:
Prevenir la contaminación de los acuíferos:

Conservar el agua dulce: Aumentar los suministros de agua dulce: Se cuenta con los Programas de Control de Inundaciones, Sequías y Seguridad de Presas: En el Programa para la Mitigación de Sequías: se dedica especial atención a lo siguiente: En el Programa de Seguridad de Presas: para atender esta problemática, se tienen los siguientes objetivos: El Programa de Manejo y Control del Sistema Hidrológico tiene como objetivos: cuidar la calidad y cantidad del agua, regular las demandas de los sistemas usuarios del agua, mejorar la distribución entre estos, evitar los daños ocasionados por las inundaciones y dar seguridad a la infraestructura hidráulica. Dentro del Programa de Prevención y Atención de Emergencias se tiene preparado el establecimiento de los Centros Regionales para la Atención de Emergencias, con objeto de tener una capacidad inmediata de respuesta frente a las contingencias,. Estarán debidamente equipados y se espera ponerlos en operación durante 1997 y 1998. Existen brigadas de estiajes para mantener el suministro de agua potable a las zonas afectadas y programas de desazolve en presas, lagunas de regulación, drenaje profundo y redes primarias y secundarias. Las metas que se han establecido para cubrir el abastecimiento y saneamiento de agua se plantean en el Programa Hidráulico 1995-2000 son: Metas para el año 2000: Las necesidades tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales son: Y para la potabilización del agua: Efectuar un proceso de reingeniería y control de calidad total para producir tecnologías más limpias, acorde a nuestras condiciones económicas y ambientales. El 94.1 %.del agua es tratada antes de usarla ahora y las metas pra incrementar este porcentaje son: Para el año 2000: Mantener niveles de desinfección que cubran el 95% del agua que se suministra a la población e incrementar de 2.2 a 2.4 km3/año (70 a 75 m3/s) la capacidad instalada de potabilización.
De acuerdo con los últimos reportes de la CNA, la cobertura de abastecimiento ha crecido 17.4% en un período de cinco años, desde el inicio del Programa Agua Limpia, de 1991 a marzo de 1996, incorporando 11.4 millones de habitantes al servicio de agua entubada, mientras que los habitantes beneficiados con agua clorada "desinfectada", aumentaron en 104.9% con respecto a la cantidad anterior, pasando de 35.0 millones (250 localidades), a 70.7 millones (15,317 localidades) en el mismo período, con una tasa anual de crecimiento de 2.5% para agua entubada y 15.0% para habitantes con agua desinfectada. Para octubre de 1996, 83.7% de las muestras de agua tomadas en sistemas de distribución mostraron presencia de cloro, y 75.8% se encontraron dentro del rango 0.2-1.5 ppm, establecidos por la normatividad vigente. El número de determinaciones realizadas se incrementó 4.7% en el transcurso de 1996. Para el Distrito Federal el 100%: Aunque recibe un tratamiento, en el oriente de la ciudad se continúan construyendo plantas potabilizadoras a pie de pozo, para mejorar la calidad del agua que se extrae del acuífero.

Status
Situación General

México tiene problemas tanto de escasez como de exceso de agua. El 82.0% del volumen de almacenamiento está bajo la cota de 500 msnm, y el 76.0% de la población vive arriba de la misma, por lo que la población y la actividad económica se distribuyen en relación inversa con la disponibilidad del agua. Menos de una tercera parte del escurrimiento superficial ocurre en el 75.0% del territorio, donde se concentran los mayores núcleos de población, las industrias y las tierras de riego. Esto provoca insuficiencia en las aguas superficiales y subterráneas para el abastecimiento y la sobreexplotación de acuíferos, ocasionando salinización gradual y obligando a la transferencia entre cuencas. En el 25.0% restante del territorio existe abundancia de agua. México está expuesto a ciclones tropicales que traen consigo precipitaciones intensas que originan severos problemas de inundaciones, sobre todo en el sureste del país, por lo que se ha establecido una política que cubre los aspectos de: saneamiento de las principales cuencas hidrológicas; promoción de uso eficiente del agua con una política de precios justa; y el establecimiento de consejos de cuencas hidrológicas. La dotación de agua potable y alcantarillado aumentó su cobertura en 1.5 y 0.5 millones de habitantes respectivamente, en las zonas urbanas y rurales del país con relación a 1994 y se concluyeron plantas de tratamiento de aguas residuales en Monterrey, Michoacán y algunas ciudades de la frontera norte, entre otras. En 1995, el 83.5% de la población contaba con el servicio de agua potable y el 67.0% tuvo acceso a las redes de drenaje. Actualmente, existen 818 plantas de tratamiento de aguas residuales de origen municipal con una capacidad instalada total de 43 m3/s, que representa el 24.7% del total de aguas residuales de este origen. En 1994 se regaban 41 mil ha de cultivos restringidos con aguas residuales. A nivel nacional, los recursos hídricos disponibles representan un volumen anual per capita de aproximadamente 5,100 m3/habitante/año, pero existe un déficit de agua en casi la mitad del país, principalmente en los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí (1,100 m3/habitante/año), y en algunas zonas del área metropolitana de la Ciudad de México y de la Cuenca Lerma -Chapala. La sobreexplotación de acuíferos ha contribuido a la contaminación salina de acuíferos costeros, principalmente en la Península de Baja California, la costa de Sonora y la Península de Yucatán. Tratamiento y/o reciclaje del agua residual.

Con respecto a las aguas residuales urbanas tratadas Se generan 7.3 km3/año de aguas residuales y solo se recolectan en el alcantarillado 5.5 kilómetros cúbicos por año. Se cuenta con una infraestructura para tratar 1.4 km3/año; sin embargo, solo se tratan adecuadamente 0.53 km3/año (7.79%), por lo que se descargan al medio ambiente sin tratar 6.8 km3/año, se remueve el 8% de la DBO municipal. A principios de 1989 se contaba con una capacidad del 12 % del total de aguas residuales. Actualmente, para el tratamiento de aguas residuales de origen municipal se cuenta con una capacidad instalada que representa el 24.7% del total de aguas residuales de este origen. En el Distrito Federal es el 20%.

Challenges
Desafíos

Los principales obstáculos que enfrenta el Gobierno para alcanzar sus objetivos en estas áreas son:

Con respecto a los recursos financieros, se estima que para la próxima década, las adquisiciones de tecnologías excederán los 30 millones de dólares; además, el abastecimiento del agua al ritmo de la demanda creciente en las regiones, donde se localiza el mayor volumen de extracción y mayor dinámica por la actividad económica y creciente poblacional, cada vez es más caro y complejo, los costos promedio de extracción, suministro, potabilización y tratamiento se incrementan obviamente en los sitios de escasez relativa y donde existe contaminación. Se estima que la inversión requerida para agregar un metro cubico de suministro anual durante el periodo 1976-1996, fue en promedio 2.5 veces mayor que la que se necesitó en el periodo de 1950 a 1975, a precios constantes de 1996. Adicionalmente, los subsidios en el país son todavía muy altos, tanto a la inversión, como a la operación y mantenimiento, incluso al gasto corriente de los sistemas hidráulicos federales o municipales. Los esquemas de subsidios como se han planteado son regresivos porque producen un efecto contrario al beneficiar a los que más tienen. También existen los obstáculos de tipo natural y políticos y sociales. En cuanto al primero, la temporalidad de la lluvia y los escurrimientos no permiten aprovechar el recurso de acuerdo a las demandas, por lo que se ha construido infraestructura para su almacenamiento y regulación. Las sequías han impactado considerablemente el abastecimiento de agua a las poblaciones, la agricultura y la generación de electricidad. La disponibilidad de agua es desigual a lo largo del territorio nacional, por lo que la contaminación de los cuerpos de agua limita algunos de los usos. Respecto al segundo tipo, la problemática ocasionada por factores naturales ocasiona problemas entre los usuarios y los sectores por la captación del recurso, lo que deriva en la utilización de volúmenes mayores a los permitidos y la existencia de un número importante de usuarios clandestinos, situaciones que desembocan en la sobre-explotación de los cuerpos de agua. En términos generales, existe entre la población una falta de conciencia para crear una nueva cultura del agua que permita ahorrar importantes volúmenes de agua y conservar la infraestructura hidráulica.

Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

Los programas o campañas para la educación al público sobre temas de conservación y manejo del agua para alcanzar patrones de consumo más sustentables son los siguientes: El Programa Agua Limpia, que coordina la CNA y en el que participa la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales contiene, entre otras acciones, la de formular y ejecutar el programa de capacitación, comunicación y divulgación de la cultura del agua. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Dirección General de Publicaciones y la Dirección de Educación para el Consumo, en materia de conservación y manejo del agua, elaboró y difundió un folleto titulado "Ahorre en su Hogar Energía Eléctrica, Agua, Teléfono y Gas".

Information
Información

El Servicio Meteorológico Nacional vigila en forma permanente las condiciones atmosféricas que prevalecen en el país y áreas vecinas, con el fin de alertar con oportunidad al Sistema Nacional de Protección Civil, a la misma CNA y al público en general sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos que puedan afectar a la población. Para atenuar los impactos ocasionados por eventos hidroclimatológicos como ciclones, inundaciones, sequías y otras condiciones adversas, se mantienen y modernizan los sistemas de obtención y manejo de la información meteorológica y climatológica. Con los pronósticos de ingresos diarios de las presas, se estiman los almacenamientos probables al final de cada mes y en aquellos casos en los cuales existe probabilidad de llenado y desfogue, se realizan extracciones de control. Se emiten instrucciones de operación de aquellas presas que pudieran presentar algún riesgo en su infraestructura, fijándose metas de almacenamiento por alcanzar y sostener; con lo que se logra el máximo aprovechamiento de los embalses y el mínimo de daños por derrames. Como parte del Ordenamiento Ecológico, se cuenta en escala 1: 1'000,000 con una carta de Riesgos que identifica las zonas que en el territorio nacional, son susceptibles de deslaves, inundaciones, sismos, etc. Esta información será un insumo más para la planeación regional integral. Información recopilado regularmente sobre el manejo y desarrollo del agua: Se registran datos hidrométricos, inventarios de usos de agua, y aquellos que permiten determinar los volúmenes de extracción y de los distintos consumos. Se han usado también modelos de simulación para el comportamiento del ciclo hidrológico, para tránsito de avenidas en vasos de almacenamiento y los que simulan el flujo en los acuíferos. Para climatología se han desarrollado sistemas específicos, como es el caso del Sistema de Información Geográfica del Agua (SIGA). Existe una Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua cuyas redes de medición de niveles y calidad del agua subterránea, se están reactivando y ampliando mediante la revisión y reactivación de las redes existentes para seleccionar las estaciones adecuadas, desechar las no representativas y con la construcción de pozos complementarios para el monitoreo de los niveles y la calidad del agua. Se cuenta también con los siguientes sistemas:

Asimismo, en la SEMARNAP se están desarrollando bases documentales, sistemas de información estadística e inventarios de recursos que son indispensables para una gestión ambiental moderna. Entre ellos cabe mencionar: Esta información en el sector agrícola por: INEGI, SAGAR y CNA. La CNA recopila regularmente en los 81 distritos de riego del país por parte del personal técnico de las asociaciones civiles de usuarios y de los distritos de riego la información relativa a: estadísticas de producción agrícola y estadísticas de distribución de aguas. A nivel estatal, regional y central de la CNA se recaban informes de avances mensuales. En el sector de asentamientos humanos y vivienda: La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).Existe un proceso de captación de datos sobre servicios que brindan a la población, las entidades prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado en los estados. Las unidades de programas rurales estatales y regionales, son quienes reciben la información en forma trimestral, semestral y anual. La información se integra en un documento anual "situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento" a diciembre de cada año. En el Distrito Federal se mide: agua en bloque, presiones en la red, reportes de falta de servicio, reportes de calidad del agua. En el sector industrial: La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Para el registro de la información, correspondiente a las componentes del ciclo hidrológico, se cuenta con redes de medición meteorológica, hidrometría, de agua subterránea y de calidad del agua; sin embargo, se han tenido problemas para mantener actualizada la información debido a adecuaciones en la organización para el procesamiento de datos y a la escasez de recursos económicos. Se cuenta asimismo, con una red hidrométrica conformada por 1,320 estaciones de las cuales la CNA, atiende a 1,023 y las restantes están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. La Comisión de Aguas del Distrito Federal mide los consumos de agua de las industrias. La información de derechos de agua se consulta en el Sistema de Registro de Derechos de Agua, de carácter público. También la CNA se encarga de proporcionar a través de boletines el servicio público de información meteorológica, climatológica e hidrométrica en todo el país; asimismo, mantiene informado permanentemente al Sistema Nacional de Protección Civil a través de las condiciones hidrometeorologicas que pueden afectar a la población. También se distribuye a través de la Comisión de Aguas del Distrito Federal, Secretaría de Obras y Servicios (DDF) en forma interna. La información relacionada con el registro de los usuarios en el Registro Público de Derechos de Agua está disponible electrónicamente en un sistema diseñado en el lenguaje Fox Pro para Windows (Sistema REPTA). Existe un sistema desarrollado por la Subdirección General Técnica denominado BANDAS (Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales), que integra a nivel nacional los datos que se generan en las estaciones hidrometeorologicas, está compilado en Fox Pro, y está en constante actualización. Existe una página del Servicio Meteorológica Nacional donde se presentan datos e imágenes de satélite a tiempo real www.smm.cna.gob.mx. En materia de medición y control de aguas superficiales, existen 750 estaciones climatológicas en las regiones hidrológicas que permiten estimar la precipitación pluvial en la República Mexicana; también se registran los volúmenes de almacenamiento y extracción de 176 presas de almacenamiento, de las cuales 137 son para riego, 21 para agua potable, y 18 para generación de energía eléctrica. Actualmente, la CNA a través del Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA) promueve la modernización de sistemas de obtención, procesamiento y archivo de datos de cantidad, calidad del agua y estudios; modernización de la operación,seguridad de presas y manejo de acuíferos; administración del uso del agua; planeación y sistemas de información en el ámbito del agua; y desarrollo institucional, apoyo tecnológico y capacitación. Las funciones de fiscalización atribuidas a la CNA, así como las adecuaciones a la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua y las facilidades administrativas y fiscales otorgadas, permitieron recaudar 2,850.4 millones de pesos. En el financiamiento de las obras en las unidades de riego incluidas en el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, se estableció una participación del 50 % de inversión Federal y el resto con aportación de los gobiernos estatales y/o de los usuarios. En este programa se invirtieron 88.4 millones de pesos.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

Por lo que concierne al desarrollo científico y tecnológico, también han habido avances importantes gracias a la consolidación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). El IMTA, tiene como misión el realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país. Desde sus orígenes, el IMTA se ha caracterizado por ser una institución firmemente comprometida con la solución de los problemas más apremiantes del Sector Hidráulico Nacional y por lo mismo, a través de los años ha colaborado intensamente con la CNA y otras instancias de dicho sector en la solución de dichos problemas. El IMTA fortalece sus acciones en materia de normalización y de certificación de equipos y materiales del sector agua. Los siguientes parametros son utilizados para medir la calidad del agua, incluyendo la contaminación del agua por Contaminantes Orgánicos Persistentes: Se aplica lo establecido en las siguientes normas:

Para el agua potable o apta para consumo humano: Los requisitos organolépticos y físicos se encuentre dentro de los límites siguientes: El contenido, expresado en miligramos por litro, de elementos iones y sustancias, no debe exceder los límites permisibles que a continuación se expresan:
 
CARACTERÍSTICAS  LIMITE PERMISIBLE
Aluminio  0.20
Arsénico  0.05
Bario  0.70
Cadmio  0.005
Cianuro expresado como ion CN  0.07
Cloro residual libre  0.2-1.50
Cloruros expresado como ion Cl  250.00
Cobre  2.00
Cromo total  0.05
Dureza total como CaCO3  500.00
Fenoles o compuestos fenólicos  0.001
Fierro  0.30
Fluoruros expresado como ion F  1.50
Manganeso  0.15
Mercurio  0.001
Nitratos expresados como nitrógeno  10.00
Nitritos expresados como nitrógeno  0.05
Nitrógeno amoniacal expresados como nitrógeno  0.50
pH (potencial de Hidrógeno) en unidades de pH  6.5-8.5
Plaguicidas en microgramos/l: Aldrin y dieldrin (separados o combinados) 0.03
Clordano (total de isómeros)  0.30
DDT (total de isómeros)  1.00
Gamma HCH (lindano)  2.00
Hexaclorobenceno  0.01
Heptacloro y epóxido de heptacloro  0.03
Metoxicloro  20.00
24-D  50.00
Plomo  0.025
Sodio  200.00
Sólidos disueltos totales  1000.00
Sulfatos (como SO4=)  400.00
SAAM (Sustancias Activas al Azul de Metileno)  0.50
Trihalometanos totales  0.20
Zinc  5.00

Con estos parámetros se determina el índice de calidad del agua, el cual tiene una escala de 0 a 100 que va de peor a mejor calidad. Los constituyentes radiactivos deben ajustarse a lo establecido en la siguiente tabla:
 
CARACTERÍSTICAS  LÍMITES PERMISIBLES
Radiactividad alfa global  0.1
Radiactividad beta global  1.0

La CNA no exige que se mida de manera rutinaria a los contaminantes orgánicos persistentes. En México se han emprendido diversas investigaciones relacionadas con el manejo del agua y sus correspondientes tecnologías en virtud de las desigualdades hidrológicas que existen entre las diferentes regiones, por la sobreexplotación superficial y subterránea, as' como por la contaminación del vital líquido. La principal institución que lleva a cabo proyectos en este ámbito es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el cual realiza estudios sobre sistemas de agua potable, obras de captación, potabilización y saneamiento, así como dotación de agua a zonas agrícolas y urbanas. En materia de agua potable, las líneas de investigación del IMTA son las siguientes: adaptación, mejora y validación de técnicas de captación de aguas de niebla en comunidades pequeas dispersas en zonas montaóosas; desarrollo de un sistema de normalización y certificación de productos y fabricantes de agua potable; identificación de fuentes de contaminación de agua potable; diseo de técnicas para determinar la saxitoxina en agua; desarrollo de un manual de evaluación de plantas potabilizadoras; simulación de la calidad de agua en redes de distribucin y, desarrollo de un sistema de información para la rehabilitación de tuberas. Además, el IMTA trabaja en la instalación de un laboratorio de certificación y uso eficiente del agua. En materia de hidráulica rural, este Instituto apoya la transferencia de la administración, operación y mantenimiento de los distritos de riego a los usuarios. Asimismo, para crear y reforzar actitudes, valores y prácticas para la protección y uso adecuado del agua, el IMTA desarrolla proyectos en los campos de la comunicación y procesos de información dirigidos al desarrollo de áreas y distritos de riego, la gestión del recurso hidráulico en las ciudades medias y cuencas, as' como la difusión de las normas oficiales mexicanas en la materia. Por otra parte, los Sistemas de Investigación Regionales del CONACYT han desarrollado proyectos en el área de recursos naturales y medio ambiente que están vinculados al ordenamiento ecológico territorial; sistemas de información e inventarios de los recursos naturales; control y manejo de los contaminantes en los ecosistemas; modelos de desarrollo sustentable; conservación y mejoramiento de suelo, agua y recursos naturales; modelación, protección y manejo de acuíferos, cuencas y otros sistemas hídricos; productividad agrícola, agropecuaria y forestal sustentables actuales y tradicionales, así como biodiversidad (protección, conservación y manejo). Además, las instituciones de investigación y de educación superior del país llevan a cabo investigaciones sobre la degradación de sustancias tóxicas de efluentes industriales y se han estudiado distintas técnicas como la biomasa fija, el carbón activado, los reactores anaeróbios, las membranas, las plantas acuáticas, la desorción, las lagunas de estabilización y la fotocatálisis. También, se han desarrollado diversas investigaciones para la modelación de sistemas de lodos activados, el transporte de contaminantes, los riesgos de intoxicación asociados a cultivos irrigados con aguas residuales, así como el desarrollo de nuevos métodos de separación y análisis de contaminantes y calidad del agua. Asimismo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social (CIESAS), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, han publicado varios libros relativos al uso y manejo del agua. Por su parte, actualmente el CIIEMAD, del Instituto Politécnico Nacional, realiza un proyecto de investigación interdisciplinaria relativo al manejo del agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estas investigaciones son financiados por los gobiernos estatales, organizaciones sociales, y organizaciones intersectoriales. En 1997, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación el Conacyt otorgó 1,046 miles de pesos al IMTA para la realización de dos proyectos de investigación científica. Uno relacionado con la simulación del transporte de agua y solutos bajo condiciones agrícolas y, el otro, con la remoción de material orgánico disuelto, desinfección no convencional del agua y su impacto en la salud humana. Por otra parte, el financiamiento de los proyectos que llevan a cabo los Sistemas de Investigación Regionales proviene de las aportaciones directas a los fideicomisos por parte de los gobiernos estatales y el Conacyt, así como de las aportaciones complementarias de instituciones de investigación y de educación superior y el sector privado. Así, durante el periodo 1994-1997 a través de los Sistemas de Investigación Regionales se han apoyado 150 proyectos en el área de recursos naturales y medio ambiente, los cuales contaron con recursos del Conacyt por 43,349 miles de pesos. En 1997 el Conacyt canalizó 1,517 miles de pesos a las instituciones de investigación y de educación superior para la realización de 4 proyectos de investigación relacionados con el manejo del agua. Las instituciones que desarrollan estos trabajos son el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Yucatán. Cabe hacer notar que para inducir la utilización de los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en el país, las instituciones realizan eventos de difusión, elaboran publicaciones y desarrollan sistemas de información, dirigidos particularmente a los usuarios potenciales. Como ejemplo, el IMTA llevó a cabo la Primera Convención Anual de Empresas de Agua y Saneamiento, en la cual se entrevistó a más de cien usuarios y se les ofreció los distintos servicios de la Institución. Asimismo, el Conacyt apoyó la organización del Taller OCDE/México en Biotecnología para el Uso y Conservación del Agua, realizado en Cocoyoc, Morelos. Este taller unió a instituciones de la academia, gobierno e industria para ofrecer soluciones biotecnológicas prácticas e innovadoras a los problemas más críticos del agua en el país. En este evento participaron 61 conferencistas representantes de los países miembros de la OCDE. De igual forma, el IMTA, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), la UNAM y las entidades del Sistema SEP-Conacyt participaron en los últimos dos aos en el Primer y Tercer Foro Tecnológicos, los cuales ofrecieron a los pequeos y medianos empresarios información sobre los programas y servicios de los distintos centros e institutos de investigación del país. En el Programa Hidráulico 1995-2000 se establece: "A partir de 1986 el apoyo tecnológico se amplió para soportar nuevos programas de racionalización de la demanda, con líneas de investigación y desarrollo tecnológico para el uso eficiente del agua y de la infraestructura hidráulica y para el control de la contaminación del recurso. En la actualidad, sin dejar de avanzar en el conocimiento y soportar esos campos, se deberá evolucionar para brindar el soporte tecnológico a las nuevas orientaciones de política, estrategias y acciones de un sector público más normativo y promotor del desarrollo sustentable. Se deberá propiciar una mayor participación de la iniciativa privada y de las organizaciones sociales en tareas del manejo del agua, que antes eran casi de exclusiva competencia del sector público". Las políticas de promoción de tecnologías ambientales las llevan a cabo diversos sectores de la Administración Pública Federal. A través de la SEMARNAP, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) se apoya el desarrollo de proyectos tecnológicos para el manejo de recursos del agua. Algunas de las acciones desarrolladas se indican a continuación:

Financing
Financiación

A través de la política para la Superación de la Pobreza, el gobierno federal destina una inversión al Fondo de Desarrollo Social Municipal, cuyos fondos se descentralizan primero a los estados y posteriormente a los municipios. Este Fondo tiene como objetivo atender a la población con mayores rezagos en servicios básicos, por lo que más del 60% de este presupuesto se destina al mejoramiento y ampliación de la infraestructura básica. En este sentido, con la participación social de las comunidades representadas en el Consejo Social Municipal, se han obtenido avances significativos en la red de abastecimiento del agua, ejemplo de ello es que para 1996, el 16.6% del presupuesto se invirtió al rubro de agua potable. Así, de las 32 mil obras que se han realizado con recursos del Fondo durante 1995-96, 12 mil corresponden a proyectos de agua potable en sus modalidades de construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas. El costo estimado para alcanzar la cobertura universal de agua y saneamiento en el país es de aproximadamente 6,000 millones de dólares. Las aportaciones externas para el manejo y desarrollo de los recursos agua son: Cooperación técnica: En enero de 1997 se dieron los primeros apoyos de la FAO para el diseño de políticas y estrategias para la planificación del desarrollo sustentable en las zonas de montaña, territorios con ecosistemas frágiles y poblaciones de alta marginalidad, en las que se ubican importantes reservas de agua, energía y biodiversidad. Con España, se encuentran en revisión 30 proyectos, de los cuales 21 corresponden al sector agua. En la misma situación se encuentran 27 proyectos presentados al Gobierno de Francia, entre los que destacan la creación del Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento junto con otras 18 acciones en materia de agua, cinco en recursos pesqueros y tres relacionados con aspectos de gestión ambiental. Con Alemania está en negociación un proyecto de apoyo a la descentralización en materia de gestión ambiental, y la realización de 16 seminarios en el tema de agua. Con la cooperación del Gobierno Alemán se llevaron al cabo dos seminarios técnicos sobre tópicos de saneamiento y dos asesorías técnicas sobre sistemas de programación. Además, funcionarios de CNA realizaron una visita técnica a Alemania para realimentar la temática de dichos seminarios. Dentro de su programa de técnicos integrados, ese país aprobó la colaboración de cuatro especialistas alemanes en diversos programas de la CNA. Entre septiembre de 1996 y agosto de 1997, la SEMARNAP realizó 58 acciones de cooperación con Alemania, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japón, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y Vietnam; de éstas, 22 se desarrollaron en materia de agua. Con los países centroamericanos, se desarrollaron 27 acciones, de las cuales 2 fueron en materia de agua. Se definió un esquema de cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para ser financiado con recursos del GEF, con el cual se realizarán proyectos para ser ejecutados durante 1998 sobre biodiversidad, cambio climático y aguas internacionales. En el III Curso Internacional sobre Control de la Contaminación del Agua en Brasil y el Curso Internacional sobre Administración de Humedales en Holanda, participaron dos técnicos de la CNA. Concesiones: Prestamos: En el presente año se inició la instrumentación del Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA), para el cual se negoció y aprobó en junio de 1996 un crédito por 186.5 millones de dólares con el Banco Mundial. El Programa, busca mejorar el aprovechamiento del agua, a nivel nacional dentro de un esquema de distribución equitativa entre todos los sectores usuarios, promover condiciones para el uso sustentable del recurso y la realización de acciones para modernizar, organizar, tecnificar y mejorar el manejo del agua en forma integral. En 1996, el presupuesto autorizado para los proyectos del sector hidráulico, financiados con crédito externo, se estimó en 46 millones de dólares; de éstos, 45 millones corresponden al Subsector Hidroagrícola y un millón al Subsector Agua Potable. El avance del ejercicio de desembolsos en el año, fue de 54 millones de dólares: 74% para el Subsector Hidroagrícola y 26% para el Subsector de Agua Potable. Se gestionaron y obtuvieron prórrogas por un año más a los préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que financian parcialmente el Programa Sectorial de Riego y Drenaje. El Banco Mundial dio su anuencia para financiar el Programa Emergente de Sequías con un monto aproximado a los 5 millones de dólares. Con el Banco Interamericano de Desarrollo se logró el crédito, por 364 millones de dólares, para el Programa de Saneamiento del Valle de México y se puso en marcha el Programa de Abastecimiento y Manejo del Agua en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el cual se encuentra en preparación para un posible financiamiento parcial con el mismo banco. Se avanzó en las negociaciones con el Fondo de Cooperación Económica de Ultramar de Japón (OECF), de tal forma que el 12 de marzo de 1997, se suscribió otro crédito por 45,112 millones de yenes, como cofinanciamiento al préstamo del BID para la construcción de cuatro plantas de tratamiento. Durante el periodo 1996-1997, se han realizaron actividades para la promoción, gestión y contratación de créditos provenientes de organismos financieros internacionales para los Programas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales y de Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara. A fin de dar cumplimiento a los compromisos en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento se diseñó una estrategia de atención por segmento de población, cuyo primer eslabón lo constituyen las comunidades rurales y se elaboró un programa específico que contribuirá a elevar la cobertura de servicios. Para ello se solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, el cual se encuentra en la etapa de recepción e identificación. En 1995, el presupuesto global originalmente asignado a los proyectos que cuentan con financiamiento externo, ascendió a 814.0 millones de pesos, correspondiendo 805.5 millones al subsector hidroagrícola y 8.5 millones al subsector agua potable, de los cuales 414.0 y 7.5 millones de pesos respectivamente, correspondieron a crédito externo. Los créditos provienen del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cooperation
Cooperación

El país participa en los siguientes acuerdos relacionados con el uso de aguas:

This information is based on Mexico's submission to the 5th and 6th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997 and 1998. Last update: 15 January 1998.

For national information on freshwater, click here:

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LAND MANAGEMENT
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), a través del Instituto Nacional de Ecología (INE), es la instancia responsable de la planeación integral y la administración del uso del suelo en el país. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), creada el 29 de diciembre de 1994, es la instancia fundamentalmente responsable de la planeación integral y la administración del uso del suelo en el país. La institución se formó a partir de tres áreas gubernamentales con el propósito de dar una mayor coherencia a las políticas para el desarrollo sustentable. Conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), se instrumentan los mecanismos anunciados en la alianza para el campo, relacionados con la restauración y preservación de la frontera silvícola del país, mediante la reconversión productiva y la preservación de recursos naturales. Las Secretarías que se coordinan para realizar actividades para regular el uso de la tierra son, además de la Semarnap:

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

En los artículos 19 BIS y 20 BIS 4 de la LGEEPA, se define la modalidad de ordenamiento territorial local. Esta consiste en la determinación de usos del suelo atendiendo a su vocación o características a nivel municipal o comunitario. En este caso el ordenamiento debe tener un carácter obligatorio, en forma similar a las disposiciones contenidas en los planes de desarrollo urbano de los centros de población, previstos en la legislación en materia de asentamientos humanos. Es por ello que se establece la competencia de los municipios, conforme a las disposiciones de la legislación local, para expedir los programas de Ordenamiento Ecológico Local. En México existe una enorme variedad de órganos del Estado que participan en el aprovechamiento y regulación del territorio. Este alto grado de "sectorización" se ha desarrollado en la legislación administrativa, a través de una serie de lineamentos que se refieren al uso de los recursos naturales promovidos por distintos sectores económicos. En un esfuerzo para coordinar la participación sectorial en el desarrollo nacional, se promulgó la Ley de Planeación, que establece los principios básicos para encauzar las actividades de la Administración Pública Federal y precisa las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades con las entidades federativas dentro de un proceso participativo. Al considerar esta capacidad jurídica del Estado para reglamentar el aprovechamiento del territorio, enmarcada en artículos constitucionales, leyes sectoriales, reglamentos y normas oficiales mexicanas, la sobreposición normativa que ha resultado de la sectorización institucional, no ha facilitado la definición y traducción normativa del concepto de intereses públicos en materia de aprovechamiento del territorio de una manera coordinada. No obstante lo anterior, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define (artículo 27): "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación,........ (que) tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación … En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques…". La LGEEPA, en sus artículos 5, 7, 8, 17, 19 y 20, establece: i) las facultades de la federación, estados y municipios en lo referente a la formulación, aplicación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico; ii) la orientación de la planeación del desarrollo sobre la base de la política ambiental y el ordenamiento ecológico; iii) las modalidades de los ordenamientos; iv) las bases metodológicas para la formulación de los programas de ordenamiento ecológico y, v) la definición del modelo y criterios de ordenamiento ecológico, así como la estrategia que contenga las líneas de ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas ambientales y su vinculación con otros sectores productivos de la Administración Pública. Para modernizar el marco jurídico y normativo del recurso suelo se encuentra en elaboración un proyecto de iniciativa de la Ley para la Restauración y Conservación de Suelos. Se cuenta con normas oficiales mexicanas relativas a la protección y conservación de suelos, con características de agostadero en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, la conservación y restauración de suelos en áreas lagunares-estuarinas, así como la protección y, en su caso, restauración de suelos en actividades mineras y de infraestructura de comunicación. Asimismo, se elaboraron dos anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas sobre análisis de suelos y certificación de laboratorios, y sobre cartografía y clasificación de suelos. En el caso del Ordenamiento Ecológico del Territorio, y en un marco de colaboración con instituciones públicas y privadas, se busca el diseño de instrumentos económicos que permitan apoyar y complementar la regulación ambiental, a saber: impuestos y derechos ambientales, fianzas y seguros, derechos de uso de recursos e infraestructura, concesiones, entre otros. Por otra parte, la aplicación de subsidios para mejorar las prácticas agrícolas, está a cargo de la SAGAR que, a través del Programa Alianza para el Campo, cubre el 60% del costo, los preveedores proporcionan precio especial y los agricultores costean el otro 40% de los paquetes, consistentes en un tractor de 60 ó 70 HP, arado de cinceles, sembradora y aspersora. La legislación relevante nacional en la materia incluye la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) - un instrumento que regula la planeación el uso del suelo y determina los componentes que participan en la administración de los recursos naturales del país. El objetivo de este instrumento jurídico es promover modelos alternativos del uso del suelo y la planeación de tal forma que las actividades productivas sean flexibles y congruentes con la capacidad de carga de cada ecosistema local. La SEMARNAP, a través del Instituto Nacional de Ecología (INE), elabora actualmente el Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional. El Ordenamiento Ecológico del Territorio constituye una herramienta fundamental para planear el desarrollo regional de manera compatible con las aptitudes y capacidades ambientales. Los objetivos de este ordenamiento incluyen:

Para modernizar el marco jurídico y normativo del recurso suelo se encuentra en elaboración un proyecto de iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de Suelos. Se elaboran normas oficiales mexicanas relativas a la protección y conservación de suelos, con características de agostadero en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, la conservación y restauración de suelos en áreas lagunares-estuarinas, así como la protección y, en su caso, restauración de suelos en actividades mineras y de infraestructura de comunicación. Se elabora la norma para el Levantamiento del Inventario del Estado del Suelo, que busca la integración del sistema cartográfico del país. Con respecto al mismo tema, se celebraron varios acuerdos, como el convenio de colaboración entre la SEMARNAP y la Universidad Autónoma de Chapingo, con el objeto de establecer las bases para desarrollar programas de conservación de suelos, forestación y repoblación vegetal; otro con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Agropecuarias, A.C., para desarrollar programas de colaboración especial en materia de restauración y conservación de suelos. Igualmente, se expidió el Acuerdo Secretarial por el que se crea el Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos. Además, se formuló el Programa de Conservación de Suelos y Cuencas, que identifica las diversas condiciones nacionales de superficie de riego, temporal, agostaderos y de uso forestal.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

La formulación de la estrategia del ordenamiento ecológico del territorio se fundamenta en el artículo 27 constitucional y en las disposiciones jurídicas que regulan el sistema nacional de planeación del desarrollo nacional y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuyo objetivo es promover modelos alternativos del uso del suelo y la planeación de tal forma que las actividades productivas sean flexibles y congruentes con la capacidad de carga de cada ecosistema local. Asimismo, se basa en las directrices del Plan Nacional del Desarrollo 1995-2000, que define los lineamientos para inducir un ordenamiento del territorio nacional y para que el desarrollo sea compatible con las aptitudes y capacidades ambientales de cada región, y del Programa de Medio Ambiente 1995-2000. La coordinación de las acciones con los estados se establece dentro del marco regulatorio de la Ley de Planeación. En México no existe una política nacional sobre ordenación integrada de la tierra. Sin embargo, existen avances importantes en este sentido. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 y la LGEEPA, mencionan la necesidad de conjuntar instrumentos de política ambiental que permitan la atención a los problemas ambientales, y la inducción de nuevos procesos de desarrollo con una dimensión de sustentabilidad. Uno de esos instrumentos es el Ordenamiento Ecológico del Territorio. Para ello se ha avanzado en la elaboración sistemática de la caracterización y diagnóstico del territorio nacional a partir de las tendencias económicas, sociales, ambientales y territoriales existentes en cada región. Esta labor se fundamenta en la gran diversidad y enormes desigualdades que conforman el territorio nacional, a fin de identificar las prioridades territoriales y prospectar escenarios alternativos y futuros de desarrollo sustentable. La posibilidad de establecer las pautas para alcanzar en nuestro país una seguridad alimentaria y de energía, la equidad de género tanto en el sector rural como en el urbano, crear oportunidades para el crecimiento con orientaciones de desarrollo o de restauración, son algunas de las bondades que este instrumento proporciona en beneficio de la vida humana presente y futura. Parte fundamental de la estrategia de ordenamiento es el diagnóstico de los marcos jurídicos, administrativo e instrumental, que incluye la revisión de todas las leyes aplicables al propio ordenamiento ecológico, además del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, así como de los mecanismos de financiamiento de la Banca de Desarrollo en México y su posible articulación para la expedición y ejecución de los Programas de Ordenamiento del Territorio. Bajo este esquema es que se han desarrollado las diferentes modalidades del ordenamiento territorial, a distintas escalas: nacional, regional, local y marino. Otra estrategia nacional para la ordenación integrada de la tierra, es la regularización de los asentamientos humanos irregulares en tierras de origen ejidal y comunal como parte del ordenamiento integral de la tierra, lo que ha mostrado avances considerables en los últimos años. El gobierno federal ha considerado que el ordenamiento territorial de los asentamientos y el desarrollo urbano de los centros de población se sustenta, fundamentalmente, en la promoción de la política de suelo urbano y reservas territoriales, la cual tiene como soporte primario el aprovechamiento de terrenos ejidales y comunales y de propiedad federal, conforme a planes y programas de desarrollo urbano, para atender preferentemente las necesidades de suelo urbano de los grupos sociales de bajos ingresos. De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, en ese mismo periodo, el crecimiento urbano demandará aproximadamente 150 mil hectáreas de terrenos rústicos, de las que 105 mil serán ejidales y comunales. Bajo este contexto, el 26 de febrero de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial mediante el cual se redefinen los objetivos y se amplían las atribuciones de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a efecto de contar con un organismo público que además de promover la vinculación del aprovechamiento de terrenos de origen federal, ejidal y comunal, con la política nacional de asentamientos humanos y de desarrollo urbano en los centros de población, haga posible la coordinación en estos procesos con los gobiernos de los estados y la participación de sus municipios y del Distrito Federal, así como en concertación con los sectores social y privado, particularmente de los ejidatarios y comuneros.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

Para impulsar la corresponsabilidad y la participación organizada de todos los sectores sociales en la formulación, aplicación, vigilancia y evaluación de la política ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, se formaron, en marzo de 1995, el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable y cuatro Consejos Consultivos Regionales para asesorar a la Semarnap en el diseño, aplicación y evaluación de las estrategias y políticas nacionales de medio ambiente y aprovechamiento de recursos naturales. En estos consejos están representados todos los sectores de la sociedad (privado, social, académico, gubernamental y no gubernamental). Adicionalmente, existen Consejos Consultivos Técnicos para asuntos como las Áreas Naturales Protegidas, Forestal, entre otros. En todos los Consejos Regionales existen, además de las comisiones permanentes con temas recurrentes como legislación y ordenamiento ecológico, otras comisiones sobre temas de interés prioritario para cada región. Así, en el Consejo Consultivo de la Región I, conformado por estados en torno a la frontera norte del país, se creó la Comisión sobre el Tratado de Libre Comercio; en la Región IV, que concentra estados del sureste del país y cercanos al Golfo de México, se han creado comisiones de Cambio Climático, Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas; en la Región II, que agrupa al centro-occidente del país se constituyeron las comisiones de Política Económica y Desarrollo Sustentable y la de Gestión Ambiental; y en el Consejo de la Región III, que aglutina a las seis entidades del centro del país y representa la mayor densidad de población a nivel nacional, se instalaron entre otras, las comisiones de Recursos Naturales y de Residuos Industriales y Desechos Sólidos. En el caso específico del ordenamiento ecológico del territorio, a través del proceso de gestión, se han desarrollado mecanismos de difusión, participación y concertación que permiten incorporar la perspectiva de la sociedad en la planeación del desarrollo regional. La gestión es un proceso paralelo a todas las demás fases del ordenamiento e incluye, además del acopio de la información, la concertación con la población y autoridades locales, que permita el conocimiento de los recursos, la identificación de la problemática ambiental y de las políticas ambientales, de los criterios ecológicos y del uso del suelo. De esta manera, se definen los mecanismos para vincular los instrumentos de planeación y política regional, con los instrumentos de política ecológica, en un marco de coordinación interinstitucional y una efectiva corresponsabilidad de los procesos de gestión pública, de acuerdo a los siguientes objetivos:

Otros instrumentos jurídicos que se vinculan al Ordenamiento Ecológico Territorial, son los acuerdos de coordinación y concertación. En los primeros se establece la mutua voluntad del gobierno federal, estatal y municipal para realizar el ordenamiento ecológico y acatar las disposiciones derivadas de él. En los segundos, la sociedad o una parte de ella se compromete con el gobierno federal a realizar las acciones establecidas en el acuerdo correspondiente. En materia de Áreas Naturales Protegidas, el artículo 58 de la LGEEPA establece que, previamente a la declaratoria para el establecimiento del área, se deben realizar los estudios que la justifiquen, tomando la opinión de los gobiernos locales, las dependencias de la administración pública federal que deban intervenir de conformidad con sus atribuciones; las organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas y demás personas físicas o morales interesadas y las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público y privado interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de las ANP. Para las ANP piloto, se constituyen Consejos Asesores en cada una de ellas, en las que participan los diferentes sectores involucrados en el área. Estos Consejos son el mecanismo de concertación que permite la participación social en las actividades de conservación de las ANP. A la fecha 29 ANP piloto cuentan con este mecanismo de participación. Cabe mencionar que el proceso de incorporación de la población local a los planes y programas gubernamentales de ordenamiento de la tierra y uso adecuado del territorio, es muy reciente, por lo que se tienen registrados pocos casos. Sin embargo, para el Instituto Nacional Indigenista son muchas las demandas de las comunidades indígenas en esta materia, ya que la problemática más seria de los pueblos se centra precisamente en la pérdida de territorio, por cuestiones que van desde la construcción de presas, la ampliación de la frontera agrícola y ganadera en las regiones eminentemente forestales, el usufructo de la tierra y sus recursos por compañías nacionales e internacionales e intereses privados de diversa índole, inclusive dentro de las propias comunidades, que marginan cualquier intento de participación de las comunidades indígenas. En el caso de las ANPs, el Programa de Manejo incluye en el ejercicio de planificación un proceso de participación de todos los sectores. Los pobladores de las áreas son quienes mejor conocen la problemática ambiental y algunas veces cuentan con la solución para resolverla. Sin embargo, algunos problemas, por su complejidad, requieren de personal especializado y de un conocimiento amplio de técnicas o tecnologías para programar soluciones a largo plazo. En este sentido, existen limitaciones para consensar con las comunidades indígenas los planes y programas para el ordenamiento ecológico del territorio y uso sustentable de los recursos naturales, por lo que en el diseño de estos programas las comunidades indígenas y sus autoridades no se han podido incluir en su totalidad en la toma de decisiones. Por su parte, los Proders han diseñado dos mecanismos para la instrumentación del ordenamiento en el nivel más bajo de autoridad pública: la definición de comunidades modelo para la articulación de acciones integradas, y la formulación y ejecución de proyectos productivos estratégicos. La coordinación entre los organismos encargados de la ordenación de la tierra se facilita con los Consejos de Desarrollo Regional Sustentable. Estos son una instancia de coordinación social que permite la gestión de los recursos con diversas instituciones para impulsar un proceso de desarrollo regional de carácter sustentable. Su pluralidad se garantiza por la participación de diferentes representantes del sector social: instituciones académicas, organizaciones sociales y ONG´s. De igual manera, la ejecución de las acciones establecidas en los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) requiere de concertación y coordinación y, sobre todo, de la buena voluntad y los esfuerzos individuales e institucionales de todos los miembros de los diversos sectores que participan en ello. El contacto con las poblaciones asentadas en las áreas aumenta significativamente la capacidad de gestión y consulta de las direcciones de las ANP, sobre todo considerando que se cumplirán actividades programadas con anterioridad con otras instancias y sectores, pudiendo plantearse acciones complementarias o adicionales. En los últimos dos años se han llevado a cabo diversas actividades encaminadas a dar a conocer, analizar y discutir con los sectores involucrados (social, gubernamental, académico, ONG's y político), las acciones inherentes a la aplicación del ordenamiento ecológico, con el fin de lograr su instrumentación y dentro del marco del proceso de gestión. Al respecto se ha trabajado en los estados de Baja California (Región Fronteriza Norte, Loreto-Nopolo-Puerto Escondido), Chiapas (Costa de Chiapas), Chihuahua (Hidalgo del Parral y Región Fronteriza Norte), Coahuila (Cuatro Ciénegas y Región Fronteriza Norte), Jalisco (Costa Alegre), Michoacán (Mariposa Monarca, Lázaro Cárdenas y Costa de Michoacán), Oaxaca (Bahías Huatulco y Costa de Oaxaca), Puebla (Región Centro Poniente de Puebla), Veracruz (Región de Los Tuxtlas) y Sonora (Región Fronteriza Norte).

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

En los programas de ordenamiento ecológico se establecen las vocaciones de uso de suelo, las políticas de protección, conservación, restauración y aprovechamiento, y los criterios de ordenamiento ecológico aplicables. También se inician las acciones de verificación y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto por este instrumento de planeación ambiental. El INE coordina y promueve la investigación y el apoyo técnico a los gobiernos estatales para facilitar la elaboración de sus respectivos planes maestros de ordenamiento y lineamientos de gestión. Los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders) de Semarnap promueven un modelo normativo para una política integral de desarrollo regional sustentable, en donde el ordenamiento ecológico regional y comunitario constituyen los principales ejes para la planificación de los recursos de tierras. Desde esta perspectiva, la importancia estratégica del ordenamiento regional y comunitario varía según sea la configuración de la coordinación interinstitucional y de la participación de los actores sociales en la ordenación integrada de los programas institucionales en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. No obstante, los principales problemas para la instrumentación de los Proders han sido: la insuficiente y tardía aplicación de recursos; la insuficiente coordinación interinstitucional; la normatividades que no favorecen la complementariedad de acciones, e intereses políticos, económicos y sociales difíciles de conciliar. En los programas de ordenamiento ecológico se establecen las vocaciones de uso de suelo, las políticas de protección, conservación, restauración y aprovechamiento, y los criterios de ordenamiento ecológico aplicables. También, se inician las acciones de verificación y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto por este instrumento de planeación ambiental. En este sentido, se desarrolló un programa para verificar y vigilar el cumplimiento de las políticas y criterios de ordenamiento ecológico en las zonas de competencia federal, tales como: zonas conurbadas, franjas fronterizas, franjas costeras, cuencas hidrológicas, áreas críticas para la protección de la biodiversidad y regiones prioritarias para el desarrollo social. El INE coordina y promueve la investigación y el apoyo técnico a los gobiernos estatales para facilitar la elaboración de sus respectivos planes maestros de ordenamiento y lineamientos de gestión. Los estudios instrumentados a la fecha por este tipo de colaboración corresponden al estado de Colima; el corredor Cancún-Tulum y el Sistema Lagunar Nichupté, en Quintana Roo; estado de Baja California, Municipio de Los Cabos y el Corredor Los Cabos en Baja California Sur; Bahía Banderas, Nayarit. En la actualidad se cuenta con 40 estudios de Ordenamiento Ecológico terminados técnicamente, de los cuales 7 han sido instrumentados jurídicamente: 2 estatales, 3 municipales y 2 regionales. El Programa de Control de Desmontes tiene el propósito de inducir a los promoventes para que utilicen la vía legal en los cambios de uso del suelo, por lo que se ha puesto especial atención para orientar a los productores y al personal de las propias dependencias encargadas de fomentar y regular el desarrollo de la ganadería y el establecimiento de granjas camaronícolas, entre otras actividades. En los últimos años se ha venido desarrollando el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, el cual representa un instrumento de la política ambiental para la planeación territorial, cuya función es normar y programar los usos del suelo con el fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. Los objetivos de este ordenamiento son: a) promover el desarrollo integral y sustentable de las actividades productivas, b) minimizar los efectos de la degradación ambiental causada por los asentamientos humanos y la infraestructura, y c) generar criterios ecológicos para la planeación y administración del territorio nacional. Los Proders de Semarnap han llevado a cabo acciones que refuerzan las instituciones y los mecanismos de coordinación para la ordenación de la tierra y sus recursos que se sustentan en propuestas de ordenamiento regional y comunitario. El diseño de 24 programas regionales y de 107 programas comunitarios, así como la formulación y ejecución de 557 proyectos ecoproductivos, están relacionados con las propuestas de aprovechamiento de los recursos naturales de los ordenamientos ecológicos correspondientes. Existen varios acuerdos, como el convenio de colaboración entre la Semarnap y la Universidad Autónoma de Chapingo y con el Colegio de Postgraduados, con el objeto de establecer las bases para desarrollar programas de conservación de suelos, forestación, repoblación vegetal y de cartografía de suelos; otro con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Agropecuarias, A.C., para desarrollar programas de colaboración especial en materia de restauración y conservación de suelos. Igualmente, se expidió el Acuerdo Secretarial por el que se crea el Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos. Además, se formuló el programa de Conservación de Suelos y Cuencas, que identifica las diversas condiciones nacionales de superficie de riego, temporal, agostadero y de uso forestal. El Programa de Control de Desmontes tiene el propósito de inducir a los promoventes para que utilicen la vía legal en los cambios de uso del suelo, por lo que se ha puesto especial atención para orientar a los productores y al personal de las propias dependencias encargadas de fomentar y regular el desarrollo de la ganadería y el establecimiento de granjas camaronícolas, entre otras actividades. Por otra parte, para restaurar las áreas degradadas, se celebran con los promoventes convenios de concertación para la restauración y conservación de suelos, a través de medidas que permiten compensar, con la forestación o revegetación de áreas equivalentes, a aquellas que serían las desmontadas en cada proyecto de cambio de uso de suelo. Los Proders se han apoyado en la Dirección General de Restauración y Conservación de Suelos dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Semarnap, particularmente en el Programa de Agricultura Sustentable y Reconversión Productiva que promueven desde 1999 tres dependencias del gobierno federal: SAGAR, Semarnap y SEDESOL, con el objetivo de impulsar la reconversión productiva hacia una agricultura sustentable como alternativa para prevenir los incendios que se presentan en las regiones selváticas y bosques de México, relacionados con las actividades agropecuarias y silvícolas, y en las de pastizales del centro y norte del país. El programa es un compuesto de estrategias: sedentarización de la agricultura itinerante; prevención y combate de incendios forestales; diversificación productiva; obtención de forrajes para zonas templadas; promoción de mejores prácticas agrícolas; e integración de cadenas productivas, y las principales actividades emprendidas son: concurrencia intersecretarial y mezcla de recursos; concertación del programa con los gobernadores de los estados involucrados; coordinación en cada entidad federativa por el Ejecutivo Estatal; amplia promoción y difusión; participación de la Semarnap en la Comisión de Desarrollo Rural. Se ha instrumentado el Programa de Incorporación de Suelo Social (PISO), para incorporar por la vía legal la tierra de propiedad social al desarrollo urbano municipal que se utilice para vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional. Este programa fue creado para inducir, de manera planificada y preventiva, la incorporación ágil y concertada de suelo ejidal y comunal, para ser considerado en la oferta legal al servicio de las instituciones públicas, sociales y privadas de vivienda y desarrollo inmobiliario, para dar acceso a costos accesibles, de tierra apta para la promoción, construcción y venta de vivienda de interés social, equipamiento urbano y desarrollo regional. Con ello se busca garantizar un desarrollo urbano ordenado y sustentable, conforme a los planes y programas autorizados por los municipios, fundamentalmente para dar acceso a la población a una vivienda digna. Este programa representa una acción fundamental para la correcta regulación del uso de suelo y al mismo tiempo, permitirá prever la orientación en el crecimiento de las ciudades hacia zonas aptas para el desarrollo urbano, tomando en cuenta las actividades productivas de la región, la dotación de servicios públicos y la posibilidad de integrar estas áreas de crecimiento a las estructuras de la mancha urbana. Asimismo, representa una alternativa viable para prevenir la irregularidad en la tenencia de la tierra. El programa contará con la participación de las siguientes dependencias: con carácter normativo participan las Secretarías de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria; como coordinador nacional, la CORETT; como rectores del programa, estarán los gobiernos de los estados, así como consejeros representantes municipales, estatales y federales relacionados con el suelo, la vivienda, el desarrollo urbano y el medio ambiente. Por otra parte, los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) definen una serie de decisiones y estrategias planificadas para regular las diversas actividades que se desarrollan en ellas, como son la investigación, conservación, recreación y desarrollo económico, incluyendo las relacionadas al uso de la tierra. Los programas de manejo incluyen un capítulo sobre la zonificación que debe aplicarse en el área, tomando en cuenta las características específicas y la problemática ambiental y social del ANP; además se incluye un capítulo de reglas administrativas que describen claramente las actividades permitidas y las prohibidas. De las 116 Áreas Naturales Protegidas (ANP), se han seleccionado 36 para su administración, con los siguientes alcances:

Se han consensuado y publicado 10 Programas de Manejo de las siguientes ANP: Están en etapa de revisión y concertación 8 Programas de Manejo que se concluirán en 1999 y 11 más para el año 2000, con lo cual 29 ANP piloto contarán con este instrumento de planeación.

Status
Situación General

En la actualidad se cuenta con la caracterización y diagnóstico del territorio nacional en materia de recursos naturales, actividades productivas y aspectos sociales y se planea concluir el modelo de ordenamiento a fines de 1999. Dicho diagnóstico se encuentra en proceso de difusión a distintos sectores del gobierno federal, así como a los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, con el propósito de contar con un instrumento de planeación consensuado y avalado de manera interinstitucional en el país. Se ha hecho un planteamiento conjunto entre instituciones gubernamentales y sectores de la sociedad para establecer un programa de ordenamiento que considere las diversas características naturales y culturales de las regiones indígenas. Los resultados todavía son incipientes debido principalmente a que la población indígena se encuentra establecida en territorios donde el régimen de propiedad de la tierra es irregular y donde no existen programas gubernamentales específicos para la planeación y zonificación del uso del territorio y, en particular en las Áreas Naturales Protegidas, no se ha incluido totalmente la participación de la población local en los planes de manejo y control de las mismas, lo que ha traído como consecuencia el desplazamiento y la pérdida de territorio necesario para su reproducción, así como para la producción de bienes o servicios necesarios para elevar su calidad de vida y la mitigación de la pobreza en la que viven. La metodología para la realización del Ordenamiento Ecológico Territorial parte del reconocimiento del territorio como un sistema complejo, en donde se presentan procesos generados por una multiplicidad de factores que involucran el medio físico y biológico, la producción, la tecnología, la población, etc. Estas situaciones se caracterizan por la confluencia de una variedad de procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un "sistema complejo", con un funcionamiento específico. El enfoque de sistemas complejos es un instrumento de análisis que permite abordar la problemática de una región, de manera integral, y definir claramente los límites o los campos de estudio, para señalar y establecer criterios que normen a los propios instrumentos de planeación y acoten el alcance, tanto geográfico como conceptual, de los trabajos encaminados hacia la formulación de modelos de ordenamiento y el diseño de los programas de desarrollo regional. Así, para la elaboración de los Ordenamientos Ecológicos Territoriales, se consideran variables relacionadas con biodiversidad, fragilidad, asentamientos humanos, zonas costeras, que permiten definir las políticas más adecuadas para el uso del territorio. Dentro de las modalidades de Ordenamiento Ecológico territorial regional y local, se elaboran estudios vinculados a: ANP (Selva Lacandona, Mariposa Monarca, Los Tuxtlas, entre otros), Áreas de atención prioritarias (Mar de Cortés, Costa de Jalisco, Corredor Cancún-Tulúm, etc.), Zonas Costeras del país y Zonas Urbanas. A través de la zonificación de cada ANP se ha logrado establecer un ordenamiento de las actividades productivas, lo que ha permitido visualizar la intensidad de los impactos proponiendo cambios en las técnicas utilizadas para el uso de los recursos naturales y promover su aprovechamiento y producción sustentables. El estudio denominado Manifiesto de Impacto Ambiental es el instrumento mediante el cual se analizan todos los posibles impactos positivos o negativos que afectan la economía regional y las modificaciones al ambiente. Este es un análisis costo-beneficio. Las tierras forestales durante años fueron utilizadas con fines silvopastoriles, además de abrirse al cultivo, sobre todo en pequeñas parcelas, lo que causó la fragmentación de los bosques, más que la sustitución de grandes masas forestales. Con el paso del tiempo, esta apertura de tierras ha derivado en su utilización con fines ganaderos, lo que no ha permitido la regeneración natural, y si en cambio, su consolidación en zonas no forestales. Con la Ley Forestal de 1997 sólo se autoriza "el cambio de utilización de los terrenos forestales, por excepción, previa opinión del Consejo Regional de que se trate y con base en los estudios técnicos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación. Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, disponga el ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables." Tomando en cuenta lo anterior, las autorizaciones de cambio de utilización de uso de suelos forestales serán para la agricultura, ganadería, infraestructura básica, carreteras, líneas de transmisión eléctrica, infraestructura hidráulica, asentamientos humanos, desarrollos turísticos y minería, principalmente. Además de esta Ley, se cuenta con los siguientes instrumentos regulatorios: LGEEPA, Reglamento de la Ley Forestal y las Normas Oficiales Mexicanas específicas. Superficie autorizada por la Semarnap para cambio de utilización de terrenos forestales (Ha):

1990 — 48,000 (*)     1991 — 11,300 (*)     1992 — 5,462 (*)

1993 — 3,298 (*)          1994 — 3,795 (*)     1995 — 2,495

1996 — 3,185                  1997 — 3,200     1998 — 3,453

(*) Autorizados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, antes de la creación de la Semarnap.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que la propiedad de las tierras y aguas corresponde a la Nación, la cual puede transmitirlas o concesionarlas a los particulares para constituir la propiedad privada, siendo posible imponer a ésta última las modalidades que dicte el interés público. Conforme al párrafo tercero, la Nación está facultada para regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar de su conservación, y para dictar las medidas necesarias para: "(...) ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; (y) preservar y restaurar el equilibrio ecológico; (...)". Asimismo, reconoce que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones; reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de poblaciones ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra para el asentamiento humano y para actividades productivas, protegiendo la integridad de las tierras de los grupos indígenas. En lo que se refiere a los derechos agrarios de los pueblos indígenas, éstos están reconocidos también en el artículo 27 señalado y en la Ley Agraria. El primero establece los principios básicos del dominio de la propiedad, de la transmisión del dominio a los particulares, las modalidades de la propiedad y los requisitos para adquirir ese dominio. El segundo reglamenta las modalidades de propiedades del ejido, la forma básica de propiedad en el campo, las tierras comunales, la pequeña propiedad, así como la participación de las sociedades mercantiles y las corporaciones civiles. Asimismo, la última reforma establecida en la Ley Agraria en 1992, hizo cambios sobre la calidad de la propiedad de los ejidos, dándoles a los núcleos de población ejidales y comunales, personalidad jurídica, permitiendo que los ejidatarios sean propietarios de sus tierras y puedan venderlas, arrendarlas o subarrendarlas. En México uno de los grandes problemas que presenta el desarrollo es el desequilibrio expresado en un crecimiento económico poco equitativo y con efectos negativos en el ambiente. En las actuales condiciones de pobreza, desempleo y falta de crecimiento económico en que se encuentra el país, los diversos e importantes recursos naturales con que éste cuenta adquieren gran relevancia ya que constituyen la base material del desarrollo económico, tanto presente como futuro. Por lo tanto, la destrucción irreversible de los recursos naturales atenta contra el desarrollo mismo, en virtud de que se erosiona la base sobre la que descansan los procesos de producción. Con la creación de la Semarnap se presenta la oportunidad de atender de forma integral los problemas del desarrollo, fomentando criterios y normas que permitan el manejo y protección de los recursos y del medio ambiente. Uno de sus grandes objetivos es cristalizar la voluntad gubernamental de inducir el factor de sustentabilidad en el desarrollo nacional. De esta manera, se busca ejecutar acciones que permitan lograr un crecimiento económico sostenido, contrarrestar la pobreza en que se encuentra gran parte de la población y evitar que continúe el deterioro de la base natural del desarrollo. En este contexto se inscribe la propuesta del diseño e instrumentación de "Programas de Desarrollo Regional Sustentable" (Proders) dirigidos a atender un conjunto de regiones prioritarias de México. Estos programas se conciben como un programa de desarrollo que busca generar procesos que permitan equilibrar el crecimiento económico con una mayor calidad de vida y la conservación de los recursos naturales, a través del impulso a mecanismos de gestión y administración de recursos que amplíen las capacidades regionales en la planeación y toma de decisiones y logren que la política de inversión y gasto público se haga bajo objetivos consensados y de forma coordinada, considerando la existencia de diferentes actores sociales, económicos y políticos que deben involucrarse desde su elaboración, implementación y evaluación. El Ordenamiento Ecológico Territorial se inscribe también como un elemento central que orienta las acciones y políticas de los programas regionales. Por otra parte, con base en los acuerdos de coordinación suscritos por SEDESOL y SAGAR durante 1998, se prevee incidir de manera directa en las zonas rurales a fin de sensibilizar y capacitar a los productores agrícolas y pecuarios para la reconversión productiva y el ordenamiento de las actividades, de acuerdo a la vocación de uso de los recursos naturales, bajo la idea de hacer más eficientes las actividades productivas de mayor impacto en la calidad de vida de las comunidades como condición básica para la superación de la pobreza. Asimismo, mediante el Programa de Empleo Temporal (PET) desarrollado en comunidades de escasos recursos, se utiliza mano de obra para la apertura de brechas cortafuegos dentro del Programa de Prevención y Combate de Incendios forestales y atención de contigencias ambientales (Plagas forestales, huracanes, etc.). De acuerdo al Programa de Medio Ambiente, 1995-2000, "la contaminación del agua plantea efectos adversos sobre mantos acuíferos, cuerpos de agua, ecosistemas y salud pública; y está asociado con una vasta gama de actividades productivas. La más importante en este aspecto es la producción agrícola cuyas descargas representan el 46% del total de carga orgánica; sus principales contaminantes son residuos agroquímicos y restos de suelos erosionados. Le siguen en su orden, las descargas industriales (28%), con una amplia gama d sustancia tóxicas, persistentes y bioacumulables; y las urbanas (26%), con contenido de materia orgánica y bacteriológica, principalmente, así como algunos tóxicos que provienen de las descargas industriales conectadas a las redes municipales de alcantarillado. En el medio urbano, la contaminación del agua deriva, también, en general en la disposición inadecuada de residuos sólidos sobre cauces o terrenos, lixiviación y erosión". En 1998, México sufrió la peor temporada de incendios forestales de que se tenga noticia. Lo anterior debido a las condiciones climáticas adversas. El primer semestre del año se tuvieron sequías históricas y en el segundo inundaciones que no se presentaban desde 1941. El Niño despierta inquietud en los sectores productivos, como es el caso de aquellos que explotan los recursos del mar, en donde se originan los cambios, o bien entre agricultores y ganaderos quienes deben enfrentar situaciones radicales de sequía o de exceso de lluvia, así como en las instituciones gubernamentales a cargo de atender incendios forestales e inundaciones catastróficas. Por supuesto, las consecuencias del fenómeno obligaN a los gobernantes a un esfuerzo adicional de organización preventiva y a mejorar sus capacidades de respuesta ante desastres naturales. El fenómeno requiere de un estudio a fondo, que contemple y pondere sus múltiples facetas, que permita anticipar con periodicidad sus efectos económicamente negativos o, en su caso, positivos, así como tomar las medidas necesarias para evitar mediante una adecuada planeación de protección civil, que dicho fenómeno resulte socialmente desastroso. Por ello, es pertinente señalar la conveniencia de analizar este fenómeno climático y responder a preguntas como ¿son las consecuencias de El Niño exclusivamente negativas?, ¿deben ser consideradas siempre como una catástrofe? Vale la pena recordar los beneficios que se generan en la agricultura después de la presencia de un huracán. Por ejemplo, en el Norte de México se prefieren los huracanes con todas sus consecuencias, a las sequías con las suyas. Los estudios elaborados sobre riesgos climáticos consideran la tendencia en los fenómenos climatológicos durante el lapso de que se tienen registros, lo cual puede abarcar hasta 20 o 30 años. Considerando lo anterior, los efectos del fenómeno El Niño se reflejan en la probabilidad de recurrencia de los fenómenos y el riesgo que esto implica para las diferentes regiones del país. Esto se incorpora a los programas de Ordenamiento Territorial al definir los tipos de aprovechamiento más adecuados para cada zona. La participación e intervención local en la planeación y la gestión del uso del suelo se ha facilitado por el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, con el propósito de una incorporación y participación más efectiva en los debates ecológicos nacionales. El objetivo primordial es facilitar la discusión pública para la obtención de un consenso social y la generación de una estrategia que guíe las actividades de la SEMARNAP. La planeación y la administración local del uso del suelo se genera con la participación de los gobiernos federal y estatales. Para lograr estos fines, en el ámbito normativo, se cuenta con el Reglamento Interior de los Consejos Consultivos Nacionales. México ha realizado investigaciones sobre la administración y la planificación del uso del suelo por zona ecológica, división administrativa y sistema ecogeográfico en 43 regiones prioritarias del país. Este estudio ha sido realizado con el propósito de promover un enfoque integral en la gestión del uso del suelo eliminando divisiones tradicionales entre los gobiernos federal y locales y los productores y residentes locales. Se espera que las comunidades locales se apropien de estos estudios y los revisen, lo cual ayudará a forjar un espacio público para la participación social y la expresión de la ciudadanía. En 1995 y 1996 se realizó la primera fase de la actualización del Ordenamiento Ecológico General del Territorio, la cual incluyó la construcción de un Sistema de Información para el Ordenamiento Ecológico (SIORE); el cual es una herramienta básica de almacenamiento, análisis y consulta, que facilitará la toma de decisiones y permitirá difundir el conocimiento de los procesos ambientales a la sociedad en su conjunto; incorporando, además, parámetros de monitoreo aplicables a distintas escalas del ordenamiento ecológico.

Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
Información

Con el fin de establecer programas de ordenamiento ecológico a diferentes escalas en el país, se han actualizado y desarrollado los marcos metodológicos que permiten elaborar diagnósticos sistémicos que sirven de base para establecer la disponibilidad y deterioro de los recursos naturales, así como la presión que ejerce la población y las diferentes actividades productivas sobre el territorio. A partir de este diagnóstico es posible establecer políticas y criterios para el aprovechamiento y/o conservación de los recursos naturales. En 1995, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, integró una metodología para el monitoreo y seguimiento de los programas de ordenamiento decretados, y elaboró el Manual de Procedimientos para la Vigilancia del Ordenamiento Ecológico, que ha sido la base para la realización de los operativos de vigilancia en la materia en todo el país. El Inventario de Recursos y Fenómenos Naturales se lleva a cabo por diferentes instituciones en el país y con diferentes periodos de actualización. En el caso de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, a diferentes escalas, ha estado a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y solamente se ha realizado una actualización desde las primeras versiones en los años 70. En 1996 se actualizó la carta escala 1:1,000,000 y en 1999 se tendrá terminada la carta escala 1:250,000. Basada en la información a escala 1:1 millón, la Semarnap, junto con la Universidad de Chapingo, se encuentra elaborando un proyecto para determinar los cambios de uso del suelo durante los años 1980-1996 a nivel nacional.
El INE ha elaborado también cartas de peligros naturales con el fin de integrarlos al Ordenamiento General del Territorio y apoyar a los estados para la realización de Ordenamientos a nivel estatal. Entre estas se encuentran los peligros geológicos, geomorfológicos y climáticos a escala 1:1 millón. Los programas de manejo de las ANP utilizan como parte de su metodología la elaboración de cartografía temática basada en fotografías aéreas, imágenes de satélite y cartografía oficial. En lo que respecta al suelo, en 1999 se terminó el inventario de la degradación de la tierra causada por el hombre, con base en la metodología GLASOD, la cual además de mapear la magnitud y distribución del deterioro de la tierra, permite identificar sus causas. Este inventario de cobertura nacional y escala 1:1 millón, se realizó a partir de información obtenida por sensores remotos, integración de información y datos preexistentes y verificación de campo. La base de información utilizada es en gran medida escala 1:250,000. Además, está en desarrollo un sistema integrado para la observación continua de la tierra y sus recursos denominado Sistema de Monitoreo del Estado de la Tierra (SIMET), el cual se apoyará en una red de sitios de información y medición de parámetros físicos, biológicos y socioeconómicos a partir de los cuales se integrarán indicadores de las condiciones que presentan los recursos naturales, agua, suelo, vegetación y fauna; de las variaciones de las actividades productivas que dependen directamente de estos recursos y de las modificaciones en las condiciones de vida de la población, asociando los datos e información a las unidades básicas del marco geoestadístico nacional. En un principio el SIMET se orientará al monitoreo de zonas prioritarias del país afectadas por procesos de desertificación y a la evaluación regional de impactos físicos, biológicos y socioeconómicos del programa de agricultura sustentable y reconversión productiva en la zona cálido húmeda del país. Para el desarrollo del sistema, se ha gestionado apoyo técnico ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. También se instaló el Laboratorio de Cómputo del Inventario Nacional de Recursos Naturales, el cual contiene información digital cartográfica con mapas forestales y de zonificación de terrenos silvícolas e información complementaria de los ecosistemas forestales a escala 1:250,000. Con objeto de obtener el máximo beneficio de la información de los recursos, se estableció un convenio de colaboración en materia de recursos naturales para la unificación de bases de datos respecto de la información generada por el Inventario Forestal (Semarnap) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP-SAGAR), para realizar la unificación de bases de datos del Inventario de Recursos Naturales. El INIFAP aporta la información referente a clima, suelos y topografía; el inventario aporta las de vegetación, zonificación, áreas forestales perturbadas, datos del muestreo de campo, erodabilidad y cobertura satelital del país. Los productos principales son:

Además de la información que genera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se ha desarrollado el Sistema de Información para el Ordenamiento Ecológico Territorial, el cual es una herramienta básica de almacenamiento, análisis y consulta, que facilita la toma de decisiones y permite difundir el conocimiento de los procesos ambientales a la sociedad en su conjunto, a través de la elaboración de los Ordenamientos Territoriales. No obstante lo anterior, y aunque la nación cuenta con un gran acervo de información temática, éste aún no es suficiente pues la sociedad demanda cada vez más y mejor información. Gran parte de la información no ha sido actualizada y para amplias regiones sólo se cuenta con cartografía de escalas medias y pequeñas, por lo que el inventario de la degradación del suelo causada por el hombre y el desarrollo del SIMET contribuirán a la actualización y ampliación de la información sobre el recurso suelo. Para mejorar el conocimiento y calidad de la información sobre este recurso, se preparan los proyectos de dos normas oficiales mexicanas destinadas a normalizar el mapeo y cartografía de suelos y los procedimientos para el análisis de suelos y la certificación de laboratorios. En la preparación de estos proyectos han participado numerosos usuarios potenciales del sector público, del sector privado, de organizaciones de productores, investigadores y académicos de las principales universidades del país. Como parte del diagnóstico necesario para la elaboración de programas de ordenamiento ecológico, se han desarrollado una serie de indicadores ambientales que incluyen tanto aspectos relacionados con la calidad de los recursos naturales (agua, suelo, vegetación) como aspectos de la dinámica poblacional (crecimiento, migración, nivel socioeconómico, ocupación) y económica (actividad productiva predominante, tamaño e importancia de las actividades). Estos indicadores permiten tener una visión integral del territorio y con ello apoyan la construcción de propuestas de ordenación que consideren todos los aspectos pertinentes. Está en proceso la elaboración y desarrollo de indicadores ambientales y de sustentabilidad para proyectos de investigación, de desarrollo social y de uso sustentable de recursos naturales en ANP’s piloto, de protección, de capacitación, etc. En el caso de los recursos forestales y de acuerdo al Proceso de Montreal, se han identificado 24 indicadores forestales posibles de obtener en el Inventario Nacional Forestal Periódico. Tales indicadores se encuentran en proceso de validación para su instrumentación normativa en la ejecución del Inventario. Gran parte de la información generada por las dependencias del gobierno federal se encuentra para consulta pública en los centros de documentación de las diferentes secretarías de Estado; asimismo, las dependencias del gobierno cuentan con páginas oficiales en Internet donde puede consultarse información relacionada con los programas y recursos naturales. La dirección de la página Web de la Semarnap es: www.semarnap.gob.mx. Dentro de esta página se encuentra el sitio de la Red de Información en Suelos y Lucha contra la Desertificación (RISDE), creada para difundir información especializada y para facilitar la comunicación y apoyo mutuo entre todos los relacionados con la restauración y conservación de suelos y lucha contra la desertificación. Esta página, a partir del año 2000 contará con un sistema de consulta en línea en apoyo a la conservación de suelos y con información sobre tecnologías, expertos, programas institucionales, referencias bibliográficas y organizaciones especializadas. La dirección de la página de la RISDE es www.semarnap.gob.mx/ssrn/risde/index.html. La información específica sobre ordenamiento ecológico se puede obtener en la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental: www.ine.gob.mx/dgoeia/dgoeia.html, o a través de la página Web del INE: www.ine.gob.mx.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

El Laboratorio de Cómputo del Inventario Nacional de Recursos Naturales, contiene información digital cartográfica con 122 mapas forestales y 122 de zonificación de terrenos silvícolas, en escala 1: 250 000. La información estadística consta de 2.4 millones de datos del medio físico de las 32 entidades federativas, ordenados para su consulta por parte de dependencias y organismos, así como del público en general. En este laboratorio se incorporó información diversa sobre los ecosistemas forestales, del suelo y de las costas, así como investigación especializada sobre plantaciones forestales y los terrenos con mayor potencial para el establecimiento de este tipo de proyectos.

Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

La celebración del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) fue el inicio de una asociación para el desarrollo sustentable a lo largo de la frontera México-EUA. Se tiene un programa de cooperación técnica con Honduras, El Salvador y Nicaragua a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Se ha participado en el grupo de mapeo de regiones ecológicas de Norteamérica apoyado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA). México está suscrito a diversos instrumentos jurídicos internacionales, además de la Agenda 21, como son la Declaración sobre Bosques, Convenios sobre Diversidad Biológica y Convenio Marco sobre Cambio Climático.

This information is based on Mexico's submission to the 5th and 8th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development. Last update: October 1999.

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MOUNTAINS
MONTAÑAS

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

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Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

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Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

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Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Los ecosistemas de montaña son susceptibles a la erosión y al empobrecimiento del suelo debido al intenso uso agrícola. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (extinta: SARH) realizó estudios sobre la erosión potencial, actual y permisible a nivel de los Distritos de Desarrollo Rural. El gobierno apoya la construcción y rehabilitación de la infraestructura básica en proporción a la población que habita las zonas montañosas, a través del Programa Nacional de Solidaridad (programa de lucha contra la pobreza). El gobierno aporta incentivos económicos a los campesinos de comunidades serranas y montañosas que aplican medidas de conservación o regeneración a través del programa PROCAMPO. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), a través del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, ha promovido e integrado un Programa para el Manejo Integral de la Cuenca, que en principio contempla cinco proyectos piloto que se desarrollarán en microcuencas y subcuencas de los estados que se encuentran dentro de la Cuenca Lerma-Chapala. Esto, con objeto de iniciar un proceso tendiente al manejo sustentable de la cuenca. También se están operando otros cuatro proyectos piloto para promover el desarrollo sustentable en partes altas de las cuencas en los estados de Michoacán (Zona de la Mariposa Monarca ), Guerrero (Atoyac y Chilapa) y Veracruz (Los Tuxtlas). Se tiene contemplada la instrumentación de PRODERS (Programas de Desarrollo Regional Sustentable) en regiones como Costa Grande y Montaña, ambas en Guerrero; Manantlán, en Jalisco y Colima, y Los Tuxtlas, en Veracruz. En estas regiones se han canalizado significativos recursos que se desagregan de la siguiente forma:

Status
Situación General

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

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Information
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Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

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Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

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This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

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OCEANS AND COASTAL AREAS
OCEANOS Y ZONAS COSTERAS

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación
 
Administración integrada y desarrollo sustentable de zonas costeras, incluyendo impactos ambientales de actividades que afectan las áreas costeras y marinas: La responsable directa es la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) a través de las siguientes unidades administrativas:
Para llevar a cabo las acciones relacionadas con las zonas costeras, se ha fortalecido la vinculación Interinstitucional, estableciéndose la coordinación entre: Asimismo, y de acuerdo a su ámbito de competencia, participan en la administración de las zonas costeras los gobiernos estatales y municipales. La autoridad portuaria recae en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A partir de la expedición de la Ley de Puertos el 19 de julio de 1993 se formaron empresas denominadas "Administraciones Portuarias Integrales (API)", para otorgar por concesión las funciones de administración, construcción, operación y prestación de servicios portuarios que hasta entonces habían sido realizadas por el Gobierno Federal. Las API’s tienen autonomía operativa y financiera. Actualmente se tienen 21 API’s: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Madero, Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso con mayoría accionaria del Gobierno Federal, Baja California Sur, Tabasco, Campeche y Quintana Roo con presencia mayoritaria de los gobiernos de los Estados, Acapulco totalmente privada y Cabo San Lucas, dependiente de un fideicomiso federal.
Protección ambiental marina, tanto para las actividades realizadas en tierra como para las realizadas en el mar (p.e. aguas residuales costeras, desechos agrícolas y flujos industriales, descargas de lastre de la pesca, derramamiento de petróleo, etc.): La responsabilidad de la protección ambiental marina corresponde principalmente a la Semarnap. La inspección y vigilancia de los recursos naturales recae en la PROFEPA. La realización de monitoreos de calidad del agua corresponden a la CNA. Participan también las siguientes instancias: Dentro de su ámbito de competencia, están involucrados también los gobiernos estatales y municipales donde existen zonas costeras. Uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos (tanto de alta mar como bajo jurisdicción nacional): Las responsables son la Semarnap y la Semar. Cuando se trata de áreas naturales protegidas, participa directamente el INE, a través de la Dirección General de Vida Silvestre y la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas.
Para facilitar la coordinación entre todas las organizaciones responsables: El ordenamiento ecológico es un instrumento de planeación ambiental integrador de los ámbitos de las distintas instancias y que contempla la coordinación institucional. Como instrumento de la política ambiental del estado. Tiene por objeto "regular e inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos". Particularmente, en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se realizan los ordenamientos ecológicos marinos. Éstos son instrumentos de planeación que funcionan como vehículos para la coordinación institucional y concertación social que apoya la toma de decisiones. Otro instrumento diseñado para la integración y coordinación de acciones es el Acuerdo de Coordinación para el Aprovechamiento de las Playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar. El Acuerdo representa un instrumento de participación y coadyuvancia a las autoridades locales (federales, estatales y municipales), así como a los distintos sectores de la sociedad. Además, se diseñó un Acuerdo para negociar con cada entidad federativa, que contempla la coordinación de las acciones entre cada orden de gobierno y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades estatales y municipales. Esto, con el fin de garantizar la colaboración y coadyuvancia en las funciones administrativas para el control de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, mediante la aplicación de programas y estrategias dirigidos al ordenamiento de las zonas costeras, fundamentalmente en materia de delimitación, censo, zonificación urbana y ecológica, e inspección y vigilancia. Cada Acuerdo establece los lineamientos de vinculación entre las partes y funciona a través de un Comité Estatal de Aprovechamiento Sustentable de la Zona Federal Marítimo Terrestre, presidido por el gobernador de la entidad federativa firmante. El comité estatal está dividido en 5 subcomités para cada municipio costero firmante, cuya función es la de orientar los esfuerzos institucionales y establecer criterios para la aplicación de los programas; para dar cabida a las iniciativas de ámbito local. Los subcomités contemplan la integración de los sectores social y privado involucrados en las actividades de la zona federal. Actualmente se han suscrito 14 acuerdos de coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los ayuntamientos de los municipios costeros de los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Se han instalado 14 comités estatales y la mayoría de los subcomités municipales, fundamentalmente los relativos a la delimitación y censo, concertación e inspección y vigilancia. En cuanto al sector académico, se han elaborado convenios con el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el Instituto de Geografía y el Instituto de Geofísica de la UNAM; con el Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de la SEP - Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), para llevar a cabo trabajos técnico y estudios especializados. Se han realizado convenios con la CFE y se encuentran en proyecto otros con: Pemex, Semar, SCT, Sectur, Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), entre otros para la regularización de sus ocupaciones costeras y trabajos técnicos especializados. Aún no se constituye el Comité Nacional de Manejo Integral Costero. En el caso de las áreas naturales protegidas, la coordinación de los diversos sectores involucrados en la conservación se realiza mediante el Consejo Asesor que se constituye localmente en cada área. Otros mecanismos para la coordinación de acciones en relación con las zonas costeras son los consejos consultivos, que apoyan la participación social en la toma de decisiones. Se han constituido, entre otros: Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

Se han elaborado varios ordenamientos costeros regionales en el país, mismos que incluyen la aplicación de políticas de protección y conservación de ecosistemas frágiles como manglares, fundamentalmente, y arrecifes coralinos en pocos casos.
 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
SITUACIÓN
Bufadora Punta Banda, B.C. CONCLUIDO TECNICAMENTE
Corredor Tijuana-Ensenada, B.C DECRETADO
Estatal de Baja California DECRETADO
Mar de Cortés EN ELABORACIÓN
Corredor Loreto-Nopoló, B.C.S. EN PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN
Corredor Los Cabos, B.C.S. DECRETADO
Municipal Los Cabos, B.C.S. DECRETADO
Pto. San Carlos, B.C.S. CONCLUIDO TECNICAMENTE
Bahía de San Francisco, Son. CONCLUIDO TECNICAMENTE
Puerto Peñasco, Son. CONCLUIDO TECNICAMENTE
Costa de Sinaloa ESTA SIENDO ACTUALIZADO
Estero el Sábalo; Sin. CONCLUIDO TECNICAMENTE
Bahía de Banderas, Nay. DECRETADO
Costa de Nayarit  ESTA SIENDO ACTUALIZADO
Costa de Jalisco DECRETADO
Costa de Michoacán EN PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN
Lázaro Cárdenas EN PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN
Acapulco-Punta Diamante-Tres Palos, Gro. EN PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN
Costa de Oaxaca ESTA SIENDO ACTUALIZADO
Huatulco, Oax. EN PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN
Istmo, Oax. (Salina Cruz) CONCLUIDO TECNICAMENTE
Sta. Ma. Tonameca. Oax. CONCLUIDO TECNICAMENTE
Costa de Chiapas ESTA SIENDO ACTUALIZADO
Costa de Tamaulipas ESTA SIENDO ACTUALIZADO
Desembocadura del Río Pánuco CONCLUIDO TECNICAMENTE
La Pesca CONCLUIDO TECNICAMENTE
San Fernando, Tamps. CONCLUIDO TECNICAMENTE
Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos, Ver. EN ELABORACIÓN
Desembocadura del Río Pánuco CONCLUIDO TECNICAMENTE
Centro-Noroeste de Tabasco CONCLUIDO TECNICAMENTE
Costa de Campeche ESTA SIENDO ACTUALIZADO
Corredor Cancún-Tulúm DECRETADO Y EN ACTUALIZACIÓN
Costa Maya, Q. Roo. EN PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN
Isla de Cozumel. Q Roo EN ELABORACIÓN
Sistema Lagunar Nichupté, Q. Roo. DECRETADO
Actualmente se elabora el primer ordenamiento marino en el Golfo de California (Mar de Cortés).
Administración de zonas costeras integradas y desarrollo sustentable, incluyendo impactos ambientales de actividades que afectan las áreas costeras y marinas: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece mediante las evaluaciones de impacto ambiental las condiciones a que se sujetarán la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. En 1996 se reformó la LGEEPA, integrándose el ordenamiento ecológico marino como instrumento de planeación de la política ambiental y la figura de delito ambiental y en materia de recursos naturales. Con ello se reformó el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, para incluir los delitos ambientales y en materia de recursos naturales. Próximamente se emitirán las modificaciones correspondientes al Reglamento en materia de Impacto Ambiental que fue elaborado en 1987. Las leyes e instrumentos relevantes sobre zonas costeras y marítimas que el ordenamiento ecológico considera para la generación de sus propuestas son: En estas leyes y reglamentos se promuevan disposiciones para hacer compatible el uso del suelo con el del agua, lo que fortalece los programas de ordenamiento. La Ley General de Bienes Nacionales, reglamentaria del Artículo 27° Constitucional establece el listado de bienes propiedad de la Nación, entre ellos menciona a las playas marítimas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar. Las funciones recaudatorias del pago de derechos por uso y goce de la zona federal marítimo terrestre se encuentran reguladas por el Anexo No. 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, suscrito por el Gobierno Federal a través de la SHCP y los gobiernos estatales de los entidades federativas costeras. En diciembre de 1996 se aprobó la modificación al Art. 232 de la Ley Federal de Derechos, para destinar recursos que apoyen los objetivos del "Programa Especial de Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar 1996-2000", por lo que se promueve un nuevo Anexo no. 1 del Convenio antes mencionado. Estos recursos se derivarán del pago por derecho de uso, goce y aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas. Serán aportaciones que los tres niveles de gobierno recaudarán, de forma equitativa, a partir de los porcentajes asignados que corresponden en: 10% al estado, 10% al municipio y 10% a la federación. Servirán para el ordenamiento, vigilancia, mantenimiento, preservación, limpieza y administración de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas. Otras leyes, reglamentos, normas, decretos y códigos relacionados con las zonas costeras son: La Ley de Puertos y su Reglamento, así como el título de concesión otorgado a cada API’s establecen la obligación para cada una de ellas de formular un programa maestro de desarrollo portuario, que constituye el documento rector de planeación que debe ser autorizado por la SCT, con base en las políticas y programas para el desarrollo del sistema portuario nacional; previas las opiniones, en un plazo no mayor de 15 días, de la Sedesol, Semarnap y Semar, en los aspectos de desarrollo social y urbano, ecológico y militar respectivamente, conforme a lo establecido en el Artículo 41 de la Ley de Puertos. Tanto la SCT como las API’S para las actividades en tierra como en mar tramitan y obtienen ante la Semarnap los permisos de impacto ambiental, conforme a la normatividad aplicable. Asimismo, la SCT ha implantado un sistema de control y seguimiento de obligaciones a cargo de los concesionarios y permisionarios autorizados, así como de observancia de las disposiciones aplicables.
Protección ambiental marina tanto para las actividades realizadas en tierra como para las realizadas en el mar (p.e. aguas residuales costeras, desechos agrícolas y flujos industriales, descargas de lastre de la pesca, derramamiento de petróleo, etc.): Uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos (tanto de alta mar como bajo jurisdicción nacional): El Título Segundo de la LGEEPA se reformó en 1996 para reforzar la conservación y protección de la biodiversidad e incluye capítulos en materia de Áreas Naturales Protegidas, de Zonas de Restauración, de Flora y Fauna Silvestres; las modificaciones realizadas al Título Tercero lo enfocan hacia el Aprovechamiento y Desarrollo Sustentable e incluye los capítulos de aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos, de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos y de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico. Con esto se da mayor énfasis al aprovechamiento racional de los recursos naturales y se procura compatibilizar el desarrollo con la conservación de los mismos. La iniciativa de Ley de Acceso a los Recursos Genéticos tiene la intención de regular el acceso a los recursos genéticos agrícolas, forestales, silvestres y marinos que posee la nación. La consulta y los trabajos preliminares los realiza la Semarnap, a través de la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO), en conjunto con el Senado de la República. Adicionalmente, existen y se están desarrollando nuevas propuestas de NOM’S con el fin de hacer más operativas y reforzar las Leyes y Reglamentos dentro de sus diferentes materias. En particular, se elabora la propuesta de una nueva NOM para regular la colecta científica en el territorio nacional y se están llevando a cabo modificaciones a la NOM que enlista las especies legalmente protegidas en México (NOM-059-ECOL-1994). Por el momento, esta última NOM ubica especies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas en distintas categorías de riesgo (raras, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción y sujetas a protección especial) y establece las especificaciones para disminuir efectos adversos sobre las mismas. En materia de convenios de carácter internacional la Conferencia Internacional sobre Contaminación Marina adoptó en 1973 el Convenio para la Prevención de la Contaminación por los Buques, modificado mediante el Protocolo de 1978. El resultado fue un instrumento único que se conoce como MARPOL 73/78. El objetivo de las medidas introducidas por MARPOL es lograr la total eliminación de la contaminación internacional del medio marino causada por el petróleo y demás sustancias nocivas y reducir al mínimo los vertidos accidentales al mar. El Convenio MARPOL consta de 5 anexos que contienen las reglamentaciones para la prevención de los diferentes tipos de contaminación: México forma pare de los Anexos I y II que son obligatorios. El Anexo V se encuentra en proceso de ratificación. En su contenido se determina que los Gobiernos Parte están comprometidos a garantizar que en los puertos y terminales se establezcan instalaciones y servicios de recepción de basuras con capacidad adecuada para los buques que las utilicen, para que no tengan que sufrir demoras innecesarias. El Reglamento de la Ley de Puertos, en su Artículo 74, establece que las instalaciones y servicios de recolección de basura y de aguas residuales sean prestados por las personas físicas o morales a quienes les otorgue permiso la SCT o celebren el contrato respectivo con la API de que se trate. La SCT es la encargada de fomentar la participación de la iniciativa privada, a fin de que la misma establezca las instalaciones de recepción y continúe prestando los servicios de referencia. Otras disposiciones legales relacionadas con el uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos (tanto de alta mar como bajo jurisdicción nacional son: Los manuales de organización y procedimientos así como las reformas a las normas y leyes aplicables a la zona federal marítimo terrestre, son producto de las demandas e inquietudes ciudadanas que la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre de la Semarnap ha recogido, con el objeto de agilizar y prestar un mejor servicio a la ciudadanía para llevar a cabo una Administración Integral de las zonas costeras procurando la sustentabilidad de los recursos. Las NOM’S son elaboradas y emitidas por el gobierno y son de carácter obligatorio, pero su elaboración contempla un proceso que incluye la consulta pública. El Código de Conducta para la Pesca Responsable es una iniciativa internacional y su aplicación es voluntaria. El Programa de Manejo de un Área Natural Protegida que publica el gobierno, contempla lo que se denominan Reglas de Carácter Administrativo que norman, controlan y establecen límites a las actividades, uso y aprovechamiento de recursos dentro del ANP para su conservación y aprovechamiento sustentable. Se consensan con los diferentes grupos y comunidades locales y son de cumplimiento obligatorio.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

Administración de zonas costeras integradas y desarrollo sustentable, incluyendo impactos ambientales de actividades que afectan las áreas costeras y marinas: En México, el aprovechamiento de los recursos costeros se había realizado de manera sectorial y sin una clara definición de la importancia ambiental que tienen, dado que existen numerosas agencias gubernamentales con injerencia parcial en las zonas costeras. A partir de 1994, y como parte de la política ambiental de la Semarnap, se contempla la elaboración de ordenamientos ecológicos del territorio de zonas costeras y marinos para planificar las actividades productivas, tanto las efectuadas en el medio terrestre que afectan al medio marino, como aquellas diversas actividades efectuadas directamente en el medio marino. La instrumentación de ordenamientos ecológicos es la base para la formulación y ejecución de programas de desarrollo sustentable que contribuyan al manejo integral de zonas costeras y que permitan orientar el gasto público y facilitar los mecanismos de descentralización. Ello permite fomentar la diversificación productiva con la articulación de los procesos económicos y sociales.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales
 

Compromiso de los Grupos Principales en el proceso de toma de decisiones:

Comité Nacional de Pesca y Recursos Marinos, conformado con seis comités estatales a la fecha. En el caso de áreas naturales protegidas, los representantes de todos los sectores presentes en un área, de comunidades locales, de ONGs, de instituciones y organizaciones y de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) participan en el Consejo Técnico Asesor que se constituye para cada área natural protegida. Expertos e investigadores elegidos forman parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el órgano que asesora y recomienda acciones a la Semarnap sobre la conservación, protección, administración y manejo de las áreas naturales protegidas. En el programa Especial de Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar se contempla la participación de los tres órdenes de Gobierno, así como de todos los sectores de la sociedad. Igualmente para los trabajos técnicos y los estudios especializados. La toma de decisiones es colegiada entre Institutos de Investigación y Universidades. En los ordenamientos ecológicos territoriales y marinos se considera fundamental la participación de los distintos sectores, público, privado y social, desde su elaboración y para su validación e instrumentación.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Los temas sobre administración de zonas costeras integradas y desarrollo sustentable, incluyendo impactos ambientales de actividades que afectan las áreas costeras y marinas; protección ambiental marina, tanto de las actividades realizadas en tierra como las realizadas en el mar; y uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos tanto de alta mar como bajo jurisdicción nacional) están considerados en los siguientes programas y subprogramas específicos:

Existe un programa nacional para el diagnóstico de los ecosistemas costeros y regularización de las unidades de producción camaronícola, que se instrumenta de manera preliminar en los estados de Sinaloa y Sonora. En ello participan: la Dirección General de Acuacultura de la Subsecretaría de Pesca, el INP, la PROFEPA y el INE, a través de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. Administración de zonas costeras integradas y desarrollo sustentable, incluyendo impactos ambientales de actividades que afectan las áreas costeras y marinas: En 1996 se elaboró el "Programa Especial de Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar 1996-2000", oficializado el 2 de abril de 1997 por el Presidente de la República. Este programa es congruente con los lineamientos de Manejo Integral Costero propuestos en la Agenda 21 y con las recomendaciones del consejo de la OCDE sobre la Gestión Integrada de Zonas Costeras. El Programa reconoce la necesidad de integrar a los sectores gubernamentales, sociales y académicos en la administración de los recursos naturales costeros y la administración de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas en el entorno de la sustentabilidad. Su importancia se explica desde diversas perspectivas: Protección ambiental marina tanto para las actividades realizadas en tierra como para las realizadas en el mar (p.e. aguas residuales costeras, desechos agrícolas y flujos industriales, descargas de lastre de la pesca, derramamiento de petróleo, etc.): Estos asuntos están contemplados en el Programa de Pesca y Acuacultura 1995-2000 y el Programa de Medio Ambiente 1995-2000. Uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos (tanto de alta mar como bajo jurisdicción nacional): Se incluyen en los siguientes programas y subprogramas: Los siguientes programas han sido desarrollado específicamente para dirigirse a la preservación y uso sustentable de ecosistemas frágiles, tales como aquellos que incluyen manglares o arrecifes de coral: El Programa Especial de Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar, parte de una visión integral para el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales costeros y se basa en la administración inmobiliaria federal en las zonas costeras. Como parte de su aplicación, se han realizado acciones que tienen un efecto directo en la conservación del ambiente y especies costeras y marinas con algún estatus de protección: Otros programas y subprogramas relacionados son: Status
Situación General

Las áreas costeras tienen una diversidad de usos en nuestro país. Los principales son centros de población, pesca, acuacultura, turismo y recreación, explotación petrolera y puertos mercantes. El porcentaje de la contribución de la pesca a la economía es aproximadamente el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Para estimular el uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos, se impulsa el ordenamiento pesquero, cuya estrategia general contempla la actuación en tres dimensiones: a) modificación del medio biofísico, b) modernización de la infraestructura de producción y, c) promoción y control de las actividades de cultivo. Su objetivo específico es establecer mecanismos que concilien la práctica pesquera con la normatividad vigente y con criterios precautorios orientados hacia el desarrollo de una pesca responsable, mediante la participación activa de los agentes productivos, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales (ONG’s). Para ello se analiza la sustentabilidad de las pesquerías, se identifica a los agentes productivos, el acceso jurídico al recurso y las técnicas de producción. De esta manera se posibilita la regulación mediante diversos mecanismos como son: las vedas, limitación del esfuerzo, reglamentación de las técnicas, métodos y equipos de captura y se realizan actividades de inspección y vigilancia. La participación de la sociedad se impulsa a través del Comité Nacional de Pesca y Recursos Marinos y la conformación de comités a escala estatal. A la fecha se han formado seis comités estatales ribereños. Destaca en este esfuerzo la publicación y actualización anual del libro "Sustentabilidad y Pesca Responsable en México. Evaluación y Manejo 1997-1998", el cual contiene la definición de la situación actual de las 18 principales pesquerías nacionales y se recomiendan estrategias de manejo. Para desarrollar los trabajos de protección y conservación se ha establecido el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas que tiene como estrategia fundamental el incrementarlas. Actualmente, el Sistema integra un total de 26 áreas protegidas en las regiones marinas o costeras. Algunas de estas ANP´s cuentan con planes de manejo y el resto están en proceso. Para la toma de decisiones en dichas áreas se han constituido consejos consultivos con una amplia participación social. Los trabajos del Subprograma de Protección, Conservación y Rehabilitación de Hábitat y Especies, proyecto Diagnóstico de Ecosistemas Lagunares Costeros y Marinos, contemplan la elaboración de los programas de Manejo Integral para 15 Ecosistemas Lagunares Costeros durante el período 1998 – 2000. En 1998 los ecosistemas lagunares costeros que se trabajan son: Huizache - Caimanero en el Estado de Sinaloa, Teacapán-Agua Brava en Nayarit, Cuyutlán en Colima, Chacahua en Oaxaca, y Nichupté en Quintana Roo. En este esfuerzo participan reconocidos académicos, representantes de los tres niveles de gobierno y productores. El impacto de la pesca en la administración sustentable de las zonas costeras:

El impacto de las industrias localizadas en costas y zonas marinas (incluyendo turismo) sobre el desarrollo sustentable de las áreas costeras: La problemática presenta características diferentes de acuerdo a la región, pero es en el Golfo de México donde se localizan las zonas más contaminadas. En general, para frenar la situación se han reforzado actividades contempladas en las estrategias para el desarrollo sustentable, tales como inspección, auditorias ambientales y prevención de desastres en la industria y la navegación. También se utilizan los instrumentos contenidos en los acuerdos internacionales como el Convenio para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Deshechos y otras Materias (MARPOL),Convención de la ONU sobre Derechos del Mar (CONVEMAR) y el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino Frente a las Actividades Realizadas en Tierra (PAM). Considerando al turismo como una industria sin chimeneas, se busca favorecer el desarrollo sustentable regulando las actividades correspondientes a través de la instrumentación de Programas de Manejo y en ordenamientos ecológicos, que determinen la magnitud apropiada de los desarrollos. Las fuentes primarias de la contaminación originada en tierra sobre el ambiente marino: Se distribuye por regiones y destacan las descargas urbanas, industriales, y agrícolas y se relaciona con la cercanía de centros de población, áreas urbanas y actividades industriales y las consecuentes descargas urbanas e industriales. Si existen áreas agrícolas se presenta contaminación por descargas de drenes agrícolas. Las fuentes primarias de la contaminación originada en el mar sobre el ambiente marino: Para atender los problemas relacionados específicamente con ecosistemas frágiles, tales como manglares, arrecifes de coral y pastos marinos: Dentro de los esfuerzos de planificación para la conservación, la Conabio, con la colaboración de expertos en diferentes disciplinas (biológica, ecosistémica, biogeográfica y taxonómica) identificó 155 regiones prioritarias. Estas áreas se identificaron con base en su importancia biológica, su situación de amenaza o por presentar oportunidades de conservación para ser consideradas en un esquema de planificación nacional. Dichas regiones abarcan una superficie de 40'715,183 ha aproximadamente, lo cual representa un 20.69% de la superficie del territorio nacional. Algunas de éstas regiones incluyen ecosistemas acuáticos (agua dulce y marina). Este proceso continuará para determinar otras regiones prioritarias marinas y costeras. Como parte de las acciones puntuales de conservación, el INE desarrolla algunas en materia de especies silvestres, como el Programa Nacional de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos, que pretende realizar estudios para asesorar en la toma de decisiones en la materia y vincular los esfuerzos entre las diferentes instituciones de investigación en México. El Programa Nacional para el Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines, desarrolla acciones para el monitoreo de barcos atuneros y desarrollo tecnológico para evitar la captura incidental de delfines debido a la pesca del atún. El Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas, tiene como objetivo principal desarrollar estrategias para la conservación de estos quelonios, en tanto que el Programa de Conservación de la Vaquita y la Totoaba se ocupa de estas especies endémicas de nuestro país que se encuentran en serio riesgo de extinción.

Challenges
Desafíos

Para cumplir de manera efectiva los programas dirigidos a los asuntos relevantes en las áreas de atención referidas (administración de zonas costeras integradas y desarrollo sustentable; protección ambiental marina, tanto para las actividades realizadas en tierra como para las realizadas en el mar; y el uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos):
Se requiere determinar los usos actuales y proyectados de las zonas costeras y sus interacciones, a través de:

Es necesario establecer mecanismos de financiamiento a largo plazo de los procesos de ordenamiento integral de las zonas costeras, que además involucren: Se requiere la evaluación previa del impacto ambiental, observación sistemática y seguimiento de los grandes proyectos e incorporación sistemática de los resultados en el proceso de adopción de funciones: Se debe promover una tecnología ecológicamente racional y de prácticas sostenibles;
Es necesario establecer mecanismos de coordinación apropiados, tales como un organismo de planificación de política de alto nivel, para el ordenamiento integral de las zonas costeras, tanto en los planos local y regional, como en el nacional: Se deben incrementar los mecanismos para la integración de las políticas sobre el desarrollo sostenible de los asentamientos, la agricultura, el turismo, la pesca, los puertos y las industrias que utilizan la zona costera o que la afectan: Dar a las personas, los grupos y las organizaciones interesados, en la medida de lo posible, acceso a la información pertinente y oportunidad de que sean consultados y participen en la planificación y en la adopción de decisiones en los planos apropiados: El mejoramiento de los asentamientos humanos costeros, especialmente en lo que se refiere a la vivienda, el agua potable y el tratamiento y la eliminación de aguas residuales, desechos sólidos, y fluentes industriales: La conservación y el restablecimiento de los hábitat críticos alterados. A fin de cumplir el objetivo específico de proteger y conservar los recursos naturales costeros, se proponen tres instrumentos: Para concretizar la estrategia, el programa establece como instrumentos de operación: En materia de protección y de preservación de la costa, se requiere de una legislación a nivel nacional. Esta cubriría las zonas húmedas costeras, los bosques, los arrecifes coralinos, el acceso a las playas, las especies locales (vegetales y animales), la gestión de elementos vulnerables de las playas como las dunas, espigones, emplazamientos arqueológicos y parajes que tengan un valor espiritual o cultural, etc: Fortalecer la cooperación y la coordinación internacional: La principal restricción que se presenta para el cumplimiento de los programas de administración de zonas costeras integradas y desarrollo sustentable; protección ambiental marina y el uso y conservación sustentable de los recursos marinos vivos, está en los limitados recursos financieros para las labores de muestreo y monitoreo de la componente ambiental y para la aplicación de encuestas sociales en dichos programas administrativos, también están poco desarrollados los sistemas de comunicación entre las áreas que participan e inciden en los ambientes marinos y costeros, así como la ausencia de una entidad que coordine los esfuerzos de evaluación, uso y manejo integral de la zona costera. Por otra parte, las labores de vigilancia para la aplicación de programas y acciones en materia de administración costera sustentable, resulta insuficiente por lo que estos no se pueden cumplir adecuadamente. Finalmente, puede argumentarse como una de las restricciones principales las inercias, vicios y falta de conciencia en la aplicación de políticas y conceptos de la administración costera sustentable y los aspectos relacionados con ella. Es necesario reforzar la capacidad institucional y la coordinación a través de dotación de infraestructura y capacitación por varios medios, esto último extensivo hacia los sectores sociales participantes en los procesos de planeación para el ordenamiento ecológico para la concertación y el consenso de la propuesta del ordenamiento. Se requieren recursos financieros para la elaboración de nuevos proyectos y la realización de las acciones de gestión. Es necesario avanzar en el diseño de indicadores generales de sustentabilidad a nivel nacional y para las actividades productivas que inciden directa e indirectamente sobre los recursos marinos.

Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

Para educar a los políticos en el diseño de políticas y conceptos de la administración costera sustentable y los aspectos relacionados con ella se diseñaron talleres de capacitación dirigidos a servidores públicos de los tres ordenes de gobierno y a organizaciones del sector privado y del sector social. Los avances son los siguientes:

Se han redoblado los esfuerzos del Subprograma de Capacitación para el Desarrollo Sustentable, que tiene como objetivos mejorar la capacidad de los servidores públicos que laboran en instituciones gubernamentales con el medio ambiente en los tres órdenes de gobierno. Se ha dado capacitación a más de 7,500 funcionarios públicos durante el período de 1995 – 1998. El Cecadesu de la Semarnap opera el programa e incluye en su temática, entre otros, la legislación ambiental, estrategias de conservación de las Áreas Naturales Protegidas, políticas pesquera y el manejo de la zona costera. Se llevan a cabo programas regionales como el "Programa de Manejo Integrado de los Recursos Costeros en Quintana Roo", así como otras actividades de capacitación orientadas a dirigir una política a todos los niveles. Además de los cursos mencionados, la Semarnap a través de los Institutos de Ecología y Pesca y las Delegaciones Estatales otorga la asesoría e información necesaria para que las autoridades locales o estatales realicen sus programas administrativos considerando el desarrollo sustentable de la zona costera. Esta Secretaría ha realizado una serie de talleres para homogeneizar la metodología de los programas prioritarios que desarrollan las diferentes entidades del sector a través de la Planificación Orientada a Objetivos (ZOPP por sus siglas en alemán). Hacia las industrias son importantes los trabajos de los subprogramas de desarrollo tecnológico de los procesos de captura e industriales de las pesquerías comerciales que incluyen el entrenamiento y las transferencia de las técnicas. En relación con las capturas se evalúa la eficiencia técnica y operativa de los sistemas empleados, con el fin de optimizarlas de acuerdo al tipo de barco y de las condiciones de las pesquerías, así como el desarrollo de dispositivos de exclusión para eliminar la captura incidental en sistemas de arrastre para disminuir sus efectos sobre el medio ambiente. En relación con la Industria, se le asesora y se capacita al personal en la aplicación de la normatividad, especialmente en sistemas de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos. Se desarrolla un programa de ordenamiento de pesca ribereña en el Golfo de California, realizado por ONG´s, grupos académicos y la Semarnap. Se cuenta con un programa para desarrollar las acciones de capacitación dirigidas tanto a tomadores de decisiones como a grupos técnico-operativos, para construir propuestas de Ordenamiento Ecológico del Territorio, a través de la participación y apropiación de dicho instrumento de política ambiental entre el conjunto de los actores sociales involucrados, de tal forma que se apoye la consolidación de los procesos de planeación regional y de desarrollo del país, en un marco de coordinación, concertación y consenso. Las acciones que se logren consolidar en torno a la capacitación, se podrán traducir en la generación de insumos que refuercen el ejercicio de la toma de decisiones en la planeación, en promover la construcción de una verdadera propuesta de ordenamiento ecológico consensada; en generar acuerdos, convenios o contratos que plasmen la corresponsabilidad de los actores en el proyecto y en asegurar la evaluación y seguimiento permanente del instrumento de política ambiental. Con relación a las áreas naturales protegidas, se han realizado diferentes acciones de este tipo, por ejemplo: se invitó a la Dirección de la Reserva de la Biosfera Amigos de Sian Ka’an, Quintana Roo a participar en la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN en la conformación de una red internacional para, entre otros objetivos, desarrollar lineamientos para lograr un manejo de ecosistemas con base en el uso de la ciencia, y basados en las necesidades regionales. La ONG Amigos de Sian Ka’an elaboró el "Programa de Manejo Integrado de los Recursos Costeros en Quintana Roo". Respecto a la educación se cuenta con un sistema de enseñanza especializado en la formación de recursos humanos para la explotación, conservación, cultivo y administración de los recursos marinos. Esa especialización se ha venido acentuando mediante el reforzamiento preferencial de las carreras dirigidas a formar especialistas en ciencias del mar. La SEP cuenta con 32 planteles de Nivel Medio Superior en los que se imparten 5 carreras y 18 opciones. Comprende también 5 planteles de Nivel Superior en los que se ofrecen 9 carreras y 26 opciones, además de 2 carreras de Técnico Superior. Se cuenta con una Flota Educativa y de Investigación de 38 embarcaciones para apoyar la formación de los estudiantes en condiciones reales del trabajo de las especialidades, así como el desarrollo de proyectos de investigación. Los planteles y la flota se encuentran distribuidos en todo el litoral del país. En cuanto a estudios de Posgrado, se ofrecen 3 programas: Maestría en Pesca Industrial, Maestría en Manejo de Zona Costera y Maestría en Ingeniería Electrónica. Estos programas buscan formar recursos humanos de calidad, altamente especializados, orientados a generar técnicas y equipamientos que ofrezcan alternativas para el manejo y la toma de decisiones sobre la explotación de los recursos marinos y dulceacuícuolas de México en un marco integral de desarrollo de la comunidad y sustentabilidad del medio ambiente. Se desarrollan proyectos de investigación científica y tecnológica en: Acuacultura y Maricultura, Ordenamiento Costero, Tecnología de Capturas, Tecnología de Alimentos Marinos, Recursos y Medio Ambiente y Economía y Legislación Pesquera en los que se busca incorporar el enfoque de la sustentabilidad. Un ejemplo de ello fue el evento central llamado "Exposición ¿ Conoces del mar ? Del huanacaxtle a la fibra de vidrio. Por una nueva ética individual y colectiva en torno al manejo de los mares", realizada en el Museo Tecnológico de la CFE, cuyos objetivos fueron: crear en los asistentes la conciencia sobre la necesidad de una nueva ética individual y colectiva en relación al océano, llamar la atención de la población mexicana acerca de la importancia del océano en la regulación de la vida en el planeta, de la importancia de su conocimiento y aprovechamiento sustentable, ilustrar la complejidad de los ecosistemas costeros y marinos, procurar que los asistentes conozcan y firmen la Carta de los Océanos, como muestra de compromiso y elemento significativo de concientización, crear un espacio de comunicación activa que permita profundizar la labor de extensión educativa en ciencia y tecnología del mar y, estimular la interacción y el desarrollo de los diversos sectores involucrados en el conocimiento, exploración y explotación de las riquezas del mar. Esta Exposición fue visitada por alrededor de 50,000 personas durante los meses de junio a septiembre del presente año y será instalada en el Puerto de Veracruz, Ver. En los diferentes apartados de la Exposición se incorporó información sobre los Programas que la UNESCO, a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC, por sus siglas en inglés), está desarrollando en relación a la problemática que enfrentan los mares del planeta. Junto con la Exposición anterior se montó una Exposición Profesiográfica con información sobre la oferta educativa y programas de investigación de las instituciones miembros del Subcomité para la IOC. El evento incluyó, además, con una exposición de productos del mar, un ciclo de conferencias, un ciclo de exhibición de videos y un ciclo de cine, todos sobre temas relacionados con el mar. Se destaca que el Subcomité para la IOC de la Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO organizó un programa especial para conmemorar el Año Internacional del Océano y también hizo lo propio cada uno de los 37 planteles de la Dirección de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar. La temática de muchos de esos eventos, como conferencias y seminarios, fue sobre diversos aspectos del desarrollo sustentable. Existe una campaña permanente para que la sociedad en su conjunto adquiera o incremente los conocimientos que sobre los ambientes y recursos del país existen. Esto repercute en el manejo de los mismos e involucra el desarrollo sustentable de los ambientes costeros y marinos. Entre los esfuerzos específicos efectuados en el marco del Año Internacional de los Océanos, se puede mencionar el material elaborado para presentarse en la EXPO Lisboa, el diseño, emisión y cancelación de un timbre conmemorativo donde se presentan los ambientes y organismos más representativos de nuestras costas. De forma específica se participó en el 8º Simposio Internacional sobre Tortugas Marinas efectuado en Mazatlán, Sinaloa, donde se expusieron los avances y experiencias que sobre la protección y manejo de estos quelonios, llevan a cabo distintas entidades del país. También se lleva a cabo la aplicación de un proyecto piloto para la aplicación del Programa de Acción Mundial en la Cuenca Marina de las Californias. Se promueve la iniciativa de conservación "Gran Arrecife Mesoamericano". En el Parque Nacional Isla Contoy, Quintana Roo se desarrolla un programa permanente de educación ambiental que incluye la capacitación a tripulaciones y conductores de actividades náutico-recreativas, en relación con los ecosistemas marinos y costeros. Como parte del Año Internacional de los Océanos se desarrollaron eventos locales de limpieza de playas y fondo marino, murales en espacios municipales, con la participación de niños y jóvenes . Se organizó con el Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM, la Reunión Anual donde se presentaron una serie de conferencias cuyo tema central fue el de los océanos: En este evento se intentó contestar a la interrogante de si son estos o no una fuente inagotable de recursos. Participaron 31 especialistas en diversos campos que impartieron conferencias sobre el uso y conservación de los océanos y sus recursos; se tuvo una audiencia de aproximadamente 500 personas provenientes de diversos puntos del país.

Information
Información

El tipo de información nacional disponible para asistir tanto en los tomadores de decisiones y planeadores que trabajan en áreas costeras relacionadas con los siguientes aspectos:
Administración sustentable de los recursos de la pesca:

Contaminación marina: Recursos minerales: Otros recursos vivos diferente a los peces: La Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre de la Semarnap cuenta con un acervo de información de la franja costera de país que consta de 375 planos topográficos que varían entre las escalas 1:500 a 1:5,000; 1,235 planos de delimitación de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, 78 cartas INEGI escala 1:50,000, 64 planes de desarrollo urbano (40 vigentes), 17 Ordenamientos Ecológicos Territoriales y más de 16,598 fotografías aéreas de los 17 estados costeros a escalas que van desde 1:4,500 hasta 1:20,000 (SIAAP Y SIG). El INE diseña las estrategias para la difusión del ordenamiento ecológico general del territorio, así como de ordenamiento regionales entre los que se cuentan zonas costeras y el de Mar de Cortés, a través de distintos medios tales como folletos, trípticos, libros, revistas, carteles, videos, Internet, entre otros. Incertidumbres críticas (p.e. cambio climático, El Niño, La Niña, aumento del nivel del mar): Otros: Existe un sistema de vigilancia para monitorear el cumplimiento de leyes y regulaciones relevantes: La PROFEPA, órgano desconcentrado de la Semarnap. Además, la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre de la Semarnap cuenta con un Sistema de información Geográfica (SIG) para facilitar la administración de estos bienes del dominio público que tiene a su cargo. Aunque la Inspección y Vigilancia es atribución de la PROFEPA, esta Dirección General constantemente lleva a cabo programas de Censo-Inventario de ocupantes de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, para la detección de irregularidades en las ocupaciones. La página de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre está en diseño, así como las aplicaciones para poner disponible en la WWW toda la información con que cuenta esta Dirección General, tanto cartográfica como alfanumérica. Para áreas naturales protegidas se puede consultar la página de internet del INE que es: www.ine.gob.mx o bien al correo electrónico de áreas naturales protegidas que se puede solicitar a la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas del INE. En el INP de Semarnap se desarrolla el proyecto Diagnóstico de Ecosistemas Lagunares Costeros y Marinos. Se tiene a nivel nacional diversas iniciativas para desarrollar indicadores ambientales, de desempeño ambiental y de desarrollo sustentable. Se ha iniciado recientemente la identificación de indicadores ambientales para las áreas naturales protegidas. El avance es incipiente.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

En el manejo de recursos pesqueros, se puede destacar el desarrollo del uso obligatorio de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) en las redes camaroneras de arrastre con una disminución del 95% de tortugas capturadas incidentalmente y una sensible disminución de fauna de acompañamiento. Actualmente se encuentra en proceso de experimentación, la introducción de Dispositivos Excluidores de Peces (DEP), así como la modificación de redes de arrastre camaroneras con el propósito de disminuir la captura de fauna de acompañamiento en aproximadamente 50%. Asimismo, se desarrollan investigaciones científico - tecnológicas para evaluar la eficiencia y selectividad de los sistemas de captura para camarón de rivera en el Océano Pacífico mexicano y la aplicación de un sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca. Por otra parte, PEMEX desarrolla y aplica las tecnologías pertinentes para efectuar sus trabajos de exploración, explotación y transporte en las áreas marinas. Adicionalmente, existen elementos tecnológicos como el uso de plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar verterlas directamente a las zonas de descarga que frecuentemente están representadas por sistemas costeros. En las áreas naturales protegidas costeras y marinas se promueve el uso de motores fuera de borda de 4 tiempos que no producen derrames de combustible y aceites al agua y son más silenciosos. La instrumentación de tecnologías pesqueras de menor impacto como las maniobras en la pesca de cerco de atún. En áreas naturales protegidas donde existen instalaciones y construcciones, pero se carece de electricidad, se busca substituir la generación de electricidad a base de plantas con uso de gasolina por generadores de energía solar o eólica. Respecto a los factores que se consideran para la toma de decisiones se encuentran desde luego elementos ambientales para evaluar qué recursos marinos se ven afectados en cada uno de los sistemas, elementos económicos a fin de considerar las posibilidades de inversión existentes para la investigación y aplicación de opciones tecnológicas como las mencionadas. En la elaboración de los ordenamientos ecológicos de zonas costeras, se ha procurado incorporar a los grupos académicos regionales en los procesos de planeación y considerar técnicas tradicionales para el aprovechamiento de los recursos naturales, que se ven reflejados al nivel de los criterios ecológicos aplicables en cada región. La energía solar y eólica por ser más económica, no contaminante y no consume recursos no renovables, la limitante es su costo.

Financing
Financiación

La Semarnap promovió ante la SHCP dos reformas a la Ley Federal de Derechos que ya están operando y por medio de las cuales se constituye un fondo mixto que conjunta recursos municipales, estatales y federales destinados a los programas de ordenamiento de la zona federal marítimo terrestre, mismos que se establecieron en los acuerdos de coordinación firmados por la Semarnap y los gobiernos estatales. Con el 30% de los ingresos recaudados se desarrollan trabajos de delimitación, inventario y catálogo, zonificación ecológica y urbana, regularización de ocupaciones e inspección y vigilancia, para asegurar una administración integral que coadyuve al desarrollo sustentable de nuestras costas. La operación de los fondos referidos se instrumenta a través del Comité Técnico, integrado por el Presidente Municipal, el Tesorero General del Estado, el Administrador Local Jurídico de Ingresos de la SHCP y el Delegado Federal de la Semarnap, bajo un esquema de colaboración y coadyuvancia entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. La realización técnica de varios ordenamientos ecológicos costeros ha sido financiada por créditos externos provenientes de organismos como Banco Mundial y OEA. También con presupuesto nacional, aunque en menor proporción. Las áreas naturales protegidas son financiadas de diferente manera: recursos fiscales y de crédito externo; donativos Internacionales (GEF) y nacionales; y aportaciones de ONG’s.

Cooperation
Cooperación

Convenciones internacionales, incluyendo regional y subregional, relacionada con estos asuntos en la que el país es una parte contratante:

This information is based on Mexico’s submission to the 5th and 7th sessions of the Commission on Sustainable Development, April 1997 and 1999. Last update: February 1999.

To access the Web Site of the United Nations Convention on the Law of the Sea, click here:

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TOXIC CHEMICALS
QUIMICOS TOXICOS

Decision-making: Coordinating Bodies
Adopción de Decisiones: Mecanismo(s) de Coordinación

La Comisión Intersecretaríal para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST) está constituida por las secretarías de Salud; de Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Comercio y Fomento Industrial, representando las instancias responsables del establecimiento de políticas comerciales, sanitarias, de sanidad animal y vegetal, normatividad y autorizaciones en materia de productos químicos. Estas Secretarias establecen conjuntamente el marco legal para la eliminación y manejo seguros de productos químicos tóxicos (corrosivos, reactivos, explosivos, inflamables). El Sistema Nacional de Protección Civil es responsable de la prevención y respuesta a desastres relacionados con sustancias químicas, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y una red de universidades que ofrecen apoyo en la materia. Con el propósito de atender las emergencias y contingencias ambientales, se inició un estudio para implementar el Centro Nacional de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales, que funcionará las 24 horas del día durante todo el año y operará con Lada 800. Este servicio permitirá orientar a autoridades, responsables y público en general, sobre de las actividades para controlar emergencias y evitar daños a la población y al ambiente en caso de contingencias. Se estima iniciar sus operaciones durante 1996. Con el propósito de implementación del Centro Nacional de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales, se efectuaron adquisiciones de equipo computarizado, sistemas de información sobre manejo de sustancias peligrosas y equipo de protección y medición para atención de emergencias ambientales.

Decision-making: Legislation and Regulations
Adopción de Decisiones: Legislación y Reglamentos de Política

La reducción en la concentración de tetraetilo de plomo en la gasolina NOVA y la introducción de gasolina sin plomo (MAGNA/SIN), ejemplifica dos de las medidas más efectivas para reducir o eliminar el uso de plomo en los productos consumidos. Subsecuentemente, el decremento de la concentración de plomo en sangre de madres y niños se redujo aproximadamente de 15 g/dl en enero de 1992 a 8 g/dl en diciembre de 1993 en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Esto indica una disminución del 47% y se considera como un nivel aceptable por la Organización Mundial de la Salud. Para contribuir con la disminución de riesgos en el transporte de materiales peligrosos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha elaborado 20 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, que incluyen el etiquetado, envasado, estibaje, planeación de emergencias, etc. Los siguientes proyectos de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) fueron creadas con la participación de los sectores público y privado: medidas sanitarias para el uso y procesamiento de metanol, métodos estandarizados para la evaluación de riesgos de salud pública como consecuencia de agentes ambientales, requerimientos sanitarios para la importación y exportación de sustancias tóxicas, y el uso de asbestos.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategia, Políticas y Planes

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Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

La participación de diversos sectores de la sociedad en las discusiones sobre la normativa para sustancias químicas tóxicas ha sido incorporada en la Ley Federal de Metrología y Normalización, expedida en 1992, a través de los comités consultivos de normalización.

Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Entre 1993 y 1994, la CICOPLAFEST y las industrias de plaguicidas conjuntamente han participado en la reducción de los riesgos por estos productos a través de las siguientes actividades: el combate integral de plagas, la capacitación a agricultores y quienes se dedican a la aplicación de plaguicidas, programas para vigilar plagas de alimentos y fortalecimiento de programas para, la actualización del Registro de Plaguicidas. Para el seguimiento de los movimientos transfronterizos de sustancias tóxicas, se creó un programa denominado Haztracks, con el cual se dotó a las delegaciones estatales del ramo localizadas en la frontera norte, del equipo necesario para controlar el ingreso o retorno de residuos peligrosos generados por la industria maquiladora. A este sistema quedará incorporado el seguimiento de movimientos transfronterizos de las sustancias controladas por la CICOPLAFEST. En 1994 el INE realizó estudios de riesgo de salud pública derivados de problemas ambientales relacionados con el aire y la alimentación. Se creó una jerarquía de áreas con base a los riesgos, indicando los contaminantes de mayor riesgo. La Asociación Nacional de la Industria Química de México estableció elPrograma de Responsabilidad Integral para el Manejo y Eliminación Segura de Productos Tóxicos, combinando este programa con un Sistema de Emergencia de Transporte de la Industria Química.

Status
Situación General

La industria química de México es uno de los componentes más dinámicos de la industria manufacturera nacional, lo cual se refleja en la tasa de crecimiento promedio de 4.4% entre 1985 y 1991. Aproximadamente 340 empresas y 465 plantas, localizadas principalmente en los estados de México, Veracruz y el Distrito Federal constituyen el 60% de la industria. No más del 10% de las empresas químicas ostentan tecnologías avanzadas, contabilizando el 70% de la producción total del sector, mientras que las industrias restantes pueden caracterizarse como empresas pequeñas y medianas, muchas de las cuales utilizan procesos obsoletos de producción. La industria química experimentó un incremento del 145% en sus exportaciones en 1991, al ser comparadas las cifras con las de 1985. México está colocado entre los 10 exportadores más importantes del mundo en petroquímicos. Sin embargo, es conveniente hacer notar que prácticamente ningún ingrediente activo o molécula nuevos se producen en el país, sino que son importados. Las importaciones de sustancias químicas se han incrementado en un 78% desde 1985, las de mayor toxicidad provienen de Estados Unidos (72.6%), Alemania (9.8%) y Canadá (9.8%).

Challenges
Desafíos

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising
Capacitación, Educación, Formación y Toma de Conciencia

El INE promovió los trabajos del subcomité de capacitación y divulgación de la CICOPLAFEST mediante un programa de sesiones quincenales sobre aspectos ambientales, sanitarios, comerciales, etc., de la gestión de materiales peligrosos. La capacitación para el manejo de sustancias químicas tóxicas se ha reforzado mediante cursos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el Gobierno Canadiense y la Comunidad Económica Europea.

Information
Información

El Instituto Nacional de Ecología (INE) publicó una monografía que describe los marcos legal e institucional para el manejo de sustancias químicas.

Research and Technologies
Investigación y Tecnologías

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Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

Con el apoyo de la FAO, se desarrolló un seminario para fortalecer el sistema de registro de plaguicidas en México. Actualmente, México elabora el perfil nacional sobre uso y manejo de sustancias químicas y ocupa la vicepresidencia del foro Intergubernamental de Seguridad Química.

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.

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WASTE AND HAZARDOUS MATERIALS
DESECHOS Y MATERIALES PELIGROSOS

SOLID WASTES
DESECHOS SOLIDOS

Decision-making: Coordinating Bodies

Adopción de Decisiones: Mecanismo de Coordinación
 
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Decision-making: Legislation and Regulations

Adopción de Decisiones: Legislación, Reglamentación e Instrumentos de Política
 
La mayoría de los municipios de México no tienen regulación alguna sobre el manejo de los desechos sólidos; no tienen una estructura para encargarse del servicio; y carecen de personal entrenado. No existe un sistema para diferenciar los pagos por desechos sólidos provenientes de la industria y el comercio de aquellos generados exclusivamente del que hacer doméstico. Además, aún resulta difícil recaudar pagos proporcionales de usuarios, dado que los usuarios no son directamente responsables.
Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategias, Políticas y Planes
 
El gobierno federal ha promovido varios estudios a nivel nacional para conocer el manejo y disposición final de los desechos sólidos a lo largo del país. La composición de los desechos sólidos en 1994 consistió primordialmente en desechos orgánicos (52%), residuos tales como hule, pañales desechables (19%) y productos de papel y cartón (14%). Con respecto a la frontera norte, en el marco del Plan Integral Ambiental Fronterizo, se iniciaron los trabajos de muestreo y análisis de agua y sedimentos en el Río Colorado y se continúa con la segunda etapa en el Río Bravo.
Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

El Comité Consultivo Nacional de Normalización y Protección Ambiental publicó el Programa Nacional de Normalización en donde se establecieron cinco Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas con el manejo municipal de desechos sólidos. El Programa de las 100 Ciudades ha promovido actividades para:

Este Programa ha apoyado a las autoridades estatales y municipales con asesoría y acciones encaminadas al establecimiento de sistemas adecuados de recolección, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos municipales, a través del Programa Nacional de Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales; la elaboración y divulgación de procedimientos administrativos, financieros y contables de los residuos sólidos municipales; manuales técnico administrativos y guías técnicas y trípticos para promover el buen manejo de los residuos sólidos municipales. El Programa de las 100 Ciudades también ha brindado asesoría y apoyo técnico en materia de proyectos y consesión para el tratamiento de residuos sólidos en las ciudades de Durango, Uruapan, Zitácuaro, Cuernavaca, Puerto Vallarta, León y Los Mochis. Se han apoyado Proyectos Ejecutivos para Rellenos Sanitarios en: Mexicali (Baja California); Cd. del Carmen (Campeche); Cuernavaca (Morelos), y Querétaro (Querétaro). Están en proceso cuatro proyectos ejecutivos de recolección, rellenos sanitarios y estudios de impacto ambiental para las ciudades de Aguascalientes, Guanajuato, Moroleón, Uriangato y Manzanillo, y se inició la construcción de rellenos sanitarios en San José del Cabo, Cd. Juárez, Irapuato, Landa de Matamoros, Jalpan, Escobedo, Pinal de Amoles y Ezequiel Montes. Para revertir el deterioro ambiental causado por las aguas residuales generadas en las zonas conurbadas y por la industria, evitar la sobreexplotación e incrementar la oferta de agua para uso público, urbano e industrial, en el mes de junio de 1996 se puso en marcha el Programa Integral de Saneamiento y Reuso de Aguas Residuales, que tiene como objetivo racionalizar su uso mediante el tratamiento y la adecuada distribución, así como promover la participación privada en la construcción y operación de plantas de tratamiento. También, se formuló el Programa Integral de Saneamiento de Cuencas Hidrológicas, el cual incorporó el diagnóstico de la situación actual de nuestro país en materia de calidad del agua, y se determinaron las necesidades de la infraestructura de tratamiento de aguas municipales e industriales. En 1995 se contaba con infraestructura para tratar 1.4 km3/año (43 m 3/s). Sin embargo, solo se tratan adecuadamente 0.53 km3/año (17 m3/s), por lo que se descargó sin tratamiento 6.8 km3/año (214 m3/s), para marzo de 1996, se cuenta con un parque de 947 plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad de 47,604 metros cúbicos por segundo y una eficiencia aun baja de 68.4%. Para garantizar la calidad de las descargas y un tratamiento adecuado, se elaboró el Programa de Saneamiento Integral de Cancún, Quintana Roo, destacando la atención prioritaria del Sistema Lagunar Nichupté; y se inició el proyecto de saneamiento integral de la ciudad y el puerto de Acapulco, Guerrero.

Status
Situación

Se estima que los municipios generan anualmente 29'472,000 toneladas de desechos sólidos. De este total, 70% es colectado, el 17.2% se dirige a rellenos sanitarios y el 82.84% se deposita en basureros abiertos. (Este último porcentaje se debe al hecho de que una gran proporción de la basura colectada se dispone subsecuentemente en basureros abiertos). Un estudio de 1995 desarrollado en 14 municipios urbanos representativos permitió estimar una producción de hasta 1,175 toneladas diarias de basura con un promedio de 731 gr. por día por persona y un rango de 252 gr. a 1,714 gr. por día por persona. En promedio, la cobertura de la recolección fue en 80.2% y 38% de los desechos se disponena cielo abierto. El agua residual se empieza a considerar como un recurso valioso y se utiliza para actividades agrícolas en más de 300,000 hectáreas, aunque es necesario aclarar que de 24,163 de estas hectáreas originalmente sembradas con cultivos restringidos en 1991, actualmente se detectaron solo 16.1. La zona metropolitana de la Cd. de México, con una población aproximada de 18 millones de habitantes genera 1,660 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año equivalentes a 53 m/seg. El Valle del Mezquital recibe aproximadamente 1,350 millones de metros cúbicos (43 m3/seg.).

Challenges
Dificultades

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising

Fomento de la Capacidad, Educación, Capacitación y Sensibilización
 
A partir de 1996 la Secretaría de Salud ha enfocado sus esfuerzos sobre las comunidades menores a 40,000 habitantes, promoviendo la instrumentación de Rellenos Sanitarios Manuales mediante actividades a diferentes niveles: cursos nacionales, regionales, estatales, y promoción de esta técnica en reuniones y foros de salud y servicios municipales. Como una alternativa para ciudades costeras, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua y la Universidad Veracruzana instrumentaron un curso nacional sobre emisores submarinos. El Banco Mundial financia el programa de manejo de residuos sólidos mediante el cual se proporciona asistencia y apoyo técnico para el desarrollo del Proyecto de Residuos Sólidos, con el fin de fortalecer la capacitación del personal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de los estados y municipios en la promoción de nuevas técnicas, transferencia de tecnologías y evaluación de proyectos en las áreas de residuos sólidos.
 
Information
Información
 
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Research and Technologies
Investigación y Tecnologías
 
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Financing
Financiación

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Cooperation
Cooperación

Se creó una Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos (REMEXMAR), vinculada a la Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos (REPAMAR), apoyada por la Organización Panamericana de Salud, uno de cuyos objetivos es promover el intercambio de información y la transferencia de tecnologías para minimizar la generación de residuos..

This information is based on Mexico's submission to the 5th and 6th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997 and 1998. Last update: 15 January 1998.

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HAZARDOUS WASTES
DESECHOS PELIGROSOS

Decision-making: Coordinating Bodies

Adopción de Decisiones: Mecanismo de Coordinación
 
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Decision-making: Legislation and Regulations

Adopción de Decisiones: Legislación, Reglamentación e Instrumentos de Política


La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), emitida el 28 de enero de 1988 y modificada en 1996, establece regulaciones para la instalación y operación de sistemas de manejo de residuos peligrosos, incluyendo su importación y exportación. El siguiente instrumento jurídico en jerarquía es el Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos de la citada ley, el cual provee los métodos para informar y registrar todas las actividades relacionadas con la generación manejo, importación, exportación y disposición final de materiales residuales. Esta regulación es observada a nivel nacional a través de la SEMARNAP. El Congreso aprobó modificaciones a los artículos 147 y 153 de la LGEEPA concernientes al manejo, importación y exportación de desechos peligrosos. Estos cambios aun requieren ratificación por parte del senado, y una vez aprobados se crearán Normas Oficiales Mexicanas que definirán los mecanismos precisos para la regulación e importación de sustancias tóxicas. Las Normas Técnicas Ecológicas se publicaron en 1988 para: clasificar y enlistar residuos peligrosos, determinar toxicidad, verificar la compatibilidad de residuos peligrosos y el establecimiento de normas para el diseño, construcción y operación de espacios para almacenamiento. Estos requerimientos fueron incorporados como NOM en 1993; actualmente está en revisión la NOM 052, sobre la caracterización y listado de residuos peligrosos, y la NOM 056 que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos pelirosos. Se publicó también la NOM 087 para residuos biológicoinfecciosos; para su aplicación actualmente se encuentran instaladas 16 empresas localizadas en los estados de Chihuahua, México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Distrito Federal, que en conjunto tienen una capacidad de procesamiento mayor a 100 toneladas/día; de estas, dos empresas cuentan con autorización en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Culiacán, Sinaloa; siete se encuentran en protocolo de pruebas y el resto está sujeta a dictamen de impacto ambiental para su autorización definitiva. La inversión de la iniciativa privada en este rubro asciende a más de 100 millones de pesos y genera 200 empleos. Desde 1988 las industrias productoras de desechos deben darse de alta como generadores de residuos peligrosos en el INE. El INE expide además, Guías Ecológicas (autorizaciones) para la importación y exportación de desechos peligrosos y apoya las regulaciones establecidas por las diversas instancias federales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es la encargada de asegurar que las industrias que usan sustancias tóxicas cumplan con los ordenamientos legales. Actualmente, se encuentran autorizadas 140 empresas para el manejo de residuos peligrosos en las modalidades de almacenamiento, recolección y transporte (88); reciclaje de solventes sucios (12), de lubricantes usados (10), y de metales (5); manejo integral para la preparación de combustible alterno (3); incineración de combustibles alternos (3) y de residuos (4); tratamiento de aceites contaminados con bifenilos policlorados (2), in situ (22); confinamientos controlados (4) y exportación de materiales y residuos (7). Esta cifra se incrementó en 46% con respecto al periodo 1988-1995. La inversión actual para el manejo de residuos peligrosos asciende a cerca de 1,105,000.00 pesos; generando 3,005 empleos directos y 6,359 empleos indirectos.

Decision-making: Strategies, Policies and Plans

Adopción de Decisiones: Estrategias, Políticas y Planes


Las políticas de México con relación a los residuos, se describen en el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 y en el Programa para la Minimización y el Manejo Integral de los Residuos Industriales Peligrosos en México 1995-2000, publicados en 1996 por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Respecto a la reducción y manejo seguro de desechos peligrosos, las prioridades del gobierno Mexicano son: inventarios industriales y regionales, modernización de sistemas de regulación directa y promoción de infraestructura y servicios integrales. Esta última es parte de una política para incrementar la promoción de productos y servicios ambientales que tengan un alto potencial para la generación de empleo e ingresos. El Instituto Nacional de Ecología (INE) es el responsable de la instrumentación de los Planes de Acción Regionales para reducir los riesgos de bifenilos policlorados, DDT, clordano y mercurio. En 1996 se continuó promoviendo el desarrollo de infraestructura y servicios para el control de residuos peligrosos, permitiéndose la operación en este rubro a 48 empresas más, con lo que ascendió a 156 el total de las que están autorizadas para dichos fines. Las siguientes actividades se están realizando actualmente por el gobierno mexicano: clasificación, separación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados por hospitales y establecimientos médicos; requerimientos para el diseño, construcción y operación de presas de jales, y lineamientos para establecer la impermeabilidad de receptáculos de almacenamiento.

Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

En materia de tecnología, el Programa Sectorial de Mediano Plazo de Medio Ambiente 1995-2000, tiene una sección especial que habla sobre materiales y residuos peligrosos y riesgo, así como estrategias, proyectos y acciones prioritarias orientadas a la reducción y al manejo seguro de residuos peligrosos. Asimismo, inserta un apartado sobre seguimiento tecnológico para el manejo de lo residuos peligrosos, que entre otras cosas se va a referir al marco de los mecanismos de regulación directa que requieren la evaluación de estudios, proyectos y tecnologías, se considera fundamental, la realización de un procedimiento de certificación tecnológica basado en: la creación del Sistema Nacional de acreditación de Laboratorios de Prueba (SINALP), perteneciendo a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); establecer una metodología para la evaluación tecnológica y en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas que se refieren a procedimientos analíticos de muestro en el SINALP. Por lo tanto, se asumen ciertos principios en materia de normatividad, para una nueva política de gestión de residuos peligrosos. Sobre este tema, el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 señala que se promoverá la minimización de la cantidad de residuos peligrosos y los riesgos inherentes a su manejo, incentivando cambios hacia procesos y tecnologías cada vez más limpios. Igualmente, este programa establece que el Centro Mexicano para la Producción más Limpia promoverá la innovación, transferencia, adopción y difusión de tecnolog'as especializadas para el manejo de desechos. Lo anterior permitirá la eliminación, reciclaje, tratamiento o confinamiento de los mismos. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social contribuye en estas tareas a través del Programa Nacional de Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales. Este programa está enfocado a las fases de recolección, transporte, transferencia y disposición final de desechos sólidos. Además, este programa se complementa con el Programa Crediticio de Residuos Slidos, el cual tiene como finalidad otorgar asistencia técnica y capacitación al personal de los estados y municipios para promover técnicas y evaluar proyectos en la materia. Las políticas y acciones programáticas en la materia, aparecen descritos en elPrograma sobre Gestión Ambiental de Sustancias Tóxicas de Atención Prioritaria, publicado por el INE en 1997. En el Programa Nacional de Prevención de Accidentes de Alto Riesgo Ambiental, se cuenta a nivel nacional con un padrón de 763 empresas de alto riesgo; se evaluaron 628 estudios de análisis de riesgo.

Status
Situación

Los residuos peligrosos generados por las maquiladoras (fábricas generalmente de propiedad norteamericana en las que los productos finales son exportados a los Estados Unidos) son regresados a los Estados Unidos. Sin embargo diversas empresas mexicanas están dedicadas al reciclaje de materiales secundarios y a la importación de residuos peligrosos para este propósito.

Challenges
Dificultades

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising

Fomento de la Capacidad, Educación, Capacitación y Sensibilización
 
Está prevista la realización de talleres trinacionales para fomentar el intercambio de información y de tecnologías en el transcurso de 1998, así como el intercambio de experiencias e información con Canadá y Estados Unidos sobre tecnologías para lograr los fines que se persiguen en los planes, y fomentar el establecimiento de alianzas entre las partes interesadas a fin de facilitar la transferencia de tecnologías que apliquen a cada caso particular.
 
Information
Información
 
Se creó un sistema nacional de monitoreo para el manejo de desechos peligrosos de tal forma que el gobierno central se mantiene informado del volumen y tipo de desechos que son transportados, reciclados, tratados y eliminados anualmente. Asimismo, se creó el Sistema Nacional de Información Ambiental que cuenta con un programa de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Debido a que existen en el país una gran cantidad de sitios abandonados contaminados por residuos peligrosos, se inició la elaboración de un inventario de los mismos, registrándose de manera preliminar 97 áreas contaminadas en 14 estados y 55 recicladoras en 15 estados, así como dos confinamientos controlados de residuos peligrosos. En 1992 el Departamento del Distrito Federal terminó un inventario de generación de residuos tóxicos para la Zona Metropolitana del Valle de México. En 1993 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó estudios para identificar residuos tóxicos y peligrosos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos.
 
Research and Technologies
Investigación y Tecnologías
 
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Financing
Financiación
 
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Cooperation
Cooperación


El Convenio de Basilea Sobre El Control De Los Movimientos Transfronterizos De Los Desechos Peligrosos Y Su Eliminación fue firmado en 1989 y ratificado en 1991. Con base en los acuerdos asumidos en el Convenio de Basilea y en los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1995 se autorizaron para su exportación para incineración 2,031 toneladas de bifenilos policlorados a la planta Ekokem de Finlandia y Rechem de Inglaterra, y en 1996, hasta el 30 de septiembre se han autorizado 253 toneladas. México ratificó la Convención de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación en 1991, participando en algunos de los grupos de trabajo. Asimismo, y en el marco del Acuerdo de la Paz suscrito en 1983, México y Estados Unidos acordaron el mecanismo bilateral de notificación sobre los movimientos de sustancias tóxicas entre ambos países. Con el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1994, nuestro país ha observado las decisiones y recomendaciones del Consejo de la OCDE referentes al transporte transfronterizo de residuos peligrosos. En coordinación con la OCDE se organizó un taller de minimización de residuos en Washington (México, Canadá, Estados Unidos), y en México se realizó un taller sobre minimización de residuos y producción más limpia en América Latina y el Caribe; además se continuó participando en las reuniones del Grupo de Políticas para el Manejo de Desechos, y se participó en el Taller Internacional de Minimización, realizado en Berlín, Alemania, del 16 al 18 de octubre de 1996. Se cumplen las decisiones/recomendaciones del Consejo de la OCDE y los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 21 sobre el manejo sustentable de sustancias químicas y la cooperación regional para el manejo racional de cuatro sustancias químicas tóxicas, persistentes y bioacumulables.

This information is based on Mexico's submission to the 5th and 6th Sessions of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997 and 1998. Last update: 15 January 1998.

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RADIOACTIVE WASTES
DESECHOS RADIOACTIVOS

Decision-making: Coordinating Bodies

Adopción de Decisiones: Mecanismo de Coordinación
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, emitida el 28 de enero de 1988, en su artículo 54 establece que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (actualmente Secretaría de Energía) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con la participación que en su caso corresponda a la Secretaría de Salud, cuidarán que la exploración, explotación y beneficio de minerales radioactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear, la industria nuclear, y en general las actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo en apego a normas de seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares o radioactivas, de manera que se eviten riesgos a la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico, correspondiendo a la Secretaría realizar la evaluación del impacto ambiental. De acuerdo a las atribuciones conferidas en el Artículo 27 de la Ley Reglamentaria en Materia Nuclear, le corresponde a la Secretaría de Energía (SE) la responsabilidad del almacenamiento, transporte y la disposición final de los desechos radiactivos; esta responsabilidad ha sido delegada parcialmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ); en tanto que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la regulación vigente al respecto.


Decision-making: Legislation and Regulations

Adopción de Decisiones: Legislación, Reglamentación e Instrumentos de Política
 
El transporte de materiales y residuos peligrosos en caminos y puentes de jurisdicción federal, por sus características especiales, requirió de una regulación específica que brindará las máximas medidas de seguridad en la movilización de estos productos. Es así que con la publicación del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (7 de abril de 1993), inició una etapa que incidió en un cambio estructural que por su modernidad requirió de una serie de etapas para su implementación y cumplimiento por parte de expedidores, transportistas y destinatarios. El Reglamento mencionado es complementado técnicamente y con mayor detalle por Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de las cuales a la fecha se tienen publicadas como definitivas 20, dos más se publicaron como Normas Oficiales Emergentes, mismas que culminaron su plazo de vigencia y están en etapa de consulta al público en general para ser emitidas como definitivas. Así también se han publicado en 1996 cuatro proyectos de NOM más, las cuales al término del plazo de consulta pública se procederá a su complementación y emisión como definitivas. Dos anteproyectos de NOM se tienen terminados y están siendo analizados por el Subcomité No. 1 de Transporte de Materiales y residuos Peligrosos. A fín de dar cumplimiento a la Ley de Metrología y Normalización para la emisión de NOM, se formalizó en 1993 el Subcomité No.1 de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, integrado por personal especializado de la iniciativa pública y privada, incluyendo instituciones de educación superior. A continuación se señalan algunos aspectos específicos que inciden directamente en la transportación y la seguridad:
Decision-making: Strategies, Policies and Plans
Adopción de Decisiones: Estrategias, Políticas y Planes
 
A la fecha se tiene una propuesta para establecimiento de una política nacional de la gestión de los desechos radiactivos; asimismo se está en proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas relacionadas con la misma gestión, de las cuales algunas ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación y otras están como proyectos. Paralelamente se tiene la tarea del análisis de los datos de la generación de los desechos radiactivos provenientes de la medicina, la industria y la investigación.


Decision-making: Major Groups Involvement
Adopción de Decisiones: Participación de Grupos Principales

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Programmes and Projects
Programas y Proyectos

Se ha establecido un programa para evaluar los efectos de la radiación con el propósito de crear una clasificación concisa de los diversos niveles de concentraciones de radionucleótidos.

Status
Situación

Los desechos radiactivos de bajo nivel generados por la operación de la Central de Laguna Verde, Veracruz, son almacenados de manera temporal en almacenes exprofeso para ello, dentro de las instalaciones de la central. En tanto que el combustible irradiado es almacenado de manera temporal en las albercas de combustible gastado de los reactores. Los desechos procedentes la industria, la medicina y la investigación son almacenados de manera temporal en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Challenges
Dificultades

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Capacity-building, Education, Training and Awareness-raising

Fomento de la Capacidad, Educación, Capacitación y Sensibilización
 
En la actualidad existe cooperación con el OIEA, mediante cursos de capacitación regionales e interregionales e intercambio de expertos, relacionado con la gestión de los desechos radiactivos.
 
Information
Información
 
El gobierno mexicano está en proceso de concluir un inventario de instituciones e industrias que generan desechos radioactivos así como la conducción de un estudio preliminar de fuentes radioactivas, sistemas de manejo y opciones de disposición final.
 
Research and Technologies
Investigación y Tecnologías
 
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Financing
Financiación
 
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Cooperation
Cooperación

La base técnica de la Regulación y Normatividad para el Transporte de Materiales Peligrosos son las Recomendaciones para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, editado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documento base que también considerarán los Estados Unidos y Canadá en sus respectivas generadas por el Comité de Expertos de Materiales Peligrosos de la ONU, con sede en Ginebra Suiza, del cual la SCT tiene representación oficial a partir de 1994. Así también y con el objeto de prever los requerimientos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), se participa activamente en el grupo de 4 Normas de Materiales Peligrosos con Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo se trabaja armónicamente con Subcomités de las dependencias del Ejecutivo Federal que tienen injerencia en los materiales y residuos peligrosos. El proceso de retorno de residuos radioactivos a su país de origen, se lleva a cabo respetando el Código de Práctica sobre Movimientos Internacionales Transfronterizos de Desechos Radioactivos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

This information is based on Mexico's submission to the 5th Session of the United Nations Commission on Sustainable Development, April 1997. Last update: 1 April 1997.



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