África
Reunión recapitulativa sobre la dimensión de la labor del Consejo de Seguridad en África
En una reunión recapitulativa mensual celebrada el 30 de marzo, el representante de Brasil, cuya delegación ostentó la Presidencia del Consejo durante el citado mes, afirmó que los esfuerzos para el establecimiento, mantenimiento y la consolidación de la paz en África habían aumentado a un ritmo constante desde 1998, y que los asuntos de África en aquel momento constituían más de un 60% en el orden del día del Consejo. Declaró que los desiguales resultados del compromiso del Consejo en África deberían conducir a una mayor reflexión. Junto a las historias que resultaron un éxito, están los casos de los conflictos re-emergentes. Al tiempo que las experiencias pasadas podían resultar provechosas para el Consejo, debe admitir que la orden internacional estaba en un estado de cambio y que, como principal órgano de las Naciones Unidas, también debe estar preparado para un proceso de evolución permanente. El Consejo nunca puede dejar de plantearse y mejorar sus métodos de trabajo, percepciones políticas, análisis de coste-beneficio y estructura, admitió.
Sudán
En su último informe sobre el Sudán para 2005, con fecha 21 de diciembre (S/2005/821 
), el Secretario General escribe, en su análisis definitivo, que «la paz en el Sudán es indivisible y no puede florecer en una parte del país mientras que en otra sólo está en ciernes». Insta a las partes en las conversaciones de paz de Abuja a que aprovechen la ocasión para negociar con seriedad y de buena fe. Además, añade que el Frente Oriental debe negociar «sin demora» con el Gobierno de Unidad Nacional una solución política del conflicto en su región.
El 23 de febrero de 2003 comenzaron los enfrentamientos en Darfur entre las milicias árabes favorables al Gobierno, conocidas como Janjaweed, y grupos de rebeldes pertenecientes al Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA) y al Movimiento Justicia e Igualdad. Los rebeldes solicitaron reformas económicas y políticas, y estaban frustrados, según se informa, por lo que ellos consideraron la marginación de Darfur por parte de Khartoum. A pesar de que dichos conflictos comenzaron con una rebelión armada contra el Gobierno, la mayor parte de la violencia registrada procedía de la aplicación de una política militar, por parte de las milicias armadas, que consistía en arrasar con todo. Aquello ocasionó el desplazamiento forzoso de más de 1,3 millones de personas en Darfur y en la frontera hacia el Chad. Además, la situación se vió agravada por el hecho de que el conflicto que estaba perturbando la región se produjo en medio de la guerra civil de mayor duración en África, entre el norte y el sur de Sudán.
El Consejo comenzó a examinar este año la situación con fecha 11 de enero. En una reunión informativa, el Representante Especial del Secretario General para el Sudán, Jan Pronk, afirmó que la decisión del 9 de enero de formalizar un acuerdo entre las partes en conflicto, poniendo fin a los veintiún años de guerra civil, mejoraría la capacidad para solucionar el conflicto de Darfur a largo plazo, aunque eso no excluyó la posibilidad de que tras firmarlo, se intensificase la violencia en Darfur y los alrededores a corto plazo.
El 4 de febrero, el Sr. Pronk le comunicó al Consejo en una reunión informativa que la operación de las Naciones Unidas de apoyo a la paz en el Sudán, en consulta con el Gobierno y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM) desde julio de 2004, planeó el despliegue en el país de 10.000 tropas para supervisar el Acuerdo General de Paz firmado el 9 de enero de 2005. Dichas tropas incluirían un grupo de 750 observadores militares, 5.000 efectivos de las fuerzas, destinadas a establecer las capacidades fundamentales para facilitar el despliegue posterior y el empleo inicial de una fuerza, y un componente de protección de unos 4.000. Los países que habían enviado tropas hicieron posible el inicio de la primera fase del despliegue tan pronto como obtuvieron el mandato y el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas.
En una reunión sobre la situación del Sudán sólo cuatro días después, el Presidente del Consejo para febrero, Joel Adechi (Benin), afirmó que la firma del Acuerdo de Paz el 9 de enero había sido un momento histórico que suponía una gran oportunidad para el país que todos sus ciudadanos deberían sopesar para conducir el desarrollo por el camino hacia una paz sólida y duradera. Declaró que los miembros del Consejo habían empezado a redactar una resolución que tratase minuciosamente todos los aspectos de la situación. En la reunión también se escuchó la exposición a cargo de Jan Pronk; John Garang de Mabior, Jefe del Movimiento y Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés; y Ali Othman, Primer Vicepresidente del Sudán.
Presentando las conclusiones de la Comisión Internacional de Investigación para el Sudán al Consejo el 16 de febrero, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, hizo un llamamiento para tomar medidas «urgentes y concretas» que pongan fin a la actual violencia registrada en Darfur y restablezcan la seguridad y dignidad para las personas de dicha región en conflicto. La Comisión, si bien concluyó que el Gobierno del Sudán no había aplicado una política de genocidio, había determinado que se perpetraron numerosos crímenes de guerra a gran escala y crímenes contra la humanidad por parte de los funcionarios de gobierno y la milicia Janjaweed, afirmó.
En la reunión, El Secretario General Kofi Annan afirmó que «el informe demuestra, sin ninguna duda, que los dos últimos años han sido para nuestros congéneres de Darfur algo similar a un infierno terrenal», y que, a pesar de la atención del Consejo a dicha crisis, el infierno persiste todavía hoy, dijo.
El 10 de marzo, el Consejo adoptó por unanimidad la resolución 1585 (2005) por la que prorrogó el mandato de la Misión Avanzada de las Naciones Unidas en el Sudán (UNAMIS) hasta el 17 de marzo. La Misión se estableció en virtud de la resolución 1547 (2004) , el 11 de junio del 2004 por un periodo inicial de tres meses y bajo la autoridad de un Representante Especial, para preparar una posterior operación de las Naciones Unidas de apoyo a la paz tras la formalización de un acuerdo general de paz.
Posteriormente, al reafirmar su buena disposición para apoyar el proceso de paz, el Consejo prorrogó, el 17 de marzo, el mandato de la Misión Avanzada de las Naciones Unidas hasta el 24 de marzo, mediante la resolución 1588 (2005) adoptada por unanimidad.
El 24 de marzo, estableció la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS) mediante la resolución 1590 (2005) , adoptada por unanimidad, por un periodo inicial de seis meses. La UNMIS constaría de hasta 10.000 efectivos militares y un componente civil adecuado, incluido un máximo de 715 efectivos de policía. Su mandato consistía en apoyar la implementación del Acuerdo de Paz y facilitar el regreso de los refugiados y desplazados. Asimismo, prestaría asistencia a los afectados por las minas, y contribuiría a los esfuerzos internacionales para proteger y fomentar los derechos humanos. De igual modo, estaba autorizada a actuar, si así se requiriese, para proteger al personal de las Naciones Unidas y garantizar su seguridad y libertad de circulación. También estaba autorizada a proteger a los civiles amenazados de manera inminente con violencia física.
Dado que todas las partes incumplieron sus compromisos respecto al conflicto de Darfur, el Consejo decidió el 29 de marzo ejercer una mayor presión sobre las partes mediante la prohibición de viajar y la congelación de activos a quienes impidiesen el proceso de paz, o violasen los derechos humanos e incumpliesen alguna de las disposiciones fijadas en las resoluciones anteriores. Tomó dicha medida al adoptar la resolución 1591 (2005) con doce votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones (Argelia, China y la Federación de Rusia). Igualmente, en dicho texto, el Consejo decidió que las nuevas medidas entrasen en vigor treinta días después de la fecha de aprobación, a menos que el Consejo decidiese antes de la mencionada fecha que las partes habían cumplido con la totalidad de sus obligaciones y compromisos recogidos en las resoluciones anteriores, el Acuerdo de Cesación de Fuego de N’Djamena y los protocolos de Abuja.
La tarde del 31 de marzo, adoptando la resolución 1593 (2005) con once votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones (Argelia, Brasil, China y los Estados Unidos), el Consejo decidió remitir la situación que prevalecía en Darfur desde el 1 de julio de 2002 al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Decidió, igualmente, que el Gobierno del Sudán y todas las demás partes en el conflicto de Darfur cooperarían completamente con la Corte y el Fiscal, y que los nacionales, funcionarios o antiguos funcionarios o personal de un Estado fuera del Sudán que aportase contingentes pero no fuese parte en el Estatuto de Roma estaría sometido a la jurisdicción de dicho Estado por haber alegado actos u omisiones derivados de o relacionados con operaciones en el Sudán autorizadas por el Consejo o la Unión Africana, a menos que el mencionado Estado haya renunciado expresamente a dicha jurisdicción exclusiva.
En una declaración de la Presidencia dada a conocer el 12 de mayo, el Consejo recalcó la importancia para el esfuerzo de la Unión Africana en Darfur de una mayor asistencia internacional coordinada, y la buena disposición de las Naciones Unidas para seguir desempeñando un papel fundamental. Del mismo modo, expresó su apoyo a la decisión de la Unión regional para la Paz y el Consejo de Seguridad de ampliar el personal de la misión hasta los 7.731 efectivos para finales de septiembre de 2005.
El 29 de junio, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo comunicó al Consejo, en su primera reunión informativa desde que se remitió la situación de Darfur a la Corte, que había casos que podrían ser admisibles en relación con aquella situación y el 1 de junio comenzó una investigación sobre los crímenes que allí se produjeron. El inicio de las investigaciones marcó para todas las partes una oportunidad de actuar de todas las maneras posibles con el fin de evitar que dichos delitos se siguiesen produciendo, afirmó. La Oficina del Fiscal identificaría a los principales responsables de los crímenes y determinaría la admisibilidad de los casos seleccionados.
Informando de nuevo al Consejo el 22 de julio, el Representante Especial Pronk constató que era necesario fomentar la confianza, a pesar de «haber luz al final del túnel», y 2005 podría ser el año del cambio decisivo. Había margen de mejora, advirtió, añadiendo que la situación era completamente frágil. Las heridas ocasionadas a millones de personas durante un largo periodo de negligencia, exclusión, injusticia y mal gobierno no pueden cicatrizar en una noche. El Acuerdo General de Paz no era demasiado general, dado que varias partes habían sido excluidas de las rondas de conversaciones, pero fue el principio de una paz generalizada que se debe conseguir en todo el país, afirmó.
El 2 de agosto, el Consejo, en una declaración de la Presidencia, manifestó su profundo pesar por la muerte de John Garang de Mabior, Primer Vicepresidente del Sudán, en un accidente de helicóptero el 30 de julio y dio el pésame y las condolencias a su familia, así como al Gobierno y al pueblo del Sudán.
En virtud de la resolución 1627 (2005) adoptada por unanimidad, el Consejo prorrogó la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS) hasta el 24 de marzo de 2006, con la intención de renovarla en periodos posteriores.
En una declaración emitida el 13 de octubre 2005, el Presidente del Consejo mostró una seria preocupación acerca de los informes sobre un recrudecimiento de la violencia, y condenó enérgicamente el atentado del 8 de octubre registrado en Darfur, según informó el Movimiento y Ejército de Liberación del Sudán, contra personal de la Misión de la Unión Africana en el Sudán, en el que murieron cuatro nigerianos miembros de las operaciones del mantenimiento de la paz y dos contratistas civiles. El Consejo condenó igualmente el atentado del 9 de octubre, según informó el Movimiento de Justicia e Igualdad, que acabó con la emboscada y detención de unos treinta y cinco miembros de la Misión de la Unión Africana en el Sudán.
Informando al Consejo por segunda vez, el 13 de diciembre, el Fiscal de la Corte Penal Internacional Moreno Ocampo señaló que, habiendo dado los primeros pasos hacia una relación de colaboración, su Oficina buscará, en la siguiente fase, más asistencia y la cooperación del Gobierno del Sudán en el proceso de investigación y reunión de pruebas. La primera fase de la investigación, lanzada el 1 de junio, había sido testigo del progreso al reunir información relacionada con los presuntos crímenes registrados en Darfur y los grupos e individuos responsables de ellos.
En la reunión del 19 de diciembre para analizar la situación de África, informaron al Consejo el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y el Coordinador del Socorro de Emergencia Jan Egeland. Hizo saber que hay que ser completamente conscientes de que, sin paz, todo lo que se había conseguido en Darfur, gracias a las miles de personas dedicadas a tareas de socorro y los cientos de millones de dólares en concepto de contribuciones de los donantes, puede quedar arruinado y «podríamos estar a punto de perder esta enorme operación humanitaria».
No obstante, no hay socorro humanitario que pueda proporcionar a los amenazados por el conflicto lo que habían querido desde el primer día: una protección efectiva contra la violencia más atroz y la posibilidad de regresar a sus casas. Sólo con una cesación del fuego efectiva, una solución política y una fuerte presencia de la seguridad internacional se podrían lograr tales objetivos, enfatizó.
Posteriormente, el 21 de diciembre, el Consejo adoptó por unanimidad la resolución 1651 (2005) , por la que prorrogó hasta el 29 de marzo de 2006 el mandato del grupo de expertos integrado por cuatro miembros nombrados para prestar asistencia en la supervisión e implementación de la prohibición de viajar y la congelación de activos para quienes impidiesen el proceso de paz en Darfur, cometiendo violaciones de derechos humanos, e incumpliendo medidas fijadas en anteriores textos. El Consejo pidió al grupo de expertos que le informase e hiciera recomendaciones, a través del Comité establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) , sobre la aplicación de las medidas impuestas.
Tras la aprobación de la resolución, el Presidente del Consejo dio lectura a la declaración solicitando a todas las partes que se abstuviesen de ejercer la violencia y pusieran fin a las atrocidades sobre el terreno, en particular a aquellas cometidas contra la población civil, mujeres y niños, trabajadores de asistencia humanitaria y agentes internacionales de mantenimiento de la paz.
África central y occidental
En una reunión el 25 de febrero, el Consejo dio a conocer una declaración de la Presidencia en la que observó con profunda preocupación las tensiones que emergían y existían en algunos países de África occidental sobre el traspaso de poderes que podía obstruir los esfuerzos de estabilizar la subregión. En una declaración leída por el Presidente del Consejo mensual, el Ministro de Relaciones Exteriores de Benin, Rogatien Biaou, subrayó que las crisis emergentes y existentes en el África occidental eran una amenaza para la estabilidad subregional, e hizo hincapié en la necesidad de ayudar a los mencionados Estados a frenar las actividades transfronterizas ilícitas y tratar los problemas del desempleo entre los jóvenes, la circulación de armas pequeñas y armas ligeras, y la reforma del sector de la seguridad.
En la apertura de la reunión, el Secretario General advirtió al organismo, integrado por quince miembros, que la región seguía afrontando serios desafíos en materia de seguridad, observando que las zonas fronterizas eran especialmente volátiles, con poblaciones en riesgo de tráfico ilegal de estupefacientes y armas, reclutamiento de niños soldados, bandidaje, violaciones y daños al medio ambiente. La tasa de desempleo entre los jóvenes era sorprendentemente elevada, y la consiguiente desesperación suponía un peligro real para las tensiones de carácter político y social en países que emergían de la crisis, incluso en aquellos que vivían momentos de estabilidad, afirmó.
El Secretario General añadió que la Oficina de las Naciones Unidas en el África occidental continuaría proporcionando enfoques coherentes e integradores para construir la paz entre las entidades de las Naciones Unidas en dicha subregión. Del mismo modo, tratará de fortalecer las relaciones con los Estados del África occidental y las organizaciones subregionales, en concreto la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), y llevará a cabo una diplomacia preventiva y misiones de alerta temprana.
Con la paz en la inestable región de los Grandes Lagos de África al alcance de la mano, le informaron al Consejo sobre su misión del 4 al 11 de noviembre en cinco países que se estaban recuperando de conflictos étnicos y territoriales—República Democrática del Congo, Burundi, Rwanda, Uganda y la República Unida de Tanzanía. El jefe de la misión, el Embajador de Francia, Jean-Marc de La Sablière, le comunicó al Consejo que la necesidad de realizar seis visitas a África central había estado motivada por la necesidad de fomentar la paz en una región que ansiaba volver a ver restablecida la estabilidad e inculcada la paz duradera, sin la cual no podía lograr el desarrollo.
Centrándose en sus observaciones sobre la situación en Burundi y la República Democrática del Congo, el Sr. de La Sablière afirmó que, en este último país, la transición estaba «cogiendo velocidad». Todo el mundo había hablado del deseo congoleño de votar, y según la Comisión Electoral Independiente, unos 20 millones de personas se habían registrado. Los siguientes plazos entonces eran: el referéndum constitucional en diciembre; las elecciones presidenciales; y el plazo para finalizar la transición en menos de ocho meses. El progreso había sido encomiable, dijo, pero quedan importantes problemas, incluido el estricto calendario electoral, la integración del ejército y la policía, y la presencia de grupos armados en el este.
El 6 de diciembre, el Sr. de La Sablière presentó de manera formal el informe de la misión, describiendo una nueva fase para el proceso de paz en la República Democrática del Congo y la variedad de desafíos que tenía que afrontar Burundi para finalizar con la transición y los posteriores intentos de consolidar la paz.
República Democrática del Congo
El Consejo celebró once reuniones formales sobre la todavía frágil situación de la República Democrática del Congo, ya que el Gobierno de transición y el pueblo congoleño tenían dificultades para completar la transición. El 21 de diciembre, instando a todos los grupos armados de la región de los Grandes Lagos de África a que depusieran las armas, el Consejo deploró su incumplimiento por parte de la milicia extranjera en la parte este de la República Democrática del Congo, y les pidió que llevasen a cabo el desarme para el 15 de enero del 2006, o deberían hacer frente a las sanciones en el caso de que el Secretario General determinase que el proceso de desarme no «se hubiese completado».
Mediante la adopción por unanimidad de la resolución 1649 (2005) y actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, el Consejo decidió que el embargo de las armas, impuesto en julio de 2003 y ampliado en abril de 2005 para incluir la prohibición de viajar y la congelación de activos para los infractores, se prorrogaría hasta el 31 de julio de 2006 para las personas citadas en la resolución. Entre ellos estaban incluidos dirigentes políticos y militares de grupos armados extranjeros que operaban dentro del país y dificultaron el desarme y la repatriación voluntaria o el reasentamiento de los combatientes pertenecientes a dichos grupos, así como dirigentes políticos y militares de las milicias congoleñas que recibían ayuda del exterior, en concreto quienes operaban en Ituri, obstaculizando la participación de sus combatientes en el desarme, la desmovilización y la reintegración.
El Consejo decidió, igualmente, que las sanciones en vigor hasta el 31 de julio de 2006 no fuesen aplicables en los casos en los que el Comité de Supervisión hubiese autorizado con anterioridad, según las circunstancias de cada caso, el tránsito de individuos que regresaban a sus Estados de origen o participasen en los esfuerzos por hacer que los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario compareciesen ante la justicia. El Consejo tomó la determinación de, a más tardar el 31 de julio de 2006, revisar las sanciones, a la luz de los avances realizados en el proceso de paz y transición congoleño, en particular el desarme de los grupos armados extranjeros. En una modificación posterior, solicitó que los Gobiernos de Uganda, Rwanda, la República Democrática del Congo y Burundi adoptasen las medidas necesarias para evitar que alentasen dentro de sus territorios violaciones del embargo de armas o las actividades de los grupos armados en la región.
En ese misma reunión celebrada el 21 de diciembre, el Consejo emitió una declaración de la Presidencia en la que instaba al pueblo de la República Democrática del Congo a que celebrase con éxito un referéndum sobre el proyecto de constitución. Recordó que las elecciones deben celebrarse antes de que finalice, el 30 de junio de 2006, el periodo de transición, e instó al Gobierno de Unidad Nacional y Transición a que estuviesen a la altura de las expectaciones del pueblo congoleño e hiciese todo lo posible para garantizar que las próximas elecciones se celebrasen de acuerdo con el calendario acordado.
El Consejo se reunió por primera vez el 2 de marzo de 2005 para tratar la situación de ese país, tras el atentado del 25 de febrero contra una patrulla de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) perpetrado por el Frente de Nacionalistas e Integristas (FNI) en Ituri que causó la muerte de nueve ciudadanos de Bangladesh que participaban en las operaciones de mantenimiento de la paz. En una declaración de la Presidencia, el Consejo consideró que el ataque en las proximidades del pueblo de Kafe, por su naturaleza intencionada y bien planeada, fue una «ignominia inaceptable» Instó al Gobierno de Unidad Nacional y Transición a adoptar inmediatamente las medidas necesarias para que los perpetradores, patrocinadores y autores del atentado compareciesen ante la justicia.
El 30 de marzo, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), a través de la resolución 1592 (2005) adoptada por unanimidad, pidiendo a los Gobiernos de Uganda, Rwanda y la República Democrática del Congo que detuviesen dentro de sus territorios violaciones del embargo de armas u otras actividades de grupos armadas en la región.
Condenando la circulación y entrada ilícitas de armas en la República Democrática del Congo, el Consejo decidió el 18 de abril mediante la resolución 1596 (2005) que, de ahora en adelante, el embargo de armas se aplicaría a cualquier destinatario dentro del país, e impone la prohibición de viajar y la congelación de activos a quienes violasen el embargo.
El 29 de junio, ensalzando la importancia de unas elecciones como base para la restauración a largo plazo de la paz y estabilidad, la reconciliación nacional, y el Estado de derecho en ese país, el Consejo tomó nota en una declaración de la Presidencia de la decisión del Parlamento del 17 de junio para prorrogar por seis meses, renovable una vez, el periodo de transición que iba a finalizar el 30 de junio. Aquello permitiría que las elecciones se celebrasen «en condiciones logísticas y de seguridad satisfactorias».
Después de la masacre de unas 50 personas, en su mayoría mujeres y niños, el 9 de julio en Ntulu-Mamba, el Presidente del Consejo publicó una declaración el 13 de julio condenando el devastador acontecimiento y solicitando al Representante Especial del Secretario General para ese país que determinase los hechos e informase al Consejo lo antes posible. El Consejo alentó a las autoridades congoleñas a enjuiciar y hacer que compareciesen rápidamente ante la justicia los perpetradores y los responsables de los crímenes, solicitando la ayuda de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC).
El 29 de julio, reiterando la seria preocupación en relación con la presencia de grupos armados y milicias en la parte este del país, el Consejo condenó, en virtud de la resolución 1616 (2005) adoptada por unanimidad, la continua circulación y entrada ilícitas de armas en el país, y decidió mantener el régimen de sanciones otro año más, dando tiempo a las partes para satisfacer lo demandado por el Consejo.
Subrayando la importancia de las próximas elecciones como base para la restauración de la paz, la reconciliación nacional y el establecimiento del Estado de derecho en ese país, el Consejo, el 6 de septiembre, autorizó un aumento temporal del fortalecimiento de la Misión para el periodo de las elecciones e inmediatamente posterior, mediante la adopción por unanimidad de la resolución 1621 (2005) . Al hacer hincapié en el carácter temporal del despliegue, el Consejo le pidió al Secretario General que comenzase a reducir y repatriar al personal adicional desde el 1 de julio de 2006 a más tardar.
El informe especial del Secretario General sobre la situación (S/2005/320 y Add.1 ), basado en los hallazgos de una misión de las Naciones Unidas para ese país en abril con el fin de evaluar la preparación electoral, había observado varias amenazas potenciales para la seguridad del proceso electoral con la continua presencia, en un ambiente de inseguridad generalizada y anarquía, de grupos armados, especialmente en Ituri, Kivu del Norte, Kivo del Sur, Katanga central y septentrional y Maniema. Otra amenaza para la seguridad relacionada con las tensiones entre partidos políticos en amplios centros de población. Un asunto relacionado era cómo las tensiones que prevalecían entre grupos étnicos podían afectar a la dinámica de la política local en algunas zonas.
Adoptando por unanimidad la resolución 1628 (2005) el 30 de septiembre, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) por otro mes, hasta el 31 de octubre. El Secretario General, en sus informes más recientes para el Consejo sobre el asunto, había recomendado un año de prórroga del mandato, hasta el 1 de octubre de 2006, que incluiría el periodo de elecciones y el inmediatamente posterior periodo de transición tras el establecimiento de un nuevo Gobierno.
El 4 de octubre, el Consejo emitió una declaración de la Presidencia en el que expresó su preocupación acerca de la presencia de grupos armados extranjeros en la parte este del país, y deploró el fracaso de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) al proceder al desarme y la repatriación de sus combatientes, exhortándoles a hacerlo sin más demora, de acuerdo con la declaración que firmaron en Roma el 31 de marzo.
El Consejo prorrogó, el 28 de octubre, el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) hasta el 30 de septiembre de 2006, y autorizó un aumento de 300 personas en el número de efectivos militares. A través de la resolución 1635 (2005) adoptada por unanimidad, el Consejo—habiendo observado la recomendación del Secretario General de una brigada adicional de 2.580 personas—autorizó el aumento para permitir al despliegue del batallón de infantería en Katanga, con su propia movilidad aérea y apoyo médico adecuado, proporcionar seguridad adicional en su zona de operaciones durante el periodo electoral.
La República Democrática del Congo, Angola, Namibia, Rwanda, Uganda y Zimbabwe firmaron un acuerdo de cesación del fuego en Lusaka, Zambia en julio de 1999, con el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC)—uno de los grupos rebeldes—que firmó en agosto. Para ayudar en la supervisión de su implementación, se estableció la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) en noviembre de 1999.
Rwanda
El 12 de abril, el Consejo emitió una declaración de la Presidencia en la que acogió con entusiasmo la condena de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) en Roma, el 31 de marzo, por el genocidio de 1994 y su compromiso de renunciar al uso de la fuerza y cesar todas las operaciones ofensivas contra Rwanda. El Consejo consideró aquella alentadora declaración como una oportunidad para avanzar hacia el restablecimiento de la paz en la República Democrática del Congo, la reconciliación nacional en Rwanda y la completa normalización de las relaciones entre los dos países.
El Consejo, igualmente, instó a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) a poner en práctica sus positivos propósitos y a demostrar su compromiso de paz mediante la entrega de todas las armas a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) y la participación en el programa puesto en marcha para su regreso voluntario y pacífico a Rwanda o reasentamiento lo antes posible, así como mediante la asistencia al Tribunal Penal Internacional para Rwanda en Arusha para cumplir su mandato.
Burundi
Habiéndose prorrogado hasta el 1 de junio de 2005, la Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB), autorizada el 21 de mayo de 2004 la primera vez por el Consejo, continuaba su labor de apoyo y ayuda para la implementación de los esfuerzos de los burundianos de restablecer una paz duradera y lograr la reconciliación nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de paz firmado en el 2000.
El 14 de marzo, en una declaración de la Presidencia que acogía con entusiasmo la aprobación por los burundianos de la Constitución tras la transición, mediante un referéndum celebrado el 28 de febrero, el Consejo instó a todos los burundianos a que permaneciesen comprometidos con el curso de la reconciliación nacional, para el que todavía le quedan pasos por dar. Invitó a los dirigentes políticos a trabajar conjuntamente hacia el objetivo común de celebrar, lo antes posible, elecciones locales y nacionales libres y justas.
El 31 de mayo, el Consejo, acogiendo con entusiasmo los recientes y positivos logros de los partidos en Burundi, ante todo tras el despliegue de la Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB) en junio de 2004, prorrogó el mandato de la Operación hasta el 1 de diciembre de 2005, y esperaba con interés recibir las recomendaciones del Secretario General sobre el nuevo papel a desempeñar por la Operación para el 15 de noviembre. Entre los positivos logros en el país, el Consejo acogió de forma particularmente calurosa, la aprobación de la Constitución tras la transición en febrero y la inminente celebración de elecciones. Tomó nota con satisfacción del calendario electoral confirmado en la más reciente reunión de los Estados miembros de la iniciativa regional para la paz en Burundi que tuvo lugar el 22 de abril en Entebbe.
Tras una misión de la Secretaría para Burundi en junio, dirigida por el Subsecretario General de Asuntos Políticos, Tuliameni Kalomoh, el Consejo recibió información el día 15 del Subsecretario General de Asuntos Jurídicos, Ralph Zacklin. Afirmó que, basándose en largas consultas con las autoridades del Gobierno, los partidos políticos y la población civil, la misión había recomendado establecer un mecanismo doble para esclarecer la verdad histórica en lo que respecta al conflicto en ese país, investigar los crímenes cometidos y hacer que sus responsables compareciesen ante la justicia. El mecanismo recomendado incluiría una comisión de la verdad y una sala especial en el sistema de tribunales de Burundi, con la competencia de un fiscal para llevar ante la justicia a los responsables de actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Después de aquella reunión informativa abierta, el Consejo adoptó por unanimidad, el 20 de junio, la resolución 1606 (2005) mediante la que solicitaba al Secretario General que iniciase negociaciones con el Gobierno de Burundi y consultas con todos los burundianos preocupados acerca de cómo implementar las recomendaciones anteriores, e informar de nuevo al Consejo el 30 de septiembre sobre los detalles, a saber costes, estructuras y plazos.
A través de una declaración de la Presidencia formulada el 30 de agosto, el Consejo reconoció el nombramiento de Pierre Nkurunziza como Presidente tras las elecciones celebradas el 19 de agosto en Burundi, diciendo que dicho acontecimiento había marcado el «ansiado paso final del proceso de transición». La conclusión del mencionado proceso de transición fue un hito para el futuro de Burundi y la región de los Grandes Lagos de África, según la declaración.
Al acoger con entusiasmo la decisión, en septiembre, de los dirigentes mundiales de la Cumbre Mundial 2005 de establecer un «Foro de Asociados» para apoyar los esfuerzos de consolidar la paz y fomentar el desarrollo en Burundi, el Consejo publicó una declaración el 22 de septiembre en la que alentaba al Representante Especial del Secretario General a concluir los debates con todas las partes interesadas con el fin de establecer el foro. Hizo un llamamiento a los donantes para que apoyasen a Burundi, y afirmó que el foro debería trabajar con el Gobierno para consolidar la paz y la reconciliación nacional.
Observando todos los factores de inestabilidad restantes en Burundi, que constituían una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región, el Consejo prorrogó el mandato de la ONUB hasta el 15 de enero de 2006, mediante la resolución 1641 (2005) adoptada por unanimidad.
El 21 de diciembre, el Consejo, mediante la resolución 1650 (2005) adoptada por unanimidad, decidió prorrogar de nuevo el mandato hasta el 1 de julio de 2006 y autorizó, con sujeción a las condiciones indicadas en el texto, el redistribución temporal de personal militar y de policía civil entre la ONUB y la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), y pidió al Secretario General que celebrase consultas con los países que aportaban personal militar y de policía civil a esas misiones.
Conflictos internos de larga data entre el amplio ejército Tutsi y los rebeldes Hutu, que se cobraron 200.000 víctimas mortales y causaron desplazamientos masivos, culminaron con la firma del Acuerdo de Paz y Reconciliación por la mayoría de los partidos el 28 de agosto de 2000 en Arusha, República Unida de Tanzania. El 1 de noviembre de 2002, entró en vigor un plan para el ejercicio compartido del poder entre un Presidente Hutu y otro Tutsi al frente de Burundi. El 2 de diciembre, se acordó una cesación del fuego entre el Gobierno y las Fuerzas de Defensa de la Democracia.
República Centroafricana
Una declaración emitida por el Presidente del Consejo el 22 de julio acogió con entusiasmo el establecimiento de nuevas instituciones gubernamentales en la República Centroafricana, señalando que era necesaria su estabilidad para garantizar una paz duradera en dicho país. Sintiéndose profundamente gratificado por el éxito de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en dos vueltas, el 13 de marzo y el 8 de mayo respectivamente, el Consejo invitó al Gobierno y a todas las fuerzas políticas y civiles a consolidar el diálogo nacional y garantizar la reconciliación nacional, con vistas a conseguir un desarrollo sostenible. Expresó su apreciación hacia el papel fundamental desempeñado en el proceso por la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), Francia, la Unión Europea, China y Alemania.
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire, dividida desde 2002 en una región meridional controlada por el Gobierno y una septentrional en poder de los rebeldes, anunció a finales de diciembre una unidad de Gobierno integrada por treinta y dos miembros, a saber los rebeldes, el partido de la oposición y los ministros del partido en el Gobierno, y representó una medida decisiva e infrecuente hacia la reconciliación nacional.
A lo largo del año, el Consejo celebró quince reuniones oficiales sobre la situación en ese país. En la primera, celebrada el 1º de febrero, se adoptó por unanimidad la resolución 1584 (2005) , por la que se reforzaba su prohibición de armas que databa de dos meses en el país dividido y se adoptaban varias medidas con el objetivo de garantizar un embargo efectivo. El Consejo autorizó, de la misma manera, la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI) y a las fuerzas francesas para cooperar con los Gobiernos regionales y las misiones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia y Sierra Leona con el fin de mantener el tráfico de armas bajo control, con inspecciones anunciadas de todas las cargas de los aviones y vehículos de transporte en puertos, aeropuertos, aeródromos, bases militares y puestos de cruce fronterizo de Côte d'Ivoire.
El Consejo estableció la ONUCI el 27 de febrero de 2004, mediante la resolución 1528 (2004) adoptada por unanimidad, para un periodo inicial de un año empezando el 4 abril de 2004. Su mandato, entre otras tareas, consistía en observar y supervisar la implementación del acuerdo completo de cesación del fuego firmado el 3 de mayo de 2003.
El país ha sido prácticamente dividido tras un intento de golpe de estado en septiembre de 2002, que causó la propagación de la violencia y una crisis humanitaria. La parte meridional del país estaba controlada por el Gobierno y la parte septentrional estaba en poder de los grupos rebeldes. La cesación del fuego se acordó el 3 de mayo de 2003. No obstante, los esfuerzos por mantenerla se vieron minados el 4 de noviembre de 2004 cuando las fuerzas del gobierno atacaron a posiciones de los rebeldes de la parte septentrional, causando muertes y heridas a docenas de civiles y haciendo que las Naciones Unidas suspendiesen sus operaciones de ayuda en dicho país. El 6 de noviembre de 2004, las fuerzas del gobierno atacaron a una posición francesa, causando la muerte de nueve franceses miembros de las operaciones para el mantenimiento de la paz y de un ciudadano americano.
El 28 de marzo, el Representante Especial Adjunto Principal del Secretario General en Côte d'Ivoire, Alan Doss, en una reunión informativa al organismo integrado por quince miembros, afirmó que el proceso de paz en el país no había progresado de manera significativa desde el tercer informe de progreso elaborado por el Secretario General y continua sufriendo por las reverberaciones de los atentados perpetrados en noviembre de 2004.
El 4 de abril, el Consejo prorrogó por un mes, hasta el 4 de mayo, el mandato de la ONUCI y el de las fuerzas francesas que le apoyan, en virtud de la resolución 1594 (2005) adoptada por unanimidad. Igualmente, instó a todas la partes en Côte d'Ivoire a que encuentren de manera rápida y activa una solución duradera para la crisis de su país, especialmente mediante la mediación de la Unión Africana dirigida por Thabo Mbeki.
Al informar al Consejo el 26 de abril sobre los últimos progresos, el viceministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Aziz Pahad, afirmó que las solicitudes de los dirigentes ivorianos para una mayor asistencia de las Naciones Unidas sólo pueden conseguirse si la Organización actúa de manera decisiva al ajustarse al mandato de su Operación en ese país. Sr. Pahad le comunicó, asimismo, al Consejo que un reajuste permitiría a la misión de las Naciones Unidas, entre otras: satisfacer el mecanismo de supervisión electoral; ayudar con las funciones policiales de la parte septentrional; proporcionar fondos para el desarme, la desmovilización y el proceso de reintegración; y ampliar la capacidad de la misión para lograr las tareas adicionales que emanan del Acuerdo Pretoria, firmado en la capital de Sudáfrica a principios de ese mes.
Posteriormente, el 4 de mayo, el Consejo prorrogó el mandato de la ONUCI y las fuerzas francesas para que lo apoyase durante un mes, hasta el 4 de junio, a través de la resolución 1600 (2005) adoptada por unanimidad. Acogió con entusiasmo la firma de las partes ivorianas, el 6 de abril en Pretoria, del acuerdo de paz (Acuerdo de Pretoria, documento S/2005/270 ) bajo los auspicios del Presidente sudafricano Mbeki. El Consejo elogió al Presidente Mbeki por el papel tan fundamental que desempeñó, en nombre de la Unión Africana, para restablecer la paz y la estabilidad en el país. Tomó nota con satisfacción del anuncio emitido por el Presidente Laurent Gbagbo de Côte d’Ivoire el 26 de abril de que todos los candidatos propuestos por los partidos políticos signatarios del Acuerdo Linas-Macoussis serían elegibles a la Presidencia.
De nuevo, el 3 de junio, el Consejo prorrogó el mandato de la ONUCI y el de las fuerzas francesas que lo apoyaban por un mes más, hasta el 24 de junio, en virtud de la resolución 1603 (2005), con vistas a una renovación de siete meses. Mediante la resolución 1609 (2005) adoptada por unanimidad el 24 de junio, lo llevó a cabo hasta el 24 de enero de 2006.
Observando con interés la Declaración sobre la aplicación del Acuerdo de Pretoria para el proceso de paz, firmado el 29 de junio, el Consejo, en una declaración de la Presidencia dada a conocer el 6 de julio, solicitó un escrupuloso cumplimiento por parte de todos los signatarios y las partes de Côte d'Ivoire implicadas en el calendario acordado el 29 de junio.
Al informar al Consejo sobre la situación el 13 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Oluyemi Adeniji, cuyo país ostenta la Presidencia de la Unión Africana, constató que, a pesar del progreso realizado, estaba claro que el periodo de transición en Côte d'Ivoire, previsto para finalizar el 30 de octubre con la celebración de elecciones, no era alcanzable. El país era testigo de un cíclico periodo de angustia, potencialmente detonante por la imposibilidad de conseguir los plazos para las fases de transición fijados en el Acuerdo Linas-Marcoussis.
Tomando nota el 14 de octubre de la solicitud de la Unión Africana de que se reforzase la ONUCI, el Consejo expresó su intención, en una declaración de la Presidencia, de adoptar cuanto antes las medidas necesarias para apoyar el llamamiento de la Unión por unas elecciones libres y justas celebradas a más tardar el 30 de octubre. Asimismo, consideraría si proporcionar recursos adicionales a la misión de las Naciones Unidas, basada en el cuidadoso estudio de las condiciones en el país y de un significativo progreso hacia la aplicación de compromisos de larga data.
Adoptando por unanimidad, el 18 de octubre, la resolución 1632 (2005) , el Consejo prorrogó, hasta el 15 de diciembre, el mandato del equipo compuesto por tres personas que había creado para ayudar en el control de armas en ese país de África occidental. Solicitó, del mismo modo, al Grupo de Expertos que presentase un informe actualizado sobre la efectividad del embargo de armas impuesto mediante la resolución 1572 (2004) y exigiendo a todos los país que evitasen «el suministro directo o indirecto, la venta o transferencia» de armas a Côte d'Ivoire.
Tras la mencionada reunión informativa, el Consejo, expresando su seria preocupación por la persistencia de la crisis y el deterioro de la situación, adoptó por unanimidad la resolución 1633 (2005) el 21 de octubre, por la que pidió la inmediata aplicación del Linas-Marcoussis, Acra III y los acuerdos de paz de Pretoria a los signatarios de los mismos y a las partes de Côte d'Ivoire interesadas. Igualmente, pidió que las Fuerzas nouvelles procediesen inmediatamente con el desarme, la desmovilización y el programa de reintegración para así facilitar la restauración de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional, la reunificación del país y la organización de unas elecciones lo antes posible.
El 30 de noviembre, el Consejo afirmó en una declaración de la Presidencia que el rápido nombramiento de un Primer Ministro era crucial para relanzar el proceso de paz, que conduzca a la celebración de unas elecciones no más tarde del 31 de octubre de 206, y consideró que el Primer Ministro debe designarse sin mayor demora. Posteriormente, en una declaración de la Presidencia emitida el 9 de diciembre, el Consejo acogió calurosamente el nombramiento de Charles Konan Banny como Primer Ministro y expresó su pleno apoyo hacia él.
Preocupado seriamente por la persistente crisis y los obstáculos existentes para la paz, el Consejo, el 15 de diciembre, renovó para otro año más el embargo de armas así como las restricciones de viajes y financieras impuestas a ese país el 15 de noviembre de 2004 y prohibió las importaciones de diamantes en bruto procedentes de Côte d'Ivoire. Mediante la resolución 1643 (2005) adoptada por unanimidad, señaló su buena disposición para solicitar dichas medidas a cualquiera que se estime haya amenazado la paz, violado la prohibición de armas o sea responsable de actos que incitan a la violencia o violaciones graves de los derechos humanos. Pidió, asimismo, al Secretario General que restableciese, en el plazo de 30 días y para seis meses, un grupo de expertos compuesto por cinco miembros para que desempeñase varias tareas relacionados con las sanciones, incluido informar al Consejo en 90 días sobre la aplicación de las medidas impuestas por el párrafo 7 de la resolución 1572 (2004) y el párrafo 6 del texto que describe las prohibiciones.
Etiopía/Eritrea
El 14 de marzo, el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) hasta el 15 de septiembre. Reuniéndose de nuevo el 13 de septiembre, prorrogó el mandato de la Misión hasta el 15 de marzo de 2006.
Posteriormente, efectivo el 5 octubre, el Gobierno de Eritrea restringió los vuelos de todo tipo de los helicópteros de la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) en el espacio aéreo de Eritrea y hacia ese país. En respuesta a dicha decisión, el Consejo emitió una declaración de la Presidencia el 4 de octubre, en la que expresó una seria preocupación por la decisión del Gobierno, afirmando que tendría impactos graves en la capacidad de la Misión para cumplir su mandato y en la seguridad de su personal, e instó al Gobierno de Eritrea a revocar su decisión, efectiva el 5 de octubre, y proporcionar a la Misión el acceso, la asistencia, la ayuda y la protección necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Dada la continuidad de las restricciones de libertad y movimiento de la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) por parte de Eritrea, el Consejo adoptó por unanimidad la resolución 1640 (2005) el 23 de noviembre, en la que expresó una gran preocupación por las consecuencias y la posible repercusión de la decisión de prohibir los vuelos en helicóptero de la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE) en cuanto al mantenimiento de la paz y seguridad entre ese país y Etiopía y los principios por los que se rigen las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Por esta razón, el Consejo deploró profundamente el hecho de que Eritrea siguiese imponiendo restricciones a la libertad de desplazamiento de la MINUEE y exigió que el Gobierno revocase, sin mayor tardanza ni condiciones previas, su decisión de restringir los vuelos de todo tipo de los helicópteros de la Misión, así como las restricciones adicionales impuestas a las operaciones de la Misión y que proporcionase a la Misión el acceso, la asistencia, el apoyo y la protección necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
El 7 de diciembre el Consejo hizo pública una declaración de la Presidencia en la que condenaba la decisión del Gobierno de Eritrea de solicitar que algunos miembros de la MINUEE abandonasen el país en un plazo de 10 días, efectivo a partir del 6 de diciembre, y exigieron a Eritrea de manera inequívoca que difiriese dicha decisión sin condiciones previas. Según la declaración, esa decisión contradecía los compromisos del Gobierno de Eritrea de respetar la naturaleza exclusivamente internacional de la operación de mantenimiento de la paz. El Consejo indicó que consultaría sobre cómo reaccionar ante esa acción «totalmente inaceptable» por parte de Eritrea.
Una semana después, el 14 de diciembre, el Consejo hizo pública una declaración de la Presidencia en la que comunicaba su decisión de trasladar temporalmente al personal civil y militar de la MINUEE de Eritrea a Etiopía, únicamente con el fin de garantizar su seguridad. Según la declaración, la falta de cooperación de las autoridades de Eritrea con la MINUEE había originado condiciones en el territorio que impedían que la Misión cumpliese su mandato de forma satisfactoria. El Consejo manifestó su intención de mantener cierta presencia militar de la MINUEE mientras examinase futuros proyectos de la Misión.
Somalia
Tras una década de anarquía y hambruna en el país, se inició un proceso de reconciliación nacional con la celebración de una conferencia de paz entre las diversas facciones de Arta (Djibouti) a mediados de 2000 y la formación de un gobierno de transición. Dado que varios partidos de Somalia no apoyaron el proceso, siguió habiendo importantes problemas en materia de seguridad, reconstrucción y desarrollo. El 27 de octubre de 2002 se firmó en Eldoret (Kenya) la Declaración sobre la cesación de hostilidades y las estructuras y principios del proceso de reconciliación en Somalia.
El Secretario General recomendó en su informe al Consejo de 18 de febrero de 2005 que aumentase la intervención de las Naciones Unidas en ese país. Comunicó que, aunque el acuerdo de reparto de poder para un período de transición durante los siguientes cinco años, derivado del proceso de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) había constituido el proceso de paz más inclusivo hasta el momento, incluyendo todos los clanes y la mayor parte de los jefes de las principales facciones, no se podía afirmar que se hubiesen logrado la paz y la reconciliación ni que los enfrentamientos en Somalia hubiesen cesado.
Tras esa recomendación, el 7 de marzo, el Presidente del Consejo anunció una declaración en la que se manifestaba de acuerdo con el Secretario General en que la futura ampliación de la intervención de las Naciones Unidas en Somalia debía ser gradual y basada en el resultado de las conversaciones con el Gobierno Federal de Transición. Entretanto, acogió con beneplácito los esfuerzos de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS) y su papel principal en el apoyo de coordinación brindado al Gobierno de Transición en la implementación de los acuerdos firmados en la Conferencia de Reconciliación Nacional de Somalia y en el establecimiento de la paz y estabilidad del país.
Actuando de conformidad con el Capítulo VI de la Carta, el 15 de marzo el Consejo adoptó por unanimidad la Resolución 1587 (2005) , por la que decidió volver a establecer por un período de seis meses el Grupo de supervisión centrado en las continuas infracciones del embargo de armas en Somalia, incluidas las transferencias de municiones, armas de un solo uso y armas pequeñas. Pidió al Grupo que continuase desempeñando las funciones que se le habían conferido, incluidas la investigación de la aplicación del embargo de armas por los Estados Miembros y cualquier infracción del mismo, así como de las medidas aplicadas por las autoridades somalíes en ese respecto.
El 14 de julio, el Presidente del Consejo hizo pública una declaración en la que expresaba su preocupación por los recientes desacuerdos que amenazaban la viabilidad de las Instituciones Federales de Transición del país e instó a la inmediata conclusión de un plan nacional de seguridad y estabilización que incluyese un acuerdo exhaustivo y verificable de cesación del fuego que diese lugar al desarme definitivo. El Consejo pidió a los líderes de Somalia que ejerciesen el máximo control y tomasen medidas efectivas inmediatas para reducir las tensiones.
Asimismo, el Consejo condenó enérgicamente el brutal asesinato del 11 de julio en Mogadiscio del activista pacifista Abdulkadir Yaha Ali, exigiendo una investigación inmediata. Igualmente, lamentó el reciente secuestro de un buque fletado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que transportaba ayuda alimentaria para las víctimas del tsunami.
En su informe al Consejo del 5 de octubre, el Grupo de supervisión del embargo de armas informó de un constante y drástico aumento de las infracciones del embargo de armas en los últimos seis meses. Declaró que ese aumento en el tráfico de armas era una manifestación del gran aumento de la tensiones políticas entre el Gobierno Federal de Transición y la oposición. Esto, sucesivamente, había dado lugar al aumento de la militarización y a un preocupante ascenso de la amenaza de violencia generalizada en el centro y sur de Somalia. Como reacción ante esto, el Consejo adoptó por unanimidad la Resolución 1630 (2005) , el 14 de octubre, en la que condenaba el considerable aumento de la corriente de armas y municiones que entraba en Somalia y en el que pedía que el Secretario General volviese a establecer el Grupo de supervisión del embargo de armas contra ese país.
El 9 de noviembre, el Consejo, en una declaración de la Presidencia, condenó enérgicamente el intento de asesinato contra el Primer Ministro somalí, Ali Mohammed Gedi, el 6 de noviembre en Mogadiscio así como el asesinato de un oficial de seguridad nacional de las Naciones Unidas el 3 de octubre en Kismayo.
Liberia
Insistiendo en la necesidad de que la comunidad internacional ayudase al Gobierno de Transición Nacional de Liberia a aumentar su capacidad para establecer su autoridad en todo el país y, en particular, para establecer su control sobre las zonas productoras de diamantes y madera y sobre las fronteras del país, el Consejo, el 21 de junio, mediante la adopción de la Resolución 1607 (2005) , decidió que el embargo de diamantes de Liberia permaneciese en vigor. Además, decidió volver a establecer el Grupo de Expertos para que, entre otros cometidos, evaluase los efectos y la eficacia de las diferentes sanciones impuestas inicialmente por el Consejo mediante la Resolución 1521 (2003) .
(En vista del apoyo prestado por Liberia a los grupos armados de la subregión del África occidental, el Consejo había impuesto en 2001 sanciones amplias contra Liberia, que incluían un embargo de armas y de diamantes en bruto y la prohibición de viajar a determinadas personas del Gobierno de Liberia.)
Anteriormente, el 31 de marzo, el Consejo decidió prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) hasta el 31 de marzo de 2006 mediante la adopción unánime de la Resolución 1626 (2005) . También había autorizado un aumento transitorio de la dotación máxima de la Misión hasta un total de 15.250 efectivos militares para el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2005 y
el 31 de marzo de 2006, a fin de que continuara
la presencia internacional de seguridad para dar protección al Tribunal Especial para Sierra Leona, tras la partida de la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) el 31 de diciembre.
Posteriormente, el 11 de noviembre, el Consejo adoptó por unanimidad la Resolución 1638 (2005), por la que decidió que el mandato de la UNMIL había de comprender el elemento adicional de capturar y detener al ex Presidente Charles Taylor y trasladarlo para su procesamiento por el Tribunal Especial para Sierra Leona en caso de que regresase a Liberia. El Consejo pidió al Gobierno de Liberia y al Gobierno de Sierra Leona que lo mantuviese plenamente informado acerca del traslado del ex Presidente de Liberia.
Sierra Leona
«Ahora que en Sierra Leona reinan la paz y la estabilidad, el Consejo de Seguridad considera que se presenta una gran oportunidad para la formación de una cultura política madura y dinámica», afirmó el órgano de 15 miembros en una declaración de la Presidencia el 20 de diciembre.
Tal vez más que cualquier otra situación tratada en el orden del día del Consejo, la conclusión el 31 de diciembre de la Misión de las Naciones Unidas para Sierra Leona (UNAMSIL), que había contribuido a la restauración de la paz y la estabilidad durante seis años en ese país de África occidental tras una larga guerra civil, fuese el mayor éxito del año.
Encomiando la Misión de las Naciones Unidas por su «valiosa aportación» a la recuperación del país, el Consejo señaló en el informe que la nueva Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNIOSIL) seguiría ayudando al Gobierno a encarar los muchos desafíos que afronta, entre ellos la buena gobernanza, el desarrollo económico sostenible, la creación de empleo y la prestación de servicios públicos. El Gobierno necesitaría la ayuda sostenida de los donantes y asociados para el desarrollo, particularmente para encarar cuestiones tan esenciales como la reforma del sector de la seguridad, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del poder judicial y la igualdad de derechos para mujeres y niñas.
El 24 de mayo, el Presidente del Tribunal Especial para Sierra Leona, Emmanuel Olayinka Ayoola, había informado al Consejo en una reunión pública. Comunicó que el Tribunal había recibido una cantidad aproximada de 54,9 millones de dólares en concepto de aportaciones voluntarias, cifra que se ubica muy por debajo de los 104 millones que requiere su presupuesto de cuatro años, y que por el momento no había garantías de financiación más allá de 2005. Como resultado del déficit, el Secretario General había vuelto a exponer el asunto al Consejo, buscando una subvención de acuerdo con el presupuesto por programas de las Naciones Unidas para misiones políticas especiales con el fin de complementar las aportaciones voluntarias.
El Consejo, el 30 de junio, decidió prorrogar el mandato de la UNAMSIL por un período final de seis meses, acogiendo con beneplácito la recomendación del Secretario General de que la retirada de los efectivos comenzase a mediados de agosto y terminase el 31 de diciembre. Mediante la adopción unánime de la Resolución 1610 (2005), el Consejo pidió al Secretario General que concluyese los planes necesarios para una presencia integrada del sistema de las Naciones Unidas en el país tras el retiro de la UNAMSIL, que tuviese la capacidad necesaria para coordinar las actividades de los organismos, fondos y programas, para colaborar con la comunidad de donantes y para seguir apoyando la labor del Gobierno en pro de la consolidación de la paz y el desarrollo a largo plazo. Asimismo, recordó que las fuerzas de seguridad de Sierra Leona asumirían la plena responsabilidad por la seguridad del país tras el retiro de la Misión.
A petición del Consejo, la UNIOSIL fue establecida el 31 de agosto por un período inicial de 12 meses a partir del 1º de enero de 2006, mediante la adopción unánime de la Resolución 1620 (2005) . A la Oficina se le asignarían, entre otras, las siguientes tareas: aumentar la capacidad de las instituciones estatales para desarrollar y aplicar una estrategia que permita tratar de eliminar las causas fundamentales del conflicto y acelerar los progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También se le encomendó la elaboración de un plan nacional de acción para los derechos humanos y la creación
de una comisión nacional de derechos humanos.
El conflicto en Sierra Leona data de marzo de 1991, cuando los combatientes del Frente Revolucionario Unido (FRU) iniciaron una guerra desde el este del país cerca de la frontera con Liberia para derrocar al Gobierno. En octubre de 1999, el Consejo, mediante la Resolución 1270 (1999) , estableció la UNAMSIL para contribuir a la implementación del Acuerdo de Paz de Lomé (Togo) entre el Gobierno de Sierra Leona y el FRU, que fue firmado el 7 de julio de 1999.
Guinea-Bissau
El Consejo se reunió dos veces en 2005 para considerar la situación de Guinea-Bissau. En la primera reunión, el 31 de marzo, hizo pública una declaración de la Presidencia en la que instaba a todos los actores políticos presentes a mostrar un compromiso incondicional hacia un proceso electoral pacífico, que condujese a unas elecciones pacíficas, transparentes, libres e imparciales, y condenó vigorosamente cualquier intento de instigar a la violencia así como de obstaculizar la continua lucha por la paz, estabilidad y desarrollo económico y social. Igualmente, el Consejo expresó su creciente preocupación ante los recientes cambios políticos del país, especialmente ante la decisión del «Partido de Renovación Social» de elegir al ex Presidente Koumba Yala como candidato a la presidencia. Manifestó que esas decisiones desafiaban la Carta de Transición y podían poner en peligro el éxito de la conclusión sobre el proceso de transición y las próximas elecciones presidenciales.
En la segunda reunión, celebrada el 19 de agosto, el Consejo hizo pública una declaración en la que exhortaba al pueblo de Guinea-Bissau a participar en el proceso electoral y en la que acogió con beneplácito el éxito de la celebración de las elecciones presidenciales en el país y los resultados finales de la votación anunciados por la Comisión Electoral Nacional. Esto había constituido un paso importante hacia la restauración del orden constitucional. Tomó nota del recurso de apelación que uno de los oponentes interpuso ante la Corte Suprema de Justicia e instó vigorosamente a todas las partes a cumplir con obligaciones y a aceptar el fallo final de la Corte. Instó a las partes a que se abstuviesen de tomar medidas que pudieran poner en peligro las actividades en pro de la paz y estabilidad del país.
Sáhara Occidental
En 2005 el Consejo prorrogó dos veces el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), reafirmando su empeño en ayudar a las partes del Sáhara Occidental a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable.
La primera prórroga se realizó el 28 de abril mediante la adopción unánime de la Resolución 1598 (2005) , en la que el Consejo afirmaba la necesidad de que se respetasen plenamente los acuerdos militares concertados con la MINURSO en relación con la cesación del fuego. (Existe una serie de acuerdos militares, por un lado, entre el Real Ejército de Marruecos y la MINURSO y, por otro, entre las fuerzas militares del Frente POLISARIO y la MINURSO.)
En lo sucesivo, reiterando su llamamiento a las partes para que siguiesen colaborando para poner fin a la actual situación de estancamiento y avanzar hacia una solución política, el Consejo adoptó por unanimidad la Resolución 1634 (2005) el 28 de octubre, por la que prorrogó el mandato de la Misión por otro período de seis meses, hasta el 30 de abril de 2006, y exhortó a los Estados Miembros a que considerasen la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias para financiar medidas de fomento de la confianza que permitiesen mayores contactos entre familiares separados por causa de la controversia.
Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO) han luchado por el Territorio desde que España cedió su control en 1974. La MINURSO fue establecida en 1991 para supervisar la celebración de un referéndum en el que la población del Sáhara Occidental eligiese entre la independencia o la integración con Marruecos, como parte del Plan de Arreglo de las Naciones Unidas. Ese referéndum ha sido retrasado durante años.
El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.