E/CN.9/1999/PC/CRP.1/Rev.1

I. Antecedentes

1. El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, aprobado por consenso por 179 países en septiembre de 1994, marcó el inicio de una nueva era en las esferas de la población y el desarrollo. En el acuerdo trascendental concertado en la Conferencia se considera que el bienestar de los seres humanos es el objetivo central de todas las actividades nacionales e internacionales encaminadas a abordar cuestiones de población y desarrollo con miras a lograr el crecimiento económico y el desarrollo sostenibles. El Programa de Acción está firmemente arraigado en la noción de que invertir en salud y educación, respetar plenamente los derechos de las parejas y los individuos en los servicios de salud reproductiva y habilitar a las mujeres para que sean miembros de pleno derecho de la sociedad en condiciones de igualdad son medidas esenciales encaminadas a lograr la estabilidad mundial y a crear mejores oportunidades para todos. El Programa de Acción debe considerarse en estrecha relación con los resultados de las demás conferencias importantes de las Naciones Unidas celebradas durante el decenio de 1990 y los progresos realizados en su aplicación deberían evaluarse en el marco común del seguimiento de todas esas conferencias.

 

2. En el Programa de Acción se recomendaba un conjunto de metas y objetivos cuantitativos interdependientes, entre ellos, el acceso universal a servicios integrales de salud reproductiva, incluida la planificación de la familia y la salud sexual; reducción de las tasas de mortalidad en lactantes, de niños menores de 5 años y derivada de la maternidad; y acceso universal a la enseñanza primaria, teniendo en cuenta en especial las disparidades entre niñas y varones. También se propuso un conjunto de metas cualitativas que se refuerzan mutuamente y revisten importancia fundamental para lograr las metas y objetivos cuantitativos.

 

3. En el Programa de Acción se articula un enfoque amplio de las cuestiones de población y desarrollo y se determina una variedad de objetivos demográficos y sociales que han de lograrse en un período de 20 años. Si bien no se establecen objetivos cuantificables de crecimiento, estructura y distribución de la población, se refleja la opinión de que la rápida estabilización de la población mundial contribuiría considerablemente a la consecución del objetivo primordial del desarrollo sostenible.
   
4. Conforme a las estimaciones y proyecciones de las Naciones Unidas, en 1999 la población mundial sobrepasará por primera vez los 6.000 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 80% vivirán en países en desarrollo y países con economía en transición. Dependiendo de la calidad y magnitud de las medidas adoptadas en los próximos cinco a 10 años en materia de política de población y salud reproductiva, incluida la prestación de servicios de planificación de la familia, la población mundial ascenderá a unos 7.000 a 7.500 millones en el 2015. Se calcula que la estabilización de la población no se logrará, por lo menos durante otros 50 años. Las tasas más altas de aumento de la población se siguen registrando en los países más pobres del mundo.

 

5. El examen de los progresos realizados en los últimos cinco años demuestra que la aplicación de las recomendaciones del Programa de Acción ha tenido un buen comienzo. En la mayoría de los países las tasas de mortalidad han seguido descendiendo en los cinco años transcurridos desde la aprobación del Programa de Acción. Un número cada vez mayor de países está aceptando la definición amplia de salud reproductiva y muchos están procurando prestar servicios integrales. El aumento de la utilización de anticonceptivos indica que hay mayor acceso a los servicios de planificación de la familia y que cada vez más individuos y parejas tienen la posibilidad de escoger el número y el espaciamiento de los nacimientos. En muchos países, tanto los que generan como los que reciben corrientes migratorias, se han adoptado medidas importantes, en particular a nivel regional, para lograr una mejor ordenación de las corrientes migratorias internacionales por conducto de acuerdos bilaterales y multinacionales. Por otra parte, numerosas organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la formulación y aplicación de políticas, programas y proyectos, tanto por su propia cuenta como en asociación con organizaciones gubernamentales e intergubernamentales y con el sector privado.

 

6. Sin embargo, en determinadas cuestiones y en algunos países, regiones y grupos los progresos han sido limitados y en algunos casos se ha retrocedido. La pandemia del virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) ha dado lugar al aumento de las tasas de mortalidad en muchos países, en particular en el África al sur del Sáhara. Las conmociones de índole económica y la transición a las economías de mercado en varios países de Asia y Europa han venido acompañadas del estancamiento y aumento de la mortalidad, particularmente entre los hombres adultos. Las repercusiones de las crisis financieras en los países del Asia oriental y en otros lugares están afectando a la salud y el bienestar de las personas y limitando los progresos en la aplicación del Programa de Acción.

 

7. Para acelerar su aplicación es preciso superar una serie de limitaciones financieras, institucionales y de recursos humanos. Por ejemplo, es indispensable garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos de atención de la salud integrando servicios de salud reproductiva, entre ellos los de planificación de la familia y los de salud maternoinfantil, y utilizando en forma acertada los servicios basados en la comunidad, la comercialización de servicios sociales y los planes de recuperación de costos. También es preciso lograr una descentralización más eficaz, una colaboración más estrecha entre los gobiernos y la sociedad civil, una mayor participación de la mujer en la adopción de políticas y decisiones y el mejoramiento de la calidad de los datos y su utilización eficaz para la formulación de políticas. Aplicar esas medidas y las recomendaciones del Programa de Acción exigirá un mayor compromiso político y el desarrollo de la capacidad nacional. El aumento de los recursos, respaldado por la determinación efectiva de prioridades en cada contexto nacional, también es un factor esencial para la aplicación con éxito del Programa de Acción. En los próximos años, la consecución de las metas y objetivos del Programa de Acción requerirá, pues, suficientes recursos internos y externos, el compromiso de los gobiernos y asociaciones eficaces.

 

8. Las medidas clave propuestas para el futuro en el presente documento exigirán un compromiso renovado y sostenido hacia los principios, metas y objetivos del Programa de Acción de parte de los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional de modo que se puedan lograr cuanto antes, en cualquier caso antes del 2015.

 

II. Cuestiones de población y desarrollo

A. Población, pobreza y desarrollo sostenible

9. Los gobiernos deberían:

 

a) Redoblar los esfuerzos encaminados a proporcionar a los encargados de formular planes y decisiones una mejor comprensión de las relaciones entre la población, la pobreza, la desigualdad basada en el género, el medio ambiente, los recursos y el desarrollo y examinar detalladamente los datos recientes que sugieren que la reducción de la fecundidad puede acelerar el crecimiento económico y promover una distribución más equitativa de los beneficios que éste produzca;

b) Señalar y promover los vínculos entre las políticas macroeconómica, ambiental y social fortaleciendo el diálogo entre los ministerios de finanzas y demás ministerios pertinentes;

c) Redoblar los esfuerzos para aplicar medidas legislativas y administrativas y para promover la educación pública acerca de la necesidad de establecer pautas sostenibles de producción y consumo, promover el uso sostenible de los recursos y actuar concertadamente para impedir la degradación del medio ambiente, especialmente el vertimiento de materiales tóxicos y el transporte de desechos nucleares;

d) Aumentar las inversiones en el sector social, incluido el sector de la salud, como estrategia eficaz de desarrollo.

10. Los gobiernos y la comunidad internacional deberían reafirmar su compromiso de fomentar un medio propicio para lograr una expansión económica sostenida en el contexto del desarrollo sostenible y para erradicar la pobreza, con especial referencia al género, como medio de estabilizar la población mundial promoviendo un sistema comercial abierto y equitativo, estimulando la inversión directa, reduciendo la carga de la deuda y garantizando la aplicación de programas de ajuste estructural en que se tengan en cuenta los problemas sociales y económicos.

 

11. Los gobiernos de los países en desarrollo y de los países con economía en transición, con la asistencia de la comunidad internacional y de los donantes, deberían velar por que se establecieran redes de seguridad social, especialmente en los países más afectados por la reciente crisis financiera mundial, y se les dotara de fondos suficientes también mediante asistencia financiera bilateral y multilateral.

 

12. Los gobiernos de los países en desarrollo y de los países con economía en transición, con la asistencia de la comunidad internacional y de los donantes, deberían:

 

a) Seguir promoviendo el descenso de las tasas de mortalidad de lactantes y niños menores de cinco años mediante el fortalecimiento de programas de salud que hagan hincapié en mejorar la nutrición, incluida la lactancia materna, a menos que esté contraindicada por razones de salud, en la vacunación universal, en las terapias de rehidratación oral, en las fuentes de agua potable, en la prevención de las enfermedades infecciosas, en el control de la exposición a las sustancias tóxicas y en mejoras en el saneamiento de los hogares;

b) Elaborar políticas y programas especiales sobre promoción de la salud en los casos en que se observe el estancamiento o el aumento de las tasas de mortalidad, especialmente entre los hombres en edad de trabajar. Es preciso reconstruir y reforzar los sistemas de atención de la salud en respuesta a la demanda actual, teniendo en cuenta la realidad financiera de los países;

c) Reconocer y salvaguardar los derechos de las poblaciones indígenas en lo que respecta a la protección de su cultura, creencias, derechos y lenguaje.

B. Modificación de la estructura por edades y envejecimiento de la población

13. Los gobiernos deberían:

 

a) Con el firme apoyo de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, invertir en la elaboración y ejecución de planes nacionales, regionales y locales encaminados a satisfacer las necesidades de los jóvenes. Esos planes deberían abarcar educación, oportunidades para la generación de ingresos y formación profesional. Los jóvenes deberían participar plenamente en su formulación, evaluación y ejecución. Se debería hacer hincapié en promover el diálogo entre las generaciones mediante una mejor comunicación y el apoyo mutuo;

b) Fomentar investigaciones y elaborar estrategias amplias en los planos nacional, regional y local encaminadas a resolver los problemas que plantea el envejecimiento de la población e invertir más recursos en investigaciones que tengan en cuenta las cuestiones relacionadas con el género, así como en brindar capacitación y desarrollar la capacidad en materia de políticas sociales y de atención de la salud de las personas de edad, prestando atención especial a la seguridad económica y social de las personas de edad, en particular de las mujeres; reconocer más la dignidad inherente a las personas de edad y las funciones productivas y útiles que pueden desempeñar en la sociedad; prestar apoyo a programas encaminados a aumentar la capacidad de las familias y de las comunidades para atender a los miembros de más edad, y promover la equidad entre las generaciones con objeto de preservar y mejorar la cohesión social.

14. Los gobiernos y la sociedad civil, con inclusión de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, deberían crear oportunidades para que las mujeres y los hombres de edad aportaran sus conocimientos a la familia, la fuerza de trabajo y los servicios de la comunidad con el fin de contribuir a promover la solidaridad entre las generaciones y a aumentar la estabilidad de la sociedad. Para ello se requerirá brindar educación a lo largo de toda la vida y posibilidades de reorientación profesional.

 

15. El sistema de las Naciones Unidas debería garantizar que se dispusiera de más recursos, documentar la experiencia positiva de las políticas y programas en la esfera del envejecimiento de hombres y mujeres y difundir información y recomendaciones al respecto. Se debería facilitar a los países en desarrollo capacitación apropiada y la capacidad de desenvolver sus propias políticas adaptadas a su cultura, tradiciones y circunstancias socioeconómicas.

 

C. Migración internacional

16. Se exhorta a los gobiernos tanto de los países que generan como de los que reciben corrientes migratorias, a que, por conducto de la cooperación internacional:

 

a) Salvaguarden la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, los refugiados y las personas desplazadas, especialmente mujeres y niños, y los protejan eficazmente prestándoles servicios sociales básicos, incluidos los servicios de salud reproductiva y de planificación de la familia, facilitando la reunión de las familias, vigilando las violaciones de los derechos humanos y sancionando a los que se nieguen a cumplir las normas de derecho aplicables. Todos los Estados deberían suscribir la Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y su Protocolo de 1967 y aplicar procedimientos efectivos de asilo. También deberían garantizar que en la legislación y en la práctica se aplicara el derecho de asilo y el principio de no devolución y se apoyara activamente la integración de los migrantes documentados en la sociedad que los recibe;

b) Contribuyan a establecer una migración internacional ordenada procurando impedir el tráfico de migrantes, en particular de mujeres y niños víctimas de explotación laboral, sexual o comercial, impongan sanciones definidas a ese tráfico y al contrabando de migrantes, respaldadas por procedimientos administrativos y leyes eficaces que garanticen el castigo de los que cometen esos delitos, y den fin cuanto antes a un protocolo contra el tráfico de migrantes ilegales que está negociando actualmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas;

c) Apoyen iniciativas bilaterales y multilaterales, como los procesos de consultas regionales y subregionales, y aborden los problemas concretos que plantea la migración internacional, por ejemplo, la desintegración de las familias;

d) Se adhieran, si aún no lo han hecho, a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

17. Los gobiernos, con la asistencia de la comunidad internacional, deberían redoblar sus esfuerzos por mejorar la reunión y el análisis de datos en la esfera de la migración internacional y, en ese contexto, promover la aplicación de las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de estadísticas de migración internacional; alentar la realización de estudios encaminados a evaluar las causas de la migración y el desplazamiento internacionales y la contribución positiva de los migrantes y refugiados tanto a los países que generan corrientes migratorias como a los que las reciben, y promover la comprensión de los vínculos entre la mundialización, las transformaciones demográficas y ambientales, la pobreza y la migración, y el desplazamiento.

 

D. Migración interna, distribución de la población y aglomeraciones urbanas

18. Los gobiernos deberían realizar investigaciones para comprender mejor los factores, las tendencias y las características de la migración interna y la distribución geográfica de la población a fin de sentar las bases para la formulación de políticas de asentamientos humanos.

 

19. Los gobiernos deberían reafirmar enérgicamente el llamamiento hecho en el Programa de Acción para que las políticas de distribución de la población sean coherentes con instrumentos internacionales, tales como el Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, incluido el artículo 49.

 

20. Los gobiernos deberían reafirmar enérgicamente el llamamiento hecho en el Programa de Acción para que los países aborden las causas de la migración interna y los desplazamientos internos, incluida la degradación del medio ambiente, las catástrofes naturales, los conflictos armados y los reasentamientos forzosos y establezcan los mecanismos necesarios para proteger y asistir a las personas desplazadas, pagando indemnizaciones por daños y perjuicios, cuando sea posible, en especial a quienes no pueden volver en breve plazo a su lugar de residencia habitual.

 

21. Los gobiernos deberían mejorar la gestión y prestación de servicios a las aglomeraciones urbanas en rápido crecimiento y establecer instrumentos legislativos y administrativos propicios y facilitar recursos financieros suficientes para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos, incluidos los pobres de zonas urbanas, las personas de edad y los discapacitados.

 

E. Población, desarrollo y educación

22. Con asistencia de la comunidad internacional, los gobiernos, incluida la sociedad civil, deberían alcanzar lo antes posible, y en todo caso antes del año 2015, el objetivo de la Conferencia de lograr el acceso universal a la enseñanza primaria, eliminar la diferencia entre los sexos en la enseñanza primaria para el año 2002 y en la enseñanza secundaria para el año 2005, y tratar de conseguir que en el año 2005 la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria de los niños de ambos sexos sea de al menos el 90%, frente al 85% estimado para el año 2000. Debería procurarse especialmente aumentar las tasas de permanencia de las niñas en la escuela primaria y secundaria. Habría que sensibilizar a los padres respecto de la importancia de la educación de los hijos, en particular de las niñas.

 

23. Los gobiernos y la comunidad internacional deberían:

 

a) Ampliar las políticas y programas de educación de jóvenes y adultos y de aprendizaje permanente que tengan en cuenta las cuestiones de género, prestando especial atención a los migrantes, los pueblos indígenas y las personas con discapacidades;

b) Reducir la tasa de analfabetismo entre las mujeres para el año 2005, de manera que sea como máximo la mitad que en 1990;

c) Fomentar la alfabetización funcional de adultos y también de niños cuando no sea posible la escolarización;

d) Seguir dando prioridad a las inversiones en educación y formación en los presupuestos para el desarrollo.

24. Deberían estudiarse iniciativas audaces e innovadoras que utilizaran tecnología moderna de la comunicación y la información y adoptarse medidas apropiadas a fin de superar la barrera permanente que la pobreza representa para la educación en los países en desarrollo. Debería examinarse la posibilidad de emplear comunicaciones por satélite, sobre todo en los países en desarrollo y en los países menos adelantados.

 

F. Sistemas de datos, incluidos los indicadores

25. Con asistencia de la comunidad internacional y de los donantes, los países deberían fortalecer sus sistemas nacionales de información a fin de preparar a tiempo estadísticas fidedignas sobre una amplia gama de indicadores de la población, el medio ambiente y el desarrollo. Entre los indicadores que deberían compilarse figuran las tasas de pobreza de la comunidad, el acceso de la mujer a los recursos sociales y económicos, el acceso de toda la población necesitada, en especial de los pueblos indígenas, a los servicios de salud reproductiva, y el nivel de sensibilidad en cuestiones de género de los servicios de salud reproductiva, incluida la planificación de la familia y la salud sexual. Todos los sistemas de datos deberían disponer de información desglosada por edades y por sexos, que es indispensable para convertir las políticas en estrategias que aborden las preocupaciones de los distintos grupos de edad y sexos y para preparar indicadores de las consecuencias de esas estrategias para la mujer a fin de observar los progresos logrados. Los países deberían reunir también los datos cuantitativos y cualitativos necesarios para evaluar el estado de la salud reproductiva de hombres y mujeres de todas las edades y para diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar programas de acción. Los datos sobre la salud en general y la salud reproductiva en particular deberían desglosarse por niveles de ingresos y de pobreza a fin de determinar la situación y las necesidades sanitarias específicas de las poblaciones pobres, y de asignar los recursos públicos y los proporcionados por los donantes, así como las subvenciones, a quienes más los necesitan.

 

26. Debería instarse concretamente al sistema de las Naciones Unidas y a los donantes multilaterales y bilaterales a que potenciaran la capacidad de los países, en particular los países menos adelantados y los países con economías en transición, para que pudieran levantar censos y hacer estudios periódicos, y también hallar soluciones innovadoras y económicas para obtener los datos necesarios, especialmente para la supervisión regular del cumplimiento de los objetivos de la Conferencia.

 

III. Igualdad, equidad y potenciación del papel de la mujer

A. Promoción y protección de los derechos humanos de la mujer

27. Los gobiernos deberían garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de la mujer, incluidos los derechos económicos, sociales y reproductivos, mediante la preparación y la aplicación efectiva de políticas y leyes que tuvieran en cuenta las cuestiones de género. Se alienta a todos los gobiernos a que firmen, ratifiquen y apliquen la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promuevan la aprobación del Protocolo Facultativo por la Asamblea General y trabajen para eliminar todas las reservas existentes. Deberían promoverse los vínculos operacionales entre los objetivos del Programa de Acción y los de otras conferencias e instrumentos internacionales, a fin de lograr la igualdad y equidad entre los sexos de manera sistemática y global.

 

28. En la aplicación de las políticas de población y desarrollo deberían seguir incorporándose los derechos reproductivos de conformidad con el párrafo 7.3 del Programa de Acción. Los gobiernos deberían adoptar medidas enérgicas para promover los derechos humanos de la mujer. Es preciso seguir desarrollando y fomentando el enfoque de las políticas y programas de población y desarrollo basado en los derechos reproductivos. Los países deberían establecer mecanismos de consulta con todos los grupos pertinentes, incluidas las organizaciones de mujeres. En este contexto, se insta a los gobiernos a que incorporen los derechos humanos en la enseñanza escolar y extraescolar.

 

29. Al informar a los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos, los gobiernos deberían consultar a la sociedad civil en la preparación de los informes a fin de asegurar una representación lo más amplia posible en lo que respecta a los derechos reproductivos. La sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, debería intensificar sus actividades de promoción de la aplicación de documentos y convenciones internacionales, en particular la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

 

30. Los gobiernos deberían salvaguardar especialmente los derechos humanos de las niñas, incluidos los derechos económicos y sociales, y protegerlas contra la violencia, incluidas las prácticas nocivas y la explotación sexual. Los gobiernos deberían revisar toda la legislación y enmendar y abolir aquellas leyes que discriminen a las niñas.

 

B. Potenciación del papel de la mujer

31. Los gobiernos deberían establecer mecanismos para acelerar la participación en condiciones de igualdad y la representación equitativa de la mujer a todos los niveles de la vida política y la vida pública de cada comunidad y sociedad y permitirle expresar sus preocupaciones y necesidades. Los gobiernos y la sociedad civil deberían tomar medidas para eliminar actitudes y prácticas que subyugan a la mujer y refuerzan la desigualdad entre los sexos.

 

32. Los gobiernos deberían adoptar medidas para promover la realización del potencial de la mujer mediante la educación, la formación y la erradicación del analfabetismo entre las mujeres de todas las edades, clases sociales, razas y grupos étnicos, prestando especial importancia a la eliminación de la pobreza y la mala salud.
    
33. Los gobiernos deberían adoptar todas las medidas posibles para eliminar las diferencias y las desigualdades entre los sexos en lo que respecta a los medios de vida de la mujer y su participación en el mercado del trabajo mediante la creación de empleos con ingresos seguros, lo que, según se ha visto, contribuye a la potenciación del papel de la mujer y al mejoramiento de su salud reproductiva. Hay que promulgar y aplicar leyes que garanticen la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

 

C. Integración de una perspectiva de género en los programas y las políticas

34. Debe adoptarse una perspectiva de género en todos los procesos de formulación y aplicación de políticas y en la prestación de servicios, en particular de salud reproductiva, incluida la planificación de la familia y la salud sexual. A este respecto, deben fomentarse la capacidad institucional y los conocimientos del personal de la administración pública, la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, y el sistema de las Naciones Unidas a fin de promover una perspectiva de género. Ello debería lograrse compartiendo instrumentos, metodologías y experiencias a fin de fomentar la capacidad e institucionalizar estrategias eficaces para efectuar análisis que tengan en cuenta las cuestiones de género y promover una perspectiva de género. Para ello se requiere la preparación y la disponibilidad de datos desglosados por sexos y de indicadores apropiados para seguir de cerca los progresos realizados.

 

35. Deberían observarse atentamente las diferentes repercusiones en hombres y mujeres de la mundialización de la economía y la privatización de los servicios sociales básicos, en particular los servicios de salud reproductiva. Deben prepararse programas especiales y mecanismos institucionales para salvaguardar la salud y el bienestar de las mujeres jóvenes y adultas. Deben satisfacerse las necesidades en materia de salud reproductiva y sexual de hombres y mujeres durante todos su ciclo vital. La prestación de servicios de salud reproductiva y sexual para los hombres no debe ir en detrimento de los servicios de salud reproductiva y sexual para las mujeres.

 

36. Los gobiernos deberían dar prioridad a la preparación de programas y políticas de fomento de normas y actitudes que no toleren en modo alguno la discriminación contra las niñas ni la preferencia por los niños varones, ni tampoco cualquier forma de violación contra la mujer, incluida la selección prenatal del sexo, la mutilación genital de las niñas, la violación, el incesto, la trata de niñas, la violencia sexual y la explotación. Para ello es preciso adoptar un enfoque integrado que tenga en cuenta la necesidad de un cambio social, cultural y económico generalizado, además de reformas legales. Debe protegerse y fomentarse el acceso de las niñas a la salud, la nutrición, la educación y las oportunidades vitales. Debe apoyarse y promoverse la función de los miembros de la familia, en particular de los padres y los tutores legales, para que contribuyan a que las niñas mejoren la imagen que tienen de sí mismas, su autoestima y su condición jurídica y social, y a que se proteja su bienestar.

 

D. Esfuerzos por combatir actitudes y prácticas negativas

37. Los gobiernos, los parlamentarios, los dirigentes sociales y religiosos, la familia, los medios de comunicación, los educadores y otros grupos pertinentes deberían promover activamente la igualdad y la equidad entre los sexos. Esos grupos deberían desarrollar y potenciar estrategias para cambiar actitudes y prácticas negativas y discriminatorias contra las mujeres y las niñas, a fin de realzar el valor y la dignidad de la mujer en la sociedad. Todos los dirigentes al más alto nivel de adopción de decisiones y políticas deberían pronunciarse a favor de la igualdad y la equidad entre los sexos, incluida la potenciación del papel de la mujer y la protección de las niñas.

 

38. Todos los dirigentes a todos los niveles, así como los padres y educadores, deberían promover modelos positivos que ayuden a los varones a convertirse en adultos sensibles a las cuestiones de género y les permitan apoyar, promover y respetar los derechos y la salud sexual y reproductiva de la mujer, así como su dignidad. Los hombres deberían ser responsables de su propio comportamiento y salud reproductiva y sexual. Deberían realizarse investigaciones sobre la sexualidad masculina, los conceptos de virilidad y el comportamiento reproductivo de los varones.

 

IV. Derechos reproductivos y salud reproductiva

A. Salud reproductiva, incluidas la planificación de la familia y la salud sexual

39. Los gobiernos, en colaboración con la sociedad civil, especialmente las organizaciones no gubernamentales, los donantes y las Naciones Unidas, deberían:

 

a) En el contexto más amplio del fortalecimiento de los sistemas básicos de salud, incluida la reforma del sector de la salud, asignar gran prioridad a la salud sexual y reproductiva y velar por que las políticas, los planes estratégicos y todos los aspectos de la aplicación de los programas de salud sexual y reproductiva se basen en los derechos humanos y abarquen el ciclo de vida entero, aborden las injusticias y desigualdades en razón del género y aseguren la igualdad de acceso a la información y los servicios;

b) Incorporar a todos los sectores pertinentes, entre ellos el de las organizaciones no gubernamentales, especialmente las organizaciones de mujeres y de jóvenes y las asociaciones profesionales, mediante el proceso de participación en curso, en la formulación, la aplicación, el control de calidad, la supervisión y la evaluación de las políticas y programas a fin de asegurar que los servicios y la información en materia de salud sexual y reproductiva respondan a las necesidades de la población y respeten sus derechos, en particular su derecho a una atención de buena calidad;

c) Incrementar las inversiones encaminadas a aumentar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, estableciendo normas para la atención médica y supervisando su cumplimiento; velando por la competencia del personal encargado de prestar servicios de salud, en particular su competencia técnica y de comunicación; velando por que se puedan hacer selecciones libres y fundamentadas, promoviendo el respeto, la intimidad, la confidencialidad y la comodidad de los usuarios; estableciendo sistemas logísticos que funcionen plenamente, lo que comprende la adquisición eficiente de los artículos necesarios; y estableciendo mecanismos eficaces de remisión de un servicio a otro y de un nivel a otro de atención de la salud;

d) Asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva proporcionen capacitación y supervisión previas al empleo y en el empleo al personal de todos los niveles de atención sanitaria, de modo que puedan mantener normas técnicas elevadas, incluidas las de higiene; respeten los derechos humanos de las personas a las que prestan servicios; estén informados y capacitados para servir a los usuarios que han sido objeto de prácticas perjudiciales, como la mutilación genital de la mujer y la violencia sexual; y puedan proporcionar información precisa acerca de los síntomas de las infecciones de las vías reproductivas, la higiene personal y otros factores que intervienen en esas infecciones a fin de reducir al mínimo los efectos físicos y psicológicos perjudiciales, como las enfermedades inflamatorias pelvianas, la infertilidad, los embarazos ectópicos y los dolores pelvianos;

e) Procurar que los hombres comprendan sus funciones y su responsabilidad en cuanto a respetar los derechos de la mujer, promover la salud de la mujer, evitar los embarazos no deseados, reducir la morbimortalidad materna, reducir el contagio de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA, apoyar el acceso de sus compañeras a los servicios de salud sexual y reproductiva, compartir los deberes en el hogar y la crianza de los hijos y apoyar las iniciativas encaminadas a eliminar las prácticas nocivas, como la mutilación genital de la mujer y la violencia sexual y de otro tipo basada en el género;

f) Fortalecer los servicios basados en la comunidad y nuevas asociaciones con el sector privado, velando al mismo tiempo por que se cumplan las normas de seguridad, éticas y de otra índole, y otorgar subvenciones procedentes de recursos públicos y fondos de donantes para garantizar la disponibilidad y el acceso de las personas que de otro modo no podrían acceder a esos servicios.

40. Los gobiernos deberían medir el nivel de acceso y las posibilidades de elegir los servicios de planificación de la familia y los métodos anticonceptivos y usar esa información con los indicadores de la mortalidad derivada de la maternidad y el VIH/SIDA como prueba de los progresos logrados para alcanzar el objetivo del acceso universal a los servicios de salud reproductiva fijado en la Conferencia. Los gobiernos deberían tratar de asegurar que para el año 2015 todos los servicios de atención primaria de la salud y de planificación de la familia puedan proporcionar, directamente o mediante remisión, la posibilidad de optar entre por lo menos tres métodos de planificación de la familia, el tratamiento de las vías reproductivas y las enfermedades de transmisión sexual, y los métodos de barrera (como los preservativos masculinos y femeninos y los microbicidas, si se dispone de ellos) para evitar las infecciones. Para el año 2005, el 60% de los centros deberían poder ofrecer todos esos servicios, y para el 2010, el 80% de ellos debería poder hacerlo.

 

41. El sistema de las Naciones Unidas y los donantes deberían apoyar la creación de la capacidad nacional para planificar, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar los programas de salud sexual y reproductiva, incluso velar por que los refugiados y todas las demás personas que se encuentren en situaciones de emergencia humanitaria reciban la atención médica que necesitan, lo que comprende información y atención de la salud sexual y reproductiva y una mayor protección contra la violencia sexual y basada en el género. También deberían velar por que todos los trabajadores sanitarios que prestan servicios de socorro en situaciones de emergencia reciban una capacitación básica en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva.

 

B. Acceso a servicios de planificación de la familia de buena calidad

42. Los gobiernos, de conformidad con el Programa de Acción deberían adoptar medidas eficaces para asegurar el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de los nacimientos y el momento oportuno para tener sus hijos.

 

43. Los gobiernos, con apoyo del sistema de las Naciones Unidas y los donantes, deberían:

 

a) Asignar recursos suficientes para satisfacer la creciente demanda de acceso a la información, el asesoramiento y los servicios complementarios relacionados con todos los métodos anticonceptivos seguros y eficaces, incluidos los métodos controlados por las mujeres como los preservativos femeninos y los anticonceptivos de emergencia, así como métodos poco utilizados como la vasectomía y los preservativos masculinos;

b) Velar por la calidad de los servicios de asesoramiento y por la aplicación de normas éticas y profesionales en la atención médica, así como por la posibilidad de hacer una selección libre y fundamentada en un ambiente de intimidad, confidencialidad, respeto y sensibilidad con respecto a las cuestiones de género, edad, raza, etnia, discapacidad, cultura y otros elementos de diversidad;

c) Consolidar los sistemas logísticos, incluida la capacidad de gestión de programas, para que los servicios resulten más seguros, económicos, convenientes y accesibles para los usuarios y asegurar la disponibilidad y el suministro continuo de anticonceptivos esenciales de alta calidad y otros productos básicos para la salud sexual y reproductiva, así como de materias primas para esos productos;

d) Reforzar convenientemente las redes de seguridad social utilizando para ello recursos públicos y fondos de los donantes y, en el contexto de los servicios de atención primaria de la salud, velar por la disponibilidad de servicios generales de salud reproductiva y el acceso a ellos incluida la planificación de la familia, especialmente para las personas más afectadas por la pobreza, las reformas económicas y las crisis.

44. Se insta al sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales internacionales y el sector privado a que continúen investigando y desarrollando nuevos métodos de planificación de la familia seguros, económicos y eficaces, tanto para hombres como para mujeres, incluidos métodos controlados por las mujeres que las protejan contra las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y los embarazos. Todos los países deben aplicar las normas étnicas internacionalmente aceptadas en sus actividades de investigación y desarrollo, así como en el control de la calidad y en el diseño, la producción y la distribución de los productos. La comunidad internacional debería adoptar las medidas necesarias, especialmente en materia de transferencia de tecnología, de modo que los países en desarrollo puedan producir, conservar y distribuir anticonceptivos de alta calidad y otros productos esenciales para los servicios de salud reproductiva a fin de consolidar la autosuficiencia de esos países Se insta al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) a que siga consolidando su función rectora dentro del sistema de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia a los países para que adopten las medidas estratégicas necesarias a fin de asegurar la disponibilidad y la posibilidad de seleccionar productos para la salud reproductiva.

 

C. Reducción de las tasas de morbimortalidad materna

45. Los gobiernos, con la participación creciente de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, los donantes y la comunidad internacional, deberían:

 

a) Reconocer los vínculos existentes entre la pobreza y los altos niveles de mortalidad derivada de la maternidad y promover la reducción de la morbimortalidad materna como cuestión prioritaria de salud pública y de derechos humanos;

b) Velar por que la reducción de la morbimortalidad materna sea una prioridad del sector de la salud y por que la mujer tenga fácil acceso a servicios de atención de la salud materna bien equipados y adecuadamente dotados de personal, especialmente a la asistencia calificada durante el parto, incluidos servicios obstétricos esenciales y de emergencia, remisión y transporte eficaces a niveles superiores de atención en caso necesario y atención después del parto. En la reforma del sector de la salud, la reducción de la morbimortalidad materna debe ser un elemento destacado y utilizarse como indicador de resultados positivos;

c) Apoyar la educación en materia de salud pública para sensibilizar acerca de los peligros del embarazo, el trabajo de parto y el parto propiamente dicho e incrementar la comprensión de las funciones y responsabilidades respectivas de los miembros de la familia, incluidos los hombres, así como de la sociedad civil y los gobiernos, en la promoción y protección de la salud materna;

d) Organizar servicios apropiados, que se comiencen a prestar desde el momento del nacimiento, para mejorar el estado nutricional, educacional y de salud de las niñas y las jóvenes a fin de que puedan tomar decisiones fundamentadas sobre la procreación y obtener acceso a la información y los servicios de salud;

e) Reconocer y afrontar las consecuencias de los abortos peligrosos para la salud como grave problema de salud pública reduciendo el número de embarazos no deseados por medio de servicios de asesoramiento, información y planificación de la familia, asegurándose de que los servicios de salud pueden atender a las complicaciones de los abortos peligrosos y siguiendo las recomendaciones formuladas en el párrafo 8.25 del Programa de Acción. Las medidas o cambios relacionados con el aborto dentro del sistema de atención de la salud solamente pueden decidirse a nivel nacional o local, de conformidad con los procesos legislativos nacionales. En los países en que el aborto es legal, éste debería ser un procedimiento seguro. En ningún caso debe promoverse el aborto como método de planificación de la familia.

46. A fin de supervisar los progresos logrados en lo que respecta a alcanzar los objetivos de la Conferencia con respecto a la mortalidad derivada de la maternidad, los países deberían usar el porcentaje de partos asistidos por personas capacitadas como un indicador de referencia. Para el año 2005, en los lugares en que la tasa de mortalidad derivada de la maternidad es muy elevada, por lo menos el 40% de los partos deberían ser atendidos por personal de salud idóneo; para el año 2010, el 50% como mínimo y para 2015, el 60% como mínimo. Todos los países deberían redoblar sus esfuerzos a fin de que para el año 2005, a nivel mundial, el 80% de los partos sean asistidos por personas capacitadas, para el 2010, el 85% y para el 2015, el 90%.

 

D. Prevención y tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de las enfermedades de transmisión sexual

47. Los gobiernos, en sus niveles políticos más altos, deberían adoptar medidas urgentes para impedir la transmisión de las enfermedades de transmisión sexuales, del VIH/SIDA y, con la asistencia del Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), elaborar políticas y planes de acción nacionales pertinentes, garantizar y promover el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por el VIH/SIDA, mejorar la atención y el apoyo a esas personas, incluidos los servicios de apoyo para la atención en el hogar, y adoptar medidas para mitigar los efectos de la epidemia mediante la movilización de todos los sectores y segmentos de la sociedad a fin de atender a los factores sociales y económicos que contribuyen al riesgo de contraer el VIH y a la vulnerabilidad al virus. Los gobiernos deberían promulgar leyes y adoptar medidas para garantizar que no se discrimine contra las personas afectadas por el VIH/SIDA y que esas personas dispongan de la información que necesitan para evitar que continúe la transmisión y tengan acceso al tratamiento y a los servicios de salud sin temor a la estigmatización, la discriminación o la violencia.

 

48. Los gobiernos deberían velar por que la prevención del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, así como los servicios necesarios, formen parte integrante de los programas de salud sexual y reproductiva en el nivel de los servicios de atención primaria de la salud. En los servicios y programas de prevención y educación deberían abordarse las diferencias basadas en el género, la edad y otros factores relativos a la vulnerabilidad a la infección del VIH. Los gobiernos deberían elaborar directrices nacionales para el tratamiento y la atención del VIH y para los servicios de asesoramiento y las pruebas voluntarias de detección del VIH y asegurar el suministro amplio de preservativos femeninos y masculinos, así como el acceso a ellos mediante, entre otras cosas, la comercialización social. En las campañas de promoción, información, educación y comunicación elaboradas con las comunidades y apoyadas por los niveles más altos del gobierno se deberían promover las prácticas y el comportamiento sexual fundamentados, responsables y más seguros, el respeto mutuo y la igualdad de género en las relaciones sexuales. Habida cuenta de la mayor susceptibilidad al VIH/SIDA de los individuos infectados con enfermedades de transmisión sexual convencionales y tratables, así como de la alta prevalencia de esas enfermedades entre los jóvenes, debería darse prioridad a la detección, el diagnóstico y el tratamiento de esas infecciones.

 

49. Si bien la intervención más importante para reducir la infección del VIH en los niños pequeños es la prevención de la infección en los adolescentes y las mujeres, los gobiernos también deberían ampliar, según proceda, los proyectos de educación y tratamiento encaminados a impedir la transmisión del VIH de madres a hijos.

 

50. Los gobiernos, con la asistencia del ONUSIDA y de los donantes, deberían garantizar que para en el 2005 por lo menos el 90% de los hombres y mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad tuvieran acceso a la información, la educación y los servicios necesarios para desarrollar los conocimientos indispensables a efectos de reducir su vulnerabilidad a la infección del VIH y que para el 2010 el 95% de ellos dispusieran de todos esos medios. Los servicios deberían incluir el acceso a métodos preventivos como los preservativos, femeninos y masculinos, las pruebas voluntarias, el asesoramiento y el seguimiento. Los gobiernos deberían utilizar como indicador de referencia las tasas de infección del VIH en las personas de 15 a 24 años de edad con objeto de garantizar que para el año 2005 se reduzca la prevalencia en ese grupo de edades en todo el mundo y en un 25% en los 25 países más afectados, y que para el año 2010 la prevalencia en ese grupo de edades se haya reducido en todo el mundo en un 25%.

 

51. El sector privado y el sector público deberían aumentar las inversiones en investigaciones para la elaboración de microbicidas y otros métodos controlados por las mujeres, pruebas diagnósticas más sencillas y menos costosas, tratamientos de dosis única para las enfermedades de transmisión sexual y vacunas. La comunidad internacional debería negociar precios asequibles para que los países en desarrollo dispusieran de los medicamentos nuevos y existentes, los tratamientos eficaces y las tecnologías de prevención y detección del VIH.

 

E. Salud sexual y reproductiva de los adolescentes

52. Los gobiernos, con el apoyo de la comunidad internacional, deberían tomar medidas adicionales para aplicar el Programa de Acción en lo relativo a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, de conformidad con el párrafo 7.45 del Programa de Acción, y deberían:

 

a) Proteger y fomentar los derechos de los adolescentes en las esferas de la educación y la información sobre la salud reproductiva, así como la atención de salud en este campo, y salvaguardar los derechos de los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento basado en una información adecuada, respetando los valores culturales y las creencias religiosas;

b) Seguir fomentando la salud de los adolescentes, tanto sexual como reproductiva, determinar las estrategias eficaces y apropiadas para alcanzar esta meta, y preparar indicadores basados en el sexo y la edad, así como sistemas de datos que permitan evaluar los progresos alcanzados;

c) Formular planes de acción nacionales para los adolescentes y los jóvenes que se basen en la equidad y la igualdad entre los sexos y abarquen las esferas de la educación, la capacitación profesional y las oportunidades de generación de ingresos. En estos programas deberían incluirse mecanismos de apoyo a la educación y el asesoramiento de los adolescentes en lo que respecta a las relaciones y la igualdad entre los sexos, la violencia contra los adolescentes, la conducta sexual responsable, las prácticas responsables en materia de planificación de la familia, la vida familiar, la salud reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual, la infección con el VIH y la prevención del SIDA (párrafo 7.47 del Programa de Acción). Los propios adolescentes y jóvenes deberían participar plenamente en la formulación y realización de esas actividades de información y servicios, teniendo debidamente en cuenta la orientación y las obligaciones de los padres;

d) Reconocer y promover la función central que corresponde a la familia, los padres u otros tutores legales en la educación de los hijos y la formación de sus actitudes, y garantizar que los padres o personas con responsabilidades jurídicas reciban educación sobre el suministro de información acerca de la salud sexual y reproductiva, y participen en esta tarea, de manera que puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en relación con los adolescentes;

e) Manteniendo el debido respeto por los derechos, deberes y obligaciones de los padres, garantizar que los adolescentes, tanto los escolarizados como los no escolarizados, reciban la información, educación, asesoramiento y servicios sanitarios necesarios para elegir opciones y adoptar decisiones fundamentadas en cuanto a su salud sexual y reproductiva. Los adolescentes sexualmente activos necesitarán información, asesoramiento y servicios especiales relacionados con la planificación de la familia, mientras que las adolescentes embarazadas necesitarán apoyo especial de sus familias y comunidades, tanto durante el embarazo como durante los primeros meses de vida del recién nacido (párrafo 7.47 del Programa de Acción). Los profesores, los padres, otros educadores y el personal sanitario deberían recibir información y capacitación adecuadas en esta esfera;

f) Cuando proceda, eliminar las barreras jurídicas, normativas o sociales que limiten el acceso de los adolescentes a la información y los servicios en materia de salud sexual y reproductiva, y garantizar que los proveedores de servicios de salud o de otra índole no estén restringiendo con su actitud el acceso de los jóvenes a los servicios y la información necesarios, incluso para la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH.

53. A petición de los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y los países donantes deberían otorgar mayor prioridad y asignar más recursos a la promoción y protección de la salud de los adolescentes, incluida la salud sexual y reproductiva.

 

54. Los organismos de las Naciones Unidas, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y la comunidad de donantes, deberían documentar y evaluar programas para determinar prácticas idóneas, preparar indicadores y sistemas de reunión de datos que permitan evaluar los progresos alcanzados, divulgar ampliamente información sobre el diseño y el funcionamiento de los programas, así como sobre su repercusión en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, y brindar apoyo a los mecanismos internacionales para el intercambio de experiencias, en especial entre los países en desarrollo, a fin de que los países encuentren modelos apropiados para adaptarlos a sus propias circunstancias.

 

55. Como mínimo, debería asignarse el 20% de los recursos de los programas de salud reproductiva para atender las necesidades de los adolescentes en materia de información y brindarles servicios.

 

V. Asociaciones y acuerdos de colaboración

56. Los gobiernos deberían adoptar medidas y directrices políticas y eliminar los obstáculos, tanto jurídicos como burocráticos, a fin de facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los debates sobre políticas, la planificación del sector de la salud y la formulación, aplicación, verificación y evaluación de estrategias y programas que permitan lograr los objetivos del Programa de Acción.

 

57. Los gobiernos deberían incluir representantes de las organizaciones no gubernamentales, incluidas las de mujeres, jóvenes y poblaciones indígenas, en las delegaciones nacionales que asistan a los foros regionales e internacionales en que se debatan cuestiones relativas a la población y el desarrollo.

 

58. Los gobiernos, la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas deberían procurar mejorar y fortalecer su colaboración y cooperación con miras a propiciar un entorno favorable a las asociaciones. Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deberían formular sistemas que ofrezcan una mayor transparencia a fin de mejorar su rendición de cuentas ante la opinión pública y entre sí.

 

59. Los gobiernos y las organizaciones internacionales deberían establecer y apoyar mecanismos para crear y mantener acuerdos de colaboración con las organizaciones de base comunitaria y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la salud y los derechos de la mujer, así como con los medios científicos y las organizaciones profesionales. Los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional deberían centrarse de común acuerdo en el fortalecimiento de la capacidad nacional para la aplicación de programas de población y salud reproductiva que sean sostenibles.

 

60. Se insta a las organizaciones de la sociedad civil a que formulen, cuando proceda, enfoques innovadores y establezcan acuerdos de colaboración con los medios de información, el sector comercial, los dirigentes religiosos, los grupos comunitarios, los líderes locales y los jóvenes, que puedan servir de promotores eficaces del logro de los propósitos y los objetivos del Programa de Acción.

 

61. Se alienta a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las instituciones financieras a que, cuando sea factible y previa solicitud, brinden recursos financieros y técnicos suficientes, así como la información necesaria, para una participación efectiva de la sociedad civil nacional, y en particular de los grupos de mujeres y jóvenes locales, en la investigación, formulación, aplicación, verificación y evaluación de las políticas, programas y actividades en materia de población y desarrollo. Deberían instituirse mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que la mayoría de los fondos así asignados se utilicen directamente en los programas de población y desarrollo a que van destinados.

 

62. Los gobiernos deberían fomentar los acuerdos de colaboración con el sector privado y el sector no estructurado, de manera que se refuerce su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos para la aplicación del Programa de Acción. El sector privado puede asistir o servir de complemento a las iniciativas de los gobiernos, pero no puede reemplazar la función de éstos de brindar servicios de salud reproductiva y sexual plenos, seguros, accesibles y económicos. Los gobiernos deberían estudiar y revisar la legislación y las normas pertinentes para garantizar que todos los productos y servicios de salud reproductiva cumplan unos requisitos aceptables.

 

63. Los parlamentarios deberían promover las reformas legislativas necesarias para aplicar el Programa de Acción. Deberían movilizar los recursos necesarios para que sus países cumplieran los compromisos contraídos en la Conferencia y deberían promover el Programa de Acción. Deberían llevarse a cabo intercambios periódicos de experiencias entre los parlamentarios en el plano regional, interregional e internacional.

 

64. Para que se fomente y se mantenga el pleno potencial de la Iniciativa Sur-Sur son necesarios la financiación y el apoyo externos, tanto de los países donantes como del sector privado, lo que permitirá reforzar el intercambio de las experiencias pertinentes y la movilización de conocimientos técnicos especializados y otros recursos entre los países en desarrollo. Debería compilarse una lista de instituciones y conocimientos especializados de los países en desarrollo en materia de población y salud reproductiva.

 

65. Los organismos de las Naciones Unidas deberían seguir redoblando sus esfuerzos por promover la coordinación y colaboración en todo el sistema, especialmente en el plano nacional. Debería potenciarse la labor intergubernamental de la Comisión de Población y Desarrollo, al igual que la función del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) para la coordinación interinstitucional en materia de población y salud reproductiva.

 

VI. Movilización de recursos

66. Se necesitan con urgencia una mayor voluntad política y la movilización de asistencia internacional acordada en El Cairo para acelerar la aplicación del Programa de Acción que, a su vez, contribuirá al logro de los objetivos más amplios en materia de población y desarrollo.

 

67. Se alienta a todos los gobiernos y a la comunidad internacional a que vuelvan a comprometerse al más alto nivel político a hacer cuanto sea posible para movilizar los recursos financieros necesarios para la plena aplicación del Programa de Acción.

 

68. Los países en desarrollo deben seguir haciendo esfuerzos por movilizar recursos internos de todas las fuentes, así como promover la cooperación internacional, incluso la cooperación SurBSur, a fin de aplicar plenamente el Programa de Acción.

 

69. Los recursos externos que se prometieron en El Cairo no han sido entregados y, por consiguiente, se necesita urgentemente que la comunidad internacional tome medidas para remediar la carencia de recursos. La comunidad internacional de donantes debería alcanzar la meta convenida de destinar el 0,7% del producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo lo antes posible y comprometerse a destinar como mínimo el 5% de la asistencia oficial para el desarrollo a las actividades de población. Debería destinarse una mayor parte de los gastos del sector público, así como de la asistencia oficial para el desarrollo, a los programas de población y salud reproductiva a fin de lograr la plena aplicación del conjunto de medidas de la Conferencia cuyo costo se ha calculado.

 

70. Deben intensificarse las actividades de promoción en los planos nacional e internacional para conseguir los recursos necesarios. Los parlamentarios deben adoptar medidas para intensificar el apoyo a los propósitos y objetivos del Programa de Acción mediante la legislación, la promoción y el aumento de la sensibilización y la movilización de recursos.

 

71. Dado que la epidemia del VIH/SIDA ha causado mayores estragos que los previstos originalmente, se debería prestar especial atención a proporcionar con prontitud, a los valores mínimos previstos en el Programa de Acción, la suma estimada de 1.300 millones de dólares para la prevención del VIH/SIDA en el año 2000, y las sumas mayores estimadas para los años siguientes. Deberá prestarse especial atención a las poblaciones jóvenes. Todos los países en desarrollo y los países con economías en transición afectados por la pandemia deben seguir procurando movilizar recursos internos procedentes de todas las fuentes a fin de luchar contra ella, mientras que la comunidad internacional debería asistirles en estas iniciativas. Además, los gobiernos y la comunidad de donantes deberían redoblar sus esfuerzos por brindar recursos destinados a cuidar y ayudar a los afectados por el VIH/SIDA, así como a satisfacer las necesidades especiales de prevención no previstas en el conjunto de medidas del Programa de Acción cuyo costo se ha calculado, como se observa en los párrafos 13.14 b) y 13.17.

 

72. Muchos países en desarrollo que han contraído un compromiso político de alcanzar las metas de la Conferencia y han formulado políticas y programas globales en materia de población precisan que la comunidad internacional les preste especial atención para conseguir los recursos necesarios. Los países que actualmente atraviesan situaciones de emergencia o crisis económicas necesitan considerables recursos externos para estar en condiciones de aplicar sus programas de población y salud reproductiva. En este sentido, la comunidad internacional debería emprender iniciativas especiales para mitigar las consecuencias de las recientes crisis financieras en varias regiones del mundo.

 

73. Los gobiernos y la comunidad internacional deberían alentar y promover nuevos medios y mecanismos para que aumente la financiación de los programas de población y salud sexual y reproductiva, que entre otras cosas, podrían consistir en: a) la utilización selectiva de tasas pagadas por los usuarios, la comercialización social, la participación en los gastos y otras formas de recuperación de costos; b) la promoción para lograr que las instituciones financieras internacionales financien en mayor medida las actividades de población y salud reproductiva; c) una mayor participación del sector privado; y d) unos mecanismos más eficientes que reduzcan la carga de la deuda externa. Estas modalidades no deben obstaculizar el acceso a los servicios y deben ir acompañadas de una red de seguridad adecuada.

 

74. Los gobiernos deberían seguir garantizando que los recursos públicos, los subsidios y la asistencia de los donantes se inviertan con el fin de que aumenten al máximo las prestaciones que brindan los sistemas de salud públicos a quienes tienen una salud reproductiva desproporcionadamente mala, en particular los pobres.

 

75. Los organismos donantes y los países en desarrollo deben seguir redoblando sus esfuerzos y su colaboración para reducir las duplicaciones, identificar déficit de financiación y garantizar la mayor eficacia y eficiencia posible en la utilización de esos recursos.

 

76. El FNUAP, en colaboración con los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo y las organizaciones no gubernamentales, debería procurar que se supervisaran de manera plena y periódica las corrientes de recursos, prestando especial atención a la transparencia y a la rendición de cuentas en relación con el conjunto de medidas sobre población y salud reproductiva cuyo costo se ha calculado en el Programa de Acción.

 

77. Se insta a los países, en especial a los países desarrollados, a que aumenten considerablemente sus contribuciones voluntarias al FNUAP de manera que el Fondo esté en mejor posición para ayudar a los países a alcanzar las metas y objetivos del Programa de Acción, incluidos los programas de salud reproductiva. Asimismo, se necesitará apoyo para que puedan aplicar las recomendaciones del Programa de Acción a otros programas y organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas.

 

78. Los gobiernos de los países desarrollados y los países en desarrollo deberían estudiar seriamente la aplicación de la iniciativa 20/20, un contrato voluntario entre países donantes y receptores interesados, que podría ser una fuente adicional de recursos para los objetivos más amplios de población y del sector social.

 

79. Los gobiernos deberían aplicar políticas que faciliten una mayor participación del sector privado en la atención de salud reproductiva, promover intervenciones efectivas y servicios de apoyo, incluso, cuando proceda, servicios del sector privado, que se destinarían a quienes pudieran pagarlos; y garantizar que las políticas fiscales y arancelarias, así como el marco regulador, no supongan obstáculos a las empresas del sector comercial que quieran ofrecer productos o servicios de salud reproductiva.