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Consejo de Seguridad 2012: Recapitulación

África

África Occidental y el Sahel

El Consejo escuchó que, mientras seguían creciendo las preocupaciones por el aumento de la piratería en el golfo de Guinea y otros asuntos en África Occidental, el continuo deterioro de la situación política, humanitaria y de la seguridad en la subregión del Sahel que abarca estos países, derivó en una grave crisis en Malí. En este país, el Gobierno fue derrocado por un golpe de estado en marzo y los dos tercios más al norte fueron invadidos por las milicias rebeldes, algunas de ellas con vínculos terroristas. El Consejo pasó gran parte del año considerando una misión liderada por entidades africanas para ayudar a reunificar el país, propuesta por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana, que finalmente autorizó el 20 de diciembre (Véase el Comunicado de Prensa SC/10870 Disponible en inglés).

El 26 de enero, el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos advirtió de que la sequía y otros problemas endémicos del Sahel se habían agravado debido al terrorismo, el crimen organizado y la proliferación de armas y migrantes que regresaban de Libia, lo que constituía una creciente amenaza de desestabilización en la región. El 21 de febrero, después de una reunión de alto nivel a la que se dirigió el Presidente del Togo, el Consejo emitió una declaración de la Presidencia en la que pedía que todo el sistema de las Naciones Unidas trabajara conjuntamente para combatir la delincuencia transnacional en África Occidental y el Sahel. El 27 de febrero, el Secretario General Adjunto se centró en la piratería en África Occidental y pidió una respuesta unificada de los países de la región, con apoyo internacional. El Consejo aprobó de forma unánime una resolución, el 29 de febrero, en la que solicitaba una cumbre regional sobre piratería para desarrollar una estrategia integral, y animó a los socios internacionales a apoyar su puesta en práctica (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10533, SC/10546, SC/10558, SC/10562 Disponible en inglés).

Los sucesos en Malí pronto ocuparon el lugar central y el Consejo condenó inmediatamente el golpe de estado que llevaron a cabo algunas partes de las fuerzas armadas malienses en un comunicado de prensa del 22 de marzo, seguido por una declaración del Presidente del 26 de marzo, en la que exigía que las tropas amotinadas regresaran a sus barracones y pedía un retorno al orden constitucional. El 4 de abril el Consejo emitió una declaración de la Presidencia en la que condenaba con firmeza los atentados, los saqueos y la toma de territorio por los rebeldes del norte, expresando su preocupación por la presencia de grupos vinculados a Al-Qaida, el rápido deterioro de la situación humanitaria y los riesgos que suponían los combates para los lugares de Malí declarados patrimonio mundial. Pedía también una solución pacífica basada en el diálogo para todos los problemas. En una resolución del 5 de julio, el Consejo solicitaba una "hoja de ruta" para restaurar el orden constitucional y restablecer la autoridad del Estado en todo el país, ofrecía apoyo absoluto a los esfuerzos de CEDEAO y la Unión Africana para preservar una transición y se manifestaba dispuesto a considerar la autorización de una fuerza de estabilización regional (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10590, SC/10592, SC/10600, SC/10698 Disponible en inglés).

Después de advertir de que la situación en Malí estaba dando un alarmante giro tras otro, el Secretario General, el Sr. Ban Ki-moon, informó al Consejo acerca de los avances políticos y humanitarios en Malí el 8 de agosto, pidiendo que se considerase imponer sanciones a todo aquel que avivara la llama de la crisis. Los representantes de CEDEAO hablaron en dicha sesión y también el 17 de septiembre y aportaron actualizaciones sobre los preparativos para la fuerza de estabilización propuesta. El Secretario General Adjunto resaltó, durante la segunda sesión mencionada, que era de vital importancia para la comunidad internacional comprometerse a lidiar de forma efectiva con las vulnerabilidades estructurales subyacentes en el Sahel que habían contribuido a la crisis de Malí (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10737, SC/10767 Disponible en inglés).

En su resolución del 12 de octubre, el Consejo pidió que todos los grupos armados pusieran fin a los abusos contra los derechos humanos, incluidos los ataques dirigidos contra civiles, los actos de violencia sexual, el reclutamiento de niños soldado y los desplazamientos forzados. También exhortó a los grupos rebeldes de Malí a que cortaran todos los lazos con organizaciones terroristas, especialmente Al-Qaida en el Magreb Islámico, y expresó su disposición a adoptar sanciones selectivas contra aquellos grupos rebeldes que no lo hicieran. Al tiempo que solicitaba asistencia internacional para reforzar el ejército de Malí, el Consejo afirmó que la solicitud del país para que se autorizase una fuerza militar se respondería una vez el órgano hubiese recibido las recomendaciones del Secretario General (Véase el Comunicado de Prensa SC/10789 Disponible en inglés).

Tras presentar estas recomendaciones el 5 de diciembre, el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos remarcó que los propios malienses debían ocupar un lugar prioritario en los esfuerzos para acabar con la crisis mediante una respuesta multifacética. El apoyo internacional debería centrarse en ayudar a las autoridades a llevar a cabo un diálogo nacional inclusivo encaminado a volver al orden constitucional, así como en abordar las quejas de los grupos del norte. Los esfuerzos para lograr una solución negociada con los grupos armados que habían roto sus lazos con los terroristas tenían que continuar de manera efectiva. Finalmente, instó a ejecutar una intervención militar bien concebida en el norte como último recurso para lidiar con los elementos terroristas y delictivos, al mismo tiempo que se debería llevar a cabo una planificación para la estabilización de actividades en las zonas recuperadas. El 20 de diciembre se aprobó el apoyo para esa propuesta, así como una autorización de un período de un año para la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo Africano (AFISMA). Dicha aprobación se produjo cuando el Consejo condenó, en una resolución, las circunstancias que derivaron en la renuncia del Primer Ministro de Malí el 11 de diciembre (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10845, SC/10870 Disponible en inglés).

La cuestión de los refugiados, el tráfico ilícito de estupefacientes y el futuro de las misiones de mantenimiento de la paz se encontraban entre los principales temas de una exposición informativa del 31 de mayo acerca de las subregiones de África Occidental y el Sahel, que tuvo lugar después de una misión del Consejo a Liberia, Côte d'Ivoire y Sierra Leona. El 11 de julio, el Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó del tráfico ilícito de drogas en África Occidental, junto con el Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA), quien se centró en las crisis de Malí y Guinea-Bissau. En una reunión de alto nivel acerca del Sahel el 10 de diciembre, el Consejo de Seguridad emitió una declaración del Presidente que pedía la finalización de una estrategia integrada para el Norte de África, que abarcara las cuestiones de seguridad, gobernanza, derechos humanos, necesidades humanitarias y desarrollo, al mismo tiempo que condenara con firmeza el terrorismo, los abusos contra los derechos humanos y la destrucción de lugares históricos en Malí (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10661, SC/10706, SC/10849 Disponible en inglés).

Sáhara Occidental

En su única sesión acerca de la situación en el territorio del Magreb, donde la celebración de un referendo de libre determinación conforme al mandato del Consejo de Seguridad ha estado estancada durante décadas, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2044 (2012), según la cual se autorizaba una prórroga del mandato para la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 30 de abril de 2013. También expresó su preocupación acerca de las tensiones que se estaban formando debido al prolongado estancamiento y pidió a las partes, Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), que continuaran las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General con miras a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que favoreciera la libre determinación del pueblo (Véase el Comunicado de Prensa SC/10621 Disponible en inglés).

Côte d'Ivoire

La frágil paz que surgió de las violentas reacciones a las elecciones presidenciales de finales de 2011, que dejaron 3.000 muertos y casi 1 millón de personas desplazadas, fue la protagonista de los debates en las sesiones que se celebraron a lo largo del año, y de dos resoluciones. Comenzando el año con una exposición informativa positiva el 26 de enero, los funcionarios superiores señalaron que Côte d'Ivoire estaba experimentando un progreso excepcional en lo referente al restablecimiento de la normalidad, la estabilización de la seguridad, la vuelta a sus hogares de las personas desplazadas, el impulso de la economía y la celebración de exitosas elecciones legislativas (Véase el Comunicado de Prensa SC/10531 Disponible en inglés).

En una exposición informativa del 18 de julio, el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI) dijo que casi seis meses más tarde, a pesar del progreso logrado para avanzar en el camino de la paz, se necesitaban vigilancia y protección civil continuas, especialmente desde que los grupos armados habían matado a nueve personas pertenecientes al personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en junio. Además, un aumento de la ansiedad política había resaltado las causas fundamentales de los conflictos, entre las que se encontraban cuestiones relacionadas con la tierra, las fuerzas de seguridad no reformadas, la impunidad y una falta de reconciliación y de diálogo (Véase el Comunicado de Prensa SC/10711 Disponible en inglés).

Para mostrar su apoyo continuado al proceso de paz, el Consejo aprobó la resolución 2062 (2012) el 26 de julio, mediante la que se prorrogaban hasta mediados de 2013 los mandatos de la UNOCI y el grupo asociado de expertos, que supervisaría los avances. Tras hacer hincapié en que el Gobierno debería llevar un registro de armas, el Consejo también aprobó, el 26 de abril, la resolución 2045 (2012), que ampliaba un embargo de armas modificado y una prohibición del comercio de diamantes hasta el 30 de abril de 2013 (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10730, SC/10627 Disponible en inglés).

Liberia

A punto de convertirse en un verdadero caso de éxito, los esfuerzos de Liberia en la reforma del sector de la seguridad, la reconciliación nacional, el control de fronteras y otras áreas cruciales fueron el foco de atención de tres sesiones y dos resoluciones. Los debates del 11 de septiembre se centraron en los avances del país, en los que el alto funcionario de las Naciones Unidas dijo que los logros en la reconstrucción de instituciones y el estímulo a la recuperación económica y a los procesos democráticos representaron "atractivos dividendos", como resultado de casi una década de importante inversión internacional. El 17 de septiembre, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 2079 (2012), por la que se prorrogaba el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) por un período de un año, ya que comenzó una transición que incluiría reducir su dotación militar en un tercio y apoyar los esfuerzos del Gobierno para solidificar la paz y la estabilidad (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10758, SC/10765 Disponible en inglés).

Tras prorrogar el régimen de sanciones en Liberia por un año, el Consejo también aprobó por unanimidad la resolución 2079 (2012) el 12 de diciembre, en la que exigía que el Gobierno cumpliera con sus obligaciones de congelar los activos financieros del expresidente Charles Taylor y sus asociados, según el veredicto dictado contra éste por el Tribunal Especial para Sierra Leona. Mediante dicho texto, el Consejo también pedía al Gobierno que completara la puesta en marcha de las recomendaciones del equipo de evaluación del 2009 para el Proceso de Kimberley, un marco para certificar que los diamantes no fueron parte del tráfico ilícito que podría avivar el conflicto, al mismo tiempo que le pedía que mejorase la transparencia de la gobernanza de todos los recursos naturales (Véase el Comunicado de Prensa SC/10852 Disponible en inglés).

Guinea-Bissau

Los tensos acontecimientos que derivaron en el golpe militar del 12 de abril que derrocó al Gobierno elegido democráticamente hicieron que el Consejo emitiera una declaración del Presidente y que impusiera sanciones contra los autores del golpe y sus partidarios. Una semana después del golpe, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guinea-Bissau describió la "ola de persecución y temor" que se apoderaba de la nación. Durante la sesión del 19 de abril, el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNIOGBIS) describió la toma del poder como otro golpe más que tenía lugar bajo la supervisión de la ONU. Además, apuntó que, si la comunidad internacional se hubiera movido más rápidamente para proporcionar los recursos necesarios para la reforma del sector de la seguridad, que habría facilitado los programas de desmovilización y jubilación, quizás no se estaría tratando esa cuestión (Véase el Comunicado de Prensa SC/10614 Disponible en inglés).

Dos días después, el 21 de abril, el Consejo emitió una declaración de la Presidencia (documento S/PRST/2012/15) en la que condenaba enérgicamente el golpe y pedía el inmediato restablecimiento del orden constitucional y la liberación del Presidente interino Raimundo Pereira, el Primer Ministro Carlos Gomes Júnior y otras autoridades detenidas. La declaración, que expresaba una profunda preocupación por los informes de la violenta represión de las protestas pacíficas, las detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos, decía que el Consejo estaba dispuesto a considerar nuevas medidas, inclusive sanciones selectivas, en caso de que la situación persista (Véase el Comunicado de Prensa SC/10617 Disponible en inglés).

Después de considerar el informe especial del Representante Especial del 7 de mayo, los miembros del Consejo también escucharon al Ministro de Relaciones Exteriores de Guinea-Bissau, al Presidente de la configuración de la Comisión de Consolidación de la Paz encargada de Guinea-Bissau, al Ministro de Relaciones Exteriores de Angola, que habló en nombre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), y al Comisario de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). Todos ellos condenaron el golpe y pidieron el restablecimiento del orden constitucional. La liberación de los líderes interinos y de otras autoridades había conducido a las conversaciones de mediación presididas por CEDEAO que más tarde se estancaron en los desacuerdos acerca del proceso electoral y la elección de un nuevo presidente interino. También se dijo que la comunidad internacional debía esforzarse más por restaurar el orden constitucional (Véase el Comunicado de Prensa SC/10638 Disponible en inglés).

Como consecuencia de sus inquietudes, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 2048 (2012) el 18 de mayo, por la que se imponía la prohibición de viajar a cinco líderes del golpe, se establecía un comité para vigilar la situación y, de nuevo, se pedía el restablecimiento del orden constitucional (Véase el Comunicado de Prensa SC/10653 Disponible en inglés).

Cuando se celebró la sesión del 26 de julio, la opinión nacional e internacional estaba dividida acerca de los arreglos transicionales necesarios para restablecer el orden constitucional a pesar de los esfuerzos del Secretario General y de UNIOGBIS, según dijo el Representante Especial. De acuerdo con lo que dijeron los funcionarios superiores de Guinea-Bissau, la CPLP, la CEDEAO y la Comisión de Consolidación de la Paz, casi cuatro meses después del golpe, la situación humanitaria y económica se había deteriorado, y el fracaso del proceso electoral había reducido la confianza internacional y la colaboración de los donantes en un contexto de prioridades urgentes, entre las que se incluían la reforma del sector de la seguridad y la lucha contra la impunidad, así como la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas (Véase el Comunicado de Prensa SC/10732 Disponible en inglés).

Antes del golpe, los funcionarios habían advertido al Consejo el 28 de marzo de que la reforma del sector de la seguridad y unas elecciones fidedignas eran cruciales para los esfuerzos nacionales e internacionales de restablecimiento del orden constitucional después de la muerte del Presidente Malam Bacai Sanhá en enero. La transición política había paralizado las tareas de desmovilización y las limitaciones financieras habían dificultado el plan nacional de lucha contra la delincuencia transnacional. Todos los funcionarios que se dirigieron al Consejo resaltaron la necesidad de financiación sostenida para permitir que el Gobierno pudiera avanzar con sus programas (Véase el Comunicado de Prensa SC/10595 Disponible en inglés).

Sierra Leona

Las exposiciones informativas y las declaraciones del Presidente durante el año trataron en gran medida de las elecciones presidenciales, parlamentarias, de distrito y locales del país, así como de la necesidad de superar el desafío de conseguir unos resultados justos y transparentes una década después de una cruenta guerra civil. El Representante de Sierra Leona se mostró de acuerdo con los funcionarios superiores de las Naciones Unidas que en su exposición al Consejo explicaron que las elecciones del 17[nsbp]de noviembre eran "una prueba crucial para la paz y la consolidación de la democracia en el país". Los funcionarios resaltaron la importancia de evitar la violencia política que se pudo ver en 2011, así como las persistentes preocupaciones por la importación de millones de dólares en armas de asalto.

El Representante Ejecutivo del Secretario General dijo al Consejo de Seguridad el 22 de marzo que, para consolidar los excepcionales éxitos que Sierra Leona había logrado en los últimos 10 años desde la cruenta guerra civil, era fundamental que la comunidad internacional continuara brindando su apoyo, centrándose especialmente en las importantísimas elecciones de ese año. Durante su última exposición informativa como Representante Ejecutivo, el Sr. Michael von der Schulenburg explicó que "Sierra Leona debe superar esta prueba crucial en su historia sin dejar que resurjan los demonios del pasado". El Consejo también escuchó al Sr. Guillermo Rishchynski (el Canadá), Presidente de la configuración de la Comisión de Consolidación de la Paz encargada de Sierra Leona, y al Sr. Joseph Dauda, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Sierra Leona (Véase el Comunicado de Prensa SC/10589 Disponible en inglés).

El Consejo, que acogió con agrado los preparativos de las elecciones, aprobó por unanimidad la resolución 2065 (2012) el 12 de septiembre, que prorrogaba el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIPSIL) hasta marzo de 2013. También pidió al Secretario General que enviara una misión de evaluación para estudiar el progreso y hacer propuestas para la estrategia de transición, reducción y salida de la UNIPSIL a más tardar el 15 de febrero de 2013 (Véase el Comunicado de Prensa SC/10759 Disponible en inglés).

El 11 de septiembre, el Consejo escuchó al Sr. Anders Jens Toyberg-Frandzen, nuevo Representante Ejecutivo del Secretario General, que, al explicar los preparativos para el gran acontecimiento del 17 de noviembre, dijo que, dada la complejidad de celebrar elecciones presidenciales, parlamentarias y de los consejos locales el mismo día, su éxito demostraría la madurez de los líderes y las instituciones políticas estatales, así como la consolidación del proceso democrático. Añadió que, aunque estaba previsto que la campaña oficial comenzara el 17 de octubre, el partido gobernante, Congreso de Todo el Pueblo, y el principal partido de la oposición, Partido Popular de Sierra Leona, ya estaban recorriendo el país para movilizar apoyo. Por último, habló de que los partidos políticos registrados, diez en su totalidad, así como otras importantes partes interesadas habían firmado una declaración el 18 de mayo, en la que se comprometían a unas elecciones libres, justas y pacíficas, y de que no había habido incidentes de violencia política desde entonces (Véase el Comunicado de Prensa SC/10756 Disponible en inglés).

Durante esa misma sesión, el Representante de Sierra Leona dijo que el final de la guerra civil de su país en 2002 había marcado al pueblo para poner un final definitivo a "11 años de pesadilla". Desde entonces, con la ayuda de las Naciones Unidas, el país había logrado un notable progreso. Añadió que era fundamental que abordasen juntos los desafíos que aún quedan por superar, con el fin de consolidar y avanzar en las prioridades de consolidación de la paz, abordando los problemas de índole económica, social y de gobernanza para cumplir con las crecientes expectativas.

Los temores acerca de la importación masiva de armas fueron mitigados cuando el Consejo, mediante una declaración del Presidente el 11 de abril, acusó recibo de una aclaración del Gobierno que decía que las armas estaban destinadas a la fuerza de policía. El Consejo también pidió a todas las partes que se entablara un diálogo, que se cumplieran los acuerdos anteriores y que se apegaran estrictamente al derecho internacional, para asegurar unas elecciones libres y justas. En otra declaración del Presidente, el 9 de octubre, el Consejo encomió al Tribunal Especial para Sierra Leona por su destacada labor en la lucha contra la impunidad, al aclamar la conclusión de los procesos judiciales contra el ex-Presidente de Liberia, el Sr. Charles Taylor. Una tercera declaración del Presidente del 30 de noviembre instaba a la Administración a ultimar un programa para el desarrollo y la consolidación de la paz sólido e inclusivo (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10605, SC/10787, SC/10839 Disponible en inglés).

Somalia

Además de seguir centrándose en la persistente piratería y en las amenazas en materia de seguridad que representaba la milicia Al-Shabaab, la mayor parte de los esfuerzos del Consejo en Somalia se centraron en la culminación de la transición política hacia un Gobierno más representativo, un elemento importante del proceso de paz en este país del Cuerno de África que había carecido de una gobernanza eficaz durante dos décadas. Las tareas de transición resultaron en la elección de un nuevo Presidente el 10 de septiembre, elección que el Consejo acogió con agrado el 18 de septiembre en la resolución 2067 (2012). También pidió la formación de un Gobierno abierto, la definición de las actividades posteriores a la transición y el fortalecimiento de las iniciativas en materia de seguridad, consolidación de la paz, contra la corrupción y contra la piratería, junto con el continuado apoyo internacional (Véase el Comunicado de Prensa SC/10768 Disponible en inglés).

La culminación de la transición no siempre estuvo asegurada, aunque fue más fácil gracias a la mejora de la seguridad debido a la retirada de Al-Shabaab en 2011 de la capital, Mogadiscio, y otras zonas importantes. En una exposición informativa del 11 de enero, el Consejo escuchó que para la comunidad internacional era de vital importancia alimentar el frágil proceso de paz, ayudar al Gobierno Federal de Transición a establecer su autoridad a lo largo y ancho del país, crear instituciones de seguridad y estado de derecho, y fortalecer la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), para lo cual se había desarrollado un concepto estratégico mejorado. Algunas delegaciones que asistieron a la sesión resaltaron que los líderes somalíes debían cumplir los plazos de la hoja de ruta hacia la transición para así mantener el apoyo internacional (Véase el Comunicado de Prensa SC/10516 Disponible en inglés).

El 22 de febrero el Consejo aprobó la resolución 2036 (2012) y acogió con agrado el traslado del Representante Especial del Secretario General y de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS) a Mogadiscio. También autorizó un aumento de la fuerza de la AMISOM de más de 5.000 contingentes y unidades de policía. Al emitir una declaración del Presidente (documento S/PRST/2012/4) el 5 de marzo, el Consejo pidió una mayor intervención de las Naciones Unidas en el país, según las condiciones, destacando que los líderes somalíes, apoyados por la comunidad internacional, debían utilizar los resultados de la Conferencia sobre Somalia, celebrada en Londres el 23 de febrero, para aplicar una estrategia integral para la paz, la seguridad y el desarrollo. El Consejó remarcó que no se prorrogaría más el período de transición. Antes del debate abierto de aquel día, el Secretario General advirtió de que la posibilidad de progresar era reducida (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10550, SC/10566 Disponible en inglés).

El 15 de mayo, el Consejo escuchó que no se habían cumplido los plazos para algunos términos de la hoja de ruta. Al aprobar la resolución 2060 (2012) el 25 de julio, según la cual se prorrogaba el mandato del grupo de vigilancia de sanciones, el Consejo reiteró su insistencia en que el plazo del 20 de agosto debía mantenerse. El 16 de octubre, sin embargo, el Sr. Augustine Mahiga, Representante Especial, citó los notables éxitos del proceso de transición, remarcando que los nuevos líderes e instituciones del país necesitaban apoyo urgente, ya que su objetivo era consolidar los progresos logrados. El Consejo autorizó una prórroga de siete días de duración del mandato de AMISOM al aprobar la resolución 2072 (2012) el 31 de octubre, y una prórroga posterior por otros cuatro meses el 7 de noviembre, al aprobar la resolución 2073 (2012), junto con una ampliación del conjunto de medidas de apoyo de las Naciones Unidas, mientras esperaban los resultados de una evaluación del mandato con relación a los objetivos de la etapa posterior a la transición: expandir la administración estatal, comenzar con la reconciliación nacional y afrontar la amenaza que representaba Al-Shabaab (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10648, SC/10725 , SC/10792 , SC/10804, SC/10806 Disponible en inglés).

Con respecto a la piratería en la costa de Somalia, el 22 de febrero el Consejo escuchó las exposiciones del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas y del Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ambos afirmaron que se necesitaba un gran número de medidas legales y preventivas para combatir los atentados, puesto que el Consejo había retomado el informe del Secretario General sobre los tribunales especializados en antipiratería. Tras una sesión el 19 de noviembre sobre la piratería mundial, en la que los oradores dieron la bienvenida al descenso de los atentados y, al mismo tiempo, pidieron un aumento en la acción integrada para erradicarlos, el Consejo aprobó el 21 de noviembre la resolución 2077 (2012), que renovaba por otro año su autorización para luchar contra la piratería mediante la acción internacional en colaboración con el nuevo Gobierno Somalí, al que instó a crear un marco legal nacional que incluyera leyes antipiratería y una zona económica extraterritorial. (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10551, SC/10820 , SC/10824 Disponible en inglés)

Libia

Durante el primer aniversario de su liberación, Libia continuó inundada de armas y acribillada por confrontaciones bélicas y violencia esporádica, incluyendo el atentado mortal sobre el recinto diplomático de los Estados Unidos en Benghazi que dejó cuatro muertos, entre ellos el Sr. Christopher Stevens, Embajador. La situación de la seguridad era un claro recordatorio de los retos del país, incluso a pesar de haber convocado elecciones en julio y formado un nuevo Gobierno en octubre. Estos retos habían sido el tema principal de las 10 sesiones celebradas durante el año, incluida una en la que el Consejo aprobó la resolución 2040 (2012), por la que se modificaba el mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). Los Miembros también escucharon dos exposiciones informativas a cargo de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, que estaba profundamente preocupada por la impunidad de los autores de los delitos durante el conflicto del 2011, que derrocó a Muammar al-Qadhafi.

Al subrayar los asuntos más urgentes el 25 de enero, el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNSMIL hizo hincapié en que se debería dar espacio a las autoridades libias para que abordaran las prioridades internas como la frustración pública, las confrontaciones bélicas, la multiplicidad de brigadas, la proliferación de armas y los calendarios electorales ajustados. Asimismo, anunció la firma, el 10 de enero, de un acuerdo sobre el estado de la misión con el Ministro de Relaciones Exteriores y se refirió a las magníficas relaciones de la Misión con el Consejo Nacional de Transición. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10528 Disponible en inglés).

El representante de Libia recalcó la importancia de tratar la cuestión de los combatientes Tuareg, convertidos en objetivos porque el Coronel Qadhafi había reclutado Tuaregs de Libia, Malí y otros Estados vecinos, y manifestó su esperanza por que los últimos fueran repatriados. En la misma sesión, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) expresó su preocupación por los desplazados y elogió el compromiso de las autoridades en lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos antes y durante el conflicto.

Al poner al día al Consejo el 29 de febrero, el Representante Especial dio la bienvenida a la aprobación de las leyes electorales nacionales y las de justicia de transición, las elecciones en Misrata, y al progreso realizado en expandir la autoridad del Estado a las brigadas de seguridad. La UNSMIL había trabajado para mitigar las consecuencias de las últimas confrontaciones mortales entre dos brigadas tribales tras un atentado el 6 de febrero sobre un campamento de desplazados internos en Trípoli, que dio como resultado siete muertos, la mayoría mujeres y niños; para ello, instó a que se investigara y a que se adoptaran mejores medidas de protección y un estado de derecho reforzado. Al proporcionar una actualización del trabajo del Comité establecido en virtud de la resolución 1970 (2011) del Consejo, su Presidente informó de la puesta en marcha de un embargo de armamento, la prohibición de viajar y la congelación de activos. Mientras tanto, el representante de Libia apeló al Consejo para que descongelara los activos de su país de modo que pudiera establecer, junto con otros países del Sahel y el Norte de África, una estrategia unificada contra el terrorismo en el Magreb. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10563 Disponible en inglés).

Durante una sesión el 7 de marzo, el Representante Especial se reafirmó en sus observaciones anteriores al decir que una misión flexible que respaldara los esfuerzos de Libia no debería imponer una gran presencia internacional. El Consejo tuvo en cuenta su recomendación y, menos de una semana después, aprobó por unanimidad la resolución 2040 (2012) el 12 de marzo, por la que prolongaba el mandato de la UNSMIL por 12 meses al tiempo que modificaba este y el del régimen de sanciones relacionado. En base al texto, el último debería mantener el embargo de armamento, finalizar la extensa autorización de los Estados Miembros para realizar inspecciones del cargamento sancionado, y pedir al Comité de Sanciones que revisara las medidas restantes de congelación de activos y que las eliminara tan pronto como fuera posible en la práctica. Tras la aprobación, el representante de Libia aseguró al Consejo que las facciones revolucionarias estaban deseando desmovilizarse, desarmarse y retomar su vida normal. Recalcó que no había nada que temer en Libia, ni en términos de libertad ni en términos de amenazas a la seguridad. (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10570, SC/10574 Disponible en inglés)

No obstante, las confrontaciones armadas y otros desafíos graves perduraron dos meses más. En una sesión del 10 de mayo, el Representante Especial afirmó que, a pesar de que se deberían elogiar los esfuerzos de Libia por establecer un Estado operativo basado en la democracia y el estado de derecho, las altas expectativas estaban poniendo al límite el sistema político, la población no estaba satisfecha y la seguridad continuaba siendo un problema grave. El atentado mortal de septiembre contra el recinto diplomático de los Estados Unidos desencadenó la repulsa del alto oficial de asuntos políticos de las Naciones Unidas, que relató al Consejo el 12 de septiembre que el incidente demostraba un vacío de seguridad persistente y servía como recordatorio de los desafíos que se deberían afrontar. (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10644, SC/10760 Disponible en inglés).

Al mencionar otras preocupaciones con respecto a la seguridad durante su exposición ante el Consejo del 16 de mayo y en la del 7 de noviembre, la Fiscal de la Corte Penal Internacional afirmó que la comunidad internacional debía proporcionar el apoyo necesario para combatir la impunidad y garantizar una cultura de estado de derecho. La Oficina de la Fiscal tenía la seguridad de que podría llevar ante la justicia a los autores de delitos graves, después de que las autoridades libias hubieran solicitado que los procesos contra uno de los hijos del Coronel Qadhafi se celebraran en el país, en lugar de trasladarlo a La Haya, siendo ésta la primera vez en la que ocurría algo similar en los diez años de existencia de la Corte. Para noviembre, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte estaba en proceso de dilucidar, en base a las exposiciones, si el caso iba a celebrarse en Libia o en La Haya, y la Fiscal afirmó ante el Consejo que no importaba la decisión que se tomara porque estaba segura de que las autoridades libias y la Corte colaborarían. (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10651 , SC/10807 Disponible en inglés).

El Consejo concluyó las deliberaciones sobre Libia tras la formación de un nuevo gobierno el 8 de noviembre, cuando el Representante Especial manifestó que los problemas del país no se debían subestimar pero que no eran insalvables. La UNSMIL iba a colaborar estrechamente con el Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional para garantizar que no se escatimaban esfuerzos en el empeño por construir un Estado democrático. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10809 Disponible en inglés).

El Sudán y el Sudán del Sur

Los confrontamientos entre el Sudán y la nueva República de Sudán del Sur por una serie de asuntos sin resolver —incluyendo las fronteras y la distribución de los ingresos del petróleo— en el Acuerdo General de Paz del 2005, que puso fin a décadas de guerra civil, se convirtieron en fuentes de profunda preocupación para el Consejo, al igual que las luchas intercomunitarias en el Sudán del Sur y la violencia en Darfur como resultado de la demora en la puesta en marcha del proceso de paz de Doha. (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10515, SC/10544 Disponible en inglés).


El Consejo expresó su profunda preocupación por las luchas entre los dos países en dos declaraciones de la Presidencia, el 6 de marzo y el 12 de abril. Al advertir del resurgimiento de una guerra civil en toda regla, exigió que ambos bandos pusieran fin de forma inmediata a la violencia transfronteriza y al apoyo a poderes armados, que redistribuyeran sus fuerzas de las posiciones avanzadas y llevaran a cabo los entendimientos previos. Instó a ambos países a que activaran los mecanismos de seguridad fronteriza acordados recientemente y a que finalizaran la desmilitarización de las zonas designadas, y prolongó el mandato de Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA). (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10568, SC/10606, SC/10818 Disponible en inglés).

En lo referente al Sudán del Sur, el Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz afirmó que el hecho de que no se resolvieran problemas de seguridad, económicos y políticos seguía teniendo un impacto directo en la frágil estabilidad del país. Pidió un mayor progreso en una serie de asuntos que incluían el establecimiento de las instituciones nacionales junto con las iniciativas de reconciliación y desarme de la población civil en el problemático estado de Junqali, donde tienen lugar cruentas luchas intercomunitarias. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10837 Disponible en inglés).

Durante las exposiciones en Darfur el 11 de enero, el 26 de abril y el 24 de octubre, los oficiales de las Naciones Unidas informaron al Consejo, en un principio, de que los primeros pasos que habían dado las partes del Documento de Doha para la Paz en Darfur —el Gobierno del Sudán y el Movimiento para la Justicia y la Liberación— dejaban lugar para el optimismo. Sin embargo, tras el rápido establecimiento de las instituciones regionales y otros progresos, se percataron de que la puesta en marcha se ralentizaba conforme transcurría el año, con el estallido de luchas, nuevos desplazamientos y pocas posibilidades de lograr que movimientos no signatarios se sumaran al acuerdo de paz. El 24 de julio, el Representante Especial Conjunto de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) pidió estrategias para la recuperación y el desarrollo que consiguieran persuadir a las comunidades que se encontraban al margen del proceso de paz para que se sumaran a él.[nsbp] (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10515, SC/10628, SC/10724, SC/10801 Disponible en inglés).

Al dirigirse al Consejo el 5 de junio y el 13 de diciembre, respectivamente, el antiguo y el actual Fiscal de la Corte Penal Internacional mostraron su profunda preocupación por la impunidad en el Sudán, acentuada por el fracaso del Gobierno al poner en marcha órdenes de detención contra altos oficiales acusados por la Corte y alentada por otros delitos en Darfur, así como por Kordofán del Sur y el Nilo Azul. Durante ambas sesiones, el representante del Sudán objetó al Consejo que la remisión de su país ante la Corte que había puesto en marcha no era legítima y afirmó que el Sudán se centraría en el proceso de paz de Darfur, que estaba prosperando. El 17 de febrero, el Consejo prolongó el mandato del Grupo de Expertos que supervisaba el embargo de armamento y otras sanciones sobre aquellos que ponían trabas a la paz en el Sudán, a la vez que intensificó las medidas a tal efecto. (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10663, SC/10855, SC/10544 Disponible en inglés).

África Central

Al centrarse en la amenaza regional persistente que representaba el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), el 29 de junio el Consejo emitió una declaración de la Presidencia (documento S/PRST/2012/17) en la que, además de expresar su profunda preocupación, condenaba duramente las atrocidades cometidas por el grupo armado, entre las que se encontraban el secuestro de niños y su reclutamiento como soldados o esclavos sexuales, así como otras violaciones graves de los derechos humanos y el desplazamiento de más de 445.000 personas. Al presionar en favor del apoyo internacional para la Iniciativa de Cooperación Regional liderada por la Unión Africana y lanzada en mayo, el Consejo subrayó la necesidad de que las misiones de mantenimiento de la paz de la subregión continuaran coordinándose entre ellas, además de hacerlo con los trabajadores humanitarios, los agentes de desarrollo, de género, de protección infantil y militares. Tras las exposiciones de los altos oficiales, el representante de la República Centroafricana se hizo eco de un punto de vista generalizado y afirmó que había que neutralizar al Sr. Kony y su grupo de bárbaros. Asimismo, pidió una mayor movilización de la comunidad internacional para poner fin a esta afrenta contra el mundo civilizado. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10693 Disponible en inglés).

Al cabo del año, el LRA siguió siendo una de las mayores preocupaciones del Secretario General; el Representante Especial y Jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central (UNOCA) afirmó, al dirigirse al Consejo el 18 de diciembre que, aunque la situación de la seguridad regional continuaba siendo estable, la violencia de las milicias armadas seguía afectando a las fronteras. Tras su exposición, los miembros del Consejo propusieron distintas vías para poner fin a las atrocidades, entre ellas las sugerencias del representante de Sudáfrica, que planteó que se considerara este grupo como una organización terrorista, y de su homólogo del Reino Unido, que se prestase constante atención la consolidación de la seguridad en los países afectados. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10860 Disponible en inglés).

La República Democrática del Congo

La protección de los civiles frente a los grupos armados en las provincias meridionales del país era una de las mayores preocupaciones del Consejo y de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), puesto que durante el año aumentó la alarma por la rebelión del 23 de marzo (M23). El 20 de noviembre, los rebeldes tomaron Goma, capital de Kivu del Norte, lo cual provocó que el Consejo aprobara la resolución 2076 (2012), que exigía la retirada inmediata del M23 de la ciudad y el cese del "apoyo externo de todo tipo" prestado al grupo. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10823 Disponible en inglés).

Durante una exposición al día siguiente, el 21 de noviembre, el jefe de la MONUSCO afirmó que cientos de miles de civiles estaban sufriendo un rápido deterioro de la situación humanitaria a causa de la rebelión M23. Calificó los esfuerzos de la Misión para hacer frente a la amenaza a la seguridad como un compromiso muy sólido, gracias los elementos terrestres y aéreos pese a ser reducidos, y pidió la intensificación de la ayuda de la comunidad internacional. En la sesión del 28 de noviembre, el Consejo prorrogó el embargo de armamento y las sanciones a tal efecto para la República Democrática del Congo según la resolución 2078 (2012), y comunicó su intención de perseguir a todo aquel que apoyara al M23. El representante del país mencionó las pruebas fehacientes del apoyo prestado por Rwanda a los rebeldes, como así lo había recogido el Grupo de Expertos sobre las sanciones, lo cual negó con rotundidad su homólogo de Rwanda. (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10825, SC/10836 Disponible en inglés).

En la primera exposición pública del año sobre la República Democrática del Congo, el 7 de febrero, el jefe de la MONUSCO se centró en las tensiones generadas durante y después de las elecciones nacionales de noviembre del 2011, y en los nuevos atentados organizados por las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR). El Consejo escuchó en una exposición informativa del 12 de junio que éste y otros grupos armados intensificaron los atentados con la aparición del M23, que comenzó el 4 de abril del 2012 con un motín organizado por combatientes que se habían integrado en el ejército nacional mediante un acuerdo firmado el 23 de marzo del 2009. Una declaración de la Presidencia del 19 de octubre condenó el movimiento M23 y pidió que se llevara ante los tribunales a todos aquellos responsables de violaciones de los derechos humanos, incluyendo la violencia sexual y el reclutamiento de niños soldados. (Véanse los Comunicados de Prensa SC/10538, SC/10672, SC/10798 Disponible en inglés).

El 27 de junio, el Consejo prorrogó el mandato de la MONUSCO hasta el 30 de junio del 2013 mediante la aprobación de la resolución 2053 (2012), en virtud de la cual reiteró la prioridad que suponía la protección de los civiles e instó a las autoridades congoleñas a que reformaran el sector de la seguridad en aras de poner fin a las insurgencias y al gran número de violaciones de los derechos humanos en el país. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10687 Disponible en inglés).

La República Centroafricana

El Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BINUCA) afirmó ante el Consejo el 6 de junio que, tras décadas de crisis políticas y de seguridad que habían provocado cientos de miles de muertos y desplazados, el país había llegado a un punto crítico. Dijo que su futuro dependía del apoyo sostenido e instó al Consejo a que concienciara a la comunidad internacional de las necesidades acuciantes del país. Aunque se había avanzado hacia el establecimiento de una fuerza tripartita para estabilizar el norte y, de este modo, permitir el regreso de las poblaciones desplazadas, se necesitaban más fondos para finalizar los programas de desarme, desmovilización y reintegración en el lugar. Otros desafíos incluían: la suspensión de las consultas sobre cuestiones electorales entre el Gobierno y los partidos políticos, el aumento de las tensiones en el noreste, la creciente cantidad de informes de violaciones de derechos humanos, las penurias económicas que asolaban a las poblaciones más vulnerables, y los atentados orquestados por las milicias armadas. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10664 Disponible en inglés).

Burundi

Los altos oficiales comunicaron al Consejo el 5 de julio que, tras haber superado en el 2005 los 15 años de conflictos y tensiones étnicas que dejaron 200.000 muertos y muchos más desplazados, los continuos avances de Burundi en materia de estrategias fundamentales de consolidación de la paz y de desarrollo no habían acarreado actos violentos a gran escala. Ahora era necesario un liderazgo con decisión y seguridad para consolidar la buena gobernanza democrática, cuyas mayores preocupaciones estuvieran centradas en la situación socioeconómica y el aumento de precios. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10699 Disponible en inglés).

La Sra. Karin Landgren, Representante Especial del Secretario General y jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi (BINUB), anunció al Consejo en su exposición final que Burundi era increíblemente distinto de aquel país asolado por los conflictos que era hace unos años. No obstante, advirtió de que se necesitaba un liderazgo con decisión y seguridad para consolidar una gobernanza que permitiera eliminar e impedir la corrupción y que, a la vez, estimulara el desarrollo. También afirmó que, pese a que este frágil, bello y valiente país había atravesado un largo y duro trayecto por el camino de la consolidación de la paz en poco más de una década, no debería sorprendernos que aquellos países devastados por la guerra no dejen de lado las armas y se transformen instantáneamente en democracias plurales y estables.

El Sr. Paul Seger, Presidente de la configuración de Burundi de la Comisión de Consolidación de la Paz, informó durante la misma sesión sobre su visita a Burundi a mediados de abril y afirmó que había corroborado que la situación general se había estabilizado y que se había avanzado hacia la consolidación de la paz. Aclaró también que la mayor preocupación de la población era la situación socioeconómica y el aumento de precios.

El representante de Burundi advirtió de que descartar la posible resurgencia de grupos armados y luchas por el poder sería una actitud muy ingenua. Puesto que la eliminación de la pobreza era la mejor vía para evitar el conflicto armado, pidió que se incluyera en el programa del Consejo el desarrollo social y económico de los países menos desarrollados.

La cooperación con la Unión Africana

El 12 de enero, la delegación de Sudáfrica dirigió una sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad cuyo objetivo era alcanzar una mayor coherencia política y estratégica entre las Naciones Unidas y la Unión Africana, especialmente en materia de prevención, gestión y resolución de conflictos en África. Al proponer dicha reunión, la delegación señaló en un documento de concepto que más de un 60 por ciento de las deliberaciones del Consejo de Seguridad se referían a esta región y aproximadamente un 80 por ciento del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas estaba desplegado en aquel lugar. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10519 Disponible en inglés).

Mientras lideraba la sesión, el Sr. Jacob Zuma, Presidente de Sudáfrica, afirmó que la Unión Africana trataba de aportar un sentido práctico a la visión de la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la cooperación entre el órgano mundial y las organizaciones regionales. Afirmó que dicha cooperación suponía una ventaja, ya que estos órganos estaban más apegados a la situación y más familiarizados con esas cuestiones. Al concluir el debate, el Consejo aprobó la resolución 2033 (2012), por la que se comprometía a tomar medidas efectivas para estimular las relaciones de las Naciones Unidas con las organizaciones regionales, especialmente con la Unión Africana.


El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. (junio 2013)