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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Vigésimo aniversario (1982-2002)

Portada de la convención

Los océanos cubren casi las tres cuartas partes de la superficie de la tierra, contienen las nueve décimas partes de los recursos de agua y más del 97% de los seres vivos del planeta. Los océanos son parte esencial de nuestra biosfera: influyen en nuestro clima y afectan a nuestra salud y nuestro bienestar. De hecho, sin los océanos la vida no existiría en nuestro planeta.

Los océanos son un recurso económico vital que proporciona sus medios de vida a millones de personas en todo el mundo. El grueso del comercio internacional —aproximadamente el 90%— se transporta por mar. Más del 29% de la producción mundial de petróleo viene de los océanos. El turismo de playa y los cruceros son una importante fuente de ingresos para muchos países, especialmente los pequeños Estados insulares en desarrollo. Cada año se capturan en todo el mundo casi 90 millones de toneladas de pescado, con un valor aproximado de 50.000 millones de dólares, y el sector pesquero y la acuicultura por sí solos dan trabajo a 36 millones de personas. Por último, cada vez son más los científicos que se interesan por el fondo de los océanos y buscan allí los descubrimientos científicos y los recursos del futuro.


El orden público en los océanos

Durante siglos ha prevalecido en los océanos la doctrina de la libertad de los mares. Pero a mediados del decenio de 1960 los progresos tecnológicos en la navegación, la pesca y la exploración de los océanos, unidos a la explosión demográfica, han cambiado radicalmente el modo en que la humanidad tiene acceso a los océanos y los utiliza. Han surgido tensiones entre las naciones en relación con reivindicaciones contrapuestas sobre los océanos y sus recursos, y la contaminación amenaza con envenenar los mares. Por último, se ha visto claramente la necesidad de una acción concertada a nivel mundial para mantener el orden en la alta mar y orientar la utilización y gestión inteligentes de los recursos marinos.

Ante esas amenazas, las Naciones Unidas convocaron en 1973 su tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar. Durante nueve años, los representantes de más de 150 países, desplazándose entre Nueva York, Caracas y Ginebra en prolongadas negociaciones, desarrollaron y equilibraron los derechos y obligaciones nacionales. El resultado final fue un tratado, que muchas veces se ha llamado “una constitución para los océanos”, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. El 10 de diciembre de 1982, día en que la Convención se abrió a la firma en Montego Bay (Jamaica), la firmaron 119 delegaciones, lo que constituye un récord. La Convención entró en vigor el 16 de noviembre de 1994 y hoy se está acercando rápidamente a una participación universal, con 138 Estados Partes, incluida la Unión Europea, y 157 signatarios.


La Convención sobre el Derecho del Mar

Uno de los instrumentos jurídicos más importantes del siglo XX, la Convención innovó en materia de derecho internacional de los tratados. Concebida como un todo, reconociendo que todos los problemas del espacio oceánico están estrechamente relacionados entre sí y deben ser considerados conjuntamente, establecía que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo más allá de los límites de la jurisdicción nacional son “patrimonio común de la humanidad”, que todos tienen derecho a utilizar y obligación de proteger. Por añadidura, preveía la solución obligatoria de controversias, establecía el marco jurídico global para todas las actividades que se lleven a cabo en los océanos y los mares y contenía normas detalladas que regían todos los usos de los océanos y definían los derechos y responsabilidades de los Estados.


El tratado cubre los grandes temas siguientes:

• Los límites de las zonas marítimas (mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental)
• Los derechos de navegación, inclusive por los estrechos utilizados para la navegación internacional
• La paz y la seguridad en los océanos y los mares
• La conservación y gestión de los recursos marinos vivos
• La protección y preservación del medio marino
• La investigación científica
• Las actividades en los fondos marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional
• Los procedimientos para la solución de controversias entre los Estados

Zonas marítimas y derechos de navegación

Uno de los logros más fundamentales de la Convención es el consenso sobre los límites entre las aguas nacionales e internacionales, en las que todos los Estados pueden ejercer la libertad de navegación. Antes esa delimitación había sido una fuente importante de controversias entre los Estados ribereños. La Convención establece un mar territorial de 12 millas marinas de ancho, dentro del cual los Estados están facultados para hacer aplicar cualquier ley, reglamentar cualquier utilización y explotar cualquier recurso. Al mismo tiempo, preserva el derecho de “paso inocente” a través del mar territorial y garantiza el derecho de paso en tránsito de buques por los estrechos utilizados para la navegación internacional o el sobrevuelo de esos estrechos por aeronaves. La garantía del derecho de paso en tránsito es de importancia crítica para las potencias navales; sin esa garantía, la imposición del límite de 12 millas marinas hubiera llevado a cerrar 100 estrechos utilizados para la navegación internacional

La Convención también establece las zonas económicas exclusivas (ZEE), que es una idea innovadora que concede al Estado ribereño el derecho a explorar, explotar, conservar y administrar todos los recursos, tales como la pesca, el petróleo o el gas, de las aguas y de los fondos marinos de su plataforma continental, normalmente hasta 200 millas marinas desde su litoral.

Las zonas económicas exclusivas han sido beneficiosas para muchos Estados ribereños, pero esos derechos exclusivos van acompañados de responsabilidades y obligaciones. Por ejemplo, dentro de sus zonas económicas exclusivas los Estados ribereños deben adoptar medidas para prevenir y reducir la contaminación y para promover la investigación científica. La Convención alienta a los Estados ribereños a utilizar con prudencia las poblaciones de peces, sin que se vean amenazadas por un exceso de explotación; este aspecto es esencial, dado que el 90% de los recursos pesqueros mundiales están bajo la jurisdicción de Estados ribereños. Al mismo tiempo, las zonas económicas exclusivas preservan ciertos derechos y libertades importantes de otros Estados, como las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos.

Garantizar la paz y la seguridad

Hoy día la paz y la seguridad no se consideran sólo en términos de confrontación y conflictos militares. La actual comunidad de naciones se encuentra con una nueva generación de problemas complejos y urgentes que van más allá de las fronteras y a los que sólo cabe hacer frente eficazmente si las naciones actúan de consuno. Los actos de terrorismo, las actividades criminales como la piratería, el robo a mano armada en alta mar, el contrabando de inmigrantes y el tráfico ilícito de estupefacientes y otras mercancías pueden amenazar la seguridad y la estabilidad de los Estados y causar pérdidas de vidas humanas en la mar. Otra amenaza para la paz y la seguridad está relacionada con reivindicaciones contrapuestas de los Estados sobre los recursos naturales de los océanos. Y la seguridad de un Estado ribereño, incluidos los medios de subsistencia de las poblaciones ribereñas, puede verse amenazada por un grave incidente de contaminación, por ejemplo una marea negra.

El marco reglamentario amplio que establece la Convención promueve la utilización pacífica de los mares y los océanos y hace una importante contribución al reforzamiento de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones de amistad entre las naciones. Un aspecto importante es la exigencia de que los Estados cooperen para la represión de los actos de piratería y del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Protección y preservación de la vida marina

Hace sólo 50 años el mar era todavía en gran parte un espacio natural virgen. Hoy día, sin embargo, la contaminación, que en proporción más o menos del 80% procede de actividades terrestres, es una amenaza para la salud de los océanos, en particular las zonas costeras, que son las más productivas del medio marino. Los científicos temen que la capacidad de regeneración de los océanos acabe por verse superada por los niveles de contaminación que produce el hombre. Es fácil ver los signos de deterioro, especialmente a lo largo de las costas muy pobladas y en los mares cerrados y semicerrados.

La Convención asigna la obligación y responsabilidad fundamentales de proteger y preservar el medio marino a los Estados y les exige que tomen todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino.

Según el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, las tres mayores amenazas para los océanos del mundo son:

• La contaminación procedente de actividades terrestres
• La excesiva explotación de los recursos marinos vivos
• La alteración o destrucción de los hábitat marinos

Contaminación procedente de actividades terrestres

La amenaza más grave para la salud del medio marino no viene de los derrames de hidrocarburos ni del vertimiento de desechos en el mar, sino de las actividades humanas en tierra. Los desechos y escorrentías municipales, industriales y agrícolas introducen en el medio marino y costero agentes contaminantes, como aguas residuales, sustancias radioactivas, metales pesados, hidrocarburos, nutrientes, basuras y contaminantes orgánicos persistentes.

Entre esos contaminantes, las aguas de alcantarillado y las aguas residuales domésticas no debidamente tratadas constituyen uno de los peligros más graves para las zonas costeras en todo el mundo. Las enormes cantidades de nutrientes contenidas en las aguas de alcantarillado son muy dañinas para el medio marino. Pueden producir un crecimiento excesivo de algas, a veces tóxicas, destruir el medio muy fértil pero delicado de los arrecifes de coral, las lagunas y albuferas y las praderas de algas marinas, lo que provoca una disminución de la diversidad biológica. Las aguas de alcantarillado ponen en peligro la vida humana por cuanto contaminan los bancos de mariscos, las tomas de agua y las zonas de baño e introducen en las aguas costeras plásticos y otros desechos marinos, lo que pone en peligro la vida marina por enredamiento accidental, asfixia e ingestión.

Los aceites procedentes de fuentes terrestres, como los productos refinados del petróleo o sus derivados, también son nocivos para el medio marino, al que llegan por diversas vías y procedentes de toda una serie de fuentes, incluidas las descargas y emisiones de los pozos petrolíferos, las instalaciones de refino y almacenamiento y las escorrentías industriales y agrícolas. Ingeridos o absorbidos a través de la piel o las agallas, esos aceites son tóxicos para la vida marina y causan daños duraderos a la piel y las plumas de muchas especies marinas. También pueden ser perjudiciales para la salud humana al hacer que los mariscos no sean aptos para el consumo y contaminar el aprovisionamiento de agua.

Explotación excesiva de los recursos marinos vivos

Los océanos están siendo objeto de una explotación sin precedentes. En la mayor parte de las zonas del mundo las capturas han alcanzado ya su nivel máximo. Hoy más o menos una cuarta parte de las poblaciones de peces están siendo objeto de una explotación excesiva y alrededor del 50% se utilizan plenamente. El resultado es que sólo en un 25% de los casos se podrá aumentar el rendimiento. La explotación excesiva de los recursos pesqueros amenaza el equilibrio y la viabilidad de todo el ecosistema marino, reduce el crecimiento económico y pone en peligro la seguridad alimentaria y los medios de vida de los habitantes de las zonas ribereñas, particularmente en los países en desarrollo.

Diversos problemas han venido a complicar los esfuerzos para conservar y administrar mejor las pesquerías del mundo. Ha habido un incremento de las actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas en alta mar que llevan a cabo buques de Estados que son miembros de organizaciones regionales de gestión de la pesca y buques de Estados que no son miembros de esas organizaciones. Un importante problema es que los armadores cambian el pabellón de sus buques para eludir el cumplimiento de las reglamentaciones aplicables a la pesca. Otros factores que agravan la situación es el aumento del tamaño de las flotas pesqueras y de las subvenciones del Estado, la fuerte demanda de ciertos productos de la pesca y la ineficacia del seguimiento, el control y la vigilancia. Muchos Estados ribereños, debido a lo limitado de sus recursos, carecen de medios para hacer aplicar sus medidas de conservación y gestión. Para que esas medidas tengan éxito es necesaria una acción a nivel nacional, regional y mundial.

Alteración y destrucción del hábitat marinos

Hoy día el aumento de la población y las actividades económicas en las zonas costeras amenazan más que nunca el hábitat marinos. Las actividades humanas relacionadas con la expansión urbana, tales como la construcción de puertos, marinas y defensas costeras, la explotación del petróleo y el gas y la minería, el turismo y las prácticas pesqueras destructivas perjudican a los arrecifes de coral, las costas, las playas y los fondos marinos. Se están atacando hábitat importantes para la biodiversidad marina. Se están destruyendo zonas donde se reproducen y se alimentan especies marinas de importancia vital para la seguridad alimentaria mundial. Aproximadamente el 11% de los arrecifes de coral del mundo habían sido destruidos antes de 1998. En dicho año resultó gravemente dañado otro 16%. Según las proyecciones actuales, a menos que se tomen medidas urgentes, durante los 30 próximos años es posible que se pierdan del 50% al 60%.

Investigación científica marina

Los autores de la Convención, conscientes de que toda medida eficaz para preservar el medio marino y garantizar la utilización sostenible de los recursos de los océanos debe basarse en una extensa investigación científica, se aseguraron que el acceso de los espacios oceánicos con fines de investigación no se vería indebidamente restringido por los Estados ribereños en las nuevas zonas marítimas ampliadas.

Aunque la Convención reconoce la soberanía de los Estados ribereños sobre su mar territorial y requiere su consentimiento previo para la realización de investigaciones en su zona económica exclusiva y su plataforma continental, también estipula que, en circunstancias normales, los Estados ribereños otorgarán su consentimiento para que se realicen investigaciones científicas con fines pacíficos y garantizarán que no se demore o deniegue sin razón ese consentimiento. De hecho, en los 20 años transcurridos desde la adopción de la Convención, las ciencias del mar han realizado progresos notables, especialmente en el campo de la biología marina, en el que el descubrimiento de nuevas especies ha hecho que los expertos revisaran las estimaciones previas del número de especies marinas, de 200.000 a entre 10 y 100 millones.

Gestión de los fondos marinos en la zona internacional

Para determinar quién había de ser el guardián de los recursos del “patrimonio común” de la humanidad, los fondos marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional, la Convención estableció la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. La Autoridad, organización internacional autónoma, tiene por mandato gestionar la zona internacional de los fondos marinos y administrar la utilización de los recursos de los fondos marinos, como los nódulos polimetálicos, los sulfuros y las cortezas de ferromanganeso con alto contenido de cobalto. La Autoridad, que tiene su sede en Kingston (Jamaica), se creó en 1994, cuando la Convención entró en vigor, y es operacional desde 1996. Toda controversia que pueda surgir en relación con las actividades llevadas a cabo en los fondos marinos se someten a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, compuesta por 11 miembros, que fue establecida por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (véase infra).

Los límites exteriores de las plataformas continentales nacionales definen el límite de la zona internacional de los fondos marinos. Cada Estado ribereño tiene jurisdicción sobre su plataforma continental, que en ciertas condiciones llega a 200 millas marinas. Pero, en algunas situaciones, un Estado ribereño puede llevar el límite exterior de su plataforma continental todavía más hacia alta mar. En tales casos el Estado debe presentar una exposición a otro órgano creado por la Convención, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. La Comisión, que celebró su primer período de sesiones en 1997, supervisa el establecimiento de los límites exteriores de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas y hace recomendaciones a los Estados ribereños. Sobre la base de esas recomendaciones, los Estados ribereños determinan los límites exteriores definitivos y obligatorios de su plataforma continental ampliada.

Solución de controversias

La Convención estableció un mecanismo obligatorio para la solución de controversias relativas al derecho del mar. Cuando los Estados Partes no pueden resolver por sí solo las controversias derivadas de la aplicación de la Convención, están obligados a seguir ciertos procedimientos definidos en la Convención, como es el recurso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Tribunal, cuya sede se encuentra en Hamburgo (Alemania), es operacional desde 1996, dos años después de la entrada en vigor de la Convención.

Las Naciones Unidas y el derecho del mar

Complementan la Convención dos acuerdos que tratan de la explotación minera de los fondos marinos y de las especies de peces transzonales y peces altamente migratorios. La Convención está también reforzada por diversos tratados y acuerdos multilaterales especializados, aprobados por las Naciones Unidas y sus organismos y programas especializados, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que abarcan diferentes aspectos de los asuntos oceánicos y el derecho del mar. Dentro de la Oficia de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar sirve como secretaría de la Convención. Presta servicios a las Reuniones de los Estados Partes y trata de contribuir a la aceptación y a una comprensión más amplia de la Convención y de su aplicación proporcionando información, asesoramiento y asistencia a los Estados y a las organizaciones intergubernamentales. La División sigue todas las novedades relativas a la Convención y a los asuntos oceánicos y el derecho del mar en general, e informa cada año al respecto a la Asamblea General de las Naciones Unidas. También formula recomendaciones a la Asamblea y a otros foros intergubernamentales. La División mantiene un sistema de información muy completo y una biblioteca de referencia sobre el derecho del mar y los asuntos oceánicos, incluidos las legislaciones nacionales y los tratados sobre las fronteras marítimas. Participa en programas pedagógicos y de formación destinados a fomentar la capacidad a nivel nacional y regional.

El vigésimo aniversario: 1982-2002

Han pasado 20 años desde que la Convención se abrió a la firma en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982. Para conmemorar ese acontecimiento, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido dedicar dos días de sesiones plenarias, el 9 y 10 de diciembre de 2002, a debates sobre el tema “Los océanos y el derecho del mar” y a la celebración del vigésimo aniversario. En la Sala de la Asamblea General tendrá lugar una ceremonia especial para celebrar las aportaciones de las muchas personas que contribuyeron a dar vida a la Convención y sin cuyos conocimientos, visión, dedicación y esfuerzos incansables nunca hubiera visto la luz este instrumento innovador.

La Convención sobre el Derecho del Mar es un modelo para los tratados internacionales destinados a salvaguardar los recursos comunes del mundo y a reglamentar la utilización de la alta mar para el bien colectivo de todos los pueblos.