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Consejo de Seguridad 2005: Recapitulación

Europa

Kosovo 

Ante el interés internacional sobre la proximidad de la determinación del estatuto final de Kosovo, el Consejo de Seguridad celebró tres reuniones para tratar la situación de esa problemática provincia de Serbia y Montenegro, durante las cuales escucharon varios informes y adoptaron una declaración de la Presidencia.

El 24 de febrero, el Consejo escuchó un informe presentado por Søren Jessen-Peterson, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), que declaró que las Instituciones Provisionales del Gobierno Autónomo habían progresado de forma tangible en la aplicación de las ocho normas necesarias para que el estatuto final fuese sometido a debate. No obstante, se necesitaba más para garantizar que los procesos positivos se tradujesen en medidas prácticas.

Afirmó que se había fijado para mediados de 2005 la presentación de un examen amplio de las normas. Si se determinase que los progresos realizados habían sido suficientes, la comunidad internacional debería estar preparada para emprender el proceso que derivase en las negociaciones del estatuto. La división de Kosovo era simplemente una opción no realista. No había ningún acuerdo amplio sobre una forma y fechas claras que pudiese derivar en las negociaciones del estatuto final.

Señaló, sin embargo, que, aunque la situación de seguridad seguía mejorando, muchos miembros de las comunidades minoritarias continuaban sintiéndose inseguros. Estas percepciones de inseguridad también impedían que muchos serbios regresasen a sus hogares.

Enfatizando ese punto, el representante de Serbia y Montenegro declaró que la extrema pobreza de los serbios y de otros habitantes de Kosovo no albaneses era intolerable. Además, el Parlamento y el Gobierno de Kosovo no eran realmente multiétnicos; no había ninguna estrategia para resolver el problema del elevado desempleo ni para emprender una recuperación económica real; los constantes ataques a los serbios y a otros habitantes no albaneses no se trataban de «incidentes aislados»; no se estaban llevando a cabo esfuerzos para reconstruir el patrimonio cultural serbio; y no había iniciativas para fomentar el retorno de los expulsados y desplazados.

El representante de Albania afirmó que el logro tangible de la UNMIK y del nuevo Gobierno constituía una base sólida y optimista para futuros avances en la aplicación de las normas. El proceso de aplicación, no obstante, era complejo y requería tiempo. El problema de las minorías no sólo exigía el compromiso de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil a todas las escalas, sino también el compromiso de la comunidad serbia. Esa minoría formaba parte de la sociedad kosovar y tenía los mismos derechos y responsabilidades. El debate sobre el estatuto de la provincia debía considerar el respeto hacia la libre determinación del pueblo, las garantías que protegiesen los derechos de las minorías y la exclusión de la posibilidad de división.

Los miembros del Consejo loaron el progreso alcanzado en cuanto a la aplicación de las normas, pero señalaron que, como no se había aplicado por completo ninguna de las ocho normas, había que hacer más, especialmente con respecto a la protección de los derechos de las minorías, la libre circulación, el establecimiento del estado de derecho, el retorno de los refugiados y la lucha contra el crimen organizado. Igualmente, debía tratarse la funesta situación económica y el diálogo directo entre Pristina y Belgrado debía ser primordial.

Los Estados Miembros destacaron que el objetivo de un Kosovo multiétnico y democrático solo podría alcanzarse si los serbios de Kosovo participaban en todas las actividades. El representante de la Federación de Rusia declaró que el grado de confianza de los serbios seguía siendo bajo y que sus temores eran alimentados por incidentes ante los que a menudo las autoridades locales no reaccionaban del modo adecuado.

Con respecto a las negociaciones del estatuto final, el Representante de Dinamarca declaró que el comienzo de estas conversaciones no era automático. Cualquier resultado se basaría principalmente en la capacidad de las autoridades para garantizar un Kosovo democrático y multiétnico. Para ese proceso sería determinante una gestión eficaz de la alarmante situación económica de Kosovo. Para que los esfuerzos garantizasen el crecimiento y el empleo en Kosovo, era importante que la UNMIK tuviese acceso a las instituciones internacionales de préstamos.

Presentando otro informe al Consejo, el 27 de mayo, el Sr. Jessen-Petersen, el Representante Especial del Secretario General en Kosovo, afirmó que el ritmo de un mayor progreso en la aplicación de las normas dependía de la voluntad de la comunidad mayoritaria de continuar en su empeño para la creación de un Kosovo multiétnico y democrático—una voluntad que sí existía, a pesar del reciente y doloroso conflicto. El grado de participación de la minoría de serbios en Kosovo en las Instituciones Provisionales del Gobierno Autónomo influiría en la medida en que sus intereses se reflejasen en la aplicación de las normas.

En cuanto al estatuto final de Kosovo, afirmó que la resolución de ese problema y la consiguiente seguridad implicarían un progreso más rápido y representativo en una gran variedad de problemas, suponiendo beneficios reales, entre otros, para el diálogo y el mercado regionales. Manifestó que había límites claros en los resultados conseguidos en cuanto a la integración regional, que podían alcanzarse sin ciertas garantías sobre el estatuto. Dejar pendiente la cuestión demoraría la integración regional y tendría efectos adversos en los intereses de todos los implicados.

Al presentar el informe del Secretario General sobre la UNMIK, señaló que, por primera vez en los últimos tiempos, Kosovo mostraba una fuerte oposición, crítica con el trabajo del Gobierno, aunque de acuerdo con él en los objetivos generales de la provincia. Sin embargo, todavía no había señales de que Belgrado instase a los serbios de Kosovo a participar en las Instituciones Provisionales. Y el diálogo entre Pristina y Belgrado no podía reemplazar la implicación directa de los serbios de Kosovo en la construcción de su propio futuro. Mientras continuase habiendo progresos, aún sin la participación significativa de los serbios de Kosovo, el establecimiento de un Kosovo totalmente multiétnico y la integración de todas las comunidades no serían definitivos hasta que ningún grupo étnico fuese presionado para mantenerse al margen de los procesos políticos, económicos y sociales.

Nebojsa Covic, Presidente del Centro de Coordinación de Serbia y Montenegro y la República de Serbia para Kosovo y Metohija, afirmó que el informe del Secretario General lamentablemente relacionaba los principales problemas con los serbios de Kosovo y con el Gobierno de Serbia. No debía haberse omitido la mención de los 230.000 serbios y otros habitantes no albaneses desplazados internos que no pudieron regresar a sus hogares porque la UNMIK y la Fuerza Multinacional de Seguridad en Kosovo (KFOR) no pudieron garantizar su seguridad y libertad de circulación. Las autoridades de Belgrado intentaban facilitar el objetivo de una sociedad verdaderamente democrática y multiétnica. La piedra angular de la política de Belgrado consistía en que no se pudiesen modificar las fronteras estatales y que su soberanía e integridad territorial no fuesen cuestionadas. El diálogo directo era el único camino que debía seguirse para dar con soluciones a los problemas de Kosovo.

Dijo que sería contraproducente iniciar los debates sobre el futuro estatuto antes de que se aplicasen las normas de forma sustancial pero que, si a pesar de todo, se tomase la decisión de iniciar las negociaciones, los negociadores tendrían que soportar el extremismo de los dirigentes de Albania, que interpretarían, de forma errónea, que la comunidad internacional cedería a su política de limpieza étnica. El problema del futuro estatuto debía ser resuelto llegando a acuerdos, sobre todo, respetando totalmente la soberanía y la integridad territorial de Serbia y Montenegro.

El representante de Albania, poniendo de relieve que había llegado la hora de progresar considerablemente en la determinación del estatuto político de Kosovo, declaró que el statu quo no era ni conveniente ni fructífero. El proceso de aplicación de las normas contribuiría al rápido progreso, a la economía y a la prosperidad de la provincia e igualmente generaría seguridad y estabilidad, fomentando el progreso de toda la región. La aplicación de las normas seguiría siendo el foco central del pueblo de Kosovo para tener una vida digna y progresar hacia la integración euroatlántica.

Observó que, con su estatuto político actual, la inversión extranjera directa en Kosovo permanecía lejana.   La provincia no era elegible para los programas de asistencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que de otra manera repercutirían de forma directa en el desarrollo de una economía estable y eficiente. Para alcanzar una solución justa y estable, seguían siendo cruciales el respeto por la libre determinación del pueblo de Kosovo sobre su futuro, así como la garantía del respeto y la protección de los derechos de las minorías, garantías para la protección de su patrimonio cultural y valores religiosos, entre otros.

El Presidente del Consejo, Per Stig Møller, hablando en calidad de Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, expresó optimismo en su convicción de que el examen tendría como resultado una decisión que iniciaría las negociaciones sobre el estatuto final de Kosovo.  Sin embargo, mientras no hubiese un desencadenante automático del inicio de las negociaciones, el resultado del examen sería decisivo en ese sentido.   Pero había llegado la hora de avanzar. El estatuto de Kosovo sin determinar originaba inseguridad política, desalentaba los retornos, alimentaba los proyectos extremistas, ahuyentaba la inversión extranjera y no era sostenible. No se debía presuponer el resultado de las negociaciones sobre el estatuto pero no se retrocedería a la situación anterior a marzo de 1999. Del mismo modo en que podía ser excluida la opción de una reintegración de Kosovo en Serbia, o de una división territorial de Kosovo, podía también serlo una adhesión de la provincia a otro país o una solución dictada unilateralmente por una de las partes.

El representante de Luxemburgo, hablando en representación de la Unión Europea y de los Estados asociados, afirmó que los dirigentes políticos de Kosovo debían ser conscientes de que el resultado del proceso del amplio examen propuesto así como la aplicación de cualquier iniciativa futura a partir de ese momento no eran un resultado inevitable. La aplicación de las normas era un esfuerzo a largo plazo y se esperaba que continuase mediante el proceso de evaluación y otras futuras medidas. A pesar de las muchas advertencias justificadas, la recomendación del Secretario General de iniciar un examen este verano fue un hecho trascendental para el pueblo de Kosovo y debería ser interpretado como un reconocimiento por parte de la comunidad internacional del progreso ya conseguido y un gran incentivo para mantener y aumentar el impulso de las reformas en curso.

El 24 de octubre, el Consejo adoptó una declaración de la Presidencia por la que declaraba que, a pesar de los ingentes problemas que perduraban, había llegado la hora de iniciar el proceso político para la determinación del futuro estatuto de Kosovo.  La adopción de la declaración seguía la consideración del Consejo de realizar un examen detallado del progreso en Kosovo y de escuchar una declaración realizada por el Primer Ministro de Serbia y Montenegro.

La declaración, leída en voz alta por el Presidente del Consejo, el rumano Mihnea Ioan Motoc, ponía de relieve que para que el proceso avanzase, sin embargo, la aplicación de las normas en Kosovo debía continuar con la misma energía y con un mayor compromiso. Entre esas normas—metas concebidas para promover la democracia y la confianza entre los grupos étnicos serbios y albaneses—debía prestarse especial atención a la protección de las minorías, potenciando el proceso de descentralización, creando las condiciones necesarias para los retornos sostenibles, preservando los emplazamientos del patrimonio religioso y fomentando la reconciliación.

En una reunión independiente previa a la adopción de la declaración, Kai Eide, el ex Enviado Especial del Secretario General para el examen amplio de la situación en Kosovo, presentó los resultados de su trabajo, afirmando que había puesto de relieve que nunca habría un momento propicio para tratar el futuro estatuto de Kosovo debido a que ambas partes permanecían diametralmente opuestas, las posibilidades de reconciliación seguían siendo modestas y el panorama de las relaciones interétnicas desalentador.

Expresando su apoyo para iniciar inmediatamente el proceso del estatuto, manifestó que era importante evitar que el proceso político se estancase. Además, el inicio del proceso tendría una mayor influencia en la futura aplicación de las normas, de las que la comunidad internacional debería hacer pleno uso. La insuficiente aplicación de las normas suponía el riesgo de convertir un futuro estatuto en un estatuto fallido.

Indicó que el propio proceso del estatuto sería diferente de otros procesos semejantes en la ex Yugoslavia porque entre otras razones, Kosovo todavía formaba parte de un Estado soberano. Deberán realizarse todos los esfuerzos para unir a todas las partes y el proceso deberá concluir, sin que sea de forma precipitada, en un margen de tiempo razonable. Asimismo, en el futuro próximo, se necesitaría una considerable presencia internacional.

Vojislav Kostunica, Primer Ministro de Serbia, puso de relieve que su país estaba comprometido, de conformidad con los principios fundamentales del derecho internacional y los valores democráticos del mundo contemporáneo, con una solución de avenencia y estaba dispuesto a garantizar que Kosovo y Metohija gozasen de una autonomía considerable como partes de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. El futuro de ese país, y en cierta medida el de la propia Europa, dependería de una solución justa y viable.

Declaró que la situación general de Serbia y Montenegro, así como la de Kosovo y Metohija, diferían en gran medida de la que reinaba en junio de 1999, haciendo notar que su país se estaba reafirmando como un baluarte de los valores democráticos, tanto en su territorio como en la región.

Bosnia y Herzegovina 

Las cuestiones de los fugitivos acusados y reclamados para ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya y la creciente estabilidad y progreso del país hacia la adhesión a las instituciones euroatlánticas como la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) eran temas predominantes en la consideración del Consejo de Seguridad sobre la situación en Bosnia y Herzegovina.

En una reunión informativa al Consejo el 23 de marzo, Paddy Ashdown, Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina, informó que la Republika Srpska había trasladado a cinco acusados de crímenes de guerra al Tribunal en los dos meses anteriores, en comparación con los casi diez años anteriores en los que ni uno solo había sido llevado ante el Tribunal.

Recordando su advertencia de hacía 16 meses sobre el fracaso de la Republika Srpska en el cumplimiento de sus obligaciones con el Tribunal, afirmó que la situación ahora parecía bastante más esperanzadora pero que aún era pronto y que los observadores veteranos, incluidos los miembros del Consejo, debían permanecer escépticos hasta que el proceso de traslado se iniciase adecuadamente. Las autoridades de la República Srpska debían cambiar su actitud y aceptar que el camino del futuro de Bosnia y Herzegovina estaba en manos de La Haya.

Afirmó que previamente en esa mañana el General Vinko Pandurevic, quizás el tercer acusado con el mayor rango militar después de Radovan Karadzic y Ratko Mladic, había llegado a La Haya y otros generales también se habían entregado al Tribunal. No obstante, el General Mladic, su comandante, que aún no había sido detenido, debía reflexionar sobre el hecho de que sus subordinados se hubiesen atrevido a entregarse, mientras él se escabullía de un lugar a otro para protegerse. Diez años tras la masacre de Srebrenica, las reclamaciones de justicia no habían cesado y el proceso no concluiría hasta que Karadzic, Mladic y otros acusados que faltaban por procesar pasasen a disposición del Tribunal.

Describiendo la falta de cooperación con el Tribunal como el mayor escollo para el futuro de Bosnia y Herzegovina dentro de la Unión Europea y de la OTAN, afirmó que la solicitud del país de adhesión a la Asociación para la Paz de la OTAN se había congelado recientemente por esa razón pero seguía sujeta a un examen detallado. La Asociación para la Paz y el comienzo del largo camino para la adhesión a la Unión Europea constituían un momento clave para Bosnia y Herzegovina.

El representante de Luxemburgo, hablando en nombre de la Unión Europea y de los Estados asociados, dijo que la Fuerza de Estabilización de la Unión Europea (EUFOR), que había sustituido a la fuerza de estabilización multinacional de la OTAN (SFOR) en Bosnia y Herzegovina, reforzaba el enfoque global de la Unión con respecto al país y apoyaba su progreso para la integración por sus propios medios, dentro del Proceso de Estabilización y Asociación.

Dijo que la Unión Europea reconocía el progreso realizado en cuanto a las 16 prioridades de la reforma especificadas en el Estudio de Viabilidad de la Comisión Europea, especialmente con respecto a los requisitos legislativos. La aplicación y el cumplimiento de la legislación aprobada constituía un próximo paso importante. Sin embargo, a pesar de esos avances alentadores, la Comisión Europea no había estado dispuesta a declarar «progresos significativos» en cuanto a los 16 puntos prioritarios, incluida la cooperación con el Tribunal Internacional.

Barisa Colak, Ministro de Seguridad de Bosnia y Herzegovina, declaró que el país estaba dispuesto a cumplir con sus obligaciones ante el Tribunal, haciendo notar que los órganos judiciales nacionales se comprometían a iniciar el procesamiento por crímenes de guerra, ahora que se había establecido la Cámara para Crímenes de Guerra en el Tribunal Estatal. También había creado un grupo de trabajo interinstitucional encargado de la cooperación con el Tribunal, lo que suponía un gran paso adelante. Las instituciones estatales estaban asumiendo la responsabilidad de la coordinación y el control de todos los organismos encargados de la detención de los criminales de guerra que aún seguían en libertad. La construcción de la confianza en un poder judicial independiente como pilar básico de una democracia era otro paso hacia el estado de derecho, la reconciliación y la estabilización.

Afirmó que, como parte del proceso de la integración euroatlántica y de la adopción de las normas de la Unión Europea, Bosnia y Herzegovina deseaba construir un Estado en el que toda la ciudadanía pudiese confiar. Con ese propósito, era necesaria la reforma de los poderes militares, policiales y judiciales. El país había progresado en la reforma de los sistemas financieros, de aduanas e impuestos; de los organismos de defensa y seguridad; del estado de derecho; y del control de fronteras. Se estaba solucionando el asunto del retorno de los refugiados y los desplazados gracias a negociaciones directas con los países vecinos y un millón de los 2.200.000 ya había regresado a los que habían sido sus hogares antes de la guerra, mientras que otro cuarto de millón tenía la misma intención. Un proceso de retorno sostenible debía implicar que el pueblo tuviese pleno acceso a todos sus derechos.

En su última reunión informativa el 15 de noviembre, el Sr. Ashdown informó al Consejo de que Bosnia y Herzegovina estaba dispuesta a entrar en una era «post-Dayton» exactamente 10 años después de la brutal guerra que había dejado traumatizado a su pueblo y colapsada su insfraestructura. Había adquirido el marco, si bien no los fundamentos, de un Estado europeo moderno. A las puertas de Europa, Bosnia y Herzegovina había logrado lo que muchos creían imposible, incluso hacía un año, en su camino hacia la integración europea.

De hecho, en comparación con otras misiones de estabilización de la paz, afirmó que los progresos habían sido reales—incluso milagrosos—y habían dependido totalmente de la fortaleza de las gentes del país, los verdaderos héroes de la transformación. Gracias a una combinación de un liderazgo local progresista y de la presión internacional, se habían superado las mayores dificultades de la integración euroatlántica. La semana anterior, los ministros de la Unión Europea habían acogido con beneplácito la recomendación de la Comisión Europea de comenzar a elaborar un mandato de negociaciones para el Acuerdo de Estabilización y Asociación del país. Si todo se desarrollaba como se había planeado, las negociaciones serían aprobadas en Bruselas exactamente 10 años después de la aprobación del Acuerdo de Dayton—un digno regalo de aniversario.

Manifestó que la Unión Europea, respaldada por la comunidad internacional y especialmente por los Estados Unidos, había dejado muy claro que las condiciones que faltaban para que Bosnia y Herzegovina iniciase las negociaciones de estabilización no eran negociables. Si bien la aspiración de adhesión a la Unión Europea había constituido una fuerte motivación, había sido necesaria una constante presión internacional durante los últimos 10 años para hacer que el país se situase a las puertas de la Unión Europea y de la OTAN. Era en el terreno del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia donde esto se manifestaba de forma más clara. Aunque el traslado de 12 acusados ante el Tribunal de La Haya en 2005 suponía un gran logro, ya había pasado otro año desde la masacre de Srebenica sin que se hubiese producido el traslado de Radovan Karadzic y Ratko Mladic.

Declaró que la apertura de las negociaciones del Acuerdo de Estabilización y Asociación marcaría una ruptura decisiva con el pasado. Aunque en el año anterior se había demostrado la existencia de voluntad política de cumplir con los requisitos para la integración euroatlántica, en muchos casos, la aplicación—la fase más difícil del proceso de reforma—estaba tan solo comenzando. En la transición decisiva de la fase de aplicación de la paz a la tarea maratoniana de cumplir las normas europeas, la consolidación del marco estatal dependía del pueblo de Bosnia y Herzegovina. En su forma actual, el Acuerdo de Dayton había dejado de ser útil como marco para la siguiente fase del proceso de reforma y Bosnia y Herzegovina necesitaba un nuevo modelo para seguir progresando.

Hablando en nombre de la Unión Europea, el representante del Reino Unido puso de relieve que una de las condiciones fundamentales para que Bosnia y Herzegovina se adhiriese a la Unión Europea era su cooperación incondicional con el Tribunal, incluidos la detención y el traslado de todos los acusados, en concreto de Karadzic y Mladic.  Todavía quedaba mucho por hacer en cuanto a la aplicación de las reformas y a la superación de los grados de integración de la Unión Europea.

El representante de Bosnia y Herzegovina dijo que su país había conseguido cumplir las condiciones impuestas por el estudio de viabilidad de la Comisión Europea y esperaba iniciar las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación a principios del mes siguiente.  Las instituciones del país tendrían que empezar a hacerse plenamente responsables de su futuro a medida que el papel de la Oficina del Alto Representante cambiase de forma gradual.

Destacando los logros recientes, afirmó que las reformas en defensa estaban prácticamente concluidas y que también se había llegado a un acuerdo sobre uno de los temas más delicados —la reforma policial. La cooperación de la República de Srpska con el Tribunal Internacional se había concretado, aunque todavía quedaba mucho por hacer. El progreso económico también era evidente ya que el país disfrutaba de una de las tasas más altas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la región. Bosnia y Herzegovina estaba dispuesta a apoyar el desarrollo de las buenas relaciones con sus países vecinos basándose en la soberanía, en el respeto mutuo y en la no injerencia.

El 21 de noviembre, el Consejo prorrogó el mandato de la EUFOR por un período de doce meses mediante la adopción unánime de la resolución 1639 (2005) Documento PDF de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, autorizó a los Estados Miembros a que, actuando por conducto de la Unión Europea o en cooperación con ésta, adoptasen las medidas necesarias para aplicar el anexo 1-A y el anexo 2 del Acuerdo de Paz, firmado en Dayton, Estados Unidos, el 21 de noviembre de 1995, y para garantizar el cumplimiento de los mismos.

El Consejo autorizó el establecimiento de la EUFOR como misión sucesora de la SFOR de la OTAN mediante la resolución 1575 de 22 de noviembre de 2004 (véase el Comunicado de prensa SC/8250 de la misma fecha).

En provisiones posteriores, el Consejo autorizó a los Estados Miembros a que adoptasen todas las medidas necesarias en defensa de la EUFOR o de la presencia de la OTAN y a que prestasen asistencia a ambas organizaciones para el cumplimiento de su cometido. Reconoció el derecho de la EUFOR y de la OTAN de tomar todas las medidas necesarias para defenderse en caso de ataque o amenaza de ataque.

El Consejo reiteró que la responsabilidad primordial de que el Acuerdo de Paz se siguiese aplicando debidamente recaía en las propias autoridades de Bosnia y Herzegovina y que, para que la comunidad internacional y los principales donantes siguiesen dispuestos a asumir las cargas políticas, militares y económicas que entrañaban la aplicación del Acuerdo y la reconstrucción, todas las autoridades de Bosnia y Herzegovina tendrían que cumplir el Acuerdo de Paz y participar activamente en su aplicación y, en particular, en la plena cooperación con el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, incluida la tarea de poner a disposición del Tribunal a todos los acusados por el mismo.

Georgia 

La consideración del Consejo con respecto al conflicto de Abjasia, Georgia, se caracterizaba por la preocupación sobre la paralización de las medidas para poner solución a su situación. El 28 de enero, considerando inaceptable la continua falta de progresos en cuanto a un arreglo amplio, el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) hasta el 31 de julio, permaneciendo sujeto a examen en el supuesto de que se produjesen cambios en las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz en la Comunidad de Estados Independientes (fuerza del mantenimiento de la paz de la CEI).

Mediante la adopción unánime de la resolución 1582 (2005) Documento PDF, el Consejo deploró que todavía no se hubiese identificado a los autores del derribo de un helicóptero de la UNOMIG ocurrido el 8 de octubre de 2001, en el que perdieron la vida las nueve personas que viajaban a bordo. Exhortó a las partes a que tomasen todas las medidas necesarias para identificar a los responsables y ponerlos a disposición de los tribunales, y a que informasen a la Representante Especial del Secretario General de las medidas tomadas en la investigación penal.

El Consejo condenó enérgicamente los repetidos secuestros de personal de la UNOMIG y de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI así como de demás personal internacional. Deploró profundamente que no se hubiese identificado o puesto a disposición de los tribunales a ninguno de los autores y reiteró que era responsabilidad de las partes poner fin a esa situación de impunidad.

Reiterando, entretanto, su firme apoyo al documento titulado «Principios básicos de la distribución de competencias entre Tbilisi y Sujumi», el Consejo deploró profundamente la negativa reiterada de la parte abjasia a debatir el fondo de ese documento. Instó encarecidamente a la parte abjasia a acusar recibo del documento y su carta de envío. Instó a ambas partes a que examinasen los documentos con detenimiento y apertura de miras y entablasen negociaciones constructivas sobre su fondo.

El Consejo deploró también que no se avanzase en la iniciación de negociaciones sobre el estatuto político y recordó que esos documentos tenían por objeto facilitar la celebración de negociaciones provechosas entre las partes, bajo la dirección de las Naciones Unidas, sobre el estatuto de Abjasia dentro del Estado de Georgia y no pretendían imponer ni dictar una solución concreta a las partes. Exhortó a ambas partes a participar en negociaciones constructivas para lograr una solución política del conflicto y a no escatimar esfuerzos para superar la desconfianza mutua existente. Subrayó que el proceso de negociación para lograr un arreglo político duradero aceptable para las dos partes requeriría concesiones de ambas.

En una disposición conexa, el Consejo puso de relieve la necesidad urgente de lograr progresos en la cuestión de los refugiados y los desplazados internos y reafirmó que eran inaceptables los cambios demográficos resultantes del conflicto. Reafirmó también el derecho inalienable de todos los afectados por el conflicto a regresar a sus hogares en condiciones dignas y de seguridad.

En una reunión el 29 de julio, el Consejo decidió prorrogar el mandato de la UNOMIG, que inicialmente concluiría el 31 de julio, por un nuevo período de seis hasta el 31 de enero de 2006.

Mediante la adopción unánime de la resolución 1615 (2005 Documento PDF), el Consejo, reafirmando la independencia e integridad territorial de Georgia y la necesidad de definir el estatuto de Abjasia dentro del Estado de Georgia, deploró profundamente la negativa reiterada de la parte de Abjasia a discutir el fondo del documento titulado «Principios básicos de la distribución de competencias entre Tbilisi y Sujumi». Deploró también que no se avanzase en la iniciación de negociaciones sobre el estatuto político.

El Consejo pidió a ambas partes que se desvinculasen públicamente de toda retórica partidista y de manifestaciones de apoyo a las opciones militares y que tomasen medidas concretas para revitalizar el proceso de paz en todos sus aspectos principales. Igualmente instó a que la carta de intención sobre los que regresaban [los refugiados y los desplazados internos], propuesta por la Representante Especial del Secretario General, fuese ultimada y firmada cuanto antes, recordando que la parte de Abjasia tenía la responsabilidad particular de proteger a los que habían regresado.

Reiterando su preocupación porque, pese a que había comenzado el despliegue de un componente de policía civil como parte de la UNOMIG, todavía estaba pendiente el despliegue de los efectivos restantes en el sector de Gali, el Consejo exhortó a la parte de Abjasia a que permitiese el rápido despliegue del componente de policía en esa región. El Consejo instó a la parte de Georgia para que diese garantías de seguridad amplias a fin de que las patrullas conjuntas de la UNOMIG y de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI observasen de forma independiente y periódica la situación en el valle del alto Kodori.

Chipre 

Tras el rechazo por parte de los grecochipriotas del plan de las Naciones Unidas en 2004, el Consejo de Seguridad celebró dos reuniones formales en 2005 en las que prorrogó el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Chipre (UNFICYP) y escuchó una exposición informativa en la que el Secretario General Adjunto de Asuntos Exteriores manifestó que el Secretario General tenía presentes sus propias responsabilidades y permanecía comprometido en prestar ayuda a las partes para lograr un arreglo sobre la división de la isla mediterránea.

En una reunión el 15 de junio, el Consejo prorrogó al mandato de la UNFICYP hasta el 15 de diciembre de 2005 mediante la adopción unánime de la resolución 1604 (2005) Documento PDF, en la que exhortó a los turcochipriotas y a las fuerzas turcas a que restableciesen en Strovilia el statu quo militar anterior al 30 de junio de 2000. La violación del statu quo militar en Strovilia se prolongó incluso hasta después de que la parte turcochipriota hubiese levantado las restricciones impuestas a la UNFICYP en julio de 2000 por las fuerzas turcas/fuerzas de seguridad turcochipriotas, permitiendo que la UNFICYP reestableciese sus operaciones en la zona de amortiguación y sus alrededores.

En su reunión informativa el 22 de junio, el Secretario General Adjunto Kieran Prendergast expresó que todas las partes de Chipre deseaban ver una reanudación del activo papel de los buenos oficios de las Naciones Unidas y aceptó que el plan de las Naciones Unidas debía servir como el documento en que se reanudasen las negociaciones.

Presentando un examen de la situación tras una visita a Chipre, Grecia y Turquía en mayo, afirmó que las figuras políticas de ambas partes de la controversia estaban manteniendo relaciones cordiales entre ellas en un esfuerzo por promover el entendimiento mutuo y que, asimismo, había relaciones fructíferas a otros niveles. Una encuesta realizada de forma independiente en las dos zonas acerca de la opinión popular de ambas partes había revelado que quizás fuese posible realizar determinados cambios que garantizasen un apoyo mayoritario al plan de las Naciones Unidas en ambas comunidades.

Afirmó que, a pesar de esos importantes aspectos positivos, las posiciones de las partes parecían distanciarse en gran medida en lo esencial, si bien la confianza mutua parecía escasa. Esos dos factores, sobre todo combinados, dificultaban extremadamente los esfuerzos por establecer puntos en común y el Secretario General sostenía que el punto de partida debía respetar plenamente la decisión emitida por los votantes de ambas partes en el referéndum celebrado el 24 de abril de 2004, cuya postura debía orientar el enfoque de la Organización.

Destacó que más de tres cuartos de los votantes grecochipriotas habían rechazado el plan de las Naciones Unidas. Si bien las Naciones Unidas no podían consentir otra solución que no fuese la prevista en las resoluciones del Consejo, las cuestiones principales que habían llevado a los grecochipriotas a votar de ese modo deberían indudablemente ser tratadas en cualquier proceso futuro basado en el plan de las Naciones Unidas—y el electorado grecochipriota debía confiar en que se tendrían en cuenta sus intereses en un proceso renovado. En esas circunstancias, una lista exhaustiva y por orden de importancia de propuestas concretas para la negociación supondría un avance importante, ya que era muy difícil tratar una larga lista de cuestiones de forma ordenada si éstas se expresaban sin modulación o indicación alguna de su importancia relativa.

Enfatizó que, al mismo tiempo, la búsqueda de una solución se vería dificultada si los intereses de los grecochipriotas se tratasen de tal forma que se perdiese el apoyo mayoritario de la parte turcochipriota a las Naciones Unidas y que esta última debía confiar en que también ella sería considerada en cualquier proceso renovado. Entretanto, la confianza de la parte turcochipriota y de Turquía, cuyo papel sería decisivo, disminuía por el hecho de que, aunque una clara mayoría de los votantes turcochipriotas apoyaban un plan de arreglo de las Naciones Unidas formalizado mediante un proceso acordado, habían visto poco reconocimiento de sus esfuerzos para lograr una solución y poca mejoría, si acaso alguna, en la situación desde la celebración del referéndum.

Manifestó que, si bien era natural que cada parte tratase de proteger sus propios intereses, era importante animar a ambas partes a que se centrasen en su principal interés común: la necesidad de convenir revisiones de forma que el plan de las Naciones Unidas pudiese contar con un apoyo mayoritario, no solo de su propia comunidad, sino también de la otra. Las personas ajenas al conflicto podían contribuir pero eran las partes las que debían reclamar la visión, el valor y la voluntad política necesarios para llegar a un acuerdo, que requeriría una solución de avenencia. Los dirigentes debían dirigir, no solo seguir, a sus partidarios y un arreglo sólo sería posible si las partes actuasen de forma que expresasen el respeto, el entendimiento de los intereses de la otra parte y el deseo de una solución rápida.

Afirmó que las responsabilidades también recaían sobre Grecia y Turquía, que debían tener presente que el problema de Chipre debía ser solucionado por sus propios méritos y en función de los intereses, ante todo, de los grecochipriotas y de los turcochipriotas. El fuerte apoyo que los dos países brindaban a los buenos oficios de la misión del Secretario General debía ser correspondido por una predisposición a volver a pensar en determinados aspectos del problema de modo que se lograse una solución basada en un plan revisado de las Naciones Unidas.

Además, manifestó que la persistencia del statu quo en la isla era inaceptable, tal como había dejado claro el Consejo en diversas ocasiones. Al mismo tiempo, el inicio prematuro de un nuevo proceso intensivo sería desaconsejable. Un nuevo esfuerzo que terminase, como había ocurrido con los dos anteriores, en un prominente fracaso o en una frustrante paralización no tendría ningún resultado positivo.

Afirmó que, en tales circunstancias, el Secretario General consideraba prudente proceder con mucha cautela y pretendía reflexionar sobre el futuro de su misión de buenos oficios en el próximo período. Examinaría atentamente los progresos en el terreno y, en función de cómo se desarrollasen los acontecimientos y actitudes en la isla, consideraría la posibilidad de nombrar un Asesor Especial que comprometiese a las partes y analizase si los puntos comunes necesarios existían, o podían crearse, con el fin de permitir que se reanudasen las negociaciones a gran escala.

El 14 de diciembre, el Consejo expresó su pleno apoyo a la UNFICYP y prorrogó su mandato hasta el 15 de junio de 2006.


El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.