Derecho internacional y justicia

Foto ONU/Rick Bajornas
Dama de la Justicia, ayuntamiento de Hamburgo, Alemania

Entre los grandes logros de las Naciones Unidas, destaca el desarrollo de un corpus de derecho internacional (convenciones, tratados, normas...) fundamental tanto para la promoción del desarrollo económico y social, como para la paz y seguridad internacionales. Muchos de los tratados creados por las Naciones Unidas forman la base del derecho que rige las relaciones interestatales. Aunque el trabajo de la ONU en este campo no siempre recibe mucha atención, tiene una repercusión diaria en la vida de todos los habitantes del mundo.

La Carta de las Naciones Unidas insta a la Organización a ayudar a solucionar las controversias internacionales por medios pacíficos, entre ellos, el arbitraje y el arreglo judicial (Artículo 33), y a impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación (Artículo 13).

A lo largo de los años, se han depositado más de 560 tratados multilaterales ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Otros muchos tratados se depositan ante los Gobiernos u otras entidades. Los tratados abarcan un amplio abanico de materias, tales como los derechos humanos, el desarme o la protección del medioambiente.

La Asamblea General como foro para la adopción de tratados multilaterales

La Asamblea está integrada por representantes de cada Estado Miembro de las Naciones Unidas y es el principal órgano de deliberación en materia de derecho internacional. No en vano numerosos tratados multilaterales son adoptados por la Asamblea General y luego quedan abiertos a firma y ratificación. La Sexta Comisión Jurídica apoya en sus funciones a la Asamblea General asesorándole en cuestiones jurídicas sustantivas. La Comisión también está integrada por representantes de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

El trabajo jurídico de las Naciones Unidas ha sido pionero en muchos ámbitos, al enfrentarse a los problemas que iban tomando un cariz internacional. La ONU ha estado a la cabeza de los esfuerzos por establecer un marco jurídico en áreas tales como la protección del medioambiente, la regulación de la inmigración laboral, la reducción del tráfico de drogas y la lucha contra el terrorismo. Esta labor continúa en marcha hoy en día, a medida que el derecho internacional asume un papel aún más importante en un amplio espectro de cuestiones, como el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
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Desarrollo y codificación del derecho

Comisión de Derecho Internacional

La Comisión de Derecho Internacional fue establecida por la Asamblea General en 1947 con el objetivo de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. La Comisión está formada por 34 miembros, que representan colectivamente los principales sistemas jurídicos del mundo y prestan servicios como expertos a título personal, no como representantes de sus respectivos gobiernos. Se encargan de un amplio espectro de cuestiones relativas a las relaciones interestatales y consultan frecuentemente al Comité de la Cruz Roja, a la Corte Internacional de Justicia y a agencias especializadas de la ONU, según la materia de que se trate en cada caso. La mayor parte del trabajo de la Comisión comprende la preparación de proyectos relacionados con el derecho internacional.

La Comisión elige algunos de los temas, mientras que otros le son remitidos por la Asamblea General. Cuando la Comisión termina su labor en alguno de ellos, la Asamblea General puede convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios para incorporar el proyecto a una convención. Dicha convención se abre entonces a la firma de los Estados que quieran ser partes en ella, es decir, Estados que acepten formalmente quedar sujetos a sus disposiciones. Algunas de estas convenciones son el fundamento mismo del derecho que rige las relaciones entre Estados. Se mencionan a continuación algunos ejemplos:

Derecho internacional humanitario

El derecho internacional humanitario engloba los principios y normas que regulan los medios y métodos de combate, así como de la protección de la población civil, los combatientes enfermos y heridos y los prisioneros de guerra. Algunos instrumentos jurídicos de importancia clave son, entre otros, los Convenios de Ginebra relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales de 1949 y dos protocolos adicionales de 1977, firmados bajo el auspicio del Comité Internacional de la Cruz Roja

Las Naciones Unidas han desempeñado un papel primordial en los esfuerzos por desarrollar el derecho internacional humanitario. El Consejo de Seguridad se ha ido involucrando exponencialmente en la protección de los civiles en conflictos armados, promoviendo los derechos humanos y la protección de los niños en zonas de guerra.

El Estado de Derecho

Promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional ocupa un lugar central en el cometido de las Naciones Unidas. Fomentar el respeto al estado de derecho es clave para el establecimiento de una paz duradera tras un conflicto armado, para la protección efectiva de los derechos humanos y para un desarrollo y progreso económico sostenibles. El principio según el cual todas las personas, desde el individuo hasta el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, es un concepto fundamental, que guía gran parte del trabajo de las Naciones Unidas. Los órganos principales de la ONU, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, apoyan de forma esencial a los Estados Miembros en sus esfuerzos por reforzar el estado de derecho, al igual que hacen muchas entidades de las Naciones Unidas.

La responsabilidad de la coordinación general del trabajo sobre el Estado de derecho del sistema de la ONU recae en el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, presidido por el Vicesecretario General, con la asistencia de la Dependencia del Estado de Derecho. Los miembros de este Grupo son las 20 principales entidades de la ONU comprometidas a ayudar a los Estados Miembros a fortalecer el Estado de derecho. En su labor de apoyo desde la sede central a las actividades nacionales relacionadas con el Estado de derecho, el Secretario General nombró al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP) y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como coordinadores conjuntos en las áreas de policía, sistema judicial y penitenciario del Estado de derecho para situaciones de crisis o posteriores a un conflicto.

Arreglo judicial de controversias

la Corte Internacional de Justicia

El órgano de las Naciones Unidas especializado en el arreglo de controversias es la Corte Internacional de Justicia, fundada en 1946 y también conocida como «la Corte Mundial». Desde su nacimiento, la Corte ha juzgado más de 160 casos, ha emitido numerosos fallos sobre controversias que le han sido presentadas por Estados y también ha emitido opiniones consultivas a las preguntas planteadas por organizaciones de la ONU. El Pleno de la Corte se ha ocupado de la mayor parte de asuntos, pero desde 1981 seis de ellos se han remitido a salas especiales a petición de las partes del proceso.

En sus fallos, la Corte ha abordado controversias internacionales relacionadas con derechos económicos, la prohibición del uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, relaciones diplomáticas, toma de rehenes y derecho de asilo y nacionalidad. Los Estados someten estas controversias a la Corte buscando una solución imparcial y fundamentada en derecho a sus diferencias. Gracias a la solución pacífica de controversias en cuestiones tales como las fronteras terrestres y marítimas y la soberanía territorial, la Corte ha ayudado a prevenir que dichas disputas alcanzaran una mayor gravedad.

Justicia Penal Internacional

La comunidad internacional ha aspirado a crear una corte permanente internacional desde hace mucho tiempo para juzgar los crímenes internacionales más graves. En el siglo XX alcanzó finalmente un consenso sobre la definición de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Tribunales

Tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nüremberg y Tokio abordaron los crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad cometidos durante dicho conflicto.

Los tribunales ad hoc y los tribunales asistidos por las Naciones Unidas han seguido combatiendo la impunidad y propiciando la rendición de cuentas por los crímenes más graves. En los años 90, con el fin de la Guerra Fría, se crearon los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia (TPIY) y para Rwanda (TPIR), cuyo objetivo fue enjuiciar los crímenes cometidos durante un período de tiempo y un conflicto determinados. De igual manera, los Estados afectados establecieron tres tribunales, con un considerable apoyo por parte de la ONU: el Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya (2006) y el Tribunal Especial para el Líbano (2007). Algunas veces calificados como tribunales “híbridos”, son instituciones no permanentes que dejan de existir una vez que se ha dictado sentencia sobre las causas tratadas en ellos.

La Corte Penal Internacional

La idea de una corte penal internacional para enjuiciar crímenes contra la humanidad se concibió por primera vez en la ONU durante el proceso de aprobación de la Convención contra el Genocidio de 1948; sin embargo, la falta de consenso obstaculizó su ulterior desarrollo. En 1992, la Asamblea General encomendó a la Comisión de Derecho Internacional la preparación de un proyecto de estatuto para ese tipo de corte. Las masacres de Camboya, la antigua Yugoslavia y Rwanda hicieron que la necesitad de esta corte fuera aún más perentoria.

La Corte Penal Internacional (CPI) es competente para enjuiciar a las personas que cometan genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Asimismo, será competente para conocer del crimen de agresión cuando se alcance un acuerdo sobre la definición de tal crimen. La CPI es jurídica y funcionalmente independiente de las Naciones Unidas, pues no forma parte del sistema de la ONU.

La cooperación entre esta y la CPI se rige por un Texto negociado del Acuerdo de relación entre la ONU y la CPI. El Consejo de Seguridad puede incoar un procedimiento ante la CPI, así como remitir a la CPI situaciones que, en caso contrario, no recaería en las competencias de la Corte. La Corte está compuesta por 18 magistrados, elegidos por los Estados Partes para un período de nueve años, excepto cuando un juicio o apelación esté aún pendiente al final de este período, en cuyo caso uno de los jueces debe continuar en funciones hasta que finalice dicho proceso. No puede haber dos magistrados de la misma nacionalidad.

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