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Consejo de Seguridad 2010: Recapitulación

Debates temáticos

Protección de los civiles en los conflictos armados

El Secretario General, en su informe al Consejo de Seguridad del 11 de noviembre sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (documento S/2010/579) -el primero en 18 meses-, dirigió la atención hacia las consecuencias devastadoras que sufrían los civiles por el predominio continuo de los conflictos armados no internacionales, a menudo marcados por la proliferación y la fragmentación de grupos armados no estatales. Esto ha contribuido a la naturaleza asimétrica de los conflictos en lugares como el Afganistán, la República Democrática del Congo, Pakistán, Somalia, el Sudán y el Yemen.

Según el informe, las estrategias que emplearon los grupos armados para intentar suplir su inferioridad militar van desde ataques deliberados contra civiles -incluida la violencia sexual- hasta ataques a objetos civiles -como por ejemplo colegios-, pasando por secuestros, reclutamientos forzosos y el uso de la población civil como escudo de objetivos militares. Los riesgos para los civiles aumentan más aún a medida que las partes con superioridad militar, al luchar contra un enemigo que a menudo es difícil de identificar, responden con medios y métodos de guerra que pueden violar los principios de distinción y proporcionalidad y causar más víctimas civiles.

El informe, que era el octavo sobre el tema, se emitió en respuesta a la resolución 1894 (2009) del Consejo de Seguridad, cuya adopción, según recuerda el Secretario General, fue una conmemoración apropiada de los 10 años de acciones temáticas del Consejo sobre la protección de civiles y una bienvenida a la manifestación de su compromiso actual con ese crítico tema. La resolución supuso un importante paso para responder a algunos de los cinco desafíos principales y mejorar el cumplimiento del derecho internacional por las partes en conflicto: promover el cumplimiento de la legislación por parte de los grupos armados no estatales, intensificar la protección por las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y otras misiones pertinentes, mejorar el acceso de la asistencia humanitaria, y promover la rendición de cuentas cuando se infringe la ley.

El 22 de noviembre, apenas dos semanas después de que se emitiera el informe, el Consejo expresó su profundo pesar porque los civiles seguían constituyendo la gran mayoría de las víctimas en las situaciones de conflicto, incluso como resultado de ataques dirigidos deliberadamente en su contra, atentados indiscriminados y desproporcionados, y actos de violencia sexual y basada en el género. (Véase el Comunicado de Prensa SC/10089 Disponible en inglés). El Consejo solicitó en una declaración presidencial (documento S/PRST/2010/25) que las partes pertinentes pusieran fin de inmediato a esas prácticas y reconoció que los Estados tienen la responsabilidad principal de proteger y garantizar los derechos humanos de todos los individuos de sus territorios. También reafirmó su compromiso de abordar los impactos de los conflictos armados en los civiles.

La Sra. Valerie Amos, Secretaria General Adjunta para Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, al informar al Consejo, dijo que cualquier desarrollo positivo en la amplia labor de la protección de civiles había sido desbancado con fuerza porque, con frecuencia, las partes en conflicto fallaban en el cumplimiento de sus obligaciones legales internacionales de proteger a las personas de su territorio. Afirmó que, donde no somos capaces de promover y animar el cumplimiento de la ley, el Consejo debe hacer más para que se cumpla, incluso comprometiéndose a estar dispuesto a reaccionar ante los conflictos en los que se atente contra civiles o se obstruya deliberadamente la asistencia humanitaria.

Aquel día, en un debate abierto, casi 55 oradores se centraron en los cinco desafíos principales del Secretario General, y prestaron una atención especial a un dilema en concreto: promover el cumplimiento de la legislación internacional por parte de los grupos armados no estatales. Se indicó que esa interacción podría otorgar una legitimidad no intencionada a los autores violentos del terrorismo. El debate también se centró en los impactos del conflicto armado en los desplazamientos y en la protección de la población civil para los mandatos de mantenimiento de la paz.

El 7 de julio, en otro debate de un día de duración sobre el tema, el Sr. Ban, Secretario General, dijo al Consejo que debía ampliar su enfoque para incluir los factores causales y normativos del problema y así abordar el gran desafío común. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9973 Disponible en inglés). Afirmó que, aunque la gestión de las hostilidades y sus consecuencias inmediatas deba seguir siendo un objetivo principal, centrarse solo en eso significaría tratar los síntomas en vez de las causas. Solicitó una mayor atención hacia causas fundamentales como la falta de buena gobernanza, la competición por los recursos, y otros factores como la etnia y la ausencia de una seguridad y un estado de derecho eficaces.

El Sr. John Holmes, el entonces Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, informó al Consejo por última vez en calidad de tal y dijo que se habían registrado avances durante su mandato en cuanto a la institucionalización de la protección de los civiles. Afirmó que, sin embargo, se temía que apenas se habían producido mejoras sobre el terreno en los últimos años, y señaló que los civiles constituían la mayoría de las víctimas en los conflictos armados. Añadió que, tan solo en 2009, murieron miles de civiles a causa de conflictos en Gaza, Sri Lanka, la República Democrática del Congo, Somalia y otros lugares.

La Sra. Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que, para tener resultados efectivos sobre el terreno, los agentes humanitarios y de derechos humanos deben trabajar juntos y así se conseguirá una ejecución eficaz del marco normativo de las Naciones Unidas. Dijo que realizar un seguimiento de los derechos humanos podría ayudar a disparar las alarmas cuando las situaciones estuvieran en riesgo de degenerar en violencia, y añadió que al Consejo podría resultarle útil la información reunida por su Oficina y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en ese contexto.

Surgió una propuesta del debate posterior para la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, establecida de conformidad con el Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra, para que investigase las presuntas violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario, independientemente del contexto y del presunto autor.


El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.