Una mujer comparte su testimonio sobre su hijo, una de las víctimas conocidas como los «desaparecidos» de la dictadura militar que gobernó la Argentina a finales del decenio de 1970 e inicios del decenio de 1980, durante la visita del Secretario General Ban Ki-moon al Centro de Promoción de los Derechos Humanos en Buenos Aires, Argentina en junio 2011. El Centro está ubicado en lo que fue la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, tristemente célebre por ser el más grande centro de detención durante la dictadura militar. Foto ONU / Evan Schneider.
La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209 
, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzará a observarse en 2011.