Todos los documentos en formato PDF se abrirán en una nueva ventana.Mensaje del Secretario General
en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
25 de noviembre de 2008
En todo el mundo, en los países ricos y pobres, las mujeres son víctimas de maltrato físico, trata de personas, violación y asesinato. Esas violaciones de los derechos humanos no sólo dañan a individuos, sino que además socavan el desarrollo, la paz y la seguridad de sociedades íntegras.
Las mujeres de todas partes están expuestas a riesgo, pero la amenaza es aún más grave para las que viven en sociedades sumidas en situaciones de conflicto armado. A medida que los conflictos se han vuelto más complejos, las pautas de la violencia sexual han cambiado. Las mujeres ya no sólo corren peligro durante los combates propiamente dichos; es igualmente probable que durante las treguas sean víctimas de las agresiones de miembros del ejército, las milicias, los rebeldes, las bandas de delincuentes o incluso la policía.
No conocemos el verdadero número de las víctimas, pero sabemos que hay muchos más casos de los que nunca se han denunciado, y muchas menos detenciones de las que correspondería. En muchísimos lugares la violación todavía acarrea un estigma que disuade a las mujeres de acudir a los tribunales que deberían existir para protegerlas. En algunos países, las mujeres son víctimas de brutalidad por partida doble; en primer lugar, durante la comisión del propio delito, y luego, a través del sistema judicial, en que se les pueden imputar falsos cargos de “adulterio”, con la posibilidad de castigo ulterior.
Aun cuando se identifique a los autores, éstos con frecuencia quedan impunes, especialmente si trabajan en la policía o el ejército. A veces, estos delitos son particularmente espantosos. En la conmocionada provincia de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo, en que todos los meses se denuncian unos 350 casos de violación, a veces las víctimas también son sometidas a mutilación genital.
Aún más inquietante es la edad de muchas de las víctimas. En algunas zonas de Haití en que reina la violencia, el 50% de las mujeres jóvenes han sido violadas o agredidas sexualmente. De las pocas víctimas valientes que acuden a la justicia, una de cada tres es menor de 13 años. Durante un mes particularmente violento a principios del año en curso en Liberia, la mayoría de las violaciones denunciadas se perpetraron contra niñas menores de 12 años, y algunas de ellas ni siquiera tenían 5 años.
Estos ejemplos proceden de países en que las Naciones Unidas tienen una presencia a través de operaciones de mantenimiento de la paz. Gracias a la innovadora resolución 1820, aprobada por el Consejo de Seguridad en junio, actualmente se reconoce la relación entre el uso de la violencia sexual como táctica de guerra y la paz y la seguridad internacionales. Según la resolución, las misiones de mantenimiento de la paz, en particular aquellas cuyo mandato consiste en proteger civiles, deben ahora incluir la protección de la mujer y los niños de toda forma de violencia cada vez que presentan informes sobre las situaciones de conflicto. En la resolución 1820 también se pide una intensificación de los esfuerzos para aplicar la política esencial de tolerancia cero de la explotación sexual por parte del personal de las Naciones Unidas, y se insta a los países que aportan contingentes y fuerzas de policía a que garanticen una rendición de cuentas cabal de los casos de ese tipo de conducta.
La aprobación de la resolución 1820 forma parte de la creciente tendencia global a abordar ese flagelo. El Foro para la lucha contra la trata de seres humanos, celebrado en Viena, el pasado mes de febrero, y el liderazgo constante que asume la Asamblea General, son otros signos del impulso que ha cobrado el tema en la escena internacional.
En el plano internacional, cada vez es mayor el número de países que cumplen sus obligaciones de proteger a la mujer a través de una legislación exhaustiva, mejores servicios a las víctimas, asociaciones más sólidas y más esfuerzos para que hombres y niños participen en la solución del problema.
Este avance es satisfactorio, pero todavía quedan muchos problemas por resolver. Necesitamos esforzarnos más para hacer cumplir las leyes y luchar contra la impunidad. Debemos combatir las actitudes y comportamientos que condonan, toleran, disculpan o pasan por alto la violencia contra la mujer. Y también necesitamos aumentar la financiación para los servicios que se prestan a las víctimas y sobrevivientes.
Estoy decidido a consolidar esos esfuerzos, entre otras cosas, a través de mi campaña mundial “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”, que apunta a sensibilizar al público, generar una mayor voluntad política y aumentar los recursos y promover un entorno propicio para que se cumplan los compromisos de política vigentes.
Todos nosotros, hombres y mujeres, soldados y agentes de mantenimiento de la paz, ciudadanos y dirigentes, tenemos la responsabilidad de contribuir a poner fin a la violencia contra las mujeres. Los Estados deben cumplir sus compromisos de prevenir la violencia, enjuiciar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas. Y cada uno de nosotros debe transmitir este mensaje en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades, a fin de que cesen de una vez los actos de violencia contra la mujer.