Sinopsis del Consejo de Seguridad en el año 2001 |
SC/7266 14 de enero de 2002 |
El Afganistán, el terrorismo, África y la continuación
de la violencia en el Oriente Medio entre las cuestiones
fundamentales que trató el Consejo de Seguridad en el año 2001
El Consejo aprueba una estrategia general contra el terrorismo,
envía misiones al África occidental y la región de los
Grandes Lagos
y supervisa la situación en Kosovo y los progresos en Timor Oriental
Asia
Afganistán
El régimen de los talibanes en el Afganistán, que puso fin a
dos decenios de inestabilidad en ese país, comenzó en 1996 y
finalizó a fines de 2001. Sin embargo, la inquietud del Consejo de
Seguridad por ese régimen había ido aumentando mucho antes de
los ataques terroristas del 11 de septiembre contra los Estados Unidos. Debido
a las acusaciones de tráfico de drogas, exportación de terrorismo
y violaciones de los derechos humanos, en las resoluciones 1267 (1999) y 1333
(2000) el Consejo impuso sanciones contra los talibanes, incluidos embargos
de armas y la prohibición de viajar, junto con medidas financieras.
El 5 de junio, en una sesión abierta sobre el Afganistán, los
países del grupo "seis más dos", los seis países
vecinos del Afganistán más la Federación de Rusia y los
Estados Unidos, expresaron un amplio apoyo a la creación de un mecanismo
de vigilancia de esas sanciones, junto con medidas para fortalecer el apoyo
a las sanciones. Los países vecinos son China, la República
Islámica del Irán, el Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán
y Uzbekistán. El 30 de julio se creó el mecanismo de vigilancia
con la aprobación de la resolución 1363 (2001).
La siguiente sesión del Consejo sobre el Afganistán se celebró
el 13 de noviembre, tras los ataques del 11 de septiembre y después
de que los Estados Unidos hubieran iniciado acciones armadas contra la organización
Al-Qaida y sus anfitriones talibanes. En esa sesión, el Secretario
General Kofi Annan dijo que el Afganistán representaba para las Naciones
Unidas uno de sus mayores desafíos, y que el reto pasaba en esos momentos
por su "fase más urgente".
Antes de que su Representante Especial para el Afganistán, Lakhdar
Brahimi, informara al Consejo, el Secretario General resaltó que el
objetivo debería ser un Afganistán estable y que viviera en
paz, cumpliera sus obligaciones internacionales y no representara amenazas
para ninguno de sus vecinos. Por consiguiente, cualquier acuerdo al que se
llegara debía reflejar la voluntad, las necesidades y los intereses
del pueblo afgano, lo que requería que se pusiera fin a la injerencia
en los asuntos del Afganistán por parte de los países vecinos.
El Sr. Brahimi, dirigiéndose al Consejo en una sesión de un
día de duración en la que participaron otros 38 oradores, entre
ellos 21 ministros de relaciones exteriores, dijo que los dirigentes del mundo
habían indicado que en esta ocasión la comunidad internacional
tendría la voluntad y la resistencia necesarias para ayudar a los afganos
a reconstruir su país.
Basándose en ideas debatidas con los afganos, el Sr. Brahimi presentó
un posible enfoque ante la crisis. En primer lugar, las Naciones Unidas convocarían
una reunión con los representantes de la Alianza del Norte y otros
grupos para asegurar una representación equitativa en el proceso que
condujera a un acuerdo sobre un marco para la representación política.
En la segunda etapa, los representantes afganos sugerirían medidas
concretas para el establecimiento de un gobierno permanente y de base amplia.
Esas medidas incluirían una propuesta sobre una administración
provisional, la aprobación de una administración de transición
y la convocación de una segunda Loya Jirgah, o reunión de los
dirigentes tribales, para que diera su aprobación al gobierno resultante.
En el debate que se celebró a continuación, muchos oradores
expresaron su apoyo a la idea de formar un gobierno de base amplia que incluyera
todas las facciones, y a la participación de las Naciones Unidas en
los procesos que condujeran a su creación. Los oradores, resaltando
la crisis humanitaria, pidieron que se diera una respuesta rápida,
a la luz de la cercanía del invierno en el Afganistán y de los
millones de personas que carecían de alimentos o cobijo.
El día siguiente, 14 noviembre, el Consejo aprobó por unanimidad
la resolución 1378 (2001), en la que afirmó que las Naciones
Unidas deberían desempeñar una función central en apoyo
a los esfuerzos del pueblo afgano por establecer con urgencia una nueva administración
de transición que diera lugar a la formación de un nuevo gobierno.
Expresó su pleno apoyo a los esfuerzos del Sr. Brahimi, a quien se
confió la autoridad general de los esfuerzos humanitarios, de derechos
humanos y políticos de las Naciones Unidas en el Afganistán.
Después de la sesión, los representantes de la Alianza del Norte
y otros grupos afganos convocaron una reunión en Bonn (Alemania). El
5 de diciembre firmaron un Acuerdo sobre las disposiciones provisionales políticas
en espera de que se restablecieran las instituciones permanentes de gobierno.
Al día siguiente, el Consejo hizo suyo ese Acuerdo, al aprobar por
unanimidad la resolución 1383 (2001). El Consejo declaró su
voluntad de seguir adoptando medidas, sobre la base de un informe del Secretario
General, en apoyo a las instituciones provisionales establecidas en virtud
del Acuerdo y apoyar su aplicación.
Timor Oriental
Con la celebración exitosa de elecciones nacionales el 30 de agosto
y los planes para declarar la independencia el 20 de mayo de 2002, a fines
de 2001 el Consejo afirmó que las operaciones de las Naciones Unidas
en Timor Oriental emprendidas por la Administración de Transición
de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) eran un modelo de mantenimiento
de la paz y de consolidación de la paz después de los conflictos.
No obstante, en las ocho sesiones que celebró sobre este tema también
se advirtió que los logros y las inversiones de la comunidad internacional
podrían verse en peligro sin una estrategia de finalización
coherente, lo que podría significar una presencia continuada de las
Naciones Unidas durante algún tiempo.
En un debate abierto de un día de duración celebrado el 26 de
enero, el dirigente timorense Jose Ramos-Horta dijo al Consejo en que en septiembre
de 1999 Timor Oriental "se encontraba en el año cero" debido
a la violencia dirigida por la milicia tras el referéndum sobre la
independencia de Indonesia. En esa sesión, el Sr. Ramos-Horta encomió
a la UNTAET por sus esfuerzos para "timorizar" las operaciones mientras
desempeñaba sus múltiples funciones de administración,
seguridad, asistencia humanitaria y coordinación de la reconstrucción
institucional y física.
Instando a una mayor delegación de autoridad al pueblo timorense en
la transición del Territorio hacia la independencia, el 31 de enero
el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la UNTAET hasta el 31
de enero de 2002. Mediante su resolución 1338 (2001), el Consejo también
instó a la comunidad internacional a que facilitara asistencia financiera
y técnica para ayudar a construir la nueva nación y crear una
fuerza de defensa de Timor Oriental.
Al examinar la situación unos meses después, el 5 de abril el
Sr. Hédi Annabi, Subsecretario General del Departamento de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz, dijo que esa semana había comenzado el
entrenamiento de la nueva fuerza de defensa de Timor Oriental. También
se había producido un aumento del número de refugiados que volvían
de Timor Occidental, con lo que el número total ascendía a más
de 180.000. No obstante, se estimaba que 100.000 continuaban en Timor Occidental.
Los que permanecían continuaban enfrentándose a la discriminación
y carecían de acceso a información sobre las condiciones reales
en Timor Oriental.
En el debate que siguió a la intervención del Sr. Annabi, el
Presidente del Consejo Nacional de la Resistencia Timorense, Kay Rala Xanana
Gusmão, señaló las cuestiones sin resolver relativas
a la justicia y la reconciliación, la seguridad y las perspectivas
de desarrollo. El Sr. Ramos-Horta habló del proyecto de constitución,
que abordaba las cuestiones de la tolerancia, la no violencia, el compromiso
democrático y el cumplimiento de las normas internacionales de derechos
humanos y el estado de derecho. Dijo que ese documento sería vinculante
para todas las partes políticas, independientemente del resultado de
las elecciones.
El 30 de julio de 2001, en una reunión de información final
antes de las elecciones, Sergio Vieira de Mello, Representante Especial del
Secretario General y Administrador de la Transición en Timor Oriental,
dijo a los miembros que "se acercaba el final" pero quedaba mucho
por hacer para que Timor Oriental se beneficiara plena y verdaderamente de
su independencia.
Después de que las elecciones se celebraran en agosto sin tropiezos,
el Consejo acogió con beneplácito los resultados en una declaración
presidencial de 10 de septiembre. En una reunión de información
posterior, Jean-Marie Guéhenno, Secretario General Adjunto de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz, comunicó que las elecciones se habían
celebrado con la participación de más del 91% del electorado.
No había una sola denuncia confirmada de incumplimiento del reglamento
electoral.
Las delegaciones acogieron con beneplácito el resultado de las elecciones,
felicitaron al pueblo de Timor Oriental por su "madurez política"
y a la UNTAET, bajo el liderazgo de Sergio Vieira de Mello, por la manera
en que se habían organizado y celebrado las elecciones. Se agradeció
el apoyo de los Estados Miembros, entre ellos Indonesia. Muchos oradores convinieron
en que sin duda era un momento de la historia de las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas del que había que estar orgulloso.
Otros pidieron a todas partes políticas que respetaran los resultados
de las elecciones, trabajaran juntas para redactar la constitución
y prepararan a Timor Oriental para la independencia.
El 31 de octubre, en sus últimas sesiones del año relativas
a esta cuestión, el Consejo, en una declaración presidencial,
hizo suya la recomendación de la Asamblea Constituyente de Timor Oriental
de que la independencia se declarara el 20 de mayo de 2002.
En la misma declaración, también hizo suyas las recomendaciones
del Secretario General sobre la reducción de la misión a un
tamaño y configuración apropiados en los meses anteriores a
la independencia y acordó que una misión sucesora, encabezada
por el Representante Especial del Secretario General, Sergio Vieira de Mello,
estuviera integrada por un componente militar, un componente de policía
civil y un componente civil. Incluiría expertos que prestarían
asistencia fundamental a la nueva administración de Timor Oriental.
La misión iría reduciéndose gradualmente durante un período
de dos años a partir de la independencia.
El Sr. Vieira de Mello, en su información al Consejo, subrayó
algunos de los problemas que seguían existiendo. Dijo que una de las
tareas más onerosas era ayudar a los timorenses a elaborar presupuestos
que estuvieron en consonancia con medios limitados a medida que se reducía
la presencia internacional. El apoyo proporcionado por la misión en
curso, cuyo presupuesto era aproximadamente 10 veces superior al presupuesto
nacional, simplemente no podría mantenerse después de la independencia.
Antes de esa reunión de información, el representante de Indonesia,
en un debate abierto, dijo que su país esperaba con interés
poder resolver las cuestiones pendientes y establecer una base sólida
para las futuras relaciones y para los procesos que condujeran a la retirada
de las tropas extranjeras. En esa sesión hicieron uso de la palabra
otros 33 oradores, que expresaron un amplio apoyo a las recomendaciones del
Secretario General, en particular las relativas a la finalización de
la participación de las Naciones Unidas de manera estratégica
y gradual a fin de que diera como resultado una nueva nación viable
y autosostenible.
Iraq
Las cinco sesiones que celebró el Consejo sobre el Iraq en 2001 se
centraron en la necesidad de aliviar la difícil situación humanitaria
del pueblo iraquí, y, al mismo tiempo, velar por que el Gobierno iraquí
cumpliera plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad, lo que permitiría
el levantamiento de las sanciones. Por ese motivo, en la primera sesión
sobre esta cuestión, celebrada el 1º de junio, el programa de
"petróleo por alimentos" instaurado en virtud de la resolución
986 (1995) se prorrogó únicamente hasta el 3 de julio mediante
la aprobación unánime de la resolución 1352 (2001). Entretanto,
el Consejo expresó su intención de considerar nuevas disposiciones
para la venta o suministro de mercancías y productos al Iraq y la facilitación
del comercio civil.
Posteriormente, en un debate público celebrado los días 26 y
28 de junio, las deliberaciones se centraron en proyectos de propuestas del
Reino Unido y la Federación de Rusia para modificar el régimen
de sanciones vigente, así como en las relaciones entre el Iraq y Kuwait.
En la sesión también se planteó la necesidad de volver
a examinar los aspectos relativos a las zonas de prohibición de vuelos
en el Iraq y la cuestión de los ciudadanos y propiedades kuwaitíes
desaparecidos.
El representante de Kuwait pidió que se acataran plenamente las resoluciones
de las Naciones Unidas, y dijo que las intenciones del Iraq hacia su país
no eran pacíficas, habida cuenta de las amenazas repetidas de altos
funcionarios del Iraq a la seguridad y la soberanía de Kuwait. Cuando
se reanudó la sesión el 28 de junio, el Secretario General Adjunto
de Relaciones Exteriores del Iraq dijo que su país había cumplido
todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Había
reconocido la soberanía, la integridad territorial, la independencia
y las fronteras de Kuwait, había devuelto todas las propiedades kuwaitíes
que había encontrado y había repatriado a todos los prisioneros
de guerra. El Iraq también había condenado todas las formas
de terrorismo internacional. Dijo que el objetivo de los Estados Unidos y
del Reino Unido era perpetuar el bloqueo contra el Iraq, a pesar de sus esfuerzos
por cumplir sus obligaciones.
Cuando el 3 de julio el Consejo aprobó unánimemente la resolución
1360 (2001), por la que decidió prorrogar el programa de petróleo
por alimentos durante un período de 150 días, decidió
que los ingresos para los sectores de la alimentación, la nutrición
y la salud continuaran asignándose con carácter prioritario
a fin de garantizar una distribución equitativa de la asistencia humanitaria
a todos los segmentos de la población iraquí en todo el país.
El 29 de noviembre el Consejo prorrogó el programa por otros 180 días
a partir del 1º de diciembre. Con la aprobación unánime
de la resolución 1382 (2001), también aprobó la lista
de artículos sujetos a examen para que se comenzara a aplicar el 30
de mayo de 2002. Los artículos de esa lista, como equipo avanzado de
telecomunicaciones, deben ser aprobados o denegados por el Comité de
Sanciones del Consejo, después de evaluar el riesgo de que se desvíen
para usos militares.
El 20 de diciembre, tras publicarse un informe del Secretario General, los
miembros del Consejo, en una declaración a la prensa leída por
el Presidente del Consejo, expresaron su preocupación por el hecho
de que la repatriación de kuwaitíes y nacionales de terceros
países y la devolución de bienes kuwaitíes por el Iraq
todavía no fueran completas.
África
Angola
Gran parte de la labor del Consejo en relación con Angola durante el
año, incluidas seis sesiones oficiales, se centró en el régimen
de sanciones contra la Unión Nacional para la Independencia Total de
Angola (UNITA), a la luz de su continua actividad armada. También se
prestó atención al terrorismo por parte de la UNITA, la situación
humanitaria en el país, la pertinencia del acuerdo de paz de 1994 y
la democratización. En una reunión de información celebrada
a fines de año se pidió que las Naciones Unidas participaran
más activamente en el país.
El Gobierno de Angola y la UNITA han venido librando una guerra civil intermitente
y devastadora desde la independencia del país en 1975. En enero de
1999 el Secretario General llegó la conclusión de que el proceso
de paz en Angola se había colapsado de nuevo, después de que
la UNITA se negara a aplicar el acuerdo de paz de 1994, conocido como el Protocolo
de Lusaka.
En consecuencia, el mandato de la Misión de Observadores de las Naciones
Unidas en Angola (MONUA) expiró a comienzos de 1999. En octubre siguiente,
el Consejo de Seguridad autorizó el establecimiento de la Oficina de
las Naciones Unidas en Angola (UNOA) para que explorara medidas efectivas
para restaurar la paz y ayudara al pueblo angoleño en el fomento de
la capacidad, la asistencia humanitaria, la promoción de los derechos
humanos y la coordinación de otras actividades.
En 2000 se creó un mecanismo de vigilancia de las sanciones contra
la UNITA, y el 21 de diciembre se publicó un informe tras una investigación
de seis meses (documento S/2000/1225, anexo). El 22 de febrero de 2001 el
Consejo debatió el informe, y el 23 de febrero prorrogó el mandato
del mecanismo por otros tres meses y solicitó una adición. El
19 de abril, mediante la resolución 1348 (2001), prorrogó ese
mandato hasta el 17 de octubre y volvió a solicitar un informe complementario.
El informe del mecanismo llegó a la conclusión de que el movimiento
rebelde todavía seguía muy activo en la guerra de guerrillas,
atacando principalmente objetivos civiles, destruyendo la infraestructura,
matando a personas inocentes y colocando minas terrestres. En la adición
(documento S/2001/363) se observó que la firme determinación
del Consejo de Seguridad de vigilar la aplicación de las sanciones
había contribuido sin duda de manera positiva a obstaculizar el abastecimiento
de material militar vital para la UNITA. Los gobiernos que antes violaban
las sanciones estaban adoptando medidas para aplicarlas. Sin embargo, a pesar
de que había disminuido el grado de impunidad, se mantenía intacta
la intención de los que violaban las sanciones de seguir obteniendo
beneficios de la cruel guerra en Angola. En el informe y sus anexos se detallaban
esas violaciones de las sanciones.
En una sesión celebrada 19 de octubre, en la que participaron 30 oradores
y se debatió el informe, el Presidente del Comité de Sanciones,
Richard Ryan (Irlanda), dijo que el régimen de sanciones estaba funcionando,
pero había que mejorar su eficacia. Entre las cuestiones planteadas
en el debate posterior se incluyeron el establecimiento de penas por la violación
de las sanciones ("sanciones secundarias") y un posible mecanismo
permanente de vigilancia de las sanciones de las Naciones Unidas.
En la primera de las dos sesiones celebradas el 15 de noviembre, el Secretario
General Adjunto Ibrahim Gambari, Asesor Especial del Secretario General, presentó
información al Consejo. Dijo que en el mes anterior había continuado
la lucha en Angola y se había intensificado en algunas zonas, lo que
había empobrecido más al pueblo y había contribuido al
empeoramiento de la situación humanitaria. En la segunda sesión
celebrada en esa fecha, el Consejo, en una declaración leída
por el Presidente, reafirmó su intención de seguir vigilando
de cerca las sanciones. Afirmó su apoyo a los esfuerzos del Gobierno
de Angola por aplicar el Protocolo de Lusaka y a su intención de celebrar
elecciones libres e imparciales y a todas las demás iniciativas encaminadas
a lograr la paz, la estabilidad y la reconciliación nacional.
Tras viajar en misión a Angola en diciembre, el Asesor Especial, Sr.
Gambari, informó al Consejo, en una reunión celebrada el 21
de ese mes, de que por primera vez estaba surgiendo una convergencia de opiniones
y las Naciones Unidas deberían volver a desempeñar una función
más activa en el proceso de paz de Angola. Las cuestiones en las que
el Gobierno deseaba iniciar una cooperación inmediata incluían
la gestión del Fondo para la Paz y la Reconciliación, proyectos
experimentales para los soldados desmovilizados y los desplazados internos
y asistencia en el proceso electoral.
Burundi
El Consejo celebró seis sesiones oficiales para examinar la situación
en Burundi, que en 2001 se caracterizó por la inauguración de
un gobierno de transición y un aumento de la violencia.
En 1993 los conflictos internos de larga data en Burundi provocaron una tentativa
de golpe de Estado, en la que resultó muerto el primer Presidente democráticamente
elegido, un hutu, que fue seguida de luchas generalizadas entre el ejército,
predominantemente tutsi, y los rebeldes hutu, que causaron aproximadamente
200.000 muertos y desplazamientos masivos. Los intensos esfuerzos del ex Presidente
de Sudáfrica, Nelson Mandela, Facilitador del proceso de paz, condujeron
a la firma el 28 de agosto de 2000 en Arusha (República Unida de Tanzanía)
del Acuerdo de Paz y Reconciliación por la mayoría de las partes.
El 1º de noviembre entró en vigor un plan para ejercer conjuntamente
el poder, por el que un Presidente hutu y un tutsi se alternan en el gobierno
del país. Los dos principales grupos rebeldes hutu han rechazado el
plan del Facilitador y han declarado su intención de continuar luchando
contra el ejército dominado por los tutsi. Entretanto, el sufrimiento
humanitario en Burundi continúa sin remitir.
En la primera sesión oficial del año sobre la situación
en Burundi, celebrada el 2 de marzo, el Consejo emitió una declaración
presidencial por la que condenaba los recientes ataques de los grupos armados,
en particular los ataques de las Fuerzas Nacionales de Liberación contra
Bujumbura. Subrayó la importancia de que se prestara asistencia humanitaria
de urgencia a los civiles desplazados. En una segunda declaración presidencial,
dada a conocer el 29 de junio, se pidió la suspensión inmediata
de las hostilidades y que los grupos armados comenzaran negociaciones.
Tres meses después, el 26 de septiembre, en una tercera declaración
presidencial, los miembros del Consejo expresaron su firme apoyo a la instauración
el 1º de noviembre del Gobierno de transición en Burundi. El Consejo
expresó su creencia de que la creación de un gobierno de base
amplia e integrador supondría "un punto de inflexión"
en el proceso de paz y alentó a los donantes a que proporcionaran asistencia
adicional. El 29 de noviembre el Consejo hizo suyos los esfuerzos del Gobierno
de Sudáfrica y de otros Estados Miembros por apoyar la aplicación
del Acuerdo de Arusha y expresó su firme apoyo a la creación
de una presencia multinacional de seguridad provisional en Burundi para proteger
a los dirigentes políticos repatriados y capacitar a la fuerza de protección
compuesta exclusivamente por burundianos.
Cuando tuvo lugar la inauguración del Gobierno de transición,
se produjo un aumento de la violencia. En una declaración presidencial
de 15 de noviembre el Consejo expresó su preocupación e instó
a todos los burundianos a que rechazaran la violencia y alcanzaran sus objetivos
a través de las instituciones y los mecanismos del proceso de transición.
República Centroafricana
Las prolongadas tensiones políticas y crisis sociales en la República
Centroafricana, a la que el Secretario General ha denominado "el país
más vulnerable" de la subregión, se agravaron este año
cuando en mayo un ex Presidente de la República intentó dar
un golpe de Estado. En 2001 la situación se debatió en cuatro
sesiones del Consejo.
El 23 de enero el Consejo recibió información de Tidiane Sy,
Representante del Secretario General y Jefe de la Oficina de las Naciones
Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República
Centroafricana (BONUCA), que había sustituido a la misión de
mantenimiento de la paz que ayudó a lograr un acuerdo en 1997 por el
que se puso fin a la guerra civil en el país. Subrayó las grandes
dificultades sociales y económicas debidas a la tensión política
y las crisis de seguridad, en particular la considerable tensión entre
el partido en el poder y la oposición.
Después de escuchar esa información y las declaraciones de los
representantes del país y de un funcionario del Banco Mundial, el Consejo
dio a conocer una declaración presidencial en la que expresó
su preocupación por las tensiones políticas y sociales que se
habían reavivado en el país y que amenazaban con entorpecer
los recientes esfuerzos para lograr la reconciliación nacional. Exhortó
al Gobierno a que iniciara reformas económicas y disipara las tensiones
sociales y subrayó la necesidad prioritaria de que se abonaran los
sueldos en mora en la administración pública.
Tras una tentativa de golpe de Estado en el país el 28 de mayo, que
causó la muerte a seis personas y el desplazamiento de decenas de miles,
los miembros del Consejo condenaron esa acción en una declaración
de prensa. El 17 de julio, un nuevo examen de la cuestión condujo a
la aprobación de una declaración presidencial por la que se
condenaba enérgicamente el asesinato del coordinador de asuntos de
seguridad de las Naciones Unidas, Jean-Pierre Lhommee, nacional de Francia
y que murió el día de la tentativa. El Consejo también
reiteró su condena de la tentativa de golpe de Estado.
Después de la publicación del tercer informe del Secretario
General sobre la situación, en el que se detallaban propuestas sobre
un mandato revisado de la BONUCA, el Consejo se reunió el 21 de septiembre
para debatir la cuestión. El General Lamine Cisse, ex Ministro del
Interior del Senegal y nuevo representante del Secretario General en el país,
dijo al Consejo que una oficina de las Naciones Unidas más firme alentaría
un desarme efectivo y fortalecería el sistema judicial y el estado
de derecho.
El 26 de septiembre el Consejo aprobó una declaración presidencial
en la que tomó conocimiento de la intención del Secretario General,
en coordinación con el Gobierno de la República Centroafricana,
de prorrogar el mandato de la BONUCA por otro año y fortalecer su función.
República Democrática del Congo
En 16 sesiones celebradas en 2001, el Consejo se centró en la necesidad
de que se aplicara el Acuerdo de Paz de Lusaka en la República Democrática
del Congo y cesara la explotación de recursos que ayudaba a prolongar
el derramamiento de sangre. Si bien la cesación del fuego se había
mantenido en la mayor parte del país, existía inquietud por
la continuación del conflicto en la región oriental. La situación
humanitaria y de los derechos humanos seguía siendo deficiente y los
organismos humanitarios se enfrentaban a un empeoramiento de las condiciones,
e incluso a la muerte.
El Consejo, al expresar su preocupación por esas condiciones, subrayó
la necesidad urgente de que aumentara la asistencia económica internacional
en apoyo al proceso de paz. Durante todo el año los miembros del Consejo
continuaron recalcando la importancia del diálogo entre los congoleños,
y expresaron su apoyo a Sir Ketumile Masire, Facilitador del diálogo
entre los congoleños.
El capítulo actual del conflicto data de agosto de 1998, cuando en
un intento por estabilizar el país y consolidar su control, el entonces
Presidente Laurent Kabila expulsó a las tropas de Rwanda que permanecían
en el país después de su victoria en 1997. Esa medida provocó
motines del ejército en la capital, Kinshasa, y en las provincias de
Kivu en el este. Si bien se sofocó el motín de Kinshasa, continuó
el de las provincias de Kivu y se convirtió en un intento de derrocar
al Gobierno. Los grupos que se oponían al Gobierno de Kabila eran facciones
de la Coalición Congoleña para la Democracia (CCD), apoyada
por Rwanda y Uganda. El Movimiento para la Liberación del Congo (MLC),
otro grupo rebelde, surgió posteriormente. Defendían al Gobierno
de Kabila las antiguas Fuerzas Armadas Rwandesas/milicias interahamwe. Angola,
Namibia, el Chad, Zimbabwe y el ejército congoleño también
apoyaban al Presidente Kabila.
En julio de 1999 en Lusaka (Zambia), la República Democrática
del Congo, junto con Angola, Namibia, Rwanda, Uganda y Zimbabwe, firmaron
el Acuerdo de cesación del fuego, y el MLC lo firmó en agosto.
Junto con la cesación de las hostilidades, el Acuerdo contemplaba el
envío de una operación internacional de mantenimiento de la
paz y el comienzo de un "diálogo nacional" sobre el futuro
del país. A fin de mantener el enlace con las partes y realizar otras
tareas, en noviembre de 1999 el Consejo creó la Misión de las
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC),
que incorporó a personal de las Naciones Unidas autorizado en resoluciones
anteriores.
Al exigir este año que se cumpliera el Acuerdo de Lusaka, el Consejo
reiteró su llamamiento para que todas las tropas extranjeras se retiraran
completamente del país y todas las partes completaran la separación
y el redespliegue de sus fuerzas. Los Presidentes de la República Democrática
del Congo (Joseph Kabila fue nombrado Presidente tras la muerte de su padre
en enero de 2001) y de Rwanda, que se dirigieron al Consejo en sesiones separadas,
apoyaron el llamamiento para que se retiraran las tropas extranjeras.
El 22 de febrero, en su resolución 1341 (2001), el Consejo declaró
su intención de seguir de cerca los progresos en la separación
de las tropas extranjeras mediante el envío de una misión a
la región, e indicó que estaba dispuesto a estudiar las medidas
que podría imponer en caso de que las partes no cumplieran plenamente
lo dispuesto en la resolución. Reafirmó además que estaba
dispuesto a respaldar al Secretario General, siempre y cuando éste
lo considerara necesario, en el despliegue de tropas en las zonas fronterizas
de la zona oriental del país. Al exigir que se pusiera fin al despliegue
de niños soldados, el Consejo pidió que se cooperara con la
MONUC, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras organizaciones
humanitarias con miras a lograr su rápida desmovilización y
rehabilitación.
El 3 de mayo el Consejo de Seguridad examinó la cuestión de
la explotación de los recursos naturales y riquezas de la República
Democrática del Congo en un debate abierto de un día de duración,
después del cual el Consejo condenó esas actividades en una
declaración presidencial. El debate siguió al examen del informe
del Grupo de Expertos encargado de investigar la explotación ilícita
de los recursos naturales del Congo, como el coltán, los diamantes,
el oro, el cobre, el cobalto, la madera y el café. El Consejo examinó
una adición al informe en otra sesión de un día de duración
celebrada el 19 de diciembre, en la que algunos oradores respondieron a las
alegaciones concretas que figuraban en el informe.
El 15 de junio el Consejo prorrogó y modificó el mandato de
la MONUC, tras celebrar una reunión el 13 de junio con Jean-Marie Guéhenno,
Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y Olara
Otunnu, Representante Especial del Secretario General para la cuestión
de los niños y los conflictos armados. El concepto actualizado de operaciones
incluía la creación de un componente de policía civil
y una sección civil y militar integrada para coordinar las operaciones
de desarme, desmovilización, repatriación y reintegración.
También incluía la ampliación de la presencia de la MONUC
en Kisangani, el fortalecimiento de la capacidad de apoyo logístico
de la Misión para facilitar el despliegue en curso y el previsto en
el futuro. El Consejo autorizó a la MONUC a que prestara asistencia
en las primeras etapas de desmovilización, desarme y reintegración
de los grupos armados y pidió al Secretario General que desplegara
observadores militares para supervisar el proceso de retirada temprana allí
donde se aplicase.
El Consejo también pidió al Secretario General que garantizara
un despliegue suficiente de asesores para la protección de los niños,
se hiciera una supervisión consistente y sistemática y presentase
informes sobre el comportamiento de las partes respecto de su obligación
de proteger a la infancia. El Consejo también reafirmó que se
debería organizar una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad,
la democracia y el desarrollo en la región bajo la égida de
las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (OUA).
El 24 de octubre, tras un prolongado debate, el Consejo, en una declaración
presidencial, apoyó la iniciación de la fase III del despliegue
de la MONUC, en particular en la parte oriental del país. El 9 de noviembre,
el Consejo, en su resolución 1376 (2001) afirmó que la ejecución
de la fase III requeriría la desmilitarización de Kisangani,
el pleno restablecimiento de la libre circulación de personas y bienes
en todo el país y la plena cooperación con las operaciones militares
y logísticas de la MONUC. Otros requisitos previos incluían
un diálogo directo entre los Gobiernos de la República Democrática
del Congo y de Rwanda y el establecimiento por Rwanda de condiciones propicias
para la desmovilización, el desarme y la reintegración de los
grupos armados.
Etiopía y Eritrea
En mayo de 1998 comenzaron los combates entre Etiopía y Eritrea como
resultado de una controversia fronteriza, y volvieron a estallar en varias
ocasiones a pesar de concertarse varias cesaciones del fuego. El 18 de junio
de 2000 ambos países firmaron un Acuerdo de cesación de las
hostilidades, en el que se pedía a las Naciones Unidas, en cooperación
con la OUA, que establecieran una operación de mantenimiento de la
paz para ayudar en su aplicación.
En junio de 2000 el Consejo decidió establecer la Misión de
las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE). El mandato de la
Misión incluía establecer enlaces con las partes, verificar
la cesación de las hostilidades y planificar una futura operación
de mantenimiento de la paz. Negociaciones ulteriores, facilitadas por el Presidente
de Argelia, dieron como resultado la firma, el 12 de diciembre de 2000, de
un amplio Acuerdo de Paz.
En 2001 el Consejo se reunió en cinco ocasiones para examinar esta
cuestión. El 9 de febrero de 2001, en una declaración presidencial,
el Consejo expresó su rotundo apoyo al Acuerdo de Paz firmado en diciembre
y acogió con beneplácito el acuerdo alcanzado para establecer
una zona temporal de seguridad, lo que allanaba el camino para el despliegue
de fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en condiciones
de seguridad.
El 19 de abril, el Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz, Jean-Marie Guéhenno, informó al Consejo de que el
establecimiento de la zona temporal de seguridad el 18 de abril señalaba
la separación formal de las fuerzas de Etiopía y Eritrea. La
creación de la zona permitiría restaurar la administración
civil de Eritrea, incluida la policía y la milicia local, y comenzar
los preparativos para el regreso de la población. Comunicó que
no se habían producido violaciones importantes de la cesación
del fuego y la situación permanecía en calma.
En el debate posterior, los miembros del Consejo acogieron con satisfacción
los progresos, pero subrayaron la importancia de establecer vuelos directos
entre Addis Abeba y Asmara. También señalaron la necesidad de
lograr un regreso ordenado de los desplazados internos a la zona temporal
de seguridad antes del inicio de la estación de las lluvias, un acceso
sin obstáculos de los necesitados a la asistencia humanitaria y un
rápido inicio de la labor de la Comisión de Fronteras.
El 15 de mayo, el Consejo, en una declaración presidencial, subrayó
que las partes debían permitir el libre acceso de la MINUEE y sus suministros,
incluso en la zona temporal de seguridad, que debía estar completamente
desmilitarizada.
En 2001 el Consejo prorrogó en dos ocasiones el mandato de la MINUEE,
más recientemente del 14 de septiembre al 15 de marzo de 2002. Al aprobar
por unanimidad la resolución 1369 (2001) relativa a esa prórroga,
el Consejo también instó a las partes a que orientaran sus esfuerzos
de adquisición de armas y otras actividades militares hacia la reconstrucción
y el desarrollo de sus economías.
Misión a la región de los Grandes Lagos
El 30 de mayo el Secretario General informó al Consejo de que la importante
y oportuna visita de la misión del Consejo a la región de los
Grandes Lagos había servido para consolidar el impulso hacia la paz
en la República Democrática del Congo, cuando el Consejo se
reunió para examinar el informe sobre esa visita. Dijo que la situación
humanitaria seguía siendo un desafío urgente, e hizo un llamamiento
para que se aportara mayor apoyo financiero a la asistencia humanitaria, que
hasta entonces sólo había recibido el 20% de las necesidades
incluidas en el llamamiento consolidado.
El representante de Francia, al presentar el informe de la misión,
dijo que le inquietaba el estancamiento en el que se encontraba Burundi. A
fin de abordar las preocupaciones sobre el problema de los refugiados, la
misión había sugerido que se estableciera una comisión
entre la República Unida de Tanzanía y Burundi para encontrar
medios prácticos de reducir la tensión. Los representantes de
muchos de los países de la región hablaron acerca de la separación
de las tropas en la República Democrática del Congo, los grupos
rebeldes recalcitrantes y la apropiación indebida de los recursos del
Congo.
Liberia
Debido a su apoyo al Frente Revolucionario Unido (FRU) de Sierra Leona y otros
grupos armados en la subregión del África occidental, el 7 de
marzo el Consejo impuso sanciones amplias contra Liberia. Estas incluían
un embargo de armas, la prohibición de exportar diamantes de Liberia
y la prohibición de viajar a determinadas personas del Gobierno de
Liberia y otras que al parecer proporcionaban apoyo al FRU. Con la aprobación
por unanimidad de la resolución 1343 (2001), el Consejo exigió
que Liberia expulsara a todos los miembros del FRU y prohibiera todas las
actividades de ese grupo en su territorio.
El 5 de noviembre el Grupo de Expertos sobre Liberia presentó su informe
al Consejo de Seguridad. El Grupo fue nombrado por el Secretario General para
investigar las violaciones de las sanciones impuestas en marzo. El Grupo comunicó
que, si bien había aumentado ligeramente la cooperación y disminuido
la violencia, a fin de lograr un acuerdo de paz duradero en Sierra Leona se
debía garantizar que Liberia se separara completamente del FRU.
En la misma sesión, Edward Tsui, de la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios, dijo que la frágil situación económica
de Liberia podría empeorar si las sanciones no se veían acompañadas
de un aumento de la respuesta de los donantes humanitarios. Subrayó
que la economía de Liberia dependía en gran medida de la exportación
de productos naturales. Si el Consejo consideraba la posibilidad de imponer
sanciones adicionales, podría ser conveniente que considerara también
establecer mecanismos a fin de supervisar regularmente los efectos de dichas
sanciones en el pueblo de Liberia.
Sierra Leona
El conflicto en Sierra Leona data de marzo de 1991, cuando combatientes del
FRU iniciaron una guerra desde la zona oriental del país, cerca de
la frontera con Liberia, para derrocar al Gobierno. En octubre de 1999, el
Consejo, en su resolución 1270 (1999) estableció la Misión
de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) a fin de ayudar a aplicar
el Acuerdo de Paz de Lomé (Togo), firmado el 7 de julio de 1999 entre
el Gobierno de Sierra Leona y el FRU.
Debido a la continua inestabilidad, el Consejo de Seguridad aumentó
la dotación autorizada de la UNAMSIL en varias ocasiones, hasta, el
19 de mayo, 17.500 efectivos militares, incluidos 260 observadores militares.
El 25 de enero el Consejo examinó el informe del Grupo de Expertos
que estableció el mes de julio anterior para reunir información
sobre las violaciones del embargo de armas, así como sobre la relación
entre el comercio de diamantes y el de armas. El Grupo determinó que
las sanciones relativas a las armas y los diamantes se estaban violando "con
impunidad". El Grupo también hizo amplias recomendaciones, en
las que exhortaba a la creación de un sistema mundial de certificación
de los diamantes, un embargo de las exportaciones de armas de determinados
países productores, una prohibición de viajar a altos funcionarios
de Liberia y la creación en la Secretaría de las Naciones Unidas
de la capacidad para seguir vigilando el cumplimiento de las sanciones del
Consejo de Seguridad.
En el debate, de un día duración, 26 oradores formularon declaraciones
ante el Consejo, y muchos de ellos pidieron que se impusieron nuevas medidas
que frenaran el comercio ilícito de diamantes de Sierra Leona y la
corriente de armas ilícitas hacia ese país. También subrayaron
la necesidad de abordar efectivamente la función de Liberia y otros
países como elemento impulsor del conflicto. Liberia fue uno de los
países citados en el informe que expresó su desacuerdo con sus
conclusiones.
El 8 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
pidió al Consejo de Seguridad que fortaleciera a la UNAMSIL como factor
fundamental para permitir el regreso de los refugiados y lograr la estabilidad
general. El 30 de marzo, el Consejo, al prorrogar el mandato de la UNAMSIL
por un período de seis meses, incrementó su componente militar
hasta una dotación de 17.500 efectivos, incluidos los 260 observadores
militares ya desplegados. Al aprobar por unanimidad la resolución 1346
(2001), el Consejo también pidió que el FRU y otros grupos militares
cesaran inmediatamente sus violaciones de los derechos humanos, en particular
el acoso y el reclutamiento forzado de adultos y niños para combatir
y realizar trabajos forzados.
El 28 de junio, Oluyemi Adeniji, Representante Especial el Secretario General
y Jefe de la UNAMSIL comunicó al Consejo que el proceso de paz en Sierra
Leona había experimentado cambios notables. La Misión había
consolidado sus contactos con el FRU y al mismo tiempo había seguido
trabajando estrechamente con el Gobierno de Sierra Leona. Las consultas con
las partes habían incluido consultas delicadas sobre el distrito de
Kambia, que habían llevado a que el FRU considerara reanudar el desarme,
la desmovilización y la reinserción en ese distrito. También
se habían logrado progresos en otros aspectos del proceso de paz, y
se habían abierto la mayoría de las carreteras del país,
lo que había ayudado a reanudar las operaciones humanitarias.
El 18 de septiembre el Consejo prorrogó el mandato de la UNAMSIL por
otro período de seis meses a partir del 30 de septiembre de 2001, al
aprobar la resolución 1370 (2001), en su forma oralmente enmendada,
y volvió a pedir que el FRU pusiera fin a las violaciones de los derechos
humanos y otras violaciones de la cesación del fuego. Dado que el comercio
ilícito de diamantes continuó motivando esas violaciones, el
19 de diciembre el Consejo aprobó por unanimidad la resolución
1385 (2001), por la que decidió prorrogar durante 11 meses, a partir
del 5 de enero de 2002, la prohibición de importar diamantes en bruto
de Sierra Leona, con la excepción de los controlados por el Gobierno
de conformidad con el sistema de certificados de origen.
África occidental
Tras enviar dos misiones al África occidental, el 14 de mayo el Consejo
celebró una sesión abierta, en un esfuerzo por poner fin al
círculo vicioso de inestabilidad, inseguridad y desplazamientos en
Sierra Leona, Liberia y Guinea. Ibrahima Fall, Subsecretario General de Asuntos
Políticos, dijo que era crucial adoptar una perspectiva regional e
integrada hacia esos problemas. Una misión interinstitucional a 11
países del África occidental, que él encabezó,
también propuso que se creara una oficina de las Naciones Unidas para
el África occidental, y que se ampliara el mandato de la UNAMSIL a
Guinea y Liberia.
Carolyn McAskie, Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia, encabezó
otra misión a la subregión para evaluar la situación
humanitaria en la zona. Dijo que Guinea, tras años de hacer frente
a las consecuencias de la guerra en Sierra Leona, se enfrentaba ahora a una
crisis humanitaria propia. Se habían producido algunos avances en Sierra
Leona, pero la reinserción de los ex combatientes y el reasentamiento
de los desplazados serían fundamentales. Entretanto, nuevas corrientes
de refugiados amenazaban con entrar desde Liberia. Propuso que se creara una
capacidad subregional para el intercambio y análisis de información
estratégica, el apoyo a las organizaciones regionales de la sociedad
civil, tales como la Red de Paz de Mujeres de la Unión del Río
Mano, y se estableciera una presencia más firme de la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios.
En el intercambio de opiniones posterior, los miembros convinieron en la necesidad
de adoptar una perspectiva regional e integrada ante los problemas de seguridad.
Además expresaron su apoyo a muchas de las recomendaciones del informe
interinstitucional, en particular al establecimiento de una oficina de las
Naciones Unidas en el África occidental, y a las medidas para fortalecer
la función de la CEDEAO en la región.
Tras otra reunión de información sobre los resultados de la
misión interinstitucional al África occidental, celebrada el
19 de diciembre, se reiteró ese apoyo. El Consejo emitió una
declaración presidencial en la que manifestó su pleno apoyo
al establecimiento de la oficina del Representante Especial del Secretario
General para la subregión, y subrayó también la necesidad
de fortalecer las capacidades de la CEDEAO.
Somalia
Las cuatro sesiones que celebró Consejo sobre Somalia se centraron
en la cuestión del establecimiento de una presencia de consolidación
de la paz de las Naciones Unidas en el país, a la luz del proceso de
reconciliación nacional que comenzó con una conferencia de paz
entre las facciones en Arta (Djibouti), celebrada a mediados de 2000, y la
formación de un gobierno de transición. Tras un decenio de anarquía
y hambruna, el país seguía enfrentándose a grandes desafíos
en materia de seguridad, reconstrucción y desarrollo; también
se debatió la posibilidad de celebrar elecciones democráticas
en 2003.
El 11 de enero el Consejo publicó una declaración presidencial
en la que expresó su apoyo a la Conferencia de Paz de Arta y el establecimiento
del gobierno de transición. No obstante, como la prestación
de asistencia humanitaria seguía siendo difícil, el 19 de junio
aprobó por unanimidad la resolución 1356 (2001), en la que decidió
que el equipo no mortífero, como la ropa de protección y los
cascos, quedara exento del embargo de armas impuesto al país en 1992.
En cuanto a la cuestión del establecimiento de una presencia de las
Naciones Unidas en el país, el Secretario General presentó un
informe en el que indicó su disposición a preparar una propuesta
para enviar a Somalia una misión de consolidación de la paz
que ayudara a finalizar el proceso de paz. No obstante, dijo que la situación
de seguridad todavía no le permitía recomendar el despliegue
de esa misión en el país. En un debate de un día de duración
en el que se examinó el informe, celebrado el 19 de noviembre, los
miembros del Consejo expresaron inquietudes similares sobre ese despliegue.
Sin embargo, el Primer Ministro de Somalia dijo que si no se enviaba pronto
una misión de mantenimiento de la paz se contribuía al círculo
vicioso de seguridad inadecuada.
El 31 de octubre el Consejo, en una declaración presidencial, dijo
que el proceso de paz de Arta era la base más viable para la paz y
la reconciliación nacional. Reafirmó la firme determinación
del Consejo de lograr un arreglo amplio y duradero en Somalia.
Sudán
El 28 de septiembre, el Consejo de Seguridad, tomando conocimiento de las
medidas adoptadas por el Gobierno del Sudán para cumplir las disposiciones
de las resoluciones del Consejo, y acogiendo con beneplácito la adhesión
por el Sudán a las convenciones internacionales pertinentes para la
eliminación del terrorismo, decidió poner fin, con efecto inmediato,
a las medidas mencionadas en los párrafos 3 y 4 de la resolución
1054 (1996) y el párrafo 3 de la resolución 1070 (1996).
El Consejo adoptó esa decisión al aprobar su resolución
1372 (2001) por 14 votos a favor y 1 abstención (Estados Unidos de
América). En la resolución 1054 (1996), el Consejo había
decidido que todos los Estados redujeran significativamente el número,
la categoría y la circulación de su personal diplomático
en el país, y había pedido a los Estados que restringieran la
circulación por su territorio de los integrantes del Gobierno del Sudán,
sus funcionarios y los miembros de sus fuerzas armadas. También había
pedido a todas las organizaciones internacionales y regionales que no convocaran
ninguna conferencia en el Sudán.
En su resolución 1070 (1996), el Consejo había decidido que
todos los Estados negaran a las aeronaves asociadas con el Sudán permiso
para despegar, aterrizar o sobrevolar sus territorios.
El representante de los Estados Unidos de América, explicando su abstención,
dijo que el Gobierno del Sudán había adoptado medidas sustanciales
para cumplir las demandas de la resolución 1054 (1996). Sin embargo,
continuaban existiendo problemas, como el hecho de que no se hubiera entregado
información relativa al intento de asesinato del Presidente Mubarak
de Egipto. Las autoridades del Sudán estaban entablando un debate serio
sobre maneras de luchar contra el terrorismo, y esperaba que participaran
plenamente en esa lucha. Dijo que su Gobierno también seguiría
pidiendo al Sudán que hiciera frente a las violaciones de los derechos
humanos y al sufrimiento del pueblo sudanés.
Sáhara Occidental
En 2001 el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones
Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) en
varias ocasiones: el 27 de febrero, el 27 de abril, el 29 de junio y el 27
de noviembre, en sus resoluciones 1342 (2001), 1349 (2001), 1359 (2001) y
1380 (2001), respectivamente. De conformidad con esta última resolución,
el Consejo decidió prorrogar el mandato de la Misión hasta el
28 de febrero de 2002 y manifestó su apoyo a todos los esfuerzos por
celebrar un diálogo adicional a fin de hallar una solución política
al conflicto, bajo los auspicios del Enviado Personal del Secretario General,
James Baker III.
Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra
y de Río de Oro (Frente POLISARIO) mantienen una controversia sobre
el territorio desde que España abandonó su control en 1974.
En 1991 se creó la MINURSO para supervisar la celebración de
un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental elegiría
entre la independencia o la integración con Marruecos como parte de
un plan de arreglo de las Naciones Unidas. El proceso del referéndum
ha permanecido estancado durante años debido a las apelaciones al proceso
de inscripción de los votantes y otros problemas.
Oriente Medio
Israel y los palestinos
En cinco sesiones celebradas en 2001, el Consejo proporcionó un foro
para que los Estados Miembros expresaran su profunda preocupación por
el empeoramiento de la situación en la Ribera Occidental y la Faja
de Gaza, así como por la violencia en Israel, ya que continuó
el ciclo de violencia que comenzó en septiembre de 2000. Sin embargo,
el Consejo no llegó a un acuerdo sobre las medidas a adoptar, pues
los Estados Unidos de América vetaron la aprobación de resoluciones
en dos ocasiones.
El 15 y el 19 de marzo, en un debate abierto solicitado por el Grupo de Estados
Árabes, el Grupo Islámico y la Misión Permanente de Observación
de Palestina, muchos gobiernos expresaron su apoyo al envío a la región
de una misión internacional de observación. La mayoría
de los oradores criticaron lo que denominaron el uso excesivo e indiscriminado
de la violencia contra los civiles palestinos. Varios oradores también
condenaron todos los actos de anarquía y terrorismo. Casi todos los
oradores instaron a Israel a que pusiera fin al bloqueo de las ciudades palestinas
y al cerco de las aldeas con tropas y tanques.
El 27 de marzo los Estados Unidos de América vetaron un proyecto resolución
en el que se expresaba que el Consejo estaba dispuesto a establecer una fuerza
de observación, explicando que el proyecto ignoraba la necesidad básica
de contar con el acuerdo de ambas partes. El representante de los Estados
Unidos dijo que su país habría apoyado el texto si hubiera exhortado
a que se pusiera fin a la incitación y a la violencia, y a la aplicación
de todos los compromisos acordados, incluidos los alcanzados en Sharm el-Sheikh.
El 20 y el 21 de agosto el Consejo escuchó a 48 oradores debatir la
situación, ya que celebró otro debate abierto a solicitud de
la Organización de la Conferencia Islámica. En la sesión
se subrayó mayoritariamente que la aplicación de las recomendaciones
que figuraban en el informe Mitchell era el único camino viable para
poner fin a la violencia en el Oriente Medio y reavivar el proceso de paz.
En ese informe, resultado de un viaje a la región del ex Senador de
los Estados Unidos George Mitchell y publicado el 21 de mayo, se exhortaba
a una cesación del fuego inmediata, la renuncia al terrorismo, la reanudación
de las conversaciones de paz y la recuperación de la confianza entre
Israel y la Autoridad Palestina. También se pedía que se congelara
la construcción de asentamientos, se levantaran las restricciones económicas
en las zonas palestinas, Israel limitara su uso de la fuerza mortífera
contra los palestinos y la Autoridad Palestina impidiera los ataques de palestinos
contra israelíes.
En las sesiones celebradas en agosto muchos oradores continuaron apoyando
el establecimiento de una fuerza internacional de observación en el
Oriente Medio. Otros lamentaron el aumento de la violencia, los asesinatos
extrajudiciales de Israel, la ocupación por las autoridades israelíes
de la Casa de Oriente y otras instituciones palestinas en Jerusalén
oriental y lo que denominaron otros "actos de provocación"
deliberados.
El representante de la Conferencia Islámica instó al Consejo
a que adoptara las medidas necesarias para proteger a los palestinos, restituyera
las instituciones palestinas en Jerusalén oriental y levantara las
restricciones impuestas a la entrada a la mezquita de Al-Aqsa y otros lugares
de culto musulmanes y cristianos en la ciudad. Dijo que "la protección
que buscamos impediría que Israel continuara sus prácticas ilícitas
e inhumanas dirigidas contra el pueblo palestino, y despejaría el camino
para reanudar el proceso de paz".
El 14 de diciembre, en una sesión celebrada de la noche del viernes
hasta la mañana siguiente, nuevamente el Consejo no pudo aprobar un
proyecto de resolución en el que hubiera condenado todos los actos
de ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza y la amplia destrucción
de propiedades, y esperaba con interés que se estableciera un mecanismo
de vigilancia para ayudar a las partes. El proyecto recibió 12 votos
a favor y 2 abstenciones (Noruega y el Reino Unido), y fue vetado por el voto
en contra de los Estados Unidos de América.
Israel y el Líbano
En 2001 el Consejo de Seguridad prorrogó en dos ocasiones el mandato
de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL),
el 30 enero y el 31 de julio, con la aprobación por unanimidad de las
resoluciones 1337 (2001) y 1365 (2001), respectivamente. En virtud de esta
última resolución, el mandato se prorrogó hasta el 31
de enero de 2002, y se mantuvo la dotación militar de la misión
en 4.500 efectivos.
En esas resoluciones, a la luz de la retirada de Israel del Líbano
en junio de 2000, el Consejo pidió al Gobierno del Líbano que
adoptara nuevas medidas para garantizar el restablecimiento de su autoridad
efectiva en todo el sur del país, desplegara fuerzas armadas con mayor
rapidez y asumiera la vigilancia de todos los puestos de control. El Consejo
también expresó su preocupación por las graves violaciones
de la línea de repliegue de las Naciones Unidas e instó a las
partes a que les pusieran fin. Apoyó los esfuerzos de la FPNUL por
mantener la cesación del fuego a lo largo de la línea de repliegue
mediante patrullas y actividades de observación desde posiciones fijas
y estrechos contactos con las partes.
Israel/Siria
En 2001 el Consejo prorrogó en dos ocasiones el mandato de la Fuerza
de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS),
más recientemente el 27 de noviembre, en virtud de la resolución
1381 (2001), hasta el 31 de mayo de 2002. La FNUOS fue establecida por el
Consejo de Seguridad en su resolución 350 (1974), de 31 de mayo de
1974, para mantener la cesación del fuego entre Israel y Siria y supervisar
las zonas de separación y limitación.
Después de aprobar las resoluciones por las que prorrogó el
mandato, el Consejo, en una declaración presidencial, expresó
su acuerdo con los párrafos de los informes del Secretario General
sobre la FNUOS en los que afirmaba que la situación en el Oriente Medio
era potencialmente peligrosa y era probable que siguiera siéndolo a
menos que se pudiera alcanzar un arreglo amplio.
Europa
Bosnia y Herzegovina
Este año el Consejo se reunió en cinco ocasiones para debatir
la cuestión de Bosnia y Herzegovina, y se centró principalmente
en las relaciones étnicas, el regreso de los refugiados y la eventual
integración del país en Europa. Al aprobar por unanimidad la
resolución 1357 (2001), el 21 de junio, prorrogó el mandato
de la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH)
hasta el 21 de junio de 2002 y autorizó a que la Fuerza Multinacional
de Estabilización (SFOR) se mantuviera otros 12 meses.
El 22 de marzo el Consejo condenó las medidas unilaterales adoptadas
por el Congreso Nacional Croata para establecer la autonomía croata,
en contradicción manifiesta del Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina
firmado en París en 1995. Pidió al nuevo Estado y a las entidades
gubernamentales formados después de las elecciones generales del 11
de noviembre de 2000 que hicieran nuevos progresos sobre el regreso de los
refugiados, la consolidación de las instituciones del Estado y la reforma
económica.
En una reunión de información celebrada antes de esa sesión,
Wolfgang Petritsch, Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo
de Paz sobre Bosnia y Herzegovina, informó a los miembros del Consejo
de que en 2000 había regresado un número sin precedentes de
refugiados y desplazados, más de 67.000 a Bosnia y Herzegovina. Más
de 2.000 habían vuelto a las zonas en las que eran minoría,
prácticamente duplicando la cifra alcanzada en 1999.
El 21 de septiembre, Jacques Paul Klein, Representante Especial del Secretario
General y Coordinador de las Operaciones de las Naciones Unidas en Bosnia
y Herzegovina, dijo al Consejo que Bosnia y Herzegovina necesitaba una visión
práctica para ayudar a la región a liberarse de su pasado balcánico
e iniciar un futuro europeo. En la misma sesión, el Sr. Petritsch recalcó
que el fortalecimiento del Estado y de las finanzas de la entidad, el mejoramiento
de la administración pública y el establecimiento de un marco
jurídico moderno darían a Bosnia y Herzegovina las instituciones
necesarias para mantener la estabilidad y, a su debido tiempo, incorporar
al país en Europa.
En la última sesión, el Subsecretario General del Departamento
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Hédi Annabi, dijo al Consejo
que una misión de policía regional debería asumir las
responsabilidades de la policía y de los sistemas judicial y penal.
La misión debería tener una dotación de personal de aproximadamente
la cuarta parte de la que tenía la UNMIBH, quizá 450 oficiales
de policía.
Chipre
Teniendo en cuenta que el Gobierno de Chipre convino en que era necesario
mantener la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz
en Chipre (UNFICYP) después del 15 de junio, el Consejo de Seguridad
prorrogó el mandato de la misión en dos ocasiones, en la más
reciente hasta el 15 de junio de 2002, en su resolución 1384 (2001).
En esa resolución, el Consejo también reafirmó todas
sus resoluciones pertinentes sobre la situación.
La UNFICYP fue creada por el Consejo de Seguridad en su resolución
186 (1964), con el mandato de impedir que se reanudaran los combates entre
las comunidades grecochipriota y turcochipriota, y contribuir al mantenimiento
y la restauración del orden público. Después de las hostilidades
de 1974, el Consejo amplió el mandato para que incluyera el mantenimiento
de una zona de amortiguación entre las fuerzas. Al no haberse alcanzado
un acuerdo político, el mandato de la UNFICYP se ha prorrogado posteriormente
cada seis meses.
República Federativa de Yugoslavia
El 10 de septiembre el Consejo de Seguridad puso fin a las prohibiciones que
impedían la venta o suministro de armas y material conexo a la República
Federativa de Yugoslavia, con aprobación unánime de la resolución
1367 (2001). Las prohibiciones, cuyo objetivo era fomentar la paz y la estabilidad
en Kosovo, fueron establecidas por el Consejo en la resolución 1160
(1998). Prohibían la venta a Yugoslavia de armas y material conexo,
como armas y municiones, vehículos y equipo militares y piezas de repuesto.
Ex República Yugoslava de Macedonia
Como había temido el Consejo desde hacía tiempo, en 2001 la
violencia étnica se extendió de otras zonas de la ex Yugoslavia
a la ex República Yugoslava de Macedonia, por lo que en 2001 el Consejo
centró sus medidas en ese Estado de los Balcanes. Las iniciativas posteriores
condujeron a la firma de un Acuerdo Marco por los dirigentes de cuatro partidos
de Macedonia, en el que se exhortaba a la creación de una sociedad
civil pacífica y multicultural.
El 7 de marzo el Ministro de Relaciones Exteriores de la ex República
Yugoslava de Macedonia presentó información a los miembros del
Consejo, tras semanas de incidentes armados de extremistas de etnia albanesa
a lo largo de la frontera septentrional con Kosovo, que produjeron la muerte
a tres soldados macedonios el 4 de marzo. Inmediatamente después de
la sesión, el Consejo aprobó una declaración presidencial
en la que condenó la violencia y el asesinato de los soldados en la
zona de Tanusevci. Dos semanas más tarde, el 21 de marzo, pidió
que se pusiera fin a toda la violencia extremista en la región, incluidas
las actividades terroristas, al aprobar la resolución 1345 (2001).
En la resolución 1371 (2001), de 26 de septiembre, se reiteró
ese mensaje.
En apoyo a la firma del Acuerdo Marco, el 13 de agosto el Consejo emitió
una declaración presidencial en la que exhortaba a su inmediata aplicación.
Al propugnar el desarrollo armonioso de la sociedad civil, el Acuerdo exhortaba
a que se respetara la identidad étnica de todos los ciudadanos macedonios.
Georgia
El 24 de abril el Consejo dijo que era "inaceptable" la persistente
falta de progresos en el logro de un arreglo general del conflicto entre las
autoridades de Abjasia y la República de Georgia. Esa declaración
presidencial se publicó un mes después de la declaración
anterior del 21 de marzo, en la que acogió con beneplácito la
reanudación del diálogo entre las partes sobre cuestiones pendientes,
como el estatuto político de Abjasia dentro de la República
y el regreso de los refugiados y desplazados.
En 1992 los disturbios sociales en la región, situada al noroeste de
Georgia, se convirtieron en violencia separatista. En agosto de 1993 se estableció
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG)
para verificar el cumplimiento de los acuerdos de cesación del fuego
y supervisar la situación de derechos humanos. En 2001 el Consejo prorrogó
por unanimidad el mandato de la UNOMIG en dos ocasiones, siendo la más
reciente hasta el 31 de enero de 2002, en virtud de la resolución 1364
(2001).
Kosovo
En 2001 el Consejo se reunió en 11 ocasiones para examinar la situación
en Kosovo, centrándose en los progresos hacia la autonomía provisional
y la dinámica entre las etnias. La mayoría de los miembros consideraron
que las elecciones en toda la provincia, celebradas el 17 de noviembre de
2001 con la participación de todos los grupos étnicos, fueron
un avance importante.
En la resolución 1244 (1999) el Consejo pidió que se lograra
una autonomía y autogobierno sustanciales en Kosovo, respetando plenamente
la integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia,
de la que Kosovo es una provincia. En la actualidad, la Misión de Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) ejerce poderes legislativos
y ejecutivos provisionales, y también administra el poder judicial.
La Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) ha
desplegado una fuerza, denominada la KFOR, para proporcionar una presencia
internacional de seguridad.
La UNMIK fue establecida en junio de 1999, después de que las operaciones
aéreas de la OTAN precipitaran la retirada de las fuerzas de la República
Federativa de Yugoslavia, finalizando así un período de devastación
y desplazamiento de la mayoría de etnia albanesa. A medida que progresó
la reconstrucción y regresaron los refugiados, los obstáculos
han incluido tensiones entre los albaneses de Kosovo y la minoría serbia,
con estallidos violentos, la actividad armada de los extremistas albaneses,
que se ha extendido a la ex República Yugoslava de Macedonia, y la
renuencia de la minoría serbia a permanecer, regresar o participar
en la nueva configuración.
Jean-Marie Guéhenno, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz, informó al Consejo sobre la situación en cinco ocasiones
durante el año, la primera el 18 de enero. Dijo que con el nuevo jefe
de la UNMIK, el Representante Especial del Secretario General Hans Haekkerup,
la Misión había continuado su labor para crear estructuras administrativas
locales en las que participaran todas las etnias.
Comunicó que la UNMIK también había hecho progresos significativos
en el fortalecimiento del estado de derecho. El servicio de policía
había mejorado en cantidad y calidad, y a pesar de las amenazas y la
intimidación, el personal de ese servicio se estaba comportando en
general de manera profesional. Dijo que si bien la UNMIK se había centrado
inicialmente en la reconstrucción de emergencia, en la actualidad se
dedicaba al desarrollo económico y a la promoción de las empresas
del sector privado.
En la siguiente reunión de información con el Sr. Guéhenno,
celebrada el 13 de febrero, se habían previsto elecciones en toda la
provincia. La mayoría de los miembros del Consejo acordaron con él
que era esencial definir el mandato y la composición de una asamblea
de Kosovo antes de las elecciones y garantizar la participación de
todos los grupos étnicos. Sin embargo, la violencia étnica,
en especial la actividad de los extremistas albaneses, continuó siendo
un obstáculo para esa participación, y el 16 de marzo el Consejo
emitió una declaración presidencial en la que instaba a todos
los dirigentes políticos de la provincia a que condenaran esa actividad
y aumentaran sus esfuerzos por crear tolerancia entre las etnias.
Antes de aprobar esa declaración, en una sesión separada, el
Consejo escuchó una información del Representante Especial Haekkerup,
que dijo que la situación de seguridad general no había mejorado
en los dos últimos meses y que la violencia en la zona meridional de
Serbia y la ex República Yugoslava de Macedonia podía desestabilizar
a la región. Esperaba que el nuevo Gobierno democrático de Belgrado
pudiera ayudar a normalizar la situación y reducir las tensiones.
En una reunión de información celebrada el 9 de abril, el Sr.
Guéhenno dijo al Consejo que a pesar de la continuación de la
violencia en la ex República Yugoslava de Macedonia y la zona meridional
de Serbia, la UNMIK había continuado sus prioridades fundamentales
de establecer un marco gubernamental y celebrar las elecciones. La participación
de los serbios de Kosovo en ambas iniciativas seguía siendo fundamental,
junto con el mantenimiento del orden público, que podría fortalecerse
con medidas para reestructurar las instituciones de policía y judicial.
Un elemento importante del autogobierno provisional también era la
responsabilidad financiera, para la que era necesario desarrollar las finanzas
públicas de Kosovo.
Tras enviar una misión del Consejo a Kosovo y Belgrado del 16 el 18
de junio, Anwarul Karim Chowdhury (Bangladesh), Presidente del Consejo, confirmó
la complejidad de la situación cuando presentó el informe de
la misión el 19 de junio. Dijo que un factor alentador era el diálogo
que estaba entablando la UNMIK con la República Federativa de Yugoslavia.
La UNMIK había establecido una oficina en Belgrado, con lo que había
logrado una prioridad de larga data.
El Sr. Guéhenno volvió a informar al Consejo el 22 de junio,
el 26 de julio y el 28 de agosto, y se refirió al desafío de
la participación política de la comunidad serbia de Kosovo,
el proceso de inscripción y las condiciones necesarias para celebrar
elecciones libres e imparciales.
Ante la incierta participación de los serbios en las elecciones, el
Consejo, en una declaración presidencial de 5 de octubre, emitida tras
recibir información del Sr. Haekkerup, pidió a todos los hombres
y mujeres de Kosovo que votaran. El Consejo repitió ese llamamiento
el 9 de noviembre, y también celebró la ayuda recibida del Presidente
yugoslavo quien recomendó la participación de los serbios de
Kosovo en las elecciones.
Diez días después, tras la celebración con éxito
de las elecciones el 17 de noviembre, Hédi Annabi, Subsecretario General
del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, dijo al Consejo
que el proceso electoral, desde la campaña, que se había celebrado
sin violencia, hasta su naturaleza integradora, proporcionaría una
base sólida para las instituciones del autogobierno provisional. Todas
las partes habían cumplido en gran medida las normas electorales y
las infracciones se habían resuelto de manera oportuna. La participación
de los serbios de Kosovo había sido irregular, pero en parte se debía
a una campaña de intimidación en el norte de Kosovo dirigida
por los serbios de Kosovo opuestos a la participación.
En el debate posterior la mayoría de los oradores acogieron con beneplácito
los resultados de las elecciones. No obstante, el representante de la Federación
de Rusia dijo que los partidos políticos estaban presionando para lograr
la independencia en una sociedad multiétnica, y que seguía existiendo
discriminación y violencia extremista. El representante de la República
Federativa de Yugoslavia dijo que si bien las elecciones señalaban
una nueva etapa en la creación de un futuro para Kosovo, su objetivo
no era resolver el estatuto final de Kosovo.
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka
El Consejo se reunió en dos ocasiones en 2001 para prorrogar el mandato
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka (MONUP),
la más reciente el 11 de julio, cuando autorizó a la Misión
a que continuara supervisando la desmilitarización de la península
durante otros seis meses, hasta el 15 de enero de 2002, en su resolución
1362 (2001).
La península de Prevlaka es una zona estratégica sobre la que
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia mantienen una controversia.
En enero de 1996 se creó la MONUP. Originalmente los observadores militares
de las Naciones Unidas se desplegaron en la zona en octubre de 1992, primero
como parte de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR)
y posteriormente como parte de la Operación de las Naciones Unidas
para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia (ONURC).
Sesiones de información abiertas, debates y cuestiones diversas
Informe anual
El 18 de agosto el Consejo aprobó su quincuagésimo sexto informe anual a la Asamblea General, que abarcaba el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2000 y el 15 de junio de 2001 (documento A/56/2).
Los niños y los conflictos armados
En reconocimiento de los efectos dañinos de los conflictos armados
sobre los niños y sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad
y el desarrollo, el 20 de noviembre el Consejo de Seguridad declaró
que estaba dispuesto a incluir disposiciones explícitas para la protección
de los niños cuando considerara los mandatos de las operaciones de
mantenimiento de la paz y a incluir personal de protección de los niños
en todas esas operaciones.
Antes de aprobar por unanimidad la resolución 1379 (2001) el Consejo
escuchó a más de 30 oradores, entre ellos el Secretario General,
en una sesión abierta sobre este tema. Alhaji Babah Sawaneh, un ex
niño soldado de 14 años de Sierra Leona, que fue raptado por
el Frente Revolucionario Unido (FRU) cuando tenía 10 años, describió
las penalidades sufridas en sus dos años como combatiente y su experiencia
con el desarme, la desmovilización y la reinserción. Pidió
al Consejo, en nombre de los niños de Sierra Leona, que hiciera todo
lo posible por poner fin a su triste historia.
Los civiles y los conflictos armados
La Vicesecretaria General Louise Fréchette dijo al Consejo el 23 de
abril que la protección de los civiles debía ser una parte fundamental
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Algunos
avances recientes alentadores incluían el procesamiento penal de las
violaciones de los derechos humanos, el acceso a las poblaciones vulnerables
y la separación de los civiles y los combatientes armados en los campamentos
de refugiados. En la misma sesión, Mary Robinson, Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que un objetivo fundamental
de la comunidad internacional era poner fin a la impunidad ante el genocidio,
los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.
En otra sesión sobre este tema celebrada el 21 de noviembre, Kenzo
Oshima, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del
Socorro de Emergencia, detalló un plan para organizar en temas las
recomendaciones de la Secretaría relativas a los civiles y determinar
las instituciones que podrían aplicarlas. Describió una "lista
de comprobación" para velar por que la protección de los
civiles se incluyera en el establecimiento, la modificación o la finalización
de los mandatos de mantenimiento de la paz.
La prevención de los conflictos
Tal como ha venido haciendo todos los años desde 1999, el Consejo, en un debate de un día de duración celebrado el 21 de junio, examinó su función en la prevención de los conflictos armados. La base del debate fue un informe del Secretario General encaminado a instituir una cultura de prevención, en lugar de una cultura de reacción, en todo el sistema de las Naciones Unidas, en el que también se afirmaba que gran parte de la responsabilidad de la prevención de los conflictos correspondía a los gobiernos nacionales. Dijo que para que la prevención temprana fuera eficaz, se deberían determinar y abordar las causas fundamentales multidimensionales de los conflictos.
El VIH/SIDA
Al haber considerado el año anterior que el VIH/SIDA era una cuestión
de seguridad, el 19 de enero el Consejo subrayó en una declaración
presidencial que si no se controlaba el VIH/SIDA podría plantear un
riesgo a la estabilidad y que la propia inestabilidad podría agravar
la enfermedad. Acogió con beneplácito la declaración
adoptada por la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones
sobre el VIH/SIDA, que incluía medidas para reducir el efecto de los
conflictos y desastres sobre la epidemia.
El Consejo dio a conocer esa declaración después de celebrar
una reunión de información sobre el tema, en la que Jean-Marie
Guéhenno, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz, habló de la prevalencia del VIH/SIDA entre el personal de
mantenimiento de la paz. Dijo que era probable que algunos estuvieran infectados
con el VIH/SIDA antes de su despliegue, y otros hubieran contraído
la enfermedad mientras estaban en países con una elevada incidencia
de la enfermedad, al tener relaciones sexuales mientras estaban de misión.
Para contrarrestar el problema, él y Peter Piot, Director Ejecutivo
del Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el virus
de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(VIH/SIDA) (ONUSIDA), habían firmado un acuerdo de cooperación
para mejorar la capacidad del personal de mantenimiento de la paz para aumentar
la concienciación sobre el VIH y prevenir su transmisión.
La Corte Internacional de Justicia
El 12 de octubre de 2001, el Consejo, en una votación secreta y en concierto con la Asamblea General, eligió a Nabil Elaraby (Egipto) miembro de la Corte Internacional de Justicia a fin de llenar la vacante creada por la dimisión del Magistrado y ex Presidente Mohammed Bedjaoui (Argelia) a partir del 30 de septiembre de 2001. El Sr. Elaraby ocupará el puesto durante el resto del mandato de su predecesor, que era de nueve años, hasta el 5 de febrero de 2006.
Tribunales Penales Internacionales
El Consejo se reunió en cinco ocasiones durante el año para
examinar cuestiones relativas a los Tribunales Penales Internacionales para
la ex Yugoslavia y Rwanda. El 19 de enero prorrogó la fecha límite
para el nombramiento de magistrados del Tribunal para la ex Yugoslavia hasta
el 31 de enero. El 8 de febrero aprobó la resolución 1340 (2001),
por la que transmitió a la Asamblea General para que la examinara una
lista de candidatos para los cargos de magistrado permanente. El 27 de abril
el Consejo aprobó la resolución 1350 (2001), por la que transmitía
a la Asamblea una lista de 64 magistrados. El 30 de marzo, con la aprobación
de la resolución 1347 (2001), el Consejo transmitió a la Asamblea
General las candidaturas para magistrados del Tribunal para Rwanda.
Esas medidas se emprendieron después de la aprobación de la
resolución 1329 (2000) por la que se amplió la capacidad judicial
del Tribunal para la ex Yugoslavia con el establecimiento de un grupo de magistrados
ad lítem y se amplió la composición de las Salas de Apelaciones
de ambos Tribunales.
El 27 de noviembre el Consejo mantuvo un diálogo interactivo con funcionarios
de los Tribunales para Rwanda y la ex Yugoslavia después de la publicación
de los informes anuales de los Tribunales. Se examinaron cuestiones relativas
al aumento de las capacidades judiciales de los Tribunales, la revisión
de los programas de investigación de los fiscales y el fortalecimiento
de la función de los magistrados en las etapas anteriores al juicio
y durante el juicio.
Premio Nobel de la Paz
El 12 de octubre el Consejo de Seguridad se reunió para celebrar la concesión del Premio Nobel de la Paz 2001 a las Naciones Unidas y su Secretario General. En una declaración presidencial, el Consejo felicitó calurosamente al Secretario General y reiteró su enérgico respaldo a sus empeños por hacer realidad los propósitos y principios de la Carta. Después de la declaración presidencial, el Secretario General felicitó a todos los miembros del Consejo pasados y presentes y dijo que el Comité del Premio Nobel había honrado al Consejo y a todas las partes de la Organización.
Consolidación de la paz
El 5 de febrero, al comenzar un debate de un día de duración
sobre el tema, el Secretario General Kofi Annan dijo que la consolidación
de la paz podría ser un disuasivo poderoso de los conflictos violentos.
No obstante, debía considerarse un ejercicio a largo plazo, a pesar
de la necesidad de lograr progresos rápidamente. Los principales desafíos
incluían la movilización de la voluntad política y los
recursos de la comunidad internacional. Durante el debate otros oradores subrayaron
que la consolidación de la paz debería ir más allá
de un conflicto inmediato, abordar sus causas fundamentales y reunir a una
amplia gama de protagonistas a todos los niveles.
En una declaración presidencial emitida el 20 de febrero, el Consejo
dijo que las medidas encaminadas a atender las necesidades particulares de
las sociedades que se veían envueltas en un conflicto o que estaban
saliendo de un conflicto deberían centrarse en el desarrollo sostenible,
la erradicación de la pobreza, la gestión transparente y responsable
de los asuntos públicos, la democracia, los derechos humanos y el estado
de derecho. Instando a que se aportara una financiación adecuada para
lograr esos objetivos, también subrayó la importancia de la
perspectiva de género, la reinserción de los desplazados y los
ex combatientes y la participación de los países que aportaban
contingentes.
Las sanciones
El 22 y el 25 de octubre, en una sesión pública se manifestó
un amplio apoyo a los debates celebrados en Interlaken, Bonn y Berlín
para mejorar la aplicación y vigilancia de las sanciones, si bien se
expresó cierto escepticismo sobre su eficacia general. Los debates
celebrados en Bonn y Berlín se centraron en los embargos de armas y
las sanciones relacionadas con los viajes. El proceso de Interlaken se centró
en los requisitos jurídicos y administrativos básicos para que
los países cumplieran las sanciones financieras.
Al presentar esos debates, el observador de Suiza, el Representante Permanente
de Alemania y el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Suecia comunicaron
las iniciativas que habían previsto para que las sanciones estuvieran
dirigidas a los responsables de las amenazas a la paz y la seguridad y causaran
efectos mínimos a los civiles inocentes y otras partes. Ibrahima Fall,
Subsecretario General de Asuntos Políticos, dijo que el Consejo podría
alentar al cumplimiento de las sanciones prestando una mayor atención
a las sanciones selectivas. También podría elaborar modelos
que permitieran a los Estados Miembros adaptar sus leyes y reglamentos nacionales
a fin de lograr el cumplimiento.
Otros oradores acogieron con beneplácito las medidas adoptadas para
imponer sanciones selectivas durante un tiempo limitado, encaminadas específicamente
a modificar la conducta de personas y grupos. El Presidente del Consejo, Richard
Ryan (Irlanda), subrayó la necesidad de que el Consejo lograra lo antes
posible un acuerdo sobre los resultados del Grupo de Trabajo sobre cuestiones
generales relativas a las sanciones. Seguía existiendo un pequeño
número de diferencias que, si bien estaban relacionadas con cuestiones
bastante delicadas, se podían resolver.
Las armas pequeñas y ligeras
Después de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, en 2001 el Consejo se reunió en dos ocasiones para examinar esta cuestión. En un debate de un día de duración celebrado el 2 de agosto, el Consejo examinó su papel en la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia, por el que los Estados se comprometían a elaborar, fortalecer y aplicar normas y medidas encaminadas a prevenir, combatir, y en última instancia erradicar, la fabricación y el comercio ilícitos de armas pequeñas y ligeras. El 31 de agosto el Consejo aprobó una declaración presidencial en la que reconocía su responsabilidad en la prestación de asistencia para la ejecución del Programa de Acción de julio.
Examen de la Reunión de la Cumbre del Milenio
Este año el Consejo de Seguridad se reunió en dos ocasiones
para examinar el compromiso de fortalecer la capacidad las Naciones Unidas
para mantener la paz y la seguridad, en especial en África, asumido
en la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre de 2000. En una reunión
celebrada el 7 de marzo, en la que participaron países miembros y no
miembros del Consejo, los participantes dijeron que el Consejo seguía
tratando los conflictos del mundo de manera poco equitativa y examinaron sus
esfuerzos en relación con los países que aportaban contingentes.
También pidieron una mayor transparencia en la adopción de decisiones.
Otros dijeron que los conflictos en África se estaban abordando más
directamente y que la eficiencia del Consejo había disminuido debido
al rápido aumento del volumen de trabajo.
El 22 de marzo el Consejo emitió una declaración presidencial
en la que dijo que intensificaría sus esfuerzos por cumplir los compromisos
asumidos en septiembre de 2000. A tal fin, haría nuevos exámenes
de los progresos, con la participación activa de los Estados no miembros.
El Consejo también examinaría una serie de informes sobre el
mantenimiento de la paz y adoptaría medidas al respecto, entre ellos
el próximo informe del Secretario General sobre la prevención
de los conflictos y el de su Grupo de Trabajo sobre las cuestiones generales
relativas a las sanciones.
El terrorismo
Tras los actos de terrorismo del 11 septiembre en Nueva York, Pennsylvania
y Washington, D.C., el Consejo se reunió el 12 de septiembre. Rompiendo
la tradición, todos los miembros se pusieron de pie para aprobar por
unanimidad la resolución 1368 (2001). En esa resolución, el
Consejo condenó inequívocamente los actos de terrorismo y expresó
su más sentido pésame y más profundas condolencias a
las víctimas y sus familias y al país anfitrión. Los
miembros del Consejo también manifestaron que estaban dispuestos a
tomar todas las medidas necesarias para combatir el terrorismo en todas sus
formas, con arreglo a las funciones que le incumbían en virtud de la
Carta.
El 28 de septiembre el Consejo volvió a reunirse y aprobó la
resolución 1373 (2001) en la que se delineaban las medidas y estrategias
para luchar contra el terrorismo internacional. El Consejo también
estableció un comité para vigilar la aplicación de la
resolución y pidió a todos los Estados que comunicaran cualquier
medida que hubieran adoptado a tal fin a más tardar 90 días
después del 28 de septiembre. La resolución incluía llamamientos
para suprimir la financiación del terrorismo y mejorar la cooperación
internacional contra el terrorismo.
Al finalizar una reunión ministerial sobre este tema celebrada el 12
noviembre, el Consejo aprobó la resolución 1377 (2001), en la
que declaró que el terrorismo internacional era una de las amenazas
más graves para la paz y la seguridad internacionales en el siglo XXI.
Pidió a todos los Estados que aumentaran sus esfuerzos por eliminar
el terrorismo internacional.
En esa resolución el Consejo subrayó que la comprensión
entre las civilizaciones y abordar los conflictos regionales y toda la gama
de problemas de alcance mundial, entre ellos las cuestiones relativas al desarrollo,
contribuiría a fomentar la cooperación internacional necesaria
para luchar con eficacia contra el terrorismo internacional. También
pidió a los Estados que se convirtieran lo antes posible en partes
de los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo y adoptaran
medidas urgentes para aplicar plenamente la resolución 1373 (2001).
Subrayó la obligación de los Estados de denegar asistencia financiera
y todas las demás formas de apoyo y de refugio a los terroristas y
a los que apoyan el terrorismo.
Países que aportan contingentes
El 16 de enero, la Vicesecretaria General Louise Fréchette, dijo al
Consejo que la cooperación entre la Secretaría y los países
que aportaban contingentes era más importante que nunca, ya que el
mantenimiento de la paz se estaba volviendo cada vez más complejo.
En la sesión pública, muchos oradores subrayaron que el Consejo
debía consultar con esos países en las primeras etapas de los
procesos de planificación de las operaciones y cuando cambiara la situación
en el terreno.
En respuesta a esas opiniones, el 31 de enero el Consejo, en una declaración
presidencial, dijo que había decidido establecer un Grupo de Trabajo
del Plenario sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas para recabar las opiniones de los países que aportaban contingentes,
cuando procediera. Como primera medida, el Consejo encargó al Grupo
de Trabajo que examinara a fondo todas las propuestas formuladas durante la
sesión pública celebrada el 16 de enero, incluidos los medios
de mejorar la relación tripartita entre el Consejo, los países
que aportaban contingentes y la Secretaría. El Grupo de Trabajo no
sustituiría las reuniones privadas con los países que aportaban
contingentes, y se ocuparía de los aspectos técnicos de las
distintas operaciones de mantenimiento de la paz, sin perjuicio de la competencia
del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
En relación con cuestiones similares, el 13 de junio el Consejo aprobó
la resolución 1353 (2001). En esa resolución pidió un
mayor intercambio de información entre los países que aportaban
contingentes, el Secretario General y el Consejo. También instó
a que se adoptaran medidas para que los contingentes de mantenimiento de la
paz pudieran cumplir debidamente los mandatos de las misiones, alentó
a los Estados a que adoptaran medidas para superar la insuficiencia de personal
y equipo, e instó a la Secretaría a que proporcionara apoyo
en los ámbitos de la capacitación, la logística, el equipo
y otros.
La mujer, la paz y seguridad
En una declaración presidencial emitida el 31 de octubre, el Consejo manifestó su enérgico apoyo a una mayor intervención de la mujer en la adopción de decisiones para prevenir o resolver conflictos. Pidió a los Estados que incluyeran a las mujeres en la negociación o aplicación de acuerdos de paz, constituciones y estrategias de reconstrucción. Preocupado por el hecho de que ninguna mujer hubiera sido nombrada representante especial o enviada especial del Secretario General para realizar misiones de paz, el Consejo instó a los Estados Miembros a que redoblaran sus esfuerzos por presentar candidatas.
* * *