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El Secretario General

Declaración ante la Asamblea General

Nueva York, 7 de marzo de 2006

Muchas gracias, Señor Presidente.

Excelentísimos señores, damas y caballeros:

Los Jefes de Estado y de Gobierno, en el Documento Final de la Cumbre Mundial celebrada el año pasado, me dirigieron varias peticiones, en mi calidad de Secretario General, en la esfera de la reforma de la Secretaría y de la gestión.

El análisis y las recomendaciones para facilitarles el examen de los mandatos, solicitado en el apartado b) del párrafo 163 del documento final, será objeto de un informe por separado que se presentará este mes.

El informe que ahora tienen ante ustedes responde a otras dos peticiones: una es la consignada en el párrafo 162, en cuanto a las propuestas relativas a las condiciones y las medidas necesarias para que yo pueda cumplir con eficacia mis funciones directivas, y la otra es la contenida en el apartado a) del párrafo 163, de que presente una evaluación y recomendaciones con miras a asegurar que las políticas, reglamentaciones y normas presupuestarias, financieras y de recursos humanos de las Naciones Unidas respondan a las necesidades actuales de la Organización y le permitan realizar su labor de forma eficiente y efectiva.

Excelentísimos señores: Agradezco, en particular, la oportunidad de presentar propuestas con ese fin. ¿Por qué? Porque mi evaluación —si puedo decirlo francamente en una sola oración— es que, en muchos aspectos, nuestras reglamentaciones y normas no responden a las necesidades actuales y, a decir verdad, hacen muy difícil que la Organización pueda realizar su labor de forma eficiente o efectiva.

A algunos quizás les cueste creerlo, tras sucesivas gestiones de reforma emprendidas en el curso de los años, incluidos dos conjuntos de propuestas que yo mismo presenté en 1997 y 2002, además del informe Brahimi sobre las operaciones de paz de las Naciones Unidas en 2000 y el fortalecimiento de nuestro sistema de protección y seguridad en 2004.

En verdad, con el concurso de los Estados Miembros, se han introducido cambios importantes. Puedo decir con certeza que la Organización es ahora más eficiente y efectiva que hace 10 años. Presta más servicios que nunca, aunque las normas lo hagan difícil, y se ha comprobado que realiza su gestión en forma eficaz en función de los costos en comparación con organizaciones con cometidos similares.

Sin embargo, la verdad es que nuestras normas y reglamentaciones se formularon con destino a una Secretaría esencialmente estática, cuya principal función era brindar servicios a las conferencias y reuniones de los Estados Miembros y cuyo personal trabajaba principalmente en la Sede. Esas no son las Naciones Unidas de nuestros días.

En la actualidad, gracias a los mandatos que los Estados Miembros nos han encomendado, estamos embarcados directamente en actividades en muchas partes del mundo, y trabajamos sobre el terreno para mejorar las vidas de las personas necesitadas de ayuda.

Más del 70% de nuestro presupuesto anual de 10.000 millones de dólares se destina actualmente a operaciones de mantenimiento de la paz y otras operaciones sobre el terreno, en comparación con el 50% de un presupuesto que hace 10 años era inferior a 5.000 millones de dólares.

En los 16 años transcurridos desde el fin de la guerra fría, hemos emprendido más del doble de las operaciones de mantenimiento de la paz que realizamos en los 44 años anteriores. El gasto en operaciones de mantenimiento de la paz se ha cuadruplicado.

Más de la mitad de nuestros 30.000 funcionarios civiles presta servicio actualmente sobre el terreno, no sólo en operaciones de mantenimiento de la paz, que se han expandido enormemente y que ahora constituyen un cometido mucho más diverso y complejo que en otra época, sino también en tareas tan diversas como el socorro humanitario, la justicia penal, la supervisión de los derechos humanos y el fortalecimiento de la capacidad, la asistencia electoral y la lucha contra los estupefacientes y la delincuencia. El número de personal humanitario sobre el terreno ha aumentado ocho veces, la labor de derechos humanos en los países se ha expandido extraordinariamente y se nos ha pedido que demos apoyo a más de 100 elecciones nacionales.

Estos mandatos cada vez más complejos requieren funcionarios con diferentes competencias. Tenemos que estar en condiciones de contratar y conservar directivos, administradores y funcionarios que puedan atender a grandes operaciones multidisciplinarias, con presupuestos cada vez más cuantiosos.

Tal como están las cosas, muchos de nuestros funcionarios —especialmente los funcionarios del servicio móvil que desempeñan su cometido con gran idealismo e integridad, muchas veces en situaciones de penuria y riesgo— se sienten desmoralizados y faltos de motivación por la ausencia de oportunidades de ascenso y por las frustraciones que imponen las relaciones con una burocracia que puede parecer, a la vez, excesiva y remota.

Contra viento y marea, nuestro personal, que hace gala de gran consagración a sus deberes, ha asumido la prestación de más y más servicios con cada año que pasa. Sin embargo, nuestro sistema de gestión no le hace justicia. No está equipado para atender a operaciones globales por muchos miles de millones de dólares, que muchas veces se deben desplegar con gran celeridad. Tanto los funcionarios como los Estados Miembros merecen mejor trato. En las reformas anteriores se abordaron más los síntomas que las causas de nuestras deficiencias. Ha llegado el momento de embarcarse en una transformación más profunda y fundamental. Lo que se necesita, y lo que ahora tenemos una valiosa oportunidad de realizar, es una reorganización radical de toda la Secretaría —sus reglamentaciones, su estructura y sus sistemas— para armonizarla mejor con las realidades contemporáneas y ponerla en condiciones de ejecutar los tipos de operaciones que los Estados Miembros ahora le encomiendan y esperan de ella.

De la misma manera que este edificio, tras 56 años de reparaciones y conservación discretos, necesita ahora una refacción total de arriba abajo, nuestra Organización, tras decenios de reformas fragmentarias, necesita ahora una reorganización estratégica a fondo, que sólo se podrá lograr si existe la firme voluntad de llevarla adelante en todos los niveles de dirección.

Estimados amigos:

Permítaseme expresar mi reconocimiento por la excelente labor realizada por la Vicesecretaria General al organizar la preparación del informe que tienen ante ustedes que pretende ser el esquema de esa reforma integral. Le estoy profundamente agradecida como lo estoy a Rajat Gupta, mi asesor especial para la reforma de la gestión, por concedernos el beneficio de sus profundos conocimientos y experiencia.

El informe contiene propuestas sobre siete ámbitos principales, empezando por las personas, es decir, la manera en que contratamos, gestionamos y motivamos a los hombres y mujeres encargados de llevar a cabo los mandatos establecidos por ustedes.

A continuación se ocupa del liderazgo, exponiendo los cambios que considero necesario introducir en la estructura directiva superior de la Secretaría para que el Secretario General pueda ejercer efectivamente su autoridad.

En tercer lugar trata de la tecnología de la información y las comunicaciones, ámbito en que es preciso hacer una importante inversión para que las diferentes partes de la Organización puedan comunicarse eficazmente y obtener información con rapidez cuando la necesiten.

En cuarto lugar, expone oportunidades de reducir gastos y aumentar la eficiencia estudiando nuevas formas de prestar servicios, como la reubicación y la contratación externa, así como haciendo más estrictos los procedimientos y normas relativos a las adquisiciones.

En quinto lugar, propone simplificar drásticamente nuestros procesos de gestión presupuestaria y financiera.

En sexto lugar, sugiere formas de lograr que la gestión y el presupuesto de la Organización sean más accesibles para ustedes, los Estados Miembros, y les permitan ejercer un control más efectivo.

Y, por último, insta a que se cree una pequeña oficina dentro de la Secretaría que se dedique específicamente a gestionar el propio proceso de cambio, en estrecho enlace con un grupo reducido pero representativo de Estados Miembros.

Estos cambios propuestos son interdependientes, y a su vez dependen de que se alcance el máximo nivel de ética en toda la Secretaría —para lo cual ya he tomado medidas, con el apoyo de ustedes— y de que se reformen nuestros sistemas de supervisión y justicia interna, que se están examinando por separado.

Si no se lleva a término la reforma en cualquiera de estos ámbitos, el valor de la reforma en todos los demás quedará reducido, o incluso anulado. Por ello insto encarecidamente a los Estados Miembros a que consideren este proceso de cambio en su conjunto, y a que lo emprendan en entusiasta asociación con la administración y el personal de la Secretaría.

Una administración firme sólo puede funcionar en respuesta a una firme gobernanza. Y el éxito de la reforma depende de que exista una asociación de colaboración estratégica, basada en la confianza mutua, entre ustedes —los agentes rectores— por un lado, y los administradores —mis colegas y yo mismo— por otro.

Soy plenamente consciente de que esta confianza no puede darse por supuesta. Sé que muchos Estados se sienten excluidos de las decisiones importantes que afectan a la Organización y tratan de compensar esa carencia afirmando su autoridad en simples cuestiones de detalle. Pero esta actitud no hace sino perturbar la división de trabajo que debería existir entre el Secretario General, como más alto funcionario administrativo, y esta Asamblea.

Es vital que encontremos la forma de restablecer la confianza y la colaboración a partir de una comprensión cabal del papel que corresponde a cada uno. El papel de un órgano rector es impartir orientación estratégica a la administración y después pedirle cuentas de los resultados. Y el papel de la administración es conseguir esos resultados con eficacia y transparencia, para que se la pueda juzgar según su desempeño.

Así pues, para que se produzca el cambio, nosotros —la Secretaría— y ustedes —los Estados Miembros— debemos trabajar juntos para hacerlo realidad. Los detalles están por determinar y para ello deben celebrarse consultas con todos los interesados, incluido el personal, pues es a quien afectarán de modo más inmediato estos cambios, cuyo éxito depende directamente de que sigamos contando con su lealtad y dedicación.

Quiero que quede clara una última cuestión: esta reforma no es una medida para recortar gastos, ni para que la Secretaría tenga más poder, y tampoco es un intento desesperado por aplacar a uno o dos de los principales contribuyentes al presupuesto.

Por supuesto que con la ejecución de estas propuestas se conseguirán verdaderas economías, ya que con el tiempo se reducirá el costo de muchas de nuestras actividades, al realizarse éstas de manera más sencilla.

Pero lo que ante todo demuestra el informe es que durante muchos años esta Organización ha escatimado inversiones —inversiones en recursos humanos, en sistemas, en tecnología de la información y las comunicaciones— y que estos gastos aplazados deben hacerse ahora con creces. He titulado el informe “Invertir en las Naciones Unidas” porque creo que los Estados Miembros deben estar preparados para hacer una inversión significativa si quieren que la Organización alcance el nivel de eficacia que tienen derecho a esperar tanto ellos como sus pueblos.

Si están preparados para hacerlo, todos los Estados Miembros descubrirán, a medida que se pongan en práctica las reformas, que tienen a su disposición una Organización mejor estructurada y más transparente, más fácil de controlar y que responde con mayor rapidez y eficacia a sus instrucciones.

Por encima de todo, tendrán una Organización que resultará más útil a los cientos de millones de personas de todo el mundo que, por circunstancias ajenas a su voluntad, necesitan sus servicios.

Me refiero a todos aquellos sobre quienes se cierne la amenaza de la pobreza extrema; el hambre, la malnutrición y las epidemias o las enfermedades endémicas; la desertificación y otras formas de degradación ambiental; los desastres naturales; los conflictos civiles, la anarquía, la violencia y la delincuencia organizada transnacional; el terrorismo; la opresión y el mal gobierno; el genocidio, la depuración étnica y otros crímenes de lesa humanidad.

Son esas personas, Señor Presidente, los verdaderos interesados en que las Naciones Unidas funcionen con eficacia y bajo el control efectivo de sus Estados Miembros. No debemos fallarles.

Muchas gracias.