África
Sudán
«Sudán podría sumirse en el caos porque se está derrumbando el orden», advirtió el Secretario General al Consejo en su informe de diciembre sobre la situación en la región de Darfur del Sudán (documento S/2004/947 
), en el que explicaba, además, que el optimismo generado por el frente político había sido eclipsado por el empeoramiento de la seguridad.
Los enfrentamientos estallaron en Darfur en marzo de 2003, entre las milicias árabes favorables al Gobierno, conocidas como Janjaweed, y los rebeldes del Ejército de Liberación del Sudán (SLA) y del Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM). Los rebeldes exigían reformas políticas y económicas, que supuestamente se habían visto frustradas como consecuencia de la que consideraban una marginalización de Darfur por parte de Jartum. El conflicto que estaba devastando la región se había desarrollado durante la guerra civil más larga en África, en la que se había enfrentando el norte y el sur del Sudán.
La matanza en esta remota región atrajo la atención de todo el mundo e indujo al Consejo a convocar 12 sesiones oficiales sobre la cuestión, entre ellas dos en Nairobi, Kenya, en noviembre. Entre otros aspectos importantes de estas sesiones, el Consejo manifestó su intención de considerar la imposición de medidas si el Gobierno no daba muestras de progreso notable, irreversible y verificable para garantizar la seguridad en Darfur (en julio) y solicitó que el Secretario General estableciera una comisión de investigación internacional para que se investigara de inmediato las denuncias de transgresiones de las normas de derechos humanos cometidas en Darfur y constatase también si se habían producido o no actos de genocidio (en septiembre).
El Consejo comenzó a estudiar formalmente la crisis el 25 de mayo cuando, en una declaración del Presidente que informaba sobre la muerte de miles de personas en Darfur y los cientos de miles que podrían perder la vida en los meses siguientes, manifestó su profunda preocupación sobre la penosa situación y condenó tajantemente los actos que amenazaban una solución pacífica.
Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1547 (2004) el 11 de junio, el Consejo acogió con beneplácito la propuesta del Secretario General de establecer, por un período inicial de tres meses, un grupo de avanzada de las Naciones Unidas en el Sudán para preparar la introducción de una operación de apoyo de la paz tras la firma de un acuerdo general de paz.
El Consejo reiteró su profunda preocupación por la crisis humanitaria y la proliferación de violaciones de los derechos humanos el 30 de julio y, actuando en virtud del Capítulo VII, aprobó la resolución 1556 (2004) por 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones (las de China y el Pakistán). Por esta resolución se pedía al Gobierno que desarmara las milicias Janjaweed y que procesara a aquellos que habían llevado a cabo las atrocidades. Asimismo, se pedía al Secretario General que presentara un informe en el plazo de 30 días y expresaba su intención de examinar la posibilidad de adoptar otras medidas, incluida la imposición de sanciones, en caso de incumplimiento.
En un informe del 30 de agosto, el Secretario General dijo que algunas medidas del Gobierno habían producido algunos avances, pero que no habían cumplido totalmente su obligación de detener los ataques contra los civiles y asegurar su protección. Por otro lado, la gran mayoría de las milicias armadas no había depuesto las armas. Además, tampoco se habían adoptado medidas concretas para llevar ante la justicia a ninguno de los dirigentes de las milicias o a los autores de los ataques, ni siquiera para determinar quiénes eran, informó el Secretario General.
En una reunión informativa el 2 de septiembre, se comunicó al Consejo que, aunque se habían producido algunos avances para conseguir los requisitos de la resolución 1556 (2004) para reestablecer la seguridad en Darfur, las milicias no habían depuesto las armas ni habían detenido sus ataques contra los civiles. El Representante Especial del Secretario General para el Sudán, Jan Pronk, también dijo que no se habían adoptado medidas concretas para llevar ante la justicia ni para determinar quiénes eran los dirigentes de las milicias o a los autores de los ataques, lo que había permitido que continuaran las violaciones de los derechos humanos en un clima de impunidad.
Poco después, el 18 de septiembre, el Consejo, preocupado porque el Gobierno no había cumplido totalmente con sus obligaciones de proteger a los civiles en Darfur, declaró que, si no cumplía por completo con la resolución 1556 (2004) ni cooperaba con la expansión y ampliación de la presencia de vigilancia en Darfur, se plantearía la adopción de medidas adicionales, incluidas las sanciones, que afectarían al sector del petróleo del Sudán y al Gobierno o sus miembros.
Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1564 (2004) en virtud del Capítulo VII, ese mismo día, por 11 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones (las de Argelia, China, Pakistán y la Federación de Rusia), el Consejo pidió al Secretario General que estableciera rápidamente una comisión internacional de investigación para que examinara de inmediato todas las denuncias de transgresiones de las normas de derechos humanos cometidas en Darfur y constatase también si se habían producido o no actos de genocidio.
El 8 de octubre, el Secretario General anunció el nombramiento de una Comisión de cinco miembros que se encargaría de investigar las denuncias de transgresiones graves del derecho internacional humanitario y de las normas de derechos humanos cometidas en Darfur por todas las partes en el actual conflicto. Asimismo, debería caracterizar los delitos y constatar si se habían producido o no actos de genocidio o si éstos se seguían produciendo y determinar la responsabilidad e identificar a los autores de tales transgresiones y recomendar instancias ante las cuales hayan de rendir cuentas de sus actos los presuntos responsables.
El Secretario General pidió a la Comisión la presentación de un informe en un período de 90 días desde el inicio de sus actividades. Los cinco miembros - Antonio Cassese (Italia) como Jefe de la Comisión, antiguo Presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Thérèse Striggner Scott (Ghana), Mohamed Fayek (Egipto), Hina Jilani (Pakistán), y Diego García-Sayán (Perú) - llegaron al Sudán el 8 de noviembre.
La Unión Africana envió 60 observadores a Darfur en julio como parte de una misión de observación para proporcionar asistencia humanitaria. Asimismo, se comprometió a principios de agosto a enviar a Darfur una fuerza de protección de 300 miembros antes de finales de mes para prestar apoyo a los observadores. La Unión Africana también promovió conversaciones entre el Gobierno y los rebeldes, que comenzaron el 23 de agosto en Abuja, Nigeria.
El Consejo asistió a una reunión informativa sobre la situación del país el 24 de septiembre a cargo del Presidente de Nigeria y Presidente de la Unión Africana, Olusegun Obasanjo, que destacó que el papel de «mando y control» desempeñado por la Unión Africana en la región de Darfur había apurado al máximo sus recursos. Apeló al Consejo a que asegurara que la Unión Africana tendría la capacidad para superar los retos del momento, entre ellos el mantenimiento de una fuerza de aproximadamente 3.000 efectivos.
Para abrir la sesión, el Secretario General Kofi Annan dijo que la terrible violencia en Darfur no era sólo un problema de África, sino que debía preocupar a la comunidad internacional en su totalidad. Por otra parte, urgió a todo el mundo para que dejara rotundamente claro a ambas partes que se esperaba de ellas una vuelta a las negociaciones dirigidas por la Unión Africana para conseguir un acuerdo político y que debían demostrar el espíritu de compromiso necesario para lograrlo.
El 5 de octubre, el Representante Especial Jan Pronk advirtió que este conflicto, causado por el hombre, de no resolverse debidamente, podría crear las condiciones para un peor enfrentamiento regional, si no mundial. Cuando las luchas en el Sudán se percibieran como un choque de culturas --árabes contra africanos-- los enfrentamientos se volverían incontrolables y se propagarían a otros lugares. Informó de que en las importantes esferas de la seguridad y la impunidad no había habido progresos; no obstante, sí había habido señales de mejoría en el frente político.
Este informe se había emitido tras varias conversaciones a puerta cerrada en el Consejo durante la semana anterior al desarrollo de la tragedia, entre ellas, una conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores del Sudán, Mustafa Osman Ismail, que él mismo había solicitado. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y el Asesor Especial del Secretario General para la prevención del genocidio, Juan Méndez, hicieron públicas sus conclusiones tras una semana de misión en Darfur, donde más de 1,65 millones de personas habían abandonado sus hogares y donde las milicias armadas estaban acusadas de haber acabado con miles de vidas.
Más tarde, el 26 de octubre, el Consejo aprobó la resolución 1569 (2004) , en la que expresaba su decisión de celebrar sesiones en Nairobi los días 18 y 19 de noviembre de 2004 con representantes de la Unión Africana y de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).
Antes de la celebración de las sesiones en Nairobi, el Consejo atendió a un nuevo informe del Sr. Pronk el 4 de noviembre, en el que advertía al Consejo de que el empeoramiento de la situación en Darfur podía llegar a un estado de anarquía, a un colapso total del orden público. Afirmaba, asimismo, que la naturaleza del conflicto estaba cambiando y que el Gobierno había utilizado fuerzas paramilitares y, por tanto, no se podía confiar en su obediencia. Las fronteras entre los militares, los paramilitares y la policía se estaban difuminando. Informaba, además, de que dentro de los movimientos rebeldes había una crisis de liderazgo y que, quizá, el mundo vería pronto a Darfur dominado por caudillos.
El Sr. Pronk defendió un enfoque triple para invertir esa situación. En primer lugar, debía desplegarse la fuerza de un tercero, la Unión Africana, para disuadir de manera eficaz las violaciones. En segundo lugar, debían acelerarse todos los procesos de negociación. Por último, los dirigentes políticos, tanto los oficiales como los autoproclamados, debían rendir cuentas de todas las violaciones de los acuerdos y de la continuación de la miseria humana.
En su discurso durante las sesiones en Nairobi del 18 de noviembre, el Sr. Annan dijo que el Sudán era un país con divisiones muy arraigadas y complejas, sobre todo en el sur, y que, desde hacía décadas, la población vivía con miedo, hambre y miseria, tanto por causas naturales como por causas humanas. El proceso de paz de Naivasha, dirigido por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, ofrecía verdaderas esperanzas para acabar con esa larga pesadilla y una oportunidad para transformar el panorama político y el sistema de gobernanza.
Insistió en que iba siendo hora de que concluyeran las negociaciones entre el Gobierno del Sudán y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A), y añadió que las consecuencias de la demora no sólo se dejarían sentir en el sur, sino por todo el territorio, ya que el conflicto se iba extendiendo a zonas más amplias del país. El conflicto devastador de Darfur era una clara prueba de ello. Por otro lado, advirtió que la rápida conclusión de las conversaciones entre el norte y el sur no sólo ayudaría a detener la propagación del conflicto a otras zonas del país, sino que también serviría como base y catalizador para la resolución de otros conflictos.
Al tiempo que recomendaba al Consejo centrarse ante todo en las conversaciones entre el norte y el sur, reconocía que el conflicto de Darfur también requería su atención. «La magnitud y la intensidad del sufrimiento humano en esa región hacen que el conflicto siga manteniéndonos en vilo», explicó el Sr. Annan.
El 19 de noviembre, el Consejo de Seguridad, alentado por el compromiso entre el Gobierno del Sudán y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, que ese mismo día habían firmado un memorando de entendimiento por el que prometían alcanzar un acuerdo general de paz antes de finales de año, declaró su apoyo total a estos esfuerzos y recordó que estaba preparado para establecer una misión de apoyo a la paz para facilitar la aplicación del acuerdo.
Para concluir los dos días de sesiones, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1574 (2004) , por la que prorrogaba el mandato de la misión avanzada en el Sudán hasta el 10 de marzo de 2005. Por este mismo texto, el Consejo exigía al Gobierno y a las fuerzas rebeldes que pusieran fin inmediatamente a todos los ataques, se abstuvieran de reasentar civiles por la fuerza y cooperaran con las actividades de socorro humanitario de conformidad con anteriores acuerdos. El Consejo destacó que vigilaría el cumplimiento de las partes y adoptaría las medidas que correspondiesen contra cualquiera de las partes que no cumpliera sus compromisos.
Los miembros del Consejo tomaron la palabra para expresar su apoyo a los esfuerzos para conseguir la paz. Algunos destacaron la naturaleza excepcional de la reunión en Kenya, no sólo por ser signo de la importancia que se otorgaba al fin de la guerra en el país más grande de África, sino también como una oportunidad para acercar la realidad del continente africano hasta Nueva York.
El 7 de diciembre, en la última reunión oficial el Consejo sobre la situación, el Secretario General Adjunto, Kieran Prendergast, advirtió que los choques entre las milicias favorables al gobierno y el Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés amenazaban con sumir a Darfur en el caos. Instó a la comunidad internacional a enviar un mensaje inequívoco a todas las partes involucradas en el Sudán en el que quedara claro que la violencia y los actos militares hostiles no constituían un medio aceptable de conseguir logros políticos.
Asimismo, el Sr. Prendergast calificó la situación humanitaria de desesperada e informó de que el acceso a los más vulnerables en Darfur había descendido de un 90 a un 80 por ciento, debido a la creciente situación de inseguridad y a la estación de lluvias. En el norte de Darfur, decenas de miles habían dejado de recibir socorro humanitario y el número total de personas afectadas por el conflicto había ascendido a casi 2,3 millones. Añadió que el Sudán necesitaba aproximadamente 1.500 millones de dólares americanos, 620 de los cuales tendrían que destinarse a Darfur.
El 31 de diciembre, en Naivasha (Kenya), las partes del proceso de paz entre el norte y el sur, es decir, el Gobierno del Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés, dieron comienzo a una parte integrante del Acuerdo General de Paz -- el Acuerdo sobre las modalidades de aplicación de los protocolos y acuerdos y el Acuerdo sobre la cesación permanente del fuego y las modalidades de aplicación de los acuerdos sobre seguridad.
África Central y Occidental
Los miembros del Consejo se reunieron en enero para asistir a una presentación de información del Subsecretario General de Asuntos Políticos con motivo del informe sobre la marcha de los trabajos en relación con las recomendaciones para la misión del Consejo en el África Occidental a mediados de 2003. Asimismo, estuvieron de acuerdo en la importancia de un enfoque regional para resolver los conflictos interrelacionados que desolaban el África Occidental. Teniendo en cuenta la situación en Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Liberia y Sierra Leona, el Consejo también destacó que sería importante que la comunidad internacional apoyara más a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), que había encabezado las operaciones de mantenimiento de la paz en Liberia y Sierra Leona y dirigido las gestiones de mediación en Côte d'Ivoire y Guinea-Bissau.
En febrero, el Consejo de Seguridad sometió a su consideración el informe sobre la marcha de los trabajos del Secretario General en relación con las recomendaciones de su misión en el África Central en junio de 2003. El informe se centraba en los progresos en el proceso de paz en la República Democrática del Congo y en Burundi.
El 6 de marzo, el Consejo celebró una reunión pública sobre el África Occidental en la que se prestó una especial atención al informe del Secretario General sobre los modos de combatir los problemas subregionales y transfronterizos en el país. Era el primer informe de este tipo dedicado específicamente a los problemas transfronterizos en la subregión. En la presentación de su informe, el Secretario General instó a que se emprendiera un enfoque coordinado para resolver los problemas en el África Occidental y dijo que las recomendaciones del informe eran prácticas y constituían un «llamamiento a la acción».
Una misión del Consejo en el África Occidental visitó Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria y Sierra Leona entre el 20 y el 29 de junio. Entre el 20 y el 25 de noviembre, la misión del Consejo visitó Rwanda, la República Democrática del Congo, Burundi y Uganda, para prestar ayuda a las iniciativas de paz en el África Central.
El jefe de la misión al África Central explicó que el propósito de la misión era identificar una estrategia coherente de las Naciones Unidas para afrontar los múltiples desafíos. En una reunión informativa preliminar, al regreso del Consejo del África Occidental el 30 de junio, Emyr Jones Parry (Reino Unido) informó de que el desarrollo, la seguridad y la estabilidad eran fundamentales si se deseaba mantener la paz en el África Occidental, una región de gran potencial pero formada por Estados frágiles.
En una reunión pública sobre la misión en el África Occidental celebrada el 16 de julio, los oradores de la región destacaron que la inversión continuada en asistencia para el mantenimiento de la paz y el desarrollo internacional ofrecía una salida del círculo de conflictos y pobreza y una oportunidad para forjar una paz sostenible y lograr el desarrollo en la subregión afectada.
La misión del Consejo al África Central que tuvo lugar entre el 20 y el 25 de noviembre tenía como objetivo, entre otras tareas, la de evaluar los procesos de paz congoleño y burundiano. El 30 de noviembre se planteó un análisis inicial, y Jean-Marc de La Sablière (Francia), jefe de la misión, comunicó que el progreso conseguido desde la visita del Consejo en junio de 2003 era notable. En la República Democrática del Congo, la población local deseaba celebrar elecciones y, en Burundi, el espíritu de reconciliación y la compartición de poder estaban dando resultados.
En una reunión pública en diciembre sobre la misión en el África Central, que había visitado Rwanda, la República Democrática del Congo, Burundi y Uganda, los oradores de esta región resaltaron que había una necesidad urgente de consolidar los procesos de paz en Burundi y en la República Democrática del Congo en su fase crucial de transición, particularmente en vista de los acontecimientos alarmantes en la República Democrática del Congo. El jefe de la misión, el Sr. de la Sablière (Francia) señaló algunas recomendaciones clave de la misión, coincidiendo con la conclusión de la Conferencia de la Región de los Grandes Lagos.
Región de los Grandes Lagos
En una sesión informativa al Consejo sobre los preparativos para la Conferencia de los Grandes Lagos, que se celebraba el 19 y 20 de noviembre en Dar es Salaam, el Representante Especial del Secretario General para la Región de los Grandes Lagos, Ibrahima Fall, destacó que con dos reuniones principales en África en el curso de ese mismo año, entre ellas la reunión del Consejo sobre la cuestión del Sudán en noviembre, se estaba prestando una atención muy especial a África. Las reuniones regionales de preparación habían tenido lugar en Bujumbura y Kinshasa, y una tercera reunión en Kampala poco antes de la cumbre.
El Consejo de Seguridad había apoyado la celebración de una Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos en un «momento adecuado» en varias ocasiones durante la década desde la aprobación de una declaración del Presidente sobre Rwanda en 1994. Esta Conferencia, organizada por las Naciones Unidas y la Unión Africana, tenía por objetivo el establecimiento de un marco regional para la aprobación de un pacto de estabilidad, seguridad y desarrollo en torno a cuatro áreas principales: paz y seguridad, democracia y buena gestión de los asuntos públicos, desarrollo económico y la cuestión humanitaria.
Côte d'Ivoire
La intensa atención del Consejo a los procesos de paz y reconciliación nacional en Côte d'Ivoire dio como resultado la aprobación de cinco declaraciones del Presidente y tres resoluciones que, entre otras cosas, establecían una nueva operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas e imponía un embargo de armas de 13 meses sobre este país del África Occidental. Aunque 2004 comenzó con varios acontecimientos alentadores, los actos violentos de marzo y un nuevo estallido de las hostilidades en noviembre marcaron un año de tenso estancamiento político.
Tras un intento de golpe en septiembre de 2002, que trajo como consecuencia la proliferación de la violencia y de la crisis humanitaria, Côte d'Ivoire seguía estando prácticamente dividida: la parte meridional bajo el control del Gobierno y la norte en manos de grupos rebeldes. Sin embargo, los esfuerzos para consolidar la paz se vieron frustrados el 4 de noviembre cuando las fuerzas del Gobierno atacaron las posiciones rebeldes en el norte y mataron e hirieron a decenas de civiles, lo que provocó que las Naciones Unidas suspendieran sus operaciones de ayuda en este país. El 6 de noviembre, las fuerzas del Gobierno atacaron un puesto francés y mataron a nueve cascos azules franceses y un ciudadano americano.
El Consejo de Seguridad determinó que la situación en Côte d’Ivoire seguía constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región. Así, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo aprobó su resolución 1528 el 27 de febrero por la que establecía la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI), por un período inicial de 12 meses a partir del 4 de abril. La misión, entre otras funciones, estaba encargada de observar y vigilar la aplicación del acuerdo general de cesación del fuego del 3 de mayo de 2003.
Por la resolución 1528, el Consejo pidió al Secretario General que traspasase la autoridad de la Misión de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (MINUCI), cuyo mandato había sido prorrogado hasta el 27 de febrero por la resolución 1527 , y de las fuerzas de la CEDEAO a la ONUCI el 4 de abril, y decidió, por consiguiente, renovar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (MINUCI) hasta esa fecha. El Consejo también decidió renovar hasta el 4 de abril la autorización otorgada a las fuerzas francesas y a las fuerzas de la CEDEAO en su resolución 1527, y autorizar a las fuerzas francesas a utilizar todos los medios necesarios para apoyar a la ONUCI, de conformidad con el acuerdo al que hubiera llegado con las autoridades de Francia.
El Consejo de Seguridad, expresando su profunda preocupación por la paralización del proceso de paz del Acuerdo de Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire y por los actos violentos en Abidján los días 25 y 26 de marzo, aprobó una declaración del Presidente el 30 de abril. En esta resolución, el Consejo subrayó la importancia de investigar todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en el país y la responsabilidad individual de cada uno de los actores en la solución de la crisis.
En otra declaración del Presidente el 25 de mayo, el Consejo condenó enérgicamente las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en Côte d’Ivoire, incluidas las que se produjeron el 25 y 26 de marzo en Abidján, y expresó su determinación de velar por que se identificara a los responsables de todas esas violaciones y por que el Gobierno de Côte d’Ivoire los llevase ante la justicia. Asimismo, el Consejo reiteró su inquietud ante la continua falta de participación de los partidos de la oposición en el Gobierno de Reconciliación Nacional y se mostró profundamente preocupado por el anuncio formulado por el Presidente Laurent Gbagbo de que destituiría a los ministros de la oposición. Por otro lado, se pidió al Secretario General que estableciera una comisión internacional de investigación a fin de estudiar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas en Côte d’Ivoire desde el 19 de septiembre de 2002 y determinar la responsabilidad correspondiente.
El 5 de agosto, en una declaración del Presidente, el Consejo acogió con agrado la firma del «Acuerdo de Accra III» por parte del Presidente de Côte d’Ivoire, el Primer Ministro del Gobierno de Reconciliación Nacional y el conjunto de las fuerzas políticas del país Côte d’Ivoire. [El Acuerdo, firmado el 30 de julio en Accra, Ghana, tenía por objetivo consolidar la aplicación del proceso de paz que había comenzado con la firma de un acuerdo de paz en Linas-Marcoussis, Francia, el 30 de enero de 2003.]
El 6 de noviembre, el Consejo condenó en una declaración del Presidente el ataque perpetrado ese día contra las fuerzas francesas en Bouaké, Côte d'Ivoire, que causó víctimas mortales y heridos, así como los ataques aéreos letales efectuados en el norte por las fuerzas armadas de Côte d’Ivoire, que constituían violaciones del acuerdo de cesación del fuego de 3 de mayo de 2003. También condenó el intento de enviar fuerzas a través de la Zona de Confianza y pidió a todas las partes de Côte d’Ivoire que pusieran fin de inmediato a todas las operaciones militares y cumplieran cabalmente el acuerdo de cesación del fuego de 3 de mayo de 2003.
Por la aprobación unánime de la resolución 1572 el 15 de noviembre, el Consejo, deplorando la reanudación de las hostilidades en Côte d’Ivoire y las repetidas violaciones del acuerdo de cesación del fuego de 3 de mayo de 2003, impuso inmediatamente un embargo a las armas de 13 meses en Côte d'Ivoire y dio de plazo a las partes involucradas hasta el 15 de diciembre para aplicar los compromisos adquiridos por el proceso de paz en curso o, de lo contrario, enfrentarse a restricciones de los recursos financieros y los viajes. Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, el Consejo decidió que revisaría las sanciones a la luz de los progresos conseguidos en el proceso de paz y reconciliación nacional al cabo de 13 meses.
El 16 de diciembre, el Consejo aprobó una declaración del Presidente en la que deploraba el hecho de que las partes no hubieran cumplido todos los compromisos y expresaba su intención de examinar sin tardanza nuevas disposiciones para asegurar el seguimiento y la aplicación eficaz del embargo de armas. Asimismo, el Consejo expresó su pleno apoyo a la Misión de facilitación emprendida por el Presidente de la República de Sudáfrica, Thabo Mbeki, en nombre de la Unión Africana. Además, subrayó que el incumplimiento por cualquiera de las partes de Côte d’Ivoire de los compromisos contraídos ante el Presidente Mbeki constituiría una amenaza a la aplicación de proceso de paz y reconciliación.
Guinea-Bissau
Una sublevación militar en octubre complicó aún más los retos complejos y multisectoriales a los que se enfrenta Guinea-Bissau. El Consejo de Seguridad expresó en una declaración del Presiente su profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en el país que dieron lugar al asesinato, el 6 de octubre de 2004, del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y del Jefe de Recursos Humanos. Asimismo, condenó en los términos más enérgicos la utilización de la fuerza para resolver diferencias o dirimir reclamaciones y, teniendo presente la posición de la Unión Africana sobre los cambios de gobierno inconstitucionales, exhortó a las partes en Guinea-Bissau a que se abstuvieran de todo intento de asumir el poder por la fuerza.
Sin embargo, el Secretario General, en su informe sobre la situación del 15 de diciembre (documento S/2004/969) dijo que todos los sectores de lapoblación habían emprendido una amplia reflexión sobre la forma de superar las crisis recientes para comenzar a construir condiciones duraderas de paz y progreso en el país. Con el fin de contribuir a esos esfuerzos, propuso en su carta del 19 de noviembre dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, no sólo que se prorrogara la presencia de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNOGBIS) sino también que se revisara su mandato, teniendo en cuenta las diversas tareas que debía desempeñar y la importancia de reforzar la capacidad de los sectores interesados en el país para hacer frente a esas dificultades.
Así, el 22 de diciembre, el Consejo reconoció los riesgos que creaban los acontecimientos recientes para concluir el proceso de transición y prorrogó el mandato de la UNOGBIS y lo revisó en vista de las distintas funciones a las que se enfrentaba. Por la aprobación por unanimidad de la resolución 1580 (2004) , el Consejo decidió que la Oficina: entre otras cosas, debía apoyar todas las gestiones encaminadas a fortalecer el diálogo político y promover la reconciliación nacional y el respeto del imperio de la ley y de los derechos humanos. También apoyaría los esfuerzos de todas las partes nacionales interesadas para asegurar la plena restauración de la normalidad constitucional, incluso mediante la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes.
Asimismo, como parte de su mandato revisado, debía alentar las iniciativas nacionales para reformar el sector de la seguridad, incluido el establecimiento de relaciones estables entre civiles y militares. Además, en el marco de una estrategia amplia de consolidación de la paz, debía apoyar activamente las gestiones para fortalecer las instituciones y estructuras del Estado con el objetivo de que pudieran sostener el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos y el funcionamiento libre e independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado.
El 18 de junio, mediante una declaración del Presidente, el Consejo de Seguridad ya había encomiado a las autoridades nacionales y al pueblo de Guinea-Bissau por su apoyo y su dedicación constantes a la democracia. Sin embargo, el Consejo también expresó su inquietud «por la fragilidad del proceso de democratización» en el país y por la necesidad de mejorar la situación del ejército, en particular el pago de los sueldos atrasados. Esta fragilidad se debía principalmente a la inestabilidad de las instituciones y las estructuras del Estado, así como a la persistente crisis económica y social, a pesar de la constitución de una nueva Asamblea Nacional Popular y un nuevo Gobierno el 12 de mayo.
Liberia
Observando con preocupación que las actividades y la política del ex Presidente de Liberia, Charles Taylor, y de sus asociados, estaban minando el proceso de transición de Liberia hacia la democracia, el Consejo aprobó en marzo la resolución 1532 (2004) , que volvía a aplicar el régimen de sanciones impuesto a este país tres años antes apelando a los Estados miembros a buscar y congelar los activos financieros y recursos económicos que pertenecieran o estuvieran controlados directa o indirectamente por el antiguo Presidente o cualquiera de sus asociados.
Tres meses después, el 3 de junio, el Presidente del Gobierno Nacional de Transición de Liberia, Charles Gyude Bryant, instó al Consejo a levantar las sanciones sobre la madera y los diamantes, con el objetivo de contribuir a un reestablecimiento económico, al desarme satisfactorio y la desmovilización de los excombatientes y la transición del conflicto hacia la paz. Añadió que las sanciones impuestas por el Consejo en la resolución 1521 (2003) habían alimentado la idea de que Liberia era un lugar muy peligroso. Comunicó, asimismo, que había habido un recargo en las importaciones que había elevado el costo de la vida para los liberianos y afectado al proceso ordenado de transición hacia la paz.
(Debido a que Liberia apoyaba a grupos armados en la subregión del África Occidental, el Consejo había impuesto múltiples sanciones al país en 2001, entre ellas un embargo de armas y otro a los diamantes, así como la prohibición de viajes para los funcionarios. Estas sanciones volvieron a imponerse el año pasado.)
Teniendo en cuenta esta petición, el Consejo reestableció el 17 de junio el Grupo de Expertos que vigilaba las sanciones a fin de investigar, incluso mediante una misión de evaluación en Liberia y los Estados vecinos, la aplicación y las infracciones de las mismas. Por medio de la aprobación por unanimidad de la resolución 1549 (2004) , el Consejo encargó al Grupo de Expertos que investigara las violaciones de los embargos de armas, diamantes y madera, así como las prohibiciones de viajes. El Equipo también valoraría el progreso en el mantenimiento de la cesación del fuego y el establecimiento de la estabilidad en Liberia y la subregión, que eran las condiciones expuestas para el levantamiento de las sanciones.
Tras el nombramiento por parte del Secretario General de no más de cinco expertos para cumplir el mandato, se pidió al Grupo que presentara un informe de mitad de período el 30 de septiembre y un informe final el 10 de diciembre.
El 21 de diciembre, en respuesta al informe final del Grupo de Expertos, el Consejo renovó las sanciones a las armas, la madera, los diamantes y los viajes en Liberia, tras determinar, mediante la misión de valoración entre agosto y noviembre, que el Gobierno Nacional de Transición aún no había cumplido las condiciones para el levantamiento de las medidas.
Mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1579 (2004) , el Consejo renovó las medidas relativas a las armas, la madera y los viajes por un nuevo período de 12 meses y decidió examinarlas al cabo de seis meses, mientras que las sanciones sobre la venta de diamantes en bruto serían renovadas por seis meses y deberían revisarse una vez transcurridos tres meses.
También por este texto, el Consejo reestableció el Grupo de Expertos hasta el 21 de junio de 2005 y se le pidió que llevara a cabo una misión para investigar la aplicación y las posibles infracciones de las medidas establecidas. Asimismo, se solicitó al Grupo un informe preliminar para el 21 de marzo de 2005 sobre los progresos realizados en el cumplimiento de las condiciones para levantar las medidas relativas a los diamantes y un informe para el 7 de junio de 2005 sobre otras cuestiones. Por otro lado, se pidió al Secretario General que, en consulta con el Comité, nombrara un máximo de cinco expertos aprovechando los conocimientos de los miembros del Grupo de Expertos original.
Sierra Leona
El Consejo de Seguridad votó en dos ocasiones en 2004 para aprobar la prórroga de la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL). En la segunda votación se decidió prorrogar la presencia residual de la misión hasta el 1 de enero de 2005, mientras se producía el proceso de retiro. La resolución 1562 (2004) estableció el tipo de funciones que desempeñaría la presencia residual de la UNAMSIL. En cuanto a las funciones de policía civil y militar, la Misión debía encargarse de: vigilar la situación general en materia de seguridad, apoyar a las fuerzas armadas y la policía de Sierra Leona en el patrullaje de las zonas fronterizas y de extracción de diamantes y supervisar la capacidad creciente del sector de la seguridad de Sierra Leona. Entre otras responsabilidades, también debía prestar apoyo a la policía de Sierra Leona para el mantenimiento de la seguridad interior, incluida la seguridad del Tribunal Especial para Sierra Leona, así como prestar asistencia a la policía de Sierra Leona con su programa de reclutamiento, adiestramiento e instrucción y proteger al personal, las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas.
El conflicto se remonta a marzo de 1991, cuando los combatientes del Frente Revolucionario Unido comenzaron una guerra desde el este del país, cerca de la frontera con Liberia, para derrocar al Gobierno de Sierra Leona. Mediante la aprobación de la resolución 1270 (1999) en octubre de 1999, el Consejo estableció la UNAMSIL para que colaborara en la aplicación del Acuerdo de Paz de Lomé (Togo), entre el Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido, que se había firmado el 7 de julio de 1999.
República Democrática del Congo
Durante el año, el Consejo se centró en asegurar el apoyo al Gobierno de Transición de la República Democrática del Congo, mientras intentaba aplicar el Acuerdo global e inclusivo. Dada la violencia y la inestabilidad continuada, el Consejo reforzó la presencia de la Organización sobre el terreno, aumentando el despliegue de personal militar y civil. También respondió a los asuntos relacionados con la seguridad, especialmente en la región oriental del país. El conflicto comenzó en 1998, cuando el entonces Presidente Laurent Kabila, en un intento por estabilizar el país y consolidar su control sobre él, expulsó a las tropas de Rwanda. Esta acción pronto evolucionó hacia una disputa regional.
En julio de 1999, la República Democrática del Congo, Angola, Namibia, Rwanda, Uganda y Zimbabwe firmaron un acuerdo de cesación del fuego en Lusaka, Zambia, con el Movimiento de Liberación del Congo (MLC), uno de los grupos rebeldes, que lo firmó en agosto. La Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) se estableció en noviembre de 1999 para ayudar a supervisar la aplicación del acuerdo.
El 15 de enero, el Consejo, mediante la adopción de la resolución 1522 , acogió favorablemente los esfuerzos para establecer una primera brigada integrada y unificada en Kisangani, como un paso hacia la formación de un ejército nacional congoleño. Se decidió que, dado que se había establecido e instalado el Gobierno de Unidad Nacional y Transición, su exigencia relativa a la desmilitarización de Kisangani y sus alrededores, enunciada en la resolución 1304 (2000) , no se aplicaría a las fuerzas reestructuradas e integrados del país ni a las fuerzas armadas incluidas en el programa amplio de formación de un ejército nacional integrado y reestructurado.
El 12 de marzo, el Consejo, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, adoptó unánimemente la resolución 1533 (2004) , que establecía un comité para supervisar el progreso en la aplicación del embargo de armas impuesto por la resolución 1493 (2003) contra todo grupo armado congoleño o extranjero que operara en la zona este del país. Tras condenar la corriente ilícita de armas en el país, dirigida principalmente por los grupos armados y la milicia en Kivu del norte y del sur y en Ituri, autorizó a la MONUC a confiscar o recoger, y a disponer de esas armas y pertrechos hallados en la violación de la prohibición.
El 14 de mayo, mediante una declaración del Presidente, el Consejo condenó todo impedimento a la libertad de movimiento de la MONUC y reafirmó su pleno apoyo a los esfuerzos por estabilizar la situación en la zona este del país. El Consejo expresó su profunda preocupación por los informes acerca de una incursión de elementos del ejército rwandés en la República Democrática del Congo; así como por los informes referentes a la intensificación de las actividades militares de las Fuerzas democráticas de liberación de Rwanda (FDLR) que se habían incrementado en el este del país y también por las incursiones efectuadas por esas fuerzas en Rwanda.
El 2 de junio, el Consejo, mediante una declaración del Presidente, condenó la toma de la cuidad de Bakavu por las fuerzas disidentes dirigidas por los antiguos comandantes de la Coalición Congoleña para la Democracia (CCD) el General de división Laurent Nkunda y el Coronel Jules Mutebusi, entre otros, así como las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en ese contexto. Instó a todas las partes representadas en el Gobierno de Unidad Nacional y de Transición a que se comprometieran sin reservas con el proceso de paz y se abstuvieran de realizar cualquier acción que pusiera en peligro la unidad del Gobierno de transición.
En su reunión del 22 de junio, el Consejo advirtió a todas las partes de que se abstuvieran de realizar cualquier intento de conquistar el poder por la fuerza en la República Democrática del Congo, señalando que no se toleraría ningún intento de alterar la paz y el proceso de transición. El Consejo también reiteró su grave preocupación por la violencia continuada y la inestabilidad en el país y condenó de forma contundente toda participación de fuerzas externas.
El Consejo, mediante la adopción de la resolución 1552 del 27 de julio, prorrogó el embargo de armas un año más, hasta el 31 de julio, contra movimientos y grupos armados en la República Democrática del Congo. Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, el Consejo pidió al Secretario General que reestableciera, dentro del plazo de 30 días y durante un periodo que finalizara el 31 de enero de 2005, el Grupo de Expertos establecido mediante la resolución 1533 (2004) para que vigilara el embargo. El Consejo tomó dicha decisión tras el fallo de las partes al cumplir con las peticiones presentadas en las partes operativas de la resolución 1493 (2003) .
El Consejo prorrogó el mandato de la MONUC por dos veces en 2004, primero el 29 de julio con la resolución 1555 (2004) , y de nuevo el 1 de octubre con la resolución 1565 (2004) . Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, en octubre el Consejo prorrogó el despliegue de la misión hasta el 31 de marzo de 2005, autorizó el incremento de los efectivos en 5.900 miembros y definió diversos términos para su capacidad ampliada, dándole la autoridad de utilizar «todos los medios necesarios» para llevar a cabo sus tareas. El Consejo pidió al Secretario General que organizara el rápido despliegue de capacidades militares adicionales para la MONUC y que desplegara todas las brigadas y multiplicadores de fuerza en las provincias de Kivu del norte y del sur.
En una declaración de octubre tras la adopción de la resolución 1565, el Secretario General indicó que mientras la decisión de ampliar la fuerza de la Misión con 5.900 militares y personal de policía civil podría mejorar la capacidad operativa de la Misión, el número máximo de 16.700 quedó por debajo de la cifra de 23.900 efectivos militares y 507 efectivos de policía civil que había recomendado.
Reconociendo que la tensión continuada en la zona este de la República Democrática del Congo minaba la paz y la seguridad regionales, el Consejo adoptó una declaración del Presidente el 7 de diciembre, en la que expresó su grave preocupación por los numerosos informes acerca de las operaciones militares que realizaba el ejército rwandés en el este del país. El Consejo condenó contundentemente toda acción militar y pidió el desarme y la disgregación sin tardanza de las antiguas Fuerzas armadas de Rwanda (FAR) y los elementos de la Interahamwe, con miras a su repatriación y reasentamiento.
Burundi
El 13 de agosto un ataque contra los refugiados congoleños en Gatumba, Burundi, dejó como resultado 152 fallecidos y docenas de heridos. Dos días después, en una declaración del Presidente del 15 de agosto, el Consejo condenó la matanza y apeló a las autoridades de Burundi y de la República Democrática del Congo para que cooperaran activamente para llevar ante la justicia a los responsables sin demora.
El 21 de mayo, el Consejo autorizó a la Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB) durante un periodo inicial de seis meses para apoyar y ayudar a aplicar los esfuerzos de los burundianos para restablecer una paz duradera y conseguir la reconciliación nacional, como se mantenía en el acuerdo de paz firmado en 2000.
El 1 de diciembre, el Consejo prorrogó el mandato de la ONUB durante otros seis meses más, hasta el 1 de junio de 2005. También mediante la adopción unánime de la resolución 1577 (2004) reiteró su tajante condena contra la matanza de Gatumba del 13 de agosto e insistió en que los responsables de tales crímenes serían enjuiciados. Profundamente preocupado por el hecho de que una facción de las Fuerzas Nacionales de Liberación, conocidas como Palipehutu-FNL, hubiera reclamado la autoría de la matanza de Gatumba, el Consejo expresó su intención de considerar medidas que puedan aplicarse a las personas que amenacen la paz en Burundi.
Los antiguos conflictos internos entre el numeroso ejército Tutsi y los rebeldes Hutus, que tuvo como resultado alrededor de 200.000 muertos y un desplazamiento masivo, culminó con la firma de la mayoría de las partes de un Acuerdo de Paz y Reconciliación el 28 de agosto de 2000 en Arusha, República Unida de Tanzania. El 1 de noviembre de 2002, entró en vigor un plan relativo a la participación en el poder que permitía una alternancia en la dirección de Burundi entre presidentes Hutus y Tutsis. El 2 de diciembre de 2002 se pactó una cesación del fuego entre el Gobierno y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD).
Etiopía y Eritrea
El 12 de marzo, en las dos primeras reuniones sobre la situación en Etiopía y Eritrea, el Consejo aprobó una prórroga de seis meses del mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE), hasta el 15 de septiembre. La Misión se encargaba de supervisar la aplicación de los acuerdos de paz entre los dos Gobiernos y desarrollaba actividades de demarcación sobre el terreno, entre otras tareas. También mediante la resolución 1531 (2004) , el Consejo expresó su preocupación y decepción ante el estancamiento del proceso de paz, con la negativa de Etiopía a cooperar con la Comisión de Fronteras que se encarga de demarcar la polémica frontera y el rechazo de Eritrea a reunirse con el Enviado Especial del Secretario General, Lloyd Axworthy.
El 14 de septiembre, aún preocupado por la falta de progresos en la demarcación de la frontera, el Consejo aprobó una prórroga del mandato de seis meses para la MINUEE, hasta el 15 de marzo de 2005, con la adopción unánime de la resolución 1560 (2004) . También aprobó ajustes en la presencia y operaciones de la Misión, incluidos la repatriación del batallón de infantería y elementos de apoyo del sector oriental y la fusión de los tres sectores existentes en dos. Durante la segunda fase de ajustes ya en progreso, la disminución de los efectivos quedaría compensada, en la medida de lo posible, por un incremento en horas de vuelo de los medios aéreos.
La guerra entre Etiopía y Eritrea comenzó en mayo de 1998 como resultado de unas controversias por la frontera. La MINUEE se estableció después de que ambos países firmaran un Acuerdo de Cesación de Hostilidades el 18 de junio de 2000 en Argel, Argelia. También en Argel, el 12 de diciembre de 2000 se firmó un acuerdo general de paz.
Somalia
Tras una década de anarquía y hambruna, comenzó un proceso de reconciliación nacional con una conferencia de paz en Arta, Djibouti, a mediados de 2000, y la formación de un gobierno de transición. Dada la ausencia de apoyo de varias partes somalíes, seguían existiendo retos relacionados con la seguridad, la reconstrucción y el desarrollo. El 27 de octubre de 2002, se firmó la Declaración sobre la cesación de las hostilidades y las estructuras y los principios del Proceso de Reconciliación Nacional en Somalia en Eldoret, Kenya.
El Consejo celebró cuatro reuniones en 2004 sobre Somalia. En la primera, del 25 de febrero, hizo pública una declaración del Presidente en la que se reiteraba su apoyo firme al proceso de reconciliación y se acogía con beneplácito la reciente firma de la declaración destinada a armonizar los asuntos como un paso importante hacia la paz duradera. Apeló a las partes somalíes para que construyeran su progreso y concluyeran rápidamente la Conferencia de Reconciliación Nacional mediante el establecimiento de un gobierno de transición.
El 14 de julio, con el proceso de reconciliación nacional estancado en la Conferencia para la Reconciliación Nacional en Somalia, celebrada en Kenya, el Consejo condenó todo elemento que obstruyera el proceso de paz y advirtió de que todos los que siguieran en el camino de la confrontación y el conflicto se les declararía responsables. También acogió los pasos de la Unión Africana para prepararse ante el despliegue de observadores militares en Somalia, e instó a los líderes somalíes a cooperar con la iniciativa.
En el mes siguiente, el 17 de agosto, el Consejo solicitó que se volviera a establecer el Grupo de supervisión del embargo de armas de Somalia por un periodo de seis meses, con la adopción unánime de la resolución 1558 (2004) . Pidió al Grupo de supervisión, cuyo mandato expiraba ese día, que continuara con las tareas que se le habían encomendado, incluida la investigación de las violaciones del embargo de armas cubriendo el acceso a Somalia por tierra, mar y aire.
Compartiendo la valoración del Secretario General de que la situación en Somalia y el estado actual del progreso requeriría probablemente más tareas relativas a la consolidación de la paz y presencia de las Naciones Unidas, el Consejo, en una declaración del Presidente del 26 de octubre, afirmó que dichas tareas se incrementarían de forma gradual y se basarían en los resultados de las discusiones con el nuevo Gobierno.
El progreso alcanzado en la reciente Conferencia de Reconciliación Nacional de Somalia incluía el establecimiento de un Parlamento Federal de Transición, al que el Consejo, en esa declaración, animó a trabajar para elegir a un Primer Ministro y un Gabinete de Ministros eficaz, así como a desarrollar un programa de acción preliminar y un calendario para la transición.
Libia
El 22 de abril, el Consejo, en una declaración del Presidente, acogió la decisión de Libia de abandonar sus programas de armas de destrucción masiva, así como los pasos positivos tomados para cumplir con sus compromisos y obligaciones, incluyendo su cooperación activa con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
El año pasado, el 12 de septiembre, el Consejo adoptó la resolución 1506 (2003) mediante la que se levantaban las sanciones sobre Libia, después de que el país hubiera aceptado su responsabilidad por las acciones de sus oficiales en los actos terroristas contra el vuelo 103 de la Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en 1988, y el vuelo 772 de UTA sobre Níger en 1989, renunciara al terrorismo y organizara el pago de una compensación a las familias de las víctimas. Sin embargo, la resolución se adoptó con el apoyo de solamente 13 Estados: Francia y Estados Unidos se abstuvieron. Estados Unidos afirmó que sus sanciones bilaterales contra Libia seguirían en vigor, puesto que seguía preocupado por el pobre historial de derechos humanos, su pasado en la participación del terrorismo y, lo más importante, su afán por perseguir las armas de destrucción masiva y su sistema de distribución.
Sáhara Occidental
Las observaciones sobre la situación en Sáhara Occidental este año giraban en torno a la ampliación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), tanto para dar tiempo a las partes involucradas en el conflicto para considerar la propuesta de paz de enero de 2003, como para dar tiempo al Consejo para considerar la propuestas del Secretario General de un posible recorte del personal de la Misión en 2005.
En su informe del 20 de octubre (documento S/2004/827) , el Secretario General presentó dos opciones para el posible recorte de personal de la MINURSO. La primera opción era mantener la situación actual, es decir, 203 observadores militares en un total de nueve bases de operaciones a ambos lados de la franja de separación, con dos cuarteles generales de los sectores en Smara y Dakhla, el cuartel general de la fuerza en El Aaiún, y la Oficina de Enlace de la MINURSO en Tinduf (Argelia), con el apoyo de la dependencia médica.
La segunda opción daría como resultado una reducción total de 37 observadores, lo que representaba un 16% de la dotación, con lo que la dotación militar de la Misión pasaría a 193 personas. Aunque el número de patrullas terrestres y visitas de enlace disminuiría en proporción, se calculó que con esta opción la MINURSO podría continuar supervisando la cesación del fuego, informando sobre posibles violaciones y manteniendo enlaces diarios con las partes, aunque en un grado menor. Esta opción no tendría repercusiones de importancia para las necesidades de apoyo logístico o civil de la MINURSO.
En enero de 2003, el Enviado Especial del Secretario General para el Sáhara Occidental, James Baker III, presentó un «plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental» a las partes involucradas en resolver las largas controversias sobre el Territorio. El plan propuesto (documento S/2003/565, anexo II) preveía un referéndum dirigido por las Naciones Unidas sobre el estatus final del Sáhara Occidental y una autoridad provisional hasta que se aplicaran los resultados del referéndum.
Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Harma y Rio de Oro (Frente POLISARIO) habían defendido el Territorio desde que España renunció a su control en 1974. La MINURSO se estableció en 1991 para supervisar la celebración del referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental elegiría entre la independencia y la integración en Marruecos, como parte del Plan de Arreglo de las Naciones Unidas. Dicho proceso de referéndum permaneció parado durante años.
El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.