Dos semanas después de los ataques terroristas contra los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, el Consejo aprobó la resolución 1373 (2001), en la que pidió a los Estados Miembros que se abstuvieran de proporcionar todo tipo de apoyo a las entidades o personas que participaran en la comisión de actos de terrorismo, y denegaran refugio a quienes financiaran, planificaran, apoyaran o cometieran esos actos. El Consejo también estableció el Comité contra el Terrorismo para supervisar la aplicación de la resolución mediante, entre otras cosas, informes de los Estados sobre las medidas que hubieran adoptado a tal fin.

El Presidente del Comité, Jeremy Greenstock (Reino Unido) informó al Consejo el 18 de enero y dijo que una parte fundamental de las iniciativas contra el terrorismo sería aumentar la cooperación, en los planos internacional y regional, y compartir información sobre el terrorismo, conocimientos técnicos y asistencia. En respuesta a los informes de cada Estado, el Comité respondería al gobierno interesado, pediría más información o señalaría esferas en las que se podría aumentar la capacidad de ese Estado para luchar contra el terrorismo y los posibles recursos de conocimientos técnicos o asistencia disponibles. También sugirió que se creara un fondo fiduciario para financiar la labor del Comité.

Tras esa información, 40 oradores pidieron que se prestara más atención a las cuestiones que promovían el terrorismo, como la pobreza, la intolerancia, los conflictos regionales y la negación de los derechos humanos, la falta de acceso a la justicia y de desarrollo sostenible. Los oradores también pidieron al Comité que ayudara a los Estados Miembros a abordar los problemas causados por los vínculos entre el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas ilícitas. El Secretario General recalcó que los derechos humanos, la democracia y la justicia social, eran las mejores medidas preventivas contra el terrorismo.

El 15 de abril, en una declaración presidencial (documento S/PRST/2002/10), el Consejo invitó al Comité contra el Terrorismo a proseguir su labor para el tercer período de 90 días. Lo hizo para que el Comité pudiera, entre otras cosas, examinar las formas de prestar asistencia a los Estados para que aplicaran la resolución 1373 (2001), entablara un diálogo con las organizaciones internacionales, regionales y subregionales y determinara las cuestiones respecto de las cuales una actividad internacional concertada favorecería el cumplimiento de la letra y el espíritu de la resolución.

En reuniones de información y sesiones posteriores, el Presidente del Comité informó al Consejo sobre los progresos realizados, la asistencia prestada a los Estados para que aplicaran la resolución 1373 (2001), el número de informes de Estados recibidos y los contactos con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, y la determinación de las lagunas y deficiencias en las iniciativas contra el terrorismo. Señaló que la ratificación de los 12 convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo había aumentado más del 15% desde el mes de julio anterior. Los Estados Miembros instaron a los que todavía no lo habían hecho a que se convirtieran en partes de esos convenios y protocolos y también pidieron que se ultimara la convención de las Naciones Unidas contra el terrorismo.

Los oradores también resaltaron que la guerra contra el terrorismo no debería provocar un enfrentamiento entre las religiones y las culturas. Algunos advirtieron que la estrategia amplia para prevenir el terrorismo y luchar contra él no debería poner en peligro el derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación y la lucha legítima de los pueblos contra la ocupación extranjera o colonial.

El 11 de septiembre, al concluir una sesión de alto nivel para rendir un solemne homenaje a la memoria de las víctimas de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Consejo, en una declaración presidencial, hizo un llamamiento a todos los Estados y las organizaciones regionales y subregionales para que prosiguieran e incrementaran su cooperación con el Comité contra el Terrorismo. El Secretario General Kofi Annan y el Sr. Colin Powell, Secretario de Estado de los Estados Unidos, formularon declaraciones ante el Consejo, que observó un minuto de silencio al final de la sesión.

El 8 de octubre, en una declaración presidencial (documento S/PRST/2002/26), el Consejo instó a los 17 Estados Miembros que todavía no habían presentado informes al Comité contra el Terrorismo a que lo hicieran con carácter urgente. Invitó al Comité a continuar la labor prevista en su programa de trabajo para el quinto período de 90 días, centrando su atención en la tarea de conseguir que todos los Estados promulgaran legislación que abarcara todos los aspectos de la resolución 1373 (2001) y la ratificación de los 12 convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo. Otras prioridades para el período fueron crear mecanismos para suprimir la financiación del terrorismo y entablar un diálogo con las organizaciones internacionales y regionales.

En una declaración presidencial (documento S/PRST/2002/38) de 17 de diciembre, el Consejo pidió al Comité que invitara a todas las organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes a contribuir información sobre sus actividades en la esfera de la lucha contra el terrorismo, y enviar un representante a la reunión especial que el Comité celebrará el 7 de marzo de 2003 con esas organizaciones.

El Comité aprobó la resolución 1438 (2002), en la que condenó los ataques con bomba en Bali (Indonesia) el 12 de octubre, la resolución 1440 (2002), en la que condenó la toma de rehenes en Moscú el 23 de octubre, y la resolución 1450 (2002), en la que condenó el ataque terrorista con bombas contra el Paradise Hotel, en Kikambala (Kenya), y el intento de ataque con misiles contra el vuelo 582 de Ar-kia Israeli Airlines que había partido de Mombasa (Kenya) el 28 de noviembre. En la resolución 1452 (2002) se ajustaron las disposiciones del Consejo relativas a la congelación de los fondos de los talibanes y los miembros de Al-Qaida.