Medidas para acabar con la impunidad
Las graves violaciones a los derechos de los niños en situaciones de conflicto armado representan un gran desafío para el orden jurídico internacional. La infraestructura normativa para la protección de los menores es a la vez sólida e integral y goza de un consenso sin precedentes entre los Estados Miembros. Desde la entrada en vigor en 2002 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, éste ha sido ratificado por 121 Estados Miembros y otros se siguen sumando. Sin embargo, a este hecho se contrapone una realidad espantosa, y es que con demasiada frecuencia en las situaciones de conflictos armados se somete sistemáticamente a los niños a un tratamiento brutal y se violan sus derechos más fundamentales. En consecuencia, es esencial que la comunidad internacional se mantenga firme, decidida y atenta para asegurar de que los responsables rindan cuentas y combatir la impunidad por las violaciones graves.
Como se ha señalado, en los últimos años la comunidad internacional ha sido testigo de algunas iniciativas sin precedentes para hacer frente a la impunidad. Estos ejemplos actúan como un poderoso elemento de disuasión al poner sobre aviso a quienes cometen estas violaciones. Es evidente que los perpetradores están tomando nota. En la era en que los medios de difusión y la información tienen un alcance mundial, las noticias de la detención y el enjuiciamiento de personas como Thomas Lubanga, Charles Taylor y Jean-Pierre Bemba llegan a los comandantes y a los caudillos de todo el mundo. Estas medidas, adoptadas por los mecanismos de la justicia internacional, y las iniciativas como la confección anual de listas de infractores por el Secretario General y la preocupación y el compromiso del Consejo de Seguridad, expresados en sus resoluciones y los mecanismos institucionales resultantes de ellas para hacer frente a las graves violaciones de los derechos de los niños, sirven como elemento de presión para obligar a las partes a cumplir sus compromisos.
Durante los últimos años, algunos grupos, como las Forces Nouvelles y milicias progubernamentales de Côte d'Ivoire, el Ejército de Liberación del Sudán (Minnawi), en el Sudán, y la Armée populaire pour la restauration de la démocratie (APRD) en la República Centroafricana, han decidido aceptar disposiciones específicas para la protección de los niños.
Sin embargo, es preciso reconocer que hasta ahora los éxitos obtenidos para asegurar el cumplimiento se han basado en una amenaza creíble de adopción de medidas por parte de los agentes internacionales, incluido el Consejo de Seguridad. Es necesario hacer mucho más para sistematizar y activar toda la gama de opciones de que dispone la comunidad internacional para asegurar una acción más enérgica contra los infractores recalcitrantes. Por ejemplo, 16 de estos infractores persistentes han sido nombrados e incluidos explícitamente en las listas del Secretario General desde hace cuatro años o más y el hecho de que no se hayan adoptado medidas en su contra menoscaba las iniciativas de rendición de cuentas. Si se desea mantener y ampliar los avances logrados en los últimos años en la lucha contra la impunidad, los Estados Miembros deben decidir si poseen la voluntad política y los medios para aplicar medidas selectivas.
No se puede insistir demasiado en que las medidas adoptadas a nivel internacional deben basarse en el compromiso de hacer frente a la impunidad en el plano nacional. Los Estados Miembros deben asegurar, como cuestión de máxima prioridad y urgencia, la introducción de las reformas adecuadas en la legislación nacional para proteger a los niños a fin de armonizar sus leyes con sus obligaciones internacionales. Además, se debe aplicar esa legislación nacional incluso mediante la investigación de las graves violaciones cometidas contra los niños y el enjuiciamiento de los responsables de manera oportuna y rigurosa, así como el establecimiento de sistemas de asistencia a las víctimas. La justicia se convierte en un elemento esencial para el resarcimiento y la recuperación de las víctimas y las comunidades.