África
República Democrática del Congo
En el transcurso de seis reuniones y tras un aumento de la violencia causada por grupos armados en las provincias orientales del país, el Consejo intensificó sus esfuerzos para proteger a los civiles. Alrededor de 250.000 personas se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares. El Consejo pudo llevar a cabo estas medidas gracias a la ampliación en diciembre de 2008 del mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC).
Con el objetivo de fortalecer la capacidad de la MONUC para proteger a los civiles y para diseñar futuros ajustes, el Consejo amplió su mandato solamente hasta el 31 de mayo de 2010, tras el informe presentado el 16 de diciembre por Alan Doss, Representante Especial del Secretario General y Presidente de la MONUC. Doss puso de manifiesto la necesidad de obtener un mandato más alcanzable que fuese finalmente una vía hacia la reforma en el sector de la seguridad a nivel nacional. Hasta la ampliación del mandato de la MONUC el 23 de diciembre de 2009, el Consejo continuó expresando una preocupación extrema acerca de los ataques a civiles que se estaban produciendo en el este, incluidas la violencia sexual y el reclutamiento de niños por parte de grupos armados. Entre estas facciones se encontraban ahora el Ejército de la Resistencia (LRA) de Uganda, así como también grupos de la milicia étnica Hotu conocidos como Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). (Véanse los comunicados de prensa SC/9820 y SC/9832.)
El 23 de abril, el Sr. Doss anunció que la situación en el este había experimentado un «cambio sin precedentes» cuando el Congrès national pour la défence du peuple (CNDP), seguido por otras milicias congolesas, declaró el 23 de marzo su voluntad de integrarse en las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). En dicho informe, y en otros presentados el 10 y el 18 de octubre, el Sr. Doss también describió los desafíos que suponía proteger a los civiles, a pesar de los planes de integración y el aumento del número de «cascos azules» en el este. Asimismo, destacó la carencia de apoyo aéreo, los ataques de las FDLR contra civiles, y la violencia ejercida por elementos indisciplinados de las FARDC, un problema que se agudizó con el proceso de integración de las tropas. Al mismo tiempo, el Sr. Doss puso énfasis en el último informe en el progreso realizado gracias a las operaciones conjuntas de las FARDC con Rwanda y la MONUC, los programas de estabilización, y la repatriación de un número creciente de combatientes de las FDLR y sus dependientes. (Véanse los comunicados de prensa SC/9631, SC/9701 y SC/9769.)
El 17 de febrero, al describir la situación humanitaria, John Holmes, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, declaró que existía la necesidad de mejorar la ayuda de emergencia para aliviar el sufrimiento en el este, donde la tasa de desnutrición y de desplazamientos masivos se situaba en torno al 75% o más. Asimismo, señaló que era necesario reconstruir la capacidad nacional a todos los niveles, con el fin de posibilitar que los residentes rehiciesen sus vidas sobre una base sólida. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9573.)
El 30 de noviembre, el Consejo amplió por un año el embargo de armas y el régimen de sanciones contra los violadores y el resto de personas que amenazasen la paz. Condenaba así el ilícito tráfico de armas que continuaba produciéndose en la República Democrática del Congo. Del mismo modo, el Consejo amplió por un período de tiempo similar el mandato del Grupo de Expertos. Además, incluyó dentro de sus competencias algunas directrices acerca de la compra y el procesamiento de minerales, poniendo énfasis de nuevo en las provincias del este. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9798.)
Grandes Lagos
La tarea de reducir la violencia en la República Democrática del Congo se abordó también en dos reuniones realizadas acerca de la subregión del África centro-oriental. El 15 de enero, Olusegun Obasanjo, Enviado Especial del Secretario General, informó a los miembros acerca del confuso diálogo que habían mantenido el Gobierno y el CNDP. El 23 de noviembre, el Sr. Obasanjo realizó una puesta al día del proceso de paz junto con el CNDP y otros grupos armados, y afirmó que el «camino hacia la guerra» había sido cortado por el acuerdo del 23 de marzo. No obstante, insistió en la importancia de ocuparse de las causas subyacentes tras las repetidas crisis. Al mismo tiempo, abogó por una cooperación más intensa entre los Gobiernos de la República Democrática del Congo y Rwanda, con el objetivo de llevar a cabo una acción conjunta contra las FDLR. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9573.)
Sudán: Un Acuerdo General de Paz
«Sin exagerar, 2009 podría ser un año decisivo", declaró en referencia a las posibilidades de alcanzar la paz Ashraf Jehangir Qazi, Representante Especial del Secretario General para el Sudán y Presidente de la Misión de las Naciones Unidas en ese país (UNMIS), durante una sesión informativa ante el Consejo celebrada el 5 de febrero. Asimismo, añadió que el Acuerdo General de Paz, firmado por el Gobierno y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A) en 2005, era fundamental pero frágil. “Este es el desafío al que tienen que hacer frente hoy el Sudán, la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad”.
Añadió también que el Acuerdo se encontraba en una coyuntura crítica cuando quedaban menos de dos años para que finalizase el período provisional. Además, indicó que el ambiente para esos dos años finales se preveía difícil y complejo. Los desafíos críticos para la implementación de este Acuerdo incluían la demarcación de las fronteras, la finalización de la redistribución de las fuerzas, los resultados de los censos, las elecciones y los procesos de desarme, desmobilización y reintegración. Para el referendum acerca del futuro del país que se celebrará en el 2011, la demarcación de las fronteras entre el norte y el sur, los resultados de los censos, las elecciones, y un acuerdo acerca del reparto de la riqueza y los ingresos procedentes del petróleo para el perídodo post-referendum serán fundamentales. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9590.)
El 30 de abril, el Consejo amplió el mandato de la UNMIS hasta el 30 de abril de 2010, y pidió a la Misión que se preparase para ayudar a las partes con el referendum nacional programado para 2011. Asimismo, requirió su colaboración en la preparación, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de unas elecciones nacionales aceptables que se celebrarían en 2010. El Consejo pidió a todas las partes que apoyasen la implementación del Acuerdo General de Paz, y que cooperasen permitiendo a la UNMIS el acceso total e ilimitado a la región Abyei para su control y verificación. Asimismo, instó a la Misión a desplegar el personal suficiente para ampliar los esfuerzos de prevención de conflictos y garantizar la seguridad para la población civil. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9649.)
Sudán: Cuestiones humanitarias
El Coordinador del Socorro de Emergencia, John Holmes, habló sobre la situación humanitaria del país en una sesión informativa celebrada el 11 de junio. En dicha reunión se trataron las consecuencias de la expulsión por parte del Gobierno de los grupos de ayuda humanitaria en marzo, después de que el Tribunal Internacional de Justicia expidiese una orden judicial de arrestro contra el presidente Omer Hassan al-Bashir. Holmes reconoció los esfuerzos del Gobierno por colaborar de manera más intensa con los trabajadores humanitarios tanto en el norte como en el sur. Sin embargo, señaló que la situación que se vivía en la parte meridional del país era más preocupante. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9678.)
Sudán: Darfur
El 20 de marzo, durante una reunión previa, el Director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas expresó su preocupación acerca de la difícil situación que vivían los civiles en el conflictivo Darfur, e instó a las autoridades a revocar la decisión de expulsar a las agencias humanitarias. Sin embargo, el representante del Sudán subrayó que la decisión era irrevocable y que los expulsados se habían «saltado a la torera todas las prohibiciones». El representante de Libia, en calidad de Presidente de la Unión Africana, señaló que el Tribunal Internacional de Justicia había iniciado un procedimiento, a expensas de la paz, que nunca conseguiría justicia ni pondría fin al conflicto en Darfur. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9622.)
Al describir Darfur como un «conflicto de todos contra todos» en una sesión informativa celebrada el 27 de abril, Rodolphe Adada, Representante Especial Conjunto de la Unión Africana y las Naciones Unidas y Presidente de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), afirmó que, aunque el enfrentamiento se había convertido en un conflicto de baja intensidad, todavía existía un peligro constante de que se produjera un serio empeoramiento de la situación. El dictamen emitido por el Tribunal Internacional de Justicia había anulado el proceso político y no se consideraba posible alcanzar un alto el fuego global. Asimismo, Adada advirtió que en la situación actual, en la que los movimientos armados luchaban entre ellos, el ejército se enfrentaba con las milicias y ambas partes asesinaban a civiles, dos cuestiones sobresalían sobre las demás: el riesgo de que el Gobierno y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad alcanzasen un acuerdo militar, y el pésimo estado de las relaciones entre el Sudán y el vecino Chad. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9644.)
En dos reuniones celebradas el 5 de junio y el 4 de diciembre, Luis Moreno-Ocampo, Fiscal del Tribunal Internacional de Justicia, informó acerca de algunos delitos cometidos en el Sudán bajo la jurisdicción del Tribunal. Durante la primera de estas reuniones, declaró que el Sudán tenía la responsabilidad, recogida en la Carta de las Naciones Unidas, de arrestar al presidente Bashir y a otros ciudadanos sudaneses con cargos por crímenes cometidos en Darfur. Ocampo insistió en que el dictamen del Tribunal había sido enviado a las autoridades sudanesas. El 4 de diciembre comunicó al Consejo: «El presidente Bashir tendrá que hacer frente a la justicia. Cualquier dirigente que cometa algún delito deberá hacer frente a la justicia. El poder no proporciona inmunidad».
En la segunda reunión, la mayoría de los miembros del Consejo afirmaron que no existía ninguna contradicción entre la justicia y la paz, y que combatir la impunidad era una condición necesaria para conseguir una paz duradera. Sin embargo, el representante de Burkina Faso señaló que el objetivo de justicia no podría en sí y para sí mismo traer paz sin alcanzar también una solución política. Además, pidió que el Tribunal retirase la acusación al Presidente. (Véanse los comunicados de prensa SC/9672 y SC/9804.)
En un debate realizado el 24 de julio, Alain Le Roy, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, expresó la profunda frustración que sentía al ver que el gobierno, los movimientos rebeldes y la comunidad internacional no habían conseguido reunir la voluntad política necesaria para hacer frente a la crisis. Le Roy pidió a las Naciones Unidas que adaptasen sus acciones para que fuesen efectivas. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9716.)
El Consejo amplió el mandato de la UNAMID hasta el 30 de julio, y exigió que todas las partes que participaban en el conflicto de Darfur pusiesen punto y final a la violencia inmediatamente, incluidos los ataques a civiles, a los trabajadores de las fuerzas de mantenimiento de la paz y al personal humanitario. La resolución 1881 (2009) también postulaba un cese de las hostilidades y requería que todas las partes se comprometiesen a mantener un alto el fuego permanente. Reiteraba además que no habría una solución militar posible para el conflicto. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9721.)
El 13 de octubre, el Consejo adoptó la resolución 1891 (2009), en la que se aprobaba la ampliación del mandato del Grupo de Expertos por un año. De este modo, ayudaba a controlar el embargo de armas y las sanciones contra aquellas personas que impedían la consolidación de la paz en el Sudán. A este respecto, el Consejo subrayó su compromiso con el proceso de paz en el Sudán, incluido Darfur. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9765.)
Durante un debate realizado el 30 de noviembre, el Consejo deliberó acerca del informe presentado por el Secretario General sobre la UNAMID, que incluía sus propuestas para cumplir el mandato de la Misión y algunas perspectivas sobre las elecciones nacionales de 2010, para las cuales ya se había iniciado el proceso de empadronamiento. Edmund Mullet, Subsecretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, declaró que lo más importante era alcanzar una solución política global para poner fin a la marginación de Darfur y permitir la representación legítima de la región en el proceso político nacional. Djibril Bassolé, Mediador Principal Conjunto de la Unión Africana y las Naciones Unidas, señaló que las conversaciones de paz se habían iniciado el 18 de noviembre en Doha, Qatar. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9800.)
El 21 de diciembre, el Consejo consideró las recomendaciones del Grupo de alto nivel de la Unión Africana, establecido por el organismo regional Paz y por el Consejo de Seguridad, y presidido por el expresidente de Sudáfrica Thabo Mbeki. Dicho Grupo mantenía informado al Consejo acerca de sus descubrimientos. Jean Ping, presidente de la Comisión de la Unión Africana, comunicó a los miembros del Consejo que el Grupo había desarrollado un enfoque global, ya que creía firmemente que los objetivos de paz, reconciliación y justicia en Darfur estaban íntimamente ligados. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9829.)
Somalia
El Consejo se reunió 11 veces para tratar las cuestiones relacionadas con Somalia. De este modo, supervisó de cerca el inestable progreso del proceso de paz de Djibouti, firmado por el Gobierno Federal de Transición y algunas facciones armadas. Durante el año, también proporcionó apoyo al sector de seguridad del Gobierno de Transición y a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). Igualmente, evaluó las condiciones necesarias para llevar a cabo una operación de paz de las Naciones Unidas con el objetivo de sustituir a la fuerza regional. Además, continuó tratando de eliminar la pirateria de la costa somalí.
El 16 de enero, el Consejo adoptó la resolución 1863 (2009), en la que se expresaba la intención de establecer dicha operación, siempre y cuando se reunieran las condiciones necesarias. La decisión final sería adoptada el 1 de junio. Igualmente, solicitó la creación de un fondo fiduciario, con el objetivo de ayudar a desarrollar las fuerzas de seguridad del Gobierno y apoyar a la AMISOM. Para ello, amplió el mandato de la misión por seis meses y pidió que la Unión Africana reforzase su despliegue hasta alcanzar la máxima fuerza autorizada de 8.000 soldados, de modo que pudiese llevar a cabo su mandato de proteger las instalaciones claves de la capital, Mogadiscio. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9505.)
Durante los dos meses siguientes se observó un progreso significativo en el proceso de Djibouti. El 20 de marzo, Ahmedou Ould-Abdallah, Representante Especial del Secretario General, demandó la creación de un Gobierno unido y abogó por una estrategia que fusionase al gobierno, la seguridad y el desarrollo. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9620.)
Dicho sentido del progreso todavía se sentía el 13 de mayo, cuando B. Lynn Pascoe, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, y Alain Le Roy, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, informaron al Consejo. Ambos le transmitieron las recomendaciones del Secretario General de que la participación de las Naciones Unidas se realizase en tres fases: primero, manteniendo el apoyo a la AMISOM, y después, si las circunstancias lo permitían, estableciendo una presencia internacional «de impacto limitado» en Mogadiscio. Más adelante, tras realizar nuevas evaluaciones, el Consejo podría decidir si desplegar una operación de las Naciones Unidas, siempre y cuando las condiciones fueran las adecuadas. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9658.)
Sin embargo, dos días después, el Consejo se vió obligado a condenar una reanudación de los ataques contra el Gobierno Federal de Transición iniciados el 15 de mayo por militantes de Al-Shabaab y otros «grupos extremistas». En un comunicado presidencial, el Consejo declaró que la reanudación de la lucha constituía un intento de eliminar al legítimo Gobierno Federal de Transición, y exigió a los grupos de la oposición que finalizasen inmediatamente sus ofensivas, abandonasen las armas y colaborasen en los esfuerzos de reconciliación. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9661.)
El Consejo reiteró su condena el 26 de mayo, cuando renovó el mandato de la AMISOM, y el 9 de julio, en una declaración presidencial en la que se comprometía a considerar el hecho de tomar medidas contra Eritrea y contra otros países que prestaban su apoyo a algunos grupos armados de Somalia. En una reunión el 29 de julio, el señor Ould-Abdallah pidió que se llevara a cabo inmediatamente una acción internacional para estabilizar la situación. (Véanse los comunicados de prensa SC/9663, SC/9700 y SC/9719.)
En una sesión informativa realizada el 25 de octubre, el Sr. Pascoe sugirió a los miembros del Consejo que la aplicación de sanciones selectivas podría ser un modo efectivo para luchar contra los «elementos perturbadores». Por su parte, Craig Boyd, Director de la Operación de las Naciones Unidas de Apoyo a la AMISOM, informó de que el fondo fiduciario para la misión contaba con casi 139 millones de dólares americanos, mientras que la Asamblea General había aprobado destinar otros 139 millones. Por otro lado, no se consideraba que las condiciones de seguridad hubieran mejorado lo suficiente como para pasar al siguiente estadio de las tres fases de la presencia de las Naciones Unidas en el país. La razón era la constante presencia de la violencia. Prueba de ello fue el ataque terrorista llevado a cabo en una ceremonia de graduación de medicina, que fue condenado por el Consejo el 3 de diciembre, quien lo calificó de «ataque criminal». (Véanse los comunicados de prensa SC/9761 y SC/9802.)
Con el fin de evitar la amenaza que suponía la piratería para la ayuda humanitaria y para otras actividades marítimas, el 30 de noviembre el Consejo renovó por un período de 12 meses la autorización a todos los Estados para luchar contra los piratas con todos los medios necesarios, tanto en aguas somalíes como en cualquier otro sitio. Además, los invitó a facilitar su acusación. Ould-Abdallah subrayó que la labor de combatir la piratería no debía limitarse a emplear una fuerza naval internacional, sino que tenía que formar parte de un plan global para atacar sus causas principales. Señaló además que la piratería de las costas somalíes no era solamente una actividad criminal, sino también «un negocio muy rentable». (Véanse los comunicados de prensa SC/9799 y SC/9793)
Djibouti y Eritrea
El 14 de enero, el Consejo adoptó la resolución 1862 (2009), que mostraba su gran preocupación acerca de la disputa fronteriza continua entre Djibouti y Eritrea tras los conflictos que se produjeron en junio de 2008 en la zona de Ras Doumeira y la isla de Doumeira. A través de dicha resolución, el Consejo instaba a los dos países a buscar una solución pacífica, y exigía que Eritrea retirase sus fuerzas hasta la posición que ocupaban antes de que comenzasen los enfrentamientos en un plazo de cinco semanas. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9570.)
El 23 de diciembre, el Consejo adoptó la resolución 1907 (2009), como consecuencia del incumplimiento por parte de Eritrea de dicha demanda y del informe realizado por el Grupo de Supervisión que ayudaba al Comité de Sanciones pertinente. En dicho infrome se afirmaba que el país estaba apoyando a grupos armados que minaban toda posibilidad de alcanzar la paz y la reconciliación en Somalia. Esta resolución imponía un embargo al tráfico de armas hacia y desde Eritrea, así como también restricciones al desplazamiento y la congelación de los activos de sus dirigentes políticos y militares. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9833.)
Côte d'Ivoire
Este país del África occidental se encuentra divido en dos a causa de una guerra que comenzó hace siete años. Como consecuencia, el sur se encuentra controlado por el Gobierno, mientras que el norte quedó en manos de las Forces Nouvelles, un grupo integrado por facciones de la oposición. A este respecto, el Consejo llevó a cabo nueve reuniones que se centraron en los repetidos aplazamientos de las elecciones presidenciales, que constituían un gran obstáculo a la hora de implementar el Acuerdo Político de Uagadugú, el programa establecido en 2007 con el fin de alcanzar la reconciliación política en Côte d'Ivoire.
Más recientemente, en una declaración presidencial realizada el 8 de diciembre, el Consejo expresó su preocupación por el aplazamiento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales fijada para el 29 de noviembre. El Consejo había dado el visto bueno al establecimiento de dicha fecha por medio de un comunicado presidencial emitido el 29 de mayo. En una declaración posterior realizada el 29 de septiembre, expresó su preocupación acerca del restraso en la publicación de la lista provisional de votantes. (Véanse los comunicados de prensa SC/9809, SC/9669 y SC/9750.)
En algunos informes, Choi Young-jin, Representante Especial del Secretario General y Presidente de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI), definió la situación como una «mezcla de signos preocupantes y un sólido progreso». Los retrasos en las elecciones se combinaban con la finalización del empadronamiento de votantes el 30 de junio y con otros pasos dados en pos de la reunificación. Además, existía un «clima imperante de paz y estabilidad». (Véanse los comunicados de prensa SC/9577, SC/9645 y SC/9715.)
Tras acordar con el Secretario General que el delicado proceso electoral y otras tareas pendientes establecidas por el Acuerdo de Uagadugú necesitaban que la ONUCI mantuviera sus capacidades principales, el Consejo amplió su mandato, junto con el de las tropas de apoyo francesas, a través de la resolución 1865 (2009), aprobada el 27 de enero, y de nuevo el 30 de julio, por medio de la resolución 1880 (2009). El 29 de octubre, adoptó la resolución 1893 (2009), por la cual renovó el embargo de armas, la prohibición del comercio de diamantes y las restricciones de viaje a individuos que podían suponer una amenaza para el proceso de paz. Del mismo modo, se mantuvo pendiente del progreso de las elecciones y otros requisitos del Acuerdo de Uagadugú. (Véanse los comunicados de prensa SC/9584, SC/9720 y SC/9779.)
Burundi
Puesto que Burundi se encuentra en una nueva etapa en sus esfuerzos para salir de un conflicto civil que ha durado mucho tiempo, el apoyo para conseguir una reconstrucción socio económica y las elecciones de 2010 deberían ser el centro de la asistencia internacional, tal y como Per Orneus (Suecia), cuyo país presidía las reuniones de Burundi de la Comisión de Consolidación de la Paz, explicó al Consejo el 9 de junio. Se ha realizado un progreso considerable en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración, y todos los niños antiguamente relacionados con las Forces nationales de libération (FNL) han podido reunirse con sus familias. El antiguo grupo rebelde participaría como partido político en las elecciones venideras. (Véase el boletín de prensa SC/9675.)
El 10 de diciembre, Youssef Mahmoud, Representante Ejecutivo del Secretario General y Responsable de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi (BINUB), explicó al Consejo que el país requería asistencia internacional continua en lo referente a programas para erradicar la pobreza, al desarrollo y a las elecciones.La BINUB estaba buscando con urgencia formas prácticas de ayudar a aquellos votantes potenciales de las elecciones de 2010 que no podían permitirse los gastos administrativos que conllevaba la adquisición de un documento nacional de identidad.
En la misma reunión, Peter Maurer (Suiza), Presidente de la configuración encargada de la Comisión de la Consolidación de la Paz de Burundi, afirmó que las elecciones constituirían una evaluación de la sostenibilidad del proceso de paz y que resultaba esencial crear un entorno adecuado para unas elecciones libres, justas y pacíficas.No obstante, se temía que la población realizara actos violentos, y muchos habían manifestado también su preocupación por la intimidación, las limitaciones de los derechos civiles, las amenazas e incluso los ataques físicos, sobre todo por parte de bandas juveniles.Afirmó que su prioridad sería la estrecha vigilancia para que las elecciones se desarrollaran de forma pacífica.
Sin embargo, Augustin Nsanze, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Burundi, se opuso al informe de la BINUB. En su opinión, el Gobierno sí estaba tratando temas como la seguridad, el estado de derecho, la situación de la mujer y de los niños y los derechos humanos.Advirtió que sería inadecuado que el Gobierno se viera obligado a pedir a las Naciones Unidas que reemplazara a sus representantes sobre el terreno.(Véase el boletín de prensa SC/9812.)
El 17 de diciembre, el Consejo prolongó el mandato de la BINUB hasta el 31 de diciembre de 2010 mediante la resolución 1902 (2009), que subrayó la necesidad de que la comunidad internacional mantuviera su apoyo a la consolidación de la paz y a un desarrollo a largo plazo en Burundi. También señaló la importancia de la reforma del sector de la seguridad e instó a todos los colaboradores internacionales a apoyar los esfuerzos del Gobierno para profesionalizar y mejorar la capacidad política, especialmente en los ámbitos de derechos humanos y violencia de género.(Véase el Comunicado de Prensa SC/9823.)
República Centroafricana
El 10 de marzo, François Lonseny Fall, Representante Especial del Secretario General y reciente Responsable saliente de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BONUCA) informó al Consejo del resultado del esperado diálogo político que se había desarrollado en diciembre de 2008 y del consiguiente establecimiento de un nuevo Gobierno global en enero de 2009. Advirtió, no obstante, que aún existían tensiones en el norte del país.
El 22 de junio y el 15 de diciembre se celebraron sesiones informativas sobre el progreso en la seguridad y el desarrollo económico, en las que participó el Presidente de la configuración encargada de la Comisión de la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana. (Véanse los comunicados de prensa SC/9611, SC/9688 y SC/9816.)
El 7 de abril, en un comunicado presidencial, el Consejo aprobó la propuesta del Secretario General de transformar BONUCA en la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (BINUCA). Este cambio se efectuaría el 1 de enero de 2010. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9626.)
El Consejo agradeció la formación de BINUCA y solicitó, en un comunicado presidencial del 21 de diciembre, que se establecieran directrices que guiaran la tarea de la nueva oficina. Además, pidió al Gobierno y a otros colaboradores que celebraran elecciones oportunas y fiables en 2010. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9828.)
Chad
El Consejo condenó, en un comunicado presidencial el 8 de mayo, las nuevas incursiones militares en la región oriental del Chad realizadas por grupos armados del Chad que entraron en el país desde el exterior. Realizó un llamamiento al Chad y al Sudán para que implementaran completamente los Acuerdos de Doha del 3 de mayo y el Acuerdo de Dakar del 13 de marzo de 2008 y para que que normalizaran sus relaciones. Un miembro superior del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz le comunicó al Consejo que los conflictos entre las fuerzas de seguridad del Chad y los rebeldes de la Union des forces de la résistence (UFR) ponían en peligro el desarrollo de la asistencia humanitaria. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9654.)
República Centroafricana, Chad y Subregión
Para enfrentarse a la amenaza humanitaria que suponen los grupos armados en las áreas que rodean Darfur, la región del Sudán, el Consejo había autorizado una «presencia multidimensional» en el Chad oriental y en la República Centroafricana nororiental, realizada por la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) y las tropas enviadas por la Unión Europea (EUFOR).
El 14 de enero, el Consejo adoptó la resolución 1861 (2009), por la cual ampliaba el mandato de la MINURCAT hasta el 15 de marzo de 2010 y autorizaba a la Misión a sustituir a la EUFOR en la tarea de proteger a los civiles en peligro facilitando la ayuda humanitaria y protegiendo al personal y las instalaciones de las Naciones Unidas. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9569.)
El Consejo escuchó los informes el 24 de abril y el 28 de julio sobre el progreso del despliegue de las tropas de las Naciones Unidas y los retos asociados. El 22 de octubre, comprobó que la MINURCAT continuaba consolidando la confianza a través de operaciones de perfil elevado para disminuir la criminalidad y para proporcionar seguridad y protección a los civiles. También el Chad y el Sudán habían progresado en sus esfuerzos por normalizar sus relaciones. (Ver notas de prensa SC/9641 , SC/9718 y SC/9771.)
Guinea-Bissau
El 3 de marzo, en un comunicado presidencial, el Consejo condenó los asesinatos del Presidente João Bernardo Vieira y el Jefe del Ejército Tagme Na Waie el 1 y el 2 de marzo, respectivamente. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9605.)
En su informe para el Consejo del 8 de abril, Joseph Mutaboba, Representante Especial del Secretario General y Responsable de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau, instó al Consejo a que «enviara una señal» al Gobierno y a las fuerzas de seguridad, para que ambos comprendieran que son responsables de proteger a sus ciudadanos y de garantizar los derechos humanos, especialmente de cara a las próximas elecciones legislativas, que se convocaron como consecuencia de los asesinatos. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9630.)
El 9 de abril, el Consejo agradeció la toma de juramento del Presidente Interino Raimundo Pereira. Además, programó las elecciones presidenciales para el 28 de junio. En un comunicado presidencial, subrayó la importancia de una reconciliación nacional y de la lucha contra la impunidad. También condenó casos recientes de detenciones arbitrarias, ataques armados e intimidación. Además, el Consejo manifestó su preocupación por el aumento del tráfico ilegal de droga en el país y la subregión. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9632.)
A menos de una semana antes de las elecciones, el 23 de junio, el señor Mutaboba solicitó al Consejo y a la comunidad internacional que proporcionaran el apoyo que tanto se necesitaba tanto para las elecciones como para las reformas electorales y gubernamentales. Maria Luiza Ribeiro Viotti (Brasil), Presidenta de la configuración encargada de la Comisión de la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau, recalcó que debían esforzarse por asegurar que las elecciones del 28 de junio fueran libres, justas y transparentes, para que de este modo constituyeran un buen comienzo para el verdadero diálogo entre las principales fuerzas políticas, lo que resulta fundamental para la consolidación de la paz. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9690.)
Con la resolución 1876 (2009) del 26 de junio, el Consejo autorizó una ampliación de seis meses del mandato de UNOGBIS y solicitó al Secretario General que estableciera una Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNIOGBIS) durante un período inicial de 12 meses. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9693.)
En un comunicado presidencial, el 5 de noviembre el Consejo agradeció que las elecciones presidenciales fueran pacíficas y que el nuevo Presidente Interino adquiriera un compromiso para luchar contra la impunidad, para fomentar la reconciliación nacional y para conseguir un desarrollo socioeconómico. Repitió la importancia de consolidar la democracia, la seguridad, el estado de derecho, la reconciliación nacional y la lucha contra la impunidad. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9782.)
Guinea
Como reacción a los asesinatos que tuvieron lugar en la capital, Conakry, el 28 de septiembre después de que las tropas abrieran fuego contra civiles que asistían a una concentración, el 28 de octubre el Consejo realizó un comunicado presidencial en el que condenaba la violencia y manifestaba una vez más que las autoridades nacionales debían obligar a los autores de los crímenes a responder ante la justicia. El Consejo expresó su profunda preocupación por el hecho de que la situación de Guinea pudiera suponer un riesgo para la paz y la seguridad regionales. Además, el Consejo reparó en las decisiones del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana referentes a las sanciones y en aquella de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) de imponer un embargo de armas en Guinea. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9777.)
Sierra Leona
Centrado en la tarea de la nueva Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIPSIL) --creada para ayudar a este país de África Occidental a recuperarse de la guerra civil que finalizó en 2002 --, el 8 de febrero el Consejo escuchó a Michael von der Schulenburg, Responsable de la mencionada Oficina. Éste advirtió que, aunque se había realizado un progreso considerable, la estabilidad no se conseguiría de la noche a la mañana. Añadió, además, que el apoyo internacional era necesario para superar retos como la corrupción, el tráfico de drogas y el desempleo juvenil.(Véase el Comunicado de Prensa SC/9592.)
El 15 de julio, el Consejo fue informado por los altos oficiales del Tribunal Especial para Sierra Leona de la importancia del juicio del antiguo presidente de Liberia Charles Taylor para lograr la paz y la estabilidad en África Occidental. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9707.)
El 8 de junio, el Consejo se reunió con el señor Schulenburg y con John McNee (Canadá), Presidente de las reuniones específicas para Sierra Leona de la Comisión de Consolidación de la Paz, que pedían apoyo para la estrategia unificada de las Naciones Unidas en el país y elogió su liderazgo político por acceder a un comunicado conjunto durante unos estallidos de violencia en marzo. Zainab Hawa Bangura, Ministro de Asuntos Exteriores, afirmó que el Presidente Ernest Bai Koroma había establecido nuevas estructuras e iniciativas sobre todo para aprovechar los recursos nacionales. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9673.)
El 15 de septiembre, el Consejo adoptó la resolución 1886 (2009), mediante la que se autorizaba la ampliación del mandato de la UNIPSIL 12 meses más. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9742.)
Liberia
Con intención de destacar la necesidad de seguridad de parte del Tribunal Especial para Sierra Leona, el Consejo adoptó la resolución 1885 (2009) el 15 de septiembre. Mediante esta resolución se prolongó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) hasta el 30 de septiembre de 2010. Al final de la tercera etapa de la reducción de la Misión, en mayo de 2010, ésta contaría con una fuerza militar de 8.202 efectivos. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9741.)
El 17 de diciembre, el Consejo adoptó la resolución 1903 (2009), mediante la que se renovaba durante 12 meses la prohibición de viajar a aquellas personas que presumiblemente supondrían una amenaza para la paz en Liberia. También se reajustó, para el mismo período, el embargo de armas. Se pretendía permitir que el Gobierno y la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) recibieran material militar.
El Consejo también exigió que el Gobierno realizara los esfuerzos necesarios para reforzar la congelación de bienes que se impuso a las personas y entidades sancionadas, que continuaba en vigor. También prolongó, hasta el 20 de diciembre de 2010, el mandato del Grupo de Expertos que supervisaban la puesta en marcha de las medidas mencionadas.
África Occidental
En dos sesiones, el 21 de enero y el 7 de julio, Said Djinnit, Representante Especial del Secretario General y Responsable de la Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental (UNOWA), afirmó que las causas originarias del conflicto en la subregión todavía no se habían tratado, especialmente el desempleo juvenil, la urbanización rápida, la corrupción, la migración irregular y la inseguridad alimentaria. El 7 de julio, Antonio Maria Costa, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), acompañó al señor Djinnit, y los dos se centraron en el tráfico de cocaína. (Ver comunicado de prensa SC/9581 y SC/9699).
El 10 de julio, mediante un comunicado presidencial, el Consejo manifestó su «profunda preocupación» por la fragilidad de los recientes progresos en la recuperación después del conflicto y en la gobernanza en el África Occidental. Subrayó la necesidad de una estrategia completa para combatir una serie de amenazas que estaban surgiendo en la subregión, entre las que se encontraban las actividades terroristas en el Sahel, la inseguridad marítima en el Golfo de Guinea, el tráfico ilegal de drogas, la abundancia de armas y el resurgimiento de tomas antidemocráticas de poder. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9702.)
Tras una reunión ministerial sobre tráfico de drogas, el Consejo realizó un comunicado presidencial el 8 de diciembre. En él, realizó un llamamiento a la comunidad internacional para que reforzara su cooperación antitráfico con las Naciones Unidas y con las organizaciones regionales. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9807.)
Sáhara Occidental
El 30 de abril, el Consejo adoptó la resolución 1871 (2009), mediante la que prolongaron un año más el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). La Misión se había establecido en la zona, un territorio no autónomo desde 1991, para supervisar la cesación del fuego entre Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario). La resolución agradeció el acuerdo de las partes con la sugerencia del Enviado Personal del Secretario General, que proponía establecer pequeñas conversaciones informales como preparación para una quinta ronda de negociaciones para lograr un acuerdo político. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9650.)
Unión Africana
El Consejo realizó tres comunicados presidenciales sobre asuntos panafricanos referentes a la Unión Africana. El 18 de marzo, tras un debate de un día de duración sobre el refuerzo de la cooperación entre las Naciones Unidas y el órgano regional en lo referente a la paz y la seguridad, el Consejo pidió al Secretario General Ban Ki-moon que informara sobre maneras prácticas de poner en funcionamiento las recomendaciones sobre la consolidación de la capacidad de la Unión Africana en muchas áreas. El Secretario General Ban, Ramtane Lamamra (el Comisario de la Unión Africana para la Paz y la Seguridad) y Romano Prodi (Presidente de un grupo sobre la cooperación entre la Unión Africana y las Naciones Unidas, también asistieron a la reunión. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9615.)
Como respuesta a un informe posterior, el 26 de octubre, el Consejo reconoció la importancia de la Unión Africana en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y pidió al órgano regional que desarrollara en colaboración con las Naciones Unidas una hoja de ruta de capacidad de construcción a largo plazo. Subrayó la necesidad de recursos predecibles, flexibles y sostenibles para las operaciones de mantenimiento de la paz llevadas a cabo por la Unión Africana. También prometió considerar todas las opciones para reforzar la financiación; además, repitió que las organizaciones regionales eran responsables de asegurar sus propios recursos mediante las contribuciones de sus miembros y el apoyo de los donantes. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9776.)
El 5 de mayo, secundando el comunicado de la Unión Africana sobre el resurgimiento de cambios de gobierno anticonstitucionales en algunos países africanos, el Consejo manifestó su gran preocupación por las consecuencias negativas que esto tiene en la seguridad y en el bienestar socioeconómico. Subrayó la importancia de restaurar cuanto antes el orden constitucional mediante elecciones fiables, entre otros métodos. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9651.)
El 28 de mayo, en un informe de Ruhakana Rugunda (Uganda) sobre una misión del Consejo de Seguridad en África del 14 al 21 de mayo se señalaba que se habían celebrado reuniones con la Unión Africana para repasar las situaciones del Sudán y de Somalia.
John Sawers (Reino Unido) y Jean-Maurice Ripert (Francia) informaron sobre la visita de la misión a la región de los Grandes Lagos, incluyendo la República Democrática del Congo y Rwanda. Afirmaba que la visita había constituido una oportunidad para el Consejo de animar a ambos Gobiernos a aumentar su colaboración. Susan Rice (Estados Unidos) compartió las impresiones de la misión sobre Liberia. Destacó la importancia de tratar la violencia contra las mujeres manteniendo las sanciones de determinados individuos, y la necesidad de consolidar las fuerzas de seguridad del Gobierno y el sector judicial para que la Misión de las Naciones Unidas allí (UNMIL) pudiera desarrollar sus actividades. (Véase el Comunicado de Prensa SC/9666.)
El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.