Tribunales Penales Internacionales
Como parte del esfuerzo para combatir la impunidad de numerosas violaciones de los derechos humanos, el Consejo se reunió 10 veces en relación con los diversos tribunales penales, centrándose en un nuevo órgano jurisdiccional para el Líbano y en los asuntos pendientes de los tribunales para Sierra Leona, la ex Yugoslavia y Rwanda. El Consejo también atendió, el 7 de junio y el 5 de diciembre, a las peticiones del Fiscal de la Corte Penal Internacional, acerca de la urgente necesidad de lograr la cooperación de Sudán a la hora de enjuiciar a los responsables de los crímenes de guerra masivos en Darfur (Comunicados de prensa SC/9036 y SC/9186 ).
Con la imposibilidad del Líbano para resolver los conflictos acerca de un Tribunal Especial que enjuiciara a los sospechosos del asesinato de su ex Primer Ministro Rafiq Hariri, el 30 de mayo, el Consejo atendió a la petición del Primer Ministro Fouad Siniora y autorizó el establecimiento de este tribunal mediante su resolución 1757 , con las abstenciones de China, Indonesia, Qatar, Federación de Rusia y Sudáfrica. El Tribunal todavía no se había establecido al final del año, puesto que la crisis política aún no se había calmado. El líder de la Comisión Investigadora de las Naciones Unidas sobre el asesinato, Serge Brammertz, informó al Consejo el 5 de diciembre y dijo que estaba «más seguro y optimista que nunca acerca de la posibilidad de concluir las investigaciones con éxito», dado que su equipo había conseguido dar respuesta a gran parte de los interrogantes clave en relación con el atentado perpretrado en febrero de 2005 (Comunicados de prensa SC/9029 y SC/9187 ).
El 8 de junio, el Consejo atendió a un informe del Tribunal Especial para Sierra Leona y emitió una declaración de la Presidencia el 28 de junio (S/PRST/2007/23) ) en la que acogía con beneplácito el comienzo del juicio al ex Presidente liberiano Charles Taylor en La Haya (que posteriormente se pospondría hasta principios de 2008) por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves del Derecho internacional humanitario, entre las que se encontraban asesinatos en masa, mutilaciones, violaciones, esclavitud sexual y el recurso a niños soldado, durante la guerra civil de Sierra Leona. Igualmente, acogió con beneplácito los primeros dictámenes del Tribunal en relación a otros imputados en dichos abusos, emitidos en el mes de junio en Freetown. El Consejo apeló al apoyo y financiación por parte de la comunidad internacional para posibilitar que el Tribunal culminara su trabajo (Comunicados de prensa SC/9037 y SC/9062 ).
Los Tribunales Penales Internacionales para la Ex Yugoslavia y Rwanda estaban llegando al final del proceso, según afirmaron el 18 de junio funcionarios de ambos Tribunales durante una reunión informativa conjunta, pero añadieron que la justicia quedaría incompleta si se permitía que los fugitivos de cualquiera de los tribunales no pasaran a disposición judicial (Comunicado de prensa SC/9048 )
El 14 de septiembre, el Consejo prorrogó el mandato de la Fiscal del Tribunal Para la Ex Yugoslavia, Carla Del Ponte, hasta el final del año, cuando, según ella misma dijo, deseaba abandonar el cargo. Meses después, el Consejo nombró al Sr. Brammertz, quien había dirigido la investigación en el caso Hariri, para que ocupara su cargo. El Consejo también renovó el mandato de Hassan Bubacar Jallow como Fiscal Jefe del Tribunal para Rwanda durante cuatro años más. Las resoluciones de nombramiento enfatizaron la importancia de la terminación completa y oportuna del trabajo de los respectivos Tribunales (Comunicados de prensa SC/9115 , SC/9197 y SC/9114 ).
El 10 de diciembre, en su informe de salida, la Sra. Del Ponte comunicó que el Tribunal para la Ex Yugoslavia había construido un «camino ancho y sólido para la justicia internacional», pero que el hecho de que Ratko Mladić y Radovan Karadžić, acusados de los crímenes más graves cometidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, siguieran en libertad, era una «mancha» en su expediente (Comunicado de prensa SC/9192 ).
El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.