MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL SALVADOR
ONUSAL

Establecida para verificar la aplicación de todos los acuerdos convenidos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los acuerdos incluían una cesación del fuego y medidas conexas, la reforma y la reducción de las fuerzas armadas, la creación de un cuerpo de policía, la reforma de los sistemas judicial y electoral, los derechos humanos, la posesión de la tierra y otros asuntos económicos y sociales.

DESCRIPCIÓN

EMPLAZAMIENTO: El Salvador

SEDE: San Salvador

DURACIÓN: julio de 1991 - abril de 1995

EFECTIVOS AUTORIZADOS: 380 observadores militares, 8 miembros de personal médico y 631 observadores de policía; también se preveían unos 140 miembros de personal civil de contratación internacional y 180 miembros de personal de contratación local.

BAJAS: 5 (3 observadores de policía y 2 miembros de personal civil de contratación local)

GASTOS: 107.003.650 dólares de los EEUU.

FUNCIÓN: Establecida para verificar la aplicación de todos los acuerdos convenidos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con el propósito de acabar con una guerra civil que duraba ya un decenio. Los acuerdos incluían una cesación del fuego y medidas conexas, la reforma y la reducción de las fuerzas armadas, la creación de un cuerpo de policía, la reforma de los sistemas judicial y electoral, los derechos humanos, la posesión de la tierra y otros asuntos económicos y sociales. Después de que el conflicto armado hubiese terminado oficialmente en diciembre de 1992, la ONUSAL supervisó las elecciones celebradas con éxito en marzo y abril de 1994. Después de que concluyera el mandato de la ONUSAL el 30 de abril de 1995, un pequeño grupo de personal civil de las Naciones Unidas - conocido como la Misión de las Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL) - permaneció en El Salvador para prestar sus buenos oficios a las partes, verificar la aplicación de los puntos más destacados de los acuerdos y proporcionar información constante, precisa y fiable

ANTECEDENTES

La ONUSAL se estableció en virtud de la resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad de 20 de mayo de 1991. Sus divisiones, establecidas en diferentes momentos del transcurso de la Misión, son: División de Derechos Humanos, Militar y de Policía. Se creó una División Electoral en septiembre de 1993 de conformidad con la resolución 832 (1993) del Consejo de Seguridad que se disolvió el 30 de abril de 1994 tras la culminación del proceso electoral. El primer Representante Especial del Secretario General y Jefe de Misión de la ONUSAL fue el Sr. Iqbal Riza (el Pakistán), que desempeñó su función hasta marzo de 1993. Le sucedió el Sr. Augusto Ramírez Ocampo (Colombia), que desempeñó su función hasta marzo de 1994, cuando le sucedió el Sr. Enrique ter Horst (Venezuela). El establecimiento de la ONUSAL en 1991 se produjo como resultado de un complejo proceso de negociación, iniciado por el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en septiembre de 1989 y llevado a cabo por las partes bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. El objetivo de las negociaciones era lograr una serie de acuerdos políticos que ayudasen a resolver tan pronto como fuese posible y por cauces políticos el duradero conflicto armado en El Salvador, promoviendo la democratización en el país, garantizando el respeto de los derechos humanos sin restricción y reunificando a la sociedad salvadoreña. Se pretendía que la aplicación de todos los acuerdos que ambas partes firmasen fuese verificada por las Naciones Unidas. El primer acuerdo sustantivo se logró el 26 de julio de 1990, cuando el Gobierno de El Salvador y el FMLN firmaron en San José (Costa Rica) el Acuerdo sobre Derechos Humanos. Este acuerdo preveía el establecimiento de una misión de verificación de las Naciones Unidas que supervisase en todo El Salvador el respeto y la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. De conformidad con el Acuerdo, la Misión debía asumir sus funciones al cesar el conflicto armado. Poco después de la firma del Acuerdo, sin embargo, ambas partes pidieron por separado que la Misión se estableciese incluso antes de que se produjese la cesación del fuego, lo que llevó al Secretario General a enviar una misión preliminar en marzo de 1991 que le ayudase a determinar si era factible acceder a esta petición.

ESTABLECIMIENTO DE LA ONUSAL

El 20 de mayo de 1991, tras la recomendación del Secretario General, el Consejo de Seguridad, en su resolución 693 (1991), decidió establecer la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), con carácter de operación integrada de mantenimiento de la paz, para supervisar todos los acuerdos convenidos por el Gobierno de El Salvador y el FMLN. El mandato inicial de la Misión era el de verificar el cumplimiento por las partes del Acuerdo sobre Derechos Humanos firmado en San José. Durante esa etapa, las funciones de la Misión abarcaban la supervisión activa de la situación de los derechos humanos en El Salvador; la investigación de casos concretos de presuntas violaciones de los derechos humanos; la promoción de los derechos humanos en el país; la elaboración de recomendaciones encaminadas a acabar con las violaciones y el envío de información sobre estos asuntos al Secretario General y, a través de éste, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

VERIFICACIÓN DEL ACUERDO DE SAN JOSÉ

La ONUSAL se lanzó el 26 de julio de 1991, momento en el que absorbió una pequeña oficina preparatoria establecida en San Salvador en enero de ese año. Al asumir sus funciones iniciales, la ONUSAL adoptó un enfoque que contemplaba dos fases. Durante la fase preparatoria, de julio a septiembre, la ONUSAL estableció sus oficinas regionales y sentó las bases operativas y conceptuales necesarias para su posterior labor. El 1 de octubre de 1991, la Misión pasó a su segunda fase de operaciones, en la que comenzó a investigar casos y situaciones en los que había denuncias de violaciones de los derechos humanos y a hacer un seguimiento sistemático de éstos con los órganos estatales competentes y con el FMLN. El propósito de estas actividades era el de determinar la veracidad de dichas denuncias y, si era preciso, hacer un seguimiento de las acciones emprendidas para identificar y castigar a los responsables y disuadir de tales violaciones en el futuro. Durante esta fase, la ONUSAL aumentó significativamente su contacto con las partes y estableció con éstas mecanismos de coordinación flexibles y estables. Además, la Misión comenzó un programa de educación en la esfera de los derechos humanos y una campaña informativa sobre los derechos humanos.

PRIMERA AMPLIACIÓN DE MANDATO

Entretanto, se realizó un progreso constante en las negociaciones sobre otros acuerdos políticos encaminados a acabar con el conflicto armado en El Salvador. El 31 de diciembre de 1991, tras más de dos semanas de negociaciones en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, las partes firmaron el Acta de Nueva York que, junto con los acuerdos firmados previamente en San José (26 de julio de 1990), la Ciudad de México (27 de abril de 1991) y Nueva York (25 de septiembre de 1991), concluía las negociaciones sobre todos los asuntos sustantivos del proceso de paz. Las partes también convinieron que el Acuerdo de Paz final se firmaría en la Ciudad de México el 16 de enero de 1992.

El Acuerdo de Paz tenía dos secciones en particular que precisaban una ampliación sustancial del mandato de la ONUSAL. Estas secciones eran las relativas tanto a la cesación del conflicto armado, de conformidad con las cuales la ONUSAL debía verificar todos los aspectos de la cesación del fuego y la separación de fuerzas, como a la Policía Nacional Civil, al respecto de lo cual preveían que la ONUSAL supervisase el mantenimiento del orden público durante el período de transición hasta que se estableciese la nueva Policía Nacional Civil.

El 14 de enero de 1992, tras la recomendación del Secretario General, el Consejo de Seguridad, en su resolución 729 (1992), decidió por unanimidad ampliar el mandato de la ONUSAL y aumentar sus efectivos a fin de satisfacer las necesidades que planteaba la verificación de los acuerdos. Tras la firma del Acuerdo de Paz en la Ciudad de México el 16 de enero de 1992, el Secretario General tomó inmediatamente las decisiones necesarias para que la Misión pudiese aplicar su mandato prorrogado.

ESTRUCTURA DE LA ONUSAL

La División de Derechos Humanos se estableció en la primera fase de operación de la ONUSAL para verificar la aplicación del Acuerdo sobre Derechos Humanos. Tras la ampliación del mandato de la ONUSAL el 14 de enero de 1992, se establecieron dos nuevas Divisiones - la Militar y la de Policía.

Todas las Divisiones de la ONUSAL han estado bajo la dirección general del Jefe de Misión, cuya oficina, formada por un equipo de funcionarios de asuntos políticos, se ha ocupado directamente de supervisar y promover la aplicación de todos los aspectos políticos del Acuerdo de Paz.

DIVISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La División de Derechos Humanos, que continúa encargándose de verificar la aplicación del Acuerdo sobre Derechos Humanos, comprende aproximadamente 30 observadores de los derechos humanos y asesores jurídicos. Los Coordinadores Regionales de la Misión se ocupan también de todos los aspectos del mandato de la Misión relativos a los derechos humanos, e informan directamente al Director de la División al respecto. La verificación activa llevada a cabo por la División no sólo tiene como meta el registrar de forma objetiva los hechos, sino también la prestación de buenos oficios en apoyo de los esfuerzos realizados por los salvadoreños para encontrar una solución a las violaciones. La División también colabora con las instituciones salvadoreñas a fin de reforzar su capacidad para trabajar en la promoción de los derechos humanos. Reviste especial importancia a tal respecto la colaboración de la División con la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y las actividades de la División con organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, con miras a contribuir a la capacitación de su personal y reforzar su liderazgo.

Durante el transcurso de la Misión, el Director de la División de Derechos Humanos ha preparado 12 informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en el país. Estos informes han sido presentados por el Secretario General a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. A partir del noveno informe, la División ha incluido un análisis de las tendencias en el que se examinaban datos compuestos cuantitativos. Este análisis hace posible un enfoque cuantitativo en la identificación de tendencias en la evolución de la situación de los derechos humanos.

DIVISIÓN MILITAR

Desde su establecimiento en julio de 1991, la ONUSAL contó con los servicios de 15 oficiales militares del Canadá, el Brasil, el Ecuador, España y Venezuela, que actuaron como enlaces entre los jefes militares de las dos partes del conflicto, a fin de facilitar las complejas tareas de la Misión. Los oficiales también llevaron a cabo, conjuntamente con el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA) , operaciones en las que los comandantes del FMLN en el terreno eran escoltados al ir desde sus respectivas zonas de conflicto a las negociaciones en la Ciudad de México y Nueva York y a la vuelta a las zonas de conflicto.

Una vez firmado el Acuerdo de Paz, la División Militar, establecida el 20 de enero de 1992 con unos efectivos autorizados de 380 observadores militares, se encargó de verificar la cesación del conflicto armado. Se encargó asimismo del traslado de las Fuerzas Armadas de El Salvador a las posiciones que tendrían en la normalidad de los tiempos de paz y de la concentración de las fuerzas del FMLN en puntos convenidos de las zonas de conflicto. Su función era la de supervisar a las tropas de ambas partes en tales puntos, verificar los inventarios de armas y personal, autorizar y acompañar los movimientos de ambas fuerzas y recibir e investigar denuncias de violaciones. La División también participaba en la coordinación del Plan de Prevención de Accidentes de Minas, y ha ayudado a controlar y a coordinar las labores de remoción de minas en 425 campos minados. Se redujeron los efectivos de la División tras la culminación, el 15 de diciembre de 1992, del proceso de cesación del fuego. Se redujo de nuevo el 31 de mayo de 1993 y en diciembre de 1994, dados los progresos del proceso de paz.

Los observadores militares de la ONUSAL han seguido llevando a cabo una serie de labores de verificación en el marco del Acuerdo de Paz. Sus efectivos actuales son de 3 miembros.

DIVISIÓN DE POLICÍA

Desde su comienzo, la ONUSAL contó con los servicios de 16 funcionarios de policía de España, Francia e Italia.

Uno de los componentes fundamentales de los Acuerdos de Paz es la creación de un cuerpo de policía salvadoreño, la Policía Nacional Civil (PNC), para sustituir a las antiguas estructuras de seguridad pública. La División de Policía de la ONUSAL, formada principalmente por especialistas en la organización y el funcionamiento de cuerpos de policía civil, ha supervisado las actividades de la Policía Nacional durante la transición del conflicto armado a la reconciliación nacional, dándole así al pueblo salvadoreño una sensación de seguridad. Los efectivos autorizados de la División de Policía eran de 631 miembros. Los efectivos actuales son de 31. El despliegue de observadores de policía en todo el territorio de El Salvador comenzó el 7 de febrero de 1992.

Los observadores de policía de la ONUSAL también supervisaron y proporcionaron asistencia a la Policía Auxiliar Transitoria (PAT), que estuvo en funcionamiento entre octubre de 1992 y julio de 1993. La PAT se encargó de mantener el orden y la seguridad públicos en las antiguas zonas de conflicto hasta su sustitución por la nueva Policía Nacional Civil. Se formó de reclutas de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que comenzó sus actividades el 1 de septiembre de 1992. La ONUSAL supervisa los exámenes de ingreso a la Academia y elabora recomendaciones para su mejora en caso necesario. La supervisión efectiva del funcionamiento de la Academia se ha visto reforzada por la presencia de un observador de la ONUSAL en el Consejo Académico. La ONUSAL también proporciona apoyo a la Academia para fortalecer sus cursos de capacitación sobre derechos humanos.

La División de Policía asumió nuevas funciones cuando comenzó el despliegue en el territorio de la Policía Nacional Civil (PNC) en marzo de 1993. En respuesta a una petición presentada por el Gobierno y en estrecha coordinación con el equipo técnico internacional que asesora al Director General de la PNC, la División llevó a cabo, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 1993, una evaluación del funcionamiento del nuevo cuerpo de policía en el terreno y le proporcionó asesoramiento técnico y apoyo logístico. El 27 de julio de 1994, la Policía Nacional Civil y la ONUSAL firmaron un acuerdo marco. La PNC también firmó memorandos de entendimiento relativos a cooperación técnica con la División de Policía y la División de Derechos Humanos de la ONUSAL, respectivamente.

La División también prestó asistencia en los esfuerzos para localizar escondites ilegales de armas y apoyó a la División de Derechos Humanos. Los observadores de policía también realizaron investigaciones especiales en caso necesario y aseguraron que se proporcionaba las medidas de seguridad adecuadas a los jefes del FMLN, según se establecía en los Acuerdos. También se proporcionó apoyo a la División Electoral (véase infra).

AJUSTES EN EL CALENDARIO

En virtud del calendario fijado para la aplicación de los Acuerdos de Paz, el proceso por el que se ponía fin al conflicto armado debía concluirse antes del 31 de octubre de 1992. En ese momento, el Gobierno de El Salvador tenía que haber concluido varios compromisos importantes de naturaleza política e institucional y el FMLN tenía que haber desmovilizado a todos sus combatientes, destruido su armamento y haber reintegrado a éstos en la vida civil conforme a los programas proporcionados por el Gobierno.

Sin embargo, lo ajustado del calendario, junto con la complejidad de los asuntos implicados, llevó a retrasos considerables en la conclusión de ciertos compromisos cruciales para la aplicación general del proceso de paz. En consecuencia, tuvieron que realizarse ajustes, el 17 de junio y de nuevo el 19 de agosto de 1992, en aquellas partes del calendario que habían resultado afectadas. En ambos ajustes, el cumplimiento de ciertos compromisos clave tuvo que posponerse para después del 31 de octubre de 1992. Entre éstos se encontraban la entrega de tierras cultivables en las antiguas zonas de conflicto, que en un principio tenía que haberse concluido antes de que acabase julio de 1992, y el establecimiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública, previsto para el 1 de mayo de 1992. El 30 de septiembre de 1992, el FMLN informó a las Naciones Unidas de que, para mantener la conexión prevista en el calendario inicial entre las acciones clave emprendidas por ambas partes, suspendería la desmovilización de sus fuerzas hasta que se propusiera una nueva fecha para el comienzo de la transferencia de tierras y otros aspectos del Acuerdo que se habían retrasado con respecto a lo previsto. El 13 de octubre, el Secretario General presentó una propuesta relativa a la solución del asunto de la tierra, que fue aceptada por el FMLN y el Gobierno el 15 y el 16 de octubre, respectivamente.

Mientras se alcanzaba un acuerdo sobre el asunto de la tierra, se vio claramente que sería difícil lograr que la estructura militar del FMLN quedase completamente desmantelada antes del 31 de octubre de 1992. El 23 de octubre, el Secretario General propuso a las partes una nueva fecha meta, el 15 de diciembre de 1992. El FMLN aceptó la propuesta siempre y cuando la aceptase el Gobierno. El Gobierno, sin embargo, se reservó su postura sobre algunos aspectos de la propuesta y suspendió la reestructuración, la reducción y la desmovilización de sus Fuerzas Armadas.

En estas circunstancias, el Secretario General envió al Sr. Marrack Goulding, entonces Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y al Sr. Álvaro de Soto, Asesor Superior en Asuntos Políticos del Secretario General, a San Salvador a finales de octubre de 1992 para que ayudasen a vencer las dificultades. Se le informó ulteriormente de que estas consultas con las partes condujeron a acuerdos encaminados a acabar oficialmente con el conflicto armado el 15 de diciembre. Los acuerdos también incluían la disposición del Presidente Alfredo Cristiani de El Salvador a concluir la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc para depurar la Fuerza Armada. La Comisión, cuya creación se previó en los Acuerdos de Paz, fue establecida el 19 de mayo de 1992, y presentó su informe al Presidente Cristiani y al Secretario General el 22 de septiembre. Sin embargo, surgieron dificultades, como, entre otras, las relativas al calendario para la aplicación de tales recomendaciones.

La ONUSAL ha seguido de cerca todos los asuntos relacionados con la creación de la Policía Nacional Civil, la participación política del FMLN, la restauración de la administración pública en antiguas zonas de conflicto, y las reformas de los sistemas judicial y electoral. Además, la Misión participó como observador en la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), que tenía como mandato supervisar la aplicación de todos los acuerdos políticos alcanzados por las partes.

FIN DEL CONFLICTO ARMADO

EL 23 de diciembre de 1992, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad de que el conflicto armado entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN había terminado oficialmente el 15 de diciembre de conformidad con los ajustes convenidos en el calendario para la aplicación de los Acuerdos de Paz. Este acontecimiento, precedido la tarde anterior por la legalización del FMLN como partido político, estuvo marcado por una ceremonia presidida por el Presidente Cristiani y a la que asistieron el Secretario General y varias personalidades de estado internacionales.

El Secretario General describió el acontecimiento como "un momento decisivo en la historia de El Salvador, cuyo pueblo, que ha sufrido durante largo tiempo, puede ahora mirar hacia un futuro en el que los problemas políticos, económicos y sociales se resolverán por medios democráticos y no con la guerra". Al mismo tiempo, señaló que el acontecimiento no marcaba el fin del proceso electoral de El Salvador. Era importante, declaró, que ambas partes y la comunidad internacional perseverasen en sus esfuerzos para asegurar la aplicación de las restantes disposiciones de los Acuerdos de Paz.

SEGUNDA AMPLIACIÓN DE MANDATO

El mandato de la ONUSAL fue ampliado por segunda vez después de que el Gobierno de El Salvador, el 8 de enero de 1993, pidiera oficialmente a las Naciones Unidas que observasen las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, previstas para marzo de 1994. El Secretario General informó al Consejo de Seguridad de la petición y declaró que, dada la importancia de estas elecciones, tenía la intención de recomendar al Consejo que la aceptara.

Una misión técnica visitó El Salvador del 18 al 28 de abril de 1993 para definir el marco de referencia, el concepto de las operaciones y las consecuencias financieras de la ampliación del mandato de la ONUSAL. El Secretario General resumió las principales conclusiones de la Misión en su informe de fecha 21 de mayo de 1993 al Consejo de Seguridad y declaró que era posible que las elecciones fuesen la culminación de todo el proceso de paz. El Tribunal Supremo Electoral salvadoreño recibiría la plena cooperación de la ONUSAL en el caso de que el Consejo de Seguridad aprobase su recomendación de autorizar a la Misión a observar el proceso electoral.

El Consejo de Seguridad aprobó el informe del Secretario General en su resolución 832 (1993) de 27 de mayo de 1993 y decidió ampliar el mandato de la ONUSAL para incluir la observación del proceso electoral. También pidió al Secretario General que tomase las medidas necesarias a tal efecto. En la misma resolución, el Consejo acogía con beneplácito la constante adaptación por el Secretario General de las actividades y los efectivos de la ONUSAL, teniendo en cuenta los progresos realizados en la aplicación del proceso de paz.

Según el Secretario General, la División Electoral tenía que establecerse en cinco etapas. La etapa preparatoria, del 1 al 30 de junio de 1993, se dedicaba a la organización en los ámbitos central y regional; durante el período de julio a diciembre, las principales funciones serían verificar la inscripción de los ciudadanos y hacer un seguimiento de las actividades políticas; de diciembre de 1993 a marzo de 1994, los esfuerzos debían concentrarse en la observación de la campaña electoral; la División observaría posteriormente las elecciones, fijadas para el 20 de marzo de 1994, el recuento de los votos y el anuncio de los resultados. En el caso de que la primera vuelta arrojase un resultado definitivo, las actividades de la División concluirían el 31 de marzo de 1994. En caso de que fuera necesaria una segunda vuelta en la elección presidencial, la observación continuaría del 1 al 30 de abril de 1994.

LA COMISIÓN DE LA VERDAD

En su informe de fecha 21 de mayo de 1993, el Secretario General declaró que la primera etapa del calendario para la aplicación había llegado a buen término. La prioridad que se había asignado a los aspectos militares en el período precedente pasó a otras disposiciones de los acuerdos. La aplicación de algunos compromisos clave había seguido progresando. Sin embargo, el despliegue de la Policía Nacional Civil iba retrasado y las dificultades seguían plagando el programa de transferencia de tierras y otros programas esenciales para la reintegración de excombatientes de ambas partes. La División Militar siguió verificando la destrucción de las armas del FMLN y la reducción de la Fuerza Armada de El Salvador. En la esfera de los derechos humanos, la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos había abierto oficinas regionales.

El Secretario General también informó de que había recibido el informe de la Comisión de la Verdad el 15 de marzo de 1993. La Comisión - establecida de conformidad con los Acuerdos de México de 27 de abril de 1991 para investigar graves hechos de violencia ocurridos desde 1980 cuyo impacto sobre la sociedad reclamara con mayor urgencia el conocimiento de la verdad - estaba integrada por tres personalidades internacionales designadas por el Secretario General, oída la opinión de las partes: Belisario Betancur, ex Presidente de Colombia; Reinaldo Figueredo Planchart, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela; y Thomas Buergenthal, ex Presidente del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión debía transmitir un informe final con sus conclusiones y recomendaciones a las partes y al Secretario General, quien lo haría de conocimiento público y adoptaría las decisiones e iniciativas que estimara oportunas. Las partes se comprometieron a aplicar las recomendaciones de la Comisión.

La Comisión recibió más de 22.000 denuncias de "graves actos de violencia" que se habían producido entre enero de 1980 y julio de 1991. Se clasificaron como actos de violencia perpetrados por agentes del Estado, matanzas de campesinos perpetradas por la Fuerza Armada, asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, actos de violencia del FMLN, y asesinatos de jueces. La Comisión dividió sus recomendaciones en cuatro apartados: recomendaciones que se coliguen directamente del resultado de la investigación de la Comisión, erradicación de causas estructurales directamente vinculadas con los hechos examinados, reformas institucionales para prevenir la repetición de hechos semejantes, y medidas tendientes a la reconciliación nacional.

Según el Secretario General, la cuestión de la aplicación de estas recomendaciones había dado lugar a controversia y seguía pendiente. Dispuso que se realizara un análisis detallado de las recomendaciones de la Comisión con objeto de determinar si alguna de ellas no correspondía al mandato de la Comisión o era incompatible con la Constitución y con objeto también de precisar qué medidas eran necesarias, quién había de adoptarlas y en qué plazos. El Secretario General transmitió ese análisis al Gobierno, al FMLN y a la COPAZ el 20 de mayo de 1993, y pidió a cada uno de ellos que le informase, antes del 20 de junio de 1993, sobre las medidas que había adoptado o tenía previsto adoptar para poner en práctica las recomendaciones cuya aplicación se le había encomendado en calidad de destinatario y promover la aplicación de otras recomendaciones.

El Secretario General informó posteriormente, el 14 de octubre de 1993, de que las recomendaciones de la Comisión habían suscitado un activo intercambio de opiniones y comunicaciones entre la Secretaría y el Gobierno, el FMLN y la COPAZ. Aunque se habían emprendido algunas acciones relativas a buena parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, no se había informado de la aplicación de otras. En una reunión de alto nivel el 8 de septiembre 1993, en la que participó la ONUSAL, el Gobierno y el FMLN se pusieron de acuerdo en la necesidad de agilizar el proceso de aplicación con miras a dejar las cosas en claro antes de que comenzara la campaña electoral.

SE DESCUBREN ESCONDITES DE ARMAS DEL FMLN

El descubrimiento en Nicaragua el 23 de mayo de 1993 de un escondite ilegal de armas perteneciente al FMLN y el reconocimiento ulterior por éste de que había tenido grandes cantidades de armas tanto dentro como fuera de El Salvador supuso una grave violación de los Acuerdos de Paz. El Secretario General informó al Consejo el 29 Junio de que había desplegado esfuerzos constantes directamente o por conducto de la ONUSAL para determinar los hechos, lograr que se informase a la ONUSAL de todos los depósitos clandestinos restantes y que su contenido se destruyese y limitar las repercusiones en el proceso de paz. También informó de que el derecho del FMLN a mantener su condición de partido político en estas circunstancias había sido cuestionado desde algunos sectores.

El 12 de julio, el Consejo de Seguridad tomó nota del informe del Secretario General y de la promesa del FMLN de revelar todas las armas y municiones que poseía y, posteriormente, destruirlas antes del 4 de agosto de 1993. Los miembros del Consejo subrayaron que el desarme completo del FMLN y la reintegración de sus miembros en la vida civil, política e institucional del país constituía una parte esencial del proceso de paz. Compartían la opinión del Secretario General de que la circunstancia de que un grave incidente de aquella índole no hubiese desbaratado la ejecución de los Acuerdos de Paz indicaba la fuerza y el carácter irreversible del proceso de paz. También coincidían en que la cancelación o suspensión del reconocimiento del FMLN como partido político podía constituir un duro golpe para el proceso de paz.

El 13 de julio, el Consejo celebró la confirmación por parte del Secretario General el 7 de julio de que el Gobierno había cumplido las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc para Depurar la Fuerza Armada.

CONCLUSIÓN DE UN PROCESO

El Secretario General entregó un nuevo informe al Consejo de Seguridad el 30 de agosto de 1993, en el que declaraba que el proceso global de verificación y destrucción de las armas y el equipo del FMLN previsto en los Acuerdos de Paz se había terminado finalmente el 18 de agosto de 1993. El proceso había seguido dos etapas claramente identificables. La primera abarcaba el período anterior a la explosión accidental del escondite ilegal de armas en Managua (Nicaragua) el 23 de mayo de 1993. La segunda etapa abarcaba las operaciones de la ONUSAL con respecto a las armas descubiertas inmediatamente después del incidente de Managua y a las declaradas por el FMLN en cumplimiento de su compromiso renovado de revelar todas sus armas restantes. El Secretario General también confirmó al Consejo que la estructura militar del FMLN había quedado efectivamente desmantelada y que sus excombatientes habían sido desmovilizados y se habían reintegrado en la vida civil, institucional y política del país.

Tras el informe al Consejo de que los depósitos de armas restantes declarados por el FMLN habían sido verificados y destruidos por la ONUSAL, el Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con su petición, había sido debidamente informado. Esto había permitido al FMLN continuar siendo un partido político reconocido legalmente. El 5 de septiembre de 1993, el FMLN celebró su convención nacional, donde decidió que participaría en las elecciones y eligió a sus candidatos.

DIVISIÓN ELECTORAL DE LA ONUSAL

La División Electoral de la ONUSAL se estableció en septiembre de 1993 con el mandato de observar el proceso electoral, preelectoral y postelectoral con arreglo a las atribuciones siguientes:

(a) observar que las medidas y las decisiones adoptadas por todas las autoridades electorales fueran imparciales y compatibles con la celebración de elecciones libres y limpias;

(b) observar que se adoptasen las medidas apropiadas para que los ciudadanos con derecho a voto fuesen incluidos en el registro electoral y pudiesen de esa manera ejercer tal derecho;

(c) observar que existieran efectivamente mecanismos que impidiesen el voto múltiple, habida cuenta de que no era viable revisar todo el registro electoral antes de las elecciones;

(d) observar que se respetasen sin restricciones las libertades de expresión, organización, circulación y reunión;

(e) observar que los posibles votantes conocieran suficientemente bien los mecanismos para participar en la elección;

(f) examinar, analizar y evaluar las críticas formuladas, las objeciones planteadas y los intentos por restar legitimidad al proceso electoral y, cuando fuera necesario, transmitir la información correspondiente al Tribunal Supremo Electoral;

(g) comunicar al Tribunal Supremo Electoral las denuncias recibidas de irregularidades en la publicidad electoral o de posibles injerencias en el proceso electoral; cuando procediera, recabar información acerca de las medidas correctivas que hubiese adoptado el Tribunal;

(h) destacar observadores en todos los recintos electorales el día de la elección a fin de verificar que el derecho de voto fuese plenamente respetado.

La División estuvo en funcionamiento con una plantilla de 36 funcionarios del cuadro orgánico distribuidos en las seis oficinas regionales de la Misión. Pese a que la plantilla era más bien pequeña, el componente electoral realizó sus funciones de observación sobre la base de la coordinación y la estrecha colaboración con los demás componentes de la ONUSAL.

En su informe al Consejo de fecha 20 de octubre de 1993, el Secretario General declaró que en una primera etapa la División había tenido como tareas principales el verificar la inscripción de los ciudadanos en el registro electoral y el observar las actividades políticas en el período anterior a la campaña electoral.

El Secretario General explicó a continuación que el marco institucional del proceso electoral había quedado establecido. El 20 de marzo de 1994 estaba previsto que se celebraran cuatro elecciones simultáneamente, a saber, las elecciones presidenciales, con segunda vuelta dentro de los siguientes treinta días si ningún candidato obtenía mayoría absoluta; elecciones parlamentarias con fórmula de representación proporcional para la Asamblea Nacional de 84 escaños; elecciones municipales en 262 alcaldías con fórmula de mayoría simple; y para el Parlamento Centroamericano, considerado como distrito nacional único, para el que se elegirían 20 diputados con la fórmula de representación proporcional. El Tribunal Supremo Electoral tenía ya establecidas dependencias en todos los departamentos y municipalidades del país. La ley electoral prevé la existencia de una Junta de Vigilancia integrada por representantes de todos los partidos políticos con facultades para supervisar el trabajo de todas las dependencias del Tribunal Supremo Electoral. Competirían en las elecciones doce partidos políticos.

INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL AL CONSEJO

El 23 de noviembre de 1993, el Secretario General informó al Consejo de que, aunque en general se había logrado bastante en la aplicación de los Acuerdos de Paz, estaba seriamente preocupado porque la campaña electoral hubiese comenzado cuando algunos elementos muy importantes de los Acuerdos se habían cumplido sólo parcialmente y cuando había indicios de que estaban volviendo a surgir algunas características muy sombrías del pasado salvadoreño.

Varios aspectos fundamentales de los Acuerdos de Paz seguían experimentando serias demoras, incluidos el programa de transferencia de tierras y los programas de reintegración de los excombatientes y lisiados de guerra. Un año después de haberse llegado a un acuerdo sobre el programa de transferencia de tierras, y a pesar de los compromisos contraídos por ambas partes para acelerar el proceso, se habían concedido títulos de propiedad a menos de un 10% de los posibles beneficiarios. El principal problema seguía consistiendo en determinar quién tenía derecho a recibir tierras. Las dificultades surgidas y el lento avance del programa hacían que los posibles donantes se mostrasen renuentes a hacer nuevas contribuciones. El Secretario General hizo un llamamiento a las partes para que fueran flexibles y actuaran con el convencimiento de que las demás dificultades técnicas, financieras y jurídicas podrían superarse si demostraban la voluntad política necesaria.

Se registraron serias dificultades en el funcionamiento de la Academia Nacional de Seguridad y en el despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC). Surgieron problemas en torno a la falta de un plan para eliminar la Policía Nacional y al establecimiento de las divisiones funcionales de la PNC. Mientras que el Secretario General reconocía la complejidad de establecer un cuerpo de policía completamente nuevo y transferirle la responsabilidad de mantener el orden público tras una larga guerra civil, los informes de la ONUSAL daban la impresión de que en algunas instancias del Gobierno podría haber una falta de compromiso con los objetivos propuestos en los Acuerdos de Paz. Esto se reflejaba en el rechazo a la PNC de los recursos logísticos y técnicos necesarios, la introducción en dicho cuerpo de personal militar, la continuación de la existencia de la Policía Nacional, y el rechazo a dar a la ONUSAL la información que precisaba para sus labores de verificación. También continuaron las preocupaciones por que la inteligencia militar pudiese estar implicada en asuntos de seguridad interior.

En cuanto a la recolección de armas para su uso exclusivo por el personal de las Fuerzas Armadas de El Salvador, la aplicación de esa disposición del Acuerdo de Paz no había concluido.

DERECHOS HUMANOS

En lo que respecta a los derechos humanos, el Secretario General informó de que se habían emprendido importantes reformas jurídicas, aunque muchas de ellas tan sólo habían sido propuestas y persistían las deficiencias en la administración de justicia. La División de Derechos Humanos de la ONUSAL proseguía activamente sus tareas de verificación y sus programas en apoyo de las instituciones responsables de la administración de justicia y la protección de los derechos humanos. Revestían especial importancia las actividades realizadas con la Corte Suprema de Justicia con miras al entrenamiento de jueces y magistrados y el apoyo a la Fuerza Armada de El Salvador en el desarrollo de una doctrina nueva y democrática y la revisión de los programas de las academias militares en lo que respecta a los derechos humanos y al derecho constitucional. La División estaba colaborando con la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, con la que firmó un acuerdo encaminado a transmitir a la Oficina de la Procuraduría la experiencia y la tecnología de investigación de la ONUSAL cuando ésta se retirase de El Salvador. Se había establecido un mecanismo permanente de consulta al más alto nivel entre la División y la Oficina de la Procuraduría con miras a realizar actividades de verificación conjuntas en un futuro cercano. La situación de los derechos humanos había presentado en algunos casos signos de mejoría y en otros un aumento de las violaciones graves. Los problemas relativos al derecho a la vida, la libertad individual, la integridad personal y las debidas garantías procesales se habían intensificado. Una serie de asesinatos y ataques durante las semanas precedentes había hecho aumentar los temores sobre el posible resurgimiento de grupos armados ilegales con objetivos políticos, incluidos los "escuadrones de la muerte". El surgimiento de organizaciones criminales de este tipo afectó gravemente a la estabilidad del proceso de paz al minar la confianza y la seguridad. La División de Derechos Humanos de la ONUSAL había alertado al Gobierno de este peligro y recalcado la utilidad de establecer un mecanismo autónomo para la investigación de estos incidentes. Los ulteriores asesinatos de dos altos dirigentes del FMLN, un miembro del partido gobernante (ARENA) y dos ex funcionarios municipales pertenecientes a ese partido pusieron de relieve la gravedad de esta cuestión.

A la vista de estos asesinatos y de la posición de la ONUSAL, el Gobierno había creado una Comisión Interinstitucional para investigar este tipo de crímenes. De común acuerdo con el FMLN, se invitó a expertos extranjeros a participar en el trabajo de un subgrupo de la Comisión para investigar los casos de los dos altos dirigentes del FMLN. Aunque este subgrupo no satisfacía los criterios de las Naciones Unidas para la investigación de ejecuciones sumarias, la ONUSAL siguió atentamente su labor.

El Secretario General recordó que sus preocupaciones habían sido objeto de un intercambio de correspondencia con el Presidente del Consejo el 3 y el 5 de noviembre, respectivamente. Revestía especial importancia que, tal y como aprobaba el Consejo en su declaración de fecha 5 de noviembre, se adoptaran disposiciones para que la División de Derechos Humanos trabajase junto con la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos para ayudar al Gobierno a llevar a cabo la recomendación de la Comisión de la Verdad de que debía emprenderse inmediatamente una investigación minuciosa de los grupos armados ilegales.

En lo que respecta a la aplicación de otras recomendaciones de la Comisión de la Verdad y, al mismo tiempo, de las de la División de Derechos Humanos de la ONUSAL, que habían sido plenamente respaldadas por la Comisión, se había dado un paso positivo cuando el Ministerio de Justicia había presentado a la Asamblea Legislativa una serie de proyectos de ley encaminados a reforzar las garantías del debido proceso legal. También se incluía la propuesta de derogar una ley que violaba algunos de los derechos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales.

OTROS ASUNTOS

El Secretario General había pedido a su Representante Especial que consiguiese que el Gobierno y el FMLN acordasen un nuevo calendario que estableciese fechas lo más fijas posible para concluir la aplicación de los puntos pendientes más importantes. También era importante que, tras las elecciones, el nuevo Gobierno mantuviera el compromiso de su predecesor de aplicar los Acuerdos en su integridad. A este respecto, en respuesta a una iniciativa de su Representante Especial, seis de los siete candidatos a la Presidencia firmaron una declaración en la que se comprometían solemnemente a mantener la evolución constructiva del proceso de paz y a aplicar todos los compromisos planteados en los Acuerdos de Paz. El séptimo candidato explicó más tarde que, aunque estaba de acuerdo con sus objetivos, no había firmado la declaración porque pensaba que debía tener compromisos más detallados con medidas específicas.

El Secretario General concluía su informe con la recomendación al Consejo de que la ONUSAL continuara sus actividades en un mandato prorrogado por un nuevo período hasta el 31 de mayo de 1994. Después de esa fecha, probablemente sería conveniente mantener la Misión más reducida durante unos meses para que verificase la aplicación de importantes puntos de los Acuerdos de Paz.

El 30 de noviembre, el Consejo, habiendo estudiado el informe, prorrogó el mandato de la ONUSAL hasta el 31 de mayo de 1994. Condenaba los recientes actos de violencia e instaba al Gobierno y al FMLN a hacer esfuerzos decididos para impedir la violencia política y acelerar el cumplimiento de sus compromisos adquiridos en virtud de los Acuerdos de Paz. También pedía al Secretario General que le informase antes del 1 de mayo para poder examinar la dimensión y el alcance de la Misión tras el 31 de mayo.

INVESTIGACIÓN DE GRUPOS ILEGALES

En una carta al Presidente del Consejo de fecha 11 de diciembre de 1993, el Secretario General recordaba que el Consejo había aprobado el 5 de noviembre sus ideas sobre la forma en que las Naciones Unidas deberían contribuir en la investigación de los grupos ilegales. Del 8 al 15 de noviembre, el Secretario General había enviado una misión a El Salvador dirigida por el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos Marrack Goulding. Las amplias consultas habían dado como resultado el establecimiento el 8 de diciembre de un Grupo Conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política. Los miembros del Grupo Conjunto eran dos representantes independientes del Gobierno de El Salvador designados por el Presidente, el Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y el Director de la División de Derechos Humanos de la ONUSAL. El Consejo informó al Secretario General de que respaldaba los "Principios" así como la función adoptada por el Secretario General para asegurar la efectividad y la credibilidad de la investigación.

PERÍODO PREVIO A LAS ELECCIONES

A partir de octubre de 1993, el Secretario General presentó informes periódicos al Consejo sobre las actividades de la División Electoral de la ONUSAL y la evolución del proceso electoral.

En su informe de fecha 16 de febrero de 1994, el Secretario General señaló que en el período de noviembre de 1993 a enero de 1994 la División Electoral se había centrado en observar el proceso de empadronamiento, y había supervisado la campaña electoral y proporcionado asistencia en la elaboración del censo electoral. La campaña electoral había comenzado oficialmente el 20 de noviembre de 1993 en el caso de la elección presidencial y el 20 de enero de 1994 en el de la elección legislativa. La campaña electoral para las elecciones municipales estaba previsto que empezase oficialmente el 20 de febrero de 1994.

La División Electoral había mantenido reuniones periódicas conjuntas con el Tribunal Supremo Electoral, la Junta de Vigilancia, integrada por representantes de todos los partidos políticos, y los jefes de campaña de los partidos, a fin de solucionar cualquier problema que surgiese durante el proceso electoral. Asimismo, se había establecido un sistema de recepción y tratamiento de denuncias sobre violaciones del Código Electoral. Estas denuncias se transmitían por escrito al Tribunal Supremo Electoral, al que se solicitaba un informe sobre el seguimiento de los hechos.

En su informe de fecha 16 de marzo de 1994, el Secretario General señaló que, durante el período de la campaña, los equipos de la ONUSAL efectuaron en promedio 9 visitas de observación a cada una de las 262 ciudades del país, es decir, más de 2.350 visitas, y enviaron un total de 3.700 patrullas.

La ONUSAL fomentó los intercambios de opinión a fin de lograr que todos los partidos políticos subscribieran códigos de conducta. Todos los partidos políticos participantes en los 14 departamentos de El Salvador y en varias de las municipalidades subscribieron pactos de este tipo. El 10 de marzo, en la sede de la ONUSAL, todos los candidatos a la presidencia firmaron una declaración en la que afirmaban que rechazaban la violencia y se comprometían a respetar los resultados de las elecciones y a dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz. Se celebraron reuniones periódicas con los partidos políticos a nivel central y local a fin de examinar los problemas y las posibles soluciones. En estas reuniones, se examinaron y evaluaron las propuestas técnicas para mejorar el proceso de inscripción.

Los equipos de la ONUSAL asistieron a más de 800 acontecimientos, en su mayor parte reuniones y manifestaciones políticas, y estudiaron la publicidad política a través de los medios de comunicación. La ONUSAL transmitió oportunamente las denuncias sobre irregularidades en la publicidad electoral y otros aspectos del proceso electoral al Tribunal Supremo Electoral con arreglo a las atribuciones de la División Electoral.

Las comunicaciones con el Tribunal incluyeron no sólo las denuncias presentadas a la ONUSAL por distintas fuentes, principalmente partidos políticos, sino también informes sobre problemas detectados en el terreno por observadores de la ONUSAL. En algunos casos, se resolvieron por las medidas adoptadas por el Tribunal. A este respecto, la ONUSAL formuló recomendaciones al Tribunal cuando procedió. Se presentaron a la ONUSAL unas 300 denuncias durante el período de la campaña, relativas a medidas arbitrarias o ilícitas de las autoridades públicas (23%), actos de intimidación (21%), destrucción de material de publicidad (18%), agresión (9%), asesinatos (7%) y denuncias varias (22%).

LA JORNADA ELECTORAL

Las elecciones se celebraron el 20 de marzo de 1994. El 21 de marzo, el Representante Especial del Secretario General declaró que, a la luz de la información recogida por los observadores durante el desarrollo de la jornada electoral, así como de la observación sistemática del proceso electoral realizada en los seis meses anteriores, la ONUSAL consideraba que, en general, las elecciones se habían celebrado bajo condiciones adecuadas de libertad, competitividad y seguridad. A pesar de las serias deficiencias de organización y transparencia, las elecciones podían considerarse aceptables.

El Secretario General hizo una evaluación general de la jornada electoral en su informe de 31 de marzo de 1994 dirigido al Consejo de Seguridad. Se calculó que habían participado en las elecciones cerca de un millón y medio de votantes. Esta cifra era menor de lo que muchos habían esperado y podía atribuirse, al menos en parte, a algunos problemas estructurales del sistema, incluido el complejo sistema de registro salvadoreño, y al número limitado de centros de votación. Mientras que aún no se habían anunciado los resultados oficiales, el escrutinio provisional indicaba que ningún candidato había obtenido la mayoría absoluta necesaria en la carrera presidencial. Por tanto, sería necesaria una segunda vuelta, que tendría lugar probablemente el 24 de abril. Pasaría algún tiempo antes de que se conocieran los resultados de las elecciones para la Asamblea Legislativa y los municipios, aunque los datos disponibles parecían indicar que el partido político ARENA obtendría una mayoría relativa en la Asamblea y que había obtenido la victoria en la mayoría de las alcaldías.

La ONUSAL había supervisado el desarrollo de la jornada electoral desde el momento en que se instalaron las juntas receptoras de votos hasta la finalización del escrutinio mediante el despliegue de casi 900 observadores de 56 nacionalidades que cubrieron todos los centros de votación en equipos de entre 2 y 30 observadores. Esta presencia masiva de la ONUSAL permitió resolver innumerables problemas prácticos de organización de la votación a lo largo de la jornada. Los observadores recogieron la información sobre los acontecimientos del día de las elecciones en más de 7.000 formularios (uno por cada una de las 6.984 juntas receptoras de votos y los 355 centros de votación) que a continuación fueron compilados por la División Electoral y que constituyeron la fuente documental básica para evaluar el desarrollo de la jornada electoral.

La proyección rápida de la ONUSAL, basada en una muestra aleatoria de 291 juntas receptoras de votos, había permitido obtener un pronóstico fiable del resultado de las elecciones presidenciales dos horas después del cierre de los comicios. La información fue transmitida por el Jefe de la Misión de la ONUSAL al Tribunal Supremo Electoral. La diferencia entre la proyección rápida y el resultado provisional facilitado por el Tribunal era de un 0,5 por ciento. La ONUSAL asignó un equipo de 40 observadores especializados para supervisar el escrutinio oficial de los votos en el Tribunal Supremo Electoral.

El Secretario General declaró que el desarrollo general del proceso electoral y la campaña tuvieron muchos aspectos positivos: la ampliación masiva del registro electoral; la participación de los partidos políticos a lo largo del proceso y en todos los niveles de la autoridad electoral; el ejercicio pacífico de los derechos de organización, de libertad de expresión y de reunión; la existencia de publicidad por parte de los partidos en todos los medios de comunicación; el desarrollo de los actos de la campaña sin incidentes violentos; y la correcta actuación de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.

También señaló que ningún partido había rechazado los resultados de las elecciones presidenciales, ni tampoco los observadores de la ONUSAL habían registrado actos fraudulentos que pudieran haberlos afectado significativamente. En general, las elecciones a la Asamblea y los municipios se habían desarrollado bajo las mismas condiciones que las elecciones presidenciales. Sin embargo, la menor dimensión de las circunscripciones en este nivel electoral, hacía que los problemas que pudieran afectar a un número reducido de votos pudieran incidir significativamente en los resultados, y dar lugar a una serie de impugnaciones. Dichas impugnaciones estaban siendo resueltas en la forma establecida por la ley, y la ONUSAL continuaría observando como evolucionaban los casos hasta que se encontraran soluciones definitivas.

PREOCUPACIÓN CONTINUADA

Mientras tanto, el 28 de marzo de 1994, el Secretario General remitió una carta al Presidente del Consejo de Seguridad en la que llamó la atención sobre su continuada preocupación relacionada con la aplicación de ciertos aspectos de los Acuerdos de Paz originales. Era imprescindible un acuerdo actualizado entre las partes sobre el calendario para la ejecución de los acuerdos pendientes para que el proceso no sufriera más retrasos durante la transición al nuevo Gobierno.

Según el Secretario General, se había avanzado poco en ciertos aspectos relacionados con la seguridad pública. La PNC todavía carecía de recursos, no existía una rendición clara de cuentas con respecto a la transferencia de personal militar a la PNC, y parecía existir un deseo de desvincular el despliegue de la PNC de la eliminación de la Policía Nacional. Se seguían poniendo obstáculos al correcto desempeño por parte de la ONUSAL de sus funciones de verificación a este respecto.

A pesar del progreso alcanzado en la reintegración del FMLN a la vida política de El Salvador, todavía quedaba mucho por hacer en otras esferas críticas de la reintegración, siendo la principal la transferencia de tierras, que permitiría la reintegración de la mayoría de los ex combatientes y partidarios del FMLN. Estas transferencias se habían retrasado y estaban lejos del objetivo acordado. Asimismo, otros programas de reintegración avanzaban muy lentamente. Otra cuestión era la relativa a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que requería enmiendas constitucionales, en particular la descentralización de las facultades y la competencia de la Corte Suprema. El Secretario General manifestó que era necesario tomar medidas urgentes para introducir dichas enmiendas.

El 7 de abril, el Consejo declaró que había recibido el informe del Secretario General de 31 de marzo, así como su carta de 28 de marzo. El Consejo felicitó al pueblo salvadoreño por las históricas y pacíficas elecciones e hizo un llamamiento a todos los interesados para que adoptaran las medidas necesarias, de acuerdo con las recomendaciones del Secretario General, para corregir las deficiencias que habían surgido en la primera vuelta. También instó a que se aplicaran plenamente los Acuerdos de Paz y compartió las preocupaciones expresadas por el Secretario General en su carta.

RESULTADOS OFICIALES DE LA PRIMERA VUELTA

Los resultados de las votaciones en las elecciones presidenciales de El Salvador fueron los siguientes: ARENA, 49,03 por ciento; Coalición Convergencia Democrática (CD)- FMLN- Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), 24,9 por ciento; Partido Demócrata Cristiano (PDC), 17,87 por ciento; Partido Conciliación Nacional (PCN), 5,39 por ciento; Partido Movimiento de Unidad (PMU), 2,41 por ciento; Movimiento de Solidaridad Nacional (MSN), 1,06 por ciento; y Movimiento Auténtico Cristiano (MAC), 0,83 por ciento.

Como resultado de las elecciones a la Asamblea Legislativa, los 84 escaños fueron distribuidos de la siguiente manera: ARENA, 39; FMLN, 21; PDC, 18; PCN, 4; CD, 1; PMU,1.

Por último, las 262 alcaldías se distribuyeron como sigue: ARENA, 206; PDC, 29; FMLN, 16; PCN, 10; MAC,1.

SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES

Puesto que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta necesaria en las elecciones presidenciales, se celebró una segunda vuelta el 24 de abril de 1994 entre los dos candidatos con el mayor número de votos, es decir, Armando Calderón Sol de ARENA y Rubén Zamora de la coalición CD-FMLN-MNR. La ONUSAL desplegó 900 observadores en todos los centros de votación del país, desde la apertura de las juntas receptoras de votos hasta la finalización del primer escrutinio de los votos.

El 25 de abril, la ONUSAL hizo público un declaración en el que informaba de que en general, las elecciones habían transcurrido sin incidentes serios que afectaran al orden público o a la manipulación del número de votos. También había indicios de una mejora clara en las condiciones en las que se celebraron los comicios, como por ejemplo la gestión de los centros de votación, el despliegue de guías que indicaran a los votantes el camino a sus lugares de votación, la identificación en el registro electoral, el transporte público gratuito e información pronta, la misma noche del 24 de abril, referente a los resultados de las elecciones. Todos estos factores, proseguía el comunicado, hicieron posible que se organizara mejor la jornada electoral gracias a los esfuerzos conjuntos de los dos candidatos a la presidencia, de las instituciones políticas que los nombraron, el Tribunal Supremo Electoral y los países donantes.

Al mismo tiempo, la ONUSAL registró una serie de irregularidades. Algunas juntas receptoras de votos no se abrieron o cerraron puntualmente y ambos partidos se quejaron de la existencia de una campaña ilegal dentro de los centros de votación. También se informó de que un considerable número de ciudadanos no habían podido emitir sus votos a pesar de tener tarjetas de votación.

Aunque a 30 de abril de 1994 los resultados oficiales de la segunda vuelta todavía no se habían anunciado, el escrutinio preliminar de los votos del 24 de abril parecían proclamar al Sr. Calderón Sol como Presidente electo , y su oponente, el Sr. Rubén Zamora, reconoció la victoria de su adversario. En su declaración pública de la noche del 24 de abril, el Presidente electo reafirmó su compromiso de continuar con el proceso de paz y reconciliación en El Salvador

NUEVO CALENDARIO DE LOS ASUNTOS PENDIENTES

En un informe presentado al Consejo de Seguridad el 11 de mayo de 1994, el Secretario General describió las actividades de la ONUSAL para el período entre el 21 de noviembre de 1993 y el 30 de abril de 1994. Según el calendario convenido, la mayoría de los aspectos de los Acuerdos de Paz tendrían que haber sido implementados antes de que el nuevo Gobierno entrara en funciones el 1 de junio de 1994. Las principales excepciones eran el despliegue de la Policía Civil Nacional y la desmovilización de la Policía Nacional, que debían terminarse el 28 de julio y el 31 de octubre respectivamente. En cuanto al programa de transferencia de tierras, el Secretario General informó de que se veía claramente que iba a tener que prolongarse hasta 1995.

Por consiguiente, se había previsto que al menos haría falta una presencia mínima de la ONUSAL después del 1 de junio de 1994. Sin embargo, las graves deficiencias en la aplicación de los Acuerdos indicaban que el 1 de junio de 1994 quedaría todavía mucho por hacer, a pesar de todos los esfuerzos realizados para recuperar el tiempo perdido. El Secretario General, en su creencia de que las Naciones Unidas habían de seguir cumpliendo el compromiso contraído de verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, opinaba que había que prorrogar el mandato de la ONUSAL durante otros seis meses, es decir, hasta el 30 de noviembre de 1994. Durante este período, el Secretario General continuaría reduciendo el tamaño de la ONUSAL con tanta rapidez como lo permitiera la aplicación de los acuerdos pendientes. Hizo un llamamiento al Gobierno de El Salvador, tanto al saliente como al entrante, y a todas las demás partes interesadas, a fin de que hicieran todos los esfuerzos necesarios para cumplir sus restantes compromisos restantes con el menor retraso posible. El 24 de mayo, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad de que las dos partes salvadoreñas habían llegado un acuerdo sobre un nuevo "Calendario para la ejecución de los acuerdos pendientes más importantes". También informó al Consejo de que el Presidente electo de El Salvador, el Sr. Calderón Sol, había reiterado al Secretario General su adhesión personal a las condiciones de los Acuerdos de Paz y su deseo de que se ejecutaran dichos Acuerdos sin demora.

Mediante la resolución 920 (1994) de 26 de mayo de 1994, el Consejo de Seguridad acogió con beneplácito los últimos informes del Secretario General y decidió prorrogar el mandato de la ONUSAL hasta el 30 de noviembre de 1994 con arreglo a lo recomendado por el Secretario General en su informe de 11 de mayo. Esta resolución también instaba al Gobierno de El Salvador y al FMLN a que aplicaran estrictamente el acuerdo sobre el calendario, y pedía al Secretario General que mantuviera al Consejo informado de los progresos alcanzados en la aplicación de aquel acuerdo.

SE INFORMA SOBRE MÁS PROGRESOS

El 26 de agosto de 1994, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad de la conformidad con el "Calendario para la ejecución de los acuerdos pendientes más importantes".

El Secretario General declaró que desde que asumiera el mando, el 1 de junio de 1994, el Presidente Calderón Sol había adoptado medidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones pendientes de los Acuerdos de Paz. Se había mantenido en funciones el grupo gubernamental de alto nivel encargado del cumplimiento en el plano político, se celebraban con regularidad las reuniones tripartitas quincenales previstas en el acuerdo de 19 de mayo y habían continuado funcionando los grupos de trabajo conjuntos respecto de diversas cuestiones pendientes. Después de que varios acontecimientos revelaran la participación de individuos o grupos pertenecientes al aparato de seguridad en actividades delictivas, el Gobierno había expresado su determinación de tomar medidas decisivas contra todas las personas involucradas. El nombramiento del nuevo Viceministro de Seguridad Pública y el nuevo Director General de la Policía Nacional Civil, apuntó el Secretario General, permitiría fortalecer esa institución y a mejorar su cometido.

Desde el 1 de mayo de 1994, prosiguió el Secretario General, la Asamblea Legislativa había funcionado con la participación del FMLN como segunda fuerza política en importancia del país, así como con la de otros partidos políticos. La elección por consenso del nuevo Corte Suprema de Justicia también fue una decisión loable. También continuaron funcionando la COPAZ y varias de sus subcomisiones. El Secretario General también describió las medidas específicas adoptadas y los problemas encontrados en la aplicación de los acuerdos pendientes relacionados con las fuerzas armadas, la seguridad pública, el programa de transferencia de tierras, los programas de reinserción y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entre otras cosas, destacó que a lo largo de la última fase de la Misión, en la que se hacía hincapié en la creación y fortalecimiento de las instituciones, se seguiría dedicando una cuidadosa atención a los sectores de la justicia y la policía.

En conclusión, el Secretario General declaró que, a pesar de que no había que subestimar las dificultades que suponía el cumplimiento de las obligaciones pendientes, parecían existir las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento pleno y definitivo de los Acuerdos de Paz.

En cuanto al despliegue de la ONUSAL, el Secretario General declaró que ya había reducido el componente militar de la misión a 12 observadores militares y 7 funcionarios médicos, de un total de 30, el 1 de mayo de 1994. Para el 1 de octubre, esperaba que hubiera una reducción ulterior a 3 personas, y durante noviembre se irían suprimiendo todos los observadores militares. El Secretario General pretendía reducir la dotación de la división de policía a 145 personas para el 1 de octubre, excluidos 15 instructores de policía destinados a la Academia Nacional de Seguridad Pública. También pretendía comenzar la reducción progresiva y gradual del personal civil sustantivo de la ONUSAL.

El Consejo de Seguridad, en una declaración del Presidente hecho público el 16 de septiembre de 1994, acogió con beneplácito las medidas adoptadas por el Presidente de El Salvador y reafirmó la necesidad de asegurar que se respetaran escrupulosamente las disposiciones de los Acuerdos de Paz relativas a la policía y a la seguridad pública, con sujeción a la debida verificación de la ONUSAL. El Consejo reafirmó el compromiso asumido por las Naciones Unidas de supervisar la aplicación de los Acuerdos y, en este contexto, expresó la esperanza de que se realizaran nuevos progresos sustanciales en la aplicación de los Acuerdos.

SE PRORROGA EL MANDATO DE LA ONUSAL

En un informe posterior presentado al Consejo de Seguridad el 31 de octubre, el Secretario General declaró que la vida política de El Salvador seguía ajustándose a las reglas de la democracia. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado respetaban sus atribuciones respectivas, la seguridad pública y la defensa nacional estaban garantizadas por estructuras institucionales separadas y todos los principales partidos políticos habían entablado un proceso de debates internos para adaptarse a un sistema democrático orientado a la reconciliación, la estabilidad y el desarrollo. Gracias a la estabilidad política, la economía de El Salvador también continuó con su recuperación.

Sin embargo, el Secretario General apuntó que, a pesar del progreso, aún quedaban por resolver ciertos problemas antes de que se pudiera decir que se habían cumplido todos los compromisos pendientes contraídos en virtud de los Acuerdos de Paz. Estos problemas se referían al pleno despliegue de la nueva Policía Nacional Civil; la finalización de la desmovilización de la antigua Policía Nacional controlada por los militares; la reforma de los sistemas judicial y electoral; la transferencia de tierras a los ex combatientes y la conclusión de algunos importantes programas de reinserción económica en su favor; la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; y la finalización de los procesos en curso para dotar de todos los servicios públicos a las antiguas zonas de conflicto.

En estas circunstancias, el Secretario General creyó que era indispensable que la ONUSAL continuara en funcionamiento durante un nuevo período de su mandato, aunque con unos efectivos muy reducidos que no excederían de un total de 100 funcionarios internacionales. Con esto se lograría que se cumplieran plenamente los acuerdos que aún no se habían aplicado, particularmente hasta el momento en que la Policía Nacional estuviera completamente desmantelada y la Policía Nacional Civil estuviera totalmente desplegada y fuera plenamente operacional. Estos objetivos de la esfera de la seguridad pública deberían conseguirse en unos cinco meses. Después el personal militar y de policía de las Naciones Unidas ya no haría más falta en El Salvador. En ese momento sería posible considerar la forma óptima de cumplir las obligaciones de verificación restantes.

En consecuencia, el Secretario General, recomendó al Consejo de Seguridad que se prorrogara el mandato de la ONUSAL hasta el 30 de abril de 1995, fecha en la que parte de sus funciones que requerían personal militar y de policía ya se habrían completado. Hizo un apunte con respecto a la opinión ampliamente difundida de que la terminación de la ONUSAL no debería marcar el fin de los esfuerzos de las Naciones Unidas por consolidar la paz en El Salvador.

El 23 de noviembre, el Consejo de Seguridad, mediante su resolución 961 (1994), aprobó las recomendaciones del Secretario General relativas al cumplimiento, por parte de la ONUSAL, de su mandato y decidió prorrogar el mandato por un último período hasta el 30 de abril de 1995.

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad expresó su preocupación por el hecho de que determinados elementos importantes de los Acuerdos de Paz sólo se habían cumplido parcialmente, y exhortó a todas las partes interesadas a que cooperaran con el Representante Especial y la ONUSAL en su tarea de verificar la aplicación de los compromisos por las partes. El Consejo instó al Gobierno de El Salvador y al FMLN a que cumplieran con el calendario convenido para la ejecución de los acuerdos pendientes. También invitó al Secretario General a que, en consulta con organismos especializados competentes, las organizaciones regionales y los Estados Miembros, elaborara modalidades de asistencia adicional para El Salvador para el período posterior al 30 de abril de 1995.

COMPOSICIÓN

Alcanzando su mayor número de efectivos en febrero de 1992, la División Militar de la ONUSAL, encabezada por el General de Brigada Víctor Suanzes Pardo, estaba compuesta por 368 observadores militares. Aunque nunca llegó a actuar, la dotación autorizada de la División de Policía, encabezada por el General Homero Vaz Bresque, era de 631 efectivos. Según iba avanzando el proceso de paz, la dotación de ambas Divisiones se redujo gradualmente. A 30 de noviembre de 1994, la dotación del componente militar, entonces encabezada por el Coronel Luis Alejandre Siutes, era de 3 observadores militares mientras que la División de Policía tenía 31 miembros.

Los observadores militares de la ONUSAL han sido facilitados por el Brasil, el Canadá, Colombia, el Ecuador, la India, Irlanda, España, Suecia y Venezuela. Además, España y la Argentina han contribuido con oficiales médicos. Los observadores de policía han sido facilitados por Austria, el Brasil, Chile, Colombia, Francia, Guyana, Italia, México, España y Suecia. A 30 de noviembre de 1994, los observadores militares y de policía de la ONUSAL estaban siendo facilitados por los siguientes países:

PAÍS, POLICÍA, OBSERVADORES

El Brasil, 1, 1

Chile, 5

Colombia, 2,

Guyana, 1,

Italia, 3,

México, 4,

España, 15, 1

Venezuela, 1,

TOTAL, 31, 3

Las cifras pueden variar de mes a mes debida la rotación.

La División Electoral, bajo la dirección del Sr. Rafael López Pintor, disponía de una dotación normal de 36 observadores, que aumentaron a 900 durante las elecciones del 20 de marzo y del 24 de abril de 1994.

La División de Derechos Humanos, encabezada en un principio por el Sr. Phillipe Texier, al que le sucedió, a finales del año 1992, el Sr. Diego García-Sayón y después el Sr. Reed Brody en 1994, está dotado de un personal de 30 servidores civiles internacionales, muchos de los cuales fueron reclutados de las organizaciones de derechos humanos para la misión de la ONUSAL.

ASPECTOS FINANCIEROS

El coste aproximado de la ONUSAL para las Naciones Unidas fue de unos 29,2 millones de dólares. Este coste se financia a través de cuotas de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. A 30 de noviembre de 1994, las contribuciones totales pendientes de pago con cargo a la Cuenta Especial de la ONUSAL (incluida la ONUCA) para el período entre el comienzo de la operación y el 31 de mayo de 1994 ascendieron a aproximadamente 23,8 millones de dólares.


Preparado en español por la Sección del Sitio Internet de la ONU de la División de Noticias y Medios de Información del Departamento
de Información Pública, en colaboración con el Departamento de Operaciones de Paz. El contenido de esta página es una traducción no oficial,
elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. © Las Naciones Unidas 2003.
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