Comunicado de prensa Las Naciones Unidas

SC/7632
14 de enero de 2003


Consejo de Seguridad - Recapitulación sobre la labor en 2002

Asuntos varios

Informe anual

El 26 de septiembre, el Consejo aprobó su 57º informe anual a la Asamblea General, correspondiente al período comprendido entre el 16 de junio de 2001 y el 31 de julio de 2002 (documento S/2002/1068). Tuliameni Kalomoh, Subsecretario General de Asuntos Políticos, presentó el formato revisado acordado por el Consejo en 2002 que incluía una introducción con un análisis resumido de las actividades del Consejo. Los representantes de los miembros del Consejo elogiaron el nuevo formato como más analítico, claro y económico, aunque precisaron que aún se podrían mejorar tanto el informe como los métodos y procedimientos de trabajo del Consejo con el fin de aumentar la transparencia y la cooperación con otros órganos de las Naciones Unidas.

Tribunales

El Consejo dedicó seis sesiones al funcionamiento de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda con el fin de facilitar su labor y asegurar una rápida conclusión de sus mandatos. En una declaración de la Presidencia de 18 de diciembre, recordó la obligación estatuida de todos los Estados de cooperar plenamente con los Tribunales cumpliendo sus peticiones de arresto, detención y entrega de los acusados, poniendo los testigos a su disposición y prestando asistencia a las investigaciones en curso.

Con el fin de conseguir que el Tribunal para la ex Yugoslavia Disponible en inglés cumpliera su objetivo de completar todos los juicios para 2008, en lugar de 2018 como estaba previsto originalmente, el Consejo, en una declaración de la Presidencia de 23 de julio, hizo suya la estrategia general para trasladar a las jurisdicciones nacionales a acusados de rango intermedio e inferior. Esto permitiría que el Tribunal concentrara su labor en el procesamiento y enjuiciamiento de los dirigentes civiles, militares y paramilitares de quienes se sospechara que eran responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991.

En agosto, por medio de la resolución 1431 (2002), el Consejo decidió establecer un cuerpo de 18 magistrados ad litem del Tribunal Internacional para Rwanda Disponible en inglés para que pudiera concluir su labor lo antes posible. El Tribunal para Rwanda consideraba que el nombramiento de dichos magistrados aportaría el personal judicial necesario para poder completar los juicios para 2008, en lugar de 2017 como estaba previsto originalmente.

Por medio de la resolución 1411 (2002) aprobada en mayo, el Consejo enmendó los estatutos de ambos Tribunales para resolver la cuestión de los magistrados que tuvieran las nacionalidades de dos o más Estados y decidió que tales personas tuvieran únicamente la nacionalidad del Estado donde ejercieran habitualmente sus derechos civiles y políticos.

El 13 de diciembre, el Consejo remitió a la Asamblea General las candidaturas de 23 magistrados permanentes.

Corte Internacional de Justicia

El 21 de octubre, el Consejo, conjuntamente con la Asamblea General, eligió cinco miembros de la Corte Internacional de Justicia por un período de nueve años que comenzaría el 6 de febrero de 2003.

Corte Penal Internacional

En conexión con la Corte Penal Internacional, la prórroga del mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, el primer caso en ser tratado por el Consejo después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 1° de julio, acaparó la atención internacional el verano pasado debido al bloqueo de los Estados Unidos a la resolución para aprobar dicha prórroga (véase: Bosnia y Herzegovina/Croacia). Los Estados Unidos, miembro permanente del Consejo con derecho a veto, adujeron que les preocupaba el riesgo de que sus ciudadanos en misiones de paz fueran objeto de "persecuciones politizadas" en la Corte Penal Internacional cuya jurisdicción no aceptan.

En su discurso ante el Consejo el 30 de junio, con anterioridad al voto negativo de los Estados Unidos a la prórroga del mandato de la Misión (del resto de los miembros del Consejo, 13 votaron a favor y Bulgaria se abstuvo), el Secretario General dijo: "El mundo no puede permitirse una situación en la que el Consejo de Seguridad se vea profundamente dividido en una cuestión tan importante que puede tener repercusiones para todas las operaciones de paz".

Después de una serie de votaciones en el Consejo sobre la cuestión de si se debería o no extender el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina, el día 10 de julio en una sesión pública, 39 oradores debatieron sobre la posibilidad en derecho de que el personal de las misiones de paz de las Naciones Unidas fuera enjuiciado por la Corte Penal Internacional. La mayoría de los oradores expresaron su preocupación sobre el futuro de las operaciones de paz de las Naciones Unidas y afirmaron que cualquier decisión precipitada menoscabaría no sólo el respeto al derecho internacional sino también a la credibilidad del Consejo. Muchos también señalaron que la Corte Penal Internacional tenía suficientes salvaguardias para evitar persecuciones injustificadas y políticamente motivadas.

El mandato de la Misión fue prorrogado el 12 de julio por medio de la resolución 1423 (2002), después de la aprobación en una reunión aparte de la resolución 1422 (2002), en virtud de la cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Consejo pidió que la Corte no iniciara ningún caso contra personal de las operaciones de paz de las Naciones Unidas de cualquier Estado que no fuera parte del Estatuto durante un período de 12 meses a partir del 1° de julio. En el mismo texto, el Consejo expresó su intención de renovar la petición para períodos sucesivos de 12 meses durante el tiempo que fuera necesario y decidió que los Estados Miembros no tomarían ninguna medida que no estuviera en consonancia con esta disposición y con sus obligaciones de carácter internacional.


Comunicado de prensa SC/7632 del 14 de enero de 2003.
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