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Historia de las Naciones Unidas


La Corte Internacional de Justicia

UNO DE LOS POSTULADOS de las Naciones Unidas es «el ajuste y arreglo de las controversias internacionales de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional.» Así, se hizo indispensable la creación de un órgano judicial de la organización. La Corte Permanente de Justicia Internacional, establecida por la Sociedad de las Naciones en 1920, había funcionado muy satisfactoriamente, y no solo zanjo varias controversias que le fueron sometidas y emitió valiosos juicios consultivos, sino que contribuyo mucho al perfeccionamiento del derecho internacional. En San Francisco se decidió establecer una nueva corte, tomando como base el estatuto de la Corte Permanente. El nuevo tribunal se denomino Corte Internacional de Justicia, y su estatuto es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas.

La Carta estipula que todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el estatuto de la Corte, lo que quiere decir que ingresan automáticamente en el tribunal. Pero la prerrogativa de ser parte de la Corte no queda limitada a los miembros de las Naciones Unidas. Los estados que no son miembros pueden llegar a ser partes en el estatuto, según las condiciones determinadas en cada caso por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad.

Tener acceso a la Corte no significa que las partes en el estatuto se vean ipso facto obligadas a someter exclusivamente al tribunal sus divergencias con otros estados. La Carta presenta a la Corte como «el órgano judicial principal de las Naciones Unidas,» pero estipula que los miembros de la organización pueden -en virtud de acuerdos ya existentes o que puedan concertarse en el futuro- encomendar a otros tribunales la solución de sus divergencias.

Los querellantes en un tribunal internacional son estados soberanos, y no es posible conminarlos a someterse contra su voluntad a la jurisdicción de la Corte. Esta no puede proceder a juzgar una controversia por la simple razón de que un estado presenta un caso contra otro, pues también la otra parte -el estado demandado- tiene que consentir en que la Corte se haga cargo del caso. Esta decisión de los estados de aceptar la jurisdicción de la Corte puede expresarse en distintas formas.

La forma más sencilla es cuando ambas partes en una controversia acuden a la Corte y someten el caso ante ella. En tales circunstancias no hay duda, claro esta, del derecho de la Corte a considerar el asunto.

Si las partes de un tratado o convenio estipulan en los documentos respectivos que las controversias suscitadas en torno a la aplicación de estos instrumentos serán sometidas a la Corte, queda entonces también establecido el consentimiento de las partes y, por consiguiente, la jurisdicción del tribunal. En semejante situación, la Corte puede empezar a estudiar los hechos, a petición de una de las partes en el tratado o convenio. Varios tratados y convenios todavía vigentes estipulan que las controversias suscitadas en torno a ellos se someterán a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Como partes en ella, el estatuto dispone que dicho recurso se elevara ante la Corte actual. En tales cuestiones, la Corte tiene jurisdicción automáticamente.

En San Francisco se sostuvo que había llegado el momento de hacer «obligatoria» la «jurisdicción de la Corte,» o sea que todos los miembros de las Naciones Unidas debían comprometerse a reconocer de antemano el derecho de la Corte a examinar las controversias jurídicas suscitadas por ellos. Esto hubiera significado que, si una de las partes en el estatuto de la Corte presentara querella contra otra que fuera también parte en el mismo estatuto, la Corte, automáticamente, sin tomar en cuenta a la otra parte, procedería de derecho a considerar el caso. Se rechazo esta propuesta, porque algunos de los delegados temieron que semejante disposición hubiera hecho absolutamente inaceptable el estatuto para sus países. En cambio, el estatuto de la Corte contiene un articulo (articulo 36) que dispone que los estados partes pueden reconocer, por declaración voluntaria, la jurisdicción obligatoria de la Corte.

Por esta disposición, los estados partes en el estatuto pueden declarar que reconocen como obligatoria, con respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:

Tales declaraciones pueden hacerse con o sin condiciones o especificando la norma de reciprocidad, y por un tiempo fijo o indefinido.

La Corte Permanente de Justicia Internacional había dispuesto algo análogo en su «cláusula optativa,» para la aceptación de la jurisdicción obligatoria. El estatuto de la Corte actual estipula que las declaraciones de esta índole, vigentes en el momento de haberlo firmado, se consideraran obligatorias ante la nueva Corte. En los casos en que se hubiese fijado un plazo, serán obligatorias únicamente, claro esta, por el tiempo que les quede de duración, y estarán sujetas a las demás condiciones fijadas en las declaraciones.

Al decidir las controversias sometidas, la Corte toma en cuenta:

Es posible que en algunos casos las partes en una controversia convengan en que el asunto se decida ex aequo et bono, o sea, sencillamente, sobre la base de lo que la Corte considere justo y conveniente.

Por un artículo de la Carta, cada miembro de las Naciones Unidas se ve obligado a acatar la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones impuestas por un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual, si lo cree necesario, podrá hacer recomendaciones o dictar medidas a objeto de que se de efecto al fallo.

La Corte se compone de quince miembros, y el estatuto dispone que han de ser personas de gran valía moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus países respectivos, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. No se permitirá que dos miembros del mismo estado formen parte de la Corte. Normalmente, los miembros de la Corte desempeñaran sus cargos por nueve años. (En la primera elección, cinco magistrados fueron elegidos por tres años, cinco más por seis y los cinco restantes por el periodo completo.)

El sistema de elección de los magistrados es complicado, porque los redactores del estatuto trataron de evitar en lo posible que los miembros de la Corte fueran simples candidatas de los gobiernos de sus países respectivos. Las nominas de candidatas no se hacen por los gobiernos, sino por cuerpos nacionales de juristas, esto es, por miembros de la Corte Permanente de Arbitraje o, en los países que no estén representados en esta Corte, por grupos especialmente constituidos. Ningún grupo podrá proponer más de cuatro candidatas, de los cuales solo dos podrán ser de la misma nacionalidad.

De acuerdo con las nominas preparadas, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad procederán independientemente a la elección de los miembros de la Corte. El estatuto requiere que para la elección se tenga en cuenta no solo el que cada magistrado reúna la condiciones requeridas, sino también el que la Corte represente en conjunto las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. El estatuto dice que se consideraran electos los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos, tanto en el Consejo de Seguridad come en la Asamblea General. Las sesiones tanto de la Asamblea come del Consejo que tienen el propósito de elegir miembros de la Corte continúan hasta que todos los candidatas requeridos para llenar las vacantes existentes hayan obtenido, en una o mas votaciones, la mayoría absoluta de votos.

El Consejo de Seguridad fijara las condiciones en que los estados partes en el estatuto de la Corte, que no son miembros de las Naciones Unidas, puedan participar en la elección.

Además de dirimir pleitos, la Corte, a solicitud de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, puede emitir juicios para asesorar sobre cualquier cuestión jurídica. Siempre que lo apruebe la Asamblea General, los demás órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados pueden pedir a la Corte una opinión consultiva sobre cuestiones de la incumbencia de aquellos.

Normalmente, la Corte actúa en sesiones plenarias, pero bastan nueve magistrados para formar quórum. Si uno de los miembros de la Corte es de la nacionalidad de una de las partes, la otra parte puede designar a una persona de su elección para que también actúe como magistrado. A menos que la Corte decida lo contrario, o que una de las partes no quiera que se admita al público, las audiencias son públicas. Todas las cuestiones se deciden por mayoría de votos de los magistrados presentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente o del magistrado que lo reemplace. Los fallos se leen en sesión pública; son fundamentados y mencionan los nombres de los magistrados que participaron en la resolución. Si el fallo no representa la opinión unánime de los magistrados, cualquiera de estos tiene derecho a que se incluya el texto de su disconformidad.

La Corte puede constituir una o mas salas compuestas de tres o mas magistrados para tratar de determinadas categorías de asuntos, así por ejemplo, de los conflictos de trabajo, transito y comunicaciones, etc. Un fallo pronunciado por una de las salas será considerado como dictado por la Corte en conjunto.

La sede permanente de la Corte esta en La Haya, Holanda, pero puede reunirse, como pueden también hacerlo las salas, en cualquier otro lugar que se considere conveniente. La Corte funciona permanentemente, excepto durante las vacaciones judiciales, elige a su presidente y vicepresidente y nombra al secretario y a los demás funcionarios.

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